Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de las ministras de Fomento y de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 5 de abril de 2013

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Vamos a darles cuenta de algunos de los principales asuntos abordados hoy en Consejo de Ministros.

Hoy se aprueba una importante reforma estructural, que había sido anticipada por el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, que es un nuevo plan de una nueva política en materia de renovación y rehabilitación en materia de vivienda, así como de eficiencia energética de los edificios, que constituye una medida clave de impulso económico y de ayuda al crecimiento económico en un sector importante, como es el del alquiler de viviendas, el de la construcción y el de la eficiencia energética, que ha de servir para dinamizar, de otra forma y con otro planteamiento, uno de los elementos claves que genera crecimiento y empleo en España.

Al hilo de esta reforma estructural, también les comento que hemos recibido el encargo del presidente del Gobierno, habida cuenta que han transcurrido ya los seis meses de vigencia del primer Plan Nacional de Reformas que aprobamos hace dos trimestres, de llevar a cabo a lo largo de esta semana un balance y actualización de ese Plan, para presentar un segundo Plan Nacional de Reformas actualizado, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. Es decir, haremos balance de las reformas llevadas a cabo en este período, en este proceso, y de las nuevas medidas --algunas de las cuales las conocen ustedes, porque fueron anticipadas en el Debate del Estado de la Nación-- que permitirán seguir con el impulso reformista del Gobierno y cumplir los objetivos de crecimiento y creación de empleo.

Voy a relatarles, en primer lugar, ese nuevo Plan en materia de vivienda y de eficiencia energética de los edificios, que se compone de un conjunto de medidas que han sido coordinadas por cuanto dependen de varios Ministerios. Hoy aprobamos un Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que se enviará ya a las Cortes Generales para su tramitación de urgencia, y tres Reales Decretos: uno por el que se aprueba el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas para el período 2013-2016; y dos Reales Decretos por los que se aprueban, por un lado, el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios y modificaciones en otro Real Decreto del Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios.

¿De qué se trata? De, a través de la Ley, a través de estos Reales Decretos y a través de alguna otra medida, que ahora detallaré, llevar a cabo un impulso importante en un sector clave para nuestra economía, basado en dos ejes de actuación muy claros: de un lado, la mejora en el acceso de la vivienda, y especialmente el fomento del alquiler; y, de otro, el impulso a las actividades de rehabilitación, de regeneración y de renovación urbanas, donde va a tener un componente muy importante la eficiencia energética de los edificios. Es una doble vía de actuación que contará con una inversión de casi 2.500 millones de euros: 1.500 millones para facilitar el acceso a la vivienda y 627 millones para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética.

Sólo les quiero dar un dato, que después detallará más la ministra de Fomento: por cada mil euros de ayuda directa en rehabilitación, la estimación es que se genera una inversión productiva de 3.300 euros.

Me voy a detener en uno de los elementos que ha sido presentado hoy por el ministro de Industria, y que se aprobará por el Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía en su próximo Consejo, que es en un programa de ayudas para proyectos integrales de ahorro energético. El IDAE va a poner cien millones de euros para este año, 2013, para que exista un incentivo a las comunidades de propietarios y a los propietarios de que lleven a cabo operaciones que permitan ahorrar en la factura de la electricidad. Esto ¿cómo? A través de ayudas o financiación, a préstamos muy razonables, a las comunidades de propietarios, a las comunidades de edificios residenciales o, simplemente, a los propietarios de viviendas unifamiliares para que tengan un incentivo en llevar a cabo estas actuaciones integrales para ahorrar energía.

¿De qué manera o cómo se va a hacer? Ayudas directas de un 20 por 100 del valor de la obra en dos cuestiones claves: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes --¿qué es esto de la envolvente térmica? Estamos hablando de aislamiento de fachadas y el aislamiento de ventanas-- y mejoras de la eficiencia energética de instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes: calderas. Es decir, ayudas directas al cambio de calderas o a la mejora del aislamiento de los edificios para ahorrar en energía. Asimismo, préstamos a euríbor más cero, que puede llegar hasta el 80 o el 100 por 100 del valor de los cambios, cuando se sustituya la energía convencional por biomasa o por energía geotérmica.

La ministra de Fomento explicará mucho más todos los elementos de este Plan, pero sí quiero insistirles en que se trata de una apuesta del Gobierno para incidir con medidas de crecimiento a un elemento importante que puede ser generador de empleo. Es una nueva concepción de la política de vivienda, más orientada al alquiler y más orientada a la rehabilitación y a la eficiencia energética que a la construcción de viviendas. Es decir, un cambio de planteamiento en un sector que merece y debe ser dinamizado.

En otro orden de cosas, está aquí hoy la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad porque el Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se pone en marcha el II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y de la Adolescencia 2013-1016. Es un Plan del que ahora tendremos todos los detalles, pero de lo que trata es de reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia o situaciones de mayor vulnerabilidad.

