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Intervención de María Jesús Montero

Martes 13 de octubre de 2020

Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a esta rueda de prensa en la que compareceremos tras la reunión que se ha celebrado esta mañana del Consejo de Ministros ordinario.

De hecho, hoy, en la reunión que hemos mantenido, hemos vuelto a avanzar en un calendario ambicioso del Gobierno que pretende, por una parte, ser capaces de perseguir la justicia social en nuestro país, a partir de una serie de normas que van en esa dirección y, por otra parte, mejorar la eficiencia económica de nuestro sistema tributario y también de lo que supone la incorporación a pleno rendimiento de la mujer en la vida laboral.

Son materias que vamos a comentar a lo largo de esta intervención y que me van a ayudar y para ello me acompañan la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Pero antes de referirme en concreto a la parte que yo voy a exponer de la Ley contra el fraude fiscal, también quiero hacer mención del resto de asuntos que hemos abordado en el día de hoy y trasladar, como siempre, al principio de nuestra reunión del Consejo de Ministros, y así lo hacemos también en esta rueda de prensa, queremos dar nuestro mensaje de solidaridad, de apoyo a todas las personas que están sufriendo la enfermedad COVID-19, pero también a todos los familiares y sobre todo de aquellos que han perdido la vida durante esta pandemia.
Como saben, porque el ministro Illa y el doctor Simón así lo explican muy a menudo en este momento estamos asistiendo a una expansión de esta pandemia a nivel global internacionalmente, por lo que muchos países, no solo España, están en este momento reforzando las medidas de contención.

Sigue siendo la reducción de la movilidad el arma terapéutica más eficaz en la lucha contra el virus y por tanto, los países abordan en su diferente dimensión de actividades que lo que persiguen es justamente disminuir la movilidad entre nuestros conciudadanos.
Aquí en España, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, sigue monitorizando la situación en el día a día y de hecho, esta misma tarde el propio presidente del Gobierno va a dirigir la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus, una reunión que, como ustedes conocen, suele asistir que todas las semanas, pero también en paralelo se celebrará un encuentro del grupo COVID-19 entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma. La idea, como siempre, es seguir el diálogo, seguir tendiendo la mano para monitorizar de forma conjunta la situación de la pandemia y adoptar las medidas que correspondieran también a ser posible, en este marco de relación institucional y en este marco de fluidez en los análisis y en los diagnósticos.

Quiero decir que en este momento hay en torno a una treintena de municipios que aplican estas restricciones a la movilidad a lo largo del día. También conoceremos la evolución justamente de esta cifra y por tanto, solicitamos una vez más la máxima colaboración, la precaución a toda la población para que cumplan las recomendaciones sanitarias.
Desde el Gobierno, queremos trasladar que vienen semanas complicadas y que de ese comportamiento individual y colectivo, de esa corresponsabilidad que tenemos que ejercer como sociedad, va a depender en gran medida que estemos en mejores condiciones de afrontar la fase, doblegar la curva y por tanto, hacerlo de la forma mejor posible, como ya hicimos en la primera oleada. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, proteger la salud, mantener el virus a raya, permite también proteger nuestra vida a nuestros seres queridos y también la economía.

A aquellos que intentan contraponer el discurso, salud y economía tienen que conocer y saber que en este momento la mejor receta económica es que se apliquen de forma anticipada las medidas sanitarias para prevenir el que haya que hacerlo a nivel más global y, por tanto, para que se restrinja a aquellas áreas donde en este momento la cifra de contagio aconseja que se tomen estas medidas como está recomendando la propia OMS, las autoridades internacionales, y como así también lo ha decidido el Gobierno de España.
Entrando ya en el orden del día, el Consejo de Ministros, como decía, ha aprobado esta mañana el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y de Lucha contra el Fraude Fiscal.
Es una norma que incluye también la transposición de la directiva europea que trabaja contra la elusión fiscal, una directiva conocida como ATTAC.

Como saben, para para este gobierno lo hemos dicho desde el comienzo de esta legislatura, la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad, y lo es porque no hay justicia social, no hay justicia tributaria, si alguno pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto.

Eso genera una competitividad desleal entre área de actividad económica, por ejemplo, y genera también un deterioro en la recaudación para brindar los servicios públicos que nos permiten a todos los ciudadanos ser iguales, al menos en el contrato social que estableció la Constitución.
Por eso es imprescindible cumplir con estas obligaciones tributarias, hacer pedagogía respecto a la fiscalidad en las nuevas generaciones, también en el conjunto de personas contemporánea de nuestra sociedad. Pero todo para perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que ellos sí cumplen.

