Intervención del presidente del Gobierno en el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la Campaña Institucional "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país"

Colegio Oficicial de Arquitectos de Madrid

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Buenos días y gracias en primer lugar a los agentes sociales que nos acompañan, por supuesto también a los medios de comunicación por hacerse eco y cubrir
este importante acto para el Gobierno de España y para el conjunto de la sociedad española. Por supuesto, agradecer a los ministerios implicados aquí presentes, también al decano del COAM, que es el lugar donde nos acoge una vez más en un acto importante para este, para este gobierno y por supuesto también al resto de autoridades.

Señoras y señores, empezaré también con una breve anécdota. Y es que apenas hace dos meses, cuando pusimos en marcha todo el proceso de regularización, pues conocí a una mujer migrante que se llama Diana. Es peruana, vive en Madrid, dirige un centro de estética y cuando llegó a España dejó en Perú a una hija de apenas un año. Nos contó además en esa reunión que fue precisamente por ella por quien tomó la decisión de venir a España. Pensémoslo por un momento: separarse de los que más quieres para intentar ofrecerles un futuro mejor. Puede resultar paradójico, pero esa es la realidad y la decisión de muchísimas personas migrantes. Diana durante tres años vivió sin papeles. Trabajó como interna, sin contrato, por tanto, sin derechos laborales, sin poder abrazar a su hija mientras cuidaba de los hijos e hijas de otros. Su vida, evidentemente, cambió gracias a un proceso extraordinario de regularización, impulsado también por una administración progresista en 2005.

La historia de Diana es la historia de un éxito personal que me gustaría reivindicar, pero también lo es de un fracaso que -yo diría- podríamos calificar de colectivo, porque ella ya estaba aquí. Vivía aquí. Trabajaba aquí. Contribuía a la prosperidad del país aquí. Y lo que sucedía, lo que sufría, es que le negábamos la posibilidad de hacerlo con derechos y sin la posibilidad, por tanto, de aportar todo su talento a nuestro país.

Cuando condenamos a una persona a la invisibilidad, creo que hacemos a nuestro país peor. Perdemos todos, perdemos su contribución, debilitamos también nuestra propia convivencia. Por eso el Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria. Una política que entiende las migraciones como lo que son: un fenómeno consustancial a la historia de la humanidad, que asume que las causas que mueven a las personas, también a los españoles, no hace mucho tiempo, no en la época de la dictadura o durante la guerra civil, sino incluso después de la crisis financiera y el fracaso de la respuesta que dio Europa, cuando vimos a muchísimos jóvenes de nuestro país emigrar a otras partes del mundo, singularmente a Europa. Bueno, pues este Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria responsable que pone el foco en garantizar una migración legal, segura y ordenada, porque entendemos que es importante hacer esa política pública, como antes se relataba.

Asumimos que las causas que mueven a las personas para migrar son mucho más fuertes que las dificultades que pueden encontrarse en el camino. Y además, viendo a Ángel Víctor, que estuvimos acompañando al Papa precisamente en las Islas Canarias, vivimos relatos muy duros, muy dolorosos, dramáticos, de personas migrantes que lo dejaron todo precisamente para tratar de ofrecer una oportunidad y futuro a sus familiares. Que sabe que, por tanto, no hay un muro o una barrera que frene la voluntad de alcanzar una vida mejor y que entiende que las migraciones ofrecen innumerables oportunidades, pero también generan desafíos a las propias sociedades que acogen esa migración. Desafíos a los que debemos responder, por tanto, con inteligencia, con sentido común.

Solo hay dos maneras de afrontar las migraciones. Una, desgraciadamente, la estamos viviendo también en España, pero por supuesto en Europa y en otras muchas partes del mundo, que es negar esa realidad, esa identidad que tenemos consustancial al ser humano, que es la migración, y por tanto alimentar el miedo, agitar discursos xenófobos que no resuelven ningún problema.

Pongamos, por ejemplo, el dato de una comunidad autónoma como es la de Extremadura, con el menor porcentaje de población extranjera de España, apenas un 4% tiene Extremadura. Es también la región más segura de nuestro país y la que más barata tiene la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Y además es una de las comunidades autónomas que más sufre el reto demográfico, el invierno demográfico que asola a todo Occidente y, por tanto, también a Europa y a nuestro país. Y, sin embargo, ha habido formaciones políticas que han convertido la migración y la delincuencia en el principal problema de su campaña electoral, no porque lo dijeran los datos -como he dicho antes, la comunidad extremeña es de las más seguras de España-, sino porque necesitaban construir su relato.

Hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075, por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto, qué significa desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral? Por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000
aulas de Primaria y Secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 de explotaciones agrícolas -por tanto, una de cada tres-. Ese es el país que quieren algunos: un país ensimismado y por tanto, vacío, más pobre, más débil, con menos recursos para financiar su estado del bienestar y la cohesión social y la cohesión territorial, además lógicamente, de garantizar su crecimiento económico para después poder ser redistribuido.