Es un Plan que cuenta con una estimación presupuestaria de más de cinco mil millones de euros y que tiene una serie de objetivos básicos, que yo sólo enumeraré y después explicará la Ministra: información, coordinación y sensibilización; políticas de apoyo a las familias, especialmente conciliación; protección de los menores en relación con los medios y las tecnologías de la comunicación; la intervención social ante situaciones de riesgo y de desprotección; actuaciones preventivas y de rehabilitación de menores en situaciones de conflicto social; apuesta por una educación de calidad y promoción de la salud y de los hábitos saludables.

Por último, les informo de que hoy se aprueba también el Real Decreto por el que se da luz verde al nuevo Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Es un nuevo Estatuto, necesario, que sustituye al vigente del año 1995 y que trata de adaptar esta normativa, entre otros, al Estatuto Básico del Empleado Público. Con ello lo que se hace es adaptar el Estatuto del Centro a las modificaciones que ha habido en regímenes como el de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, mejorando en materia de derechos y deberes, de garantía e igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y conciliación de la vida personal y familiar.

¿Qué entendemos? Son servidores públicos y tienen derecho, con las salvedades y las particularidades propias de su tarea, a homologarse, en la medida de lo posible, al resto de trabajadores de la Administración Pública. Se establece, además, un derecho a la carrera profesional y se regulan sus posibilidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, siempre de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Sra. Pastor.- Como ha explicado la Vicepresidenta, se ha aprobado en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para una nueva política de vivienda y de suelo en España; un plan integral en el que han trabajado muchas personas, muchos profesionales y muchas instituciones, y que ha llevado ya muchos meses de trabajo detrás. En primer lugar, mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han trabajado para que este proyecto pueda ir para adelante.

Este nuevo modelo de política de vivienda se lleva a cabo con la aprobación, por un lado, de una ley que ustedes ya saben que está en el Parlamento, que es la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, y por las propuestas que hoy traemos y hemos aprobado en Consejo de Ministros: el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana; el Proyecto del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas; y, como ha dicho la Vicepresidenta, la trasposición de las Directivas europeas sobre certificación de eficiencia energética, las ayudas del IDAE y la línea de crédito ICO.

¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos seguro que son compartidos por todos los ciudadanos: primero, garantizar la accesibilidad a una vivienda digna y adecuada para paliar la situación de personas y hogares con dificultades especialmente para acceder a una vivienda o para afrontar sus deudas hipotecarias; mejorar el estado de conservación de las viviendas; la accesibilidad, la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética; y contribuir a la reconversión y reactivación de un sector que, como saben, lo necesita, que es el sector de la construcción.

Algunos datos que hacen idea de por qué se hacen estas reformas: hay veintiséis millones de viviendas en España; de los veintiséis millones de viviendas que tenemos, quince millones tienen más de treinta años y casi seis, cinco millones y pico, tienen más de cincuenta años; tenemos un mercado de alquiler que es mucho más bajo que el resto de Europa: el 17 por 100 de vivienda en alquiler y 83 por 100 de propiedad; y en Europa la media es del 38 por 100. Además, los sectores más vulnerables de la sociedad tienen dificultades para acceder a una vivienda por la precariedad y debilidad del mercado de trabajo, incluso por la restricción de financiación en muchos casos.

Por tanto, hay una necesidad de cambio; hay que facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a las personas con menores recursos; hay que apoyar el alquiler, porque nos parece que es la medida idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta, como luego explicaré; hay que fomentar la rehabilitación y hay que mejorar la eficiencia energética, especialmente porque tenemos que cumplir los compromisos de la Estrategia Europea 2020 y conseguir una economía de bajo consumo de carbón.

Otros datos también importantes, a mi juicio: hay dos millones de viviendas en mal estado de conservación; de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, hay cuatro millones de viviendas en España todavía que no tienen ascensor, ni salvaescaleras, ni rampa, ni ninguna facilidad de acceso.

En eficiencia energética, el 60 por 100 de las viviendas españolas --esto es muy importante-- se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y las viviendas en España consumen el 17 por 100 de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido desde el año 1990 un 20 por 100. Y el 38 por 100 de los españoles dice no estar satisfecho con el aislamiento, por el calor o por el frío, en sus viviendas.

¿Qué pretende la Ley? Les voy a hablar de los grandes objetivos y de cómo se implementan en la Ley. El primero de todos es la flexibilización, es flexibilizar la normativa para favorecer y hacer viable la rehabilitación, porque saben que se ha hablado en España muchísimo de rehabilitación pero los datos dicen que lo que se ha hecho es poquísimo. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación excesivamente rígida, que impide la rehabilitación.

La actual Ley de Suelo impone unas actuaciones en suelo urbano que son casi las mismas cargas que el suelo urbanizable: cesiones de suelo a cambio de plusvalías, cesiones para zonas verdes y equipamientos. Las plusvalías deben dedicarse a construir nueva vivienda protegida en suelos urbanizables.

