Intervención del presidente del Gobierno en acto con motivo del quinto aniversario de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital

Madrid

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Buenos días y gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en este en este día tan importante, donde celebramos una conquista social muy relevante para millones de personas en nuestro país. Quisiera, en primer lugar, agradecer al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones su hospitalidad y por supuesto a todo el equipo que le acompaña.

Como decía, hoy se cumplen cinco años desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital y quiero empezar, porque lo hacíamos antes con algunos de los beneficiarios, recordando el contexto que hizo posible que saliera adelante esta política pública en España: fue durante la pandemia, diría que en plena pandemia de la covid-19, allá por el año 2020, en una emergencia social como no había vivido la humanidad en los últimos 100 años. Y probablemente, en términos de emergencia social en nuestro país, es evidente que muy semejante a la que se sufrió a través y como consecuencia de la Gran Recesión y la crisis financiera en el año 2008.

Es verdad que había dos alternativas entonces, en el año 2020, aplicar la austeridad como en aquella crisis, o levantar -como levantamos- un escudo social, una red social para proteger a las personas ante la incertidumbre derivada de la covid-19. Personas que tienen nombres y apellidos; algunos de ellos nos acompañan hoy aquí y a los cuales quiero también dar las gracias por compartir su testimonio y su experiencia de vida conmigo. Álvaro, por ejemplo, que perdió su vivienda durante el covid; Alejandro, que tiene síndrome de Asperger y compatibiliza su prestación con un trabajo como guía turístico y además en una de las aficiones que tiene, como es la historia; también como Auristela, que lo combina con un contrato durante los fines de semana y sigue formando o formándose mientras busca trabajo a jornada completa. O como Desirée, que ahora puede cubrir los gastos de alquiler y alimentación para ella y también para sus cuatro hijos.

Lo digo porque detrás de cada una de estas historias hay historias difíciles. Hay historias complejas, duras, que son muy comunes en nuestra sociedad y que probablemente están muy fuera del debate público, pero que al final son los auténticos protagonistas del día a día de nuestro, de nuestro país. De esas que mucha gente en la calle ve como algo cotidiano, pero que están de manera muy ajena, no presentes en el debate público.

Pero lo cierto es que, evidentemente, todos podemos sufrir una situación parecida a la que sufrieron todos ellos. Nadie, por tanto, estamos a salvo de que su vida se tuerza por circunstancias absolutamente ajenas a él o a ella. Y casi siempre, además, esas coyunturas, de repente aparecen sin avisar.

Hace cinco años decidimos mirar de frente a esta realidad, también como consecuencia de algo que no habíamos previsto la humanidad, que era una pandemia de las características que sufrimos. Lo hicimos además reformando e impulsando una innovación de política pública -muchas veces cuando hablamos de innovación siempre pensamos en la innovación del sector privado, pero nunca del sector público-. El ingreso mínimo vital es una innovación de política pública, que da pleno sentido, además, al artículo uno de nuestra Constitución, que define a España como lo que es realmente o aspiramos a ser: que es un Estado social y democrático de derecho. Y en ese sentido creo que es muy relevante subrayar el término social; es decir, como un Estado al que le incumbe la dignidad de su ciudadanía y, por tanto, al que no le es ajena la exclusión social en un país tan desigual como es España y que da también sentido a buena parte de la acción pública que realiza el Gobierno de España.

Bueno, yo creo que, gracias a este ingreso mínimo vital, el país saldó -o está en trámite de saldar- una deuda histórica consigo mismo. Ya no somos una excepción europea -antes lo compartía con algunos de los beneficiarios y beneficiarias y también los responsables de esta política en el Ministerio-: esta innovación del ingreso mínimo vital ha sido aplaudida por parte de las autoridades comunitarias y también por parte de gobiernos que tradicionalmente podemos prejuzgar como austeros o frugales. Ya no somos, por tanto, esa excepción europea, que dejaba de lado a quienes caen en una situación de vulnerabilidad. Y esa anomalía, por tanto, lo que queremos es resolverla de manera decidida.

Yo creo que el ingreso mínimo vital y el escudo social nos permitieron, evidentemente, superar una pandemia; la mayor crisis inflacionista del medio en medio siglo como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania, que está dejando y ha dejado profundas cicatrices también en la cohesión social de nuestro país.

