Intervención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera

La Moncloa, Madrid

Sra. Ribera.- Muchísimas gracias, ministra portavoz, y muchísimas gracias a todos por el interés en esta medida, que yo considero que es clave en el momento económico y social en el que estamos.

Vengo a explicarles el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno con carácter urgente y que, en gran medida, incluye unas cuantas actuaciones, respuestas del Gobierno con carácter inmediato y, probablemente, de coyuntura en algunos casos --pensando en este invierno--, y unos cuantos pasos clave en la reorientación de la política energética del país. ¿Por qué? Pues, porque sabemos que, hasta tanto no tengamos bien organizado una reforma estructural de fondo con respecto a nuestro modelo energético, no será posible culminar la actualización, la modernización, de nuestra economía. No será posible hacerlo sin una revisión del funcionamiento del mercado eléctrico, sin una revisión de la fiscalidad que recae sobre el sistema energético; sin dar el protagonismo que se merece al almacenamiento y al funcionamiento de las redes en un contexto de digitalización, y no será posible, tampoco, sin prestar atención a aquellos que son vulnerables en el proceso de cambio, de transición energética, de transición de nuestro modelo económico; en particular, aquellos que sufren pobreza energética, pero, también, aquellos que, en el contexto de transición, ven profundamente modificada su estructura de empleo, aspecto al que dedicaremos particular atención en el futuro inmediato.

Por tanto, queremos destacar que es imposible contar con precios estables y predecibles en el marco energético, si no lo hacemos con vistas a disponer, a construir, un modelo 100% renovable y eficiente. Pero llegar a ese futuro requiere medidas de transición importantes.

Debemos ofrecer rentabilidad razonable a los inversores, pero, para ello, debemos evitar también la sobre-retribución que encarece de manera innecesaria y compleja la transición.

¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente, aprobar un Real Decreto-ley cuya finalidad es asegurar que ante unas expectativas de precios finales elevados y sostenidos en el tiempo, los consumidores tengan información e instrumentos para gestionar su demanda, optimizar su consumo y reducir la factura energética, Y, complementariamente, pretendemos acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor y mejor integración de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética.

El Real Decreto-ley incluye medidas muy variadas que me gustaría resumir en torno a cinco grandes temas. El primero, por su importancia, es el destinado a incluir las medidas relativas a la pobreza energética y a los consumidores vulnerables. Nos parece fundamental.

Este Gobierno quiere actuar en dos tiempos: quiere actuar de fondo con las medidas estructurales que resulten imprescindibles, pero no quiere abandonar en el futuro inmediato, en el día a día de cada uno de los ciudadanos en la calle, a aquellos que se ven particularmente desprotegidos en este momento de cambio. Pensemos que en ese contexto de pobreza energética, España disponía de algunas medidas en torno a un bono social eléctrico que consideramos insuficiente. La pobreza energética afecta a más de 4,6 millones de ciudadanos españoles y consideramos que los supuestos en los que se podían beneficiar de ese bono social no cubrían las necesidades de colectivos particularmente vulnerables. Por tanto, el Gobierno ha ampliado el espectro de este bono a colectivos tan importantes como las familias monoparentales. Y llama la atención cuando uno habla de familias monoparentales, en realidad deberíamos hablar de monomarentales, porque el 85% de las familias con un solo progenitor e hijos menores de 16 años son familias de mujeres. Por tanto, podríamos decir que, en gran medida, tiene rostro de mujer esta inclusión de una nueva categoría junto con otras categorías que hasta ahora no se podían beneficiar de ese bono social, como las familias con miembros o con personas dependientes en grado 2 y 3.

Incrementamos en un 15% el beneficio del bono social; incluimos limitaciones, prohibición de cortes de suministro durante el invierno, y añadimos la creación de un bono social térmico para cubrir las necesidades de calefacción del que se podrán beneficiar las mismas personas que son beneficiarios del bono social eléctrico del que he hablado hasta ahora.

Son medidas que, en principio, están pensadas para estos seis meses de invierno, hasta tanto construimos una estrategia nacional contra la pobreza energética en la que los criterios de renta, que entendemos no han sido suficientemente tenidos en cuenta en el modelo actual, tengan prioridad en el reparto de esa contribución solidaria de la sociedad española para con los colectivos más vulnerables.

Hay un segundo paquete de medidas, que llamamos de protección de los consumidores. Incluye medidas tan variadas como la prohibición de la contratación del suministro eléctrico y de gas en la modalidad puerta a puerta, porque pensamos que esto puede dar lugar a malentendidos o a excesos de confianza por parte de los vecinos a la hora de firmar un nuevo contrato. Empoderar a cada uno de los consumidores con una mejor información en sus facturas. La factura de la luz debe dejar de ser ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende que es lo que está allí incluido. Por tanto, introducimos la obligación de reflejar algunas cosas tan obvias, tan necesarias, tan importantes para tomar las mejores decisiones con respecto a qué contratamos, como cuál es el efecto de contar con una u otra tarifa, qué supone el utilizar la electricidad a una u otra hora del día o qué implicaciones puede tener cualquier otra medida en materia de discriminación horaria y de eficiencia.

