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Intervención de María Jesús Montero

Viernes 29 de mayo de 2020

Muy buenas tardes a todos y a todas y, como siempre, antes de empezar esta rueda de prensa quiero que nuestras primeras palabras sean para los familiares de las personas que han fallecido durante esta pandemia. Como siempre, queremos transmitir que el Gobierno les acompaña en su dolor pero, también, un mensaje de ánimo para todas las personas que permanecen hospitalizadas o que están todavía convalecientes, ¡ánimo!, seguro que seremos capaces entre todos de superar esta enfermedad y, cómo no, el agradecimiento obligado a todos los profesionales del sistema sanitario y, también, a los ciudadanos que con su esfuerzo, con su disciplina hacen posible que estemos frenando esta pandemia y combatiendo a este virus.

Como ven, en el día de hoy Me acompañan en esta rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señor Escrivá, para informar sobre la nueva aprobación de la prestación de Seguridad Social que hoy ha visto, ha valorado y ha aprobado el Consejo de Ministros. Ni más ni menos que el ingreso mínimo vital.

Y antes de cederle la palabra a ellos me gustaría destacar que se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país y en favor, como no, de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.

Saben que este Gobierno de coalición progresista tenía entre sus compromisos la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital y que lo iba a hacer a lo largo de la legislatura. El objetivo era reducir las tasas de pobreza severa que existen en nuestro país, especialmente, muy especialmente, las relacionadas con la pobreza infantil. Así quedó fijado en el acuerdo que se suscribió entre las formaciones políticas que componen este Gobierno y así también lo trasladó el propio presidente, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura como una de las medidas más importantes. Sin embargo, la intensa crisis económica derivada de esta pandemia sanitaria nos ha permitido, ha hecho oportuno acelerar los ritmos. Somos muy conscientes de que la bolsa de pobreza que teníamos identificada ya antes de la pandemia se añaden ahora nuevas dificultades que están atravesando en este momento miles de familias.

Desde el primer momento el Gobierno ha actuado con planes de choque para proteger los empleos, proteger la renta, o evitar situaciones de desahucio o cortes de suministro vitales básicos; pero ahora es el momento de dar un paso más, con una nueva prestación que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad para todas estas familias con ese objetivo de que nadie se quede atrás. Con ella no se lo vamos a proteger a los colectivos más vulnerables en un momento de extrema dificultad sino que creamos un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho que supone un antes y un después en esta lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la pobreza infantil.

Este derecho a contar con unas mínimas condiciones para la supervivencia y para que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital con la dignidad que todo ser humano merece, sobre todo poniendo la base para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes tengan a su disposición unas herramientas básicas que les permitan desarrollar todo su talento. Nuestra obligación como país --lo tenemos claro-- es velar por su presente pero, también, por su futuro porque no hay mejor inversión posible que invertir en nuestra infancia y en nuestra juventud.

Esto es lo que llamamos política útil desde el Gobierno de España, la que nos tiene comprometidos a desarrollar durante los próximos años porque sabemos que lo que el país necesita en este momento es justamente dar respuesta inmediata a los problemas que surgen, los problemas que son endémicos, o las cuestiones que teníamos previsto desarrollar en la legislatura. Política útil centrada en las personas y en sus necesidades.

Antes de pasar la palabra, también un último apunte de otro asunto tratado en el Consejo de Ministros, y me refiero al apoyo del Gobierno a la candidatura española para albergar el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio. A propuesta del ministro de Ciencia, de la vicepresidenta cuarta, y de la ministra de Asuntos Exteriores, el Consejo de Ministros ha acordado postular a España como sede de esta organización intergubernamental. Es una sede que trabajará en coordinación con otras dos, Reino Unido e Italia, y que estima poder acoger en torno a 150 personas con la posibilidad de aumentar ese número de personas en 250 en el medio plazo.

Nosotros desde España, desde el Gobierno creemos que contamos con el atractivo, con el capital productivo humano y tecnológico para acoger este centro europeo y, por tanto, creemos que estamos en buenas condiciones de presentar esta candidatura y de competir con otros países que seguro, también, así lo harán.

Y, ahora, sí, cedo la palabra al vicepresidente segundo del Gobierno, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Pablo Iglesias.