Respuestas a los medios de comunicación

Ministra Portavoz y de Educación, Celaá, quería preguntarle por las palabras que ayer dijo. Recordó que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no emana del artículo 27 de la Constitución. Lo destacó en su discurso en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas. Quería saber por qué dijo eso ayer y por qué en este foro. Y luego, otra duda más, la OCDE -ha salido ahora hace un rato- que aplaza los resultados de España sobre la lectura en el Informe Pisa por anomalías. ¿A qué se debe este aplazamiento?
Portavoz.- Bueno, en primer lugar, he de decir que, efectivamente, fui invitada al XV Congreso, creo que era, de Escuelas Católicas, y allí me referí al programa y al proyecto educativo que tenemos ya realizado, y que ellos conocen, y que los tenemos para acordar y para avanzar sobre una reforma del modelo educativo para la que recabamos el acuerdo de todos.

En la parte más teórica recordé las sentencias del Tribunal Constitucional en relación al contenido del artículo 27 de la Constitución, que hace referencia, como todo el mundo sabe, a la libertad de enseñanza cuyo contenido se refiere a la creación de centros y al derecho a tener, es decir, a la libertad de cátedra. Y afirmé también --y yo creo que igual textualmente va mejor-- dije, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger, elegir, centro educativo, podría ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos formarán parte del haz que puedan tener los padres en las condiciones legales que se determinen.

Es decir, hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado, por las leyes que salen de la Constitución. Pero el artículo 27 sólo hace referencia, e hice referencia, primero, al derecho de todos a la educación, a la creación libre de centros y, además, libertad de cátedra. Y eso es lo que dice el artículo 27. Y ahí pueden recogerse 30 sentencias del Tribunal Constitucional que vienen a decir lo mismo: elegir un centro concreto forma parte, obviamente, de la legislación, que habla de la programación de la enseñanza y que está sujeta, efectivamente, a la disponibilidad del centro, al espacio del centro, a la zona, etcétera. Por lo tanto, esta es una cuestión absolutamente recogida, como digo, en las sentencias del Tribunal Constitucional y que todo el mundo conoce.

Es decir, si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darles la razón; con lo cual podríamos caer en el absurdo de que todo el mundo quisiera ir a un centro que no tiene esa capacidad.

Este es un discurrir que absolutamente formaba parte de un párrafo teórico que recogía las sentencias del Constitucional y que en ningún lugar ha sido objeto de controversia exagerada. Es más, yo estaba con las autoridades religiosas y no lo fue en su momento. Esto fue una cuestión que se fue alimentando a lo largo de la tarde, como ustedes saben mejor que yo.

Pero sí he de decirles que algunos llevamos dedicándonos a la educación la mayor parte de nuestra vida, por no decir toda. Es decir, 30 años. Y hemos trabajado en la educación sabiendo que era un servicio que se prestaba por la red pública y por la red concertada, en una proporción equivalente al 67 coma y pico por la red pública, el resto por la educación concertada.

Es más, les voy a decir que, precisamente, el Partido Socialista ha sido el baluarte más claro de la defensa de la educación pública y la educación concertada. Baste decir que la LODE, que es precisamente la que regula los conciertos educativos, se promulgó en el año 85, en época de Felipe González, con alguna objeción por parte de algunas otras fuerzas de signo opuesto.

Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial, y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la red pública. Hemos trabajado con la red concertada. Hemos llegado a acuerdos con la red concertada y, obviamente, los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo, libertad de elegirlo, dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.

Con respecto a la OCDE. Es una cuestión de la OCDE exclusivamente. Esto se corresponde a la medición que hacen de la prueba de lectura -según hemos visto en la notificación que ha hecho la propia OCDE--, prueba que se pasó en mayo de 2018; como ustedes saben, se pasó la prueba Pisa. Se pasaron las pruebas en matemáticas, en física, y la prueba de lectura.

