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Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Viernes 18 de enero de 2019

Sr. Grande-Marlaska.- Muchas gracias, ministra. Buenos días. Antes de iniciar mi intervención, a la que hace referencia, como ha dicho la ministra Portavoz, a los acuerdos del Consejo de Ministros relativos a las infraestructuras de seguridad y reiterando las primeras manifestaciones de la ministra Portavoz, indicar como es política y --comparezco como ministro del Interior-- es política de este Gobierno y política del Ministerio del Interior, a indicación del presidente del Gobierno, una lucha efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por esa lacra, por la violencia machista que, desde luego, nos hace bastante peores como sociedad.

Y, también, en estos días es una ocupación principal y prioritaria del Ministerio del Interior y en conjunto del Gobierno, pero también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coordinados por la Guardia Civil tratar de proceder al salvamento inmediato y a dar buenas noticias del pequeño Julen.

Aquí me gustaría también agradecer desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la absoluta corresponsabilidad, también, de la sociedad civil de las empresas públicas de las empresas privadas, compartiendo --quiero decir-- ese propósito de tratar por todos los medios de dar buenas noticias a corto plazo.

Como decía la ministra Portavoz, el objeto de mi comparecencia es manifestarles los acuerdos del Consejo de Ministros del día de hoy sobre infraestructuras de seguridad. Esta, evidentemente, es una política, la política de seguridad, es una política del Gobierno y aunque me compete a mí como Ministerio, como titular del Ministerio del Interior, en realidad todas estas políticas de seguridad repercuten --como bien saben-- en todos los ciudadanos porque son acuerdos importantes, son acuerdos para la seguridad, garantizar la seguridad y, en ese sentido, también, garantizar que todos los ciudadanos, las ciudadanas podamos ejercitar nuestros derechos y libertades con plena dignidad.

Hemos aprobado hoy un Plan para la mejora de las infraestructuras de seguridad del Estado que supone una inversión de 850 millones de euros en un periodo de siete años. El Plan incluye la construcción o reforma de comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil. En este sentido, me gustaría hacer referencia a la importancia de la Guardia Civil en el mundo rural, otra de las prioridades en la política de este Gobierno, garantizar la seguridad, la cohesión territorial en el mundo rural; y todos sabemos cómo la Guardia Civil es una institución fundamental en esa materia. También, infraestructuras penitenciarias y, también, obras de adecuación en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Muchas de estas instalaciones han envejecido o se encuentran en mal estado y han sufrido un importante deterioro en los últimos años, especialmente y es obvio, por la falta de inversión.

Con este gran Plan que hoy hemos aprobado queremos dignificar las condiciones en las que los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior prestan un servicio público esencial al tiempo que también los ciudadanos podrán beneficiarse de las mejoras en las comisarías o cuarteles cuando acuden a cualquier gestión. Es decir, no solo es garantizar las condiciones de trabajo --que es importante y relevante-- del conjunto de los funcionarios públicos sino también garantizar la atención en las debidas condiciones al conjunto de la ciudadanía española.

Este Gobierno asumió a su llegada en junio pasado el compromiso de la equiparación salarial para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ustedes saben, que supone una inversión de 807 millones de euros y asume ahora un nuevo compromiso de mejora de las infraestructuras en las que desarrollan su trabajo. Es una muestra más --entendemos-- de la firme determinación de los gobiernos socialistas con la seguridad del Estado. Quiero recordar en este sentido que cuando José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno dejó la presidencia en el año 2011 el gasto de seguridad reportaban el 0,63% del PIB. ¿Saben ustedes 7 años después lo que reportaban en junio de 2018? 0,52%.No es la crisis, es otro concepto de política de seguridad.

Nosotros hacemos política de seguridad para el conjunto de ciudadanos, y digo que no es conjunto o consecuencia de la crisis, porque estos parámetros ya pudimos verlos u observarlos cuando el presidente González dejó el gobierno en el año 1996, también los parámetros eran del cero 0,62 o 0,63 del PIB, mientras que cuando lo dejó el presidente Aznar en el año 2004, también reportaba aproximadamente el 0,51%, por lo cual quiero decir que la conclusión bastante lógica y objetiva es que a los Gobiernos socialistas les preocupa y les ocupa la política de seguridad como marco donde ejercer el conjunto de los ciudadanos los derechos y libertades.

