Intervención de Teresa Ribera

Me gustaría compartir con ustedes las ideas más importantes de ese plan de choque que hoy ha aprobado el Gobierno. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30%, cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio. La reducción del 21 al 10% del IVA, la extensión del 7% del impuesto de producción de energía eléctrica y es algo que, en línea con lo que señalaba la ministra en su primera introducción, encaja bien con lo que ha sido la acción de Gobierno desde junio de 2018, y un Gobierno comprometido con un sistema energético que debe ser limpio, debe ser eficiente, debe contar con precios asequibles, debe facilitar la diversificación, la democratización de los actores que participan en nuestro sistema energético.

Y para ello, desde el año 2018 venimos adoptando medidas regulatorias, también medidas que transforman el panorama de cómo producimos y cómo consumimos la electricidad.

Algo que se ha traducido en múltiples medidas, impulso del autoconsumo, las comunidades energéticas locales, la eficiencia, las nuevas formas de producir o consumir o transportar, la alteración de la estructura fiscal que heredamos, también, por cierto, en dos proyectos de ley que están hoy en tramitación en el Parlamento, el proyecto de ley por el que se minora el CO2 a las empresas que generan electricidad y que para hacerlo no emiten CO2, y sin embargo se ven beneficiadas por el coste del CO2 que es retribuido por el sistema, o el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Estas dos medidas, por sí solas, representan alrededor de un 13% de reducción en la factura eléctrica de los consumidores medios cuando se acaben de implementar en su totalidad. De hecho, hoy hemos acordado también solicitar al Parlamento la tramitación por la vía de urgencia de estos dos proyectos de ley para poder contar con ellas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado cuanto antes.

Una transformación del sistema energético que cuenta con medidas estructurales, decía, que cuenta con medidas sociales, desde el primer día hemos querido acompañar a los colectivos que pudieran encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad en este momento de cambio, trabajadores del carbón, de la minería y de las plantas térmicas, pero también consumidores.

De hecho, esta no es la primera medida de protección de los consumidores energéticos. Hemos ampliado nuestra base, con ampliación del bono social eléctrico, con la creación del bono social térmico, con el escudo social que ha funcionado durante los meses de pandemia, pero este es el objetivo más importante del plan de choque del Decreto Ley que adoptamos hoy.

Una transformación que está generando en estos momentos, o que está sufriendo en estos momentos las distorsiones de un mercado internacional complejo, en el que se produce un desajuste muy importante entre oferta y demanda de gas natural, pero que no puede afectar a los consumidores en su vida cotidiana o a la actividad económica en un momento tan sensible, tan importante de la recuperación.

Por eso, junto con medidas estructurales permanentes, con medidas sociales, adoptamos también medidas coyunturales, una capacidad de respuesta rápida ante situaciones imprevistas. Y esto lo hacemos hoy con medidas sociales, fiscales, ambientales, como verán más adelante, con la finalidad de bajar la factura de todos los consumidores, dar más protección a los vulnerables e impulsar la recuperación económica.

Permanecemos, por tanto, vigilantes y activos. Actuamos en los momentos de transición frente a situaciones que no podían estar previstas, pero también lo hacemos con rigor, con seriedad. Es muy importante que las medidas que adoptemos sean solventes, sean confiables, sean compatibles con el marco europeo y con el marco constitucional español.

Lo hacemos sabiendo que no es lo mismo hablar de mercado mayorista de la electricidad que hablar de la factura eléctrica que todos pagamos a fin de mes. La reducción de la que hablo se refleja en la factura de los consumidores. No vamos a ver reflejo en la evolución del mercado mayorista de la electricidad, porque las principales variables que determinan su evolución están fuera del control de los gobiernos, de los estados miembros de la Unión Europea. Dependen de la cotización de las materias primas, del gas natural y del CO2, dependen de una regulación de funcionamiento del mercado eléctrico europeo que se toma, que se adopta, en el contexto de la Unión Europea a través de reglamentos y directivas en vigor y que ningún Estado miembro puede desafiar o contestar.

