Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Justicia y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Madrid

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenas tardes. Gracias como siempre, por atender esta convocatoria de prensa, para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la mañana de hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

Me acompañan, como ven, la ministra de Justicia, que trae un nuevo anteproyecto de ley, la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, sin duda un avance en derechos para para nuestro país y en la lucha contra la mafia, especialmente en el tráfico de mujeres, de hombres y, sobre todo, también de niños y de niñas.

También el ministro de la Presidencia, que les dará cuenta de decisiones importantes adoptadas en el día de hoy, para atender la renovación de los órganos constitucionales y, por tanto, dar cumplimiento a nuestras obligaciones desde el Gobierno de España.

Antes de adentrarme en otros dos asuntos que yo quiero expresarles, también, y que han sido objeto de acuerdos de Consejo de Ministros, un primer comentario que reafirma el compromiso del Gobierno con la política útil, la política que sirve para cambiar y mejorar la vida de la gente, para dignificarla y, en este caso, también, para atender las especiales dificultades que estamos teniendo como consecuencia de la guerra en Ucrania y la situación económica derivada de la misma. Política útil es aquella que consigue, gracias a las decisiones de este Gobierno, amortiguar el crecimiento del IPC, bajar la curva de la inflación. Se ha reducido en España cuatro puntos en los cuatro meses, coincidiendo con el despliegue total de las medidas adoptadas por el Gobierno.

El IPC volvió a reducirse en noviembre, por cuatro meses consecutivos, por lo que continúa la tendencia hacia la moderación que iniciamos este verano y que muestra, como les decía, que las medidas adoptadas por el Gobierno funcionan.

El IPC ha bajado de esa barrera del 7%, hasta situarse en el 6,8, en tasa interanual en los datos adelantados, con una disminución de medio punto con respecto al mes de octubre.

Nuestro país, España, está liderando la reducción de la inflación en Europa, el IPC se ha reducido en cuatro puntos en cuatro meses.

Creo que, sin duda, es un dato del que debemos alegrarnos todos. Noviembre ha vuelto a reducirse, fundamentalmente, gracias a la moderación en los precios del carburante y la electricidad, donde ha habido una mayor acción por parte de este Gobierno y se han estabilizado, también, la inflación subyacente en un 6,3%.

Política útil.

Y en eso sigue centrado el Gobierno.

Les voy a desgranar dos de los grandes acuerdos, que tienen que ver con sectores económicos importantísimos para nuestro país, como lo son la agricultura y el turismo, que, además, no solamente tienen una gran incidencia en términos de empleos, también de cohesión social y territorial. El despliegue de la agricultura en todo el territorio español y también la incidencia del turismo en toda España, es muy importante. En total, estos dos acuerdos, a los que me voy a referir, superan la aportación de 1000 millones de euros.

Comienzo con el que tiene que ver con el turismo. Se trata de un sector, como ustedes saben, importantísimo para la recuperación, para la buena marcha de la economía española, un sector que estuvo especialmente afectado también por la crisis económica como consecuencia de la pandemia, hemos conseguido recuperar ya los niveles de pre-pandemia, cabe recordar, además, que el año 2019 fue un año récord, pero los datos nos dicen que ya, ahora, hasta octubre de este año, han visitado nuestro país cerca de 8 millones de turistas internacionales, con gastos similares a ese año 2019 y, por tanto, que estamos ante la buena marcha del turismo.

Lo que hemos hecho en este Consejo de Ministros del día de hoy es aprobar los Planes para la Sostenibilidad Turística Destino 2022, con especial incidencia en una convocatoria extraordinaria, proveniente de los Fondos Europeos. El total de la inversión supera los 720 millones de euros, y aquellos que vienen de los Fondos Europeos son 668,3 millones de euros.

Se han presentado, o se están trabajando en torno a 700 proyectos. Destacar la actitud del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y su relación, y su conversación permanente para el desarrollo de estos Planes con las comunidades autónomas y también con los entornos locales.

En cuanto al desarrollo de los mismos, destacar los objetivos que nos habíamos marcado. Se trata de mejorar nuestros destinos turísticos con inversiones claves en algunos de ellos; ver aquellos donde la demanda y el efecto dinamizador de este sector, del sector privado, está siendo más acentuada; incorporar, de manera definitiva, la sostenibilidad y la digitalización a la gestión de estos recursos, en continuidad con las líneas estratégicas de los Fondos de Recuperación.

Muy importante para nuestro país es diversificar la oferta de los destinos, para ampliar, como les decía, esa cohesión territorial, las oportunidades de empleo, de dinamismo, de actividad, de renta turística, en definitiva, para favorecer la economía, para favorecer la cohesión social y, también, para atender la realidad del medio rural en nuestro país.

Se trata de mejorar el capital natural de nuestro sistema turístico y también estamos protegiendo de este modo y con estos Planes, el medio ambiente, la reducción de emisiones, la mejora en la gestión de los desechos de agua, la protección y la restauración de los recursos turísticos, los ecosistemas, en definitiva, nuestro patrimonio natural como un recurso a valorar.

Les daba las grandes cifras de este Plan, 720 millones de euros, 668 provenientes de Fondos de Recuperación.

En lo que tiene que ver con el Plan que se refiere a la agricultura, es el Plan de Seguros Agrarios Combinados, para el próximo ejercicio, para el año 2023.

Saben ustedes que este es, también, un sector estratégico para el Gobierno de España, el apoyo al sector primario, el apoyo a la agricultura, un sector que hemos apoyado de diferentes formas, pero que resumiría en tres grandes instrumentos.

El primero de ellos, y nuestro principal compromiso, la Ley de Cadena Alimentaria.

El segundo de ellos, que también está ya culminado, una nueva estrategia de Política Agrícola Común, la nueva PAC.

Y el tercero de ellos es el refuerzo de los seguros agrarios, que es lo que hemos tramitado en el día de hoy.

