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Intervención de Carmen Calvo

Jueves 31 de octubre de 2019

Buenas tardes. Como siempre, gracias por estar aquí en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que en esta semana la hago yo, como es obvio.

Hemos terminado un Consejo de Ministros donde hemos tomado algunas decisiones importantes, como siempre. Hemos aprobado un Real Decreto-ley; tres Reales Decretos que afectan a temas importantes, algunos de ellos pendientes en el orden cotidiano de la gestión de un Gobierno, incluido este que está en funciones; algunos acuerdos, tres de ellos muy importantes; y, finalmente, también les daré noticias del Ministerio de Justicia, aunque no ha formado parte de la decisión del Consejo de Ministros, porque no era necesario, pero que también es importante a la información pública en el día de hoy.

Del Real Decreto-ley hablaré al final. Tiene rango de norma de ley, como su propio nombre insinúa, y he de advertirles que se publicará el martes en el Boletín Oficial del Estado, por cuanto ha tenido unos últimos y pequeños ajustes en el propio Consejo de Ministros.

Es obvio que estamos hablando de una legislación que proponemos constitucionalmente por urgencia, por razones urgentes, de interés general, importantes -como luego detallaré-, y, naturalmente, en el estricto cumplimiento de las reservas constitucionales que un Gobierno tiene para legislar por este procedimiento.

Tres Reales Decretos, que uno de ellos afecta a la modificación de dos Reales Decretos anteriores, para la aplicación de la PAC, de la Política Agraria Común Europea en nuestro país, y que son muy importantes porque nos van a permitir agilizar la gestión; es decir, cumpliendo la normativa comunitaria vamos a agilizar bastante la tramitación y la gestión. Vamos a favorecer la incorporación de nuevos titulares, fundamentalmente hombres y mujeres jóvenes que en este momento tienen objetivos en la España rural importantes. Situación muy necesaria, como decimos en muchas ocasiones, para mantener respuestas a la España rural y equilibrios entre el mundo rural y urbano en nuestro país.

Y finalmente, también, por cuanto importa a la PAC, la agilidad, además de la facilitación de la tramitación para los particulares, en las respuestas que nos permita también facilitar las cosas a quienes mediante los recursos comunitarios sostienen de manera tan importante para nuestro PIB toda nuestra industria agroalimentaria fundamentada en nuestro ámbito agrícola y ganadero.

Un Real Decreto habitual, y este año lo hemos, también, agilizado lo máximo posible, que traslada las subvenciones a Ceuta y Melilla para la respuesta a los menores no acompañados. Estamos hablando de una dotación de 2.345.000 euros para la Ciudad Autónoma de Ceuta, y de 4.103.000 euros para la de Melilla. Fundamentalmente, para mejoras de equipamientos, infraestructuras, conservación y, naturalmente, respuesta a la llegada a estas dos Ciudades Autónomas españolas que, de manera principal, reciben menores en nuestras fronteras.

Y un tercer Real Decreto, también importante, porque con él se fija el plazo de tiempo que va desde el 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019 (año entero y un trimestre), en el que han ocurrido catástrofes ambientales en nuestro país, --fundamentalmente producto de los procesos meteorológicos que le llamamos Dana, es decir, lluvias, y que afectan a diferentes territorios de nuestro país, a diferentes Comunidades Autónomas y ciudades-- , en el cual damos respuesta, también, a todas las situaciones que quedaban pendientes en muchos municipios, en muchos lugares.

Y, aunque no necesitaba el rango de Real Decreto, un Acuerdo de los que hoy hemos tomado, connivente con esta temática, que es una subvención que mediante acuerdo hemos adoptado de casi 18 millones de euros para el Consell Insular de Mallorca donde se produjo -como todos sabemos-un daño bastante importante, incluso, con resultados trágicos de muerte para algunas personas.

Es una dotación importante con la que subvencionamos y resolvemos, finalmente, todos los expedientes que se habían tenido que tramitar, que habían tenido que solicitar, evidentemente, estas ayudas y damos una respuesta, también, finalmente.

