Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; del ministro del Interior; de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana

La Moncloa

Este informe constituye una herramienta clave, para orientar nuestras políticas a partir de datos actualizados sobre víctimas, denuncias, protección institucional y recursos de atención. En 2024, se registraron 49 víctimas mortales por violencia en el ámbito de pareja o expareja, frente a 58 del año 2023. Y es, junto a 2025, el año con una incidencia más baja desde que tenemos registros. Por poner el acento en otros datos, que refleja también el informe que les menciono, podemos ver que se concedieron casi 14.500 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, en el periodo 2006-2024. En concreto, 2024 fue el año en el que se asignó el mayor número de ayudas desde el inicio de la serie histórica, con 1697. Asimismo, según recoge el trabajo del observatorio, desde el 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2024, se registraron cerca de casi 14.000 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, de violencia doméstica y de violencia sexual. De ellos, 405 fueron formalizados en 2024.

El informe también refleja el esfuerzo institucional en el ámbito judicial y asistencial, con 435 juzgados especializados, más de 17 millones de euros destinados a la justicia gratuita y miles de intervenciones de apoyo psicológico. Por su parte, el servicio 016 atendió más de 106.000 llamadas en 2024, consolidándose como un recurso esencial, para informar, para asesorar y para atender a las víctimas. En conjunto, estos datos permiten dimensionar la magnitud de la violencia de género y la necesidad de seguir trabajando con todos los medios del Estado para su erradicación. El Gobierno estará hoy, y siempre, firme frente a la violencia de género redoblando esfuerzos, reforzando recursos y actuando con determinación para prevenir, para proteger y para erradicar esta catástrofe, que no tiene cabida en nuestra sociedad.

Paso ya a destacarles otros asuntos de la reunión del Consejo de Ministros comenzando por la aprobación del real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Una medida orientada a dar respuesta al actual desequilibrio entre oferta y demanda en materia de vivienda, con especial atención al acceso a jóvenes y colectivos vulnerables. El plan impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial y nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación. Como ven, me acompaña en la mesa la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que les ampliará los detalles de esta medida.

Hoy también, aprobamos en segunda vuelta, el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo. Con ello avanzamos, hacia una mayor homogeneidad en todo el territorio en la jornada lectiva del personal docente. Es una iniciativa, que impulsa la reducción de las ratios de alumnado por aula, favoreciendo una atención más personalizada, mejores resultados educativos, y un entorno de aprendizaje más equitativo. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, les dará información al respecto.

En esta rueda de prensa, también nos acompaña, como ven, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que detallará dos importantes iniciativas aprobadas hoy, para reforzar el Sistema Nacional de Protección Civil. En primer lugar, se eleva el rango administrativo, del área de protección civil y emergencias al nivel de secretaría general, fortaleciendo de esta manera su capacidad de coordinación y respuesta. En segundo lugar, se crea la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, un nuevo instrumento orientado a mejorar la prevención, la planificación y la resiliencia, ante situaciones de emergencia.

Además, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a nuevas directrices básicas que permitirán homogeneizar la respuesta institucional ante cuatro tipos de emergencias: fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Estas actuaciones, responden al notable incremento registrado de situaciones de emergencia de carácter catastrófico en los últimos años.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado trasladar a la Conferencia Sectorial de Cultura, la propuesta de distribución de 14 millones y medio de euros entre las comunidades autónomas, con cargo al presupuesto de Cultura. Una parte relevante de estos fondos, tres millones de euros, se destinará al fomento de la actividad cultural en el medio rural, con el objetivo de apoyar a los agentes culturales y también dinamizar territorios, que tienen una menor densidad de población.

Por último, el apunte cultural de hoy está vinculado a una fecha que vamos a celebrar en los próximos días. El 26 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, una ocasión para reconocer el valor de la creatividad, del conocimiento, y del talento de nuestras sociedades. España es un país que crea, que investiga y que innova. Detrás de cada libro, de cada canción, de cada avance tecnológico, hay personas que aportan valor, y que contribuyen al progreso colectivo. Porque no podemos olvidar que el sector cultural representa, más del 3 % del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y permítanme que, con motivo de esta celebración, ponga esta mañana, el foco en un ámbito muy concreto, el de nuestros creadores y nuestras creadoras. Muchos de ellos y ellas, jóvenes que hoy desarrollan su trabajo en entornos digitales y que necesitan, un marco que proteja sus derechos y que garantice, que pueden vivir de su talento. Porque proteger la propiedad intelectual no es solo proteger una obra, es proteger el esfuerzo, proteger la innovación y también el futuro de un modelo económico basado en el conocimiento. Y ahora sí ya, ministro Grande-Marlaska, tienes la palabra.

Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. - Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todas y a todos. Es evidente, como bien saben, que en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de las situaciones de emergencia, y de naturaleza catastrófica. Es una evidencia, también, que estas situaciones son, además, más frecuentes, más complejas, se desatan de manera simultánea y sus consecuencias son cada vez más graves y lesivas. Para afrontar una realidad que no admite discusión, es imprescindible, sin duda alguna, dotar a nuestro modelo de protección civil, de un enfoque preventivo, integral y proactivo, que supere la tradicional gestión meramente reactiva.

Con este objetivo, el Consejo de Ministros, como ha anunciado la ministra portavoz, ha aprobado una serie de iniciativas que suponen un importante robustecimiento estratégico de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Estas iniciativas son, en primer lugar, la creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. La puesta en marcha de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, concebida como un mecanismo de colaboración multisectorial, que complementa las funciones del Consejo Nacional de Protección Civil. Y, por último, el Consejo de Ministros ha dado también, el visto bueno a las directrices básicas que planifican la respuesta coordinada y homogénea, de las instituciones públicas ante determinados riesgos. En concreto, ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y de accidentes de transporte terrestre, de mercancías peligrosas.

Tendrán todos ustedes, toda la información necesaria sobre estos acuerdos, en la referencia del Consejo de Ministros, y en la página web del Ministerio del Interior, pero permítanme, que haga un resumen de dichas iniciativas.

La creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que asume las competencias que hasta ahora ejercía la dirección general del mismo nombre, proporciona sin duda alguna, como anticipaba, mayor músculo administrativo a un órgano vital para el impulso, planificación, coordinación y cohesión, del Sistema Nacional de Protección Civil. De esta nueva secretaría general dependerá una dirección general que encabezará a su vez tres subdirecciones generales, que nos permiten ordenar de manera más sistemática las distintas funciones necesarias en el ciclo de toda emergencia. Así, la Subdirección General de Anticipación y Preparación, ejercerá las funciones relacionadas con la cultura preventiva y la formación, en la que se integra la Escuela Nacional de Protección Civil, que, como también conocen, es un centro de referencia no solo a nivel nacional, sino igualmente internacional.

La Subdirección General de Planificación y Gestión de Emergencias, asumirá la planificación de las emergencias, su gestión operativa a través del Centro Nacional de Emergencias, y la gestión también, del mecanismo de respuesta. Y, en tercer lugar, la Subdirección General de la Resiliencia y Recuperación coordinará las políticas públicas de recuperación tras las emergencias, y la gestión de todas las subvenciones y ayudas estatales, en el ámbito de la protección civil.

