Discurso del presidente del Gobierno en el acto de inauguración de la nueva sede del Consejo General de Procuradores de España

Madrid

Señor ministro de Justicia; señora ministra de Fomento; señor presidente del Consejo de Estado; señora fiscal general del Estado; señor presidente del Consejo General de Procuradores de España; amigas y amigos; señor ministro que fue de Justicia, querido Alberto Ruíz-Gallardón;

Sólo hay verdadera Justicia con una correcta Administración de Justicia y no podríamos hablar de una cosa ni de la otra sin mencionar necesariamente la figura del procurador.

Hoy quería felicitarles por el estreno de su nueva sede. Con ella, sin duda, la procura en España va a tener mucho más fácil su trabajo y así va a hacer mucho más fácil a los ciudadanos el acceso a un servicio público esencial como es la Justicia.

Ustedes conocen bien que desde el comienzo de la anterior Legislatura hemos querido reforzar la figura del procurador. Lo hemos hecho atribuyéndoles nuevas funciones, potenciando la digitalización de su trabajo o manteniendo esa garantía que es la prohibición del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador.

Quiero decir que, si el Gobierno ha estado comprometido con los procuradores, los procuradores, a través del Consejo y sus distintos Colegios, también han tenido un gran papel, con su conocimiento del día a día de Juzgados y Tribunales, a la hora de informar nuestras reformas en el ámbito de la Justicia.

Es un papel que hoy querría agradecerles sinceramente, porque nuestro diálogo ha sido fructífero. Gracias a él, por ejemplo, y entrando en algún detalle, hemos aprobado iniciativas como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que amplía el ámbito competencial de los procuradores y fortalece su papel en la Justicia. Esa misma Ley venía a reforzar la implantación de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia y hoy más de veintiocho millones de comunicaciones avalan esa decisión, que ha tenido en los procuradores uno de sus más importantes baluartes.

En un día como este 1 de junio, tampoco podemos olvidar otro ámbito como son las subastas electrónicas, cuyo nuevo sistema entra en vigor hoy mismo. Gracias a sus propuestas, a partir de ahora las subastas electrónicas tendrán una gestión y unos horarios más eficientes y útiles para todos.

Quería decir que, si hemos sido sensibles a sus propuestas, también lo hemos sido a sus críticas. Por eso revisamos la Ley de Tasas, derogando las tasas judiciales a las personas físicas en todos los órdenes, apoyando el trabajo que realizáis en la Justicia. Y también escuchamos a los procuradores a propósito de las iniciativas de regulación de los Servicios Profesionales, asunto no menor y de no fácil tratamiento por las razones que ustedes conocen. En definitiva, sus propuestas y sus testimonios nos han hecho articular una defensa de nuestro modelo de procura a nivel europeo por el que vamos a seguir trabajando en el futuro.

Señoras y señores,

Desde la Transición a nuestros días, quien quiera analizar los mejores momentos de España encontrará un guion muy similar: detrás de cada éxito hay siempre una reforma. En los últimos años ha vuelto a repetirse este guion y, si la España de 2016 tiene ante sí un futuro mucho más claro que la España de 2011, es por haber impulsado un gran Plan Nacional de Reformas; un Plan clave para sortear la crisis, para ir expandiendo la recuperación, y un Plan que también ha sido y es capital para modernizar nuestro país de cara al futuro.

En el ámbito de la Justicia, sin duda compensa recordar que hemos implantado la mayor batería reformista que se recuerda en cuatro décadas. Hasta 34 leyes y normas se han visto mejoradas, lo que ya nos indica su importancia numérica. Pero la relevancia va mucho más allá de los números porque, con la reforma de la Justicia, hemos hecho de la seguridad jurídica un valor añadido de la Marca España y hemos recuperado el prestigio y la confianza necesarios para competir entre las grandes potencias del planeta. Así se puede colegir de las informaciones del Fondo Monetario Internacional, que acaba de señalar a España como el país desarrollado que más crece en medio de la deceleración de la economía mundial.

De todas las reformas estructurales que hemos puesto en marcha, la de la Justicia es una de las más importantes y también una de las más ambiciosas y complejas porque, de la agilidad de los Juzgados a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, son muchos los ámbitos en los que incide. Todos, sin embargo, convergen en un mismo fin: tener una Justicia más próxima, más accesible, más ágil, más eficaz y, sobre todo, más justa, sin olvidar una reclamación muy puesta en razón: tener una Administración de Justicia mejor dotada en recursos humanos y en medios materiales.

Algunas reformas tardan más en desplegar sus efectos; otras, sin embargo, ya están dando los frutos deseados. Hoy, los españoles tienen una Justicia y una Administración de Justicia mejores, más modernas, más ágiles, más conectadas y más seguras. Y los propios progresos en este ámbito nos ayudan a entender la Justicia como lo que hoy es: un baluarte de nuestro bienestar, una garantía de nuestro progreso y un activo para nuestro desarrollo. Si hay pocas misiones más nobles para un Estado que acercar la Justicia a los ciudadanos, es porque esta se ha convertido, y así lo entiende el Gobierno, en una política social por derecho propio.

