Comparecencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno; ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. -Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Disculpen esta demora. Ya saben que intentamos ser bastante escrupulosos con el cumplimiento del horario, pero bueno, hay ocasiones en las que no podemos, por distintas circunstancias, ceñiros más al horario, así que disculpen por esta pequeña demora que hemos cometido hoy.

Evidentemente, esta rueda de prensa en el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, permítannos que nuestras primeras palabras sean para recordar a todas las mujeres, a todas las niñas y a todos los niños víctimas de la violencia machista, y por supuesto también trasladar nuestro cariño, nuestro respeto y solidaridad a sus familiares y también a las mujeres supervivientes. Saben que, desde que existen registros en nuestro país, son ya 1.333 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas; nos centramos en el año vigente, son ya 38 las mujeres que han sido asesinadas.

Desde luego, ante esta dura realidad, desde el Gobierno de España queremos un año más manifestar nuestro rechazo más absoluto a todas las formas de violencia que ejercen contra las mujeres y el compromiso firme para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad. Somos además también perfectamente conscientes que la violencia contra la mujer requiere de unidad y determinación. Y por eso no vamos tampoco a permitir ni un paso atrás porque las mujeres tienen que vivir libres y tienen que vivir sin miedo. Y por esta fecha que hoy cumplimos, celebramos, del 25 de noviembre, el Gobierno, en el Consejo de Ministros de esta mañana, hemos aprobado una declaración institucional.

Además, en el día de hoy, verán... ustedes entenderán rápidamente la composición de esta mesa en este Día Internacional, como les decía, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es también importante y relevante anunciarles que el Gobierno de España ha iniciado el proceso para nombrar a la nueva fiscal general del Estado, que, como saben, recae en el nombre de Teresa Peramato Martín. Conocen que esta fiscal cuenta, además, con una amplísima experiencia. Estamos hablando de más de 35 años de trayectoria. Especialmente, en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Sobre esta cuestión, evidentemente, les trasladará y les dará más información el ministro de Justicia.

No obstante, también nos gustaría, en nombre del Gobierno, una vez más, agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público, que siempre ha estado comprometido con la verdad, con la justicia, en nuestro país. Y lógicamente, en un día como hoy, también queríamos trasladar estas palabras hacia su persona.

Y en otro orden de temas, también les queremos anunciar una noticia importantísima para todos en conjunto, pero especialmente para los extremeños. Como saben, hoy, además, en el Consejo de Ministros, hemos aprobado, desde luego, una inversión muy importante, como les digo, para esta comunidad autónoma, una comunidad autónoma que históricamente más ha sufrido la desis... desin... ¡Bah! Bueno, perdón. Desin... (RÍEN) ¡Ay! Es difícil la palabra. Desindustrialización la comunidad autónoma de Extremadura. Perdónenme este lapsus. Una situación que, desde luego, hemos intentado revertir por parte del Gobierno de España, sobre todo y a partir fundamentalmente de los fondos europeos. Y en el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado una inversión fundamental, en este caso, para Extremadura. Estamos hablando de 752 millones de euros. 752 millones de euros para esta fábrica de componentes de chips, que va a alcanzar un total, una inversión de 2.350 millones de euros por parte también de la empresa. Lo más importante y lo más fundamental de esta inversión es sobre todo que se van a generar más de 500 puestos de trabajo directos y otros 1.600 indirectos.

Otro asunto también importante abordado en el Consejo de Ministros y por eso también me acompaña la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, les va a explicar a todos ustedes el Real Decreto para el Desarrollo del Régimen del Contrato Formativo, previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, y por eso y en este caso la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, que les dará cuenta a ustedes sobre las nuevas medidas complementarias y urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma provocada por los daños del volcán, y que el ministro Torres les dará cuenta también a todos ustedes.

Y por último y, en este caso, a propuesta del ministro del Interior, en el Consejo de Ministros se ha aprobado una nueva declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al territorio afectado por inundaciones y otros sucesos acaecidos, en este caso, desde el 26 de agosto al 9 de noviembre. Son numerosas las comunidades autónomas donde tuvieron lugar estos hechos: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra y Murcia. Pues estos son los temas que hemos abordado hoy en el Consejo de Ministros y de Ministras y en primer lugar le daré la palabra al ministro de Justicia.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.- Gracias, ministra portavoz. Gracias a todos ustedes por atender esta rueda de prensa. Vengo a presentarles, vengo a explicarles que hoy el Gobierno ha iniciado el procedimiento para nombrar una nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Peramato, como ya es conocido. También es conocido que la semana pasada tuvimos noticia del fallo de la sentencia del Supremo en el procedimiento judicial que afectaba al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Ayer, el fiscal general del Estado me remitió una carta renunciando a su puesto y eso es lo que da lugar a que hoy podamos iniciar el procedimiento para sustituir a Álvaro García Ortiz por la nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Peramato.

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, fiscal jefe de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo, una fiscal de carrera, con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que, además, es... o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal.

Es fiscal de Sala, que es la máxima categoría en la carrera fiscal. En este momento, ejerce como jefa de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal. Fue también una fiscal que tuvo mucho que ver en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer porque, en el año 2005, fue designada como fiscal delegada para la Sección de la Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Es decir, recuerden que la ley de violencia de género es una ley de 2004. En 2005, empieza su camino para implementarse en los juzgados en nuestro país. Y Teresa Peramato tuvo un protagonismo indiscutible en la implementación de esta justicia especializada para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy el Gobierno propone su nombramiento como fiscal general. Curiosamente, se produce el mismo día, hoy, 25 de noviembre, que es el día de viol...., el día internacional de la violencia o contra la violencia contra las mujeres. Desde el año 2010, Teresa Peramato era la fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia de la Mujer. Y en mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Esta es, a grandes rasgos, su trayectoria profesional. También prestó sus servicios como fiscal al inicio de su carrera en distintas ciudades de nuestro país, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en distintas ciudades, y creo que no hay ninguna duda, y así lo estamos percibiendo desde el Gobierno, una vez que se ha conocido cuál es la propuesta que hacemos, de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país.

El primero de ellos, seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal, reforzando también los medios materiales y humanos que necesita la Fiscalía para cumplir su labor, que no es otra que perseguir el delito y cumplir la ley. En segundo lugar, también será una persona que trabajará para conseguir la independencia de criterio, los criterios profesionales, criterios técnicos, que el Ministerio Fiscal cada día, en todos los juzgados y en todos los tribunales de nuestro país, cada día llevan a cabo. Y esto también es necesario una fiscal general que garantice esa libertad de criterio, ese trabajo profesional de los fiscales de nuestro país. Y, por último, también el tercero de los retos es acompañar las modificaciones que estamos llevando a cabo en la justicia en eso que venimos denominando la mayor transformación de la justicia en décadas y que se traduce en una modificación nuclear del sistema de investigación penal en nuestro país, de tal manera que la instrucción sería asumida por el Ministerio Fiscal siempre con un juez de garantías para revocar o para ratificar las decisiones que tome el fiscal en su investigación penal. Bien, en ese acompañamiento también es necesario que el Ministerio Fiscal lo haga para que pueda asumir esas competencias si finalmente la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal nueva, que presentó el Gobierno hace algunas semanas, ve finalmente la luz.