Como ya saben ustedes, nuestro objetivo último es la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil, incluida en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que impulsa el Gobierno, que impulsa el presidente del Gobierno. En ese sentido, la creación de la Secretaría General es un paso, sin duda alguna, intermedio imprescindible, para avanzar con rapidez hacia esa agencia estatal. Un paso que, mientras tanto, dota al Ministerio del Interior de una estructura más robusta, moderna y eficaz, capaz de impulsar la transformación del sistema desde hoy mismo, avanzando, en esa constitución necesaria de ese pacto estratégico, no frenando, sino yendo y avanzando. Y, en ese sentido, también poniéndonos del lado de cuáles son las políticas en la Unión Europea, con esa estrategia de preparación que ustedes conocen bien, y con esa nueva regulación en proyecto, en desarrollo, del propio mecanismo europeo de protección civil y la gobernanza del mismo, tanto, en la definición del objeto, del concepto de emergencia, como en la gobernanza de dichas emergencias a nivel europeo.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha, como también se decía, de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Se trata, sin duda alguna, de un órgano dependiente también del Ministerio del Interior, en el que se integrarán, y esto es importante decirlo, todos los departamentos ministeriales, todas las comunidades autónomas, y las dos ciudades con estatuto de autonomía. También, la Federación Española de Municipios y Provincias, y también, hasta 29 colectivos y sectores de la sociedad civil. Por tanto, esta plataforma, se concibe como un foro de participación y diálogo permanente de todos los actores de la protección civil, tanto públicos como privados, del ámbito administrativo, político, técnico, científico, académico necesariamente, también del ámbito económico y de la sociedad civil. Esta organización colaborativa, sin duda alguna facilitará la integración de las políticas de reducción del riesgo, en la planificación pública. Reforzará la coordinación a escala internacional, nacional y autonómica.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado, como también comentaba al principio, las directrices básicas de planificación que deberán respetar todas las administraciones públicas, cuando elaboren sus planes especiales de protección civil dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales, ante los riesgos que entrañan. Esas directrices son cuatro, y son la de inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, y los accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Estas directrices básicas de planificación, constituyen un avance decisivo en la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil, porque, sin duda alguna, se refieren a riesgos de especial relevancia para la seguridad pública. Importante, que estas directrices el 24 de marzo, fueron aprobadas en el Consejo Nacional de Protección Civil, que lo integran, como bien saben, la Administración central, la Administración General del Estado, pero también todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias. Fueron aprobadas, estas cuatro directrices por unanimidad, lo que determina y concibe un trabajo serio de coordinación de la Dirección General de Protección Civil, hoy Secretaría General, que me gustaría dejar encima de la mesa. Y también, evidentemente, del compromiso de todas las administraciones, por encontrar un punto de acuerdo en algo tan importante, y relevante para la seguridad del conjunto de la sociedad.

En resumen, con este paquete de acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Ministros, el Gobierno da respuesta, sin duda alguna, a las obligaciones contraídas por España, en el Marco de Sendai de Naciones Unidas, para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Así como, a lo dispuesto en nuestra más reciente estrategia nacional, la II Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 15 de octubre de 2024. Y, sobre todo, con estas iniciativas nuestro país, España, dispone de un modelo más robusto y eficiente con el que hacer frente a las amenazas, los riesgos híbridos, y los retos del nuevo contexto medioambiental que afectan a los valores e intereses de España. Estamos transformando el sistema para hacerlo, como decía, más robusto, y lo estamos haciendo, sin duda alguna, entre todas las administraciones: las estatales, las autonómicas y las locales. Esa evolución, bascula hacia un modelo, sin duda alguna, moderno, de cogobernanza descentralizada entre las distintas administraciones, con competencias concurrentes, en materia de protección civil.

Sin duda alguna, queremos un sistema fuerte, que garantice la coordinación, la cohesión y eficacia en las políticas públicas, para asegurar lo que es la prestación de un servicio público, integral y eficiente, en la lucha contra las consecuencias del cambio climático. Queda, sin duda alguna, camino por recorrer, pero, con pasos como el que hemos dado hoy, fortalecemos la capacidad del Sistema Nacional de Protección Civil, para minimizar los efectos de las emergencias y acelerar los procesos de recuperación para, que las personas afectadas, puedan recobrar cuanto antes su vida cotidiana.

Y concluyo, refiriendo cómo la nueva secretaria general de Protección Civil y Emergencias era hasta ahora la directora general, Virginia Barcones. Y el nuevo, director general de Protección Civil y Emergencias, será Benjamín Salvago, hasta ahora subdirector general de Protección Civil y Emergencias. A los que quiero, por lo que he comentado, por el desarrollo de estas actuaciones, por el logro de estas directrices, de la plataforma, que sea una realidad, y por ese trabajo importante y los retos de futuro, quiero reconocer ese trabajo. Así como, hasta ahora quien ha sido su jefa directa, la subsecretaria del Ministerio, Susana Crisóstomo. Porque, como saben, al convertirse en secretaría general, dependerá directamente del ministro del ramo, del ministro del Interior. Muchas gracias.

Portavoz. - Gracias, ministro. Ministra Isabel Rodríguez.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Pensaba que iba primero la ministra de Educación, pero atiendo a las instrucciones de la portavoz disciplinadamente. Muchas gracias, ministra portavoz. Gracias también a ustedes. Encantada de volver a estar en esta sala, para compartir un proyecto muy importante para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Hasta ahora, estos planes eran el único instrumento del que disponía la Administración General del Estado y con muchas limitaciones. Saben ustedes que hace dos años y medio, nace este Ministerio con una ambición clara, con un mandato claro, el articular un parque público de vivienda, que venga a conformar el quinto pilar del estado del bienestar. Y, sin duda, este plan que hoy les presento, es un paso más, un paso importante, en esta solución para el problema de la vivienda, el de hoy y para siempre, para evitar que sea un problema recurrente, una crisis permanente. Vamos a basar, y basamos nuestro trabajo fundamentalmente en dos actuaciones, en dos direcciones, la de la creación de ese parque público, al que me ha referido, y el segundo eje, que tiene que ver con la regulación, y concretamente con la adopción de medidas que sirven para frenar la especulación. Estas dos ambiciones del Gobierno y del Ministerio, están impregnadas en este Plan de Vivienda que hoy les presento. La construcción de un parque de vivienda público, asequible y protegido para siempre, y la de frenar, cualquier tipo de acción dirigida a la especulación, de manera que protegemos el carácter social de las viviendas, frente a cualquier otro fin.

Es un instrumento, que se suma a otras estrategias importantes del Gobierno. Les decía que, hasta ahora, era el único, ahora, afortunadamente, y bajo el paraguas de la ley de vivienda, contamos con nuevos instrumentos. Con un refuerzo muy importante en el presupuesto, en buena medida arrastrado por el efecto de los fondos de recuperación, pero también, por el presupuesto propio del Ministerio, con instrumentos también, que hemos innovado en la disposición de estos fondos en colaboración privada. Ha sido fundamentalmente el desarrollo del Plan de Recuperación, y con una infraestructura pública que viene a albergar y a garantizar, la conformación de ese parque público y la consolidación del derecho, que es un instrumento propio de la Administración General del Estado, como es CASA47, la entidad de vivienda.

Como principal novedad, subrayar que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda, el carácter permanente público de estas viviendas. Y que garantizamos, que ni un euro de esta financiación, que ponemos encima de la mesa va a ir dirigido a la especulación, sino a garantizar el derecho.

Quiero subrayar también que este plan, que hemos trabajado desde el Ministerio es un plan que nace con una vocación. Una vocación, que viene de una demanda, que es la demanda ciudadana, y la vocación del Gobierno de atenderla. La ciudadanía está demandando un acuerdo, para dar respuesta al principal problema que hoy sufre, un acuerdo, en torno a la vivienda. Eso fue lo que elevó el presidente del Gobierno hace menos de un año en Barcelona, a los presidentes autonómicos como administraciones competentes en materia de vivienda con carácter exclusivo, según sus estatutos de autonomía. Un acuerdo de país. Y con esas máximas, con esas bases, que pusimos en la Conferencia de Presidentes, es sobre las que hemos trabajado este texto, este plan, para dar una respuesta estructural al problema. No valen parches, y no hay varita mágica. Y este plan, concentra esa respuesta estructural desde la conformación de la vivienda como estructura básica, hasta la regulación para evitar que el mercado, se coma las rentas de la familia.

