Intervención del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, de forma extraordinaria por la urgencia de la materia y por encontrarse en funciones, sobre los Consejos Europeos de los días 18 y 19 de febrero, y de los días 17 y 18 de marzo

Señor presidente, señorías,

Comparezco ante el Pleno del Congreso para informar sobre las Consejos Europeos de los meses de febrero y marzo de este año, así como de la Cumbre Unión Europea-Turquía del 18 de marzo.

En el primero de ellos, el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero, decidimos un nuevo encaje del Reino Unido en la Unión Europea.

Como Sus Señorías recordarán, el primer ministro Cameron anunció en enero de 2013 su intención de negociarlo y someterlo, posteriormente, a referéndum del pueblo británico antes de finales de 2017. Después de unas intensas negociaciones, los pasados 18 y 19 de febrero los jefes de Estado y de Gobierno aprobamos una Decisión, con una serie de declaraciones anejas, en la que se establece ese nuevo encaje del Reino Unido en la Unión Europea, que se estructura en cuatro áreas: gobernanza económica, competitividad, soberanía, y beneficios sociales y libre circulación.

Antes de entrar en lo acordado en cada una de estas secciones, me gustaría recalcar el contexto en que se ha desarrollado esta negociación: la decisión del primer ministro Cameron de someter a referéndum un nuevo estatuto para Reino Unido en el seno de la Unión, de acuerdo con las preocupaciones que había expresado en estos cuatro ámbitos y la voluntad de solicitar el voto favorable para la permanencia en la Unión Europea, sólo si se daba una respuesta satisfactoria a las mismas.

En relación con la gobernanza económica, la Decisión establece una salvaguardia para evitar que pueda discriminarse a personas físicas o jurídicas en la Unión en razón de la moneda de su Estado miembro. Asimismo, incorpora la garantía de que los contribuyentes de los Estados miembros cuya moneda no es el euro no serán responsables de las operaciones para respaldar la moneda común.

Ninguna de estas dos propuestas planteaba dificultades, ya que el principio de no discriminación está reconocido en los Tratados como uno de los principios básicos de la Unión, y la no participación de los Estados miembros cuya moneda no es el euro en el Mecanismo de Estabilidad Europeo, el MEDE, o en el anterior Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ya está así establecida.

En este ámbito se ha introducido, igualmente, un mecanismo de salvaguarda para los Estados "no euro", que permitirá a éstos comunicar al Consejo su oposición a medidas cuya adopción se rija por mayoría cualificada en el seno del Consejo, cuando entiendan que sus intereses puedan resultar lesionados como consecuencia de su no participación en la moneda común. De acuerdo con el mecanismo previsto, tras la oportuna notificación el Consejo estará obligado a buscar una base más amplia para el acuerdo en un tiempo razonable y sin alterar el procedimiento legislativo.

Entre las iniciativas previstas para ampliar la base del acuerdo, se contempla la posibilidad de deferir el asunto al Consejo Europeo para su discusión; pero esto en ningún caso supondrá que los Estados "no euro" tengan un derecho de veto, ni limitar la capacidad de los Estados euro de tomar las decisiones que estimen oportunas para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria.

La segunda sección versa sobre competitividad y reitera el objetivo de lograr una Unión más competitiva en aras del crecimiento y la creación de empleo, y una Unión que profundice en el mercado interior y alcance acuerdos comerciales amplios, así como que consiga reducir la carga regulatoria sobre las empresas. Estas propuestas, en los términos expresados en la Decisión, suscitaron un amplio consenso. Lograr una Unión Europea competitiva en el mundo es un objetivo que todos compartimos.

La tercera sección, dedicada a la soberanía, originó, sin embargo, un mayor debate, ya que una de las propuestas del primer ministro Cameron suponía renunciar a la esencia del proyecto europeo, "una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa", que está contenida, como saben, en el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea. Finalmente, el acuerdo alcanzado reconoce que el Reino Unido, a la luz de la situación específica establecida en los Tratados, no está comprometido con una mayor integración política en la Unión. La referencia a "una unión cada vez más estrecha" es compatible con diferentes vías y permite un grado de integración más profundo a los que comparten esa visión de su futuro común.