La segunda forma de afrontar las migraciones es no negarlas, sino asumir la realidad y, por tanto, gobernarla. Gestionar el fenómeno para aprovechar sus oportunidades y también, lógicamente, para responder a los desafíos que la migración entraña. Y España y su Gobierno, por extensión, ha elegido este camino. Lo hacemos, en primer lugar, por coherencia con nuestro propio pasado. Antes hacía referencia a ello, porque sabemos lo que significa emigrar. Lo hacemos no solamente por coherencia, sino también por responsabilidad. Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales. También a sostener el Estado del bienestar y mantienen vivos muchos territorios. Recuerdo el verano pasado, mientras asolaban los incendios muchas de las regiones de nuestro país, encontrarme con un alcalde de Villablino, en León, y decirme que querían migrantes en su pueblo precisamente para poder no cerrar las aulas y poder sostener ese ese municipio.

Por tanto, también por inteligencia lo hacemos y por supuesto que lo hacemos por humanidad, por empatía. Gobernar, amigos y amigas, es decidir. Y algunas decisiones que se toman desde el gobierno hablan no solo del país que somos, sino también del país que aspiramos a ser. Y yo creo que esta es una de ellas. Una de las decisiones más importantes, más trascendentes, que puede tomar una administración. Porque así es como queremos que el mundo vea a España: como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos. Un país que mira a su alrededor como debemos hacerlo nosotros también a diario, con empatía, y que reconoce la dignidad de quienes ya viven, trabajan y construyen su proyecto de vida entre nosotros y nosotras. Una España, en definitiva, que será mejor de lo que ya es, y no solo por tomar una decisión inteligente y buena para nuestra economía, que sin duda alguna lo es, sino porque ahora, precisamente ahora, hace lo único decente y moralmente aceptable, que es dar la mano en lugar de dar la espalda a la realidad migratoria de nuestro país.

España nunca ha avanzado levantando muros. Yo diría que ninguna sociedad ha avanzado nunca levantando muros entre quienes comparten un mismo futuro. Lo hacen las sociedades y ese es el camino que ha tomado España ampliando derechos, fortaleciendo la convivencia, apostando por la integración. Por eso estoy convencido de que el día de mañana recordaremos este paso como una decisión que hizo a España un país más justo, más fuerte y, sobre todo. y es lo que hoy estamos celebrando, una España mejor. Porque una España que reconoce derechos, que reconoce la dignidad de sus personas, hace de su país un país mejor.

Y, además, permitidme que lo diga, y también a los medios de comunicación, para que, en el debate público, o en el publicado, al menos, también se puedan arrojar cifras sobre cuál es el funcionamiento o la buena marcha de esa política, porque son políticas que funcionan. Casi la mitad del crecimiento del PIB desde el año 2022 se explica por la llegada de personas migrantes. Alrededor del 20% del crecimiento del PIB per cápita de los últimos años está vinculado a su contribución. Cuando, por tanto, integramos como país lo que hacemos es avanzar, es crecer, es progresar conjuntamente.

Y, por tanto, que nadie se engañe. Todo esto lo estamos haciendo sin renunciar al control de nuestras fronteras. En muchas ocasiones de manera interesada se trata de vincular la migración con la llegada de migrantes de manera irregular, sobre todo, engañados por las mafias que trafican con seres humanos y que lo que hacen precisamente es poner en riesgo la vida de seres humanos. Lo hemos visto en el Mediterráneo y también lógicamente, en la costa atlántica de África.

Pero si nos centramos en los datos, en lo que llevamos de año, las llegadas irregulares se han reducido un tercio respecto al mismo periodo del año 2025. Y en el caso de las Islas Canarias estamos hablando de una reducción de más del 70%. Por tanto, frente a ese supuesto efecto llamada que dicen algunos, los datos. Y frente al miedo, una política rigurosa. Y frente al odio, humanidad, empatía.

Por eso, querida ministra Elma, hoy damos un paso más con la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, una propuesta de España para gestionar las migraciones de una forma ordenada, justa, inteligente, coherente, además, con lo que hemos venido desarrollando durante estos últimos años. Un plan para mejorar la vida de quienes llegan y también de quienes lo recibimos, de la sociedad que acoge, que es la sociedad española.

¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades que aporta la migración. Y para responder, como he dicho antes, a los desafíos sociales que esta genera.

Debemos decirlo con claridad. La convivencia no está libre de tensiones, lo sabemos. Por eso creo que integrar y otorgar ciudadanía no es negar los problemas, los desafíos que tenemos por delante. Es reconocerlos, es afrontarlos y resolverlos.