Para que se hagan ustedes una idea, en el año 2012, la inversión del Estado en este tipo de apoyo al sector, estaba en 290 millones de euros.

Unos años después, en el año 2018, cuando Pedro Sánchez llega al Gobierno, se situaba, había descendido, en 210 millones de euros.

Hoy, el apoyo es de 323 millones de euros, es decir, se ha incrementado notablemente el apoyo del Estado a esta iniciativa.

Hechos son amores y no buenas razones.

¿En qué se concreta este apoyo al sector, en cuantías concretas?

Fíjense, en la subvención media, de cada 100 euros de prima, el Estado estaría subvencionando 40 euros.

Si se trata de profesionales, serían, por cada 100 euros, de prima 50 euros.

Si el destinatario es un joven o una joven agricultora, la prima subvencionada por el Estado es de 65 euros.

Es decir, una ayuda muy notable a este recurso, que resulta fundamental para la tranquilidad del sector en tiempos de incertidumbre, fundamentalmente, por la situación climática.

Hemos venido de años especialmente duros. Les daré el dato del año pasado.

El total de indemnizaciones, como consecuencia de la gestión, de la climatología, de las catástrofes naturales, superó los 720 millones de euros en indemnizaciones.

En lo que va de año, con datos de octubre, estamos ya en 684 millones de euros. Falta por incorporar las últimas DANAs y los últimos acontecimientos climáticos. Todo hace pensar que acabaremos el año con una cifra récord en este tipo de indemnizaciones al sector agrícola.

Es una gestión, además, la que se está haciendo impecable, no solamente son más recursos, sino más agilidad en la tramitación de estas ayudas. Se están dando, estas ayudas, y, por tanto, llegando a la renta de los agricultores, en menos de 30 días, entre los tres y siete días de que se hayan producido los daños, ya se ha producido el peritaje, y estamos llegando a esos sectores, especialmente beneficiarios de estas ayudas, porque son los que sufren estas catástrofes en el ámbito de los frutales, de los cítricos o del viñedo.

Es un instrumento que funciona, que funciona muy bien, y que es un instrumento único en Europa, y que está siendo estudiado, por interés, en los países de nuestro entorno, por la eficacia para el apoyo al sector agroalimentario.

Concluyo indicándoles que tendrán otros asuntos en la referencia del Consejo de Ministros y, especialmente, aquellos que tienen que ver con las inversiones. Inversiones que se traducen, en el caso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en un plan muy específico, en un plan muy importante, mañana dará cuenta de él, también, la vicepresidenta tercera, sobre el terreno. Es el que tiene por objeto el abordar las actuaciones en Doñana, para su recuperación, para su mantenimiento de este importante patrimonio natural en nuestro país, un plan dotado con 356 millones de euros.

Inversiones que tienen que ver con compromisos del Gobierno, tanto con el Ayuntamiento de Sevilla, como con la Junta de Andalucía, para cofinanciar la línea tres del Metro en la ciudad de Sevilla, por valor, autorización o compromiso de gasto, por valor de 650 millones de euros, es un compromiso de gasto, o la subvención a la Comunidad Valenciana para Infraestructuras y Movilidad, por un total de 300 millones de euros, son solo algunos ejemplos de las muchas inversiones y de un índice verde muy desarrollado, del que ustedes tendrán referencia al terminar esta rueda de prensa.

Ministra, a continuación, tienes la palabra.

Ministra de Justicia, Pilar Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días.

Pues hoy tengo el gran honor de presentarles un compromiso del presidente del Gobierno, un compromiso con los derechos humanos, un compromiso, casi personal, que, además, ha permitido que impulsemos este anteproyecto de ley ante el Consejo de Ministros y al que añado, también, mi propio compromiso personal, desde hace muchos años, que es amparar, a través de herramientas legales, de herramientas institucionales, que se crean a través de esta Ley y, también, de herramientas de carácter social, a personas que sufren mucho en nuestro país y también en otros países del mundo.

Estoy hablando del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos.

El pasado 25 de febrero anuncié la reactivación de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que, como saben, es el órgano asesor del titular o la titular del Ministerio de Justicia, y junto a esa reactivación encargué una comisión especial, de la Comisión General, la elaboración de un texto, un texto integral contra la trata de seres humanos y la explotación.

Un texto que, con ese carácter integral, ampararse a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, víctimas de estos horribles crímenes y que además pudiera abordar todos los tipos de trata. Y hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde a este anteproyecto, con el que estoy segura que será un antes y un después en el compromiso con la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz, contra las mafias de la explotación, las mafias de los tratantes, el crimen organizado, además, el tercer negocio más lucrativo, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, según nos informan organismos internacionales, y que con la experiencia que hemos vivido recientemente, o estamos viviendo con la guerra de Ucrania, sabemos que es necesario actuar contra estas mafias.

Yo digo que, además, es muy especial este anteproyecto de ley, porque, no hay nada más importante que la protección de las personas más vulnerables, y, desde luego, este es uno de esos proyectos que realmente merece la pena.

Ha sido un tema prioritario, no solo para mí, sino también para el resto de ministerios que han colaborado en su elaboración, y no me cabe duda de que también será un proyecto especial para toda nuestra sociedad, porque es un compromiso ético, un compromiso democrático, de primera magnitud.

La trata es un delito muy complejo, abarca y afecta a distintos aspectos, aspectos de carácter criminal, penal, jurídico, procesal, también, de ámbito social, y es fundamental que nos centremos en las víctimas, que, como Estado social y de derecho que somos, ofrezcamos a todas las personas un itinerario para que, quienes están atrapados, quienes se ven inmersos en estas redes, en estos círculos, puedan salir y, también, para luchar más eficazmente contra el crimen y evitar la impunidad.

Antes de explicar lo que va a suponer este texto, quiero resaltar que se trata de un texto fruto del consenso interdepartamental, que acaba con la dispersión normativa que actualmente existe en nuestro país y que ya había sido puesto de manifiesto en estudios que había elaborado el propio Consejo General del Poder Judicial, y que también sigue las recomendaciones del ámbito internacional.