En esta sección se acordó, además, reforzar el papel de los Parlamentos nacionales en el control del respeto al principio de subsidiariedad, mediante un nuevo mecanismo. Éste prevé que los Estados miembros suspendan el examen de un proyecto de acto legislativo cuando los dictámenes motivados de los Parlamentos nacionales que indiquen que no se cumple el principio de subsidiariedad representen más del 55 por 100 de los votos atribuidos a dichos Parlamentos. Esto no supone un cambio sustancial en relación con el Protocolo nº2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

La cuarta y última sección ha sido, Señorías, la más polémica. Versa sobre los beneficios sociales y la libre circulación. Esto constituía uno de los elementos fundamentales de las preocupaciones británicas, así como del resto de los socios. Tras intensos debates, se decidió lo siguiente:

• La adopción de medidas transitorias adecuadas, en las correspondientes Actas de Adhesión de nuevos socios, sobre libre circulación de personas;

• La constatación de que los Estados miembros podrán adoptar medidas para prevenir el fraude o los abusos a la libre circulación, como los matrimonios de conveniencia, residencias ficticias en otro Estado de la Unión o documentos falsificados.

• También se acordó la próxima presentación, por parte de la Comisión Europea, de una propuesta para enmendar el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, que incluirá la opción para los Estados miembros de indexar los beneficios percibidos por menores al nivel de vida del Estado miembro en el que éstos residan. Se trata de una previsión pensada para situaciones de exportación de beneficios de menores que no residan en el Estado miembro del trabajador. Esta medida se aplicará sólo a los nuevos trabajadores. La Comisión declaró, y esto es importante, que no propondrá esta medida en el futuro en relación con otros beneficios de Seguridad Social, como las pensiones.

• Se acordó también la próxima presentación por parte de la Comisión de una propuesta de enmienda del Reglamento sobre libertad de circulación de trabajadores en el seno de la Unión, que introduzca un mecanismo de alerta que responda a situaciones de afluencia de una magnitud excepcional y por un prolongado período de tiempo de trabajadores procedentes de otros Estados miembros, que afecte a aspectos esenciales de su sistema de Seguridad Social. En este caso, a propuesta de la Comisión, el Consejo podría autorizar al Estado miembro de que se trate a restringir, en la medida necesaria, el acceso a las prestaciones no contributivas vinculadas al ejercicio de una actividad profesional.

Esta propuesta, que fue la más controvertida, sólo se aprobó finalmente tras la introducción de determinadas garantías. Son las siguientes:

• La restricción se refiere exclusivamente a beneficios no contributivos; en ningún caso, a ayudas de Seguridad Social.

• De forma limitada en el tiempo, por un máximo de cuatro años, para cada trabajador.

• Siempre para futuros trabajadores y nunca de forma retroactiva.

• Con carácter gradual, de manera que el trabajador afectado se irá incorporando progresivamente a la percepción de la totalidad de las ayudas.

• Por último, con adecuadas garantías procedimentales: la decisión no puede tomarla el Estado miembro si la Comisión no ha formulado la pertinente propuesta y sin la preceptiva autorización que deberá aprobar el Consejo; y ello por un período máximo de siete años.

Señorías,

Según datos de nuestros consulados, de los españoles que trabajan en el Reino Unido solamente 4.620 habrían solicitado alguna prestación social hasta febrero de 2015. De ésos, 2.120 españoles percibían prestaciones de desempleo que no se verán afectadas por el acuerdo alcanzado.

Por lo tanto, Señorías, el número de trabajadores españoles que se verían afectados es muy reducido porque, llegado el caso, sólo afectaría a los nuevos trabajadores que se incorporasen al mercado laboral y porque las prestaciones sociales a que se refiere son exclusivamente asistenciales, de carácter no contributivo.

Por último, debo precisar que no se trata de una reforma de los Tratados y que lo acordado sólo producirá efectos si el resultado del referéndum del 23 de junio mantiene al Reino Unido dentro de la Unión.

