Intervención de Isabel Rodríguez

1.2.2022

Buenas tardes, gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de prensa para darles cuenta de los acuerdos que hemos alcanzado en esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros, una reunión en la que seguimos avanzando en derechos para los ciudadanos, en este caso, un derecho muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos vitales, el derecho a la vivienda, y por eso me acompañan las dos ministras, la ministra de Vivienda y Derechos Sociales, para darles cuenta de este proyecto de ley tan importante para el Gobierno, que consolida el avance en derechos, en la dignidad de las personas, en definitiva, creemos que con esta ley estamos consolidando el quinto pilar del Estado del Bienestar.

En una reunión donde se han tratado otros asuntos, yo les daré cuenta de otros 2 asuntos que tienen que ver con cohesión social, de educación 0-3 años, y también con cohesión territorial, en el acuerdo que ahonda en el proceso de descentralización, desconcentración del Gobierno de España y de las administraciones.

En definitiva, aprovechamos el crecimiento económico para avanzar en derechos, crecemos económicamente y avanzamos socialmente. Así podríamos resumir esta reunión del día de hoy.

El crecimiento económico es importante para asentar, para consolidar todos estos avances y reformas que está liderando el Gobierno de España. Y en este sentido hay datos que son incontestables y que me van a permitir que vuelva a recordar: más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país con un empleo, más de 840 mil empleos se han creado en este año 2021, el mejor dato desde el año 2008; el alza del 5% del PIB, la mayor subida en estos 21 años de este siglo; el crecimiento en las pensiones, que hablábamos la semana pasada, 11,5 millones de pensionistas que están viendo cómo se incrementan, cada mes, estas pensiones de acuerdo al incremento de la vida; el Salario Mínimo Interprofesional subió un 15% en el año 2021 y lo seguirá siendo en el 22 y el 23; los ingresos también, el Gobierno ha cumplido, por primera vez, con la previsión de los ingresos desde el año 2010, aumentando un 15% y lo revolucionario, la inversión en más de 26400 millones de euros en este primer trimestre del año en relación a los Fondos Europeos.

Por tanto, buenos datos en materia de crecimiento económico que van siempre de la mano en crecimiento y avance en derechos sociales.

Les decía, las ministras les darán cuenta y detalle de esta Ley de Vivienda que hemos aprobado en el día de hoy, y yo me centraré en estos otros 2 acuerdos a los que hacía mención.

El primero de ellos es un acuerdo del Ministerio de Política Territorial, del ministerio que yo dirijo, y que tiene que ver con la desconcentración de organismos públicos, del Estado, en todo el territorio.

Utilizamos esta desconcentración para avanzar en cohesión social y territorial. Desconcentramos para cohesionar, desconcentrar, para cohesionar, sin cohesión territorial no se consolidará la cohesión social.

¿Para qué queremos o qué hacemos con esta regulación de la desconcentración de los organismos públicos?

En primer lugar, compartimos Estado, compartimos oportunidades y compartimos este crecimiento. Queremos impulsar, con estas decisiones, la igualdad en todo el territorio español.

En tercer lugar, queremos cimentar la cohesión territorial, profundizar en ella.

Aportamos, además, con esta iniciativa, herramientas en la lucha contra la despoblación y, por tanto, afrontamos el reto demográfico.

Este proceso de desconcentración está inmerso en la estrategia para el reto demográfico, que tienen, como saben ustedes, 130 medidas, más de 10 mil millones de euros destinados a esta causa.

Está alineado, por tanto, esta decisión, con la dirección del Gobierno de fijar población, de crear empleo estable y de cohesionar nuestro país.

En este sentido, entendemos que la Administración General del Estado es un agente protagonista para la vertebración del territorio y que, con esto, vamos a lograr revitalizar áreas despobladas o en declive demográfico.

En definitiva, lo que se pretende desde el Gobierno es avanzar en el modelo territorial de nuestro país, para introducir este tipo de mejoras que nos permitirán avanzar en cohesión social.

Se da la paradoja que nuestro país ha sido un país que, gracias al desarrollo constitucional y democrático, hemos avanzado mucho en descentralización política, con el avance y la consolidación de las autonomías, pero al mismo tiempo, el Estado ha dejado concentrado buena parte de las estructuras administrativas, y es esto lo que tratamos de revertir con esta iniciativa.

Como saben ustedes, es un compromiso del Gobierno, que el presidente del Gobierno ha verbalizado en distintas ocasiones, y lo que hacemos con este procedimiento es dar seguridad, continuidad a esta decisión política, a este impulso que se ha dado desde el Gobierno en estos meses, para que, efectivamente, sea ya un proceso riguroso, un proceso mantenido en el tiempo y un proceso articulado.

Concretamente, lo que hemos acordado es que todas estas decisiones se harán mediante un real decreto, que vamos a trabajar y que va a volver al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Por tanto, la decisión llegará al Consejo de Ministros, de nuevos organismos a desconcentrar, y saldrá la determinación también del Consejo de Ministros.

