Segunda intervención de María Jesús Montero

La primera, que ya la conocéis por la presentación del propio ministro, es el Anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, donde el Consejo de Ministros, previa felicitación al ministro Escrivá, ha dado luz verde a este importantísimo proyecto normativo que recoge medidas clave para el colectivo de pensionistas, básicamente para su tranquilidad, en términos de que se va a actualizar el poder adquisitivo de las pensiones cada año, según el IPC del año anterior, una reivindicación justa, largamente esperada en el tiempo por el colectivo de pensionistas y que además permite volver al consenso sobre el que creemos, se tiene que mover el entorno del futuro de las pensiones, en este caso el diálogo social, que es el que da la luz verde en primera instancia a este texto, y, decirles que, a diferencia de lo que ocurrió con legislaciones del Partido Popular que se aprobaron unilateralmente, el ministro Escrivá está haciendo un esfuerzo para ser capaces todos de tejer esa alianza que nos comprometa para las próximas décadas en el futuro de nuestros mayores.

La norma viene a dar cobertura y a cristalizar las recomendaciones del Pacto de Toledo, quiero recordarles que es la comisión parlamentaria, que de forma específica se ocupa de analizar la evolución y el futuro de las pensiones, y concretamente, como les decía, a partir de su aprobación, ningún pensionista ya tiene que preocuparse de cuánto sube su pensión, no va a haber incertidumbre respecto a esta materia en relación con lo que se consigna en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sino que ya sabe que a partir de ese momento siempre se van a actualizar conforme al IPC cerrado del año anterior.

También para fortalecer el sistema público para las próximas décadas se incluye un abanico de medidas que justamente se destinan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria. Esto, básicamente, lo que implica es que las personas, estadísticamente, vayamos teniendo una mayor coincidencia, coherencia, entre lo que legalmente se establece y lo que efectivamente se realiza, bien porque en los convenios de empresa así se determina, o bien porque determinados colectivos tienen la capacidad en este momento de poder acogerse a una jubilación anticipada.

De hecho, quiero destacar que el anteproyecto aborda 6 de las cuestiones nucleares donde puso el dedo o subrayó el Pacto de Toledo, la trascendencia de este acuerdo.

El primero en la mejora de los incentivos a la jubilación demorada, ello a través de un cheque de hasta 12.000 euros por año y un 4% adicional de pensión de por vida, o incluso una combinación de ambas medidas.

La segunda es la eliminación, con ciertas excepciones, de cláusulas que existen en algunos convenios colectivos de jubilación forzosa.

La tercera es la flexibilización de los coeficientes reductores de jubilación anticipada.

La cuarta es la mejora de la equidad al equiparar, tras el período transitorio, coeficientes de todos los trabajadores que están en jubilación anticipada.

La cuarta, especialmente discutida y especialmente importante, la derogación del factor de sostenibilidad que se impuso en el año 2013, un factor que se va a sustituir por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que se va a concretar en estos próximos meses con los agentes sociales, un mecanismo que empezaría a operar a partir del año 2027.

Y la quinta, la certidumbre que se le da a los pensionista con la culminación de la separación de fuente, es decir, de los ingresos que alimentan el sistema de pensiones, en línea con la recomendación una del Pacto de Toledo, respecto a que el Estado, mejor dicho, la AGE, la Administración General del Estado, asuma los llamado gastos impropios de la propia Seguridad Social al objeto de que realmente esta pague y pueda evolucionar en función de los gastos que le son implícitos, que le son peculiares y no de otros que se aprueban por parte del Gobierno, pero nada tienen que ver con el futuro del sistema de pensiones.

Yo quiero poner finalmente en valor, creo que en nombre de todo el Gobierno, el excelente acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los agentes sociales y que incluye otras medidas muy relevantes para los próximos meses, como la cotización de autónomos por ingresos reales, la equiparación de las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad o la cotización de los becarios, medidas, como digo, encaminadas a mejorar y a modernizar el sistema de pensiones.