Ya les expliqué que es el primer plan, que surge bajo el paraguas de la ley de vivienda y que cambia el paradigma en el papel que asume la Administración General del Estado. Podríamos decir que, hasta ahora, el papel de la Administración General del Estado, desde los años 80, era prácticamente de caja pagadora, de aportar la financiación sin poder influir de manera determinada en estas políticas. Es un plan innovador en ese sentido, en el que hemos querido introducir y ahondar, en garantías jurídicas sobre el mismo. Y también subrayaría, que es el plan más participado, con mayor colaboración, con mayor diálogo, para asentar las bases de ese acuerdo que, creemos, está demandando la ciudadanía. Como datos, les puedo decir que, en nuestra relación leal con las comunidades autónomas, hemos mantenido más de 28 encuentros para conformar la redacción final de este plan, y que también hemos recibido las aportaciones del sector, en torno a 400 aportaciones en diferentes fases, son las que hemos recibido, y en una gran medida han sido incorporadas en la mejora de este plan.

Y como novedad en el sentido de la garantía jurídica, es la primera vez que este plan ha sido estudiado por el Consejo de Estado, en su condición de reglamento que desarrolla la ley de vivienda, con un dictamen muy favorable, con algunas aportaciones esenciales que han tenido en cuenta, que lo mejoran y que, sin duda, darán una mayor tranquilidad en el sentido de que transitamos también por caminos inexplorados hasta ahora, en el ámbito de enmarcar una política de Estado de garantías públicas, en el ámbito del derecho a la vivienda.

Hemos concentrado también los objetivos, que pude compartir con ustedes en alguna ocasión, porque si no trabajamos en base a objetivos a conseguir, no podremos evaluar, si estamos consiguiendo lo que pretendemos con este plan, que lleva una importante cuantía de recursos públicos, para conseguir estos objetivos. Los objetivos tienen que ver con los desafíos de país. Sin duda, el más importante es la dotación de ese parque público, pero también el ahondar sobre el parque de vivienda existente y, por tanto, mejorar la vivienda que hoy existe, hacerla más eficiente desde el punto de vista energético. Y también hemos atendido las demandas de mayor accesibilidad, que las personas con discapacidad siempre nos han planteado. Romper con esa edad de emancipación tardía, de la juventud española, es otro de los grandes objetivos de país. Reducir la tasa de esfuerzo de las familias, tanto en el alquiler como en la cuota hipotecaria. Y el quinto eje, el quinto objetivo, sería revertir la situación en las zonas con más estrés, en las zonas tensionadas, y esto, sin dejar de prestar atención a la especial circunstancia de las zonas rurales, donde también hemos de abordar la respuesta al problema de la vivienda.

Tres ejes de acción para lograr estos objetivos, que pasan por, construir más vivienda para ampliar este parque público, rehabilitar y movilizar el parque de vivienda ya existente, e incrementar entre tanto las ayudas que sean necesarias para atender a las personas que más dificultades tienen.

Este plan, se suma a ese esfuerzo inversor de haber multiplicado por ocho los presupuestos generales del Estado, que nos encontramos a la llegada al Gobierno, que pasa por continuar con la senda inversora, más de 4.500 millones de euros directos, a política de vivienda del Plan de Recuperación. Lo dotamos de 7.000 millones, que es triplicar, el plan del que parte este plan. El plan anterior, contaba con menos recursos que este plan. Es verdad que después, fue mejorado con el Plan de Recuperación, pero ahora triplicamos la inversión en las políticas de corresponsabilidad que vamos a llevar con las comunidades autónomas.

Condicionamos la financiación, porque es importante construir más, pero no de cualquier manera. Hacerlo para proteger esa vivienda. Es importante invertir más, pero no para cualquier cosa. Sobre todo, para lograr esos objetivos. Por eso, en esta financiación, y en este esfuerzo inversor marcamos los condicionantes en torno a los objetivos que nos hemos marcado. Y, por tanto, la mayor parte de esos 7000 millones, al menos, puede ser más, el 40 % ha de ir destinado a ampliar la oferta del parque público de vivienda. No todo tiene por qué ser construcción. Puede ser también adquisición, de nuevas viviendas, para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles y asumibles, por la ciudadanía. Continuamos con la ola rehabilitadora, en torno al 30 %, y también el 30 % de ayudas a las personas que lo precisen.

Este es un plan, que viene a reforzar lo que tienen que hacer las comunidades autónomas, que son quienes tienen en sus estatutos encomendada la política exclusiva en materia de vivienda, y que nosotros lo que hacemos es inspirarla, dirigirla, potenciarla, en definitiva, dar la respuesta también que precisa nuestro país. En esa apuesta por triplicar la inversión, ven ustedes los números, que con más detalle podrán analizar después en el dosier, pero que implican, por ejemplo, en la comunidad en la que nos encontramos, en Madrid, pasar de un presupuesto de apenas 300 millones de años, perdón, de euros, del año anterior, del plan anterior, a un presupuesto de más de 1.100 millones de euros, que sería lo que correspondería conforme a esta asignación. Esta asignación, como les digo, con esa triple finalidad de construir, rehabilitar y proteger.

Novedades del plan. Más allá de las cifras, que los veo con interés, pero las van a tener todas en el mapa, básicamente es triplicar esa inversión. Novedades del plan. Que nunca más, con este dinero público, se puede especular. La garantía del blindaje del parque público que se construya, que se adquiera, con estos recursos de la Administración General del Estado. Es una formulación, que ya llevamos a la Conferencia de Presidentes, puedo compartir con ustedes que considero que es uno de los grandes consensos sociales, que la sociedad española no está dispuesta a que, de nuevo, con el dinero de todos, se enriquezcan unos pocos y otros, se queden sin casas, sin lugares donde desarrollar su vida.

La segunda novedad tiene que ver, con extremar los controles. Y en este sentido, hemos incorporado una cláusula, que hemos llamado cláusula antifraude, porque estos recursos, que son de todos, que salen del esfuerzo de todos, no pueden terminar en manos de unos pocos. Y, sobre todo, que es una política vital que necesita llegar a las personas que lo necesitan, y hemos visto escándalos, como el del reparto de las VPO en Alicante, que han hecho saltar todas las alarmas. Pensábamos que eran prácticas del pasado, pero hemos descubierto, y, por cierto, felicitando además la iniciativa periodística, que ha dado a la luz con este escándalo, hemos detectado que todavía hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2026, con la que está cayendo y la que ya cayó, algunas prácticas se mantienen. Y es que, con el dinero de todos se han repartido las viviendas, que tendrían que haber ido dirigidas a las personas que las necesitaban.

Esto ha sido posible porque se cancelaron, los controles de garantías de los registros de demandantes de viviendas, y de los mecanismos de adjudicación de las mismas de manera transparente. Y por eso, blindamos con esta cláusula, tanto los registros de demandantes de viviendas, que han de ser transparentes, como la adjudicación de las mismas, que haya que contar con todos los mecanismos de transparencia. Todas las viviendas que construyamos, que adquiramos, y que pongamos a disposición de la gente, con estos fondos, han de ser en estas condiciones de transparencia para garantizar que, efectivamente, hacemos un buen uso de este plan.

La tercera novedad, tiene que ver con la importancia del dato, al servicio del interés general y, por tanto, la importancia de que entre administraciones compartamos esos datos, y los mostremos con transparencia, a la ciudadanía y a los medios de comunicación, en definitiva, estén al servicio del interés general. Este es un ejercicio de honestidad, para que quienes marquen el dato en materia de vivienda, no sean portales privados con intereses privados, sino un ejercicio también de avance democrático. Nos comprometemos a compartir todos esos datos, y que esto, nos vincule también en la ejecución del plan.

La cuarta novedad tiene que ver con la gobernanza. En los planes anteriores, en los clásicos, en los anteriores a la ley de vivienda, cuando hacíamos meramente ese ejercicio de caja pagadora, la relación del plan y su ejecución, se mantenía en un aspecto institucional, que, por supuesto, preservamos, respetamos y vamos a mantener, que es la relación leal de cooperación con las comunidades autónomas y su foro, la conferencia sectorial. Pero este plan, como les decía, ha salido fruto del consenso y de la demanda ciudadana, y queremos que ellos también, están presentes en la vigilancia del cumplimiento y de los avances del mismo. De manera que, anualmente, el Consejo Asesor de Vivienda, también creado bajo la ley de vivienda, va a ser quien analizará el cumplimiento efectivo de este plan cada año. Con el deseo, además, de que, en su permeabilidad en el territorio, las comunidades autónomas se hagan cargo, de los deseos de alcaldes y alcaldesas que quieren seguir contribuyendo y ayudando a la expansión de este plan, o de organizaciones sociales preocupadas por personas o colectivos específicos, que quieren que este plan garantice que se llega, allí donde se precisa y no a lo que resulte más fácil desde el punto de vista de la gestión, o de la inquietud ideológica de cada uno de los gobiernos autonómicos.

