Justicia e Interior

Interior

Martes 19 de noviembre de 2019

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, siendo la propia Constitución española la que, en su artículo 149.1.29, reconoce esta competencia. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación. Asimismo, en el artículo 104 de la norma suprema, se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán bajo la dependencia del Gobierno.

Posteriormente, este artículo establece que "una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Por lo que la regulación de las competencias en materia de seguridad vienen determinadas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el artículo 2 de la citada ley, se concreta y define cuales son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país, y en concreto:

• Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación: ejercen sus funciones en todo el territorio nacional. Están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Su misión principal es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El Cuerpo Nacional de Policía es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior. Ejerce sus funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Fue fundado a mediados del siglo XIX. Se configura como un instituto armado de naturaleza militar, dependiente de los ministros del Interior y de Defensa. Ejerce sus funciones en el resto del territorio nacional y su mar territorial.

• Los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas: algunas comunidades autónomas, en uso de las competencias que tienen reconocidas en sus Estatutos, han creado cuerpos de policía para funciones de vigilancia y protección establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pertenecen a esta categoría los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco, la Policía Foral de Navarra y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Asimismo, y empleando la vía de la adscripción, reconocida en el artículo 47 de la LOFCS, se han creado las denominadas Unidades Adscritas en las regiones de Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía, Aragón y Asturias. Estas unidades conviven en el territorio autonómico con los cuerpos de policía nacionales, y pertenecen orgánicamente al Cuerpo Nacional de Policía y funcionalmente a las comunidades autónomas.

• Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales: son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas. Las policías locales son competentes en todo lo que tiene que ver con la aplicación y ejecución de las normas específicamente locales en el ámbito de sus competencias.

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Todas ellas suman más de 243.000 efectivos para garantizar la seguridad en España.

Lucha antiterrorista

El derecho a la vida y a la libertad, y en ese contexto a la integridad física y a la libertad de expresión, son derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Estos derechos, en particular, y nuestra pacífica y democrática convivencia, al igual que en otros países, se ven en peligro por la lacra del terrorismo, que se ha convertido en una de las mayores amenazas de carácter mundial.

La fortaleza del Estado de derecho, puesta de manifiesto mediante la eficaz actuación policial y judicial, ha forzado a ETA a anunciar el cese definitivo de su actividad terrorista y posteriormente, en mayo de 2018, su disolución.

Una constante siempre por parte de todos los Gobiernos ha sido el apoyo y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En este sentido, cabe destacar el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, llamado a jugar un importante papel en la conservación de la memoria de todas las víctimas de atentados terroristas.

Terrorismo yihadista

Hoy en día, España comparte la misma preocupación por la amenaza del terrorismo yihadista que la mayoría de los países de nuestro entorno.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas están realizando un gran esfuerzo en la lucha contra este tipo de terrorismo, y prueba de ello, es que entre 2017 y 2018 se han detenido a más de 105 personas en España (42 más en el extranjero) en 74 operaciones contra el terrorismo yihadista.

Las actuaciones contra el terrorismo yihadista en España se centran, mayoritariamente, en la desarticulación de redes de captación, adoctrinamiento y envío de combatientes a zonas de conflicto, principalmente Siria, con la finalidad de integrarse en los grupos terroristas que actúan en esas zonas, especialmente el DAESH. En las labores de captación y adoctrinamiento, Internet juega un papel esencial.

Además, desde principios de junio de 2015, año en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a más de 320 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior.

El Ministerio del Interior ha resaltado la importancia de seguir intensificando la cooperación e intercambio de información entre las Fuerzas de Seguridad de los países en la lucha contra el terrorismo yihadista con instrumentos como los protocolos de Colaboración entre diferentes países.

En la misma línea, España cuenta con el apoyo y colaboración de otros países en los cuales se había constatado la presencia de terroristas. La colaboración con Francia es un referente en el modelo de cooperación internacional, tanto a nivel policial como judicial. Ambos países han constituido Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo. Asimismo la colaboración con las Autoridades del Reino de Marruecos ha fructificado, mediante el desarrollo de operaciones conjuntas, en la desarticulación de células yihadistas que operaban en ambos países con la finalidad, bien de cometer atentados en los mismos, bien con la de reclutar personas que posteriormente serían enviadas a combatir en zonas de conflicto como Siria e Irak.

Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) se han convertido, igualmente, en instrumentos fundamentales de colaboración judicial y se ha ganado en eficacia y agilidad en los procedimientos de extradición, haciendo de la cooperación internacional uno de los pilares básicos de la lucha contra todo tipo de terrorismo.

Violencia de género

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido el gran pacto de Estado alcanzado por las fuerzas políticas en esta legislatura. En 2018 ha sido dotado de financiación (200 millones) y ha sido desarrollado por, entre otras medidas, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

La lucha contra la violencia de género es una prioridad del Gobierno, que dedica todos los recursos disponibles a reducir esta lacra. Ello implica todo tipo de medidas, incluyendo la prevención, que se ha intensificado con una mejor formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto en la valoración policial del riesgo como en la perspectiva de género para ofrecer un mejor tratamiento a las víctimas. En 2018, han sido asesinadas 47 mujeres por sus maridos o parejas, en total 975 desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar.

Criminalidad en España

Los datos sobre criminalidad que se publican por parte del Ministerio del Interior, con una periodicidad trimestral mediante el Balance de Criminalidad, atienden a unos indicadores de seguridad concretos que comprenden diferentes categorías. En la actualidad, se introducen en el Balance de Criminalidad los siguientes indicadores de criminalidad: Delitos y Faltas, Homicidios Dolosos y Asesinatos consumados , Robo con Violencia e Intimidación, Robos con Fuerza en Domicilios, Sustracción Vehículos a Motor, Tráfico de Drogas, Daños y Hurtos.

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en su 46ª reunión, y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 24º período de sesiones, han aprobado la Clasificación Internacional del Delito con fines estadísticos (ICCS), es decir, una norma estadística internacional para la recopilación de datos que permitirá una mejor comparación a nivel de la Unión Europea y de Naciones Unidas.

La ICCS se constituye, por lo tanto, como una estructura de clasificación de las infracciones penales, y la finalidad perseguida con su aprobación es mejorar la coherencia y la comparabilidad internacional de las estadísticas sobre la delincuencia y aumentar la capacidad de análisis, tanto a nivel nacional como internacional.

Según los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los 9 primeros meses de 2018, el cómputo de infracciones penales corresponde a un total de 1.582.879 hechos, lo que constituye un 3,7% más con respecto al mismo período del año 2017, cuya cifra ascendía a 1.526.385. Cabe destacar una leve reducción en el número de homicidios dolosos y asesinatos consumados (-3,7%) y algo mayor en lo que respecta a los mismos delitos en grado de tentativa (-10,6).

Además, junto a los datos objetivos que muestran una reducción de la criminalidad, en España se puede apreciar igualmente, un creciente sentimiento de seguridad por parte de la ciudadanía. El buen estado de la percepción sobre la inseguridad ciudadana se ha venido mostrando con los valores más bajos de toda la serie histórica publicada en las diferentes encuestas de opinión (CIS, EUROBARÓMETRO).

Lucha contra el crimen organizado y corrupción

La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas -Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas- en materia de lucha contra el crimen organizado está coordinada en España por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El CITCO es el órgano de recepción, integración y análisis de toda la información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los radicalismos violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, ofreciendo una valoración de estas amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales para combatirlas, y estableciendo los criterios de actuación y coordinación operativa entre los distintos organismos en los casos de coincidencia o duplicidad entre investigaciones que se desarrollan contra estos fenómenos.

La actividad del crimen organizado en España se concentra principalmente en Madrid y Barcelona, en la costa mediterránea y en la costa gallega, aunque estos grupos no limitan sus actuaciones a una sola provincia.

Lucha contra la inmigración irregular

El Gobierno de España defiende que las crisis migratorias demandan una respuesta conjunta, común, europea, independientemente de si un país tiene o no frontera exterior, y ha defendido estas posturas en todos los ámbitos europeos e internacionales en los que se han tratado estos temas.

El Gobierno defiende que la política migratoria tiene tres principios esenciales:

• La cooperación al desarrollo, en la necesidad de estabilizar social, política y económicamente los países de origen.

• La protección de fronteras con respeto a la dignidad y a los Derechos Humanos de los migrantes

• Fortalecer la cooperación con los países de origen y también con los países de tránsito, especialmente con los países del Norte de África y el Sahel.