El segundo de lo de los decretos ley aprobado en el día de hoy, tiene mucho que ver, como decía, con la parte socioeconómica y se trata de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, un acuerdo también firmado con los agentes sociales y que en la tarde de ayer el ministro responsable, el ministro Iceta, también dio cuenta de él en rueda de prensa.

Se trata, por tanto, de una reforma que se impulsa por el Ministerio de Política Territorial, que busca simplemente acabar con la temporalidad en el ámbito del sector público, tal y como hemos pactado con la Unión Europea, con el objetivo de que la tasa de temporalidad de este sector se sitúe por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas.

El mapa de cómo se comporta esta temporalidad es realmente asimétrico, dependiendo de las administraciones y habitualmente son las administraciones autonómicas, debido a la prestación de los servicios sanitarios y educativos, el primero, 24 horas, 365 días del año, los que tienen una mayor temporalidad y por tanto la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas.

Es un Real Decreto que se ha suscrito en acuerdo con Comisiones Obreras, UGT y CSIC, y también se ha sometido a análisis de las comunidades autónomas y de las entidades locales, recogiéndose sus aportaciones en este texto final.

El acuerdo, yo diría que como elemento más subrayado, establece, entre otras medidas, una duración máxima de 3 años a la relación de interinidad entre el trabajador y la empresa con obligación, en ese proceso, en ese período, de convocatoria de la plaza que se está ocupando provisionalmente. De hecho, se recoge la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del EBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, que especifica la causa y el término del nombramiento del personal interino, incorporando solo 4 modalidades, vacante, cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario y con duración establecida, se sustituirá por tiempo estrictamente necesario y también se prevé la ocupación de interinos para cuestiones o programas de carácter temporal o por acumulación de tareas, con plazos máximos de 9 y 18 meses, respectivamente. En caso de vacante, como digo, serán tres años la duración máxima de ese contrato.

Se mejora la definición de la figura del interino, del personal funcionario interino, se definen todas las causa que pueden revocar este contrato e igualmente se equipara la mayoría de sus derechos con el personal de carrera.

Por otro lado, se va a hacer un último proceso, siempre decimos que es el último de esta ocasión, esperemos, vicepresidenta, que así sea, un último proceso de estabilización para los interinos que llevan ocupando una plaza estructural y hayan cumplido esa plaza 3 años de ocupación a 31 de diciembre del año 2020. En ellas se incluirán, en estos procesos abiertos, acomodando la tasa de reposición a la convocatoria de esta plaza, el conjunto de aquellas que así se declaren por parte de todas las administraciones, y, decir que para el personal interino que no apruebe o que no supere esos procesos selectivos de temporalidad, se establece una compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades.

Una reforma que urgía en nuestro país, justamente porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad, dado que también queremos que sea posteriormente, aunque no extrapolable por la propia normas que rigen al personal funcionario, pero que también, por supuesto, en el sector privado, la fijeza, la condición de personal que tenga un puesto de trabajo fijo, sea la tónica general y se deje la temporalidad para cuestiones puramente coyunturales y que así se justifiquen y que así se aconseje.

Así que también nuestra felicitación al diálogo social por posibilitar este acuerdo.

El tercer tema que quería comentar ya muy brevemente, es justamente la distribución territorial de crédito que se van a distribuir entre comunidades autónomas para la financiación de 2 proyectos de inversión muy importante para la hoja de ruta que tenemos establecida en los próximos meses. En concreto, el Plan Nacional de Competencias Digitales y las nuevas políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Ambos planes, impulsados desde el Ministerio de Trabajo y desde la vicepresidencia segunda, van a contar con 687 millones de euros, de los que la mayor parte corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se estima que estos dos proyectos van a beneficiar en torno a 218.000 personas.