Les he enumerado también, 10 líneas de actuación que, en la tarde de hoy, el secretario de Estado podrá compartir con más detenimiento con todos ustedes. De las mismas, subrayar que, en el ámbito de las ayudas para promover ese parque público desde el punto de vista de la construcción, se incrementan notablemente para facilitar que cuanto antes podamos construir estas viviendas, y que incorpora también elementos que para nosotros son importantes, como las técnicas de industrialización, o el atender de manera especial a las zonas tensionadas, que han sido declaradas tensionadas, acompañar a las comunidades autónomas en la adquisición de parque de vivienda existente. El otro foco de atención, es la rehabilitación, donde también se produce un incremento muy importante de las ayudas, o donde por primera vez se incorpora el conservar el valor patrimonial de viviendas que de otro modo terminarían siendo abandonadas y, por tanto, perdiendo también ese carácter patrimonial. Y, sin duda, el ámbito de la eficiencia energética.

En el ámbito de la protección, subrayad las ayudas que van dirigidas a los jóvenes. En el caso del alquiler, hasta 300 euros de ayudas para jóvenes a su alquiler. Y también, las ayudas de la compra, especialmente pensando en el medio rural, como una alternativa, como una respuesta más a la solución de este problema, donde el joven que quiera asentarse en una zona rural, que hemos elevado hasta 20.000 habitantes, podrá recibir una ayuda de hasta 15.000 euros para construir, o para adquirir su primera vivienda.

En cuanto al calendario, en el día de hoy, tras su paso por el Consejo de Ministros, el plan queda aprobado, consumado con ese espíritu de acuerdo y de consenso, que ha estado impregnado en su redacción. La próxima semana, mantendremos ya las reuniones técnicas, para su implementación en el territorio. Queda la asunción de la decisión del reparto conforme a los criterios que acordamos con las comunidades autónomas y que, están ya contemplados en esos marcos de ámbito de contribución del Estado a las comunidades autónomas, que también ustedes disponen. Y, por tanto, hemos articulado también la disposición presupuestaria para que, en el segundo semestre de este año, el plan pueda estar desplegándose por todo el territorio con la asunción por parte de la Administración general, de todo el esfuerzo en esta anualidad, para que no haya excusa de que podamos estar poniendo e implementando este plan en el año en vigor, en el año en el que ya nos encontramos.

Así que, es un plan muy importante, que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial, sino yendo a cambios estructurales, que era muy demandado por la ciudadanía, por el sector, que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, por organizaciones sociales, organizaciones civiles, que ha contado con todas las aportaciones y que yo espero que sea un plan que se despliegue con esa lealtad, que merece una respuesta tan necesaria como esta, solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas.

Todos tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Sin duda, el Gobierno de España cumple con este plan, y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de administraciones que se tienen que hacer cargo del despliegue en el territorio. Y mi confianza, en que este va a ser un plan que no solamente es el primero, tras la ley de vivienda, sino el que asienta el derecho frente a cualquier otra concepción de las viviendas que no sea para vivir. Esto es lo que quería trasladarles. Después, portavoz, por supuesto, cualquier duda la aclararé.

Portavoz. - Gracias, ministra. Ahora sí.

Ministra de Educación, Formación Profesional Deportes, Milagros Tolón. - Muy buenos días. Muchísimas gracias, ministra portavoz. Decirles que esta mañana, en el Consejo de Ministros, hemos dado un paso muy importante para nuestro sistema educativo.

Hemos aprobado el proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza, en el ámbito de la educación no universitaria, la llamada, ley de horas y ratios, que ahora va a pasar su tramitación en las Cortes.

Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado, y hoy verán que estamos cumpliendo con este compromiso. Porque esta reforma parte de una convicción profunda, y una convicción compartida. Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, evidentemente, mejoramos la educación de nuestro país. Y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes.

Además, esta reforma tiene también un componente claro de justicia, y es que, venimos a revertir los recortes de 2012, que afectaron de lleno a la educación pública de nuestro país. Y afectaron en particular, a quienes sostienen cada día las aulas, que son nuestros profesores y nuestras profesoras. Lo hacemos con medidas concretas. En primer lugar, reducimos las ratios. En Primaria, pasamos de los 25 alumnos por aula a 22 alumnos por aula. En Secundaria, pasamos de 30 alumnos a 25.

Además, para nosotros es muy importante esto que les voy a comentar, y es que incorporamos un criterio de equidad, muy relevante. Cada alumno con necesidades especiales, contará como dos plazas, y esto permite, de alguna forma, ajustar muchísimo mejor la realidad de las aulas, y garantizar de alguna forma, una atención mucho más justa, y más personalizada. Cada docente que tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos estudiantes, con otro profesor o profesora, evidentemente va a mejorar sin duda la calidad de la docencia y el tiempo que se cuenta para trabajar con cada estudiante.

En segundo lugar, reducimos la carga lectiva. Fijamos un máximo de 23 horas en los centros de Infantil, de Primaria y Educación Especial, y de 18 horas, en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Esto no es una simple cuestión técnica. Es una apuesta, por dar mucho más tiempo, por dar más tiempo al profesorado, para preparar, evidentemente, sus clases, para atender a su alumnado y también, cómo no, para desarrollar su trabajo de una forma más digna.

Estas medidas se implantarán de forma progresiva con el objetivo de que estén plenamente en marcha, en el curso 2031-2032. Estas son, de manera resumida, las dos cuestiones que recoge el proyecto de ley que acabamos de aprobar esta mañana en Consejo de Ministros. Dos cuestiones, por cierto, muy relevantes que suponen un gran paso adelante en el proceso de transformación y modernización, del sistema educativo que ha emprendido el Gobierno, desde el año 2018.

Pero, además, junto a ello, también decirles que estamos trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza, y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, también, en los sistemas selectivos de ingreso a la función pública, de formación permanente del profesorado o, algo también muy demandado, de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas, sobre las que seguimos avanzando y ya les informaremos.

Pero también, quiero subrayar algo importante. Este proyecto, es un proyecto fruto del consenso, fruto del acuerdo, con la comunidad educativa. Cuenta con un amplio consenso entre el profesorado, y el conjunto como decía, de la comunidad educativa, pasando también por el Consejo Escolar del Estado, que tuvimos el consejo el 12 de febrero, y que dictaminó favorablemente el documento. Por tanto, no es una decisión unilateral. Es un avance compartido, un avance que se ha llevado a cabo con la participación de las comunidades autónomas, no solamente en la comisión de personal, en la comisión general y en su conferencia sectorial, en la conferencia sectorial y un grupo de trabajo.

En resumen, estamos ante una ley que revierte, los recortes de 2012, que mejora las condiciones del profesorado, con la rebaja de las ratios y también de la reducción de las horas lectivas. Que mejora, por tanto, la calidad de la enseñanza y cuenta con el consenso y el apoyo de la comunidad educativa. Pero, sobre todo, garantiza un tratamiento homogéneo en todo el territorio nacional. Y, como digo, es fruto de nuestro compromiso con el sistema educativo y también, cómo no, con su profesorado.

Ahora, como saben ustedes, comienza el trámite parlamentario y confiamos en que las Cortes Generales, sabrán estar a la altura, porque estamos hablando de educación, que es un gran asunto de Estado. Además, también porque nuestros docentes, 800.000 profesores y profesoras, no son solo una pieza más del sistema, son la columna vertebral, quienes sostienen cada día el presente y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias.