¿Qué hace la Ley? La Ley lo primero que hace de todo es que facilita esa rehabilitación, flexibilizando el régimen jurídico. No todo aumento de edificabilidad, densidad o cambio de uso ligado a una actuación de rehabilitación se considera plusvalía. Y, segundo, las posibles plusvalías, ya saben, por incremento de edificabilidad o de densidad se pueden utilizar para garantizar la viabilidad económica de la operación de rehabilitación.

En segundo lugar, ¿cómo se facilita la realización de las obras de accesibilidad? En la Ley actual se obliga a garantizar la accesibilidad mediante lo que se llamaban ajustes razonables, pero que no estaban definidos; y, además, la Ley de Propiedad Horizontal facultaba a cualquier persona con discapacidad o persona mayor de setenta años a exigir la instalación de un ascensor, pero estaba pasando algo: que la rigidez era tal que no se conseguía. ¿Qué es lo que hace la Ley? Pedía, por ejemplo, una mayoría de tres quintas partes. La Ley define lo que son ajustes razonables y fija qué es un ajuste razonable y, sobre todo, qué es una carga razonable para un vecino. Entonces, dice: cuando sea desproporcionada o indebida, no tendrá que hacerla, pero cuando sea razonable define lo que es la razonabilidad, incluso por meses de comunidad de vecinos. Cuando no es obligatoria su instalación, se facilita la decisión voluntaria para garantizar la accesibilidad; pero en las comunidades de propietarios la adopción será por mayoría simple.

En cuanto a la eficiencia energética, como saben, hay un certificado de eficiencia energética, que es el que está en vigor en este momento. Es obligatorio realizar obras de eficiencia energética cuando se renueve la fachada o la cubierta --lo que hablaba la Vicepresidenta-- del envolvente del edificio; pero está prohibido realizar obras de aislamiento térmico por el exterior o cerrar balcones y terrazas si se supera la edificabilidad permitida. ¿Qué hace la Ley? Se puede aumentar la edificabilidad de las viviendas mediante el cerramiento de ventanas, de balcones o de terrazas de manera uniforme en los edificios si con ello se consigue mejorar la eficiencia energética en un 30 por 100. Y para realizar obras de aislamiento térmico por el exterior se podrán ocupar superficies de espacios libres o de dominio público si técnicamente no es posible otra opción; por ejemplo, cuando se trata de colocar un ascensor, porque saben que había unas restricciones que casi impedía que se colocara el ascensor.

Se facilita un instrumento con información concreta sobre los edificios: el nuevo informe de evaluación del edificio. Hasta ahora, como saben, hay un informe, que es el de Inspección Técnica de Edificios, para cualquier edificación residencial con más de cincuenta años situada en un municipio de más de cinco mil habitantes y tenía que cumplirse antes del 1 de enero de 2015. La Federación Española de Municipios y Provincias ha dicho que es imposible que esto se pueda llevar a cabo, dado el estado de situación actual, y la ITE es muy limitada, porque sólo se limitaba a ver el estado de conservación del inmueble, pero no entraba en ver la accesibilidad, no informaba sobre la eficiencia energética, etcétera. Lo que se hace es que se sustituye por un nuevo instrumento, que es la AIE, que sustituye a la ITE, y esto va a significar que la revisión, por así decirlo, es una revisión global. Es completa, analiza el estado de conservación, pero también la accesibilidad, la eficiencia energética, y no produce duplicidades. Si la ITE de un edificio ya se ha pasado, no significa que se tenga que volver a pasar y se amplía el plazo a 2019 para que todos los municipios y todos los edificios puedan tener el tiempo suficiente.

No se aumentan los costes. Una AIE frente a una ITE va a tener un coste --estoy hablando de una ITE para un edificio de doce viviendas-- que no superará los 350 euros, frente a lo que costaba la ITE, que costaba entre 300 y 320 euros, aproximadamente.

También quiero decirles que se facilita un instrumento con información completa sobre los edificios, este informe de evaluación del edificio; y, sobre todo, que se hace también para todos los municipios, sin diferenciar entre si son de más de veinticinco mil habitantes o los edificios son en municipios de menos de veinticinco mil habitantes.

La Ley tiene efectos --lo ha dicho bien la Vicepresidenta-- socio-económicos, tiene efectos urbanísticos y medioambientales, y tiene efectos jurídicos. Los económicos son que la rehabilitación va a tener efectos dinamizadores sobre nuestra economía --luego daré algunos datos macroeconómicos más-- generadores de empleo. Por cada millón de euros invertidos en rehabilitación, que son los datos que tenemos de otros países europeos, se generan 56 puestos de trabajo directos. Se conservará mejor el parque ya edificado; se fomentarán la calidad, la sostenibilidad y la competitividad; se aumentará la eficiencia energética y se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero.