Quiero también aclarar alguna cuestión respecto al procedimiento porque hoy no se produce el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado. Hoy se inicia el proceso establecido legalmente para que finalmente ese nombramiento se publique y se decida en las próximas semanas. Hoy lo que hacemos es emitir o, mejor dicho, solicitar un dictamen, un informe, al Consejo General del Poder Judicial, que ha de establecer si existe alguna causa de inelegibilidad o si cumple los requisitos legales establecidos por la norma. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe. Dados los precedentes, esperamos que sea en un plazo breve y que sea en los próximos días y después, con ese informe ya emitido por parte del consejo, se enviará a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí tendrá la señora Peramato que comparecer para también que se valore por parte del Parlamento su idoneidad y sus méritos.

Finalmente, el nombramiento del fiscal general del Estado corresponde al rey, a propuesta del Consejo de Ministros y una vez oído el Consejo General del Poder Judicial. Les tengo también que decir que la carta de renuncia a su puesto de fiscal general del Estado que ayer se envió, se me envío por parte de don Álvaro García Ortiz, lo que ha supuesto es que hoy iniciemos el proceso para la sustitución de Álvaro García Ortiz por Teresa Peramato en la Fiscalía General del Estado. Pero que Álvaro García Ortiz continuará prestando sus servicios como fiscal general del Estado hasta que se produzca el nombramiento de Teresa Peramato, que esperemos que no se prolongue en demasía, que los informes y las comparecencias que se han de producir lo sean en un tiempo muy breve, muy razonable, y, por tanto, la idea del Gobierno es que se mantenga el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que se nombre a la nueva fiscal general del Estado, que será Teresa Peramato.

Y quiero terminar mi intervención haciendo mías las palabras de la ministra portavoz, de reconocimiento del Gobierno a la figura de Álvaro García Ortiz. La carta que ayer envió fue un ejemplo más de su vocación de servicio y de su elegancia. Ha desempeñado el cargo con brillantez. Ha sido objeto de durísimos ataques desde incluso antes de su nombramiento. Antes de ser nombrado ya estaba sufriendo unos ataques despiadados. Y creo que, pese a todo ello, se ha mantenido en su lugar, garantizando la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal, actuando con una vocación de servicio indiscutible y también con una dedicación personal evidente y que todo el mundo ha podido comprobar. Por tanto, pues hoy también hacemos nuestras esas palabras que la ministra portavoz, en nombre del Gobierno, dedicaba al fiscal general del Estado y también les digo que hoy precisamente, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible, para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el Gobierno apoya también con este nombramiento, una persona que lleva más de 35 años de trayectoria dentro de la carrera fiscal. Gracias.

Portavoz. - Muy bien, gracias, ministro. Vicepresidenta.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.- "Graciñas". En primer lugar, les quiero dar dos cifras que ya se han dicho aquí, que son 1.333 y 38 asesinadas, víctimas de la violencia machista. La violencia machista mata y enferma a las mujeres. Y la violencia machista es múltiple. Por eso, el día internacional es contra las violencias machistas. Son distintas las formulaciones que se ejercen sobre nosotras. En cuanto que mujeres trabajadoras, en cuanto que mujeres, en cuanto que vivimos un proceso absoluto de cosificación de nuestros cuerpos y de desigualdad. Por tanto, sí, hoy quiero hacer un llamamiento a todos los poderes del Estado, a todas las Administraciones públicas, para comprometernos con el reto, con el gran desafío de vivir en paz y en igualdad y de acabar con las violencias machistas en España. Lo digo de manera clara porque matan y asesinan. Son 1.333 las asesinadas. A lo largo de este año, 38 mujeres asesinadas. Por tanto, la cifra debería de hacernos pensar sobre la gravedad de los hechos de los que hablamos. Y digo esto porque, como saben ustedes, estamos en un momento muy difícil en el que las derechas en nuestro país, organizadas con las derechas en el mundo, han decidido involucrarse en el negacionismo de las violencias machistas. Esto está pasando en España. Y, por tanto, creo que hay que reflexionar sobre lo que está pasando y pedirle a las derechas en nuestro país que dejen de jugar con nuestras vidas.

Dicho lo cual, les voy a presentar una de las normas que sirve ya de colofón en la reforma integral de la formación en nuestro país, tanto en la parte que le compete a la ministra portavoz y de Educación en nuestro país, y en nuestro Ministerio de Trabajo. Por fin hoy aprobamos el reglamento que desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que, como saben ustedes, fue una larga discusión en el seno de la reforma laboral. Emprendimos ya en aquel entonces una revisión muy profunda de este precepto, pero nos mandatamos a través de dos disposiciones adicionales a emprender un desarrollo reglamentario minucioso para garantizar en España una formación que ya debe de ser de calidad y que debe de primar la erradicación de las prácticas abusivas que se producen en materia de formación en España. Hace un mes, traíamos a aprobación aquí, como saben, el Estatuto de las Prácticas Profesionales no Laborales, el conocido como el estatuto de los becarios y becarias, que es la otra parte de la formación en España y ahora damos un paso cualitativo más.

Justamente, lo que vamos a regular, lo que hemos aprobado hoy definitivamente y por tanto entra en vigor ya con su publicación, es justamente esas dos formulaciones que tenemos en España, que son relaciones laborales, estas sí, y que tienen dos formulaciones, que nos mandata, insisto, el artículo 11. Una, la formación en alternancia. Esto es, esas personas que están estudiando, que se están formando, pero que a la vez parte de su aprendizaje se hace trabajando en las empresas. Esto es lo que no puede hacer el estatuto de las prácticas no profesionales, antes denominados becarios. Insisto, estamos en una relación laboral, formación en alternancia. Por tanto, formación con derechos. Y la otra parte, la otra modalidad contractual, que son las conocidas como prácticas, que aquí sí que ya tienen la formación habilitante para poder realizar prácticas en una empresa o en otro tipo de entidades.

Para que entiendan un poco el debate, voy a leer, como hice hace un mes, lo que vive la gente en la materia de..., bueno, el reglamento que hoy aprobamos. Fíjense, ayer abrimos desde el ministerio que la gente nos dijera cómo vivían ellos y ellas estas realidades. Y voy a poner ejemplos reales. Jose nos dice: "Hice prácticas donde me obligaban a trabajar festivos, algunos fines de semana y horas extras por 40 € al mes". Ya les anticipo, con esta regulación hoy esto no puede pasar de ninguna de las maneras. Y, sobre todo, no se pueden realizar horas extras y no se le puede retribuir 400 €. Sencillamente, porque, insisto, esta formación en alternancia lo que tiene que tener es un contrato expreso, por escrito, completamente regulado, con derechos, con participación de los representantes de los sindicales, con un contrato formativo que tiene que estar suscrito entre la persona en formación y el centro que expide la formación y con una doble tutoría, una tutoría que expide la propia... el instituto o la academia en la que se profese la formación y una tutoría que tiene que habilitar la persona responsable de esa formación en la empresa.

Todo ello, por supuesto, acompañado de esa copia básica que tienen que tener los sindicatos en nuestro país y a los que se le tiene que aplicar el convenio colectivo y que tiene que tener una duración máxima, que ya les anticipo que en este contrato puede ser de entre tres meses y dos años. Y es verdad que por negociación colectiva expresa puede reducirse la duración de estos contratos o puede incluso mejorarse toda la formación y las exigencias, los controles que planteamos en esta norma. Por tanto, esta realidad se acaba. Pero es que, además, en ese contrato específico decimos que nunca jamás en un contrato en alternancia se puede retribuir por debajo del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Es decir, que ahí el salario mínimo sí opera con una garantía de límite absoluto. Lo normal es, insisto, que el convenio colectivo se aplique y se despliegue con otras características para este contrato.