Portavoz. - Gracias, ministra. Y, ahora sí, pasamos a las preguntas

Esther Redondo (La Sexta). - Muchas gracias. Buenas tardes. Quería preguntar, en primer lugar, a la ministra de Vivienda si podía ahondar un poco más en esta cláusula antifraude que se incluye en el plan: cómo se va a controlar que los listados sean transparentes, cómo se va a controlar que no haya, por ejemplo, un concejal que se beneficie de esa asignación de vivienda. Si nos podía concretar un poco más de esta cláusula.

Quería preguntarle también al ministro Marlaska. Ministro, se ha generado bastante alarma con esa circular, informativa, dicen ustedes, que se ha remitido a los centros penitenciarios dirigida a la población interna extranjera que quiera acogerse al proceso de regularización. Yo quería preguntarle, en el caso de los presos preventivos, ¿se pueden beneficiar de este proceso puesto que no tienen todavía una condena en firme?

Por último, a la ministra portavoz quería preguntarle, en primer lugar, qué valoración le merecen esas imágenes que estamos viendo de colas de inmigrantes en algunos ayuntamientos, como en Roquetas, Almería, porque están esperando para el certificado de vulnerabilidad. Cómo se podría corregir esto, de quién es responsabilidad, porque son los ayuntamientos los que deben dar este certificado. Pedirle también, por favor, portavoz, una valoración sobre la Kitchen, sobre las declaraciones que hemos escuchado del señor Luis Bárcenas. Si cree que el líder del PP tendría que dar alguna explicación o pedir disculpas. Y, por último, sobre el acuerdo en Extremadura, ¿qué le parece que Vox y PP, hayan acordado prioridad nacional en algunos asuntos como en la sanidad? Gracias.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí. Se la voy a leer. ¿Está funcionando esto o no? No, ¿verdad? Se supone que sí. Ahora sí. Les leo. Es la disposición adicional 11ª, que habla de la aplicación de los registros de las personas demandantes de vivienda, que dice expresamente, y luego les hago la explicación, que en las licitaciones y convocatorias, así como en las resoluciones de concesión o reconocimiento de ayudas de la línea de financiación de ayudas al fomento, el incremento de la oferta de vivienda social y asequible a las comunidades autónomas, y las ciudades de Ceuta y Melilla, se requerirá la aplicación de los registros de personas demandantes que existieran en el correspondiente ámbito territorial o fórmulas, que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público en la adjudicación de vivienda.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Alicante, donde se han repartido las VPO entre cargos del Partido Popular? O recordarán ustedes, porque también fue objeto de atención informativa, el caso de una inmobiliaria particular, una inmobiliaria privada, donde se conformaron colas, para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes, que parecía que estaban esperando a las entradas de un concierto. O, recientemente, algún medio de comunicación ha publicado que, en Málaga, viviendas que reciben fondos públicos, van a ser adjudicadas por orden de prioridad.

Lo del caso de la Comunitat Valenciana es que existían registros y garantías públicas. No es que no existieran, y por eso ha ocurrido esto. Es que allí existían. Se derogó esa normativa, y ha permitido que se privaticen los registros de demandantes de vivienda, y que no sea el ayuntamiento o la comunidad autónoma, la que tenga censada a la gente que necesita una vivienda, para después dar respuesta a esas personas, y que incluso sirve para la planificación de las políticas de vivienda. Uno tiene que saber cuántas personas necesitan, para saber cuánto se construye, no construir a lo loco, sino que esto lo han cedido a la gestión privada. A eso se suma, que ha habido claramente irregularidades que, afortunadamente, están bajo la investigación judicial, que espero se depuren.

Yo ya públicamente pedí a la Generalitat, y en el caso de Alzira ocurrió lo mismo, era la privatización hacia una inmobiliaria, que era la que hacía la adjudicación. Yo ya he pedido a la Generalitat, que cambie esa normativa, que modificó el gobierno de Mazón. El nuevo presidente de la Generalitat, dijo que lo iba a hacer, pero hasta donde yo conozco, no sé si ustedes tienen otra información, no lo ha hecho. Yo no puedo quedar pendiente de la voluntad política de estas administraciones para hacerlo o no hacerlo. Estos recursos que ponemos encima de la mesa, son el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras, son los impuestos.

Por tanto, tenemos que garantizar, y es este reglamento, el Plan Estatal de Vivienda, el real decreto, el que va a permitirme, poner esta cláusula para blindar. Por tanto, nosotros no vamos a financiar ninguna promoción de vivienda, ninguna adjudicación, que no pase por estos criterios. Que puede ser un sorteo ante notario. En Málaga, escucho el otro día que van a acceder a la vivienda, los primeros que se inscriban. Ya me contarán ustedes, cómo se entera el primero. Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos, de transparencia, que lo garanticen. Existen registros de demandantes de vivienda, que son generales para cualquier promoción, existen registros para promociones expresas, existen mecanismos como portales transparentes, como el que va a poner en marcha CASA47, para inscribirnos en esa demanda, además con un carácter de más dignidad en el acceso a la vivienda, existen procesos de sorteo ante notario. Lo que no puede ser es que nos aprovechemos del dinero de todos, y de los recursos de todos, para que ganen unos pocos. Porque es una obscenidad lo que hemos visto, y es lo que tratamos de evitar con esta cláusula.

Ministro del Interior. - Sí. Muchas gracias, ministra. Gracias, Esther, por la pregunta. Me gustaría dejar algo muy claro al respecto y es que, Instituciones Penitenciarias ha cumplido con su obligación. Y que el resto de Administraciones, en el desarrollo de todos los procedimientos de regularización, van a cumplir igualmente con su obligación.

Dos cuestiones que deben de quedar claras, aquellas personas que tengan antecedentes penales, no van a ser regularizadas. El propio Real Decreto exige carecer de antecedentes penales. Igualmente, tampoco van a ser regularizadas, aquellas personas que puedan suponer un peligro, un riesgo, para la seguridad nacional, para la seguridad pública, para el orden público. Y para eso el propio Real Decreto exige, en todos los expedientes, la existencia, la formalización de un informe por la Policía donde se analizan todos los datos y se llegan a las conclusiones que, en ese sentido, proceda. Pero, repito, ninguna persona, que pueda suponer un riesgo para la seguridad pública, nacional u orden público, va a ser objeto de regularización. Instituciones Penitenciarias, ha cumplido con sus obligaciones, y el resto de autoridades que van a intervenir en el procedimiento, en los procedimientos de regularización, van a cumplir, evidentemente, con sus obligaciones y de acuerdo a lo que viene recogido en el Real Decreto.

Portavoz. - A ver, en primer lugar, en relación al proceso de regularización, Esther, le agradezco su pregunta. Estamos ante los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista, un procedimiento muy trabajado, muy preparado que va con toda la normalidad de estos primeros días. Desde luego, quiero compartir mi empatía con las personas que están, efectivamente, con un comportamiento ejemplar esperando, y aguardando las colas, para ganar derechos. También, por supuesto, quiero lanzar mi agradecimiento, a los funcionarios y funcionarias públicas, que están dando lo mejor de sí mismos para dar respuesta, precisamente, a este procedimiento tan importante, y también a los Ayuntamientos, muchísimos de ellos, que están colaborando, que están poniendo recursos de una manera, también, ejemplar, con esa clara vocación de servicio público, de las entidades locales para dar respuesta, y preparar ese informe de vulnerabilidad que, como saben, es preceptivo en algunos casos. Quiero aprovechar también para recordar que, precisamente, también es informe de vulnerabilidad, puede ser gestionado por las entidades colaboradoras en materia de extranjería, que están perfectamente detalladas que pueden acceder los solicitantes a la página web del Ministerio. Esa actitud, además, de muchos ayuntamientos, choca, con la actitud de otros ayuntamientos, que, siguiendo directrices políticas del Partido Popular, están boicoteando, no ya al gobierno, sino boicoteando las esperanzas y los derechos, de miles de personas. El Partido Popular está solo y desdibujado, en su boicot al procedimiento de regularización. Pero a pesar del Partido Popular, el procedimiento está dimensionado, está, como le digo, tramitándose, de una manera absolutamente asequible, perfectamente diseñado. Hemos trabajado mucho en ese procedimiento e, insisto, está como un procedimiento de esta envergadura, se comportaría en los primeros días. Como saben, ayer mismo comenzó la posibilidad de la presentación presencial.