Lo hacemos en un momento que yo calificaría como de extraordinario, un momento que responde o que necesita responder a una situación extraordinaria. Piensen que ayer contábamos con un precio récord en el mercado mayorista de electricidad en España, piensen que mañana ese precio se va a ver de nuevo superado junto con el del resto de los Estados miembros de la Unión Europea, muy por encima de lo que nadie podía prever hace pocos meses. Si en España y Portugal superará los 172 euros, en Irlanda, superará los 200, en Italia superará los 174, en mercados mucho más integrados como el francés, el alemán o el danés, superará los 165, 66, 68, y en mercados aislados, como el británico superará las 375 libras, es decir, más de 441 euros el megavatio.

Pero insisto, este es un asunto importante que marca muchas de las variables de nuestra economía, pero sobre el que la capacidad de intervención del Gobierno es limitada. Por eso hemos centrado nuestra atención, nuestras medidas en aquello que sí podemos hacer, los parámetros más importantes de la factura eléctrica.

Creemos que se trata de un asunto que va más allá de la decisión de un Estado miembro. Por eso, desde el principio, hemos insistido ante la Comisión Europea en la importancia que tiene dar una respuesta coordinada a nivel europeo, tener una reacción de conjunto identificando que flexibilidades, que capacidad de maniobra, cómo se puede adaptar un mercado, un diseño energético en Europa, que ha de responder a los desafíos, a las convulsiones de estos momentos de transformación tan relevantes en las que todo el mundo está facilitando la recuperación de sus economías y se generan tensiones en los precios energéticos a nivel global.

Lo hacemos, decía, de manera respetuosa. Creemos que es fundamental respetar el derecho comunitario. Hemos insistido mucho en esto. No podemos fijar el precio del mercado mayorista a través del diario oficial de cada uno de nuestros Estados miembros, no podemos prohibir el acceso al mercado marginalista a ninguna tecnología o a ninguna planta, pero sí podemos tomar medidas compatibles con esas limitaciones de los reglamentos y las directivas europeas. Y es lo que hacemos hoy y lo hacemos, quiero insistir también en este punto, respetando la rentabilidad de las empresas, es fundamental, marco europeo, marco constitucional, viabilidad económica y respeto a las empresas del sector, también importante en un momento de recuperación, en un momento de transformación, en un momento en el que la apuesta por la descarbonización cuenta también con las empresas energéticas.

Lo hacemos pensando en el beneficio de los consumidores, tanto familias como PYMEs, pero también pensando en la necesidad de dar respuesta al impacto que tiene en la gran industria la evolución de los precios energéticos, o la necesidad de que las pequeñas comercializadoras independientes encuentren otras vías para acceder a una cobertura que permita que puedan seguir ofreciendo energía a sus clientes.

Lo hacemos también pensando en aquellas distorsiones que hemos visto en estos últimos meses, buscando soluciones para proteger el medio ambiente y el progreso de los territorios, allí donde se produce la energía hidroeléctrica.

Y lo hacemos actuando en los tres componentes de nuestra factura, tres componentes fundamentales, cómo se fija el precio de la energía, buscando mecanismos nuevos para fijar precio de la energía al margen del mercado mayorista, cómo se responde a los costes fijos del sistema, buscando una reducción muy significativa de los cargos, hasta el 96% de los cargos de nuestro sistema se verán reducidos con estas medidas, buscando suavizar las medidas fiscales para facilitar esa adecuación de nuestra factura eléctrica a lo anunciado por el presidente del Gobierno, que en el precio promedio pagado por un consumidor en el año 2021 no haya diferencia con respecto al precio promedio pagado por un consumidor en el año 2018.

Déjenme que les explique muy brevemente las medidas más importantes de este Decreto Ley que hemos aprobado hoy.

En primer lugar, hemos creado un mecanismo por el que se minora el exceso de retribución que tienen hoy las compañías eléctricas como consecuencia de ese efecto amplificador de la evolución del precio del gas. Cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista, y recordemos que es ese precio final del mercado mayorista el que reciben todas las generadoras de electricidad, con independencia de cuáles sean sus costes operativos. Por lo tanto, es importante que parte de esa retribución vuelva al sistema, que contribuyan con parte de esos beneficios extraordinarios, por lo menos, hasta tanto dure esta situación excepcional de los precios en los mercados internacionales de gas, una situación sin precedentes, que los analistas, que los mercados a futuros, calculan durará hasta alrededor de marzo de 2022, motivo por el cual esta aminoración la establecemos hasta el 31 de marzo de 2022, motivo por el cual establecemos un suelo en el que queda exento cualquier generador con respecto a la minoración y a partir del cual se produce esa reducción de los beneficios. Se trata de una medida que beneficia a todos, puesto que esa recuperación irá en favor de la reducción de los cargos del sistema, pero que beneficia en particular a los consumidores domésticos y a las PYMEs.

