Rendición de cuentas

La aprobación de la ley contra el fraude y la creación del comité de expertos, principales hitos cumplidos por Hacienda en este semestre

Hacienda - 30.7.2021

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Así consta en la segunda edición de "Cumpliendo", el informe de rendición de cuentas sobre la labor del Ejecutivo presentado este jueves por el presidente del Gobierno y que supone todo un ejercicio de transparencia y de evaluación de la acción gubernativa de manera semestral.

En el caso del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, el trabajo realizado durante los seis primeros meses del año ha permitido superar algunos objetivos fundamentales para avanzar hacia la justicia fiscal y, por ende, hacia una sociedad más igualitaria y cohesionada. Entre esos objetivos destacan la aprobación definitiva de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye una batería de iniciativas para reforzar y modernizar las herramientas contra estas prácticas irregulares, o la creación del comité de expertos para la reforma fiscal, que deberá analizar en profundidad el sistema tributario para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

Hacienda también ha centrado sus esfuerzos en otras materias en las que se esperan lograr importantes avances en la segunda mitad del año. Es el caso del papel que juega España para impulsar una mayor coordinación y cooperación internacional en el ámbito fiscal, apoyando los acuerdos en la OCDE y el G20 para establecer un tipo mínimo global en el Impuesto de Sociedades, o lograr definir algunos aspectos básicos de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Objetivos cumplidos

Tras haber finalizado 2020 logrando el objetivo principal, como fue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha continuado durante el primer semestre de 2021 completando un buen número de medidas de calado recogidas en su hoja de ruta de compromisos.

Así, uno de los principales hitos logrados en este periodo ha sido la aprobación definitiva de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una norma fundamental para combatir las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías, así como para perseguir las prácticas de elusión fiscal de las grandes multinacionales.

En concreto, esta ley recoge la prohibición del software de doble uso y un mayor control sobre las criptomonedas. También se rebaja de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de la deuda con Hacienda que conlleva aparecer en el listado de deudores y se hace extensivo a los responsables solidarios. Asimismo, se reduce el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros cuando en la operación interviene un empresario o profesional.

Otra de las grandes novedades de la norma es que se prohíben por ley las amnistías fiscales para que nunca más se produzcan agravios comparativos con la mayoría de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Asimismo, se actualiza y amplía el concepto de paraísos fiscales, que pasan a denominarse 'jurisdicciones no cooperativas', en línea con los estándares internacionales.

Más allá de esta ley, el Ministerio de Hacienda ha hecho efectivos los cambios fiscales que estaban recogidos en los Presupuestos Generales de 2021 y que estaban orientados a lograr un aumento de la progresividad. Ahí se enmarca el incremento de dos puntos del IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros y de tres puntos a las rentas del capital superiores a 200.000 euros, o en el Impuesto sobre Sociedades reducir del 100% al 95% la exención sobre dividendos y plusvalía en filiales.

También en el plano impositivo, en enero de 2020 entraron en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, dos figuras fiscales impulsadas por el Gobierno para modernizar el sistema tributario y adaptarlo a las nuevas áreas de negocio que no estaban bien reflejadas en el modelo fiscal.

En este sentido, la creación del comité de expertos para la reforma fiscal es otro de los grandes objetivos de este primer semestre que, además, supone cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este grupo de trabajo tiene hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar sus conclusiones.

Medidas para combatir la pandemia

Asimismo, durante estos meses el Ministerio de Hacienda ha seguido adoptando medidas para paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19 bajo la premisa de que nadie se quede atrás. Una de las iniciativas más destacadas ha sido la puesta en marcha de una línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas a pymes y autónomos -unos recursos que ya han sido transferidos a las Comunidades Autónomas como administraciones encargadas de su gestión-.

Cabe destacar también la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10% hasta final de año para aliviar la factura de los hogares en un momento donde los precios de la electricidad están muy elevados por el comportamiento del mercado mayorista. Una medida coyuntural a la espera de que las reformas estructurales adoptadas por el Gobierno logren abaratar el recibo eléctrico.

Medidas para el segundo semestre

Entre las medidas que el Ministerio de Hacienda espera poder avanzar en la segunda parte del año se encuentra el impulso a la cooperación internacional en materia de fiscalidad, donde se están produciendo importantes avances en el marco del G20 y la OCDE respecto a un tipo mínimo global en el Impuesto sobre Sociedades.

Otra de las claves fundamentales para los próximos seis meses será canalizar y aprovechar al máximo la llegada de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Unos recursos que se gestionaran siguiendo la política de cogobernanza con las Comunidades Autónomas a través de las distintas conferencias sectoriales que ya están puestas en marcha y que durante el primer semestre han distribuido parte de los fondos comunitarios consignados en los Presupuestos de 2021.

Asimismo, el departamento que dirige María Jesús Montero también espera que en el segundo semestre de 2021 se puedan definir algunos conceptos de la reforma del sistema de financiación autonómica, tales como la composición y el peso de las variables que conforman el criterio de la población ajustada.