En relación, a lo que estamos viendo, el tema de la Kitchen, mire, como ya hemos dicho en alguna ocasión, ninguna organización está exenta de tener casos de corrupción, lo importante es cómo se responde. Y lo que estamos viendo, es un procedimiento donde el Partido Popular, tenía institucionada la corrupción. Todos sabíamos, quién era M. Rajoy. Si quedaba alguna duda, ayer quedó despejada, en su totalidad. La pregunta es, ¿qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar al señor Rajoy? ¿Le va a exigir que abandone el Partido Popular o va a seguir defendiéndolo, y alabándolo y reconociéndolo públicamente? ¿Qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Guarda silencio? Me gustaría que se pronunciara.

Y, en tercer lugar, en lo que tiene que ver con el pacto del Partido Popular y Vox. Mire es un pacto que va contra los intereses de Extremadura. Contra el propio ser de la comunidad autónoma, contra los intereses económicos e industriales, de una comunidad, que vio cómo el despliegue de las energías renovables, por poner un ejemplo, era una grandísima oportunidad de presente y futuro y, en este pacto, es un pacto anti agenda verde. También le diré que estaremos vigilantes, en lo que tiene que ver con el cumplimiento del artículo 13 y 14 de la Constitución Española, en lo que tiene que ver con la igualdad, ese principio básico de nuestro país. Estaremos vigilantes. La política del siglo XXI, es una política de pactos y, yo, mostraría la diferencia de pactos, y de acuerdos de este gobierno, de coalición progresista que avanza en derechos, que avanza en desempeño económico, que lidera el crecimiento económico de la UE por quinto año consecutivo y, por el contrario, ese pacto alcanzado que, lo que hace, es menoscabar las oportunidades para una comunidad tan importante como la extremeña.

Ana Isabel Martín (El Debate). - Gracias, buenas tardes. Perdóneme, ministro, pero no termino de entender qué significa que Instituciones Penitenciarias ha cumplido con su cometido. ¿Entonces qué presos, si es que hay algunos, que tengan derecho a esta regularización, los preventivos, ningunos? En fin, creo que hay bastante confusión con esto.

A la ministra portavoz, quería preguntarle si nos puede decir a qué Ayuntamientos se refiere. Ya ha dicho que son del PP, pero me gustaría, si puede, concretar un poco más, y luego, si en esta regularización, hay previsión de ampliar los plazos, en caso de que fuera necesario.

Y luego, a la ministra de Vivienda. Por favor, sobre el decreto de los alquileres que se somete la semana que viene a votación en el Congreso, si usted ¿está interviniendo en las negociaciones?, o son solo de Sumar, y una reflexión acerca del CIS de ayer, que volvía a situar la vivienda como el principal problema mencionado, en primer término para más de la cuarta parte de los encuestados. Gracias.

Portavoz. - Ministra, ¿quieres empezar tú?

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí. Perdón. Sobre el decreto, en el Congreso de los Diputados, deseo que salga adelante. No es la primera vez que el Gobierno lo ha hecho. Creo que es muy importante, que es un decreto que sale como consecuencia, de la respuesta que el Gobierno, de manera excepcional, está dando a las consecuencias que la guerra de Irán, ya está teniendo en la economía española y, por tanto, el Gobierno en su conjunto está trabajando, efectivamente, para que ese decreto salga adelante y, además, no se entendería que no fuera así puesto que en estos momentos ha estado en vigor, y aquí se circunscribe muy bien a las circunstancias nacionales que estamos viviendo.

Respecto al CIS, efectivamente, esta es la principal preocupación de la ciudadanía española, lo que exige de la especial atención, y determinación de todas las administraciones públicas. El Gobierno de España está haciendo lo propio. No parar de poner en marcha acciones y medidas dirigidas, a dar respuesta a este problema y garantizar, el derecho para que en el futuro no sea un problema, o una crisis recurrente. Pero como he compartido en muchas ocasiones, este es un problema que precisa de la voluntad, y determinación de todas las administraciones, especialmente de aquellas que tienen más competencias recomendadas en nuestro marco institucional y, por tanto, creo que ante un problema de esta dimensión lo que se requiere es un acuerdo como el que propone el Gobierno, con este Plan Estatal de Vivienda, para coordinar las políticas con este impulso de garantía hacia el derecho y, además, todos los instrumentos que seamos capaces de poner en marcha. Desde CASA47, para recuperar esas viviendas de la Sareb, y ponerlas a disposición de la gente y tener un agente movilizador de recursos públicos, con desarrollos tan importantes como el nuevo barrio campamento en Madrid, con más de 10.000 viviendas. A iniciativas que están adoptando Ayuntamientos como el de Barcelona, para prohibir totalmente los pisos turísticos ilegales, y que no invadan las ciudades y garanticen que las familias pueden vivir en ellos, o iniciativas novedosas, como las que están explorando el Gobierno de Salvador Illa, en el sentido de implicar a todos los ayuntamientos, en la cesión de suelo para la construcción de más vivienda. Aquí no sobra nadie. Faltan muchas manos, y muchas cabezas, para levantar las casas que precisamos, y para acabar con la especulación, garantizando el derecho para siempre.

Portavoz. - Ministro

Ministro del Interior. - Bien. Ana, gracias por la pregunta. Creo que he sido muy claro, pero no tengo ningún problema en serlo un poco más.

He dicho que ningún preso, perdón, que ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizado. Evidentemente, los presos condenados, tienen antecedentes penales. También, hay gente en libertad, después de cumplir pena, que sigue teniendo antecedentes penales, con lo cual, tampoco son susceptibles de regularización. Hay presos preventivos, que pueden tener antecedentes penales, por hechos por los que han sido condenados anteriormente, y que todavía estén vivos. Tampoco tienen opción alguna a ser regularizados, porque requisito imprescindible, es carecer de antecedentes penales.

El resto de personas susceptibles de regularización en todo el ámbito, van a ser sometidos a una valoración, en términos de si cada una de ellas supone, un riesgo para la seguridad nacional, seguridad pública u orden público, que va a realizar la Policía Nacional.

Desde luego ese informe es sustancial, a la hora de determinación del derecho o no a la residencia. Yo, desde luego, creo que es un procedimiento muy garantista, para el solicitante de regularización, pero también es muy garantista para el conjunto de la sociedad, en los términos que venimos exponiendo.

Vuelvo a decir, en aquellos supuestos, que no haya antecedentes penales, que carezcan los solicitantes de antecedentes penales, porque aquellos que tengan antecedentes penales, si alguno, decidiera presentar la petición de regularización, evidentemente, se desestimará inmediatamente, sin ningún tipo de valoración. Aquel, que no tenga antecedentes penales, todo su historial va a ser estudiado y valorado, también entre otras cuestiones, igual que el arraigo, por si supone o no un riesgo. Yo, desde luego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la hora de realizar esos informes, y acostumbrados a garantizar nuestra seguridad, estoy absolutamente, y valga la reiteración, muy seguro y convencido, que van a ser unos informes absolutamente procedentes, oportunos y sobre los que se va a basar la resolución.

Portavoz. - Pues, mire, un ejemplo bien cerquita. Tenemos al alcalde Almeida, de Madrid, que ha verbalizado que no va a colaborar con este procedimiento de regularización. Una comunidad, por cierto, que se dice amiga de las personas migrantes, especialmente latinoamericanas. Qué incoherencia. Las cifras de arraigo fundamentales de nuestro reglamento, dos de cada tres son personas latinoamericanas. Qué incoherencia, una vez más, la del Partido Popular.

