Ribera anuncia medidas para luchar contra la pobreza energética, rebajar el precio de la electricidad y reducir su volatilidad

Entre esas medidas figuran la próxima aprobación de un suministro mínimo vital, la prolongación de la suspensión del impuesto al 7% de la generación hasta fin de año o la aplicación de medidas para reducir la volatilidad de la tarifa regulada y el volumen de energía que se negocia en el mercado mayorista de la electricidad. Así mismo, la ministra detalló el alcance de la estrategia del Gobierno para la regeneración integral del Mar Menor, y emplazó a la administración regional a extremar el celo en el cumplimiento de la ley y atajar de raíz los vertidos que asfixian a la laguna.

La vicepresidenta ha apoyado la formación en el Congreso de una Comisión específica para estudiar las causas de la escalada de precios de la electricidad y ha insistido en la vocación del Gobierno en diseñar un sistema eléctrico basado en las renovables a partir de una transición energética justa: "Trabajamos en medidas estructurales, junto con medidas coyunturales y con seguimiento particular del impacto social que puede tener los momentos más convulsos de esta transición es clave. Por eso debemos seguir ahondando, sin perder de vista el impacto redistributivo que los costes tienen para convertir esta transformación llena de grandes beneficios a medio plazo en algo llevadero para el conjunto de los ciudadanos, algo socialmente justo, no solamente pensando en las señales a los inversores, pensando sobre todo en los ciudadanos".

En este sentido ha anunciado la ampliación de la protección social mediante la aprobación del suministro mínimo vital. Incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, su entrada en vigor aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal -cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago- y de acuerdo con los servicios sociales.

Prolongación de la suspensión del Impuesto al 7%

Ribera también ha anunciado que el Ejecutivo prolongará hasta final de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% los ingresos de las empresas generadoras y que éstas repercuten en el precio del mercado mayorista, para mantener su efecto positivo sobre las facturas de los consumidores. La suspensión del IVPEE fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio únicamente durante el tercer trimestre del año.

Ribera ha recordado que gracias a esa reducción impositiva y a la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 10%, los consumidores que tienen contratado el suministro eléctrico en el mercado libre "están pagando menos de lo que pagaban antes del crecimiento de precio del mercado mayorista". La aplicación de ambas rebajas fiscales tiene un impacto del 12% en los hogares.

Menor volatilidad del mercado

La vicepresidenta también ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para conseguir que la factura de la luz quede lo más alejada posible de la volatilidad y del incremento de los precios del mercado mayorista. Para ello, ha dicho, trabaja en varias medidas de carácter estructural.

Estas medidas en ningún caso serán contrarias a la normativa europea. "Vamos a entablar la batalla con nuestros colegas europeos, pero este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario, porque es lo peor que se puede hacer: no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país que adoptar medias frontalmente contrarias al marco comunitario; acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, acaba convirtiéndose en multas".

Integrar indicadores estables en el PVPC

Así, la vicepresidenta ha anunciado que una de las líneas de trabajo para limitar la variabilidad de la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), medida reclamada por las asociaciones de consumidores, pasa por "integrar en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios". Acto seguido ha advertido que "esta mayor seguridad supone que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad y, por tanto, hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa y en qué momento se produce esta indexación".

Otra de las líneas consiste en reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista, de modo que este "se convierta en un mercado de ajustes, pero contemos con otros sistemas de determinación del precio que cumplan las reglas del derecho europeo, pero que beneficien directamente a los consumidores".

"Achicar el mercado mayorista"

Ribera ha especificado que entre estos sistemas para "achicar" el mercado mayorista se hallan la contratación bilateral, en la que España es el principal mercado europeo; el autoconsumo; las comunidades energéticas locales; el fomento de la eficiencia energética; las subastas de renovables -cuyo sistema reduce la factura de los consumidores- o la regulación de los mercados de capacidad y almacenamiento "para evitar que, como ocurre ahora, las centrales de ciclo combinado de gas vendan a precios de escasez".

La vicepresidenta así mismo ha recordado que confía en que el Congreso apruebe cuanto antes los dos proyectos de Ley que le ha remitido el Gobierno, el que actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, porque reducirán progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15% en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad.

Ordenar el uso del agua embalsada

Con relación a la producción hidroeléctrica y el aprovechamiento de los embalses, a la vista de la alarma social generada durante este mes de agosto por la "escandalosa reducción de los volúmenes de agua embalsada", y por el hecho de que la hidroeléctrica ha marcado el precio del mercado eléctrico más de la mitad de las horas este verano, Ribera ha señalado que el Gobierno tomará "las decisiones pertinentes", afirmando que ya está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de aguas.

El objetivo de esta actuación regulatoria es ordenar el uso del agua embalsada "no solamente como un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado, sino como un recurso ambiental de primer orden y con una incidencia social de primer orden".

Mar Menor, cuestión de Estado

La regeneración ambiental del Mar Menor es una prioridad dentro de las políticas del MITECO y "una cuestión de Estado" para el conjunto del Gobierno, ha subrayado la ministra en su intervención sobre los problemas de degradación que arrastra la albufera murciana, cuyo estado es "una catástrofe que ha venido sucediendo a cámara lenta ante nuestros ojos".