Señoras y señores diputados,

Detrás de estas negociaciones subyacía el deseo compartido de mantener al Reino Unido como miembro de la Unión Europea pero, y esto es muy importante, preservando al mismo tiempo los principios, valores y objetivos que constituyen la esencia de la Unión y con los que España está plenamente comprometida.

Señorías,

Creo que el contenido de la Decisión se enmarca en el respeto de esta doble condición. En este momento, deseamos al pueblo británico un debate fructífero de cara al referéndum que está previsto que se celebre el próximo 23 de junio. Creo, en cualquier caso, que los intereses de Europa, los intereses de España y los intereses de los españoles que residen en el Reino Unido quedarán mejor servidos si el Reino Unido permanece en la Unión Europea.

Señoras y señores diputados,

Paso ahora a informar sobre la Cumbre Unión Europea-Turquía del 18 de marzo, así como sobre el Consejo Europeo de marzo en el que debatimos las siguientes materias: migración, en primer lugar, y las prioridades que definen las actuaciones económicas a nivel nacional, que aprueba siempre, como saben, el Consejo Europeo de marzo dentro de los procedimientos normales de las políticas económicas en el ámbito del semestre europeo.

Como Sus Señorías saben, este Consejo Europeo fue el noveno que abordó la cuestión migratoria, lo que evidencia hasta qué punto la migración es uno de los grandes retos, si no el mayor, a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad. Sin duda, podemos decir que hemos dado pasos decisivos que nos acercan a su adecuado tratamiento.

Con respecto a la Cumbre Unión Europea-Turquía, y para poder comprender el marco en el que se desarrolló, hay que remontarse a la anterior Cumbre del pasado 7 de marzo, que fue seguida de una reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Cumbre perseguía que las Instituciones, los Estados miembros y Turquía analizaran el funcionamiento del Plan de Acción Conjunto que había sido acordado con este país el pasado 29 de noviembre de 2015, clave para resolver la actual crisis migratoria y de refugiados.

La mañana del 7 de marzo, el primer ministro turco, el señor Davutoğlu, presentó una propuesta que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho no conocíamos, y que, por lo tanto, no habíamos tenido ocasión de analizar. Al término de la posterior reunión informal de los Veintiocho, y después de una larga sesión de debate, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea emitimos una Declaración, que no un acuerdo. En ésta, y cito textualmente, decidimos "trabajar sobre la base de los principios contenidos en dicha propuesta" y, a tal respecto, dimos un mandato al presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, para que negociase un futuro texto con las autoridades turcas, "respetando el Derecho Europeo e Internacional".

Ya, en una reacción casi inmediata, en los Comités de Representantes Permanentes de los días 9 y 11 de marzo, y en los Consejos preparatorios --en particular, en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 10 y 11 de marzo, y en el Consejo de Asuntos Generales del 15 de marzo--, España, al igual que muchos otros países, mostró su preocupación por que el acuerdo al que finalmente se llegase respetara escrupulosamente el Derecho Internacional y el Europeo. España advirtió que no podía aceptar soluciones que no respetaran plenamente esa legalidad, tanto europea, como internacional.

Dentro de este ineludible respeto al Derecho Internacional y Europeo, España insistió en tres principios fundamentales: el necesario respeto al principio de no devolución, la prohibición de devoluciones masivas y el examen individualizado de las solicitudes de asilo.

Señorías,

Como saben, el asilo es un derecho reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, por la Convención de Ginebra de 1951, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por los artículos 78 a 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional y por la Directiva 2008/115 sobre normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Estas normas contienen los principios exigidos por España. Prohíben las devoluciones masivas, garantizan la tramitación individualizada de las solicitudes de asilo y consagran el principio de "no devolución"; esto es, Señorías, que no se puede devolver, expulsar o extraditar a nadie a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Además de estas preocupaciones esenciales, España ha insistido en todos los trabajos preparatorios en que es fundamental que Turquía controle de manera eficaz sus fronteras exteriores y luche contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas. La actuación de España ha estado siempre guiada por los objetivos de salvar vidas humanas, asegurar la protección de aquellos que lo necesitan, proteger adecuadamente las fronteras exteriores y ofrecer cauces legales de inmigración que supongan una alternativa para las personas que decidan arriesgar su vida y su integridad física para llegar a Europa.