Este contrato de formación en alternancia es el contrato que, digamos, más se quiere en Europa. Hago un llamamiento a las empresas para que hagan uso de este contrato porque es lo que permite modernizar el tejido productivo. Fíjense, un país, por cierto, que, en su momento, en otro tiempo, hacía de..., bueno, del aprendizaje una forma de formación de profesionales extraordinaria. Aquí digamos que se puede facilitar a las empresas personas que se están formando, pero que a la vez van a realizar esa formación trabajando, aquí sí que trabajando, con la experiencia práctica de la formación que impera en una empresa. Y que, por tanto, además puede ser pedida directamente por las empresas, puede ser ajustada a las empresas, y, de hecho, les voy a poner ejemplos de cómo así lo hacemos. Por tanto, hago un llamamiento a que las empresas, como ya están haciendo para modernizar el tejido productivo español, hagan uso de estos contratos. Y digo "hagan uso de estos contratos" porque luego les voy a dar datos de los mismos.

Pongo más ejemplos. Manola nos dijo que: "Me estuvieron ordenando miles de... Me tuvieron ordenando miles de facturas durante meses cuando yo estaba estudiando marketing". Esto seguro que ustedes también lo conocen. Por ejemplo, Omar nos dijo directamente que ni firmó contrato, por supuesto, ni nada, que lo que hizo era trabajar en lo que se le pusiera delante completamente gratis y sin derechos. Silvia nos contaba que, cuando acabó la FP, que la hizo en Cosmética, estuvo seis meses cogiendo llamadas en la recepción, sin acercarse más de 2 m a los clientes, a las clientas, para justamente la materia que había estudiado. Tenemos centenares de prácticas de experiencias reales sobre esta materia. Lo que les quiero decir claramente es que esto ahora mismo en España se ha acabado. Esta norma lo impide. E insisto, hago un llamamiento a las empresas a que justamente hagan uso de estos contratos de formación. Y les digo por qué.

Hace un mes, les daba los datos de las prácticas no laborales en las empresas, que ustedes conocían muy bien como profesionales del periodismo porque muchas y muchos de ustedes conocían en carne propia lo que esto era. Pero fíjense. Tenemos en este año 24 pasado 944.547 prácticas no remuneradas y tan solo 54.987 contratos formativos al albur del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. No es nada en España. Un contrato que es de calidad. Y no es nada en España, sencillamente, porque lo que vienen haciendo las empresas y algunos centros públicos es acudir a la vía fraudulenta de las prácticas no laborales en las empresas. Es decir, que, en realidad, utilizan la parte de la formación académica, que no puede ser objeto, como les dije, de extracción de plusvalía de ninguna de las maneras como sustitución de un contrato laboral que es formativo "stricto sensu". Esto es lo que se conoce, lo sabe muy bien la ministra portavoz, como contrato de formación dual. Esto es un contrato, digamos, a la alemana. Esto es lo que acarician y quieren las empresas alemanas. Pero esto es lo que tenemos que hacer valer en nuestro país para que las empresas requieran este tipo de contratos que son de calidad y que, además, permiten una manera creo que central para tener talento y retener talento en las empresas españolas. Para retener talento les damos una pasarela para que las empresas puedan, después de este contrato de formación en alternancia, hacer una relación laboral sí ya no formativa, sino de carácter indefinido en nuestro país.

Pero, en definitiva, la norma va a ser que el convenio será el del convenio colectivo, nunca por debajo del salario mínimo, se acabó estar poniendo cafés o, en fin, que se les pague con propinas, ¿no? Cuánta gente la están utilizando fraudulentamente en la hostelería: "Pues te pago con propinas". Esto supongo que ustedes también lo conocen. O se acabó sustituir a trabajadores y trabajadoras. Esto ya saben que ustedes también incluso en su mundo pasa mucho. Y la clave está en que tengamos un plan formativo específico y, en el caso de que haya una desviación de ese plan específico, y la persona trabajadora en formación, realmente, se desvíe su itinerario de lo que les viene obligado, realmente, las consecuencias ya saben ustedes cuáles son, que se va a convertir, directamente, en un convenio indefinido.

En el caso del contrato en prácticas, como les decía, tiene que estar ya completamente terminada la formación, y es verdad que ahí limitamos la duración de este contrato. Pero fíjense, para que sepan bien cómo funciona el propio sistema del que les hablaba antes. En nuestro país, se pueden realizar estos contratos de formación, es decir, formación más trabajo, desde la FP, desde las universidades o desde el catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo en nuestro país. Yo les quiero dar algunos datos que son importantes. Y es que, en este catálogo, bueno, hemos hecho, tenemos hoy implicadas a más de 700.000 personas, alumnos del mismo. Es un catálogo que es inmediato, en el que las empresas, les voy a poner ejemplos que hoy señalaba en el Consejo de Ministros, en sectores que necesitan personal rápido, en estas materias, por ejemplo, en el procesamiento de los centros de datos, nos han pedido empresas concretas, al Servicio Público de Empleo, 17 especialidades formativas. Pues bien, rápidamente, desde el Servicio Público de Empleo, diseñamos, lo pueden ustedes cotejar, 17 especialidades formativas, que ya se están impartiendo, y tenemos, como nos han requerido las empresas, es decir, directamente, 75 alumnos y alumnas que se están formando directamente, rápidamente, para esa tarea.

La formación de este catálogo oscila entre 25 horas y 500 horas. Pero digamos que funciona a la carta por parte de las empresas en nuestro país. Tenemos seis millones de acciones formativas de estas características y 300.000 empresas implicadas en este sistema de formación, lo que es, como se dan idea, mucho, y creo que aún puede ser mejorado. La ejecución presupuestaria, si lo adveran, en términos presupuestarios, teníamos una disponibilidad de 250 millones de euros. Estamos ahora arrancando el mes de noviembre, terminándolo, y hemos ejecutado de esos 300..., de 250, perdón, 238 millones de euros. Por tanto, es una práctica formativa que es importante, que funciona, que hay un relato entre las empresas y, lógicamente, también el Servicio Público de Empleo. O le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, la demanda que hay en las energías renovables. Nos han pedido formación inmediata para la instalación de paneles fotovoltaicos, y disponemos rápidamente de este personal, bueno, al servicio de las empresas.

En definitiva, con esta norma y con ello terminaría, cerramos todo el círculo de la formación en España, señalando que se acabaron los fraudes ya en nuestro país, que no podemos tener mano de obra gratis cuando la gente se está formando. Hay que poner límites también a esta formación. Ustedes me preguntarán, seguramente: "¿Por qué hemos tardado tanto?". Pues porque hubo que reformar, lógicamente, la ley de Formación Profesional en nuestro país, desarrollar el reglamento, que lo hizo la ministra de Educación recientemente, de la Formación Profesional en España y en cuanto Educación cerró estas normas, para completar el círculo, con una negociación muy intensa, dice el Consejo de Estado que es la norma más participada de todas las habidas, les puedo asegurar que así fue, no solamente con las comunidades autónomas, sino con todo el sector de la formación pública y privada en nuestro país, con los agentes sociales y con un montón de actores especializados en esta materia.