España ya lo ha hecho antes. Lo hizo cuando los polos industriales, por ejemplo, recibieron a trabajadores y trabajadoras de todos los rincones del país. Por cierto, también de la Comunidad autónoma, a la cual antes hacía referencia, Extremadura. Cuando millones de españoles y españolas dejaron el campo para instalarse en las barriadas de muchas ciudades, también aquí en Madrid. Y cuando a comienzos de este siglo nos convertimos en un gran país receptor de emigrantes llegados de otros países.

Porque si existe algo que signifique ser español es precisamente eso, como concepto de ciudadanía, nuestra capacidad de acoger, pero también de integrar y, por tanto, de avanzar juntos.

Por eso hoy lanzamos este plan impulsado por el Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones, un plan en el que han trabajado durante meses -y quiero también reconocerlo desde esta tribuna-, una decena de ministerios a los cuales quiero también, por supuesto, agradecer su trabajo. Y que ha contado con las aportaciones de la sociedad civil -y quiero de nuevo decirlo, aquí antes se ha hecho referencia a ello- y de la patronal y los sindicatos.

Va a tener una dotación inicial de más de 500 millones de euros el primer año, que evolucionarán en función de las necesidades y del despliegue progresivo

de las medidas que vamos a ir implementando.

No presentamos una declaración de intenciones. Como he dicho antes, está dotado este plan con 500 millones de euros. Presentamos cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos de aquí al año 2030. Porque la humanidad sin gestión evidentemente se queda sin palabras y la gestión sin humanidad evidentemente pierde su sentido.

¿Cuál es el primer pilar? El primer pilar sitúa como base la integración con flujos migratorios ordenados y regulares. Esto exige pensar en dos cuestiones. La primera es cómo llega la gente a nuestro país. Y la segunda es cómo tratamos con las personas que ya están entre nosotros. Por eso, la primera medida del plan es la propia regularización, el reconocimiento de derechos y responsabilidades por parte de las personas migrantes que están entre nosotros. Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos, y de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.

Buena parte de los desafíos asociados a las migraciones - los vemos en otros muchos lugares del planeta- nacen precisamente de la exclusión administrativa, si me permiten esta expresión, porque impide trabajar legalmente, desarrollar en consecuencia, como he dicho antes, su propio talento, contribuir plenamente al estado del bienestar y ejercer derechos y obligaciones. La exclusión, por tanto, no protege a nadie. No protege, por supuesto, a las personas que la padecen, ni tampoco a la sociedad que no la reconoce. No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge. Y es que no hay integración posible sin regularidad.

Pero también hay que decir que una política responsable no puede limitarse a actuar cuando las personas ya están aquí. También debe ofrecer alternativas antes de que de que emprendan ese viaje. Por eso pondremos en marcha una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales, seguras, ordenadas, para responder a las necesidades de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas, y facilitar, por tanto, la integración desde el primer día.

La mejor integración también empieza antes de cruzar la frontera con un contrato, con una situación regular, con un proyecto de vida. Y todo ello, evidentemente, necesita una administración capaz de responder. Por eso me gustaría también anunciar que dentro de este plan de integración lo que vamos a hacer es poner en marcha el proceso para la creación de una Agencia, una agencia que será estatal, de carácter, por tanto, nacional, de Movilidad Humana, que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos, para ofrecer una gestión mucho más sencilla, mucho más coordinada y también, en consecuencia, más eficaz. Mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y de residencia y preservará, en consecuencia, las competencias de seguridad y de control fronterizo. Por tanto, más eficacia más cooperación y más sinergias dentro de la Administración General del Estado, menos incertidumbres para las personas y más seguridad y protección para todos y para todas.

El segundo eje lo que hace es reconocer el trabajo como la principal herramienta de inclusión, autonomía personal y también cohesión social. No hay integración plena sin autonomía y no hay autonomía sin oportunidades. Un empleo lo que hace es, por supuesto, proporcionar un salario, pero también hace algo muy importante que contribuye a la cohesión de nuestras sociedades y es ofrecer estabilidad, también pertenencia y futuro.

Por tanto, ampliaremos las oportunidades para que la población migrante y para también la población local en los territorios con mayor diversidad puedan tener esas oportunidades laborales. Con una inversión de más de 35 millones de euros para facilitar la incorporación a sectores con alta demanda, como, por ejemplo, la construcción, los servicios sociales o la hostelería. Y apoyaremos el emprendimiento y reforzaremos las oportunidades en el medio rural. También vamos a poner en marcha una oferta extraordinaria de Formación Profesional, con una inversión de más de 150 millones de euros y con una oferta de más de 100.000 plazas de formación flexible y conectada con el mercado laboral que, por tanto, reconozca las capacidades de muchas personas ya traen consigo y las oriente hacia las necesidades de nuestra economía. No hablamos, por tanto, de importar mano de obra, lo que hacemos es incorporar personas con talento, con derechos y con un proyecto propio a esa realidad laboral y, por tanto, ponerlo al servicio del conjunto del país.