Otros dos aspectos en los que hemos insistido son los siguientes:

• La liberalización de visados a ciudadanos turcos que deseen entrar en territorio Schengen sólo debería tener lugar después de que la Comisión informe del eventual cumplimiento de los requisitos que recoge la "hoja de ruta" para esta materia.

• En relación con la apertura de nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión de Turquía, España considera que los avances deben estar supeditados al cumplimiento por parte de Turquía de los llamados "criterios de Copenhague", especialmente en el ámbito del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Señorías,

Como saben, con carácter previo al Consejo Europeo, el secretario de Estado para la Unión Europea compareció ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, aquí, el pasado 16 de marzo. En efecto, siendo un Gobierno en funciones precisábamos de la aquiescencia de la Cámara para poder negociar --y eventualmente aprobar-- el texto presentado a los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo.

En la citada sesión del 16 de marzo, la Comisión Mixta para la Unión Europea adoptó por unanimidad una Declaración Institucional que contenía los siguientes elementos principales:

- Que España se opone firmemente a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que conlleve directa o indirectamente expulsiones colectivas.

- Que cualquier expulsión a Turquía sólo sería posible una vez se concluya definitivamente el correspondiente expediente de asilo individualizado y con todas las garantías.

- Que se garantice el cumplimiento de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, la legislación europea de asilo y el principio de no devolución.

- Que se refuercen los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados.

- Que prosiga la puesta en marcha de mecanismos de reubicación, de reasentamiento, y el establecimiento de vías legales de llegada a la Unión Europea

- Que se estudie una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de la crisis.

- Que se promuevan medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente menores no acompañados o mujeres víctimas de violencia de género.

- Que la Unión Europea ayude a los países europeos de recepción y tránsito.

- Que se promueva la comunitarización de la política de asilo, convirtiéndose así en una verdadera política europea común, y se desarrolle el Sistema Europeo de Asilo.

Señorías,

Con este mandato, cuyos elementos coinciden con lo que España venía defendiendo hasta entonces, viajé a Bruselas y defendí esta posición española en la Cumbre con Turquía y en el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo.

Inmediatamente antes de la reunión, se nos presentó un proyecto de Declaración Unión Europea-Turquía que, a mi entender, no satisfacía las exigencias españolas, tal y como figuraban en la Declaración Institucional adoptada por la Comisión Mixta y habíamos defendido nosotros en las reuniones previas. Por ello, pedí, en línea con el mandato de Sus Señorías, que se incluyesen de forma explícita dos cuestiones fundamentales: la prohibición de las devoluciones masivas de manera expresa y en un lugar principal, y una referencia expresa a la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo, de modo que no hubiera ninguna duda de que los solicitantes de asilo llegados a las islas griegas tendrían un procedimiento individualizado y personalizado, nunca colectivo, conforme al Derecho Internacional y Europeo.

Tras lograr que se incluyeran estas dos referencias --otras se habían incluido en las reuniones preparatorias--, pude apoyar el resto de la Declaración. Paso, a continuación, a detallarles sus principales elementos:

1.- De manera temporal y extraordinaria, todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía de conformidad con el Derecho Internacional y Europeo, descartándose las expulsiones colectivas y respetándose el principio de no devolución. De esta manera, se cumple con el primer mandato de la Declaración Institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Los migrantes serán debidamente registrados por las autoridades griegas, quienes tramitarán toda solicitud de asilo de manera individual, de acuerdo con la Directiva sobre procedimientos de asilo y en cooperación con ACNUR, dando así cumplimiento al segundo punto de la Declaración parlamentaria.

Todo este proceso debe desarrollarse, y todas las partes implicadas deben actuar, en plena conformidad con el Derecho Internacional y de la Unión Europea, de forma que todos los migrantes estarán protegidos de acuerdo con las normas internacionales pertinentes y dentro del respeto al principio de no devolución.