Y es verdad, y con esto termino, que también con las formaciones políticas. Porque como saben ustedes bien, esta materia, que nos pasa la ministra portavoz y a mí misma, la ejecutan las comunidades autónomas, y hay enormes sensibilidades en torno a esta cuestión, y también está pactado con estos sectores. Los límites, van a ver, pues en función del número de trabajadores y trabajadoras que tenga la empresa, puede tener un número equis de contratos en formación, y ya está. Yo creo que, ahora sí, ya somos un país que cumple con el modelo de formación moderno a la europea, y lo que hago es un llamamiento a que se acabe el fraude en España y que, por favor, las empresas tengan la inteligencia colectiva de hacer uso de estos contratos formativos, bien la formación en alternancia, bien en prácticas, porque es la mejor manera de modernizar las empresas y de retener el talento, que es imprescindible hoy para mejorar la productividad en España.

Portavoz. - Muchas gracias, vicepresidenta. Ministro, por favor.

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. -Muchas gracias. El pasado 17 de octubre, se celebró en la isla de La Palma una comisión mixta oficial de reconstrucción, con presencia de los alcaldes de los tres municipios afectados por la erupción: El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, también el cabildo insular, el Gobierno autónomo y el Gobierno de España. Y al concluir esa comisión mixta, intervine ante los medios para comunicar que, acorde al compromiso que había adquirido 48 horas antes la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda de llevar a los mecanismos legislativos aquellas cuestiones de La Palma que así lo requirieran, había dos posibilidades. Una era una proposición de ley y otra era un decreto ley. La primera exigía más trámite parlamentario, más tiempo, la segunda exigía también de los informes técnicos y jurídicos de que fuera urgente y necesario poder aprobarse a través de un decreto ley. Hoy hemos aprobado, en el Consejo de Ministros, el decreto ley. Por tanto, su aplicación es inmediata una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Si bien, lógicamente, tiene que ser luego convalidado y esperemos que sea posible unánimemente, por los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Así que tiene urgencia y es necesario este decreto ley, cuyo contenido brevemente voy a exponer.

Es un real decreto ley exclusivamente para la isla de La Palma. Todo su contenido está referido a la isla de La Palma. Y lo que se habilita, en primer lugar, es que se puedan destinar 100 millones de euros del superávit presupuestario del año 2024, fundamentalmente, para los daños en las fincas agrarias y las compensaciones para la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas. Una vez hechas las aportaciones económicas necesarias, cerca de 400 millones de euros, para que todos los que perdieron una vivienda habitual, su vivienda habitual, ya hayan sido compensados económicamente, había que hacer un esfuerzo, fundamentalmente, con el sector más afectado, que es el sector del sector primario. Y, por tanto, estos 100 millones, fundamentalmente, van a ir para este sector primario. No tiene esta consideración de gasto efecto en la regla de gasto. Es una medida excepcional para Canarias.

La segunda medida también tiene que ver con el sector primario, es que se restablece la moratoria de obligaciones de pago de interés, y también de principal, para quienes habían solicitado préstamos y créditos por la pérdida de sus fincas en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, y que sus ingresos provengan, fundamentalmente, de la agricultura. Esto había quedado suspendido, esto es Ministerio de Economía, pues retomamos, porque todavía es preciso poder tener esa moratoria por parte de los trabajadores y trabajadoras del sector primario. Estamos hablando, aproximadamente, de unos 200 agricultores.

En tercer lugar, se aprueba la ampliación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para el año 2025, el período impositivo acorde a la agenda canaria, lo que supone que los residentes en la isla de La Palma tendrán una reducción del 60 % en su Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

Y, por último, un cuarto punto y es que, desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se habían otorgado subvenciones para la comunidad autónoma de Canarias, unos 12 millones de euros, y para el cabildo 3,3 millones de euros y el periodo para poder justificar esas subvenciones acababa el 31 de diciembre de este año. Había dificultades con algunas de las justificaciones, pedía, tanto el cabildo como la comunidad autónoma, más tiempo, y lo que se aprueba es ampliar hasta finales del primer trimestre del año 2026 la justificación de las obras que quedan. Algunas de ellas son del PLOCAN, otras, de un vivero del cabildo, y, por tanto, se amplían los plazos acorde a lo que nos pedían las Administraciones canarias. Por tanto, respondemos a todo lo que nos habíamos comprometido, como digo, con el Gobierno de Canarias, y estamos hablando de una importante aportación económica. Hemos hablado siempre de que la reconstrucción de la isla de La Palma está por encima de los 1100 millones de euros. Si sumáramos a ello lo que no se ingresa por el 60 % del IRPF, serían unos 111 millones de euros, aproximadamente, la previsión que se hace desde el Ministerio de Hacienda.

Y culmino diciendo que una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, aplicación inmediata, y se convalidará, si así la mayoría, y esperemos que así sea, de los partidos políticos lo ratifican, antes de que acabe el año 2025.

Portavoz. - Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres y empezamos ahora, por favor, con la ronda de preguntas.

Lucía Fernández Fernández (Antena 3 Noticias). - Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a los cuatro. Tengo varias preguntas. La primera es: el Partido Popular está criticando el nombramiento de Teresa Peramato, dice que es continuista, más de lo mismo. Ustedes han expuesto ya los argumentos que la hacen idónea para este puesto. ¿Creen que con este nombramiento se recuperará la confianza en la Fiscalía General del Estado, que ahora puede estar debilitada? Esa es la primera.

Otra es: la vicepresidenta segunda, que está hoy aquí, también su formación, han hecho un llamamiento a la movilización por esta sentencia, que consideran injusta. La pregunta es para la parte socialista del Gobierno. ¿Comparten ustedes esa petición?

Luego, una de sus principales críticas es que se conoce el fallo, pero no se conocen los argumentos de la sentencia. Quería preguntarles si no les parece, entonces, precipitado hacer una defensa férrea de la inocencia del fiscal sin conocer todavía los argumentos de la condena y sin saber todavía si es por el correo electrónico o por la nota de prensa, en cuyo caso, sí que hay una responsabilidad reconocida por él mismo.

Otras cuestiones. Bruselas hoy evalúa los presupuestos de cada país. Nosotros no tenemos. ¿Temen ustedes un tirón de orejas por parte de Bruselas? Y, ¿cómo van las negociaciones para la senda que se vota esta semana?

Y luego, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, le quería preguntar por el ERE de Telefónica, si nos puede hacer una valoración. Muchas gracias.

Portavoz. - Hay varias. ¿Quieres empezar, ministro?

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí, gracias. Con esto ya estaría, ¿no?, la rueda de prensa, entiendo.(Risas)Yo responderé a las cinco o seis primeras y, después, el resto de compañeros y compañeras aquí en la mesa harán lo propio.

Bien. Me preguntaba usted por las reacciones del Partido Popular a nuestra propuesta para que Teresa Peramato sea la nueva fiscal general del Estado. Creo que han sido unas en reacciones algo confusas y algo erráticas, porque ha habido alguna declaración en tono positivo, reconociendo la trayectoria impecable de Teresa Peramato y otras un poco más subidas de tono. Ayer, el líder de la oposición, el señor Feijóo, decía que daba igual el nombramiento, que era una muestra de la degradación sanchista. Claro, pues este tipo de expresiones tan sumamente desaforadas por parte del Partido Popular pues lo único que hacen es que se tengan que tragar las palabras que pronuncian. Porque, obviamente, ellos mismos pierden credibilidad y ellos mismos envenenan la convivencia con este tipo de declaraciones absolutamente fuera de tono. Por supuesto que la trayectoria de Teresa Peramato, como 35 años como fiscal, 35 años de trayectoria, intachable, con una formación, una cualificación fuera de toda duda, con un compromiso por el servicio público que está reconociendo en la carrera fiscal la práctica totalidad de los integrantes, pues creo que hacen muy claro que estamos ante un nombramiento absolutamente idóneo para esta nueva etapa en la Fiscalía General del Estado.

