Discurso del Presidente del Gobierno en una mesa redonda organizada por "The Economist"

Buenos días a todos. Quier agradecer, en primer lugar, a "The Economist" la oportunidad que me da para ocupar esta prestigiosa tribuna y hacer algunas consideraciones y trasladar alguna información sobre la economía española en la perspectiva de la Unión Europea.

Tanto el estilo anglosajón, como el propio de "The Economist", valoran una cierta austeridad en el enfoque, una síntesis en el estilo y un mensaje directo en la exposición. Trataré de ser fiel a ese estilo desde el principio de la intervención.

Si se me pidiera que presentara en pocas palabras la situación que atraviesa mi país, les diría que España muestra actualmente un extraordinario dinamismo económico y social; genera riqueza y crea empleo; alcanza la estabilidad macroeconómica y presupuestaria; desarrolla políticas sociales y redistributivas, y afronta reformas sustantivas para mejorar la calidad del modelo y garantizar su viabilidad futura.

Todo ello se produce por la manifiesta confianza que tienen en nuestras posibilidades los actores económicos, internos y externos; una confianza respaldada por la estabilidad política de la que disfruta España, arraigada en el funcionamiento de nuestras instituciones, moderadas por la Monarquía constitucional, de cuyo acceso a la Jefatura del Estado se cumplen mañana treinta años.

En efecto, crecemos a ritmo muy vivo. Lo hemos hecho al 3,5 por 100 del PIB en el tercer trimestre, el sexto consecutivo en que se acelera el crecimiento. Es el mejor resultado desde 2001. Crecemos casi al triple que la economía europea, intensificando nuestra convergencia real. La demanda interna lo hace por encima del 5 por 100 y explica más de un tercio de la tasa de crecimiento de la demanda europea, y continúa la recuperación de la inversión en bienes de equipo. Pero, además, mejoran el turismo y las exportaciones, con lo que mejora también el comportamiento del sector exterior.

Por otra parte, el mayor dinamismo que está mostrando la economía mundial, a pesar de las perturbaciones del precio del petróleo, y el repunte que muestran los indicadores coyunturales relativos al área euro auguran una recuperación de la demanda interna en Europa, lo que deberá impulsar una mejoría de nuestras exportaciones.

Creamos mucho empleo, la mitad del total de la zona euro: 932.000 netos en un año, a un ritmo del 5,1 por 100. Hemos situado la tasa de paro en el 8,4 por 100, la más baja desde 1979 en España. Nunca habíamos estado por debajo de la media europea en desempleo desde nuestra entrada en la Unión en 1986 y ahora lo estamos.

Saneamos, de verdad, las cuentas públicas y reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria. Este año, 2005, tendremos superávit y continuará descendiendo el ratio de deuda pública, que se situará por debajo del 45 por 100 del Producto Interior Bruto, el tercero más bajo de la zona euro y más de veinte puntos por debajo de la media europea. Nuestras cuentas públicas nos permiten disponer de los tipos de interés de la deuda pública más bajos de Europa; el del bono de referencia a diez años es el segundo más bajo de la zona euro, después del finlandés.

Pero tenemos desafíos que afrontar. La inflación está en el 3,5 por 100 y estimamos que más de un tercio de esa inflación se explica por el componente energético asociado al petróleo. Tenemos que reducir nuestra dependencia energética y hemos adoptado medidas como el Plan de Energías Renovables 2005-2010, que tiene como objetivo cubrir el 12 por 100 de la energía primaria en esa fecha, cuando ahora lo hace sólo al 6 por 100. En todo caso, la inflación subyacente se mantiene moderada en el 2,6 por 100 y no se ha producido una traslación de los precios de las materias primas a otros precios de consumo. Por tanto, incluso de mantenerse los precios del petróleo en los niveles actuales, las previsiones apuntan a que la inflación se situará, incluso por debajo de 2005, en el último trimestre de 2006.

También prestamos atención a nuestro déficit por cuenta corriente. Hay factores coyunturales que lo explican: la factura energética, la fuerte demanda interna y el lento crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Pero debemos mejorar nuestra competitividad y ése es el objetivo del Programa Nacional de Reformas que presentamos hace un mes en Bruselas. La confianza se reafirma porque proyectamos y aplicamos reformas. A pesar de los buenos resultados, el Gobierno quiere mejorar el modelo de crecimiento, sustentarlo más en la productividad. En los últimos diez años la productividad ha contribuido en menos de un 10 por 100 a nuestro crecimiento.

