Segunda intervención de María Jesús Montero

Muchas gracias a vosotras.

Voy a hacer referencia a seis materias adicionales que han sido objeto de aprobación en el Consejo de Ministros, no menores.

La primera de ellas tiene que ver con que hemos aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, impulsada a la reforma por la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, relativo a la protección y a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Recordarán ustedes que se trata de una reforma integral y en profundidad, tanto en la terminología que se utiliza, en el lenguaje constitucional, como en la estructura y en el contenido. De hecho, yo creo que todos podemos compartir que la Constitución española supuso un hito incuestionable en el avance de las personas con discapacidad, incluso fue pionera en elevar al máximo rango normativo la protección de este colectivo, un colectivo que lo componen, ni más ni menos que 3 millones de personas.

No obstante, la evolución y el paso del tiempo ha hecho evidente que es necesario reforzar y mejorar los derechos de las personas con discapacidad, ofreciendo más garantías para su protección y adaptando también la terminología que se utiliza en el propio artículo.

La reforma supone un paso adelante añadido en la configuración del Estado Social que proclama nuestra Constitución y es fruto de una reflexión abierta, sosegada y rigurosa, en la que han participado miembros de las fuerzas políticas parlamentarias y también representantes de la sociedad civil vinculados a las personas con discapacidad.

Respecto al contenido, el nuevo texto pone el énfasis en la protección, en los derechos, en los deberes, en la participación de las organizaciones representativas y en la situación de especial vulnerabilidad que concurren en mujeres y niñas con discapacidad, reflejando por último la protección que ofrecen el conjunto de tratados internacionales.

La propuesta queda redactada de la siguiente forma: Artículo 49.1: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación"

El segundo de estos apartados establece que los poderes públicos tendrán que impulsar las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad.

El tercero, regula la especial protección de estas personas para el pleno ejercicio de deberes y derechos, y el cuarto también plantea que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales que son ratificados por el Reino de España.

Por tanto, creemos que con esta reforma estamos en condiciones también de seguir modernizando nuestra carta manda, mejorándola ya bajándola a la España real.

El segundo de los acuerdos que quería comentarles también esta mañana a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene que ver con la aprobación de un Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos y quieran facilitar la renegociación de la deuda contraída por las empresa o por los autónomos.

Les pongo el contexto.

Recuerdan ustedes que el Gobierno de España aprobó hace escasamente unas semanas 11.000 millones de euros que iban dirigida al sector empresarial, básicamente para solventar los problemas de solvencia que se pudieran derivar de las consecuencias económicas consecuentes con la pandemia. Saben también que durante todo este período hemos desarrollado 96.000 millones de avales para el sector privado, 126.000 millones de créditos, que se han otorgado a nuestro modelo productivo, más de 1 millón de operaciones de liquidez, que se han ido desarrollando en los últimos meses, con la especial característica que el 98% de estas operaciones iban dirigida a PYMEs y autónomos.

Pues bien, la aprobación de este marco, de este código, va a ser el encuadre de referencia, el marco de referencia para la implementación, en colaboración con las entidades financieras, de todas las medidas de reestructuración que se aprobaron en el Real Decreto Ley reciente de medidas extraordinarias para apoyo a la solvencia empresarial.

De manera que, con esta norma, las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código y dispondrán de un mes para comunicar dicha adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Las entidades financieras que suscriban este Código de Buenas Prácticas se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y de los autónomos que soliciten adherirse a este mecanismo y gocen de financiación con un aval público, de estos que se han ido proporcionando, como digo, a lo largo de más de este millón de operaciones que se han formalizado.

Sin duda, esta aprobación del Código de Buenas Prácticas va a reforzar la colaboración de los organismos públicos con las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuercen la solvencia de los autónomos y preserven nuestro tejido productivo, como digo, para afrontar las mejores condiciones en esta recuperación.

Además de la aprobación de este Código de Buenas Prácticas, el acuerdo establece las líneas de actuación y los requisitos para que las empresas y autónomos se puedan beneficiar de las medidas que se dirigen a esta reestructuración.

Yo creo que con esta nueva línea el Gobierno crea un marco adecuado para que tras la crisis que se ha desatado con motivo de la COVID19, podamos preservar y apoyar a nuestro tejido productivo con capacidad para que contribuyan a la recuperación económica en nuestro país.

Algunas de las medidas concretas que se establecen son, empresas y autónomos podrán beneficiarse de la extensión hasta diez años, es decir, dos años más de lo inicialmente previstos, del plazo de amortización de los préstamos que se habían avalado.

También se permite la ampliación de los períodos de carencia más allá de dos años, previo acuerdo de ambas partes.

También se mantiene el aval público de los préstamos que por acuerdo voluntario entre la entidad y la empresa, se puedan convertir en préstamos participativos.

Se destinarán 3.000 millones para que el ICO, CESCE y CESGAR acompañen estos procesos de reestructuración de los préstamos y permitan la reducción del importe nominal de la deuda. Estamos hablando siempre de préstamos que cuentan con el aval público y las entidades financieras tendrán que mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el próximo 31 de diciembre del año 2022.