Por lo tanto, la pasaron los Colegios en mayo de 2018. Se corresponde con gestión del anterior Gabinete. Nosotros, recuerden, que llegamos aquí, yo creo que fue en junio; es decir, que en mayo de 2018. La OCDE afirma que ha observado anomalías en esa prueba de lectura que no se corresponden con la dinámica lógica, es decir, con la secuencia lógica que han de reflejar unos resultados escolares en la prueba de lectura. Y ha decidido aplazar la publicación de los resultados de lectura estatales y regionales Pisa 2018 de España. Y no se incluirán en el conjunto inicial de informes -les estoy leyendo la nota- que se publicarán el 3 de diciembre de 2019. Aplazar. Sin embargo, los resultados de España en matemáticas y ciencias se publicarán en esa fecha. Y dice: "un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura, la sección de fluidez lectora, de una forma que era patente que no representaba su competencia lectora real". Y pone un ejemplo, dice: "En muchos casos, los estudiantes contestaron esa sección de fluidez lectora de manera apresurada, empleando menos de 25 segundos en total para responder a 20 preguntas". Eso es lo que dice.

"En comparación -sigue- los estudiantes que dedicaron el esfuerzo adecuado a las preguntas emplearon por lo general entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar esa opción".
Por lo tanto, lo que nos dice la OCDE es que va a aplazar la publicación de los resultados de lectura estatales, ¿por qué? Porque no parecen ser coherentes en la opinión de la OCDE, con lo que pudiera esperarse de los resultados de los estudiantes españoles en lectura. No es la primera vez que ocurre. Esto le ha ocurrido a la OCDE en Estados Unidos, en Holanda… Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay.

P.- Paula de las Heras, de Colpisa. Buenos días. Ha dicho usted que es momento para seguir fomentando el diálogo y frente a fórmulas del pasado, apostar por las del futuro, que serían el entendimiento, el encuentro y la convivencia. Estoy hablando de Cataluña. Quería que me especificara qué son exactamente las fórmulas del pasado, a qué se refiere con fórmulas del pasado.
Y, por otro lado, quería saber si el Gobierno estaría dispuesto a retomar la última propuesta que hizo la Generalitat en el marco del Acuerdo de Pedralbes justo antes de que hubiera que repetir elecciones, de que hubiera que adelantar elecciones por la falta de acuerdo sobre los presupuestos. Si ésa es una opción o si lo descartan por completo. Gracias.

Portavoz.- Esto no corresponde al Gobierno contestarlo, como ya le digo; corresponde a los grupos parlamentarios, a las fuerzas parlamentarias gestionar el acuerdo suscrito el martes entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Nos hemos limitado, como Gobierno, a releer dos puntos importantes y a decir que, efectivamente, había que gestionar, hay que gestionar, los resultados de esta segunda convocatoria electoral. Y que con la suma del Partido Socialista y de Unidas Podemos se aglutina un eje de 155 diputados que van a trabajar para merecer el respaldo de otras fuerzas políticas a las que el propio presidente del Gobierno en funciones y Secretario General del partido ha pedido responsabilidad. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque ahora se abre un camino. Un camino en el que hay que progresar. ¿Y cómo hay que progresar? Oiga, con acuerdo de todos, con la excepción del que se ha excluido, que es Vox. Nada más.

P.- Irene Castro, de eldiario.es. Sobre esto yo les quería preguntar ¿qué valoración hacen de que esa suma sea diez escaños menor de lo que lo era el 28 de abril? Si consideran ustedes que se han perdido seis meses. Y, dado que hoy ha sido el primer Consejo de Ministros, quería preguntarles si el presidente en funciones les ha dicho algo sobre su continuidad a los miembros el Gobierno dado que van a entrar, sí o sí, personas de otro partido.