Los migrantes que no soliciten asilo o cuya solicitud se haya considerado infundada o inadmisible de conformidad con la citada Directiva serán entonces retornados a Turquía.

Para poner en marcha este proceso, Turquía y Grecia contarán con la ayuda de las Instituciones de la Unión Europea; pero serán estos dos países quienes finalmente acordarán las medidas y mecanismos bilaterales necesarios. Los gastos de las operaciones de retorno de migrantes irregulares correrán a cargo de la Unión Europea.

2.- Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará en la Unión Europea a otro sirio procedente de Turquía, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas. Esta última referencia fue introducida también a petición de España y como consecuencia de la Declaración Institucional que nos instaba a promover medidas de protección para individuos en riesgo: menores no acompañados y mujeres víctimas de violencia de género.

La Unión se compromete a llevar a cabo este reasentamiento, en primer lugar, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en julio de 2015 y abordando toda necesidad adicional de reasentamiento a través de un acuerdo voluntario similar. Se da, así, cumplimiento al mandato de la Declaración de promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y de reasentamiento de refugiados.

3.- Turquía se compromete a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal a la Unión y, a tal efecto, cooperará con los Estados vecinos.

4.- En cuanto se haya interrumpido la llegada masiva de personas entre Turquía y la Unión, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria.

5.- Se acelerará el cumplimiento del programa de liberalización de visados, con vistas a suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos, a más tardar al final de junio de 2016, siempre que se hayan satisfecho todos los criterios de referencia. Quisiera puntualizar, de nuevo, que el compromiso con Turquía recoge de manera expresa que deben cumplirse los criterios de referencia, cuyo cumplimiento, como defendía España, es condición sine qua non para proceder a la liberalización de visados. Además, tras la evaluación positiva por la Comisión, la respuesta definitiva corresponderá al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.- La Unión, en estrecha cooperación con Turquía, acelerará el desembolso de los tres mil millones de euros inicialmente asignados en virtud de la Facilidad Financiera para Turquía. Se especificará una primera lista de proyectos concretos destinados a mejorar la situación de los refugiados, en particular en el ámbito de la salud, la educación, las infraestructuras y la alimentación. Sólo cuando estos recursos se hayan utilizado en su totalidad, y siempre que se cumplan los compromisos anteriores, la Unión movilizará tres mil millones de euros adicionales hasta el final de 2018

En definitiva, lo que la Unión Europea y España han querido lograr con la Declaración Unión Europea-Turquía del 18 de marzo son los siguientes objetivos:

• De manera primordial, evitar la pérdida de vidas humanas, disuadiendo a las personas de que se expongan a viajes muy peligrosos para su integridad física y para su vida. El año pasado perdieron la vida en la travesía del Egeo 805 personas y en lo que va de año se han registrado ya 531 muertes.

• En segundo lugar, combatir contra las mafias que trafican con vidas humanas, y socavar su modelo de negocio.

• En tercer y último lugar, y esto es especialmente importante, ofrecer a las personas susceptibles de protección internacional una vía legal y segura para solicitar asilo en la Unión a través de un proceso de reasentamiento.

De esta manera, los refugiados no necesitarán arriesgar su vida para venir a Europa. Ésta es la lógica de la formula "uno por uno". Además, una vez que se haya frenado el flujo incontrolado de llegadas y no sea necesario proseguir con el mecanismo "uno por uno", el programa de reasentamiento continuará a través de un nuevo Programa de Admisión Humanitaria. De esta forma, se garantiza una vía legal y segura para acceder a la Unión sin poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas.

Señorías,

Este Gobierno ha cumplido el mandato contenido en la Declaración Institucional aprobada por todos los Grupos Parlamentarios el 16 de marzo, ya que ha logrado introducir en la Declaración Unión Europea-Turquía las siguientes garantías: el respeto riguroso a la legalidad europea e internacional, y exclusión expresa de cualquier tipo de expulsión colectiva, la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo y una especial atención a las personas más vulnerables.