Por último, estas entidades financieras establecerán las medidas más adecuada para cada situación que planteen las empresas o el autónomo, con el fin de garantizar, como siempre decimos, la viabilidad y el mejor uso de estos recursos públicos. Las empresas y autónomos que quieran acogerse a esta medida deberán cumplir a su vez una serie de requisitos, entre ellos haber sufrido una caída de la facturación.

Les puedo decir, por último, que se publicitan estas entidades financieras que se adhieran a este Código de Buenas Prácticas y con ello podamos también estimular el buen hacer de aquellos que realmente quieran participar de solventar, de hacer viable esta reestructuración que sin duda puede ser la garantía de solvencia para muchas empresas de nuestro tejido productivo.

El tercer tema que quería también comentarles, a propuesta de seis ministerios, es la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se va a celebrar el próximo 17 de mayo.

El Gobierno de España quiere manifestar con esta declaración su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, comprometiéndose, tal como venimos haciendo desde el inicio de esta legislatura, a seguir adoptando todas las medidas necesarias para erradicar discriminaciones, ataques o actos de violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas que pertenecen a este colectivo.

Recordarán que nuestro país dio un salto de gigante y fue ejemplo internacional en los derechos de las personas LGTBI, al ser el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio igualitario bajo la presidencia de un gobierno socialista. Tal y como expresó entonces el presidente del Gobierno, el señor Zapatero, España avanzaba de esta manera hacia un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros.

Por eso este Gobierno, siendo consciente y así expresándolo en esta declaración, de la necesidad de seguir dando paso para avanzar en los derechos de una ciudadanía plena, en términos de derechos y libertades, más aún en este momento actual, en el que estamos viendo un cuestionamiento y un retroceso en lo que se refiere a la protección de los derechos de las personas LGTBI, y también asistimos a un aumento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Y es por ello que tenemos la necesidad de seguir implementando políticas públicas decididas que promuevan la igualdad real, efectiva, y la lucha contra toda discriminación dentro de nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. La declaración íntegra la podrán también ver al término de esta rueda de prensa.

El cuarto tema, brevemente, ha sido acuerdo a partir de la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para contratar a la empresa pública Tragsa por un importe de 51 millones para prestar servicio en los dispositivos de acogida de inmigrante en las Islas Canarias.

El encargo que hace el Ministerio consiste, esencialmente, en la prestación de una serie de servicios básicos, en estos dispositivos de acogida, para proporcionar una atención digna, humanitaria, en condiciones de seguridad, a las personas migrantes, vulnerables, que llegan a las Islas Canarias. Entre los servicios se encuentran los relativos a alimentación, seguridad, limpieza o mantenimiento de estos centros de acogida, para la atención de un máximo de 7.000 personas migrantes. El plazo de vigencia de este encargo se va a extender a lo largo del año desde el día 13 de julio de 2021 hasta el día 12 de julio del año 2022.

El quinto acuerdo que también quiero comentarles es la distribución territorial provisional de 49,2 millones de euros para nueve líneas de actuaciones agrarias impulsada por el Ministerio de Agricultura. Se trata de una propuesta que se llevará a cabo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para su posterior ratificación.

El presupuesto va a permitir, impulsar y fortalecer, o mejorar, aspectos muy concretos en los ámbitos de la agricultura y la ganadería. Solo por citar algunas de las actividades, se fomentará la apicultura, se mejorará el control del rendimiento lechero, para contribuir a mejorar la competitividad de estas explotaciones, se apoyará la producción agrícola en el marco de programas de opciones especificas por la lejanía y la insularidad, con el objetivo de facilitar el acceso a la producción canaria a todos los mercados y también salvaguardar el tejido económico y social de la zona rural. Y además, gracias a este acuerdo se van financiar programas estatales de erradicación de las enfermedades de animales y el trabajo en la prevención y en la lucha contra las plagas.

El sexto y último acuerdo ha sido el nombramiento de Gonzalo García Andrés como secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a propuesta de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio de Asuntos Económico, y Transformación Digital.

Gonzalo García Andrés sustituye a la señora Ana de la Cueva, cuya labor ha sido fundamental, clave, para la puesta en marcha de las medidas que han permitido contrarrestar los efectos económicos de la pandemia y para la propia elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Damos las gracias y deseamos también en su nueva actividad, toda clase de éxitos a la señora de la Cueva.

El señor Gonzalo García Andrés es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es Técnico Comercial y Economista del Estado y hasta ahora era socio director de Analistas Financieros Internacionales AFI y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Economía. Por tanto, también nuestro agradecimiento por su aceptación y desearle toda clase de éxitos en esta nueva tarea.

Y con ello, ya si, Miguel Ángel, damos por finalizada esta primera intervención y quedamos a la espera de las preguntas que quieran formular los medios de comunicación.

Secretario de Estado de Comunicación.- Bueno, que ha sido la vicepresidencia segunda la del nombramiento porque...

Portavoz.- Correcto. Discúlpenme, pero algunas veces confundo la numeración. Ha sido la vicepresidencia segunda y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.