Y, respecto a la parte de educación, ministra, quería preguntarle si tienen algún plan para paliar la segregación de la educación pública y la concertada, porque diversos estudios lo que dicen es que el alumnado con más problemas socioeconómicos están en la educación pública mientras que los privados acogen a prácticamente todos los alumnos con recursos.
Y, luego, si hay planes también, para modificar los acuerdos con la Iglesia, respecto a los conciertos educativos o esto es algo que queda en manos de la revisión de los acuerdos con la Santa Sede que prometió Pedro Sánchez en campaña. Gracias.

Portavoz.- El Ministerio de Educación no tiene ningún plan para revisar los acuerdos religiosos suscritos en el 79 con la Santa Sada, para nada. Como he referido antes, la cuestión fue meramente teórica y, además, ha de quedar bien y manifiestamente claro que, efectivamente, una cosa es la libertad de enseñanza y otra elegir un centro u otro. Por tanto, no existe ningún plan para revisión de nada. Puede, de momento, estar tranquilo el sector. De momento. Y, en fin, tranquilo porque lo llevamos gestionando 30 años. Es decir, que no hay ninguna razón para esta controversia exagerada.

En relación a la educación pública que usted me comenta, habré de decirle que, efectivamente y según afirman las estadísticas, la red pública afronta casi siempre los mayores esfuerzos del sistema, pero también he de decir que hay educación concertada que los aborda y que los afronta y también hay entre la pública diferencias. Trabajamos para ir eliminando la segregación. Es decir, para ir eliminando las diferencias tanto en la red pública como en la red concertada. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección porque, obviamente, el derecho a la educación es de cada persona; es un derecho fundamental y nos corresponde correlativamente prestar ese derecho. Y ese derecho lo tiene un alumno igual en la educación pública que en la educación concertada. Igual si es inmigrante y tiene una dificultad en la lengua, en la adquisición de la lengua del país, como si no la tiene. Por lo tanto, ahí tenemos que estar reforzando.

Precisamente, les estaba hablando de los planes de cooperación territorial, y les he dicho que 80 millones de ellos iban, precisamente, a programas de refuerzo, de procurar mejorar y reforzar aquellas personas que están en una situación más débil.

El Gobierno en su conjunto tiene enorme confianza en el presidente en funciones y entre nosotros también, y compartimos la responsabilidad que, obviamente, toca a un Gobierno de España. Por tanto seguimos en el progreso con la idea de configurar un Gobierno antes de Navidad.

No sé si había una para la Ministra.

Sra. Valerio.- Yo creo que ya ha contestado la ministra Celaá sobre si el presidente ha dicho algo en relación a la continuidad de ministros y ministras. No. El presidente no ha dicho absolutamente nada de ello, como era menester. Es decir, el presidente ya dijo el martes, cuando se suscribió el acuerdo con Unidas Podemos, que será una vez que esté investido presidente cuando afrontará los cambios que menester sean de su Gobierno, y lo que estamos haciendo, el actual Gobierno, pues es seguir en funciones y funcionando.

A mí hay muchas personas que en estos días me preguntan que si me preocupa mi futuro. Pues no. No me preocupa en absoluto, ni el mío ni el del resto de los miembros del Gobierno porque, como ven ustedes, para no preocuparse uno lo mejor es estar ocupado. Así que yo me he ocupado todos estos días pasados en que venga el Real Decreto-ley al Consejo de Ministros y Ministras y en la modificación que hay que hacer en la autorización del Fondo de Reserva. Estos pequeños detalles de los cuales depende el que cobren las pensiones adecuadamente cerca de nueve millones de personas. Así que, por lo tanto, uno, cuando está ocupado, no tiene tiempo de preocuparse.

P.- Eulogio López, de Hispanidad. Siguiendo con esa polémica exagerada, ministra. Vamos a ver, dado que usted dice que es una cuestión teórica la que planteó, vayamos un poco al fondo de la teoría. Dígame usted, como ministra de Educación, ¿quién debe educar a los niños o quién debe decidir cómo se educan: los padres o el Estado? Que al final es lo que late un poco al fondo. Y, luego, también quisiera preguntarle sobre este asunto: cuando habla de que es la enseñanza pública la que afronta últimamente ¿puede decirle a los alumnos del nivel más bajo, con lo que eso cuesta, cuánto le cuesta al Estado, es decir, a todos los españoles, el coste de un alumno en la enseñanza pública, y cuánto en la privada?