Por otro lado, y como les indicaba al inicio de mi comparecencia, y ustedes a buen seguro conocen, además de la Cumbre con Turquía se celebró un Consejo Europeo los días 17 y 18 de marzo en el que se abordaron otros aspectos fundamentales de la migración, de los que paso a detallar los más destacables:

• El Consejo Europeo ha confirmado su enfoque global para hacer frente a la crisis migratoria. En esto se alinea con lo que siempre ha defendido España: la necesidad de afrontar este reto de manera integral, teniendo en cuenta todas las vertientes del fenómeno migratorio.

• Asimismo, el Consejo Europeo ha solicitado que se siga trabajando en los llamados familiarmente "hotspots". España considera que unos "hotspots" plenamente operativos son imprescindibles para proceder al registro e identificación de los solicitantes de asilo, como paso previo ineludible para proceder a la reubicación. Son necesarios, por lo tanto, para incrementar la capacidad de recepción de la Unión y acelerar, en consecuencia, el proceso de reubicación.

• Las Conclusiones piden que se utilicen todos los medios para apoyar la capacidad de Grecia con miras al registro, la identificación, la tramitación de las solicitudes de asilo y el eventual retorno a Turquía, en el marco del Protocolo de readmisión greco-turco y del Acuerdo de readmisión Unión Europea-Turquía, de los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido desestimadas. Los Estados miembros, además, se comprometieron a proporcionar a Grecia, con la mayor brevedad, los medios necesarios para lograr aplicar de manera efectiva la Declaración Unión Europea-Turquía, incluidos agentes fronterizos, expertos en asilo e intérpretes. España ya ha enviado a la Comisión una propuesta formal de contribución en aplicación de los compromisos derivados de esta Declaración y del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo.

• Por otra parte, se ha ofrecido asistencia urgente para ayudar a Grecia a mejorar la situación que sufren los refugiados y se ha invitado a los Estados miembros a realizar contribuciones adicionales en el marco del Mecanismo de Protección Civil. España es uno de los doce Estados miembros que ya han realizado aportaciones a Grecia en este marco concreto de Mecanismo de Protección Civil. A este respecto, la pronta adopción del Reglamento en virtud del cual se cree un instrumento de ayuda de emergencia dotado de setecientos millones de euros, se considera un paso importante.

En otro orden de cosas, Señorías, el Consejo Europeo reiteró de manera expresa que espera que Turquía respete el más alto grado de exigencia en materia de democracia, Estado de Derecho y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión.

También quiero recordar que los jefes de Estado y de Gobierno no hemos olvidado en las Conclusiones nuestro compromiso con toda la región colindante, que sufre igualmente las consecuencias de la afluencia masiva de migrantes irregulares y de refugiados procedentes del conflicto sirio. En este contexto, reafirmamos nuestro apoyo a Jordania y al Líbano, e hicimos un llamamiento para reforzar la cooperación con los países de los Balcanes Occidentales.

De hecho, el Consejo Europeo invitó expresamente al Banco Europeo de Inversiones a presentar una iniciativa destinada a movilizar rápidamente financiación adicional en apoyo a los países vecinos meridionales y de los Balcanes Occidentales.

El Consejo Europeo se mostró también vigilante con respecto a la apertura de nuevas rutas de inmigración irregular. En este sentido, la lucha contra las mafias que trafican con personas debe seguir siendo prioritaria.

Finalmente, los jefes de Estado y de Gobierno mostramos nuestra satisfacción por los avances logrados en relación con la propuesta sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, o la futura arquitectura de la política de migración de la Unión Europea, incluido el Reglamento de Dublín.

Señorías,

Antes de continuar con los demás asuntos abordados en el Consejo Europeo, quisiera subrayar que el desafío al que se está enfrentando Europa es enorme; pero, si hay algún país que está preparado para responder a este reto, es España porque ésa es la voluntad y el deseo de los españoles, y porque ése será siempre, sea cual sea, estoy convencido, el empeño de su Gobierno.