El tercer eje se centra en una idea y es la integración como un compromiso recíproco. Creo que esto, en fin, da sentido a no solamente a la parte de derechos, sino también a la parte de deberes o de responsabilidades, porque la sociedad española también tiene la responsabilidad, por supuesto, su gobierno, de garantizar todos aquellos valores o ese marco legislativo que nos hemos dado democráticamente durante estos más de 40 años de democracia.

Por tanto, la sociedad española debe garantizar, por supuesto que sí, la igualdad de trato, combatir la discriminación, ofrecer oportunidades. Y quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, combatir los valores democráticos que nos definen. Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad; y formar parte de esa comunidad necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente, se haya nacido en Amurrio o se haya nacido en Dakar. No son, por tanto, condiciones para unos y privilegios para otros, son las reglas de todos y de todas.

Es evidente que no basta con exigir integración, hay que hacerla posible y, por tanto, necesitamos del concurso de todas las administraciones, desde aquellas que tienen singularmente las competencias como son los ayuntamientos, las comunidades autónomas y, por supuesto, también el Gobierno de España. Por eso, desde la Administración General del Estado vamos a destinar casi 30 millones de euros en programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales, el conocimiento de nuestras normas, de nuestro marco constitucional, de nuestros valores, así como programas de integración comunitaria para mejorar eso, la convivencia y, en consecuencia, la cohesión en nuestros barrios y en nuestras ciudades.

Y, además, vamos a reforzar eso que cada vez, por desgracia, es más común, pero que también -y miro a Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior- combatimos, desde luego, con el concurso y la alianza de muchísima gente, también de la sociedad civil, que son los discursos de odio; mejorando también el apoyo a las víctimas de esa discriminación, porque evidentemente la inclusión es también proteger la convivencia de todos y de todas.

El cuarto y último eje tiene un objetivo muy claro y es hacer efectiva la ciudadanía, porque los derechos y las libertades solo existen de verdad cuando pueden ejercerse. Y eso exige eliminar las barreras, sean las culturales, las sociales, también las administrativas, que todavía impiden que muchas personas puedan acceder en igualdad de oportunidades y de condiciones a servicios públicos, tanto de personas migrantes como de personas locales. Y en este sentido, el plan va a destinar más de 200 millones de euros a reforzar eso, los servicios públicos, y garantizar, en consecuencia, la igualdad de oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer impulsando el éxito educativo, combatiendo la segregación escolar con un especial hincapié en el refuerzo del aprendizaje del idioma desde edades tempranas y, también, lógicamente, actuando contra la discriminación en el acceso a la vivienda y garantizando el acceso efectivo al Sistema Nacional de Salud en todo nuestro territorio.

En definitiva, amigos y amigas, este es nuestro modelo de integración, por tanto, de ciudadanía, de país. Orden y regularidad, trabajo digno y un marco que yo diría que es claro de convivencia, basado en el acceso efectivo a derechos y también a obligaciones. El último pilar de una política migratoria sensata, justa y responsable es eso, es la política de integración.

Me gustaría terminar esta intervención con una reflexión. Mirad, durante estos meses estamos llevando a cabo, yo creo que un éxito de gestión muy importante como es este proceso de regularización. Un paso clave para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros y nosotras. El Plan de Integración lo que hace es convertir ese primer paso en un proyecto de vida: con empleo, con educación, con derechos, con deberes y con reglas de convivencia compartidas.

Este plan representa el compromiso, yo diría que no solamente del Gobierno, sino también del Estado, del conjunto del Estado, con la integración. Pero hay algo que ningún plan, ninguna ley o ningún gobierno puede sustituir, que es la actitud, la actitud de la sociedad española. Y sobre eso tengo muy pocas dudas, porque si hay un tema donde existe una distancia sideral entre el ruido de las redes sociales o discursos políticos que estamos, por desgracia, escuchando y también la realidad cotidiana, es precisamente este. La realidad de España no son los mensajes de odio, aunque evidentemente se expanden las redes sociales, la realidad es el vecino, la vecina que ayuda -lo recordamos precisamente durante la pandemia-, la compañera que enseña, el profesor, la maestra que acompaña y el barrio que acoge a todo el que lo necesita. Esa es la España de verdad, esa es la España real, ese es el país que somos y vamos a seguir siendo, por mucho que algunos evidentemente se empeñen en dar marcha atrás en la historia. Porque para construir una sociedad cohesionada, evidentemente hace falta buenas leyes, buenas políticas, pero sobre todo buena gente, buenas personas, y afortunadamente de eso España tiene de sobra.

Nada más y muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)