Señoras y señores,

La Justicia ya estuvo presente en mi discurso de investidura, a finales del año 2011, y no ha habido un día que no estuviera en el corazón de la acción de Gobierno. Han sido muchas medidas y en muchos frentes. Si reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal era una necesaria adaptación a nuestro tiempo, los cambios en textos como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Hipotecaria prescriben formas más efectivas de organización y funcionamiento.

Un principio rector de las reformas impulsadas ha sido el amparo a quienes necesitan más protección: la Ley del Estatuto de la Víctima y una ley, tan pertinente en otro ámbito, como la de Segunda Oportunidad. Otra guía de nuestra actuación ha sido la voluntad de evitar el exceso de litigación, como muestran la Ley de Jurisdicción Voluntaria o una Ley de Mediación que impulsa la cultura del acuerdo frente a la del conflicto. Asimismo, hemos impulsado una Justicia más garantista, como vemos con la ampliación de la justicia gratuita, y, a la vez, hemos reforzado el necesario cumplimiento de sus resoluciones, como podemos apreciar en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Señoras y señores,

No es cuestión de comentar todas y cada una de las normas aprobadas o reformadas; pero no quisiera dejar de mencionar dos ámbitos de especial relieve.

En primer lugar, las numerosas medidas que cierran espacios de impunidad a la corrupción. Nunca antes se había impulsado una legislación equiparable para luchar contra esta práctica que tanto daño hace a la democracia y a la vida misma. En España, el corrupto tiene hoy mucho más difícil corromperse y un castigo más severo por su delito. Además, gracias a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, por fin estará obligado a devolver lo robado.

En segundo lugar, hemos impulsado una Justicia tecnológicamente avanzada, digital y accesible, abriendo, así, un camino que ya no tiene retorno, como bien saben ustedes, los procuradores, que son un puntal en este proceso de transformación digital.

Señoras y señores,

Todavía esperamos, como apuntaba antes, resultados más visibles. Las reformas en materia de Justicia aún tienen que apurar su potencial. Sin embargo, ya hay frutos: la supresión de las faltas, que tanto colapsaban lo juzgados, ha permitido el descenso de estos juicios en un 54 por 100; cinco mil actos de jurisdicción voluntaria, que antes se realizaban en Juzgados, ahora se tramitan ante registradores y notarios; y casi cincuenta mil nacimientos se han tramitado directamente desde los hospitales. Son, simplemente, unas cifras positivas. Podríamos citar otras; pero lo importante es que anuncian cifras y realidades aún más positivas por venir.

Queda, sin duda, mucho trabajo por hacer y muchas cosas pendientes, pero resulta capital no deshacer, como algunos proponen, lo que con tanto esfuerzo ya hemos hecho. No podemos perder la reputación de seguridad jurídica que tanto nos ha costado conseguir y que tan positiva está siendo para nuestro país. Hay que decirlo claro: si España da marcha atrás a las reformas emprendidas, pretensión, desgraciadamente, de algunos, los españoles también daremos marcha atrás en el tiempo. Si, por el contrario, seguimos con el rumbo marcado, cada nuevo esfuerzo será más fácil que el anterior y cada nuevo paso nos aproximará con mayor determinación a nuestro horizonte de futuro. Esa España justa, segura y próspera que ustedes, procuradores, y todos los integrantes de la Administración de Justicia contribuyen a hacer verdad con su trabajo diario.

Yo también voy a expresar un deseo y es que a nadie molestamos los que expresamos un deseo, y al final todos acabamos coincidiendo en que queremos una España mejor. Yo también quiero que haya un Gobierno a la mayor celeridad posible y creo que se puede hacer. Desde luego, mi planteamiento va a ser exactamente el mismo, si se reprodujeran resultados similares, que hice al día siguiente de las elecciones del 20 de diciembre.

España necesita un Gobierno sensato, un Gobierno razonable, un Gobierno para cuatro años, un Gobierno que sea capaz de delimitar con claridad los objetivos y las medidas para conseguir esos objetivos, y un Gobierno como aquel al que la aritmética ha llevado a algunos países europeos que no son precisamente de los de menor entidad: véase, por ejemplo, Alemania; véase, por ejemplo, Austria o véase, por ejemplo, lo que sucede en las instituciones europeas.

Pero hoy, por prejuicios o por razones inconfesables, no se les puede dejar a los españoles en una situación, una vez más, de interinidad que a nada bueno conduce. Desde luego, este partido va a respetar lo que diga la gente, es decir, gobernará en España el más votado o, por lo menos, lo va a intentar y buscará acuerdos para tener una mayoría y para decirles a los españoles: esto es para cuatro años; ustedes han votado lo que han querido votar y ahora nosotros tenemos la obligación de, a la vista de la situación, tomar decisiones buenas en defensa del interés general. Por tanto, hay algunos que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, nosotros; los demás, Dios, y si a ellos se les ocurre, proveerán.

Gracias.