Y, luego, para la ministra Valerio. Quisiera decirle que la ministra Portavoz ha insistido que una de las bases, uno de los ejes, del próximo Gobierno será la justicia fiscal. Cualquier concreción sobre en qué consiste esa justicia fiscal, es decir, la próxima política fiscal, será de agradecer; pero, en cualquier caso, a la ministra Valerio quisiera preguntarle: entiendo, por lo que nos ha explicado del Decreto-ley, que ni de lejos se puede plantear una bajada de la cuotas sociales --ni de lejos, ni en el tramo empresarial, ni en el tramo laboral, de los trabajadores--, pero ¿es idea del Gobierno, del futuro Gobierno, plantear nuevas subidas a las cotizaciones sociales?

Portavoz.- Yo creo que España será aproximadamente, no sé si el único, puede ser que uno de los dos países europeos en los que las fuerzas conservadoras no aceptan de manera natural que la educación pública ha de ser defendida por todos, por todas las fuerzas políticas, por todas las fuerzas representativas. Pensar que la educación pública es dejar la educación al Estado es un error de primera magnitud. Lo es. Es decir, es tratar de polarizar. Pero en fin, esto ya no es información de la rueda de prensa, esto forma parte ya de una, en fin, de lo que pueda ser una reunión, una conferencia. Es decir, esto es un error. No estamos en países totalitarios donde, oiga, el Estado educa a los niños y a las niñas. Esto no es así. Vamos a ver. Esto se abre cuando se abre la democracia. Es decir, los centros educativos públicos, iguales que los privados, están sujetos, lógicamente, a control de la ciudadanía, para eso están los Consejos Escolares de los centros. Al control; al control público.

Y, efectivamente, en España no sé por qué -bueno, sí sabemos, esa era nuestra historia en el mundo de la educación-- pero las fuerzas políticas conservadoras deberían, de una vez por todas, afirmar con contundencia la defensa de la educación pública. Igual que las fuerzas políticas no conservadoras -vamos a llamarlas progresistas, porque así quiero llamarlas- defendemos la educación concertada. Es más, tanto la hemos defendido que le hicimos una Ley para la concertación en el año '85.

Por tanto, afirmamos con toda contundencia que el servicio de la educación se presta en España a través de la red pública y de la red concertada. Y también hay centros privados. Y respetamos la educación concertada, la red concertada, y la hemos venido respetando. Y hemos llegado a acuerdos importantes con la red concertada. Acuerdos importantes. Y la hemos atendido, si ustedes me permiten, con mayor asiduidad y con mayor esmero que otros que nos precedieron.

Por tanto, ¿por qué digo que es una controversia exagerada? Es una controversia exagerada porque lo que se contuvo ayer en la parte teórica no era ni más menos que el contenido de 30 sentencias del Tribunal Constitucional. Y ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo? Mire, aclarar en el propio foro, con toda honestidad, que una cosa es un derecho constitucional y otra cosa es una libertad de elección de centro. Porque cuando --y ustedes tendrán hijos, algunos, o sobrinos-- cuando a algunos de ellos no les dejan, porque no pueden entrar en un determinado centro educativo, ustedes no van al Tribunal Constitucional en defensa de su derecho.

Por tanto, claro, la gente lo sabe. Las personas lo saben. Por lo tanto es muy importante que al nivel del cruce político, del discurso político, estas dos cosas estén perfectamente deslindadas, y no hay más. O sea, esta exageración: "va contra la concertada", oiga, ¿de dónde? ¿A quién le interesa? ¿Por qué es eso? Por lo tanto, esto es así.