Una segunda medida recogida en el Decreto Ley es la reducción, la limitación que tiene el crecimiento del precio del gas natural en nuestras facturas domésticas de gas, ya no hablo de electricidad, hablo de gas. De cara al otoño, de cara al invierno, la revisión automática de nuestras facturas de gas indexada a la evolución de los precios internacionales del gas natural, representaría, en promedio, un incremento de nuestras facturas de más del 28%, algo que consideramos fuera de la capacidad que pueden tener muchos consumidores, sobre todo en los meses más duros, en los meses en los que consumimos más gas para calefaccionar nuestros hogares.

Lo que hacemos, por tanto, es limitar la capacidad de repercutir este incremento en nuestras facturas, una limitación que calculamos en torno al 4,4 o 5% en promedio de las distintas tarifas de último recurso de gas para los próximos 6 meses. De nuevo, una medida que beneficia sobre todo a las familias y a las PYMEs.

Una tercera medida muy importante que incorporamos en el Decreto Ley es la creación de un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad. Decía antes que el derecho comunitario permite establecer mecanismos de fijación de precios respetuosos con las reglas de mercado, no una imposición del precio por parte del Gobierno. Por tanto, hemos trabajado en la creación de subastas de energía a la que todos los operadores dominantes, es decir, Iberdrola, Endesa, Naturgy y BP deberán contribuir con un porcentaje de la generación, de su capacidad de generación, gestionable, no emisora, para poder subastar ese volumen de energía y que las pequeñas comercializadoras, la gran industria, puedan pujar por el precio que consideren razonable, de modo que se fije un precio distinto al del mercado mayorista, normalmente más bajo que el del mercado mayorista.

La siguiente medida sobre la que me gustaría hacer un comentario es la recuperación, el desarrollo, la inclusión de una modificación en la ley del sector eléctrico para crear un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables que puedan beneficiarse del bono social eléctrico, ampliando la prohibición de cortes del servicio seis meses más con respecto a lo que existe hoy, es decir, un mínimo que debe ser garantizado por las comercializadoras para todas aquellas personas que cuenten con el bono social eléctrico y sean vulnerables extremos.

Una medida adicional a la que he hecho referencia en el inicio de mi intervención es una modificación de la Ley de Aguas, una modificación de la Ley de Aguas que tiene por finalidad precisar cuáles son los criterios que hoy aparecían recogidos en el artículo 55, diciendo que debe hacerse un uso racional del recurso. Que significa un uso racional del recurso, significa, como poco, que cuando hablamos de hidroelectricidad debe fijarse una cuota mínima de mantenimiento de agua para preservar el ecosistema acuático y los embalses, y un máximo de los caudales mensuales que puedan turbinar las compañías hidroeléctricas, para evitar esos episodios que a todos nos han dado vergüenza este verano. Los beneficiados aquí son, esencialmente, el medio ambiente, el agua, el ecosistema acuático y evidentemente, también los vecinos, aquellos municipios, aquellos territorios que viven próximos a embalses que cuentan con una garantía adicional en las reglas con las que se pueden operar estas centrales hidroeléctricas.

El paquete que aprobamos hoy y el plan de choque se cierra, con una serie de medidas significativas desde el punto de vista del esfuerzo que hacemos todos los contribuyentes a través de medidas fiscales, a través de transferencias de recursos de presupuesto público. El 7% del impuesto de producción eléctrica, que en principio estaba suspendido para el tercer trimestre del año 2021, queda suspendido hasta el 31 de diciembre de 2021, el cuarto trimestre, se reduce el impuesto especial a la electricidad al tipo mínimo que permite la Unión Europea, y se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos por encima de lo que calculábamos a principio de año que tiene Hacienda con respecto a la subasta de derechos de emisión comunitarios, rebajando con ello el coste de la electricidad, y, como digo, cumpliendo con ese compromiso de que los consumidores paguen en 2021 una cantidad (inaudible) a la que abonaron en el año 2018.

Quedó a disposición de todos ustedes para clarificar o para ampliar cualquiera de las informaciones que quieran con respecto a este punto.