Por eso la política del Ministerio de todo el Gobierno ha sido y seguirá siendo tolerancia cero contra cualquier práctica fraudulenta. Todavía si me permiten, se acrecienta más en un momento de crisis económica en el que incumplir estas obligaciones fiscales supone restar recursos al Estado del bienestar en cosas tan importantes como blindar la salud de nuestros conciudadanos.

Por eso, esta norma que aprueba el Consejo de Ministros incluye un conjunto de medidas de gran calado que refuerzan herramientas, que previenen, que combaten esta evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude más avanzadas y más complejas, aquéllas que requieren una ingeniería que a su vez necesita especialización en el entorno de la Agencia Tributaria, en torno a esas unidades que están llamadas como la de grandes contribuyentes, grandes patrimonios, están llamada a perseguir de forma más concreta, de forma más, como decía, más sofisticada ese fraude fiscal o esa elusión fiscal que algunos, unos pocos perpetra, es una ley que intensifica, por tanto, una labor que viene realizando ya la Agencia Tributaria, donde recuerdo que justo el año pasado esta lucha permitió recaudar 15715 millones de euros, lo que supuso un 4,1 por ciento más que el año anterior.

Especialmente el control se ha reforzado sobre el elevado patrimonio y sobre las grandes multinacionales digitales. De hecho, el último año cerrado, la Agencia Tributaria liquidó deuda a grandes patrimonios por 608 millones más, lo que implica un 75 por ciento adicional del que se recaudó en el año 2018.

En este sentido, este anteproyecto, que ya ha superado todos los trámites consultivos que se ha remitido en esta mañana al Congreso, permitirá combatir de mejor manera, con nuevos modos, con fórmulas de fraude que se asocian a las nuevas tecnologías mucho más eficazmente esa erosión de nuestra base imponible. También va a permitir perseguir comportamientos inadecuado de grandes empresas multinacionales o luchar contra la planificación fiscal agresiva o abusiva, una práctica, esta última, como ustedes conocen, que se aprovecha del entramado fiscal y de la complejidad de algunas de las figuras fiscales que, como saben, van a ser objeto de revisión en el comité de expertos que este gobierno va a plantear para el análisis en profundidad de algunas de las figuras que provoca menor rendimiento.
Por darle solo algunas pinceladas de algunos de los detalles que comporta este proyecto de ley, decir, por ejemplo, que se prohíbe el denominado software de doble uso que se utiliza por parte de las grandes compañías para hacer una doble contabilidad. Se trata de programas informáticos que permiten, de hecho, la manipulación de esta contabilidad y decirles, por ejemplo, que en los últimos cinco años se han regularizado más de 1500 millones de actuaciones contra este tipo de software. Esto significa que es muy importante incrementar el control sobre esta área.
Para evitar este fraude, el anteproyecto justo obliga a que los sistemas informáticos de estos procesos contables se ajusten a criterios, a requisitos que garantizan accesibilidad de los registro, en segundo lugar, trazabilidad, entre otros aspectos que son importantes.

Se habilita la posibilidad de someterlo a certificación y se establece un régimen de sanción específico para aquellos que fabrican estos dispositivos o para los que lo tienen en su posesión, sin la adecuada certificación.

También, otra de las medidas que se enfocan a prevenir el fraude de estos nuevos usos tecnológicos tiene que ver con el mayor control de las llamadas criptomonedas. El objetivo es tener información sobre la tenencia y las operaciones que se realizan con estas monedas virtuales, tanto las que se sitúan en el territorio nacional como las que se encuentran fuera de España, si afecta evidentemente, a contribuyentes españoles, de esta forma hay que informar de manera obligatoria sobre saldo y titulares de esta moneda y también de las operaciones que se realizan con la misma, ya sea adquisición, transmisión, cobros o pago con este instrumento.

En tercer lugar, otra de las medidas importante en la que tiene que ver con la limitación del pago en efectivo para determinadas actividades económica que se reduce de 2500 que se contempla en la legislación actual a 1000 euros.

Quiero aclarar que este paso, este límite que se establece, 1 000 euro se hace para operaciones que se realizan entre profesionales o entre empresarios. Por tanto, son 2500 las operaciones que están permitidas entre particulares.