Respecto a este esfuerzo coordinador, para llevarlo a cabo, quiero poner en valor el trabajo que han realizado los cuatro ministerios co-proponentes, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de Interior, junto con el Ministerio de Justicia, lógicamente, y he recibido aportaciones de otros nueve ministerios, por lo tanto, 13 ministerios, directamente, involucrados en la elaboración de este anteproyecto.

En segundo lugar, como he dicho, atendemos a nuestros compromisos internacionales, del Convenio de Varsovia, el Protocolo de Palermo, la Directiva del año 2011, el Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, las recomendaciones que ha elaborado el Consejo de Europa, a través del grupo GRETA, del Grupo de Expertos en el Tráfico de Seres Humanos, y, por último, antes de entrar en su contenido, también me gustaría aclarar que se acaba con esta dispersión normativa, de manera que se aborda, de modo holístico, de modo integral, la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos, y todas las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata, incriminando nuevas formas delictivas, nuevos tipos delictivos, como son el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación.

Se hace, además, una regulación más extensiva de la prueba pre constituida para proteger, de este modo, y evitar revictimizaciones secundarias de las víctimas.

Más allá de la respuesta penal, recoge, también, importantes medidas de prevención, de sensibilización de toda la sociedad, apela a los medios de comunicación, asistencia a la víctima, se incide, de manera muy importante, en el papel de la demanda, desincentivar la demanda es uno de los objetivos de esta ley, para desarticular esos modelos de negocio, que constituyen las cadenas de trata, y poder romper los eslabones de esas cadenas.

La trata es, ya he dicho, es un negocio muy lucrativo, que explota, utiliza a los seres humanos como mercancías, para obtener suculentos beneficios económicos.

Se establecen medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación, y también, adopción de medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, introduciendo alguna cláusula sobre la diligencia debida, para evitar la explotación que se da en el mercado laboral, en el ámbito laboral.

Se fortalecen normas laborales en sectores más sensibles, en sectores de mayor riesgo de poder sufrir trata, contando con la colaboración, además, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, que tendrá un papel muy relevante a la hora de detectar víctimas de trata.

Respecto a este texto, ya digo, que es un texto muy centrado en las víctimas, es un texto víctimocéntrico, y por ello, la adecuada asistencia y protección de las víctimas va a ser uno de los ejes fundamentales, de los ejes vertebradores de esta Ley.

Se crea, como novedad, el Mecanismo Nacional de Derivación, que es un órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata, que centralizará todos los datos, para tener, además, un mejor conocimiento de la situación.

Se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializada, adecuada, a los distintos tipos de trata, trata con fines de explotación sexual; extracción de órganos o fracción de tejidos corporales, que también es una incorporación novedosa en el Código Penal; celebración de matrimonios o uniones de hecho forzadas; imposición de esclavitud o servidumbre; trabajos o servicios forzosos, incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas. Ya ven la tipología tan amplia que tiene la finalidad de la trata.

Y, además, desde el mismo momento de la detección, detección e identificación, que se configuran como derechos de las víctimas, éstas tendrán derecho a recibir información, asesoramiento, a ser derivadas, de modo inmediato, a los servicios especializados de asistencia y protección; derecho, también, al retorno asistido voluntario; derecho a servicios de apoyo, garantizando, además, desde el momento mismo de la detección, desde los primeros momentos, y a lo largo de todo el proceso de identificación.

Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad de las víctimas desde el momento de la detección, y derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Otro aspecto crucial es que el reconocimiento y la efectividad de estos derechos no se vincula, de ninguna manera, y así se reconoce en el texto, a la interposición de la denuncia, ni tampoco a la participación de las víctimas en la investigación penal, sin perjuicio de que se incentive, a través de los mecanismos necesarios, que la víctima colabore para una mayor y mejor, más eficaz, persecución del delito.

Y también se reconocen derechos laborales y económicos tras su identificación definitiva, en concreto, derecho a la inserción social laboral; acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital; acceso a la vivienda; derecho a la reparación integral y a una compensación económica adecuada, en forma de indemnización.

La norma también contempla una importante dimensión de para los menores, víctimas de trata y explotación. Tendrán un derecho a la protección y asistencia muy especializadas, adecuados a la tipología de trata, y también a la explotación sufrida y, cómo no, al perfil de la víctima.

Y, por último, quiero hacer referencia al sistema institucional, que es otro de los pilares de la Ley, puesto que se crea una Relatoría Nacional sobre la Trata y Explotación de Seres Humanos, que dependerá del Ministerio del Interior, que ya tiene alguna experiencia, solo que tendrá unas competencias mucho más amplias, rango de Dirección General, que supervisará las políticas públicas en materia de trata y explotación, y de ella va a depender el Mecanismo Nacional de Derivación.

Junto a ella, las unidades especializadas de las instituciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, como no, la participación de las organizaciones especializadas en trata de seres humanos, a quienes también les debemos agradecer el impulso que ha tenido esta Ley, en todo el proceso de detección y también en procesos de identificación.

Por tanto, con este texto, lo que aspiramos es a combatir eficazmente este fenómeno, un fenómeno criminal, pero también, un fenómeno que debe ser visto desde una perspectiva integral y multidisciplinar, con una respuesta de todos los poderes públicos frente a la trata, poniendo en el centro a las víctimas, abordando la prevención, la sensibilización, el combate contra el crimen, y como no, yo creo que hoy estamos ante un antes y un después, en el empeño acérrimo de este Gobierno, de nuestro país, una democracia solidaria, como es España, de luchar contra un fenómeno que atenta a la columna vertebral de los derechos humanos. Muchas gracias

Portavoz.- Gracias, ministra. Ministro.

Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.- Gracias, ministra portavoz. Buenos días a todos y a todas.

