Intervención del presidente del gobierno en su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Muchas gracias, querida ministra, querida Diana; Fran, delegado del Gobierno; secretario de Estado de Ciencia, Universidades e Innovación; por supuesto, presidenta del CSIC; rectora de la Universidad Autónoma de Madrid; director del Instituto de Ciencias Matemáticas; presidente de la CRUE; autoridades, buenos días.

Hoy estamos en uno, como ha dicho antes la ministra, de los grandes centros de investigación matemática de España. Y, además, en un momento especialmente significativo para este Instituto.

Antes lo ha comentado Diana, hace apenas unos días conocíamos que el trabajo desarrollado por Diego y por Luis está detrás de nuevos avances para resolver uno de los grandes problemas pendientes de las matemáticas, que es determinar si las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos pueden, en determinadas condiciones, dejar de comportarse de forma regular.

Una investigación nacida de años de trabajo, como ha compartido Diego con nosotros en la charla que hemos tenido anteriormente, que si ilustra algo es que apostar por el conocimiento a lo largo del tiempo es la clave, y tener convicción y ser determinado en ese objetivo.

Y nos recuerda por qué necesitamos de una universidad, de un sistema universitario público fuerte, que sea no solamente capaz de formar talento, que es fundamental, sino también sostener la investigación y abrir caminos que después puedan recorrer otros y otras.

Es verdad que, y les voy a ser honestos, no son buenos tiempos, hay que decirlo, para el sistema público universitario. En esta última década el número de matriculados, lo veíamos hace poco en los medios de comunicación, en la universidad pública, ha crecido apenas un 3%, y en las privadas lo ha hecho nada más y nada menos que un 128%. Y en los estudios de posgrado, en los másteres, más de lo mismo. La privada ha multiplicado por tres su número de alumnos y ya supera a los de la pública.

Por tanto, la pregunta es ¿Por qué la universidad pública está perdiendo terreno respecto a la universidad privada? Es verdad que durante décadas la universidad pública española ha sido una historia de éxito y de progreso, la historia de miles de familias españolas que vieron cómo sus hijos, sus hijas, accedían por primera vez a los estudios superiores; pocas instituciones representan mejor eso que se llama, en términos coloquiales, el ascensor social.

Pero, ¿qué es lo que está sucediendo para que esa historia esté cambiando? Hay tres razones principales. La primera es, evidentemente, la infrafinanciación, con la que hemos hablado y debatido mucho a lo largo de este tiempo con la CRUE y, por tanto, con los rectores y rectoras. La infrafinanciación de muchas universidades públicas, como resultado de decisiones que se toman políticas, por parte de los gobiernos responsables, con menos recursos, que a la postre lo que significan son peores infraestructuras, menos profesorado y también menos plazas. Y lo vemos, desgraciadamente, en muchas comunidades autónomas, con el mismo patrón, con el mismo método: exigir cada vez más a la pública mientras se les da cada vez menos.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 20 universidades, 14 son ya privadas y solamente seis son públicas. Y en Castilla y León también, cerca de aquí, de nueve universidades, cinco de ellas son privadas. Es esto, si me permiten el juego de palabras, la obsolescencia programada de lo público. Primero se deteriora, después se reduce su oferta y, finalmente, lo que se hace es presentar lo privado como la única alternativa. Y esto no es casualidad. Es un patrón, es un método, una estrategia que conocemos bien, porque, por cierto, lo vemos también en otros pilares del Estado del bienestar, como es por ejemplo la sanidad pública.

La financiación, en cambio, de la Administración General del Estado, durante estos años, la financiación directa -me refiero- ha aumentado desde el año 2018, nada más y nada menos que un 78%. Hoy las universidades públicas reciben más de 600 millones de euros para proyectos de investigación, como los que ha dicho antes la ministra, provenientes de la Agencia Estatal de Investigación, y hemos puesto en marcha el Programa María Goyri, para para la contratación de profesorado, que transfirió nada más y nada menos que el año pasado más de 100 millones de euros. Y también hemos destinado casi 1.300 millones de euros en becas para el curso 2025 2026, un 42% más que en el año 2018. Por tanto, hemos recuperado mucho terreno perdido. Hemos recuperado las becas Séneca que se suprimieron en el año 2013, ahora, evidentemente bajo otro nombre que es el de las becas Luisa Medrano. Y además hemos aumentado su número, su cuantía, incrementando su presupuesto en un 90%.

Y lo mismo estamos haciendo con la UNED, la única universidad que depende de la Administración General del Estado. El plan plurianual de 2026 a 2029, que aprobamos el pasado mes de abril, elevará la financiación del Estado hasta los 169 millones de euros. Y, por tanto, se trata, estamos hablando de la mayor inversión realizada nunca por una Administración General del Estado en nuestra universidad pública, UNED. Es, para que nos hagamos una idea, el doble de lo que se invertía en el año 2018.Por tanto, infrafinanciación.