Y las modificaciones jurídicas son, como ya he dicho, la modificación de la Ley del Suelo, que equilibre derechos de propietarios y sus deberes; la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, y las Administraciones Públicas, que podrán velar por la calidad y la sostenibilidad de nuestro parque.

A continuación les voy a plantear cuáles son los objetivos del Plan? Hasta aquí, he hablado de la nueva Ley de Rehabilitación que se va a enviar, como saben, al Parlamento de forma inmediata; pero también hoy, a través de un Real Decreto, hemos aprobado un Plan, que es el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. Pretendemos la máxima rentabilidad de los recursos disponibles, facilitando una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos y llegando las ayudas al mayor número posible de personas.

¿Cuál es el presupuesto destinado? 2.311 millones de euros. ¿Para qué programas? Para los que voy a explicar a continuación: el de subsidiación de préstamos convenidos, que es un programa que ya está en vigor y vamos a continuar con él; ayudas al alquiler; fomento del parque público de viviendas; rehabilitación edificatoria; regeneración urbana; apoyo a la implantación del AIE y fomento de ciudades sostenibles.

¿Cuáles son los objetivos? Primero, dinamización de la economía, como les decía, y del empleo. Por cada 1.000 euros de ayuda directa en rehabilitación se genera una inversión productiva de 3.300 euros. La puesta en marcha del nuevo Plan estatal va a crear puestos de trabajo. De forma solamente directa por lo que aporta la Administración General del Estado se crearían ya más de 32.000 puestos de trabajo por las ayudas directas. Si a eso le unimos que esto tiene un efecto multiplicador --saben que la subvención, luego explicaré, no llega en muchos casos al 30 por 100--, estamos hablando de más de 105.000 empleos que se van a crear, además del empleo indirecto que se creará, porque saben que se van a sustituir fachadas, se van a sustituir tejados, se van a sustituir calderas, se van a sustituir ventanas… Todo eso va a significar que hay quien va a fabricar una ventana o que hay quien va a fabricar una caldera.

Por lo tanto, la Ley de Rehabilitación y Regeneración, y este Plan van a contribuir de forma decidida a la creación de empleo en nuestro país.

Se aumenta la corresponsabilidad con las Comunidades Autónomas en la financiación del Plan. Esto significa que las Comunidades Autónomas, para que reciban la siguiente parte del Plan, tendrán que justificar previamente en qué han invertido la cantidad que se les ha ido liberando. Y también esto lleva consigo incentivos al sector privado para que con soluciones innovadoras puedan colaborar a la reactivación del sector de la construcción.

¿Qué innovaciones tiene el Plan? ¿En qué cambia el Plan? Primero, la concesión de las ayudas al alquiler se hace de forma más equitativa. ¿Y eso qué significa? Que se va a financiar dependiendo de la renta de la unidad de convivencia, no de la persona, de una sola persona. Se refuerza la cooperación con las Comunidades Autónomas, se ha redactado tras un amplio proceso participativo de las instituciones, como digo, y de todos los representantes del sector, y se establecen esos compromisos presupuestarios hasta 2016.

¿En qué consiste el Programa de Subsidiación de Préstamos Convenidos? En que vamos a seguir financiando a todos los perceptores de ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la adquisición de vivienda. Es decir, es pagar parte de los intereses que pagan las personas que tienen una hipoteca. Esto va a seguir llegando a todas las personas que en este momento lo reciben.

También ponemos en marcha ese nuevo Plan de Ayuda al Alquiler para facilitar el acceso y la permanencia en un régimen en vivienda de alquiler. ¿Quienes van a ser los beneficiarios? Personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, modulable según el número de miembros del grupo familiar y la composición de la unidad de convivencia. El alquiler mensual debe ser igual o inferior a seiscientos euros.

De este Plan, para que se hagan una idea, les voy a poner un ejemplo, se estaban beneficiando ahora mismo en torno a ochenta mil personas y se beneficiarán más de 133.000 personas. Las ayudas serán hasta el 40 por 100 de la renta, con un límite de 4.200 euros anuales por vivienda, con un plazo de entrada de doce meses, prorrogable si se siguen cumpliendo los requerimientos. Y tendrán preferencia las personas afectadas en los procedimientos de desahucio, siempre.

También hay un programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler. A pesar de que ustedes saben que hay viviendas vacías, sin embargo hay determinadas regiones, determinados lugares, en nuestro país que siguen necesitando vivienda que construyan las Administraciones Públicas, vivienda orientada al alquiler. Por eso también tenemos una línea, que es la creación de un parque público de vivienda protegida en colaboración con Ayuntamientos y Comunidades, con ayudas de un máximo de 250 euros por metro cuadrado útil de la vivienda, en proporción a la superficie de la misma, y un límite del 30 por 100 del coste de la edificación, con un límite de 22.500 euros por vivienda.