El objetivo del Programa Nacional de Reformas es doble: converger plenamente con la renta per cápita con la Unión Europea e incrementar la tasa de empleo hasta el 66 por 100 en 2010. Para ello se centra en siete ejes, considerados por el Gobierno como imprescindibles para mejorar nuestra competitividad. En cada uno de ellos establece, al menos, un objetivo cuantitativo y plantea un conjunto de medidas para alcanzarlo. Esos siete ejes y sus objetivos son los siguientes:

Primero, el refuerzo de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria. Reduciremos el ratio de deuda pública en relación al PIB hasta el 34 por 100 en 2010.

Segundo, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, que comporta invertir cerca de 250.000 millones de euros en quince años, y, además, el Programa de Actuaciones para la Gestión y Actualización del Agua, el Programa conocido como Programa A.G.U.A.

Tercero, aumento y mejora del capital humano, con reformas de calidad en todos los niveles del sistema educativo, atendiendo la educación infantil, corrigiendo hasta la mitad la tasa de abandono escolar, orientando la Universidad en la dirección del Espacio Europeo de la Educación Superior y cuidando la investigación y promocionando a los investigadores.

La primera actuación en esta dirección ha sido el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Además de las medidas dirigidas a disminuir a la mitad el abandono escolar en la educación secundaria, vamos a incrementar en un 2 por 100 anual la oferta de plazas públicas de educación infantil y atender debidamente a la diversidad del alumnado, evitando la segregación prematura injusta y con efectos negativos para la población y la cohesión social de un país. Los recursos adicionales para esta mejora de la calidad en la educación ascienden a más de 6.000 millones de euros hasta 2010, de los cuales el 54 por 100 se hará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y están incorporados en la memoria económica, que esta vez sí contiene la Ley de reforma educativa.

En cuarto lugar, la estrategia de Investigación+Desarrollo+Innovación. Duplicaremos la inversión de I+D+i hasta el 2 por 100 del Producto Interior Bruto en 2010 y convergeremos con Europa en la Sociedad de la Información, de forma que los recursos dedicados a las Tecnologías de la Información y Comunicación alcancen el 7 por 100 en 2010. En 2006 el Presupuesto, que está en las Cortes Generales, aumenta en más del 27 por 100 el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, destacando el Programa Avanza, que con unos recursos de casi 1.200 millones de euros mejorará los indicadores de la Sociedad de la Información, tanto en los hogares, como en las empresas y en las Administraciones Públicas; objetivo y esfuerzo que viene siendo prioritario desde el primer día que llegamos al Gobierno de la nación.

Algunos datos de 2005 muestran ya que ese esfuerzo está dando resultados y que se está produciendo un cambio importante y significativo de tendencia. Por ejemplo, el porcentaje de población que utiliza regularmente Internet ha aumentado un 41 por 100 en el último año y medio; el acceso de los hogares a la banda ancha se ha más que duplicado, aumentando casi un 120 por 100, y el de las empresas de más de diez empleados lo ha hecho en un 50 por 100, habiendo conseguido superar la media europea en acceso de empresas a banda ancha.

En quinto lugar, queremos una economía con más competencia, mejor regulación, con eficiencia de las Administraciones Públicas y, por tanto, con más competitividad. Tenemos que mejorar todos los indicadores de competencia en los mercados de bienes y servicio, y para ello el Programa Nacional de Reformas afianzará los procesos de liberalización y mejorará la productividad de sectores tan importantes como el energético, audiovisual, telecomunicaciones y transporte.

En sexto lugar, mercado de trabajo y diálogo social. A pesar del espectacular aumento de la participación laboral de las mujeres en los últimos años, todavía estamos lejos del promedio de los países desarrollados. El objetivo es aumentar la tasa de empleo femenina desde el 48 por 100 hasta el 57 por 100 y reducir la tasa de paro juvenil desde el 22 por 100 al 18 por 100, que es el promedio actual de la Unión Europea a Veinticinco. Todo ello en el año 2010.

