Intervención de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias por su presencia. Hoy vamos a comparecer la ministra de Justicia y yo misma para dar cuenta del Consejo de Ministros que hemos celebrado esta mañana, así que pasaré a hacer un relato de los acuerdos que hemos adoptado y la ministra de Justicia está aquí también porque ella nos ha trasladado el informe correspondiente a la Abogacía General del Estado en relación a las calificaciones provisionales, ya que hoy teníamos el día límite para para su entrega.

Me van a permitir que haga un repaso a dos asuntos que consideramos muy importantes de la semana que hoy concluye, y que tiene que ver, por un lado, con este 40 aniversario que debemos de enaltecer todo lo posible porque son 40 años extraordinariamente importantes de la historia reciente de nuestro país, donde hemos alcanzado una democracia plena, absolutamente respetada, reconocida y madura, que ha vivido 40 años -repito--, extraordinariamente luminosos del pasado reciente. En ese marco, el Gobierno quiso, junto con el resto de las instituciones que hacen celebraciones casi continuamente, aportar un acto que nos pareció particularmente importante y destacable: la lectura pública de nuestro texto constitucional con los poderes del Estado y con el inicio del propio jefe del Estado en esa lectura y de la princesa de Asturias; y un segundo elemento, que me gustaría, también, destacar y que tiene que ver con el compromiso del presidente en relación a las Pymes de nuestro país. Todos sabemos que la estructura empresarial de nuestro país es fundamentalmente una estructura de pequeñas y medianas empresas, el presidente ha estado con ellos en Valencia y ha comprometido una rebaja del impuesto de sociedades del 25% al 23% que va a afectar a casi un millón y medio de empresas, lo que significa que este Gobierno se compromete, no solamente con el tejido empresarial del que depende nuestro modelo productivo, sino también con aquellos que desde las empresas medianas y pequeñas hacen un gran esfuerzo por la generación de empleo y por el sostenimiento económico de una economía como la nuestra, que sigue creciendo más que la media europea, por delante de otras economías con las que habitualmente nos comparamos, sin ir más lejos, en relación con Francia o Alemania.

Dicho esto, porque han sido acontecimientos importantes en la valoración del Gobierno, hemos tomado algunas decisiones importantes: una que quiero destacar y que tiene que ver con la agilidad y con la responsabilidad con la que sentimos que hemos de coordinarnos y ayudar a las administraciones responsables en algunos acontecimientos, desgraciadamente, catastróficos; nos estamos refiriendo a esos episodios en los que muchos hombres y mujeres de nuestro país sufren la pérdida de sus bienes, desgraciadamente, en el caso de Baleares incluso 13 vidas, y este Gobierno está desde el minuto uno en la coordinación, en la ayuda, en la solidaridad, y en la responsabilidad de estas circunstancias que ocurren y que cuando ocurren nos sentimos concernidos en la respuesta; tan es así que, en un tiempo bastante rápido, tras la elevación de los informes del Ministerio de Política Territorial y de Interior, en este Consejo de Ministros hemos dado ya respuestas de ayudas extraordinarias y de exención fiscal en el IRPF por estas ayudas personales que van a recibir una parte de las personas que han sufrido los acontecimientos tristes que ocurrieron en el levante español, en Valencia, en Tarragona, y en Castellón, y en Teruel y, naturalmente, una respuesta, también, a las riadas, particularmente también graves, porque se llevaron la vida de un miembro del Cuerpo de Bomberos, en el ámbito de las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Hemos dado una respuesta rápida que entendemos que está en el marco de la ayuda y, repito, también, de la necesaria responsabilidad que junto a las administraciones públicas concernidas como primera competencia, que son las comunidades autónomas, nosotros queremos estar siempre y en cualquier lugar del territorio.

Hemos acordado hoy, también, en el Consejo de Ministros recurrir al Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña. Ustedes son conocedores --porque ha sido publicado y conocido, por tanto--, del informe del Consejo de Estado negativo a esta pretensión del Gobierno. El Gobierno en su momento se manifestó de manera rotunda en términos políticos de reproche absoluto en relación a la pretensión de un parlamento autonómico, nada más y nada menos, que en torno a la reforma de la forma de Estado y, naturalmente, a la politización de la figura del rey, del jefe del Estado. Al Gobierno no le parece suficiente el reproche político sino que nos parece absolutamente oportuno que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este asunto; respetamos --y lo hacemos con convicción absoluta--, el trabajo del Consejo de Estado y el informe que ha emitido. Es un informe preceptivo pero no vinculante --como ustedes conocen--, no es la primera vez que un Gobierno decide ir en contra de un informe del Consejo de Estado y nuestra decisión es que no puede un parlamento autonómico invadir competencias que no tiene y no se puede intentar por ningún procedimiento en la vía de una resolución que fue votada, nada más y nada menos, que la reforma de la forma de Estado, que afecta a la alta institución de la Jefatura del Estado y del rey; así que, iremos a recurrirlo en estos términos jurídicos y con esta connotación extraordinariamente política de reproche a semejante pretensión del Parlamento de Cataluña.