Respecto a sus preguntas posteriores, pues me gustaría decirle que discrepar de una sentencia no es acusar a nadie de nada. Se puede discrepar de una sentencia. De hecho, se hace en dos planos y se puede hacer en los planos. Digamos, el plano judicial, interponiendo los recursos que correspondan contra esa sentencia, y, en segundo lugar, también en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, también se puede discrepar de una sentencia en un plano más argumentativo, ¿no?, más de opinión. Pero esto es el funcionamiento normal de la democracia. Es evidente que hay un amplio sector de la población española que no entiende el fallo y que discrepa de ese fallo. Y ahora es el momento de esperar la sentencia, de esperar la lectura de ese texto, que lo vamos a hacer con mucho detalle, y de conocer cuáles son los motivos por los cuales cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo han decidido condenar a Álvaro García Ortiz y también los motivos por los cuales dos magistradas del Tribunal Supremo han decidido que hubiera supuesto la absolución y que se hubiera debido dictar una sentencia absolutoria. Y, por tanto, pues dejemos que la justicia haga su trabajo, demos tiempo, y ahora, simplemente esperemos a que la sentencia la conozcamos, y a partir de ahí, pues la podremos leer y conocer todos los argumentos que en ella se van a esgrimir.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. -Yo quiero decir algo a este respecto. Lo que es anómalo es que se dicte una sentencia sin que conozcamos... Hoy es el quinto día sin que ustedes ni nosotros conozcamos la sentencia que motiva el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Y esto sí es anómalo. Las sentencias son completas. Y más allá de las prácticas judiciales, lo que es anómalo es lo que hemos vivido el pasado jueves en nuestro país. E insisto, hoy es el quinto día y no sabemos, no sabemos qué hechos probados se adveran de una vista oral que vio toda España ni los fundamentos jurídicos que motivan el fallo que hemos conocido el pasado jueves. Y esto sí que es profundamente anómalo.

Dos, en respeto escrupuloso al mandato constitucional, les voy a decir que la democracia se defiende desde muchos lugares de nuestro país. Se define desde el Gobierno, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno de mi presidente de la Xunta de Galicia, desde las diputaciones forales, desde las diputaciones provinciales, desde los colegios de profesionales del periodismo, desde los colegios de profesionales de la abogacía, desde las AMPA de nuestros hijos y también se defiende ejerciendo el derecho legítimo a la movilización en España. Y sí les quiero decir algo claro aquí, es un derecho ciudadano movilizarse. Ustedes me han criticado y mucho, por ser la primera ministra, y me acompañó la hoy, y otros miembros del Gobierno, portavoz de Gobierno, por manifestarme el Primero de Mayo. Y yo les he dicho a todos y a todas ustedes, con máximo respeto, que tenemos derecho legítimo a salir pacíficamente en un día clave a las calles de nuestros barrios y de nuestros lugares. Y, por tanto, claro, las calles no son de ellos, las calles son de la democracia en España. No son de ellos. Digo a su pregunta. Porque esto es hacer pedagogía, también, democrática. En un país que ha vivido 40 años de franquismo. Y sé muy bien de lo que hablo, que vengo de una casa que ha conocido las cárceles franquistas, igual que muchas otras casas que están aquí presentes. Por tanto, las calles no son de ellos, son de la ciudadanía democrática de nuestro país. Y, por supuesto, como cuando salen, ¿no?, diciendo la derecha de nuestro país: "¡A movilizarse contra las sentencias, contra los Gobiernos de España o de donde sea", pues nosotros, a mí me han preguntado ustedes, puedo compartir o no las razones que adveran, pero hemos dicho siempre, por supuesto, legítimamente, que salgan a manifestarse! Incluso, conductas violentas. Pero sí le quiero decir esto y lo anómalo es que, a día de hoy, quinto día, no tenemos una sentencia.

Y a la pregunta que usted me formula. Bueno, conocen nuestra posición. Desde luego, no compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI. Y no me parece correcto. El dinero público no está para despedir a nadie. Por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un expediente de regulación de empleo. Y, como saben, me han visto mi trayectoria, con mayor motivo. Con mayor motivo. Porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas. Y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle. Por tanto, mi posición es conocida.

Portavoz. - Sí, bueno, no. Simplemente, ya han contestado ambos ministros, pero, sobre la cuestión de las manifestaciones que trasladaban. Este fin de semana hemos visto a muchos ciudadanos, libremente, manifestándose en distintas ciudades. Aquí, en Madrid, pero en muchas otras. Y, lógicamente, nosotros respetamos estas movilizaciones, estas manifestaciones. Por cierto, bastante más respetuosas, bastante más sanas que la que vimos producirse el viernes frente a la sede de Ferraz. Máximo respeto a esas manifestaciones, como digo, que se produjeron durante este fin de semana contra o trasladando, en fin, una posición contraria a ese fallo que conocimos el pasado jueves.

Portavoz. - ¡Ay! Perdone. Discúlpeme, que es que... que hoy ya no... ya... Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Y sobre la votación, fundamentalmente, de la senda de estabilidad para esta semana en el Congreso de los Diputados. No les voy a dar ninguna novedad. El trabajo que estamos haciendo es el que venimos realizando a lo largo de todo este tiempo, de diálogo con todas las fuerzas políticas. Pero no les voy a negar una realidad, porque, además, ustedes han podido escuchar la opinión y la manifestación que ya han trasladado distintos grupos políticos, y es posible que esa senda no salga adelante. Nosotros, hasta el último momento, desde luego, vamos a seguir trabajando y, como le digo, y dialogando con las distintas fuerzas parlamentarias.

Pero mire, yo creo que aquí, más allá de lo que pueda producirse en esta votación, creo que lo verdaderamente importante es hablar de lo que está en riesgo si esta senda de estabilidad no sale adelante. O lo que significa aprobar o no esta senda de estabilidad. Y lo que significa esta senda de estabilidad es, concretamente y claramente, que lleguen 5.500 millones de euros a todas las comunidades autónomas. 5.500 millones de euros. Una, en fin, una cantidad muy importante que las comunidades autónomas van a poder destinar a los servicios públicos. A la educación, a la dependencia, a las políticas sociales. Yo me imagino que, a la comunidad, por ejemplo, autónoma de Aragón, le gustará recibir 169 millones de euros. O a la comunidad autónoma de Madrid, recibir 1.088 millones de euros. O a la comunidad autónoma de Andalucía, recibir 731 millones de euros. Digo esto porque son comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular y aquí, el Partido Popular también tendrá que determinar si quiere hacer un ejercicio de responsabilidad frente a esta senda de estabilidad. Lo digo porque soplar y sorber a la vez no se puede hacer. Porque no puedes estar continuamente, especialmente, desde las distintas comunidades autónomas, quejándote de la falta de financiación, de la falta de recursos por parte del Gobierno de España y cuando se pone en marcha la posibilidad de que lleguen más de 5.500 millones de euros, votar en contra. Con lo cual, vamos a esperar qué es lo que pasa con esta votación, y como, además, incluso, les adelantó ya la propia vicepresidenta primera la semana pasada, si esa senda de estabilidad no saliera adelante, la volveremos a presentar.

