El Gobierno solicita a Francia la extradición del etarra José Antonio Urruticoechea por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987

La petición de extradición procede del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional donde se le imputa un presunto delito de atentado terrorista con resultado de muerte, diez delitos de asesinato y 63 delitos de asesinato frustrado.

Los hechos por los que se investiga en esta causa corresponden al atentado con coche bomba contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, cometido el 11 de diciembre de 1987. Urruticoechea Bengoechea, que por entonces era integrante del comité ejecutivo de la organización terrorista, participó supuestamente en la colocación de un coche bomba con unos 250 kilogramos de explosivo (amonal) cuya explosión causó la muerte de 11 personas (entre ellas varios niños), originó lesiones a otras 73 y provocó cuantiosos daños materiales.

El dirigente de ETA fue detenido en Francia el pasado 19 de mayo para cumplir una condena de ocho años de prisión impuesta por la justicia francesa en junio de 2017 por su pertenencia al aparato político de la banda terrorista. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París decretó su libertad vigilada mediante un dispositivo telemático permanente debido a sus problemas de salud, además de imponerle, como medida cautelar, comparecencias semanales en una comisaría de la capital.

Urruticoechea Bengoechea volvió a ser enviado a prisión -esta vez con fines de extradición- el pasado 19 de junio después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordara a las autoridades francesas que estaban en vigor varias órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra él. Comenzó a contar entonces un plazo de 40 días para remitir al país vecino la solicitud de extradición, plazo que expira el próximo 29 de julio.

Dolores Delgado, que ha llevado su propuesta en mano al Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha informado además de otra de las causas abiertas contra el dirigente de ETA y que también requerirá un acuerdo del Consejo de Ministros que solicite la extradición. Se trata del asesinato de Luis María Hergueta, directivo de la factoría Michelin de Vitoria que murió tiroteado en las cercanías de su domicilio el 25 de junio de 1980. Urruticoechea está encartado por esos hechos en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un delito de asesinato terrorista.

En esos dos casos no rige el procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) -el habitual entre los Estados miembros de la Unión Europea y mucho más ágil- debido a que la legislación francesa impide recurrir a este último instrumento de cooperación comunitario para hechos delictivos anteriores al 1 de noviembre de 1993.

Una vez solicitada la extradición de Urruticoechea por el Consejo de Ministros, la documentación del caso se remitirá por valija diplomática a Francia para que la magistrada española de enlace en París la haga llegar a los tribunales de ese país.

Además de estos dos procesos, en la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas por las que se le reclama pero que, al tramitarse por el procedimiento de la OEDE, no requerirán intervención del Consejo de Ministros. La primera procede del Juzgado Central de Instrucción 3 por un supuesto delito de lesa humanidad. El Juzgado Central de Instrucción 5 mantiene abierta una segunda por financiación del terrorismo.