Comparezco hoy en rueda de prensa para comunicarles un acuerdo muy relevante que hemos adoptado hoy en Consejo de Ministros, y que pretende renovar el Tribunal Constitucional y recuperar la normalidad institucional en nuestro sistema democrático.

El Gobierno, nos han escuchado ustedes con mucha frecuencia decirlo, pide a todos los agentes políticos que cumplan la Constitución, y como así lo hacemos, así lo decimos, también, así lo hacemos. Tenemos que predicar con el ejemplo y lo que hacemos hoy es cumplir la Constitución desde el Gobierno.

Por eso hoy iniciamos el proceso, para cumplir con las obligaciones que nos impone la Constitución, y para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Queremos, por ello, sustituir a los dos magistrados que fueron nombrados por el Gobierno anterior, en el año 2013, que recordarán ustedes que son Pedro González-Trevijano, el actual presidente del Constitucional, y, en aquel momento, se nombró a Enrique López, que fue magistrado del Constitucional durante un tiempo, y que posteriormente fue sustituido por el magistrado señor Narváez.

El Gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba a incumplir sus obligaciones constitucionales.

Cuando hablo del incumplimiento de sus obligaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial, no quiero referirme al órgano en su totalidad, me refiero en particular, a los ocho magistrados conservadores que, hasta la fecha, no están cumpliendo ni la ley ni la Constitución.

Para ello, para renovar el Constitucional, el Gobierno ha elegido a los juristas de reconocida competencia, de indudable vocación de servicio público y de compromiso con la ley y con la Constitución.

Son Juan Carlos Campos, que, como saben ustedes, es magistrado, en este momento, de la Audiencia Nacional, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es doctor en Derecho, ha sido, también, vocal del Consejo Procesal y ministro de Justicia.

Y también hemos elegido a Laura Díaz Bueso, que, en este momento, es vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries, de la Generalitat de Catalunya, es catedrática de Derecho Constitucional, también es doctora en Derecho.

Hemos elegido a estas dos personas, consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos para ser miembros del Tribunal Constitucional como magistrados. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio, unido a las trayectorias de ambos, un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos y distintas administraciones y distintas visiones. Estamos convencidos que harán su labor en el Constitucional con rigor, con conocimiento del derecho, con compromiso, con servicio, con vocación de servicio público y con, desde luego, un respeto absoluto a la Constitución y a la Ley.

Este acuerdo, que hoy adoptamos en Consejo de Ministros, lo remitiremos inmediatamente al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional verifique, formalmente, que estos dos candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad que establece la Ley, que no son otros que ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y, además, tener una reconocida competencia. Requisitos de idoneidad que cumplen sobradamente tanto Juan Carlos Campo como Laura Díaz.

El Gobierno les decía, está obligado a cumplir con la Constitución y está obligado, por tanto, a tomar esta decisión.

No les oculto que hubiéramos deseado que estos nombramientos que hoy adopta el Consejo de Ministros, hubieran sido simultáneos al nombramiento de los dos magistrados que corresponde hacer al Consejo General del Poder Judicial y que, desde julio del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial, no está haciendo.

Ya les digo que no me quiero referir al órgano, al Consejo del Poder Judicial en su totalidad, sino, básicamente, a los ocho vocales del Consejo, que, hasta la fecha, no han cumplido la ley ni han cumplido la Constitución.

Nos gustaría, desde luego, que el Consejo hubiera nombrado, y nos gustaría que nombrara inmediatamente, nada más urgente ni nada más importante tienen que hacer que nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, lo podrían hacer esta misma tarde, si así lo deciden.

Les recuerdo que en julio se modificó la Ley, desde julio, hace ya casi seis meses, el Consejo General puede nombrar magistrados del Constitucional. Hasta la fecha no lo ha hecho. Se les estableció, también, un plazo legal máximo, para cumplir esa obligación constitucional, que era el 13 de septiembre. Como es público y notorio, tampoco se ha cumplido ese plazo legal, establecido por la propia norma, y creo que desde el Gobierno hemos mantenido una prudencia absoluta, con respeto a este órgano, al Consejo General del Poder Judicial, con la esperanza de que, en algún momento, nombrarán a los dos magistrados del Constitucional.

Estamos prácticamente en diciembre. Han pasado demasiados meses de retraso, de incumplimiento de la Ley, atribuible a estos ocho vocales, que no están cumpliéndola, y que casa mal con las trayectorias jurídicas y de competencia que tienen estas personas.

Hemos intentado, también, acordar con el principal partido de la oposición la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y de hecho, llegamos a un acuerdo, pero se produjo, pues, en fin, unas presiones al principal partido de la oposición y a su líder, que no aguantó, y que, por tanto, hicieron que fuera imposible, en aquel momento, firmar lo que ya habíamos acordado, para renovar el Consejo, para dar normalidad institucional a nuestro sistema democrático.

Desde luego, desde el Gobierno, deseamos que cuanto antes el Consejo General nombre a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde, ya van con meses de retraso, pero, en ningún caso, el incumplimiento de la Ley por parte del Consejo General puede suponer el incumplimiento de la Ley, de la Constitución, por parte del Gobierno. Y lo que hacemos hoy es cumplir la ley, cumplir la Constitución, renovar el Constitucional, y tratar de buscar la normalidad institucional en el Tribunal Constitucional.

Por tanto, hacemos lo que está en nuestra mano. Iniciamos el proceso para renovar a estos dos magistrados del Constitucional. Cumplimos la Constitución. Esperamos que se cumpla, también, por parte del Consejo General, que debe nombrar a dos magistrados. Y, desde luego, deseamos normalidad institucional, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Consejo, y que un Tribunal Constitucional renovado, con legitimidad renovada, pueda tomar decisión sobre asuntos tan importantes como los que tiene encima de la mesa, que afectan a derechos de la gente, a derechos de los ciudadanos españoles, como es la Ley del Aborto, la Ley de Eutanasia o la propia Reforma Laboral, que están pendientes de resolverse por el Constitucional, y que han de hacerlo con un Tribunal Constitucional cuya legitimidad esté ya renovada.