José Marcos García (El País). - Buenos días. Bueno, buenas tardes. Tenía varias cuestiones. Una para el ministro de Presidencia. El líder de la oposición, el señor Feijóo, ha planteado como requisitos para la elección de la nueva fiscal general del Estado que el informe del Consejo General del Poder Judicial fuese vinculante, algo que ahora mismo no es. No sé si el Gobierno se plantea un cambio en ese sentido, si es factible, más allá de las otras exigencias o propuestas del Partido Popular, que hablaba también de que tuviese un mínimo de 20 años de trayectoria, cuando son 35, ¿no?, en el caso de la elección que han hecho.

A la vicepresidenta segunda, le quiero preguntar por la propuesta de los sindicatos que piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 € brutos al mes, que es un incremento del 7,5 respecto a los 1.184 € actuales. Y también aprovecho y le pregunto por la petición del señor Tellado, del secretario general del Partido Popular, que pide su dimisión tras la reacción que usted ha tenido al fallo del Tribunal Supremo.

Y, por último, a la ministra portavoz le quería preguntar, ya no sobre la senda de déficit, sino sobre el futuro modelo de financiación autonómica, sobre la propuesta que llevará el Gobierno a las comunidades autónomas a principios del próximo año, si se regirá por el principio de ordinalidad, como reclama la Generalitat catalana, que hay otras comunidades del Partido Popular que no verían con malos ojos. Gracias.

Portavoz. - Si quieres, por alusiones.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - En primer lugar, gracias por sus preguntas. He visto hoy la formulación, la petición que realizan los sindicatos de clase en España y, como saben ustedes, en el comité de expertos y expertas, el mandato que les hemos pedido en este ejercicio es, justamente, dos cálculos. Un cálculo de revalorización del salario mínimo interprofesional sin tributación y un segundo cálculo del salario mínimo interprofesional con tributación y, por tanto, en cumplimiento también del 60 % mediano, medio, que exige la Carta Social Europea para cumplir con el mandato de la misma. Por tanto, yo creo que los sindicatos lo que están haciendo es posicionarse en este informe, diciendo: "Bueno, no nos metemos en una cuestión o en otra, si tributa, elévese hasta el 7,5 %", para, como saben ustedes, bueno, la tributación, el tipo marginal que opera entre 17.000 € hasta 100.000, como saben, ahí es exactamente el mismo y, por tanto, este tipo marginal supera el 50 %. ¿Qué hacen los sindicatos, por lo que he visto? Pues lo que le hemos pedido al comité de expertos: "Bien, si el Gobierno de España o una parte del Gobierno decide que tribute el salario mínimo, compénsese la subida salarial y que sea mayor". En definitiva, lo que ya le hemos pedido a la comisión de expertos justamente este año.

Y, por tanto, como saben, lo que voy a hacer es pedirle a la comisión de expertos los dos cálculos, después lo llevaré a la Mesa de Diálogo Social, por supuesto y eso sí, vamos a cumplir con la Carta Social Europea. Por tanto, si es con tributación, ya les digo que la subida va a ser relevante porque, me van a permitir que les diga, y esto es una separata que hago, es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales que se encuentran en una horquilla de entre 17.000 y 21.000 €, su tipo marginal sea el mismo que una renta salarial de 100.000 €, que insisto, es superior al 50 %. Esto no afecta solo a las rentas salariales del salario mínimo, esto afecta a las rentas salariales en general en España, y tenemos un debate de justicia fiscal, que es que ese tramo, el "salto" que llamamos popularmente, es profundamente injusto. Pero a lo que voy, los sindicatos se alinean con la petición del informe y, desde luego, la vocación del Ministerio, eso sí, es cumplir con la Carta Social Europea y, por tanto, si tributa el salario, ha de respetar lo que dice la Carta Social.

Y en relación a las ocurrencias del señor Feijóo, les voy a decir algo: quien no sabe cómo hace el nombramiento el Consejo General del Poder Judicial, ni conoce el artículo 122 de la Constitución ni las normas que lo desarrollan, no puede gobernar nuestro país. Las ocurrencias del señor Feijóo pidiendo que el informe sea vinculante, cuando... Señor Feijóo, es que está en la Constitución Española. Es que, de verdad, la elección del fiscal general y las normas que lo desarrollan no vienen a la carta, y además, un señor Feijóo, me van a permitir que les diga, que estuvo cinco años el Partido Popular violentando directamente el artículo 122 de la Constitución Española, el artículo que, nada más y nada menos, nos exige la conformación del máximo órgano de gobierno de los jueces, cinco años boicoteando el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ocurrencias del señor Feijóo, ninguna.

Y ante la petición de dimisión del señor Tellado, le voy a decir algo claro que le acabo de contestar a su compañera: sí, España debe movilizarse en favor de la democracia, con respeto absoluto a los tribunales del Estado y no compartiendo, cuando conozcamos, cuando conozcamos, la sentencia que parece que va a condenar sí o sí al fiscal general del Estado. Lo que conocemos es un fallo, correcto, bien, cuando leamos la sentencia, podremos opinar sobre el contenido jurídico de la misma. Ahora bien, las calles no son de la extrema derecha en nuestro país, no lo han sido nunca ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia, como lo hago el Primero de Mayo y como lo hago legítimamente siempre. Y ustedes repasen las declaraciones del señor Tellado haciendo llamamientos contra el Gobierno, el presidente del Gobierno de España, que es muy grave, eso sí que es muy grave institucionalmente, lo decía ahora mismo la ministra portavoz. Por tanto, frente a las ocurrencias del señor Feijóo, creo que serenidad, rigor y, sobre todo, respeto constitucional.

Portavoz. - Félix.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí. Gracias, ministra portavoz. Miren, nosotros lo que hacemos como Gobierno es cumplir la ley, y no inventarnos requisitos que no aparecen en la ley. Y, por tanto, este inicio que en este Consejo de Ministros hemos decidido para completar ese proceso que llevará al nombramiento de la nueva fiscal general del Estado cumple escrupulosamente la ley. Por cierto, una ley que en cuanto a requisitos y condiciones para ser fiscal general del Estado, se pactó con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y no se estableció ninguna de las condiciones que ayer el señor Feijóo declaró, porque hay alguna nueva condición y algún nuevo requisito, como no haber tenido cargos de responsabilidad política en los últimos cinco años sí se pactó en ese acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de cinco años y medio donde se hizo dimisión de las obligaciones constitucionales que le correspondían a algún partido político y no se renovó el Consejo, pero precisamente esos requisitos que ayer el señor Feijóo mencionaba, ninguno de ellos fueron pactados en aquel acuerdo.

Y respecto a otras cuestiones que se han planteado también por el periodista, yo creo que sería bueno conocer la sentencia del Tribunal Supremo lo antes posible, pero, en cualquier caso, la discrepancia con el fallo no puede significar desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la justicia, porque somos un Estado de derecho. Y, además, es fundamental que preservemos las instituciones, porque es lo que tenemos los ciudadanos para garantizar nuestros derechos, las instituciones democráticas. Y por eso, cualquier discrepancia legítima en el plano argumental, en el plano discursivo y en el plano judicial con los recursos, en ningún caso puede significar que dañemos y que desconfiemos en las instituciones democráticas de nuestro país, como es la justicia.