Hay dos tipos de líneas: vivienda de alquiler en rotación, que saben que es para personas especialmente necesitadas, pues hay muchas personas que pueden estar sin techo, unidades de convivencia con rentas muy bajas, 1,2 veces el IPREM, y el precio del alquiler no podrá superar los 4,7 euros mensuales por metro cuadrado útil; y la vivienda de alquiler protegido, que ya es para mayor período de alquiler y es para unidades de convivencia con un poquito más de ingresos, entre 1,2 y 3 veces el IPREM, y el precio del alquiler ahí puede llegar a seis euros mensuales por metro útil de vivienda.

¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Las Administraciones Públicas, los organismos públicos, las fundaciones y las asociaciones que sean declaradas de utilidad pública.

Cuarto programa, el impulso de las actuaciones de intervención en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética. Los inmuebles deberán tener una antigüedad anterior a 1981 y, al menos, el 70 por 100 de su superficie total debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Serán beneficiarios comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de vivienda; es decir, esto es rehabilitar edificios completos y se financia la rehabilitación de todos los elementos comunes.

Las ayudas serán hasta cuatro mil euros por vivienda para conservación, hasta dos mil euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética y hasta cuatro mil euros por vivienda para mejora de la accesibilidad. El límite es que la cuantía no podrá superar el 35 por 100 del presupuesto y sólo, excepcionalmente, en caso de mejora de la accesibilidad se podrá llegar al 50 por 100.

Les voy a poner algunos ejemplos: ¿Qué es lo que se financia? Se financian, por ejemplo, todos aquellos problemas que tengan las viviendas: de cimentación, de estructura, de instalaciones, de cubiertas, de azoteas, de fachadas, de medianeras y también la envolvente térmica del edificio, es decir, la fachada, para que haya aislamiento térmico; los sistemas de calefacción y refrigeración; los equipos de movimientos de fluidos portadores; los equipos de generación de energía… Es decir, todos aquellos elementos que dan confortabilidad y mejora, y renuevan y rehabilitan la vivienda.

El quinto programa es la renovación urbana. Éste es un programa en el que se financia la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas de urbanización o reurbanización del espacio público o de edificación o sustitución de edificios demolidos, dentro de un ámbito delimitado. Aquí tiene que haber un mínimo de cien viviendas, salvo excepciones, que tendrán menos, por ejemplo, en el caso de cascos históricos degradados o núcleos rurales. Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral de esta actuación serán las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades, o incluso consorcios, entes o empresas privadas. El máximo, desde el 35 por 100 también, hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, hasta treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de una demolida --estamos hablando de áreas que necesitan actuación intensiva, si me lo permiten-- y hasta dos mil euros por vivienda para la obra de urbanización, y se podrán añadir cuatro mil euros anuales por unidad de vivienda a realojar.

El sexto programa es el apoyo a la implantación del informe de evaluaciones de los edificios. Para facilitar este informe de evaluación, es decir, saber la situación real en la que están nuestras viviendas, ponemos una línea de ayudas para la implantación y la generalización de estos informes de evaluación de la edificación, que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, como les he dicho, eficiencia energética y estado de conservación. Los beneficiarios serán las comunidades de vecinos o propietarios únicos que realicen este informe de evaluación.

Y el séptimo y último, y perdonen por la extensión, pero estamos presentado una Ley y tres Reales Decretos, es la financiación de la ejecución de proyectos de especial trascendencia, mejora de barrios, centros y cascos históricos, sustitución de infraviviendas, ecobarrios y zonas turísticas. Las ayudas tendrán un máximo del 40 por 100 del presupuesto, hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, hasta treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y hasta dos mil euros por vivienda para la obra de urbanización.

Entre las medidas adicionales de las que hablaba la Vicepresidenta y que son tan importantes figura la Línea ICO-rehabilitación de viviendas y edificios, dentro de la Línea ICO-empresas y emprendedores, que saben que tiene una dotación de mil millones de euros, que podrá ser ampliable dependiendo de la prestación de estas líneas; es decir, se podrá ampliar. Saben que tiene un tipo fijo variable euribor seis meses, más un diferencial de un 2 por 100 para operaciones de plazo inferior a un año y un 2,3 por 100 para plazo superior.

Y también la línea IDAE, que es importantísima, que es un programa, como saben, para incentivar esa realización de actuaciones integrales de ahorro y de mejora de la eficiencia energética, donde van renovación de ventanas, de fachadas, de cubiertas, de calderas, de equipos de aire acondicionado, de incorporación de equipos de medición individual de temperatura, etc. La dotación son cien millones de euros para este año y hay ayudas públicas directas y préstamos reembolsables.

Y, luego, el Proyecto CLIMA, que impulsa una economía baja en carbono, que se ha convocado el 15 de marzo de 2013 y son diez millones de euros para la compra de reducción de CO2 en el sector residencial.