Pero, insisto, por encima de todo eso está la sociedad civil, está la Iglesia Católica, están los sectores productivos, están las entidades, están, miles de ciudadanos, que tienen ilusión y que van a tener más derecho, así que, por encima de eso, está el éxito de este procedimiento. Le voy a dar unas cifras, las cifras del día de ayer. Día récord. Hablamos de 5.454 solicitudes presentadas, de manera presencial, 68 % de ellas en Correos, 13.008 telemáticas, desde el inicio del procedimiento, 60.656 solicitudes, citas asignadas hasta el 30 de abril, 35.966. El Partido Popular está solo y desdibujado en ese boicot, que no se lo hace al Gobierno, se lo hace a miles de ciudadanos que tienen derechos, y que están ilusionados con este proyecto y, afortunadamente, son muchos más, los Ayuntamientos y servidores públicos que tienen ese compromiso y que, a pesar de esos dictados de Génova, racistas y xenófobos, están cumpliendo con su servicio público. Y le decía las cifras, como el procedimiento está perfectamente diseñado, el plan operativo, el plan operativo, y ven que circula y discurre con normalidad, así que el plazo, es el 30 de junio de este año.

Carlos Cué (El País). - Sí, a la ministra de Vivienda. En la Comunidad de Madrid, Ayuso, se está oponiendo clarísimamente, hay otras, pero probablemente la más radical es Ayuso. ¿Puede pasar como con la ley de vivienda, que finalmente no se acabe aplicando porque el plan no cuente con el apoyo? ¿Qué pueden hacer para imponerlo o para garantizar que ese dinero, realmente, se gasta en las comunidades que están en contra, como Madrid? Y, como reflexión general, estamos a punto de cumplir ocho años en el gobierno progresista. ¿Por qué no se ha hecho apenas vivienda pública en estos ocho años? Usted no era ministra, pero, digamos, que asume, entiendo, lo que ha hecho este Gobierno y, ¿por qué durante, estos ocho años de Gobierno progresista se ha hecho tan poca vivienda pública?

Y a la ministra portavoz, bueno, ya preguntado sobre la evaluación general, pero yo quería ir un poco más allá porque, ¿hasta qué punto esos ayuntamientos pueden, realmente, frenar? le preguntaban por las fechas porque, si realmente los Ayuntamientos se ponen en modo boicot, supongo que realmente se complican las cosas. ¿Hay una discusión dentro del PP y Vox ahora mismo, por ejemplo, para las ayudas a Cáritas en Extremadura, si realmente se puede o no se puede dar ayudas a Cáritas, porque Cáritas está colaborando con trabajo a favor de los a migrantes? O sea, hasta qué punto pueden entorpecer el trabajo y, luego, sobre la Kitchen en general, le preguntamos hace dos semanas sobre el caso Ábalos, ahora bien, el tema de Kitchen, volverá el caso de Ábalos porque vuelve el Supremo ¿Temen que la ultraderecha o la antipolítica pueda ser el gran ganador de este ambiente que generan todos estos casos?

Y, por último, el rey emérito, dijo esta semana que el rey Felipe VI lo debe estar pasando muy mal con este Gobierno, porque le están tratando mal, las audiencias ya no son semanales como antes, que hay una mala relación institucional, si asumen una parte de esta crítica o cómo le contestan, ¿cómo es la relación y por qué las audiencias ya no son semanales?

Portavoz. - ¿Empiezas, Isabel?

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sobre, sobre la Comunidad de Madrid y la no aplicación de la ley de vivienda, ella cree, digo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que daña al Gobierno, cuando no aplica la ley, pero realmente, a quien está dañando, es a un millón y medio de personas que viven de alquiler en la Comunidad de Madrid. Y que hoy podrían ver sus alquileres congelados, y evitar las subidas abusivas, que se están produciendo, si no fuera por el pataleo, y la sinrazón de su presidenta.

Es decir, el millón y medio de personas que viven en Madrid, y que estén sometidos al mayor incremento de precios de alquiler de toda España, podrían tener sus rentas congeladas desde hace dos años, como está ocurriendo en otras zonas de nuestro país, y esa responsabilidad tendrá que asumirla cuando le llegue su momento. Pero sin duda, yo no me voy a cansar de denunciarlo, porque va en la dirección contraria a lo que estamos trabajando, yo creo que también al sentido común de la gente, que sabe que este es un problema de gran dimensión, como mencionaba su compañera, que requiere de la acción de todos, y de utilizar todos los instrumentos.

Sobre la Comunidad de Madrid y este plan, me sorprendería que también se quedaran fuera de él. Porque estarían renunciando a 1.000 millones de euros para hacer vivienda pública protegida, permanente, para siempre, en la Comunidad de Madrid. Y creo que esto es, un coste que no sé si es capaz de asumir, de expresar con algún chascarrillo la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero estoy segura que no aceptará ningún madrileño, ninguna madrileña. Porque se trata de muchos recursos para que la gente joven de Madrid, hoy, que necesita una vivienda, pueda acceder a ella. O para que los trabajadores, servidores públicos, que tienen salarios estables, y empleos estables en la Comunidad de Madrid, puedan vivir sin destinar el 50 y el 60 % de su sueldo a pagar el alquiler, estamos hablando de esto. Y tras el trabajo que hemos desempeñado durante estos meses con todas las comunidades autónomas, incluida, la Comunidad de Madrid, a mí no me entra en la cabeza que vayan a renunciar, a estos 1.000 millones de euros, tengo que verlo.

Y respecto a los ocho años de gobierno, y a la creación de vivienda, estamos muy lejos del horizonte al que nos dirigimos. Saben que, el gran drama de nuestro país ha sido precisamente, que habíamos construido vivienda, pero, se me ha ido el informe, que habíamos construido, ahora, que habíamos construido vivienda, pero se ha ido descalificando, que es una de las cosas que blindamos en este plan. ¿Cuándo se llega a los mínimos de construcción de vivienda protegida en España? Los dos momentos de la historia en los que menos vivienda se ha construido en nuestro país en términos porcentuales, ha sido bajo gobiernos del Partido Popular. Concretamente, a ver si llego al punto, concretamente, en el año 2018 y en el año 2002, bajo gobiernos del Partido Popular, insisto. ¿Cuál eran los datos que nos encontramos, para que se entienda lo que hemos remontado en estos años? Los datos que nos encontramos en el gobierno, al llegar, en el sector de la construcción, que hoy está representando el mayor crecimiento económico de, uno de los sectores que lidera el crecimiento económico de nuestro país, muy por encima del crecimiento medio, que ya está, como bien saben, en una, en una senda muy positiva. Bueno, pues en general, en el sector de la construcción, en los últimos años hemos pasado y hemos incrementado la construcción de viviendas, llegando a la mejor cifra de los últimos 13 años, en el año 2024, con un incremento del 13,4 % respecto del año anterior, y alcanzando la cifra, superando las 100.000 viviendas/año.

¿Es suficiente? No. ¿Necesitamos más? Sí. ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Un sector de la construcción más fuerte, que es otro de los grandes ejes sobre los que está trabajando el Ministerio de Vivienda, acompañando al sector en su modernización a través de la industrialización. Y concretamente, en el ámbito de la vivienda, de la vivienda pública, de la vivienda protegida, nos encontramos con el mismo paradigma, que como les decía, se arrastró a situaciones prácticamente de nula construcción de vivienda, en un raquítico 5.000 viviendas/año, fue el año en que menos viviendas protegidas se construyeron en España, y es otro de los sectores que hemos rehabilitado también, con un crecimiento muy importante en los últimos años, fundamentalmente, gracias al impulso inversor de este Gobierno y a la licitación de obra pública.

Y después, hay otro sector que también se ha visto beneficiado de nuestra apuesta, que ha sido el sector de la rehabilitación, donde se ha incrementado en más de un 47 % la inversión en rehabilitación de vivienda en los últimos años. Seguimos lejos de la aspiración, acompañamos al sector en su modernización y también apoyando, yo creo que las grandes transformaciones de este país, la regularización de personas migrantes era una gran demanda del sector de la construcción, como la aspiración también para que puedan ser empleados de este sector, y dar respuesta al desafío de construir más, y prioritariamente construir más vivienda protegida. Pero, bueno este informe así rápido, que he ido leyendo con una presbicia que, va siendo incipiente, puedo hacérselo llegar para que ustedes cuenten con más información, para hacer sus informaciones.