Apostamos por esa cohesión social. Queremos luchar contra esa desigualdad que aún existe en nuestro país. Y los resultados, además, avalan esta apuesta, esta innovación de estas políticas vinculadas con el escudo social y con el ingreso mínimo vital. Algunos datos creo que dan prueba de la situación de desigualdad que vive nuestro país, pero también de los avances que estamos dando por restar presencia a esa desigualdad. Por ejemplo, pese a haber atravesado una pandemia que golpeó particularmente a las capas más vulnerables de nuestra sociedad, hemos reducido la tasa de pobreza hasta el mínimo de la serie: es decir, un 19,7% en el año 2024, que es el valor más bajo de la serie histórica. En todo caso, no nos podemos dar por satisfechos en un país en el que el 19,7% de nuestra población sufre todavía tasa de pobreza.

En segundo lugar, hemos seguido reduciendo la desigualdad hasta su nivel más bajo. El índice Gini -para aquellos que no conozcáis esta métrica, es un índice que mide el grado de desigualdad de nuestras sociedades- ha pasado de 33 puntos allá por el año 2018, antes de la pandemia, a estar en el 31,2% en el año 2024. En todo caso, sigue siendo muy elevado y por tanto tenemos que seguir perseverando las políticas de redistribución de esa riqueza.

Y finalmente hemos garantizado el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos hogares más vulnerables. Desde el año 2018, la renta real del 10% de la población con menos ingresos ha crecido un 16,4%. La renta real es esa renta a la cual descuentas la inflación.

Por tanto, en estos cinco años han recibido el ingreso mínimo vital más de 1 millón de hogares. Esto creo que es un dato muy importante, que también pone de relieve la profesionalidad de los funcionarios y funcionarias que están detrás, como hemos visto, de la gestión de todas las políticas públicas vinculadas con la Seguridad Social y, particularmente, el ingreso mínimo vital. Eso se traduce en 3 millones de personas. 1 millón de hogares, 3 millones de personas. Cada una de ellas, como antes he relatado, con su historia personal y diferente detrás.

Solo en el último año los beneficiarios y beneficiarias -y quiero también subrayar beneficiarias, porque buena parte de los perceptores son mujeres con cargas familiares- se ha incrementado en casi un 30%. Pero queda, por tanto, mucho por hacer. Hay familias que tienen tanto derecho a esta ayuda como Álvaro, como Alejandro, como Auristela, como Desirée y que aún no lo han recibido. A veces por desconocimiento, otras por dificultades a lo largo del proceso, como relata con maestría la escritora Sara Mesa en su libro "Silencio administrativo".

Por eso yo creo que es tan importante la labor del Tercer Sector, al cual también quiero reconocer el trabajo que hacéis. La labor, por ejemplo, de Hogar sí, de Plena Inclusión, de la Red de Lucha contra la Pobreza, o de Cruz Roja Española, que siempre están presentes. Sé que algunas veces hay determinados colectivos en nuestra sociedad que lo que quieren no solamente no es reconocer vuestra labor, sino precisamente reducir la importancia de vuestra labor y estigmatizar.

Y creo que es muy importante esta aproximación que siempre tuvimos presente cuando se diseñaba el ingreso mínimo vital, porque al final el Tercer Sector lo que hace es complementar la labor del personal de las administraciones públicas, de llegar donde a lo mejor nosotros no podemos llegar, como es el caso de los funcionarios y funcionarias de la Seguridad Social, cuyo trabajo diario, insisto, hoy también quiero reconocer con la visita a este Centro de Atención Telefónica y Telemática del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la ciudad madrileña de Leganés.

Como decía, hay que hacer más para que este ingreso llegue a todas las personas con derecho a percibirlo y para que así sea estamos haciendo muchas cosas. Una de ellas es renovar la página web de la Seguridad Social, con el objetivo de que la formalidad burocrática, que es muy necesaria para el control de los recursos públicos, que son los recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea utilizado con la mayor transparencia y la absoluta legalidad. La precisión del lenguaje administrativo, que es muy importante para que no sea una barrera de acceso a las prestaciones sociales y particularmente el ingreso mínimo vital. Y también para que, a partir del 1 de junio, es decir, ya, centros como el que nos acoge, tengan en marcha un servicio de atención telemática a personas con discapacidad auditiva.

Yo creo que durante estos años hemos ido mejorando el diseño, hemos ido aprendiendo también desde la administración pública. Las cuantías también las hemos mejorado. La cobertura del ingreso mínimo vital, como he dicho antes, también la hemos ido extendiendo, también con nuevas herramientas para el complemento de ayuda a la infancia. Es más, ha sido una de mis principales obsesiones. Cuando hablaba con los responsables del diseño de esta política pública, en la que nosotros nos centramos particularmente en la lucha contra la pobreza infantil. Por tanto, con nuevas herramientas para el complemento de ayuda a la infancia.