Portavoz. - Sobre la pregunta del modelo de financiación autonómica, la propia vicepresidenta primera la semana pasada, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dio una rueda de prensa para explicar el contenido de dicha reunión, y después, el martes siguiente pudo también responder a esta pregunta que usted me trasladaba. Y les vuelvo a recordar, desde luego, el modelo en el que este Gobierno está trabajando, y que queremos, como anunció la vicepresidenta Montero, traerlo entre los meses de enero y febrero. Las características, porque así se lo hemos explicado y lo llevamos trabajando también con las comunidades autónomas, son básicas, además muy importantes. El primero es que va a suponer más recursos para los servicios públicos, que ninguna comunidad autónoma va a salir perdiendo, de hecho, van a ganar en autonomía, y por supuesto, lo que siempre hemos defendido, basado en el componente de la solidaridad interterritorial. Y creo, de verdad, lo dijo la vicepresidenta primera y lo vuelvo aquí a recordar, creo que es un debate en el que es necesario también, por razones obvias, un ejercicio de responsabilidad por parte del Partido Popular. Este debate lleva sobre la mesa muchos años, de hecho, el Partido Popular, cuando gobernó en este país con mayoría absoluta, no lo quiso ni poner sobre la mesa. Estamos ante un debate serio, un debate reclamado constantemente por la práctica totalidad de las comunidades autónomas, hay una propuesta que se está trabajando, en la mesa, con estas condiciones que les estoy explicando de nuevo, y creo que aquí el Partido Popular haría bien si afrontara este debate desde la serenidad y sobre todo desde una posición constructiva.

Paula De Las Heras Bergareche (Colpisa). - Sí, buenas tardes. Al ministro Bolaños le quería preguntar, Teresa Peramato asumirá el cargo tras años en los que la figura del fiscal general del Estado ha estado sometida a la controversia. Y yo le quería preguntar cuál es la aspiración del Gobierno con la designación de "Peremato", sí... De Peramato, perdón. Si cree que puede contribuir a más estabilidad institucional y si confía y cree que sería deseable que haya unanimidad en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. Y por otro lado...sobre su idoneidad, quiero decir.

Y por otro lado, usted ha sido muy prudente y ha mantenido un tono muy institucional al referirse al fallo del Tribunal Supremo, pero ha habido otras voces en el Gobierno, singularmente el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que sí ha hecho serias acusaciones contra el tribunal sentenciador, entre otras cosas ha dicho que con este fallo parece que queda demostrado que según quién sea el ponente, cuál va a ser la sentencia, que ha atendido a la llamada del expresidente José María Aznar cuando dijo que "quien pueda hacer, que haga", etc. Yo quería que me explicara esta contradicción, cuál es exactamente la posición del Gobierno con la que nos tenemos que quedar.

Y, por último, me ha desconcertado usted un poco cuando ha dicho que la nueva fiscal general del Estado tendrá que acompañar con los cambios legislativos que se produzcan, quería saber exactamente cómo puede acompañar a eso, previamente a la aprobación de la ley, y como hasta donde sabemos esta reforma está bastante atascada en el Congreso, quería saber si tiene alguna novedad que contarnos al respecto. Gracias.

Portavoz. - Todo tuyo, ministro.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien. Pues gracias. Sin duda, el objetivo del nombramiento de Teresa Peramato es que continúe reforzando la autonomía, la independencia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, que no son otras que ejercer la acción legal y perseguir el delito. Y, por tanto, estamos convencidos que Teresa Peramato continuará reforzando su autonomía, continuará persiguiendo el delito, haciéndolo con criterios técnicos, criterios profesionales y sin ninguna duda cumplirá fielmente lo que la Constitución establece para el fiscal general del Estado.

Me decía usted, le respondo a la tercera de sus preguntas, que cómo es posible acompañar. Es que el cambio es de tal envergadura en la investigación penal, que obviamente el Ministerio Fiscal ha de prepararse para ese cambio. Es un cambio en el que la instrucción que hoy corresponde a los jueces de instrucción pasa al Ministerio Fiscal, como sucede en todos los países de Europa, como sucede en todas las democracias occidentales y, por tanto, el Ministerio Fiscal tiene que acompañar, tiene que prepararse para ese cambio estructural, esencial en la investigación penal. Por cierto, a todos aquellos que decían que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no se podía aprobar porque el fiscal general del Estado estaba procesado, entiendo que ahora estarán de acuerdo con que aprobemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que agiliza, que europeíza y moderniza nuestro proceso penal. Cuando el argumento es tan débil, ahora será muy difícil para esas personas que defendían que su argumento estrella era el procesamiento del fiscal general del Estado, ahora tendrán que cambiar de argumento o apoyar, que sería lo razonable, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

Y en tercer lugar me preguntaba usted por... por distintas declaraciones que se han producido. Mire, conocen mis declaraciones, conocen las declaraciones de otros miembros del Gobierno, y yo simplemente le quiero decir que me remito a la declaración institucional que hice el pasado jueves, cuando conocimos el fallo de la sentencia.

Miguel Muñoz Ortega (Público). - Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta para el ministro de Presidencia y Justicia, quizás extensible también a la vicepresidenta segunda si quiere contestar, porque ha dicho usted, vicepresidenta, que es anómalo que no se conozca la sentencia todavía. Me gustaría saber por qué creen que no se conoce la sentencia, qué está pasando ahí, porque es un mensaje que están transmitiendo y a qué creen que es debido este lapsus de tiempo.

Una pregunta para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como ha comentado también la portavoz, la semana pasada tuvo lugar una manifestación de Falange que terminó en la sede del Partido Socialista, se escucharon diferentes proclamas pidiendo el asesinato del presidente del Gobierno. La justicia madrileña admitió un recurso de este partido ante las peticiones de prohibición de la Delegación del Gobierno, no sé si tiene alguna valoración sobre esta decisión judicial. Y en paralelo, si cree que esta organización debería ser sancionada en virtud de la Ley de Memoria Democrática o aplicando el Código Penal por posibles delitos de odio.

Y una última para la vicepresidenta segunda, estamos esta semana pendientes de las negociaciones con los agentes sociales sobre nuevos permisos laborales, también sobre riesgos laborales. Estaba prevista, creo, para hoy, una de las reuniones, pero se ha cancelado. Hace unos días criticó usted a la patronal por hacer partidismo con estos asuntos. Cómo está la situación y si confía en que se puedan llegar a acuerdos finalmente con la patronal, o la relación está muy lejana. Gracias.

Portavoz. - ¿Empiezas, Ángel Víctor?

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Sí. Respecto a esa concentración, decir en primer lugar que la Delegación del Gobierno en Madrid suspendió tal concentración, no la autorizó y, como bien expone, fue luego recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló el que la misma se produjera, ¿no? Indudablemente, la valoración desde el Gobierno de España es que justamente cuando estamos celebrando 50 años de libertad y la recuperación de los derechos que se perdieron durante los años de la Dictadura, que haya manifestaciones con cantos, el "Cara al Sol" y también con mensajes de. reminiscencia del fascismo, choca absolutamente con la defensa de la democracia. Entra dentro del ámbito de la libertad de expresión, ampliamente establecido en nuestro marco constitucional y quizá también ahí deberíamos abrir un debate sosegado de actualización de esa Constitución, porque en otros países de Europa esas manifestaciones no son posibles cuando se aluden a sistemas fascistas que llevaron consigo al exterminio y también al Holocausto.