Portavoz. - Empiezo, ¡No! ¡Uy! Sí. Empiezo por el final. Yo no voy a comentar las palabras del rey emérito y las audiencias con el rey son privadas, y evidentemente, pues, tampoco las voy a comentar

En relación al tema de la antipolítica, mire, yo vengo precisamente, hoy es martes, de un fin de semana donde he podido constatar en primera persona cómo hay muchísima gente, no solamente líderes políticos o siglas políticas, sino muchísima gente del mundo de la cultura, del mundo periodístico, del mundo económico en general, que saben que precisamente son las políticas, las ideas progresistas, el multilateralismo, el orden internacional, la igualdad, las que dan respuesta a los verdaderos problemas de la gente. No eslóganes vacíos y apelar a la antipolítica, eso no da soluciones, no da respuestas a los miles de desafíos que vivimos en el mundo actual.

Así que, efectivamente, ya no solamente desde una actitud, de ver cómo intenta abrirse camino esa ola ultraderechista, sino una actitud proactiva de defender los valores que tanto nos ha costado construir, y defender activamente la política con mayúsculas como solución a los problemas de la gente, que es para lo que estamos en política.

Y en lo que tiene que ver con el procedimiento, quiero aprovechar, Carlos, la pregunta, para hacer pedagogía. El informe de vulnerabilidad, no se requiere en todos los casos. Quiero recordar que los solicitantes de protección internacional, no tienen que pedir este informe de vulnerabilidad, tampoco quien haya trabajado en nuestro país, o tenga un precontrato, o vaya a emprender un negocio, y presente una declaración responsable. Tampoco quien tenga hijos menores, o mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, no tienen que presentar esas personas el informe de vulnerabilidad, el resto sí. Y el informe de vulnerabilidad, se puede descargar de manera sencilla, en la página web del Ministerio, y lo pueden sellar no solamente los servicios sociales de los ayuntamientos, sino también las más de 200 entidades acreditadas, distribuidas en todo el país, por provincias, pueden consultar su presencia en todas las comunidades en la página web del Ministerio, entidades que están lanzando mensajes claros, estamos viendo todos a cada hora. Yo puedo acceder a mensajes en redes sociales dando un paso hacia adelante, el último acabo de ver, por ejemplo, Comisiones Obreras, también la propia Cáritas, por cierto, que tendrá que dar el señor Feijóo y el Partido Popular, mirar a los ojos a Cáritas y explicarles cuáles son los pactos que alcanza con Vox, porque Cáritas ha lanzado un mensaje, por supuesto, respaldando la regularización, y desmontando bulos y desinformación en torno al procedimiento.

Así que, a pesar de ese boicot de algunos, el procedimiento va muy por encima de ese boicot injustificado del Partido Popular, porque está detrás la sociedad civil. Y por eso insisto en que, efectivamente, se va a dar respuesta. Saben también que, en aras de colaborar, vamos a tener reuniones con la Federación Española de Municipios, para apelar y trabajar en esa necesaria, bueno, pues trabajo de los ayuntamientos en su caso, pero insisto, también hay más de 200 entidades que pueden acreditar y cuñar, ese informe de vulnerabilidad, que solo es exigible en algunos casos.

Leticia Barquín (Libertad Digital). - Muchas gracias. Buenas tardes. A la ministra de Vivienda, desde 2018 el Gobierno ha anunciado cerca de 500.000 viviendas, y quería preguntarle si podría aclarar cuántas de ellas se han materializado realmente. Y, en segundo lugar, cómo piensa lograr que los jóvenes confíen en este nuevo plan, teniendo en cuenta que no es la primera vez que su problemática se pone sobre la mesa sin resultados claros. Gracias.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Una de las cuestiones, después hacemos una pequeña nota para que tengan a mano, la evolución del sector de la construcción y cómo ha influido la política de este Gobierno, en activar el sector, en la generación de puestos de trabajo, en la inversión en licitaciones públicas de vivienda y en el incremento de vivienda pública en España, que estaba, como les decía antes, en prácticamente cero construcciones de vivienda, cuando asumimos las riendas del gobierno. Los periodos de construcción de esta vivienda y de puesta a disposición son largos, que también los hemos acortado con instrumentos como la industrialización. Pero, una de las cuestiones que sucedía con otras políticas de vivienda es la pérdida del control, desde que nosotros cedíamos el dinero a las comunidades autónomas, a la hora de reportar esa información del estado de la obra, del estado de la licitación, y finalmente de su entrega y disposición a la ciudadanía. De manera, que lo que hacemos en este nuevo plan, es articular canales de trasparencia y de dación de cuentas por parte de las comunidades autónomas, con carácter semestral, para poder hacer ese seguimiento y que no se nos vaya, se nos dilate o en su caso, no se ejecute la previsión de viviendas que hemos de construir en los próximos años. Por lo tanto, es muy importante esa fiscalización, de todas las administraciones para conseguir ese resultado real, de estas importantes inversiones en la entrega final de esas llaves a la ciudadanía.

Y en relación a los jóvenes, sin duda, forman parte prioritaria de nuestras políticas. En ocasiones, hemos articulado sistemas de llegada a los jóvenes que no han sido bien implementados por otras administraciones. De manera que, lo que hacemos en este plan es, precisamente, quedarnos con ese cuadro de mandos para garantizar que, efectivamente, vamos a llegar a la juventud española. Y el mejor legado que podemos dejarle a la juventud española, es el que nos dejaron nuestros padres y abuelos a mi generación, que es un sistema público. A mí me legaron el sistema público educativo, el sistema público sanitario, el sistema público de pensiones, el sistema de dependencia. Y este Gobierno quiere legar, a la juventud española un sistema público de vivienda que sea para ellos para siempre, y eso se hace como estamos haciendo, con más recursos, con garantías de blindaje de ese parque público de vivienda para evitar la especulación, y haciendo funcionar a todas las administraciones y a todos aquellos que quieren colaborar para construir este parque de vivienda público.

José Miguel Blanco (Agencia EFE). - Sí. Gracias, buenas tardes. Para la ministra de Educación. Usted estuvo el pasado sábado en la final de la Copa del Rey, ante los pitidos que hubo al himno nacional, ha habido voces como la del presidente de la Liga, que están pidiendo algún tipo de medidas para que estos hechos no se reproduzcan. ¿El Gobierno es partidario de actuar, de algún tipo de medida, o lo enmarca todo dentro de la libertad de expresión?

Y para la portavoz, qué opinión le merecen al Gobierno las críticas que lanzaron ayer los obispos al Gobierno, diciendo que tiene un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar tanto las instituciones políticas como económicas, y también los medios de comunicación. Gracias.

Portavoz. - Empiezas tú, perdóname, sí.

Ministra de Educación, Formación Profesional Deportes. - Sí. Sí, efectivamente, la verdad es que a mí me parece personalmente lamentable, al margen de que, bueno, la libertad de expresión tiene que tiene que estar ahí. No solamente los pitidos, sino también los insultos racistas que se produjeron en el partido, en Cataluña, y que yo me puse en contacto con el presidente de la Federación. Yo creo que el deporte es, tenemos una serie de objetivos, y bueno, esto lo que hace es, de alguna forma, enturbiar la imagen de España y también del deporte.

Portavoz. - Pues mire, yo, en lo que tiene que ver con la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal, lo que puedo poner de manifiesto, concretamente, además, en una reunión donde estaba presente toda la sociedad civil la semana pasada, con el presidente del Gobierno, precisamente es poner en valor la importancia del procedimiento de regularización de personas migrantes en nuestro país. Y esa es, desde luego la, mi última relación, pero no menos importante, en lo que tiene que ver con el posicionamiento en una política tan importante, como la que estamos llevando a cabo, por parte del Gobierno, por parte de la Conferencia Episcopal. Nada más que añadir.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)