Ahora, con respecto a los costes que usted me dice, ahora no se los puedo dar, evidentemente. No los tengo disponibles. Pero usted tiene que pensar, también, aunque esto ya no forma parte de la rueda de prensa, esto es una conferencia, ¿no?, claro. Que no es lo mismo prestar el servicio de la educación en el centro de la ciudad con una cierta homologación de alumnos y alumnas --y esto, vamos, lo hemos vivido en el norte, yo lo he vivido cada día--, que prestar ese mismo servicio en el pico de un momento. Pero es que el niño que vive en el pico del monte o en la zona rural tiene exactamente el mismo derecho que el niño que vive en el centro de Madrid. Y esos centros públicos que están en el centro de Madrid, por no ponerle el ejemplo de los concertados, tiene menos gasto por alumno que el que tiene que prestarlo en el centro del monte. Me explico. Es lógico. Esto debería ser de dominio público. Pero esto hay que pensarlo, también. Con todo aprecio se lo digo, pero vamos a tratar, porque yo digo que merece la pena en educación hacer ese tránsito de o la familia o el Estado. Oiga, no, mire. La familia educa. Tiene que educar. Pero también tiene que ayudarse de los servicios de la educación, ¿verdad? Porque no conozco a ninguna madre o padre que lleve a un niño a un centro de salud y le diga al pediatra, oiga usted no le ponga esto. ¿Por qué? Porque no me parece bueno.

Entonces, pensemos en eso. Pensemos en la persona, en los derechos superiores del menor, que tiene, obviamente, por una parte, la educación de sus padres, pero también la educación de los profesionales, que para eso son profesionales. Eso no es el Estado. Hay una, obviamente, hay un control de la ciudadanía, para eso están los Consejos Escolares. Bueno, perdón, perdón.
Sra. Valerio.- Sí, bueno, me había preguntado si teníamos previsto bajar las cotizaciones. Pues, francamente, no. No, no podemos bajar las cotizaciones con la situación que tenemos en estos momentos en la Seguridad Social de nuestro país. Lo que sí que queremos garantizar es el poder adquisitivo de las pensiones. Para eso deben seguir subiendo según el IPC real de cada año. Así que para eso, evidentemente, para poder financiar correctamente todas las prestaciones del sistema, incluidas dentro de las prestaciones del sistema las pensiones, que también hay subsidios, no podemos bajar las prestaciones sociales.

En relación a garantía de poder adquisitivo, sí que hay un preacuerdo en la comisión del Pacto de Toledo. Concretamente, en la mesa y portavoz del Pacto de Toledo, la recomendación dos, se llegó a un preacuerdo de todos los grupos políticos de garantizar la subida según el IPC real de cada año. Lo que pasa es que ese preacuerdo no elevó a acuerdo porque el Pacto de Toledo el día 19 de febrero de este año descarriló tras la convocatoria electoral, y no se pudo convocar. Vamos, se pudo, pero la presidenta, la señora Celia Villalobos, no quiso, no tuvo a bien, convocar la comisión del Pacto de Toledo, el plenario, para haber llegado ya al acuerdo definitivo de todas las recomendaciones, veintitantas que hay del Pacto de Toledo, que quedaron ahí, prácticamente cerradas todas ellas.

Y, luego, en relación a si se van a subir. Desde luego, las cotizaciones van a ir subiendo --porque espero y deseo que vayan subiendo, se cree más empleo, vayan subiendo los salarios según convenio, ese cuarto ANC que suscribieron los sindicatos y los empresarios el año pasado, a principios de julio, y se está aplicando un incremento de retribuciones y de cotizaciones. Desde luego, también porque el empleo que se crea y el empleo que existe sea cada vez de más calidad; es decir, contratos temporales que se están convirtiendo en indefinidos -muchos de ellos por la acción de la Inspección de Trabajo, por cumplimiento de ese Plan Director por un trabajo digno y esos planes de choque que existen-, que los contratos a tiempo parcial, que son a tiempo parcial, vale, pero los que son a tiempo parcial y realmente son a tiempo completo, que implica más cotización, también se están regularizando gracias a la acción de la Inspección, el contrato a tiempo de parcial. Así que eso va a implicar más cotización.