La inversión de ambos planes se va a centrar en el empleo joven, en el de la mujer, en la adquisición de esas nuevas competencias para su incorporación al mercado laboral, también proyectos que tienen que ver con la empleabilidad verde y productiva y otros que tienen que ver con la equidad o con el reequilibrio en relación con las diferentes competencia a lo largo de todo el territorio, nos referimos a algunas competencias que se estaban desarrollando en unas zonas de España por tradición o por cultura frente a otras.

Igualmente se va a invertir en gobernanza, en coordinación y en impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, que son elementos muy importante, sobre todo para los jóvenes.

Hay un colectivo especialmente destacado dentro de estos programas, como van a ser las mujeres víctimas de violencia de género que tendrán consideración especial.

El cuarto tema es la autorización a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de una convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo, básicamente, el presentar proyectos de desarrollo en un país en donde se valorará básicamente la eficacia que ha tenido previamente esa experiencia y en segundo lugar, proyectos de educación o proyectos que se llaman ciudadanía global, con el fin de contribuir a la lucha contra la pobreza o la promoción del desarrollo de los pueblos.

Las prioridades de ambas modalidades estarán en el marco también de la estrategia COVID19, es decir, se tendrá en cuenta zonas especialmente afectadas por esta pandemia y por tanto, vamos a intentar que estos proyectos permitan transformar esos sistemas socioeconómicos o recuperar el tejido productivo que se haya podido dañar en países que ya de por sí son vulnerables.

La convocatoria podrá alcanzar hasta los 30 millones de euros y por tanto, representa un importante impulso para estas organizaciones.

Y el último de los acuerdos que quiero comentarles, en este caso, tienen que ver con la transición ecológica, como viene siendo habitual en todo el paquete de medidas que se van presentando, en concreto con la conservación y la restauración de ecosistema, de su biodiversidad y la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos. Se van a ejecutar, se van a distribuir, un total de 511 millones de euros financiados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrán, estos elementos que acabo de mencionar como marco principal de actuación, en los que 237 millones se van a dirigir a la mejora y la conservación de la biodiversidad por un impacto muy significativo en las zonas rurales y por tanto, en ámbitos del reto demográfico, que son especialmente importantes para este Ejecutivo.

También en la lucha contra los incendios forestales, un elemento en el que se trabaja durante todo el año para prevenir que las zonas estén saneadas y por tanto, las altas temperaturas no automáticamente produzcan un incendio de nuestro bosques o de nuestras zonas verdes.

Otros 50 millones que vamos a emplear en empleo verde, de economía vinculada a este área, básicamente en las zonas de influencia de los parques nacionales.

Y, en tercer lugar, 74 millones de actuaciones directas que están desarrollando comunidades autónomas en estos parques nacionales para la integridad de sus valores naturales. Para ello incluso habrá 50 millones para lo que se llama conservación de la Reserva de la Biosfera Española, un proyecto que ya mucho tiempo sin tener una atención presupuestaria de forma particular y por tanto con ello le damos satisfacción.

Por último, vamos a adjudicar 100 millones de euros para licitar la mejora del abastecimiento de agua y la reducción de pérdidas en redes de municipios que tengan menos de 20.000 habitantes. El acuerdo será sancionado el próximo viernes en conferencia sectorial.

Solo recordarles y con ello terminamos, que hasta la fecha el Consejo de Ministros ya ha aprobado el reparto de 2.558 millones de euros entre las comunidades autónomas a través de distintas conferencias sectoriales en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ya les avanzo que este tipo de acuerdos seguirán llegando a la mesa del Consejo de Ministros, porque, como siempre hemos dicho, la voluntad del Ejecutivo es establecer mecanismos de cogobernanza con las comunidades autónomas que permitan que estos Fondos Europeo lleguen a los territorios, lleguen a las personas y en definitiva, cumplan con las funciones que tienen asignados.

Pues así, brevemente espero haber podido dar reseña de los temas más importantes, y, en cualquier caso, Miguel Ángel, quedamos a disposición de los medios para cualquier pregunta.