Para este Gobierno, por lo tanto, el gasto en seguridad es también un gasto social, y esto me gustaría dejarlo claro, pues solo con seguridad se pueden desarrollar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es cierto, verdad, que la seguridad es la base de la convivencia y también de la política de este Gobierno. Permitidme que desarrolle brevemente ahora las principales líneas del Plan en los tres apartados que corresponde.

En primer lugar, lo que denominamos infraestructuras de seguridad, es decir, comisarías y cuarteles. Como digo, muchos de ellos sufren un importante deterioro por la falta de inversiones, especialmente en los últimos siete años. Así lo ponen de manifiesto diversos estudios realizados por el Departamento de Inspección y Servicios del Ministerio del Interior. Algunos ejemplos: más de la mitad de los cuarteles de la Guardia Civil, en concreto un 52%, se encuentran en estado de conservación no adecuada y un 28% tienen más de 50 años. Si nos vamos a las comisarías de policía el 36% tiene un inadecuado estado de conservación y sólo el 20% tienen menos de 20 años.

Por lo tanto, este Gobierno ha tomado la decisión y tiene en cuenta que es hora indefectible de dignificar las instalaciones, lo que abordaremos siguiendo criterios marcados por policías y guardias civiles en parámetros de profesionalidad y necesidad y con una inversión de 275 millones de euros para comisarías, y 275 millones para cuarteles, y 50 millones adicionales para otras obras en instalaciones dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo cual reporta en este concepto de infraestructuras de seguridad 600 millones, vuelvo a decir, en el periodo de siete años.

En segundo lugar, y también, vamos a mejorar --como he dicho-- las condiciones de las dependencias en las que trabajan los funcionarios de prisiones, a los que vuelvo a reiterar mi agradecimiento por su trabajo y su profesionalidad, con una reforma total o parcial de 54 centros penitenciarios y 11 Centros de Inserción Social para el cumplimiento --como también sabéis-- del régimen abierto, y vamos a construir tres nuevas unidades de custodia hospitalaria --lo cual es absolutamente necesario-- destinadas a internos que requieren atención sanitaria especializada, evidentemente, con las necesarias medidas de seguridad.

Con la revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias aprobado hoy se impulsa, también, la construcción de que se hablaba ya en los últimos años de esa necesidad y esa exigencia de parte de la población de la zona de donde yo procedo del Centro Penitenciario Norte III, para la amortización del antiguo Martutene, que se construirá en San Sebastián y que permitirá el cierre del anterior centro penitenciario.

En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros se ha aprobado una reforma integral de los ocho centros existentes Se trata, en esta materia, de un plan urgente de actuación para aproximarnos a los requerimientos legales y humanitarios, recordar que este Gobierno y este Ministerio siempre se habla en parámetros de seguridad y de humanidad, pues con estas obras se atiende a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo y por los jueces y juezas de control y, también, por el resto de organismos nacionales e internacionales que señalaban y siguen señalando que estos Centros no reúnen las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión, que recordemos no han cumplido delito alguno.

Por otra parte, se desarrollará un nuevo modelo de Centro que recoge los planteamientos requeridos por diferentes organismos y entidades en materia de derechos humanos. Sin menoscabo de la seguridad de la que deben disponer estas instalaciones, el nuevo modelo de centro permitirá una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas en ellos ingresadas. El primero de estos Centros se construirá en Algeciras en una parcela contemplada en el convenio suscrito el pasado mes de noviembre entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de la citada localidad de Algeciras. Con este nuevo modelo de CIE pretendemos garantizar --como he dicho antes y lo reitero-- la seguridad con la humanidad. Todo este Plan de Infraestructuras que he comentado lo ejecutará la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos, la Siep, en un plazo, en este caso de tres años, en lo que hace referencia a los centros de internamiento. Todos los Planes de Infraestructura son de 7 años, excepción hecha de los centros de internamiento cuya remodelación, la remodelación de los 8 centros actualmente existentes y adecuación, será durante el año 2019 y la construcción del nuevo centro de Algeciras, el nuevo CIE --por así decirlo--, el que va a ser el parámetro preciso de lo que es el CIE, se desarrollará durante los años 2020 y 2021.