Se creará una Comisión consultiva, que elevará dictamen y propuestas al Consejo, donde habrá de tomarse la decisión. Será una comisión interministerial.

Vamos a reforzar, por tanto, el papel que tenemos, como decía antes, la Administración General del Estado, en la vertebración del territorio.

¿Por qué ahora? Porque estamos inmersos en este proceso de modernización, porque el despliegue del Plan de Recuperación y de los Fondos está propiciando la generación de nuevos organismos, y queremos que esta recuperación, que ha de ser justa, sea también una recuperación justa con los distintos territorios en nuestro país.

Vamos a desarrollar, y ya se enuncia la línea de actuación en este acuerdo, el procedimiento de elección más racionalizado, integrando estos criterios de cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos, atendiendo a cuestiones de reto demográfico y también a cuestiones de transparencia.

Será un procedimiento abierto, transparente y competitivo.

Es decir, van a poder participar de él todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, y hacerlo de una manera leal, para que, efectivamente, aquellas que estén mejor posicionadas por cuestión de espacios, por cuestión de necesidad en materia de empleo, por cuestión de la materia, puedan concurrir de manera leal y transparente con otros territorios.

Ya hemos avanzado en esta dirección en nuestro país. Hay ejemplos de éxito:

Está el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la Dirección General de Tráfico, que lleva trabajando en León desde el año 2007 y en el que se han empleado más de 200 personas, el Centro de Competencias Digitales de Renfe, en Miranda de Ebro, que ayer visitaba la ministra, que está ya empleando a 100 personas, la base logística del Ejército en Córdoba, que generará 1600 puestos de trabajo, el cuartel de Monte La Reina, que supondrá la llegada de 4000 personas y sus familias, el Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras en Burgos, donde también hay una trayectoria de 13 años y trabajan 100 personas…

En definitiva, la desconcentración ya ha resultado útil y beneficiosa en nuestro país, ahí están algunos ejemplos.

La inspiración en el procedimiento tiene que ver con el procedimiento de la Unión Europea, en ese régimen de concurrencia al que antes estaba haciendo referencia, y, como digo, se trata de dar rigor, de reglamentar, de dar mayor transparencia, mayor participación y sobre todo, de consolidar lo que es una decisión política de este Gobierno, de vertebrar el territorio, de avanzar en cohesión, para que perdure en el tiempo, y pueda darse también con una mayor dimensión y teniendo en cuenta todos estos elementos, para que contribuya a vertebrar el país, para que ayude a frenar la despoblación, en definitiva, para aprovechar y ser más eficaces en el gasto público, aprovechando las ventajas y las oportunidades que nos ofrece la amplia y diversa geografía española.

El siguiente acuerdo es un acuerdo que tiene que ver con la cohesión, pero esta vez la cohesión social y la cohesión ya desde la cuna.

Estamos hablando de la educación 0-3 años, para que la igualdad de oportunidades no dependa del lugar o de la familia en la que uno nazca, de la situación económica o social de la misma, sino que, desde la cuna, desde nuestro nacimiento, el Estado contribuya a garantizar la igualdad.

En este sentido, se aborda el Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Mínimas de Educación Infantil, que desarrolla la LOMLOE, y que entrará en vigor el próximo curso, el curso 2022-2023.

Como novedad, es que, por primera vez, se aborda la educación 0-3 años con carácter educativo y no solo con carácter asistencial o de cuidados. En definitiva, se aborda esta etapa de la formación de los niños y de las niñas como una etapa vital en el desarrollo formativo y académico de los niños.

Este Real Decreto que establece esta ordenación de las enseñanzas, quiero recordar, está inmerso también en la voluntad del Gobierno de avanzar en la democratización y en la igualdad del acceso a estas plazas 0-3 años.

Hoy es una realidad que no todas las familias pueden acceder a esta formación y, por tanto, la voluntad del Gobierno es que se pueda avanzar en España en la gratuidad de 0-3 años, y para ello, como saben ustedes, ya hemos hecho un primer esfuerzo, más de 670 millones de euros, también incorporados en el Plan de Recuperación, y por tanto, ya desplegándose por las comunidades autónomas, para que, efectivamente, en los 2 próximos años alcancemos la gratuidad de plaza 0-3 años en 65 mil nuevas plazas, y en una senda que ha de ser y que ha de continuar para conseguir ese objetivo de gratuidad de la educación 0-3, como mecanismo de cohesión social y de garantía de la igualdad, como decía desde el nacimiento, desde la cuna.

Y después de formarnos, llega a la edad de emancipación, y fundamentalmente, lo que pretende esta nueva Ley es garantizarnos esos proyectos vitales y ese derecho a la vivienda, a todas las personas, pero especialmente a la población más joven, que donde se están encontrando los problemas.