Nos parece que, para poder hacer esto, debemos reforzar el paquete que penaliza, que sanciona, aquellos comportamientos por parte de los comercializadores, que pudieran llegar a ser fraudulentos o debilitar la posición del consumidor. Esto, que parece relativamente sencillo, técnico, es fundamental. Nos podemos acordar de lo raro que resultaba hace unos años el cambio de las modalidades de tarifa o de operador en los servicios de telefonía, y como hoy entendemos conceptos que parecían muy complejos y nos permiten ser clientes, ser consumidores mucho más responsables y mucho más inteligentes con respecto a nuestro propio consumo. Tenemos que conseguir algo parecido en materia de consumo eléctrico y para ello debemos, también, facilitar las mejores opciones, eliminando algo tan técnico pero tan impactante como es que, hoy por hoy, la tarifa normal cuenta con una obligación de contratar un término de potencia muy por encima de lo que pueden ser los consumos habituales de los hogares medios. Por tanto, ni incentiva el ahorro, ni incentiva la eficiencia y nos hace pagar de entrada más de lo que en muchos hogares resulta necesario.

El tercer bloque de medidas que introducimos me produce particular satisfacción. Es el bloque de medidas que tiene que ver con el conocido autoconsumo. Por fin, este país se libra del gran absurdo del que se han mofado la mayor parte de los observadores internacionales, que es el "impuesto al sol". Creemos que una de las medidas que más puede contribuir a una modernización de nuestro sistema eléctrico es aceptar con total naturalidad que hay productores, consumidores, en mucho mayor número y mucho más diversos de lo que hasta ahora ha sido el funcionamiento, el panorama eléctrico. Creemos que hay que descargarnos de muchas trabas burocráticas que impedían, dificultaban, esta modalidad de generación. Y pensamos que eso parte de una premisa fundamental que han respaldado todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, reiteradamente en estos últimos años como son: en primer lugar, el derecho a autoconsumir la energía eléctrica que se produce sin cargos; el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido, pensemos que el 65% de los españoles vivimos en régimen de covecindad; y se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia. Como dato clave significativo del retraso que España lleva en esta materia pensemos que un país tan rico en sol cómo es España cuenta con 1.000 instalaciones, frente a más de un millón con las que cuenta Alemania. Por tanto, tenemos un largo recorrido para mejorar, modernizar, incorporar en nuestro sistema el autoconsumo.

El cuarto bloque de asuntos que incorpora este Real Decreto-ley es el fomento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y la facilitación, la eliminación, de algunas trabas burocráticas que dificultaban la presencia de una mayor movilidad eléctrica, complicando la gestión de las recargas eléctricas de los automóviles, que cada vez serán más una realidad en nuestras calles. Aquí hay una serie de medidas de carácter técnico, algunas particularmente preocupantes, como, por ejemplo, el hecho de que el 31 de diciembre de 2018 vencían los plazos para que aquella potencia renovable subastada con la que se contaba debiera estar disponible para 2020, pudiera terminar todo su procedimiento y conectarse a la red. Y resulta que los más de 9.000 megavatios de potencia renovable que tenían que estar instalados de aquí a 2020 y, por tanto, tenían que culminar todos sus procedimientos técnicos para estar plenamente operativos antes del 31 de diciembre 2018, -9.000, digo-, solamente lo están 80. Bueno, pues o ampliábamos ese plazo o, evidentemente, de 80 a 9.000 era muy difícil poder llegar.

Y, por último, se incorpora un último bloque, que tiene que ver con la fiscalidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico en el contexto de medidas que estamos proponiendo. ¿Qué significa esto? Significa que, evidentemente, estas medidas que he descrito y las medidas orientadas al alivio de la factura que pagan los consumidores, que pagamos todos los consumidores en nuestras casas, requerían de herramientas que el Gobierno pudiera tomar, o de los instrumentos que el Gobierno pudiera poner en práctica de manera inmediata con esta vocación temporal -como digo- hasta tanto se resuelve los problemas de fondo. Y para eso debíamos hacerlo en un contexto de equilibrio con respecto a los costes del sistema eléctrico. Por tanto, hemos decidido suspender durante 6 meses, coincidiendo con los meses de mayor demanda, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de un 7% de ese valor, y el impuesto especial de hidrocarburos para la producción eléctrica.

Esto entendemos que tendrá un impacto en un consumo medio de hogares, de consumo doméstico, de alrededor del 4% de la factura. Como digo, es una medida de alivio, porque de lo que se trata es de en estos seis meses poder ir trabajando en las grandes medidas estructurales que suponen la reforma del funcionamiento del mercado: la revisión del sistema fiscal sobre el sistema energético, que es extraordinariamente complejo y no está claro que sea el óptimo en este contexto; la recuperación y la regulación de aspectos clave en la transición, como son la capacidad de almacenamiento facilitando el proceso de cambio, y esas otras dos grandes estrategias de gran impacto social, como son la estrategia nacional contra la pobreza energética y la estrategia de transición justa de transformación de aquellos colectivos laborales particularmente afectados en el contexto de transición energética.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)