Como Sus Señorías recordarán, no es la primera vez que la Unión Europea se enfrenta a este problema. España sufrió una crisis similar cuando en 2006 36.000 personas, jugándose la vida, llegaron irregularmente por vía marítima desde África Occidental a las Islas Canarias. Desbordaron la capacidad de recepción de nuestro país y para resolver con éxito aquella crisis España adoptó una serie de medidas basadas en la cooperación e, incluso, en la implicación activa, con los países de origen y tránsito. Entre ellas:

- Despliegue diplomático. España abrió Embajadas, antenas diplomáticas, Consejerías de Interior y Oficinas Técnicas de Cooperación en prácticamente todos los países de origen de los flujos migratorios de África Occidental.

- Se impulsaron de forma decidida políticas de migración y desarrollo, concentrando la ayuda en proyectos para la formación y el empleo de los jóvenes, ofreciéndoles así una alternativa a la inmigración irregular.

- Se alcanzaron, asimismo, acuerdos para establecer canales de migración laboral y, en particular, esquemas de migración circular.

- Se concluyeron numerosos instrumentos de cooperación migratoria, incluyendo un buen número de acuerdos de readmisión, que aún hoy siguen funcionando satisfactoriamente.

- Se establecieron patrullas marítimas y terrestres conjuntas, y la Unión Europea se implicó directamente a través de FRONTEX. En esta misma línea, cabe citar los proyectos en África liderados por España y financiados, en el Sahel fundamentalmente, por la Unión Europea.

Una pieza clave de esta estrategia fue el retorno de los inmigrantes irregulares a sus países de origen, que tuvo un efecto disuasorio inmediato.

Todo este conjunto de medidas operativas contribuyeron, además, a la seguridad, estabilidad y gobernabilidad de los países de la región. Me importa destacar la fecha en que se produjo la crisis y la primera respuesta a la misma desde España: año 2006. Fue el anterior Gobierno pero, como en cualquier política de Estado, tuvo su continuidad con el actual Ejecutivo.

Esta actuación ha sido muy bien valorada por nuestros socios europeos, que reconocen el saber hacer de nuestro país durante estos años. Asimismo, España, siempre deseosa de compartir experiencia, la de nuestros agentes y funcionarios, se ha comprometido a aportar expertos nacionales que colaborarán bajo el mando de EASO y FRONTEX. Los expertos apoyarán el trabajo de la EASO en los "hotspots" de Sicilia y Lampedusa, así como a las autoridades italianas en Roma.

Por otra parte, España ha sido uno de los Estados impulsores --yo a esto le doy mucha importancia-- de la creación de un fondo fiduciario a favor de África. Como resultado, en la Cumbre de La Valeta en noviembre del año pasado, 2015, se creó el Fondo Fiduciario Europeo de emergencia para la estabilidad y para hacer frente a las causas profundas de la migración irregular y las personas desplazadas en África, dotado con 1.800 millones de euros.

Señorías,

Creo que estamos actuando en un asunto, ciertamente complejo y muy difícil de abordar, con responsabilidad y solidaridad.

Ya en septiembre de 2015, España se comprometió a reubicar a cerca de dieciséis mil personas procedentes de Italia y Grecia. Este proceso ha comenzado a ejecutarse con mucha lentitud, a veces con exasperante lentitud; pero se está acelerando en las últimas semanas. Estamos entre los primeros países que se han mostrado dispuestos a reubicar refugiados.

Somos unos de los quince Estados de la Unión que disponen de programas de reasentamiento aprobados con periodicidad anual, que se desarrollan en colaboración con ACNUR, así como con la Organización Internacional de Migraciones y los países limítrofes de las zonas en conflicto.

Hemos de tener en cuenta que, de manera directa, en el año 2015 más de cinco mil sirios y quince mil personas de otras nacionalidades han solicitado derecho de asilo en España, lo que representa, en el caso de los sirios, más de una tercera parte del total de las solicitudes de asilo que tramita el Ministerio del Interior.

Además, hemos adoptado medidas adicionales en apoyo del proceso de reubicación y el reasentamiento.

El Gobierno español ha incrementado de forma considerable la dotación presupuestaria en materia de protección internacional, tanto los presupuestos del Ministerio del Interior para reasentamiento y reubicación de refugiados, como los del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el sistema nacional de acogida e integración. Con este esfuerzo presupuestario, España prevé poder acoger, no sólo a los refugiados que lleguen a sus fronteras, a los que antes nos referíamos, sino también las cifras de reubicación y reasentamiento asumidas en el ámbito de la Unión Europea.