Por eso, hacemos un llamamiento desde el Gobierno, a que, cuanto antes, el Constitucional verifique los requisitos de los dos candidatos que hoy hemos acordado, y también al Consejo General del Poder Judicial, para que nombre los dos magistrados que, ya con meses de retraso, hagan que cumplan la Constitución, cumplan la Ley y por tanto el Constitucional se pueda renovar en su totalidad.

Y por mi parte, ministra portavoz, nada más.

Portavoz.- Muchas gracias.

Josemi.

Pregunta.- (Jose Miguel Blanco Bermejo, EFE) Gracias, buenas tardes.

Para el ministro de la Presidencia, si el Gobierno tiene algún temor de que el Tribunal Constitucional pueda vetar el nombramiento de los dos magistrados que han propuesto hoy, que haya un choque entre instituciones, y si descarta que de alguna manera, pueda intervenir la Unión Europea, como ha vaticinado hoy por parte del Partido Popular, Esteban González Pons.

Para la ministra de Justicia, qué valoración hace el Gobierno de la sentencia del caso Arandina, que se ha conocido hoy, en la que se reconoce que las penas habrían sido mayores si no existiera la ley del "solo si es sí", si eso podría abrir la puerta a una reforma de la ley.

Y para la ministra portavoz, se están acumulando choques entre los socios del Gobierno en los últimos días, a cuenta de varias leyes, la Ley Trans, de Familias, ahora pensiones, se entra en un año electoral, ¿ven insostenible esta situación, o asumen que realmente puede haber un riesgo de ruptura? Gracias.

Portavoz.- Ministra.

Sra. Llop.- Bueno, la verdad es que hemos tenido conocimiento de la sentencia cuando estábamos, prácticamente, terminando ya, cuando hemos salido del Consejo de Ministros y, lógicamente, respecto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia, pero yo quiero poner en valor la Ley del "si es si", quiero poner en valor que se trata de una Ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual.

Lógicamente, al entender que ahora todo pivota sobre el consentimiento, que la diferenciación de los tipos delictivos ya no será por si concurre violencia o intimidación, como era antes, y al incluir los abusos sexuales dentro de las agresiones sexuales, sino al pivotar todo sobre el consentimiento, esto, lo que ha llevado es a incluir lo que ya no es violento o intimidatorio, ataques a la libertad sexual, que no son violentos o intimidatorios, dentro del concepto de agresiones sexuales y es tirar arco penológico, y esto, lógicamente, ha supuesto que se tenga que hacer una redistribución de las penas.

Pero es que esta Ley tiene cosas muy importantes, porque más allá de lo punitivo, esta Ley lo que pretende es proteger a las víctimas, y yo le voy a poner ejemplos.

Antes, los delitos que se cometían sobre personas privadas de sentido, incluso, aunque hubiera habido introducción de objetos o acceso carnal, se consideraban abusos. Ahora ya se consideran agresiones sexuales, gracias a esta Ley.

Y además, tiene cosas muy importantes, como son las indemnizaciones a las víctimas, indemnizaciones que reconocen el daño social, entendido como un daño al proyecto de vida de las víctimas. Una víctima que ha tenido que cambiar sus itinerarios, que ha tenido que cambiar de ciudad, como consecuencia de la comisión de este delito, que ha dejado los estudios, que ha tenido que cambiar de trabajo… eso, ahora, está reconocido, expresamente, en la Ley, como un daño social.

También la pérdida de oportunidades, incluidas las educativas, de empleo, prestaciones sociales, están expresamente reconocidas en la Ley.

También tratamientos terapéuticos, sociales, de salud sexual y reproductiva, están reconocidos expresamente en esta Ley.

También se establece un fondo de reparación para las víctimas, Estado y comunidades autónomas preverán esos fondos y, además, también, resultantes de algo importante, que son los decomisos, que se hacen en el ámbito penal de los efectos y las ganancias, que es que se decomisan en los procedimientos penales, para poder indemnizar a las víctimas.

Se incluyen reparaciones simbólicas, enfoque reparador integral sobre la dignidad, la reputación de las víctimas, es decir, que, evidentemente, se trata de un texto que lo que intenta es proteger a las víctimas.

Portavoz.- Gracias, ministra. Ministro.

Sr. Bolaños.- Gracias, ministra. Pues mire, efectivamente, la Comisión Europea está espantada con el bloqueo absolutamente grosero del Partido Popular, del Consejo General del Poder Judicial y de algunos vocales de este órgano, y, nada, nada tiene que decir, y nada dirá, sobre el cumplimiento estricto de la Ley, de la Constitución, que es lo que hoy hacemos, en este Consejo de Ministros, acordando el inicio del procedimiento para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Respecto a la segunda pregunta que me hacía, lo que dice la Ley del Tribunal Constitucional es que, lo que tiene que hacer el Pleno del Constitucional, es verificar que se cumplen los requisitos de idoneidad de los magistrados nombrados por el Consejo de Ministros, que insisto, es: ser español, ser jurista, tener 15 años de trayectoria y tener una competencia reconocida, y, por lo tanto, eso es a lo que se tiene que limitar el Tribunal Constitucional.

A partir de ahí, es cierto que la Constitución establece dos obligaciones.

La primera es que se renueve por tercios, es decir, por bloques de cuatro magistrados, y también establece una obligación, en este caso, para el Gobierno, de que nombremos, cuando transcurren nueve años, desde el nombramiento del Gobierno anterior, nombremos dos magistrados.

Por tanto, ahí, se podrá interpretar cómo se tienen que casar las dos obligaciones constitucionales.

Ya hay una sentencia del Constitucional, una sentencia que es de 15 de noviembre del 16, donde se dice que, cuando un órgano que tenga obligación de cumplir y de nombrar magistrado del Constitucional no lo haga en tiempo y forma, eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno.