Y, en séptimo lugar, el Plan de Fomento Empresarial. En este apartado queremos aumentar la creación de empresas en un 25 por 100 en nuestro país, fomentando el espíritu emprendedor especialmente entre jóvenes y mujeres.

Quería ahora detenerme en alguna de las grandes cuestiones de largo recorrido abordadas en el Programa Nacional de Reformas que acabo de sintetizar y que se relacionan con el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones, con la atención a las nuevas necesidades de la protección social y con modificaciones en la fiscalidad.

Partiendo de que la situación financiera de la Seguridad Social se encuentra en el mejor momento de su historia y se ha creado con sus excedentes un Fondo de Reserva con más de 27.000 millones de euros, que superará muy pronto los 30.000 millones de euros, las previsiones demográficas para el futuro advierten del envejecimiento de la población, principal consecuencia del aumento de la expectativa de vida. Por este motivo el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios, en el seno del diálogo social, prolongar la vida laboral elevando la edad mínima para la jubilación voluntaria desde los 60 años actuales a los 61. La propuesta recoge, asimismo, una serie de incentivos para que los trabajadores puedan seguir trabajando más allá de los 65 años.

La protección social debe ir afrontando las nuevas necesidades, siendo prioritaria la atención a las situaciones de dependencia. En la actualidad hay en España más de 1.100.000 personas dependientes, que llegarán a 1.500.000 en 2020. Atender este problema permitirá, a la vez, desarrollar nuevas fuentes de empleo, incrementar la ocupación y liberar de la atención a muchos familiares, fundamentalmente mujeres, lo que representa una barrera evidente para su inserción en el mercado laboral.

El Gobierno, en el contexto del diálogo social, aprobará en 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Para garantizar la estabilidad presupuestaria, su financiación se realizará conjuntamente entre las distintas Administraciones, junto con la aportación lógica del propio usuario en función de la renta y el patrimonio de los beneficiarios.

En el ámbito de la regulación del mercado de trabajo, seguimos trabajando con los interlocutores, con el objetivo de reducir la temporalidad y aumentar la seguridad laboral de los trabajadores, sin menoscabar la flexibilidad de las empresas y sus incentivos a la generación de empleo. Está siendo una negociación larga e intensa, pero tenemos tiempo y estoy seguro de que, al final, se podrá alcanzar un acuerdo favorable para nuestro mercado laboral y para la incentivación en la actividad económica y empresarial.

Finalmente, el Gobierno se ha comprometido a aprobar en 2006 una reforma del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto de Sociedades. Se trata, en el primer caso, de tener un impuesto más sencillo y justo, de reducir la presión fiscal sobre los rendimientos del trabajo y considerar más neutralmente el ahorro. En el Impuesto sobre Sociedades vamos a situarnos al nivel de otros países con los que competimos internacionalmente. Nuestro objetivo es reducir el tipo al 25 por 100 para las Pymes y al 30 por 100 para las grandes empresas en un horizonte razonable de tiempo.

Quisiera situarles ahora en el presente y el futuro de nuestra economía en el marco político territorial que caracteriza a nuestro país. En las últimas semanas se han vertido dudas sobre un hipotético impacto negativo sobre la economía de las reformas territoriales en marcha. Son dudas sin fundamento, como atestigua la evolución del país.

La descentralización aportada por el Estado de las Autonomías en los últimos veinticinco años se ha manifestado muy favorable, tanto para la cohesión y la solidaridad, como para la eficiencia económica en España. Ello no debe sorprender si tenemos en cuenta que, de acuerdo con recientes estudios de la OCDE, los países con mayor grado de descentralización tienen, a la vez, mayor grado de cohesión territorial, medida por una mayor igualdad en la renta per cápita regional. Es el caso de países como Alemania, Estados Unidos o España.

Ése es nuestro caso. La descentralización ha conllevado un aumento en la convergencia entre las regiones españolas. Las Comunidades Autónomas que partían de un nivel de desarrollo inferior a la media han progresado a un ritmo superior a la media nacional. En esos veinticinco años se han eliminado el 34 por 100 de las distancias en renta per cápita entre territorios. Las diferencias en dotación de infraestructuras se han acortado en más de la mitad entre las distintas regiones de nuestro país. El porcentaje de estudiantes universitarios y la dotación sanitaria también han sido factores que han observado un proceso imparable de convergencia entre Comunidades Autónomas.