Pero hay un frente en el que creo que es aún prioritario actuar y es el de garantizar el derecho a una vivienda digna también para las familias más vulnerables, también para las familias más desfavorecidas. Nos estamos centrando mucho, como no puede ser de otra manera, en la clase media, en la clase trabajadora de nuestro país, porque hay mucha gente, muchos colectivos que tienen serias dificultades para poder acceder a la compra o al alquiler de una vivienda, pero eso no tiene que actuar en menoscabo de colectivos, de familias, de personas muy vulnerables que también necesitan del apoyo y del calor de la administración pública cuando hablamos del acceso a la vivienda.

El primer paso lo damos a través de la sociedad TuTECHO, que destinará 5 millones de euros a la adquisición de nuevos inmuebles que se van a poner en alquiler a través de las entidades sociales. El objetivo es alcanzar, nada más y nada menos, que a 2.000 beneficiarios y beneficiarias para ofrecerles una vivienda en condiciones y combatir el sinhogarismo en nuestro país, que por desgracia también está muy presente.

Bueno, concluyo. Yo creo que el ingreso mínimo vital, como he dicho antes, es una innovación de política pública y es mucho más que una ayuda económica. Como se decía en la exposición de motivos del Real Decreto, que es lo que desarrolla la ley que fue aprobada por las Cortes Generales hace cinco años, la prestación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta -como habéis dicho algunos de vosotros y vosotras-, una palanca para garantizar la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica de nuestro país.

Por tanto, a mi juicio, es una política vital -jugando con las palabras- para los que lo necesitan ahora, pero que nos protege e interpela a todos porque, efectivamente, no podemos dejar a nadie atrás ante cualquier crisis o situación sobrevenida.

El ingreso mínimo vital es también la materialización de un deber ético, de un deber moral, y como tal, en un contexto en el que hay un retroceso, e incluso se estigmatizan las políticas sociales y trata de imponerse una suerte de darwinismo social, es muy importante que reivindiquemos los logros, los avances y las conquistas sociales que entre todos estamos logrando en estos últimos años.

Y esa materialización de ese deber ético, de ese deber moral, debe guiar a todos los responsables políticos de todos los niveles del Estado, de todas las instituciones. Y por eso pido a todas las administraciones que no se desentiendan del principal desafío que tiene nuestra sociedad, que es luchar contra la desigualdad en todas sus formas. Erradicar de una vez por todas la pobreza infantil que lastra a nuestra sociedad en múltiples ámbitos, que se garantice el derecho de la vivienda, que es un derecho constitucional y que vincula también a todas las administraciones. Y, por tanto, no se trata de debates sobre competencias, que en muchas ocasiones a los ciudadanos y ciudadanas es lo que menos les importa. Lo que les importa es que todas las administraciones se comprometan en resolver, cada uno echando una mano desde sus ámbitos de competencia, problemas comunes que tienen todos los españoles y españolas, vivan donde vivan.

Y a todos, por tanto, al Gobierno de España, a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas, provinciales y municipales, nos incumbe garantizar condiciones de vida digna para nuestros compatriotas.

Yo estoy convencido de que eso es lo que nos pide la gente, que estemos a la altura de lo que España es: una sociedad que es solidaria, que está comprometida con estas causas y, sobre todo, que está comprometida con echar una mano a aquellos que sufren de manera súbita y repentina un golpe de adversidad. Una sociedad que no es indiferente ante la injusticia, como estamos viendo, que tampoco es indiferente ante la exclusión social. Una sociedad, en definitiva, que aprendió en la pandemia el valor y el valor de no dejar a nadie atrás.

Eso es, ni más ni menos, el ingreso mínimo vital, si me permitís la expresión: una impugnación frente a la indiferencia; un faro de esperanza para romper el círculo de la exclusión social que está cambiando a mejor la vida de mucha gente.

El que yo hoy pueda conocer a Álvaro, a Auristela, a Alejandro, a Desiré, como personas que son beneficiarias del ingreso mínimo vital y que, además, están saliendo adelante tanto ellos como sus familias, no deja de ser un ejemplo inspirador para muchos otros y otras que, como vosotros, están sufriendo una situación parecida. Y también un tributo al compromiso del servicio público, que sin duda alguna está aquí muy presente en la Seguridad Social.

Así que, muchísimas gracias. Enhorabuena por este 5º aniversario de una política pública que efectivamente es eso, una impugnación frente a la indiferencia. Y como siempre me gusta decir, 'continuamos'. Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)