Señorías,

En otro orden de cosas, inicio la última parte de mi intervención comentándoles otros asuntos que también se abordaron en el Consejo Europeo del 18 y del 19 de marzo.

En el ámbito del Semestre Europeo, y en lo que tiene que ver con la coordinación de las políticas económicas, las prioridades son las mismas que las del año pasado: impulso a la inversión, reformas estructurales y consolidación fiscal compatible con el crecimiento.

A ese respecto, la Comisión Europea, en su Informe País del semestre europeo, reconoce el esfuerzo realizado por España y constata el cambio de tendencia de la economía española.

La Comisión señala que el principal riesgo es la desaceleración en la agenda de reformas, y estoy de acuerdo: es necesario seguir adelante con reformas como las que mi Gobierno ha llevado a cabo en estos años para seguir creciendo y creando empleo en España. Me refiero a reformas para reforzar la competitividad de nuestros sectores, recompensándoles su innovación y dándoles las mejores condiciones para que puedan triunfar; reformas para favorecer la creación de empleo y que éste llegue a más personas y sea de más calidad; o reformas para promover el desarrollo empresarial y la iniciativa emprendedora.

Queda mucho trabajo por hacer en este terreno y de ello también hemos hablado.

Un aspecto estratégico es el debate sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria y la profundización del mercado único. Se trata de una discusión en la que el Gobierno de España ha participado activamente durante toda la Legislatura. Siempre hemos defendido una posición ambiciosa. Considero que Europa debe avanzar hacia una mayor integración de la Unión Económica y Monetaria que garantice un funcionamiento más eficiente de la zona euro y evite la repetición de crisis como la vivida.

Para esto, son necesarias mayor integración económica, mayor integración financiera y mayor integración fiscal. En última instancia, esto significa una Unión Fiscal con un presupuesto europeo y capacidad para aplicar políticas de estabilización e impulso económico cuando sean necesarias. Y todo ello, por supuesto, debe venir acompañado por una mayor integración política, que garantice la legitimidad democrática de la toma de decisiones.

Un ámbito fundamental en este proceso de integración es el mercado interior. Hemos avanzado en aspectos tan relevantes como la Agenda Digital o la Unión de la Energía, con compromisos importantes para España en el ámbito de interconexiones.

Señorías, voy terminando.

Todas las cuestiones tratadas en estas Cumbres de las que les he informado son importantes; pero supongo que Sus Señorías estarán de acuerdo conmigo en que, por muchos motivos, tiene una especial relevancia aquella que tiene que ver con la crisis de los refugiados.

Éste no es, por desgracia, un fenómeno nuevo. Ahora su dimensión se agudiza con motivo del conflicto bélico en Siria y el ISIS, y, aun cuando ésta tuviera una pronta solución, permanecería un hecho crucial derivado de nuestra posición geográfica.

Hace años me impresionó el símil que utilizaba el que fuera líder de la independencia argelina, Ahmed Ben Bella. Describía el Mediterráneo como un inmenso lago que linda al norte con un campo de golf y al sur con un campo de chabolas, y añadía que se equivocarían los europeos si creyesen que, ante una realidad como ésta, pueden vivir tranquilamente detrás de sus muros, ignorando este hecho.

Si en otro tiempo el factor que mejor explicaba la presión demográfica desde el Sur hacia el Norte eran las sensibles diferencias económicas y de nivel de vida, hoy a ese factor se añade, además, otro que atañe al más elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida.

Y creo, Señorías, que lo más importante es ser conscientes de ello. Afrontamos un problema que nos va a acompañar durante mucho tiempo; un problema que hemos de resolver conjuntamente porque, en caso contrario, podría afectar a aspectos básicos de los principios de la Unión Europea; una respuesta conjunta que debe transformar el problema en un reto y el reto en oportunidades.

Nada más, Señorías. Quedo a su disposición para atender las preguntas que consideren oportunas.

Muchas gracias.