Tras analizar, a la luz del último informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las causas del nuevo episodio de mortandad masiva de peces y otras especies lagunares por hipoxia derivada de los vertidos de nitratos fertilizantes de la agricultura intensiva y regadíos ilegales, Ribera ha recordado el compromiso adquirido hace dos años ante la sociedad civil del Campo de Cartagena, cuando visitó la zona tras los estragos causados por la DANA de 2019.

"Entonces me comprometí con vecinos, agricultores, empresarios, científicos y alcaldes a diferenciar la agricultura legal de la ilegal, a aprobar una estrategia integral de restauración del ecosistema del Mar Menor, mejorar la investigación y seguimiento del estado de la laguna y tener en cuenta las preocupaciones sociales a la hora de plantear soluciones", ha indicado.

Atajar de raíz

Ribera, que ha reiterado el llamamiento a la colaboración leal entre administraciones, ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar en origen la causa real de la degradación de la laguna salada. "Hay que detener los vertidos en origen -ha dicho-. No basta con disimular los nitratos y nutrientes que se producen". Se refería así al conocido como Plan de Vertido Cero impulsado por el último Gobierno del PP, que ponía todo el énfasis en la reducción de la carga contaminante en fertilizantes, el reciclado y vuelta al ciclo del agua. Ese planteamiento no resuelve el problema. "No tiene sentido malgastar recursos públicos en blanquear una situación si ésta no se ataja de raíz", ha puntualizado. La ciencia ha identificado el problema del Mar Menor como un caso 'de libro' por sobrecarga de nutrientes muchos más allá de lo que el ecosistema es capaz de asimilar.

La ministra ha anunciado la ampliación del actual contrato entre la Dirección General de Costas y el Instituto Español de Oceanografía para mejorar el control de los parámetros físicos de la laguna y reforzar la observación científica permanente del estado de la albufera salada. Igualmente, ha recalcado la importancia de fortalecer la colaboración entre administraciones e incorporar a la sociedad civil a los foros de debate, de rendición de cuentas, así como recabar sus observaciones y sugerencias, a fin de lograr la implicación de todos en la recuperación del Mar Menor.

Estrategia integral

Ante los portavoces de los grupos parlamentarios, la ministra expuso también los pormenores de la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor puesta en marcha por el Ministerio y para la que se contempla una inversión inicial de 317 millones de euros. Basada en el mejor conocimiento científico disponible, incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico.

Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantación del registro de explotación agraria, sistemas de monitorización del uso de agua de riego, de control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, y la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.

Diálogo y participación social

Dentro de dicha estrategia, destacó además proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, un asunto de máxima preocupación vecinal en el entorno del Mar Menor, así como la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón. En total se actuará sobre más de 390 ha y se crearán 216 ha de laminación, junto a la restauración de 13 kilómetros de cauces. Dentro de esta línea tendrán un papel preponderante las soluciones basadas en la naturaleza, filtros 'verdes' y actuaciones de renaturalización del entorno.

Y se ha comprometido a reunirse con los representantes de las asociaciones vecinales y las organizaciones ecologistas con periodicidad mensual hasta que el estado de la laguna no revierta a parámetros de normalidad. Ribera ha puntualizado que la gestión del agua en el Mar Menor no admite más desarrollos, ni urbanísticos ni agrícolas. Las únicas soluciones viables para garantizar la recuperación de la laguna deben a atenerse a las recomendaciones científicas, asegurar el respeto a la ley y alentar tanto la colaboración institucional como el diálogo activo con la sociedad.

Acuífero en riesgo químico

En su intervención, la ministra ha expuesto la larga lista de medidas ya acometidas por el MITECO dentro de las políticas para la recuperación del Mar Menor. Destacó en particular la declaración del acuífero de Cartagena en situación de Riesgo Químico por exceso de nitratos. El acuerdo, suscrito en julio de 2020 por la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura con el voto en contra del Gobierno de la Región de Murcia, faculta a la adopción de medidas cautelares para evitar los vertidos, cuyo control corresponde a las autoridades autonómicas.

Además, la Confederación ha identificado cerca de 8.500 ha de regadíos con visos de ilegalidad en el uso del agua y abierto expediente sancionador a más de 7.800 de esas hectáreas. Casi medio millar de expedientes incoados hasta el momento, de los cuales 207 se han enviado a la Fiscalía Superior de Murcia y un centenar largo al gobierno regional. En este sentido, Ribera lamentó que hasta este momento el ejecutivo murciano no haya comunicado el levantamiento de una sola hectárea de regadío ilegal, ni la restitución a su estado original, como le obliga a hacer su propia legislación.

La vicepresidenta tercera ha destacado también los 661 expedientes abiertos a desalobradoras, con 211 precintadas y 55 han sido desmontadas. Y se han incoado -dijo- 166 expedientes a depuradoras desde 2020. Además de ello, en este tiempo se ha efectuado el bombeo de la Rambla del Albujón y actuaciones de protección del litoral como la reversión de Puerto Mayor al dominio público marítimo terrestre, y otras contempladas en el recientemente aprobado Plan para la Protección del Borde Litoral.