La segunda razón. Yo creo que la universidad pública tiene que ver también con la demanda insatisfecha de plazas. En el año 2024 y 2025, las universidades públicas presenciales recibieron casi medio millón de solicitudes en primera opción para poco más de 245.000 plazas, es decir, casi dos solicitudes por cada plaza. Muchos jóvenes quieren estudiar en la pública, pero no encuentran sitio y hay muchísimas experiencias que podemos tener todos en nuestros entornos, de amigos, de ver cómo desgraciadamente esa falta de plazas en lo público deriva a la privada a muchísimos estudiantes de nuestro país. Cuando la oferta, por tanto, no crece al ritmo de la demanda, suben las notas de corte, muchos estudiantes se quedan fuera y, en consecuencia, el bolsillo empieza a pesar más que el mérito. Así se crea un círculo, a mi juicio vicioso, que, a falta de plazas públicas, lo que hace es empujar a muchos alumnos y alumnas hacia la privada y después ese crecimiento se presenta como una supuesta preferencia de las familias. Pero una elección forzada por la falta de alternativas no es una elección, es una coacción y es una coacción que evidentemente lo que hace es no garantizar esa igualdad de oportunidades que debe garantizar todo el sistema educativo.

Por tanto, ¿la respuesta cuál debe ser? La nuestra al menos es aumentar la oferta, ampliarla. Por eso, durante este tiempo y dentro del presupuesto extraordinario destinado, por ejemplo, a la UNED, hay una fuerte partida que permitirá crear más de 20.000 nuevas plazas hasta el año 2029.

Y la tercera razón para entender lo que está pasando tiene que ver con que han aparecido universidades con una oferta de calidad, podemos decir cuestionable, que se aprovechan de esta situación para hacer negocio. Y lo hemos dicho de manera muy coloquial: un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios. Tiene que ofrecer lo que ha dicho antes la ministra: docencia de calidad, investigación rigurosa, formación adecuada. Las universidades siempre han sido un faro para nuestras sociedades y no podemos dejar que se conviertan, por tanto, en un negocio al por mayor.

Y, por eso, el año pasado -yo quiero felicitar en ese sentido también a la ministra, porque se hizo un trabajo de diálogo con toda la comunidad universitaria muy importante, particularmente con la CRUE, a la cual también quiero agradecer su trabajo y su esfuerzo- endurecimos los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades y lo hemos cumplido: desde octubre, para que nos hagamos una idea, cualquier nuevo proyecto universitario debe destinar al menos el 5% de su presupuesto a investigación. Y, además, toda universidad de nueva creación, me refiero, tendrá que contar como mínimo con un 50% de doctores de doctoras y acreditar experiencia investigadora en al menos el 60%.

Evidentemente, queremos dar más pasos en esta dirección y por eso, y le agradezco a la ministra que me deje la oportunidad de poder presentarlo hoy aquí, en este centro universitario de prestigio y de excelencia de lo público, hoy me gustaría anunciar que vamos a iniciar la tramitación de un nuevo Real Decreto, que vamos a trabajar con la CRUE, también, lógicamente, con la comunidad de estudiantes y que va a establecer nuevos requisitos para garantizar que detrás de cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad.

Y esto, ¿en qué se va a traducir? Bueno, la propuesta que vamos a compartir con la comunidad educativa es la siguiente: vamos a reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria. Un 50% de docentes deberán tener título de doctor y un 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. Y con ello no solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza, sino que también vamos a luchar contra la precarización, que, por desgracia, también se da en este ámbito.

En segundo lugar, lo decía antes la ministra: exigir la presencialidad allí donde sea necesario, especialmente en ámbitos, pongamos el caso, como el sanitario. Y de esta forma lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online, sin garantizar los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.

Evidentemente, nosotros todo esto lo hacemos porque un título universitario debe tener valor se estudie donde se estudie, lo curse quien lo curse y se venga de la familia de la que se venga. Nos jugamos, creo, que estudiar en España siga abriendo las mismas puertas para todos y para todas y que la sociedad siga confiando en quienes salen de nuestras aulas.

Es evidente que hay otras opciones, otras orientaciones, que lo que buscan es hacer una suerte de aerolíneas 'low cost': acostumbrarnos poco a poco a que lo básico deje de venir incluido (subir la maleta al avión o sentarnos con nuestros familiares o con nuestros amigos). Quieren convertir lo que era común en un extra, y lo que era una garantía en una mercancía, en un negocio. Nosotros no queremos esta estrategia 'low cost' en cuestiones básicas de derechos, como es, por ejemplo, la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Y ese ese modelo 'low cost', pues evidentemente no lo queremos para nuestra universidad, no para la educación superior de nuestros hijos e hijas y, por supuesto, no para el futuro de la investigación de nuestro país.

Así que concluyo. Al principio os decía que no son buenos tiempos para la universidad pública, pero también sabemos que los malos tiempos no duran para siempre; cuando hay, por cierto, una sociedad como la nuestra dispuesta a defender lo que es de todos y de todas. Por eso no vamos a bajar la guardia. Al contrario, vamos a continuar redoblando los esfuerzos. Y, evidentemente, mientras tengamos a esta ministra, este ministerio y por supuesto este gobierno, pues vamos a luchar para que la Universidad siga siendo uno de los principales motores de la movilidad social, de la igualdad y, también, por qué no decirlo, del futuro en cuanto a la consolidación y la mejora de nuestro sistema democrático.

Nada más, y muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)