Pero, es que la propia Ley del Constitucional también explica, y también regula qué pasa cuando hay el retraso en el nombramiento de los magistrados, de un tercio de los magistrados, y también se habla de ese retraso, cuando de los cuatro magistrados, se nombran dos y no se nombra a otros dos.

De tal manera que, desde el Gobierno, no tenemos duda de que lo que hará el Constitucional es validar y verificar las candidaturas que hoy hemos nombrado y, por tanto, que tanto Juan Carlos Campo como Laura Díaz serán magistrado del Constitucional en breve.

Gracias, dice José.

Portavoz.- Gracias, ministro.

Josemi, la acción de este Gobierno se la puede valorar por los debates, en tanto en cuanto confluyen estos, como hoy es el caso, con ese primer texto de la Ley de Trata, o por los debates previos a la acción de ese Gobierno.

Yo creo que los españoles, lo que valoran, es el final de cada acuerdo de este Gobierno y, por tanto, la acción definitiva del Gobierno, y el Gobierno tiene la tranquilidad de saber que estamos, con cada una de nuestras decisiones, yendo a mejorar la vida de la gente en momentos de dificultad y a transformar nuestro país en momentos también de grandes cambios.

Al Gobierno de coalición le resulta más complejo que un Gobierno en solitario, pero, sin duda, creo que este Gobierno está siendo extraordinariamente útil para la vida de los españoles y de las españolas, en un momento de especial dificultad. Y, por tanto, lo que reivindica el Gobierno es su propia acción, no el debate previo, sino la acción final.

Hace una semana concluíamos con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que daban estabilidad. Hoy les hablábamos de esa reducción de cuatro puntos de la inflación del IPC. Eso no es un hecho fortuito, es como consecuencia de la acción del Gobierno.

Podríamos hablar de esos 10 millones de personas que tienen la tranquilidad, cuando comienza el próximo año, que van a ver cómo se incrementan sus pensiones. Eso no es un hecho fortuito, es la acción del Gobierno.

O los millones, en este caso, más de 1 millón de becarios, que tienen la tranquilidad de poder asumir sus estudios independientemente de la situación de sus familias, no es un hecho fortuito, es la acción del Gobierno.

Como no es un hecho fortuito, sino la acción de Gobierno, que en España hay la tranquilidad que, durante todo el próximo año, van a poder viajar en transporte público, en tren o por carretera, los medios del Estado, 2 millones de españoles y de españolas, que van a haber reducido los gastos familiares, como consecuencia de esta acción. Por tanto, no es un hecho fortuito, es acción de Gobierno.

En esos términos, el Gobierno está muy satisfecho con todas y cada una de sus decisiones en términos sociales.

Podría hablarles en términos económicos. No es un hecho fortuito que, hace apenas unos días, España esté recibiendo la intención, por parte de grandes empresas, de invertir hasta 20 mil millones de euros. No, no es fortuito, esa acción del Gobierno.

Y en esos términos seguiremos trabajando en los próximos meses, porque aún queda hasta las próximas elecciones generales.

Cué.

P.- (Carlos Elordi Cué, El País) Sí, ministro. En la última renovación, en 2021, que fue pactada con el PP, fueron bastante polémicos los nombres del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, pero no tanto los nombres progresistas, Ramón Sáez, Valcárcel, Inmaculada Montalbán, porque no tenían ninguna vinculación con la política. Ahora está siendo muy polémico, en estas horas, el nombramiento, sobre todo de Campo, ex ministro de Justicia.

¿Por qué el Gobierno ha cambiado el perfil de estos nombramientos? ¿Por qué ahora se ha optado por nombramientos mucho más cercanos a la política, después del debate que hemos tenido? y en la misma línea, con todas las críticas que ha habido en los últimos años, el PSOE, las veces que ha criticado al PP, por hacer nombramientos muy políticos, ¿por qué?, es la misma idea.

A la ministra portavoz, le quería plantear sobre el tema de la coalición, ¿se van ustedes a reunir?, porque hay muchos, y podemos hablar de los asuntos concretos, la Ley de Familias, la ministra Belarra está diciendo "¿por qué se retrasa, no lo entendemos?, hay varios elementos, la reforma de las pensiones, es un asunto muy sensible, el que usted ha citado, Podemos también está en contra….¿Se va a reunir el comité de crisis de la coalición, o algo? ¿Está la situación a ese nivel, como para intentar centrar el tiro?

Y, por último, la ministra de Justicia, de sus palabras podemos deducir que ¿no está en absoluto, encima de la mesa, tocar la Ley del "solo si el si", a pesar de lo que ha pasado hoy en el Supremo? Gracias.

Portavoz.- Ministra.

Sra. Llop.- Bueno, yo he dicho que se trata de una Ley que va más allá de los aspectos punitivos. No es una ley punitiva y es una ley protectora, protectora de las víctimas, por estos elementos que les he dicho.

Pero también quiero poner en valor que sí, que es verdad, que hay penas importantes que antes no se contemplaban y ahora sí se contemplan, por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad, automáticamente se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los propios hijos, aunque los hijos no sean las víctimas, hijo presente o a futuro, porque es una inhabilitación de un derecho, es decir, es una pena importante, es una pena grave. Y luego, también, se establecen agravaciones, algunos subtipos agravados, que antes no se contemplaban.

En cualquier caso, vamos a ver qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, porque, lógicamente, no hemos tenido acceso a la resolución todavía. Lo vamos a analizar detenidamente.

Sr. Bolaños.- Gracias, ministra portavoz.

Mire, yo creo que Juan Carlos Campo es una persona absolutamente acreditada para ser miembro del Tribunal Constitucional. Es un magistrado que inició su carrera judicial hace más de 35 años. Es doctor en Derecho. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y creo que es un servidor público, y ha servido a lo público desde distintos roles, a lo largo de su carrera profesional, y creo, sinceramente, que es una persona absolutamente idónea para ser magistrado constitucional.