Pero la descentralización política no sólo ha traído más cohesión territorial y, por tanto, más cohesión social; también eficiencia, integración económica y unidad de mercado, que han avanzado incluso a un ritmo superior al de los diferentes países de la Unión Europea.

Como saben ustedes, en estos momentos hay diferentes Comunidades Autónomas que están planteando la revisión de sus Estatutos de Autonomía; saben también que el Gobierno que presido está dispuesto a apoyar esas reformas, ampliando las cuotas de autogobierno, siempre, claro está, dentro del marco de la Constitución; pero también puedo asegurarles que el Estado ha de cumplir con sus obligaciones, atribuidas y reservadas en exclusiva por la Constitución. Las cumple y las seguirá cumpliendo.

El Estado, entre otras cosas de alcance mayor para nuestra convivencia, es el garante de la unidad de mercado, de la provisión y de gestión de las grandes infraestructuras, del flujo de personas y mercancías entre Comunidades Autónomas y de la existencia de una Seguridad Social común como la mejor garantía de la solidaridad interpersonal; y, por supuesto, es el garante también último de la solidaridad interterritorial.

La mejor integración a la que conducirán las reformas reforzará ese papel del Estado, no sólo porque son mejor base para una etapa nueva y más ambiciosa de cooperación, sino porque aportan mayor legitimación al conjunto de la acción política.

Para ir concluyendo, querría volver a lo que apunté al principio de mi intervención. Quiero expresarles mi confianza plena en las posibilidades de nuestro país. Conozco bien la ambición de progreso y modernidad que mueve a los actores económicos y sociales. Sinceramente, tengo que decir que aquellos que proyectan pesimismo lo hacen únicamente porque no gobiernan y porque, en el fondo, tienen una escasa confianza en España y en los españoles. Los datos están del lado de los que tenemos esa plena confianza y, de manera significativa, esa confianza en nosotros es muy alta desde el exterior.

Como ya les he señalado, nuestro crecimiento se sitúa entre los mayores del mundo desarrollado. En 2005 esperamos alcanzar, al menos, un 3,4 por 100, superando así nuestras previsiones al iniciar el año. Los inversores internacionales apuestan por la continuidad de esta fortaleza económica. La Bolsa española se ha revalorizado el 37 por 100 desde marzo de 2004, fecha de las últimas elecciones generales, el mayor incremento de las siete principales Bolsas del mundo.

España es el segundo receptor de capitales del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos y por delante de países como Reino Unido, Italia y Portugal, según datos del Fondo Monetario Internacional.

La empresa española está en una excelente situación en el contexto mundial. Nuestra inversión en el exterior se ha multiplicado por cuatro tan sólo en diez años y en estos momentos tenemos el primer Banco de la zona euro por capitalización bursátil y el segundo operador en telefonía de Europa. El propio "The Economist" señala que Estados Unidos, Canadá y España liderarán el crecimiento económica mundial en el año 2006 entre las quince potencias económicas del mundo. El "Deustche Bank" califica a España como uno de los países, con China, Malasia, Irlanda y Estados Unidos, cuyas economías liderarán el crecimiento en el periodo que va desde 2006 hasta 2020.

Confiamos y confían en nosotros. Estamos convencidos de que el conjunto de medidas de política económica que he mencionado más arriba son las necesarias para continuar en la senda de convergencia con Europa, con una composición del crecimiento más equilibrada y creando más empleo y de mejor calidad.

Para 2006 esperamos crecer a más de un 3,3 por 100, con una inflación que se situará en torno al 2,5 por 100. Esperamos crear más de 500.000 empleos y volveremos a tener superávit de las Administraciones Públicas, al menos, con el 0,2 por 100 del Producto Interior Bruto.

La modernización de nuestra economía ocupará un lugar destacado en nuestra agenda de acción como Gobierno. A España no le va a ocurrir lo que a otros países, porque queremos anticipar el futuro. Nuestros objetivos de modernización se centrarán en la innovación, en la reforma fiscal y en el mercado laboral, pero también en la modernidad social, incluyendo como eje básico la Ley de Dependencia.

Éstos son los objetivos fundamentales que guían nuestra política económica, la que está dando excelentes frutos y la que continuará dándolos en el futuro.

Muchas gracias.