En relación al resto de acuerdos, hemos tomado dos acuerdos para pedir al Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución que tienen que ver con resoluciones que se han adoptado en el Parlamento de Cataluña. Fundamentalmente, con la admisión a trámite y, por tanto, a su ubicación en órdenes del día, de resoluciones que algunos grupos parlamentarios han pedido a la Mesa que reconsidere después de haber sido la Mesa, hace ya unos días, apercibida por el propio Tribunal Constitucional, advirtiéndole que la reincidencia y la introducción en el orden del día y en el debate formal de un parlamento autonómico, como es el Parlament, con su correspondiente votación, traspasaba los límites de la legalidad y, naturalmente, de la competencia que un parlamento autonómico pueda tener para semejante materia. Estamos hablando de la Jefatura del Estado, del derecho a la autodeterminación o de la soberanía de Cataluña.

Le hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere si ha sido desautorizado, desatendido el apercibimiento que había hecho a la Mesa. A los grupos parlamentarios que han solicitado la reconsideración para que no avanzara esta tramitación se les ha comunicado este mismo martes que se reafirmaba la Mesa. Se les comunicó en su momento de manera personal a cada uno de los miembros de la Mesa la situación en la que podían incurrir --obviamente, estamos hablando de la posibilidad de cometer delitos, estamos hablando del ámbito penal-- y, por tanto, que el Tribunal Constitucional considere si ha sido traspasada esa línea, desautorizado el apercibimiento que el mismo hizo y que, por lo tanto, se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que podamos estar teniendo.

Hemos pedido, también, mediante acuerdo un informe urgente al Consejo de Estado para recurrir, les recuerdo que es no vinculante. En alguna ocasión, ustedes que siguen el Consejo de Ministros, saben que hemos recurrido con un informe negativo pero, en cualquier caso, nosotros nos dirigimos siempre al órgano de consulta del Consejo de Ministros, que es el Consejo de Estado para poder recurrir, es decir, impugnar otra resolución que queda pendiente en la que el Parlament de Cataluña debatió de manera formal, con un punto del orden del día, una sentencia del Tribunal Supremo. No corresponde en el orden escrupuloso de respeto de la separación de poderes que ningún parlamento haga un debate formal sobre una sentencia de nuestros tribunales. Así que, cuando recibamos este informe, procederemos también a impugnar esta resolución de la Cámara autonómica de Cataluña.

Hemos acordado, también, el sellado definitivo de los pozos de gas que denominamos Castor, que están enfrente de las costas de Castellón y de Tarragona -como todos sabemos. Se sellaron de manera provisional y hemos acordado, y hemos encargado a Enagas que en el plazo de 6 meses se tramite todo el expediente para proceder a su sellado definitivo. El Ministerio para la Transición Ecológica considera que después de resuelta la situación procesal que había en los tribunales -como todos ustedes bien saben- de manera rápida y, en fin, con resolución eficaz, debemos evitar el coste que supone la situación que ya no sirve al sistema gasístico español. Una vez considerado que no pueda servir, la situación que hemos ahora de resolver es que no haya coste de mantenimiento, que se cierren, también por mayor seguridad y, por tanto, hemos adoptado también esta decisión mediante acuerdo y propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

Y, por último, les decía a ustedes que habíamos encargado al Ministerio de Justicia, --lo hemos dicho a lo largo de estos días de manera, en fin, sencilla--; la ministra de Justicia ha firmado en el día de hoy una encomienda a la Abogacía General del Estado para que se persone en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en aquellos procedimientos que se sigan contra ellos por actos relacionados en el ejercicio de sus funciones.

La Abogacía del Estado se va a personar, también, en nombre de la Administración General del Estado, en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños o perjuicios a los bienes del Estado en el ámbito de nuestra competencia.

Dicho de otra manera, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a tener asistencia jurídica por parte de la Abogacía General, también, para lo que importa en esos procedimientos en el caso que se den en relación a las agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas contra ellos. El Gobierno decide la protección de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Repito que para esto no era necesario un acuerdo del Consejo de Ministros, pero sí ha sido un trabajo que se había encomendado al Ministerio de Justicia y hoy mismo, como ven, se ha producido su encomienda.