De hecho, es una persona muy reconocida y muy valorada en ámbitos tanto de la izquierda como de la derecha, y lo es porque es una persona dialogante, de consenso, equilibrada, profundo conocedor del derecho, de la Constitución y de la ley, y, por tanto, creo que la decisión que hoy toma el Consejo de Ministros, proponiendo Juan Carlos Campo, es una decisión absolutamente idónea.

Portavoz.- Gracias, ministro. Gracias, Carlos.

No veo necesaria convocar ningún encuentro adicional, puesto que el Gobierno de Coalición está permanentemente en contacto, esta mañana mismo, en su reunión del Consejo de Ministros, ayer tarde, en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el próximo jueves, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, trabajando todos estos asuntos, que están en cartera y sobre los que hay una fase previa deliberativa y una fase de conclusión, que es la que finalmente llega a la mesa y es aprobada por el conjunto del Gobierno.

Por tanto, nosotros no entendemos que sea necesario nada adicional en un momento en que, además, como les decía, estamos en un momento especial, de final de ejercicio, dando estabilidad a este país con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que garantizan, por ejemplo, ese transporte gratuito, al que antes hacía referencia, o esas pensiones que se van a ver revalorizadas, esa es la tranquilidad para los pensionistas, que se van a ver revalorizadas conforme al incremento del IPC y, por tanto, en una fase de final de año, que sigue siendo muy activa, como lo ha sido el Gobierno a lo largo de esta legislatura, todavía con proyectos de ley en cartera, como esos a los que usted se refería, y con un aval de haber alcanzado ya hasta esos 170 proyectos normativos que han sido aprobados a lo largo de estos años y, todos ellos, en algún momento, han tenido su momento de debate, de deliberación, pero que finalmente ha llegado a un acuerdo.

Inma.

P.- (Inmaculada Carretero Castaño, Ser) Gracias.

Quería preguntarle, por un lado, a la ministra de Justicia, si en el texto que han aprobado, están suficientemente garantizados los derechos de las víctimas de trata, por ejemplo, para acceder al permiso de residencia. Dicen en el Ministerio de Igualdad que no es así, que lo creen insuficiente.

Al ministro de la Presidencia, sobre dos asuntos.

Por un lado, el Gobierno inició este mandato nombrando a la ex ministra de Justicia, Fiscal General del Estado y, ahora, al ex ministro de Justicia va al Constitucional. Me gustaría saber si creen que están contribuyendo a la maltrecha credibilidad de la justicia, ustedes mismos han sido muy críticos con la politización, e incluso llegaron a un preacuerdo con el Partido Popular, para frenar las puertas giratorias en el ámbito judicial. Si creen que, con estos nombramientos, van en esa dirección, o si la prioridad, en este momento, es ocupar puestos que compensen la presencia de perfiles conservadores en el Tribunal.

Y sobre la reforma del Código Penal, que se está tramitando en el Congreso, me gustaría saber si tienen algún tipo de contacto con Esquerra Republicana para ver si pueden, de algún modo, reformar el delito de malversación, después de la negociación sobre la sedición. Gracias.

Sra. Llop.- Bueno, en el propio artículo 28 del texto ya, directamente, se desvincula la denuncia y la participación de la víctima de la investigación penal, y esto es una propuesta que nace en el germen del texto de esta ley, desde la propia Comisión General de Codificación, es decir, no es algo que hayamos cambiado a última hora, sino que, en todo momento, se ha desvinculado las ayudas a las víctimas de trata de cualquier tipo de denuncia.

Con relación al permiso de residencia que me estaba que me estaba comentando. Nosotros hemos seguido lo que dispone el artículo 14 del Convenio de Varsovia, que el artículo 14, lo que prevé es que las víctimas de trata, una vez que sean identificadas, tendrán derecho a la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, teniendo en cuenta su situación personal, o bien, teniendo en cuenta su colaboración dentro del procedimiento penal. Lógicamente, si van a colaborar en el procedimiento penal es necesario otorgarles la residencia para que estén aquí, aunque sea regulado, de una manera muy pormenorizada la prueba pre constituida, pero, si es necesaria su declaración a lo largo del procedimiento, se les dará esa residencia.

Por lo tanto, se ha seguido el criterio que se contiene en el Convenio de Varsovia, también en el grupo GRETA.

Por otra parte, seguimos trabajando, porque esto es una primera vuelta, y yo creo que es necesario, siempre, hacer todo lo posible por la mejora de los derechos de las víctimas, no hablo de este caso en concreto, de lo que me plantea, sino en general, en todo el texto, y seguimos trabajando y seguro que este texto sufrirá futuros ajustes.

Portavoz.-Gracias, ministra.

Sr. Bolaños.- Gracias, ministra portavoz.

Mire, los nombramientos de las personas que usted se refería en la pregunta, que se nombre Fiscal General del Estado a una mujer que tiene décadas de trayectoria como fiscal, pues comprenderá que resulta un nombramiento absolutamente idóneo, que nombremos a una persona como es Juan Carlos Campos, con 35 años de carrera judicial y con reconocimientos por parte de distintos sectores en el mundo de la judicatura y ser miembro de la Real Academia de la Jurisprudencia y de Legislación, creo que también hace que sea un nombramiento absolutamente idóneo.

En todo caso, creo que también conviene recordar que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no es un órgano jurisdiccional, es, como dice la propia Constitución, el máximo intérprete de la Constitución y, por eso, tiene unas normas diferentes, porque su labor es interpretar la Constitución y, por eso, le nombran órganos que tienen naturaleza política, como es el Congreso de los Diputados, como es el Senado, como es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de Gobierno de los jueces, o como es el Gobierno.

Creo que conviene que esto también lo tengamos claro, porque es el máximo intérprete de la Constitución, no tiene una función judicial y lo que tiene que hacer es interpretar la Constitución desde distintos ámbitos.