Concluyo ya, Vicepresidenta. Las reformas abordadas apoyan un cambio de modelo en la política de vivienda en un momento de crisis económico-financiera y crisis para muchas familias. Las iniciativas están impulsadas con una clara vocación social para satisfacer las necesidades prioritariamente, cómo no, de las personas que más lo necesitan. La rehabilitación residencial era una asignatura pendiente que teníamos en España, algo nos estaba pasando que no se producía. Con la futura Ley se posibilita la rehabilitación del sector de la construcción, contribuyendo así a la competitividad y al crecimiento de la economía, y, lo más importante, a la generación de empleo. Vamos a mejorar las edificaciones, pues ya les he dicho que tenemos un parque de viviendas que es muy antiguo. Se bajará la factura energética y creamos nuevas fórmulas de financiación privada.

Por ejemplo, si un empresario quiere iniciar con una comunidad de propietarios esa renovación de ese envolvente del edificio cuando la repercusión en la bajada del recibo de la luz para que se me entienda, en el recibo de la electricidad, sea, imagínense, en cinco años un porcentaje importante de la factura, se podrá hacer la obra sin que los vecinos tengan que poner ni un solo euro, porque se estará ahorrando en los próximos cuatro o cinco años. Esto no es que el Ministerio de Fomento tenga ideas muy brillantes; es que es lo que hemos hecho es copiar, ver, las mejores medidas que se están poniendo en muchos países.

Por lo tanto, es una Ley que va a mejorar, a nuestro juicio, la política de vivienda y de rehabilitación, y especialmente de alquiler. 2.421 millones es el presupuesto para este tiempo y se aumenta, como les decía, el valor, que es tan importante, que es el fomentar la política de rehabilitación, regeneración y recuperación de muchas viviendas.

Y estoy pensando especialmente en que tenemos una población envejecida, que esa población envejecida precisamente vive en las viviendas, en muchos casos, más antiguas y que son las personas que más lo necesitan porque, cuando te haces mayor, es cuando necesitas cambiar muchos elementos que no son accesibles o necesitas mejorar la temperatura de tu vivienda, que, a lo mejor, con menos años, si me permiten, es importante pero no lo es tanto. Por lo tanto, estamos mejorando las condiciones de ese derecho, que es un derecho constitucional, del acceso a la vivienda en nuestro país.

Sra. Mato.- Comparezco ante ustedes para exponerles el contenido del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Este Plan surge como un instrumento integrador de todas las políticas de infancia, dando respuesta, a la vez, a las recomendaciones del Consejo del Comité de Derechos del Niño del año 2010, pero también como un marco de consenso y de cooperación entre todas las Administraciones Públicas y las entidades sociales implicadas en los derechos de la infancia. Por eso, ha sido elaborado y consensuado a través del Observatorio de la Infancia, donde están representadas la Administración del Estado, con sus Ministerios, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y todas las Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los niños.

El gran objetivo que perseguimos en este Plan es mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, y también favorecer el pleno desarrollo de sus capacidades. Por primera vez en un plan se plasman, como no puede ser de otra manera, o se recogen los derechos de los menores, pero también sus deberes y obligaciones acordes con su edad.

La infancia y la adolescencia son una prioridad para este Gobierno, y por esa razón el Plan es el más ambicioso de cuantos hemos tenido en democracia. Por primera vez contamos con una estimación real del presupuesto que se va a emplear en cada una de las medidas, lo que era, además, una de las principales recomendaciones hechas por Naciones Unidas. Se destinarán un total de 5.159 millones de euros en los próximos cuatro años. Además, a partir de ahora, dispondremos de una radiografía completa y actualizada de la situación de la infancia y de la adolescencia en nuestro país.

Quiero destacar que varias de las medidas más relevantes que este Plan contiene conllevarán una importante modificación normativa a través de dos leyes, una orgánica y otra ordinaria, que actualizarán la legislación de protección de la infancia. Dicha modificación afectará a más de diez leyes, entre las que quiero destacar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Adopción Internacional, la de Protección Jurídica del Menor y la Ley Integral de Violencia de Género.

Este Plan se estructura en ocho objetivos que se concretan en 125 medidas, que paso a resumirles.

El primer objetivo es la promoción del conocimiento sobre la situación real de la infancia y la adolescencia. Puedo anunciarles que vamos a llevar a cabo una definición legal del concepto jurídico indeterminado "interés superior del niño", en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Asimismo, vamos a incorporar un informe sobre el impacto en infancia en todos los Proyectos de Ley, como ya ocurre con el impacto de género. Vamos a desarrollar nuevas fuentes de información, entre las que quiero destacar la consolidación del Registro unificado de maltrato infantil y del Registro de casos de explotación sexual infantil.

