Transición Ecológica transfiere el segundo pago de las ayudas directas a los ayuntamientos del entorno de Doñana
Transición Ecológica y el Reto Demográfico - 9.7.2025
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el encuentro con los alcaldes del entorno de Doñana celebrado en diciembre de 2024.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de transferir el segundo pago de 35 millones de euros de las subvenciones directas a los municipios del entorno de Doñana. Unas ayudas asociadas a la Línea 10 de Apoyo a Iniciativas Locales del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana.
Estas subvenciones, reguladas a través de un Real Decreto aprobado el pasado 27 de agosto de 2024, financiarán 70 proyectos hasta 2028 en los catorce ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del espacio protegido en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, con una dotación presupuestaria de 70 millones de euros.
"He tenido la oportunidad de conocer personalmente, de la mano de los alcaldes y alcaldesas, cada uno de los proyectos. He visto personalmente esa ilusión en cada uno de ellos y ellas, que ven en esta inversión una gran oportunidad para transformar sus pueblos", ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. Según la ministra, "queremos demostrar que un Doñana recuperado medioambientalmente, no solo es compatible, sino que es indispensable para la prosperidad y el desarrollo de toda la comarca. Cuidar Doñana es cuidar del futuro de todos".
Los proyectos municipales financiados favorecerán la innovación, el empleo y el emprendimiento, y la diversificación económica en los ámbitos de la economía circular, el ciclo del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización y la creación de infraestructuras que permitan el desarrollo sostenible del territorio. Además, deben asegurar que no se afecta negativamente a las condiciones medioambientales de la zona y garantizar hasta 5 años de uso manteniendo los fines descritos en los acuerdos suscritos bilateralmente con cada entidad local.
El reparto de fondos, establecido según criterios de superficie del Espacio Natural de Doñana y número de habitantes de cada localidad, destina 8 millones de euros para Almonte; 5,9 millones para Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda; y otros 5,6 millones de euros a disposición de Moguer. Por su parte, 4,1 millones de euros de financiación se han transferido a cada uno de los restantes municipios del área de influencia socioeconómica del espacio protegido, que son Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa.
La Oficina Técnica de Doñana, el organismo que coordina la ejecución los Marcos para Doñana del Gobierno de España en el territorio, ya ha informado favorablemente sobre una treintena de actuaciones propuestas por los ayuntamientos. Esta oficina mantiene un contacto directo y continuo con los ayuntamientos, brindándoles su apoyo técnico, y realizando un seguimiento exhaustivo de la documentación recibida para que cumpla con los criterios contemplados en el Real Decreto que regula estas subvenciones.
Dos Marcos de Actuaciones, mismos objetivos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana con una inversión prevista de 706 millones de euros que son pioneros en su aplicación y que conjugan restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.
El Marco de Actuaciones socioeconómicas, en el que están involucrados trece ministerios del Gobierno de España, está dotado con 350 millones de presupuesto. Además de esta línea centrada en dar apoyo a las iniciativas municipales cuenta con medidas específicas para el sector agroalimentario, ganadero y forestal; a la industria; a la formación y mejora de la empleabilidad; o la mejora de las condiciones de vida de las personas temporeras, entre otras.