Por eso, nosotros consideramos que Juan Carlos Campos es una persona absolutamente idónea para el puesto y, por eso, hemos hecho esa propuesta.

Respecto a la segunda pregunta que nos hacen, pues continúa la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que presentaron los grupos parlamentarios, tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, para europeizar nuestro Código Penal. No ha habido ninguna novedad al respecto. Lo que le voy a decir es lo que llevamos semanas diciendo. En una tramitación parlamentaria, con normalidad, se presentan enmiendas, por parte de los grupos parlamentarios, y todas aquellas enmiendas que se presenten, por supuesto, que serán analizadas por el Grupo Parlamentario Socialista y estoy seguro que también por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.

Por lo tanto, hasta la fecha, no hay ninguna novedad ni ningún contacto sobre esa materia.

P.- (Almudena Guerrero Rosa, TVE) Buenas tardes.

A la ministra portavoz, sobre las tensiones entre los socios de coalición, aunque no vea necesaria la convocatoria de esa comisión de seguimiento del Pacto, quería saber, respetando las deliberaciones del Consejo de Ministros, si han hablado entre ustedes para rebajar esa tensión y resolver las diferencias de puertas para adentro.

Al ministro Bolaños, ¿qué responde a las críticas de sus socios que tachan lo de hoy de ejercicio de cinismo? Dicen que se vota a Rosell y se usa la puerta giratoria para llevar a exministros a un tribunal. ¿En qué queda esa independencia de la que se habla aquí con frecuencia?

Y a la ministra de Justicia, me va a perdonar porque voy a insistir, porque, después de ese mensaje claro del Senado, de que la pena podría ser más alta si no fuera por la Ley "del solo si es si", ustedes dicen que van a estudiar esa resolución, esa sentencia, pero ¿cabría la posibilidad de que sea modificarse la Ley? Gracias.

Sra. Llop.- Pues yo también voy a insistir en la respuesta, con su permiso, porque creo que sería imprudente aventurar cualquier tipo de actuación por parte del Gobierno sin haber analizado, pormenorizadamente, qué es lo que dice nuestro Alto Tribunal, el Tribunal Supremo.

Y, además, es que, yo lo he dicho, se opta en un momento determinado por el Gobierno, por este Gobierno, por un modelo de política criminal en materia de delitos contra la libertad sexual, centrándose en el consentimiento, lo que obliga a reajustar las penas, pero que, también, es un modelo que se sigue en otros países, se sigue en Suecia, se sigue en Inglaterra y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dice la sentencia.

Sr. Bolaños.- Sí, gracias, ministra portavoz.

No sé exactamente quién ha hecho esas declaraciones a las que usted se refiere. A mí, le tengo que decir que, cuando el Partido Popular habla de despolitizar la justicia, me parece que es un lapsus, porque es tanto como reconocer que la tienen politizada y la tienen bloqueada, y, por tanto, no entiendo muy bien que declaraciones pueden hacer a ese respecto.

En cuanto al nombramiento en el seno del Gobierno, le digo que ha habido información, que todas las partes del Gobierno de coalición que componemos este Gobierno tenían información precisa sobre los nombramientos que hoy se iban a llevar a cabo en el Consejo de Ministros.

Portavoz.- Insisto también en la respuesta que le di a sus compañeros.

La tensión que mueve al Gobierno es la de atender las preocupaciones de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas. Que era el precio de la electricidad, y lo hemos amortiguado, con las decisiones que hemos adoptado, que era el coste del transporte, y lo hemos solventado con la gratuidad del transporte público…

La tensión del Gobierno está en no dejar de aprovechar esta oportunidad para transformar la economía de nuestro país, con nuevas inversiones en el ámbito industrial, que nos permitan liderar nuevos sectores en el ámbito europeo y el total despliegue de los fondos de Recuperación.

Ahí es donde desplegamos la máxima tensión, los máximos esfuerzos y donde vamos a seguir trabajando.

Mariano y terminamos.

P.- (Mariano Alonso Freire, ABC) Gracias, portavoz.

A la ministra de Justicia sobre la Ley de Trata, una precisión. Si el proyecto deja fuera a jueces y fiscales en la identificación provisional de las víctimas y se remite eso a las entidades especializadas.

Y al ministro Bolaños, quería preguntarle, sencillamente, si, además de los requisitos legales y técnicos, si el Gobierno cree que la apariencia de imparcialidad es un requisito que se debe tener en cuenta, con carácter general, para los nombramientos de altos tribunales, de la Fiscalía General del Estado, o, también, del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias.

Sra. Llop.- Bueno, no, el proyecto, el anteproyecto, lo que prevé es que la víctima de trata puede ser acreditada a través de una sentencia firme, una resolución judicial, en el ámbito penal, siempre, que conceda algún tipo de medida cautelar o de orden de protección. Por lo tanto, se va a seguir un sistema de acreditación judicial similar al de las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, no deja fuera, en ningún caso, la acreditación por parte de los integrantes del Poder Judicial, en el ámbito penal.

Así que, no.

Sr. Bolaños.- Muy bien, muchas gracias.

La Constitución establece que el Gobierno tiene el deber de nombrar a dos magistrados del Constitucional. Poner en duda la imparcialidad, en general, de los magistrados que nombra el Gobierno, pues, creo que es demasiado decir.

A mí me parece que el Gobierno nombra personas, como es el caso, absolutamente idóneas para el puesto, con unas trayectorias profesionales que les hacen merecedores de ser magistrados del Constitucional y, sinceramente, creo que tienen, exactamente, la misma idoneidad que tenían Pedro González Trevijano y Enrique López, hace nueve años, cuando fueron nombrados por el gobierno anterior, es decir, personas que van a cumplir su labor en el Constitucional, y que, por supuesto, que lo que van a hacer es interpretar la Constitución, nuestra Carta Magna, que es la competencia fundamental que tiene el Tribunal Constitucional.

Portavoz.- Muy bien, muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)