El segundo objetivo es el apoyo a las familias. En este sentido, vamos a avanzar, entre otras, en medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad, que se concretarán en el próximo Plan Integral de Apoyo a las Familias. También vamos a prestar, como no puede ser de otra manera, más ayuda a aquellas familias que están en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales. Presentaremos un plan de apoyo a los menores de tres años con graves discapacidades.

Siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y también del Consejo de Europea, vamos a revisar algunas de las edades mínimas previstas legalmente. Como saben, aunque la edad para contraer matrimonio en nuestro país está en dieciocho años, la Ley permite, en determinadas ocasiones, casarse a los catorce años y vamos a elevar esta edad a los dieciséis años. También proponemos subir la edad de consentimiento sexual, que actualmente está en los trece años, la más baja de los países de nuestro entorno, en este caso con el fin de evitar abusos de adultos a menores y luchar más eficazmente contra la pederastia. Para hacerlo, ofreceremos consenso a todas las fuerzas políticas y abriremos un período de consulta con los partidos políticos y con las organizaciones de infancia para fijar una edad concreta.

El tercer objetivo es el impulso de los derechos y las protección de la infancia y la adolescencia en relación con los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Vamos a reforzar los niveles de seguridad en la red, vamos a potenciar sistemas de filtrado desde los servidores y la adopción por parte de las empresas de códigos de conducta adecuados. Promoveremos la prevención del abuso y de la explotación sexual de los niños a través de la red y definiremos nuevos tipos delictivos para evitar fenómenos como el "ciber-acoso", "ciber-bullying" o distintas formas de acoso que están surgiendo. Y, en relación con los medios audiovisuales, vamos a impulsar códigos de autorregulación para preservar contenidos adecuados en horarios familiares.

El cuarto objetivo es potenciar la atención social a los menores en situación de riesgo, desprotección, discapacidad o en situación de exclusión social. Como les he dicho, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para reforzar todo el actual marco jurídico de protección de la infancia. Vamos a definir, por primera vez en una norma de carácter estatal, las llamadas situaciones de riesgos y de desamparo. Y vamos a favorecer el acogimiento familiar sobre el residencial.

Quiero decirles que en España tenemos 35.000 niños bajo tutela o guarda, cuando también todos sabemos que hay muchas familias que quieren adoptar y, sin embargo, tienen que ir a la adopción internacional. Por tanto, como digo, vamos a favorecer el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente en los menores de tres años en situación de desamparo, para que se integren en una familia sin tener que pasar previamente por un centro de protección de menores. Además, las resoluciones de acogimiento familiar pasarán a ser administrativas, sin intervención de un juez, para evitar las demoras de los procesos judiciales.

En definitiva, queremos priorizar las soluciones familiares frente a las institucionales, las permanentes frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

En el ámbito de la adopción, vamos a agilizar el procedimiento para la adopción nacional, potenciando, además, la adopción de menores con necesidades especiales. Y también vamos a modificar las adopciones internacionales para introducir mayores garantías en el procedimiento. En este sentido, promoveremos una mayor claridad en las obligaciones de los adoptantes y clarificaremos el marco competencial y el ámbito de aplicación de las leyes.

Dentro de este cuarto objetivo quisiera destacar, por su importancia, la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad. Se realizará a través de dos medidas esenciales: el Plan de Inclusión y el Plan Integral de Apoyo a las Familias. Vamos a impulsar un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, que identifique acciones prioritarias a favor de la inclusión social de los niños, y que será un objetivo estratégico del Plan de Inclusión Social.

En otro orden de cosas, vamos a garantizar la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género, procurando que permanezcan con sus madres y reconociendo, de igual manera, su condición de víctima. Vamos a adaptar el protocolo de intervención en maltrato infantil a las situaciones de menores víctimas de violencia de género y de explotación sexual. Impulsaremos un sistema para la detección precoz de estas situaciones de violencia con implicación de los centros docentes, el ámbito sanitario, el policial y los servicios sociales. Y, asimismo, vamos a trasponer la Directiva europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

El quinto objetivo es la prevención y la rehabilitación ante situaciones de conflicto social. Vamos a desarrollar programas de prevención de actos de vandalismo por parte de menores de edad y, además, programas que refuercen el papel de las familias, las escuelas y los educadores sociales para evitar sus causas. Vamos también a reforzar nuestras políticas para la prevención de grupos juveniles violentos.

El sexto objetivo es garantizar una educación de calidad. Se trata de prevenir el fracaso escolar y el abandono. Vamos a potenciar el respeto a la convivencia en las aulas, reforzando la autoridad del profesorado y previniendo el conflicto escolar. Tendremos muy en cuenta a los niños con necesidades especiales.

