Rodríguez: "El objetivo del Gobierno es compartir Estado y dar oportunidad a otros territorios con la instalación de nuevos organismos públicos"

Rodríguez ha calificado esta decisión como "buena noticia para avanzar en una convicción de este Gobierno, que es compartir Estado para hacer más grande España y dar oportunidad a otros territorios con la instalación de los nuevos organismos públicos".

Isabel Rodríguez ha destacado la repercusión positiva que tiene en un territorio la presencia de organismos públicos, "en términos económicos, en creación de empleo y en instalación de otras empresas e industrias".

La ministra ha subrayado el objetivo del Gobierno con esta iniciativa: "El despliegue de los fondos de recuperación está propiciando que surjan nuevas iniciativas, como nuevos organismos en el ámbito de la investigación, de la industria sostenible, de la industria verde… En definitiva, una transformación positiva para España que queremos que llegue a todos los territorios".

Comisión consultiva para la desconcentración

Aunque el Real Decreto aprobado el 22 de marzo, que establece el procedimiento para determinar el término municipal en el que se ubicará la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, o subsedes de entidades ya existentes, establecía dos meses de plazo para constituir la Comisión, este órgano se constituye en tan solo 15 días.

Se pone en marcha, por tanto, el órgano que asesorará al Gobierno en la determinación de las nuevas sedes de la AGE, sin incremento de gasto, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los distintos departamentos ministeriales que la integran.

La Comisión, presidida por la ministra Isabel Rodríguez, cuenta con otros representantes del Ministerio de Política Territorial: el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, es vicepresidente; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, vocal permanente; y el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, secretario de la Comisión.

Vocales permanentes de otros ministerios: Andrés Valverde, director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Gemma del Rey, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Hilda Jiménez, directora general del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Juan Tejedor, director general de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública; Clara Mapelli, directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública; Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Rafael Oñate, director del Gabinete del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

Funciones de la Comisión

La Comisión, que se reunirá al menos una vez al año y siempre que haya que determinar la sede física de una entidad pública, elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de Ministros.

Los criterios de la Comisión para la determinación de las sedes reforzarán las políticas del Gobierno en distintas áreas, especialmente frente al reto demográfico.

Nuevas sedes en el territorio

El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Se permite además que otras administraciones públicas puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, como bienes inmuebles, asunción de cargas financieros o creación de la sede, de modo que la Administración General del Estado no tenga que asumir íntegramente el coste de la nueva entidad.

Se fortalecerá la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.