El control del fraude laboral y el fraude a la Seguridad Social en su conjunto; en los últimos meses, cientos y pico mil puestos de trabajo que han aflorado de la economía sumergida han emergido a la economía en A y han dejado de estar en B, simplemente esos han sido 1.300 millones de euros más de recaudación para la Tesorería General de la Seguridad Social.

Y, luego, cuando ya el Gobierno deje de estar en funciones y esté en plenitud de funciones, habrá que decidir sobre subir el Salario Mínimo Interprofesional, que siempre implica una subida en la misma proporción de la base mínima de cotización, pues hay que ver si se sube o no, y cuánto, la base máxima. En fin, todas estas cuestiones están un poco pendientes. Hay una serie de compromisos del Partido Socialista Obrero Español en el programa electoral, pero me van a permitir ustedes que, como esto es la rueda de prensa del Consejo de Ministros y Ministras, no me lance a pormenorizarlos. Pero evidentemente, necesitamos que se vayan incrementando las cotizaciones, que se vaya incrementando la transferencia del Estado a la Seguridad Social, que cuanto antes se retome el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo en esta materia tan importante, no solamente para los pensionistas presentes, sino también para las personas que en algún momento de nuestra vida -algunos más pronto que tarde- aspiramos a jubilarnos. Y todos los que estáis aquí, que sois más jóvenes, también aspiráis a hacerlo. Y, además, que la pensión sea digna, que no baste sólo la pensión, sino digna.

P.- Juan Ruiz, de Elperiódico. Sí. Tenía varias preguntas, todas para la Portavoz. Por un lado, Esquerra ha pedido, Esquerra Republicana, ha pedido una reunión con Junts per Catalunya para consensuar -la ha pedido hoy-- su voto en la investidura. Quería preguntarle si esto, a ojos del Gobierno, complica la reelección de Pedro Sánchez.

Por otro lado, y de forma más general, me gustaría que nos explicase por qué la fórmula de Gobierno que hace sólo unos días abocaba a España a la inestabilidad --es decir, una coalición con Podemos que dependiese de los independentistas-- es ahora la única alternativa para que haya un Ejecutivo estable.

Y, luego, una cosa muy pequeña. Usted ha dicho, "no tenemos ningún plan para revisar los acuerdos con la Santa Sede". Teniendo en cuenta que estaba en el programa electoral, quería saber en qué ha quedado ese compromiso. Gracias.

Portavoz.- Por empezar por la última, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional no tenemos ningún plan para revisar nada. Es decir, no se debe conectar la disquisición teórica que se hizo ayer sobre el artículo 27, y su contenido, con acuerdos de la Santa Sede. Para nada, para nada. Por tanto, en relación al desarrollo del programa, todo el programa, como usted bien sabe, el programa electoral ha de ser, habida cuenta de que no hay mayoría absoluta, convenientemente acordado con el resto de fuerzas políticas.

En relación a la única alternativa, es la única alternativa posible en el nuevo escenario. Por tanto, es la única alternativa posible.

Y, en relación a ERC y Junts per Cat, ya les he contado al principio que no me iba a ocupar del itinerario, que quienes se ocupaban de ese itinerario eran las fuerzas parlamentarias.
P.- Carlos Cué, de El País. Sí, muchas gracias. No se va a ocupar de los itinerarios y de las negociaciones que llevan los partidos pero, como Gobierno y para dar tranquilidad a la ciudadanía y a los mercados, ¿creen que hay riesgo real de que esto acabe en unas terceras elecciones? ¿Ese riesgo está encima de la mesa?