En este sentido, el Ministerio del Interior continua llevando a cabo una intensa actividad en el ámbito de la extranjería y la inmigración, especialmente en lo relativo a la lucha contra la inmigración irregular y las redes que trafican con seres humanos, abarcando diversas líneas de actuación. Estas actuaciones han mejorado con la creación de un nuevo mando único operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para centralizar la coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la inmigración en las fronteras y el Estrecho.

Asilo y refugio

España cumple con sus obligaciones internacionales en materia de Asilo y Refugio, y para ello, durante 2018 se han reforzado los medios materiales de la Oficina de Asilo y Refugio con la oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 323 plazas para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

La Dirección General de Tráfico y la Seguridad Vial

La Dirección General de Tráfico (DGT), organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior, tiene encomendada la competencia para dirigir y aplicar las políticas de seguridad vial y movilidad sostenible en España.

España se sitúa en el quinto lugar de los países con menor siniestralidad del mundo con una tasa de 39 fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes (1.830 fallecidos en 2017), por debajo de la tasa media europea. Con esta tasa España cumple con antelación el objetivo establecido en el Plan Estratégico para 2020.

La DGT es consciente de que reducir las cifras actuales no es una tarea sencilla y que, para ello, es necesario impulsar políticas eficaces de seguridad vial, basadas en la evidencia científica; políticas que tengan en consideración los diferentes sectores implicados y que comprometan de manera efectiva a todos los actores, tanto públicos como privados, en la reducción de las cifras de siniestralidad vial.

A fin de progresar en la identificación de las intervenciones adecuadas y de los colectivos específicos sobre los que actuar con medidas preventivas, la DGT ha abordado el estudio en profundidad de todos los aspectos relacionados con los heridos graves y con factores concurrentes en los accidentes como son la vía y la antigüedad del parque.

Otra tarea importante que está desarrollando este organismo, se centra en la implantación de proyectos informáticos que faciliten al ciudadano un servicio telemático a través del cual pueda realizar muchos de los trámites administrativos, desde cualquier lugar y a cualquier hora. De entre todos ellos, destaca la implementación de la tarjeta electrónica de ITV que reemplaza a la de papel, otra iniciativa única en el mundo que agiliza enormemente los trámites administrativos asociados a la compra o transferencia de un vehículo.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior continúa avanzado en todos los aspectos que comprende el concepto de Protección Civil, como la acción integral de las administraciones públicas para la protección física de las personas y de los bienes, cuando se produce una situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria. Y lo hace mediante el impulso de nuevas actuaciones integradas, profundizando en la normativa y desarrollando nuevas herramientas de coordinación.

Entre otras novedades, en octubre de 2018 el Ministerio de Interior ha consolidado la Red Nacional de Radio de Emergencias (que cuenta con más 3.500 radioaficionados) como un recurso esencial del Sistema Nacional para la respuesta a las emergencias, dentro de los que dispone la Administración General del Estado.

Por otro lado, asumiendo la obligación de promover la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil se encuadran las actividades formativas realizadas por la Escuela Nacional de Protección Civil.

Por último, es importante resaltar la tarea que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias lleva a cabo en el terreno internacional, en especial, afianzando su presencia y participación en los foros internacionales y mejorando la cooperación con los países de nuestro entorno.

En el ámbito europeo, se ha acogido el ejercicio "EURiwaterex2018", que ha reunido en Madrid a más de 600 participantes, tanto nacionales como internacionales, para hacer frente a las consecuencias de un episodio simulado de fuertes lluvias que provoca graves inundaciones en diversos puntos de la cuenca del Jarama y desencadena otra serie de sucesos posteriores como accidentes de tráfico o incidentes químicos.

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias

La Institución Penitenciaria es una pieza ineludible de las políticas de seguridad y de intervención social de un país. Sólo se puede dar una respuesta eficaz que incremente la seguridad y la libertad ciudadana con la construcción de espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación de las personas que han cometido un delito. De ahí que, en un Estado de las Autonomías tan descentralizado como el actual, la política penitenciaria sea competencia exclusiva de la Administración General del Estado, salvo en Cataluña, comunidad que tiene transferida la misma desde la década de los 80.

En este escenario, el Estado desarrolla la política penitenciaria a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, departamento dependiente del Ministerio del Interior. Esta Secretaría General está integrada por 69 centros de régimen cerrado, dos establecimientos psiquiátricos y 13 centros de inserción social independientes, con una población reclusa cercana a las 60.000 personas y una plantilla superior a los 24.300 funcionarios.