El concepto de seguridad con humanidad inspira la decisión de este Gobierno que anuncie nada más llegar al Ministerio de reforzar la seguridad, también, vuelvo a decir, reforzar la seguridad del sistema fronterizo en Ceuta y Melilla con elementos tecnológicos inteligentes que reforzando la seguridad -insisto-- no resulten lesivos para las personas. Durante estos siete meses hemos estado trabajando, desde que llegamos al Gobierno, hemos estado trabajando en ese proyecto de mejora y refuerzo de la seguridad de la frontera pues ya contábamos con un Informe de la Inspección de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que ponía de relieve que hay muchos puntos vulnerables y que diversos elementos técnicos con los que tienen que trabajar los agentes de la Guardia Civil allí destinados están obsoletos y no cumplen ni de lejos la necesaria función de prevención y control de los flujos migratorios irregulares.

Y me preguntaréis de cuándo era ese Informe que obraba en la inspección del Ministerio del Interior, pues os comentaré, se había realizado en junio, está firmado el 10 de junio de 2017, es decir, un año antes a llegar el Partido Socialista al Gobierno.

¿Qué se había hecho con ese Informe? Estaba en un cajón y, evidentemente, no se había acometido ninguna de las reformas sugeridas ni se había tomado medida, ni siquiera para poder realizar un Informe complementario de ejecución y de propuesta efectiva.

El Plan que hoy hemos aprobado está integrado por actuaciones a corto y medio plazo orientadas al refuerzo y modernización de las infraestructuras y de los medios tecnológicos para incrementar la prevención y lucha contra la inmigración irregular, mejorando la eficiencia y seguridad para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con pleno respeto a los derechos de los migrantes.

Quiero decir, y vuelvo a repetir, que reiteraré hasta la saciedad que el objetivo y la finalidad y lo que se consigue con estas obras va a ser mayor seguridad en el control, digo mayor seguridad, es decir, adecuación de las fronteras a los márgenes de seguridad importantes que permite el estado de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial y, evidentemente, a una coordinación de esfuerzos, a una transparencia con el Reino de Marruecos, con quienes mantenemos evidentemente en todas las cuestiones una corresponsabilidad en el control de las fronteras y, evidentemente, en la lucha contra la migración irregular y la cooperación en el marco ya general de las políticas de los respectivos Estados.

De estas medidas, hay unas medidas que son las que se adoptarán en primer lugar es que se desarrollarán durante el año en 2019 y se concluirán en este año, en el presente año 2019. En ese sentido un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión en el perímetro fronterizo de Ceuta; en segundo lugar, una mejora de la red de fibra óptica y ampliación del sistema de circuito cerrado de televisión, circuito cerrado de televisión del perímetro fronterizo de Melilla; en tercer lugar, modernización y refuerzo de las infraestructuras de seguridad de los perímetros fronterizos de España con Marruecos de las ciudades de Ceuta y Melilla; en cuarto lugar, la adecuación de las zonas de tránsito de peatones y otras mejoras en el puesto fronterizo del Tarajal en Ceuta; y, en quinto lugar, la implementación del subsistema de reconocimiento facial de los pasos fronterizos del Tarajal en Ceuta, y de Beni Ensar, en Melilla.

Posteriormente avanzaremos en una nueva frontera inteligente en el puesto fronterizo de Beni Ensar en Melilla y en una reforma integral y ampliación del puesto fronterizo del Tarajal en Ceuta.

Con todas estas actuaciones en las que hemos trabajado en coordinación con Marruecos se mejorará la seguridad y eficacia de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La seguridad en el trabajo, la seguridad y la eficacia de los agentes se consigue dándoles medios, no hablando. Y el tránsito también se mejorará de las personas que circulan a diario por los pasos fronterizos de las ciudades autónomas, que no debemos obviar -evidentemente-- la importancia del paso diario de las personas que por cuestiones laborales, cuestiones personales, cuestiones de asistencia a centros educativos, etcétera, mantienen --evidentemente-- un flujo diario en los pasos fronterizos de las dos ciudades.