También le quería insistir con el tema de la OCDE. Es un asunto bastante grave, entiendo que alguna información tendrá el Ministerio, algún intercambio de información habrá habido con la OCDE, porque, probablemente, si hay algún responsable, habrá miembros del equipo de profesores o miembros de la comunidad educativa, que podrían estar implicados. ¿Qué información tiene? ¿Van hacer alguna investigación interna o alguna cosa por el estilo?

Y a la ministra Valerio le quería preguntar: lo que nos ha planteado lo ha explicado con detalles técnicos, pero al fin y al cabo no deja de ser pedir un crédito para pagar pensiones. Luego nos ha planteado la idea de sacar del Fondo de Reserva. Quiero decir, para tranquilidad también de pensionistas y, en general, de ciudadanos, ¿en qué situación -descrito en palabras que pueda entender todo el mundo- en qué situación estamos? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin Presupuestos, en esta situación, con el Pacto de Toledo -como usted ha dicho- embarrancado? ¿Cuánto tiempo podemos estar así, si realmente la situación es de alerta? Gracias.

Sra. Valerio.- Bueno, lo que yo he explicado lo mismo no lo he explicado bien, aunque he intentado explicarlo lo mejor que sé, pero no es pedir un crédito. El crédito estaba ya concedido -esos 13.000 y pico millones de euros- y están en el Presupuesto prorrogado. Es decir, esto que hoy se ha acordado es poder utilizar; o sea, va a haber una recaudación sí o sí. Y unos mayores ingresos sí o sí. ¿Qué ocurre?, que esos mayores ingresos, técnicamente, todavía no están ni recaudados ni contabilizados. Es poder utilizar, digamos, a priori esa cantidad para que, evidentemente, la intervención admita ese incremento a cargo de mayores ingresos que algunos ya se han ido desarrollando a lo largo del año, pero que están; no es un incremento del crédito. El crédito es el que había en el Presupuesto prorrogado.

Osea, esto no significa más crédito. Ni la transferencia de los 600 millones significa más crédito. Es una transferencia del Tesoro Público a la Tesorería General a fondo perdido, digamos, nos transfieren ese dinero. Igual que nos están transfiriendo, a lo largo del año, dinero para pagar las pensiones no contributivas; nos transfieren dinero para pagar la asignación que hay por hijo a cargo, la prestación por hijo a cargo (no por paternidad y maternidad, sino por hijo a cargo) y, también, para los complementos a mínimos. Pues si esos son diez mil y pico de millones al año. Pues ahora lo que se hace es que no se incrementan -perdón es que tenía aquí la cifra-; la transferencia habitual es 11.608 millones al año -11.608 ha sido para este año-, como digo: complementos a mínimos, pensiones no contributivas, y prestaciones familiares; del Presupuesto Prorrogado han venido 1.331 y, ahora, 600 millones de euros, más los 1.331, osea, 1.931 al final. Osea, la que ya teníamos más el Prorrogado, más los 600 millones de euros 'extras' que nos da Hacienda. Pero estos no son préstamos, son transferencias del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. Osea, que el préstamo no se ha incrementado.

¿En qué situación estamos? Pues estamos en una situación que, como digo, sería muy importante que cuanto antes --el día 3 se constituyen las Cámaras-- se pueda volver a reunir la Comisión del Pacto de Toledo, que tiene que ser acordada, primero, en el Pleno del Congreso. Hay algunas Comisiones que hay que volver a crearlas, no es automático. Así que tiene que haber un acuerdo del Pleno y luego que se constituya la Comisión del Pacto de Toledo para que cuanto antes retome esas recomendaciones; la renovación de las recomendaciones que se quedaron pendientes, no de esta Legislatura, donde no ha habido lugar, sino de la Legislatura número XII. Así que, que se retome. Y, luego, recuperar la Mesa del Diálogo Social, que también estuvo a punto de haber un acuerdo entre UGT, Comisiones Obreras, CEOE-CEPYME y el Gobierno.

