Está usted en:

Compartir en Facebook: abre ventana nuevaCompartir en Twitter: abre ventana nueva

Consejo de Ministros

El Gobierno revisará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género

La Moncloa, Madrid, viernes 31 de agosto de 2018
Vídeo

Vídeo

Pool Moncloa

1. Intervención de María Isabel Celaá

La Moncloa, Madrid - 31/08/2018

El Ejecutivo ha aprobado una subvención directa a Cruz Roja española de más de 18 millones de euros para la atención humanitaria a personas inmigrantes. Además, mejorará la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados de Ceuta y Melilla.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un consejo asesor que revisará la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género, con el fin de impulsar un nuevo texto normativo que atienda adecuadamente la realidad social.

Este consejo propondrá las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico actual a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, en particular en los ámbitos civil y penal, lo que constituye un objetivo prioritario para el Gobierno.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha destacado que el consejo estará formado en su mayoría por "mujeres de enorme prestigio en el campo de la magistratura y del estudio de género".

Los miembros del consejo no percibirán ninguna retribución y su funcionamiento se atenderá con los medios del Ministerio de Justicia, por lo que no supondrá incremento de gasto público.

Atención a menores no acompañados

El Gobierno ha regulado la concesión directa de una subvención a las ciudades de Ceuta y Melilla para mejorar la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. Se destinarán 2.345.000 euros a Ceuta y 4.103.890 a Melilla.

Isabel CelaáPool Moncloa/ César P. SendraIsabel Celaá ha reconocido que hay niños menores no acompañados en otras comunidades autónomas, por lo que este asunto se tratará en una reunión prevista a primeros de septiembre.

La protección de la infancia, ha destacado la portavoz, es otra de las prioridades del Ejecutivo. Por ello, ha avanzado, el Gobierno "está preparando una Ley Integral de la Infancia en la que tendrán cabida muchas de las políticas que los distintos ministerios llevan a cabo". "Estimamos que existen razones de interés público, social y humanitario para trabajar de esta manera", ha añadido.

Atención humanitaria a inmigrantes

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria la concesión de una subvención directa a Cruz Roja española por importe de 18.741.059 euros para la atención humanitaria a personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Isabel Celaá ha recordado que la Secretaría de Estado de Inmigración tiene un fondo de 40.700.000 euros para este propósito con destino a distintas ONG´s.

Carreteras

En materia de infraestructuras, el Gobierno ha autorizado la licitación de seis contratos de conservación y explotación de carreteras del Estado por un importe global de 138 millones de euros. Los sectores donde se desarrollarán los trabajos se sitúan en las provincias de Barcelona, Burgos, A Coruña, Huesca, Lleida y León.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado bonificaciones a los vehículos pesados y exenciones de peaje de vehículos ligeros en distintos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.

En concreto, se desplazará el tráfico de la carreteras nacionales N-340, entre las poblaciones de Peñíscola (Castellón)-L´Hospitalet de Línfant y Altafulla-Villafranca, y N-240, a su paso por Les Borges Blansques-Montblanc, a tramos de autopista alternativos.

La portavoz ha explicado que el Ejecutivo ha agilizado la aprobación de esta medida con el fin de evitar que "los vehículos pesados recorran los pequeños pueblos y carreteras" y favorecer que puedan ir por el peaje.

Asimismo, se implementarán exenciones de peajes a vehículos ligeros en el tramo comprendido entre Vilafranca Sur y Vinaroz/Alcanar con el fin de impulsar la utilización de la AP-7 por usuarios habituales.

El Ministerio de Fomento estima que estas decisiones reducirán la congestión y la contaminación en esos tramos de las carreteras nacionales y maximizarán la utilización de las autopistas, lo que previsiblemente mejorará la seguridad vial.

Exhumación de Franco

Tras la aprobación la semana pasada del Real Decreto-ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Consejo de Ministros ha acordado hoy la incoación del expediente administrativo para llevarla a cabo.

La portavoz del Gobierno ha apuntado que el expediente se publicará y se notificará a las partes interesadas en el procedimiento.

Derechos de los trabajadores y prevención del blanqueo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/ César P. SendraEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para trasponer tres directivas europeas que estaban pendientes de ser incorporadas a la legislación española, según ha explicado Celaá, quien ha recordado la "vocación europeísta" del Ejecutivo.

La primera de esas directivas busca reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea o en el ámbito nacional garantizando ciertos derechos o complementos de los que disfrutaran en la empresa de origen. La portavoz del Gobierno ha detallado que, en el caso de España, se trata de que los trabajadores puedan mantener sus seguros colectivos al cambiar de empleo.

El objetivo de la segunda directiva traspuesta es prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Celaá ha enmarcado esta norma en el "gran movimiento en Europa de lucha contra los flujos de origen ilícito". El texto unifica la aplicación de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, incrementa los límites máximos de las sanciones y fomenta las denuncias de particulares.

Por último, el Real Decreto-ley traspone los requisitos para la entrada y residencia en España de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, programas de intercambio de alumnos y proyectos educativos.

Otros acuerdos