Como podéis observar este Ministerio y este Gobierno, cumple, este es un proyecto que simboliza la filosofía de la acción política de este Gobierno. Dijimos que se iba a hacer y se está haciendo porque nos tomamos muy en serio la seguridad y los derechos humanos, y quiero resaltarlo, ambas son realidades perfectamente compatibles.

Finalmente, quería agradecer en relación a todo este Plan el trabajo que están desarrollando, que han desarrollado y que seguirán desarrollando para materializar esta importante inversión, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio, todos los departamentos dependientes de la Secretaría de Seguridad del Estado que han trabajado de forma incansable y sin solución de continuidad y con esas indicaciones precisas y dadas de garantizar un marco de seguridad para el conjunto de los ciudadanos, de las ciudadanas españolas. Y, también, evidentemente, a la Subsecretaría del Ministerio en los ámbitos que le corresponden y que también han trabajado, como no podía ser de otra forma.

Y como esto es una política de Gobierno, pues quería agradecer a todo el Gobierno, pero especialmente a la ministra de Hacienda, a la secretaria de Estado también de su ministerio, y a la subsecretaria también del Ministerio de Hacienda por el trabajo, la comprensión, y por entender que esto --evidentemente-- no podía prolongarse en el tiempo, es decir, la ausencia de inversión y que entre todos teníamos que hacer un esfuerzo complementario porque reitero que la seguridad es la seguridad para el ejercicio de los derechos y libertades.

Finalmente, y fuera de esto, me gustaría dejar constancia de cómo el Gobierno también ha acordado la desclasificación de parte de documentos que estaban sujetos a la Ley de Secretos Oficiales. Saben ustedes que el 7 de diciembre pasado el Gobierno ya acordó la desclasificación de concretos documentos afectos a los secretos a la Ley de Secretos Oficiales, también a la ley de 1995 de fondos reservados solicitado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, en lo que se denomina policialmente la "Operación Kitchen".

En ese sentido, posteriormente, ha habido una petición del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el marco de otra de sus causas, solicitando la misma desclasificación de los mismos documentos y por tener implicación directa con el objeto de la investigación en una de sus causas penales. El Gobierno ha acordado igualmente la desclasificación de esos documentos para la causa seguida ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 y referir como ha habido una ampliación porque en el tránsito entre el 7 de diciembre cuando se hicieron las indagaciones sobre los documentos afectos a esa a la denominada -vuelvo a decir-- policialmente, "Operación Kitchen", han aparecido otra serie de documentos, unas notas --ya digo, para evitarla la pregunta o limitarla--, de notas de seguimientos de concretas personas relacionadas. Esto quiere decir que, también, esos documentos afectan a "Kitchen" han sido desclasificados para el Central 5 y, también, se han desclasificado para el Central 6 en la causa y en la petición que realizó o formalizó en diciembre pasado, consecuencia precisa de que en el acuerdo del Consejo de Ministros que podrán recordar o acceder a él del 7 de diciembre en relación al mismo, se desclasificada el conjunto documentación que pudiera hacer que hicieran referencia a la denominada --vuelvo a decir-"Operación Kitchen", y referir cómo el Gobierno de la Nación a la hora de desclasificar los documentos tienen en cuenta, evidentemente, como no podía ser de otra forma, y por imperativo legal, el principio de la seguridad nacional, evidentemente es un principio, pero también la tutela judicial efectiva. Son los dos principios que tienen que responder.

Evidentemente este Gobierno a la hora de actuar en ese sentido actúa a requerimiento judicial, las dos ocasiones en que se ha acordado una desclasificación ha sido, evidentemente, a requerimiento judicial y en un marco de causas absolutamente graves, por hechos absolutamente graves, y la imputación de supuestos delitos que entran en el marco de la corrupción y supuestamente en la utilización de medios públicos con fines ilícitos y ajenos -vuelvo a decir-- supuestamente a lo que debe de ser el cumplimiento de la lealtad a la Función Pública a la que todos los que nos dedicamos a algo tan digno como la causa pública debemos atenernos.

Ministra, muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)