Hemos tomado, también, dos decisiones que afectan, también, a criterios jurídicos -naturalmente, siempre políticos por parte del Gobierno, como no puede ser de otro modo-que es el desistimiento parcial de dos recursos en el Tribunal Constitucional en relación a leyes catalanas materialmente vinculadas a problemas de habitabilidad, de vivienda. Hemos alcanzado un acuerdo con la administración catalana y retiramos parcialmente los recursos porque van a ayudar a problemas verdaderamente cotidianos --y para este Gobierno es muy importante el de Cataluña--, que tienen que ver con la vivienda, con los alquileres, con el fomento de la vivienda pública, con los requisitos a los que debe estar sometida el uso de la vivienda pública, y vamos a reponer en Cataluña una situación que ya está completamente normalizada en Canarias, en Andalucía, en Navarra; es decir, se parte de una discrepancia enorme respecto al anterior Gobierno, cuyo objetivo fundamental no era precisamente una mirada social sobre la vivienda y sobre el derecho a la vivienda, el cambio de registro político para este Gobierno en torno a este asunto, que tanto nos preocupa, hace que vayamos también de común acuerdo en la política catalana en relación a la vivienda, y no desistimos de aquella parte que seguimos considerando inconstitucional en tanto en cuanto el propio Tribunal Constitucional también la considera en algunos elementos. Forma parte -repito--, del habitual proceder de trabajo común con todos los gobiernos autonómicos, en este caso, con el de Cataluña, también de manera importante.

Hemos, yo misma, he hecho un informe al Consejo de Ministros sobre mi visita --en esta semana que todavía no ha terminado-, a el Vaticano. En relación a esta visita --al margen de las declaraciones que pude hacer en el Congreso de los Diputados en otro momento de agenda que allí tenía en relación a la función de control--, quisiera desgranar, también, algunos elementos que han sido, también, conocimiento de todo el Consejo de Ministros.

La pretensión del Gobierno era, por primera vez en estos todavía no 5 meses de trabajo del Gobierno, tener un contacto --por otro lado normal y habitual--, de carácter bilateral del Estado español y la Santa Sede. Le trasladé al cardenal Parolin algunas cuestiones --que le adelanté, este Gobierno se las encontraba en tiempo pasado, es decir, venían heredadas como es lógico y normal en los relevos de cualquier Estado democrático--, le traslade una preocupación del Gobierno de España para encontrar una salida que permita a la Iglesia Católica tributar en las condiciones en las que la Iglesia Católica tributa en otros Estados europeos. Le trasladé que nos parecía que la fórmula italiana del 2012 era una fórmula, en fin, interesante, que podíamos investigar y que -en cualquier caso-, para este Gobierno, que está haciendo una revisión de la política fiscal, que necesitamos el ingreso de recursos sobre actividades no gravadas hasta ahora y sobre quienes, evidentemente, tienen más ingresos --nunca contra las clases trabajadoras y clases medias--, no podíamos tener una pieza disonante e incoherente en esta revisión de la política fiscal y que tenía que ver con los impuestos, también, de una institución tan importante, que dispone de tantos inmuebles y de tantos recursos en nuestro país.

He de decir que al cardenal le pareció absolutamente coherente nuestra petición, nuestro planteamiento, y es completamente necesario por parte de la Iglesia Católica que nos pongamos a trabajar en esta dimensión, y el criterio que pudimos establecer ambos era respetar los espacios que están dedicados al culto, a la religión, en los que se pueden seguir manteniendo los mismos criterios, pero no en otros espacios o actividades donde la Iglesia Católica debe de ayudar al Estado de bienestar, a la igualdad, a los servicios públicos y a los derechos, en una política fiscal que nosotros estamos mirando y cambiando porque tiene que ayudar, con mucho, a restañar todas y cada una de las desigualdades absolutamente injustas que ha traído la crisis a nuestro país, pensando en quienes menos tienen y más necesitan, y encontré una respuesta absolutamente constructiva que vamos a materializar en grupos de trabajo comunes para que esto llegue pronto. Nos sentimos verdaderamente satisfechos por ello, en tanto en cuanto es un asunto que ha estado permanentemente en el debate público y en el debate político de nuestro país, y esperamos que podamos encontrar aquí una salida completamente lógica y necesaria.