El objetivo del gobierno de forma progresiva es ir disminuyendo estas cuantíad y por tanto, de manera paulatina, bajando a su mínima expresión los pagos en efectivo para combatir la economía sumergida y, sobre todo, para buscar la trazabilidad de las operaciones financieras, un elemento especialmente importante en nuestro país.
Se reduce también de 15 000 a 10 000, el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de nuestro territorio, fuera de España.

En cuarto lugar, el anteproyecto contempla la provisión por ley de la llamada amnistía fiscal.
Como saben, es una línea que se contemplaba en el acuerdo programático que suscribió este gobierno progresista, en donde se establecía claramente que se acabó con perdonar a incumplidores, como hicieron los gobiernos anteriores. Se acabó beneficiar, por tanto, con amnistías fiscales a los evasores, normalmente grandes fortunas, grandes patrimonios, creando agravios comparativo con millones de españoles que si cumplen de forma disciplinada con sus obligaciones fiscales.

Por tanto, los ciudadanos tienen que conocer que el Estado no se va a rendir ni va a buscar atajos en la lucha contra este fraude fiscal. También se contempla la actualización y la ampliación del concepto paraíso fiscal en línea con los criterios que marca la Unión Europea y la propia OCDE, esto implica que países con territorios con baja o nula tributación se incorporarán también como jurisdicciones no cooperantes, es decir, que incorporaremos a esta lista a aquellos países que no realicen el intercambio de información efectivo con España, de manera que se perjudica la lucha contra esta evasión fiscal.

En cuarto lugar, el anteproyecto también amplía la llamada lista de deudores tributarios.
Recuerdan que la ley anterior contemplaba el millón de euros como umbral de deuda a partir de la cual se aparecía en esta lista. Pues bien, a raíz de la entrada en vigor de esta ley disminuimos este umbral a 600 000 euros con el objetivo de promover y agilizar el pago de esta deuda.
También en este apartado se incorporarán como deudores principales a los responsables solidarios, que en muchas ocasiones son los verdaderos causantes de la morosidad con el Departamento de Hacienda.
Y por último, y en quinto lugar, quiero referirme también a la transposición de la directiva, incorporando algunas de las medidas tratada en el llamado programa BEPS de lucha contra la erosión de base imponible de la OCDE. Se recogen en esta legislación española elementos de transparencia a nivel fiscal internacional que garantiza que las empresas que trasladen sus activos desde España, por ejemplo, hacia otro país, tributen aquí por las plusvalías que se generan o por las plusvalías que se mantengan latentes. Es una medida que refuerza y amplía estos elementos de prevención y de combate en las prácticas de elusión fiscal que practican algunas internacionales.

Estimamos que todas estas medidas que se contemplan en el proyecto de ley podrían generar en torno a 800 millones de euros adicionales en un solo ejercicio contable, en cualquier caso, esto no es lo más importante. Lo fundamental es que la lancemos la tolerancia cero en este tipo de prácticas irregulares, porque luchar contra este fraude fiscal es defender a trabajadores autónomos, a empresas que sí cumplen de forma disciplinada con estas obligaciones tributarias.

Y antes de pasar la palabra a la ministra de Trabajo, en primer lugar, Yolanda Díaz de forma telegráfica, les informo de otros temas que encontrarán en la referencia del Consejo de Ministros.

Por un lado, se ha aprobado la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores en el marco agroalimentario por un importe de diecisiete millones de euros que se lanzará, se convocará este mismo año y también hemos aprobado en un segundo momento, una ampliación de las medidas contemplada en el Decreto Ley 11/2019 para paliar los daños que se han ocasionado por situaciones catastróficas. En esta ampliación se añaden a las inicialmente contemplaba las siguientes situaciones: los años que se han ocasionado en Salamanca por la lluvia de la borrasca Elsa a partir del día 18 de diciembre y también los daños provocados por varios incendios a finales de febrero en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Una actualización que vamos haciendo de forma regular conforme las catástrofes aparecen para ayudar a los ciudadanos, a las empresas y a los territorios que se encuentran viviendo este tipo de situación.

Sin más, paso ya la palabra a mi compañera, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz que le va a hablar de dos importante decretos que hemos aprobado en la mañana de hoy y que tienen que ver con nuestra lucha infatigable por la igualdad de género, por la igualdad entre hombres y mujeres.