¿Qué es lo que hay que hacer? Pues está claro. Está meridianamente claro: la Seguridad Social está en déficit. Tenemos en torno a unos 17.000 millones de euros, redondeando, de déficit. Hemos ido bajando el porcentaje en relación al PIB, porque el PIB, el Producto Interior Bruto, va subiendo, pero tenemos la Seguridad Social en déficit. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un plan a cinco años --es el planteamiento que hay en el Pacto de Toledo, en la Mesa de Diálogo Social--; podemos hablar de más o menos años, pero hay que hacer un plan para reorientar el trasatlántico y tenerlo reorientado, desde el punto de vista financiero, de sostenibilidad financiera del sistema; hacia el 2024-2025, cuando empecemos a jubilarnos ya la generación del 'baby-boom', tiene que estar saneada la Seguridad Social. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Aparte de más empleo, y de más calidad, mejores retribuciones, más cotizaciones, lucha sin cuartel contra el fraude laboral y el fraude de la Seguridad Social, porque es insolidario y, además, es competencia desleal para las empresas que cumplen, que por ahí también podemos recaudar unos cuantos miles de millones de euros todos los años.
Y luego, por supuesto, también hay que hacer otra cosa, que es gastos impropios, que nos prestaciones contributivas del sistema, que llevamos muchos años pagando con cotizaciones, progresivamente se tienen que ir pagando con impuestos. Así que, progresivamente, tiene que ir a más la transferencia del Estado, de la Hacienda, a la Seguridad Social, no de un año de golpe y porrazo, pero sí progresivamente. Y hacer lo que están haciendo el resto de los países de la Unión Europea, que es sumar a las cotizaciones ingresos fiscales. Para eso tiene que haber, evidentemente -que antes lo preguntaban-, una reforma fiscal justa. Y, por supuesto, que paguen los que no pagan. Lo mismo: lucha sin cuartel contra el fraude fiscal. Así que hay que ir reorientando.

No hay un problema de gasto excesivo. Tenemos un 12 y pico por ciento de PIB de gasto en pensiones y, además, incluyendo pensiones no contributivas que se pagan con impuestos y, también, las clases pasivas que se pagan con impuestos. Así que 12 y pico de PIB no es exagerado y habrá que hacer lo que hace el resto de la Unión Europea. Por ejemplo, hay países que se han inventado un impuesto; Francia, la contribución social generalizada. Hay otros países, como Alemania, que complementan las cotizaciones con imposición general. Pues eso mismo tiene que hacer España, poquito a poco, de manera progresiva. Y velar por la sostenibilidad social del sistema, pensiones dignas que garanticen el poder adquisitivo. Y, también, sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo.

Portavoz.- Gracias, ministra. Bueno, en relación a la OCDE. La OCDE es la que tiene los datos. Es decir, los datos pertenecen a la OCDE, que es quien diseña, programa y realiza las pruebas. Obviamente, a nosotros nos interesa, porque hemos participado en esa prueba. Por tanto, lo que hemos hecho es empezar a trabajar en el Ministerio desde la Secretaría de Estado de Educación para identificar las causas de este comportamiento de respuesta por parte de los estudiantes. Porque es un comportamiento de respuesta llamativo, el hecho de pretender contestar en 25 segundos 20 preguntas --en su día, cuando pasaron la prueba. Pero, bien, tenemos los datos en la OCDE.

En cuanto haya claridad en relación a estos datos y, efectivamente, podamos hacer, podamos identificar y tratar, entonces, ya, la OCDE que es, de nuevo, la que tiene los datos, decidirá cuál es la mejor forma de publicación de los resultados.

En relación a las terceras elecciones, que usted me preguntaba, el presidente del Gobierno en funciones ha hecho todo lo posible para abrir la puerta de la gobernabilidad, pactando con Unidas Podemos. No queremos unas terceras elecciones. Por eso estamos haciendo todo lo posible para evitarlas. Ahora corresponde a la responsabilidad del resto de las fuerzas políticas el evitarlas o no. No creemos que vaya a haber terceras elecciones.

Muchas gracias.