Trasladé, también, al cardenal, al secretario de Estado, la necesidad de poner la mirada, el estudio, la reflexión, y el acuerdo, sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica en los últimos años en nuestro país a partir de la vía que abrió el Gobierno de Aznar ya que, francamente, para nosotros es muy discutible la constitucionalidad de la misma pero, en cualquier caso, trasladé la preocupación que sentíamos por poner una mirada de reflexión, de reordenación, y de orden en este listado que el Ministerio de Justicia está ultimando. Encontré -repito--, también, una respuesta constructiva de trabajo común en la que pudiéramos hacer una revisión de esta circunstancia --repito que para este Gobierno es también extraordinariamente importante--. Entendemos que, además, hay singularidades, sobre las que habrá que hacer un capítulo aparte para encontrar salidas positivas, salidas que --respetando los monumentos y el culto-, den, también, cauce a las aspiraciones legítimas de los ciudadanos y del patrimonio, en este caso, público de nuestro país. Lo que también añadiré, nos pareció una respuesta, evidentemente, razonable en relación con un asunto que este Gobierno también ha heredado y que forma parte, también, de la responsabilidad que nosotros sentimos de abordar tantas cuestiones como sean posibles para trasladar a nuestro país a otro espacio distinto, que a eso obedeció la llegada de este Gobierno, a un cambio de posiciones y de políticas que --en algunos casos-- cierren asuntos que llevan pendientes mucho tiempo y encontremos soluciones que resulten completamente satisfactorias y razonables.

Obviamente, trasladé también al cardenal la disposición absoluta en términos políticos y jurídicos de este Gobierno para exhumar los restos del dictador, de Franco, y he de decir que encontré una respuesta --en este caso-- clara y meridiana: la Iglesia no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco.

Hoy, justamente, en el Consejo de Ministros hemos tomado, también, dos decisiones que afectan a este asunto del que ahora les doy cuenta a ustedes. Hemos llevado para decisión --como era pertinente, procedimentalmente--, una recusación que se planteaba, también, a la subsecretaria del Ministerio de Justicia en el procedimiento administrativo en el que estamos en este momento y que ustedes conocen y, también, un recurso de la propia compañía de los benedictinos en la Abadía, que se oponía a la materialización de la ley que nos obliga a exhumar los restos de Franco. Obviamente, hemos rechazado tanto el recurso como la recusación, y lo que significa esto es que nuestro procedimiento avanza con absoluta normalidad, resolviendo paso a paso lo que ya dijimos en el primer día --lo hice yo misma ante ustedes--, que era un procedimiento complicado en el que avanzábamos y veíamos cada una de las situaciones que se podían plantear y, por tanto, seguimos con absoluta normalidad el avance de nuestro procedimiento administrativo, seguramente en el Consejo de Ministros de la semana que viene, demos el último paso administrativo que tenga que considerar el Consejo de Ministros para avanzar en la exhumación de los restos de Franco.

Quiero decir con esto que es una muy buena noticia para para las expectativas que tenemos tantos hombres y mujeres de este país de acabar con una tumba de Estado, de acabar con la presentación de honores al dictador y que, también, fue una buena noticia para el Gobierno con la claridad con la que alguien con un rango tan importante, de secretario de Estado, como Parolin, se manifestó en relación a la ayuda y a la exhumación de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos donde está. Ahora nos quedan --como ustedes ya saben porque lo dijimos, porque yo misma lo dije aquí--, los permisos al ámbito municipal y autonómico que es la normalidad absoluta del procedimiento avanzando. Los restos de Franco salen del Valle de los Caídos y le trasladé al cardenal la preocupación que tiene el Gobierno, teniendo en cuenta que el procedimiento es un procedimiento que afecta al ámbito de lo público donde el Gobierno toma las decisiones políticas y jurídicas, pero que también afecta a un ámbito privado, a la familia que tiene que recibir en el ámbito estrictamente de los derechos individuales los restos de su familiar.

En ese ámbito, el Gobierno entiende que nuestra normativa, la Ley de la Memoria Histórica que --como todo el mundo sabe-- está en este momento todavía en fase de tramitación como proyecto de ley, saben su ustedes que en este momento nosotros hemos advertido a la Iglesia que nos preocupan las razones de orden público, del lugar donde estén los restos de Franco porque bajo ningún concepto pueden seguir estando en ningún otro lugar en el que puedan ser objeto de homenaje o enaltecimiento, que esta es una situación donde el evidentemente el Gobierno no va a aceptar un espacio que no sea el espacio al que nos ha dirigido Naciones Unidas, la ley votada en nuestro Parlamento y el grupo de expertos que realiza un informe. El objetivo es sacar a Franco del enaltecimiento público, por lo tanto, no puede estar en un lugar que no sea justamente el del decoro y la privacidad. Así que la familia, que en su momento se posicionó en contra de la exhumación y de recibirlo --en este momento conocemos también cuáles son sus posiciones-, pero, en cualquier caso, nosotros queremos que la colaboración de la Iglesia Católica en esto se dirija al fin al que la ley nos aboca a todos y es, repito, a que Franco no esté en un lugar de Estado, ni enaltecido en modo alguno. Esto es algo que nos preocupa y que estamos en las vías de encontrar salidas.

Termino porque hemos tomado también otro tipo de decisiones de calado menor --que ustedes las conocen y por las que también podrán preguntar--, y --como decía al principio--, me acompaña, --nos acompañamos mutuamente--, la ministra de Justicia porque ella ha hecho también un informe sobre las calificaciones provisionales de la Abogacía General del Estado en relación al proceso de los encarcelados y de --en este caso-- algunos huidos de la Justicia española en relación a los acontecimientos de Cataluña; así que le dejo a ella la palabra y luego estaremos ambas a su disposición.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)