Creo que es muy importante el mensaje que estamos lanzando a la ciudadanía española: la democracia es tu poder. Y como dice ese "spot", "se puede ser de centro, se puede ser de derechas, se puede ser de izquierdas, se puede ser de nada", ese es el poder de la democracia. Se puede, incluso, cuestionar ese "spot", se puede tener cualquier tipo de creencia o no creer en absolutamente nada, y esa es la fuerza y el poder de la democracia. Quizá los jóvenes que se manifiestan y que han nacido en la democracia, lo decía antes también la vicepresidenta, no recuerdan que nuestros padres, nuestros abuelos y también alguno de nosotros nacimos en los estertores de la dictadura y lo único que queremos es que para el futuro se siga disfrutando para siempre lo que se perdió en el año 36 y se instauró en el año 39, que fue la ausencia de libertades y una involución, eso lo deberían saber los jóvenes, qué se juega y qué se juegan ellos cuando hacen apología del totalitarismo cuando disfrutan de una democracia que les permite incluso, incluso, ir a manifestarse a las calles contra un partido político como el Partido Socialista.

Portavoz. - Gracias. Ministro.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Gracias, ministra portavoz. Pues mire no quisiera yo conjeturar cuáles son los motivos de la Sala Segunda para haber hecho primero público el fallo y después, días después, la sentencia. El caso es que lo han decidido y ahora toca tener un poco de paciencia para conocer la sentencia íntegra, para conocer los motivos por los cuales cinco magistrados han creído que procedía la condena y dos magistradas han creído que procedía la absolución, y a partir de ahí, a esperar que esa sentencia se conozca en su integridad. Sí le digo que creo que sería bueno para todos, también para el Tribunal Supremo, que la sentencia se conociera cuanto antes, y con independencia de esa sentencia, de la que ya conocemos el fallo, insisto en la importancia de respetar y no generar desconfianza generalizada sobre una institución tan importante como el Tribunal Supremo y la justicia en general.

Portavoz. - Ministra.

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. - Sí. Sumándome a la reflexión que ha hecho el ministro de Justicia, yo creo que se han equivocado, porque hay como unos principios de funcionamiento, les he hablado en esta sala de algunos comportamientos que no comparto en absoluto, que indican que ante una causa tan importante para nuestro país, cuando menos el órgano se debe de respetar a sí mismo y, efectivamente, publicar íntegramente la sentencia, para que legítimamente ustedes puedan desarrollar el trabajo que deben de hacer como profesionales de la comunicación y por supuesto, las partes implicadas también saber cuáles son los hechos que se declaran probados, la motivación jurídica o incluso quien se cree que ha ganado este pleito, también saber las razones que le motivan.

Pero yo, si me permite, quiero hacer algún repaso, porque en esta causa parte de un bulo, parte de un bulo en el que Miguel Ángel Rodríguez reconoce en la vista oral que mintió, mintió, esto lo han visto todos los españoles. No lo digo yo, lo ha dicho él en sede judicial. Y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que reconoce en sede judicial que ha mentido, continúa en su puesto. Yo, permítanme... Imagínense que cualquiera de los cuatro que estamos aquí hubiéramos hecho eso. No, no, es que el respeto institucional es para todo el mundo y el señor Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido en sede judicial, en una vista oral, que ha mentido. Y hubo seis profesionales de la comunicación, compañeros y compañeras suyas, que han ido a testificar a esa vista oral, y los hemos visto todos los... Lo bueno de que la vista fuera pública es que los españoles y las españolas han visto el juicio en directo, y han dicho lo que han dicho. Por tanto, ¿por qué el tribunal decide dilatar la publicación de la sentencia? Lo tienen que explicar ellos y ellas, pero hoy es el quinto día que ustedes y toda España no conoce todavía el contenido de la sentencia, y las sentencias son íntegras. Yo lo dejo aquí, hay profesionales especialistas en esta materia que están escribiendo mucho y hablando sobre esto.

En relación a las mesas de diálogo social que usted me preguntaba, es verdad, hoy había una mesa de diálogo social relativa a una norma clave, que es la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95, llevamos una mesa y un diálogo social en esa mesa durante 19 meses, 19 meses, no uno, ni dos, ni... No, no, 19 meses, y esa mesa se va a celebrar mañana por la tarde. Sí les quiero decir que es una de las mesas más importantes, aunque no hay foco mediático en ella, porque ese trabajo de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es emprender la gran reforma, no solo con la modernización de la prevención de riesgos laborales, a las evidencias climáticas que tenemos, a los nuevos riesgos digitales que tenemos, sino a una situación que es brutal en España, las muertes y las enfermedades en el mundo del trabajo. Y me van a permitir que les diga, respondiendo a su pregunta, que 19 meses... pueden ustedes, seguro que la directora de Comunicación se lo hará llegar, ver el alcance de la norma, es una norma bien compleja y bien importante. Y yo me he reunido estos días con los sindicatos, me parece que esta mesa tiene que acabarse ya, por respeto institucional al diálogo social, por respeto a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas en nuestro país y porque con las vidas en el trabajo no se juega. Y aquí si le pido nuevamente altura de miras a la patronal española, yo puedo entender todas las discrepancias que quieran, pero hombre, no hay diferencias sustanciales y saben lo que está pasando en los centros de trabajo, ustedes conocen como yo las cifras... Siempre damos las cifras de muertes, porque son gravísimas, pero hay muchísimos accidentes graves en las empresas que tienen que acabarse de una vez en nuestro país. Por tanto, mañana esta mesa llega a su final probablemente, porque, insisto, llevamos 19 meses. Y espero, espero que la patronal española, insisto, se ponga del lado de la vida. Insisto en esto porque hombre, estamos regulando una materia de enorme sensibilidad, porque no prevenir cuesta vidas. La semana pasada morían mineros. Todos los días... ustedes no me preguntan por esto, pero todos los días hay accidentes graves en las empresas, y esto es un problema principal, por tanto, yo espero que por fin mañana se cierre esta mesa.

Y en relación a la mesa de los permisos por cuidados paliativos y por duelo, llevamos ya, yo creo que desde que lo hemos anunciado, mucho más de un mes trabajando en la Mesa de Diálogo Social, ustedes nos preguntan, las negociaciones están siendo duras, duras, de horas, y yo no salgo de mi asombro que la patronal española, que la patronal española no quiera dar el visto bueno a una norma que tiene que ver con el sufrimiento humano. Y una norma que lo que hace es, bueno, colocarnos más o menos como el resto de los países europeos y es que todo el mundo comprende que cuando le fallece un padre, un hijo, una hija, no está en sus debidas condiciones con tan solo dos días de permiso retribuido, como a día de hoy le permite el vetusto Estatuto de los Trabajadores. Aquí sí que soy, bueno, profundamente escéptica, pero creo que la patronal española se equivoca, se equivoca. Por tanto, la mesa que se iba a celebrar hoy se va a celebrar mañana por la tarde. Es una norma importante, 19 meses de diálogo social. Pídanle al equipo de Comunicación la enjundia de la reforma, que es profunda. Y, desde luego, yo sí le doy las gracias, me van a permitir. Bueno, creo que, a los trabajadores y trabajadoras de este país, al diálogo social y sobre todo a la parte sindical, que lleva instando al cierre de esta mesa hace muchos meses ya. Porque, insisto, tenemos que corregir de una vez por todas lo que está pasando en el mundo del trabajo. Si quiere después le pregunta a Inés, porque no quiero fallar en el día, creo que es la semana que viene, la mesa de los permisos por duelo y por cuidados paliativos.

Portavoz. - Muy bien. Pues muchísimas gracias, buenas tardes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)