Y, por último, como les decía al principio, hemos aprobado un Real Decreto ley que llegará al BOE el martes. En este Real Decreto el Gobierno ha considerado, primero, la urgencia y, en segundo lugar, la necesidad en protección al interés general de algunas cuestiones sobre las que hemos venido trabajando con ocupación y con preocupación.

Todos sabemos que una parte importante de nuestros derechos se ejercen y se tienen que proteger en el ámbito de las denominadas nuevas tecnologías, los nuevos formatos de funcionamiento de nuestra vida cívica y de nuestras relaciones con las Administraciones Públicas. Todos conocemos la existencia de una ley del 2015 de Seguridad Nacional. Entre los objetivos de Seguridad Nacional de nuestro país están, también, novedades recientes en los últimos años de nuestras vidas que no solamente se alejan del concepto más clásico de la seguridad sino que también se adentran en conceptos obligados por el funcionamiento de nuestra sociedad actual, y me refiero a la ciberseguridad.

En relación a la ciberseguridad hay muchas cuestiones que afectan a la seguridad nacional y al libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades, a las garantías, también, de las relaciones de los propios ciudadanos con las Administraciones Públicas y a las propias Administraciones Públicas entre sí. Esto significa que hemos tomado decisiones que afectan a 7 Ministerios. Es un Real Decreto Ley que tiene 7 artículos, 1 disposición adicional, 3 transitorias y 3 finales.

Es un Real Decreto enjundioso, complejo, por cuanto nos dirigimos a ámbitos muy importantes, ámbitos en los que consideramos la preservación de nuestro Documento Nacional de Identidad como único en la identificación de los españoles; de los servidores con los que operamos en nuestro país y que deben de estar todos en el territorio de la Unión Europea y no fuera en ningún paraíso digital; de las garantías de acceso a los datos públicos y de la protección de las mismas, incluso en el ámbito de la contratación pública; de la petición y de la utilización de datos sobre los ciudadanos y ciudadanas de este país y con qué fines legítimos tenemos esos datos --incluso los pueden tener las Administraciones Públicas para proteger en términos de Seguridad Nacional.

En el ámbito de las telecomunicaciones de nuestro país ocurren cosas que no hacen falta recordarlas porque las vivimos: se nos hackean nuestros dispositivos, se obtienen datos sin nuestro consentimiento que luego se utilizan y se pueden utilizar, evidentemente, contra nosotros. En la protección de nuestro estatuto de ciudadanos y ciudadanas de democracias y de Estados garantistas, en definitiva, tenemos que identificar cada vez más y mejor, y la posibilidad de reaccionar en eso que llamamos ciber amenazas, espionaje, utilización de datos, en algunos casos principalísimos para el funcionamiento de una democracia, como puede ser la utilización de los mismos en procesos electorales.

Hemos visto algunas situaciones -no en nuestro país, afortunadamente, pero sí en otros lugares del mundo-- que nos preocupan. Por tanto, afectamos diferentes áreas de responsabilidad del Gobierno en el estricto ejercicio de nuestras competencias, tal y como la Constitución dice y prohíbe, sin entrar en el ámbito de competencias que no sean nuestras y sin afectar ninguna área que esté expresamente exceptuada en la Constitución para la utilización de los reales decretos-ley de un Gobierno. Naturalmente, no tiene ninguna situación restrictiva el hecho de que estemos en funciones y lo trasladaremos para su convalidación a la Diputación Permanente. Entrará en vigor en el momento en el que esté en el Boletín Oficial del Estado y lo estará el martes.

Ha sido un trabajo en el que veníamos de largo pero hay algunas situaciones que nos preocupan y algunas situaciones en la que el Estado --es la responsabilidad del Gobierno y de la Administración General del Estado-- hemos de estar permanentemente vigilantes y diligentes. En el ámbito digital ocurren cosas que a veces son irreparables; por lo tanto, se trata de reaccionar, también, de manera inteligente, razonable, proporcionada pero con respuesta a las situaciones que podamos tener planteadas. Repito que han sido 7 los Ministerios proponentes y lo trasladaremos a partir de este momento y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado a su convalidación.

Estos son los acuerdos que hoy hemos adoptado, las decisiones que hemos tomado y estoy a su total disposición.