El séptimo objetivo es garantizar una salud integral. Queremos promover una buena salud y hábitos saludables en la infancia y en la adolescencia. Recientemente, como ustedes saben, hemos acordado con las Comunidades Autónomas un calendario de vacunación infantil común para toda España. Vamos a desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir el consumo del tabaco, del alcohol y de otras sustancias adictivas, así como otras medidas destinadas a reducir los daños y riesgos entre los adolescentes que las consumen. Quiero decirles que la edad de inicio en el consumo de alcohol es 13,7 años. En este sentido, vamos a homogeneizar en una norma nacional la edad permitida para el consumo de alcohol en toda España.

También reforzaremos la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de trastornos alimentarios, así como el ejercicio diario en los colegios para luchar más eficazmente contra la obesidad infantil. Según los datos de los que disponemos, en niños de seis a nueve años el 45 por 100 tiene sobrepeso, y en la última Encuesta Nacional de Salud, de dos a diecisiete años el 30 por 100 de los niños tienen exceso de peso.

Por otra parte, vamos a ampliar la estancia en las unidades pediátricas de los hospitales, impulsando que puedan permanecer en ellas los niños hasta los dieciocho años; como ustedes saben, ahora es hasta los catorce. Y vamos a poner en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil, y, recientemente, para ello hemos desarrollado un nuevo título de médico especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

También vamos a impulsar medidas de prevención de accidentes de tráfico con víctimas menores de edad, promoviendo el uso de dispositivos de seguridad y otras medidas que eviten las lesiones.

El último objetivo, el octavo y último objetivo, es la promoción de la participación infantil y de los entornos adecuados para favorecer su desarrollo. Vamos a fomentar la participación infantil y adolescente a todos los niveles, desarrollando espacios socio-educativos, útiles para su formación, crecimiento y desarrollo. Asimismo, impulsaremos el voluntariado infantil y juvenil y el asociacionismo adolescente. Y promoveremos medidas dirigidas a la educación para un consumo responsable.

Éste es, en definitiva, un resumen del contenido de este Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. Creo que es un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país de una manera integrada y trasversal.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta. Me gustaría saber si se están manteniendo contactos con la Casa del Rey para que ésta sea incluida en la Ley de Transparencia. Según un despacho de la Agencia EFE, Zarzuela estaría a favor de esta medida. Me gustaría saber si se ha llegado ya a acuerdos concretos en relación con este punto.

Sobre la imputación de la Infanta doña Cristina, ayer estuvo con S.A.R. el Príncipe y me gustaría saber cómo le vio al Príncipe Felipe en estos momentos difíciles y qué le pareció el discurso del Príncipe, que hoy ha sido muy analizado en los medios de comunicación.

Ya en otro orden de cosas, sobre el caso de los ERE en el último Consejo de Ministros usted le reclamó explicaciones y que ayudara a la Justicia al presidente Griñán. Estos últimos días hemos vuelto a conocer muchos detalles del supuesto escándalo. Me gustaría saber si, en su opinión, se han dado las explicaciones oportunas y si preocupa al Gobierno este caso.

Vicepresidenta.- Su primera pregunta iba referida a la inclusión de la Casa del Rey en la Ley de Transparencias, que es un tema del que hemos hablado mucho desde esta mesa. Si me permiten un poco que haga referencia a los antecedentes, saben que después del Debate sobre el Estado de la Nación hubo un acuerdo entre los Grupos, y en el discurso del presidente del Gobierno, para incluir a otras instituciones y a otras entidades en ese texto. Por parte del presidente del Gobierno se señaló la necesidad, por ejemplo, de que partidos políticos y sindicatos fueran incluidos en la Ley de Transparencia, así como otro tipo de entidades que se financiaban mayoritariamente con fondos públicos.

Como consecuencia de este Debate, se llegó a un acuerdo muy amplio --no tuvo votaciones en contra-- en el Congreso de los Diputados de una propuesta de resolución donde se señalaba que la Ley de Transparencia debería aplicarse a instituciones que se financiaban con fondos públicos.

A raíz de ese mandato del Congreso de los Diputados, como digo, muy amplio, apoyado activamente por muchos Grupos, desde la Vicepresidencia del Gobierno se iniciaron los contactos con la Casa, que manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a esa Ley de Transparencia. Y sí, tengo que confirmarles que llevamos varias semanas, aproximadamente dos meses, trabajando muy activamente con la Casa del Rey para llevar a cabo esa inclusión y ese sometimiento a la Ley de Transparencia, con particularidades, por cuanto no es una Administración Pública.

Como muy bien decía esa propuesta de Resolución, es una institución del Estado, de modo que estamos trabajando para incluirla, de manera similar o con un tratamiento equivalente, al que otras instituciones del Estado van a tener en esa Ley de Transparencia para conocer determinadas circunstancias que afectan al desarrollo de sus tareas. Como es una Ley que está en tramitación parlamentaria, a partir de la semana que viene intensificaremos los contactos con los grupos políticos para informarles del estado de esas conversaciones para poder incluirla en esa redacción.

En segundo lugar, sobre la imputación de la Infanta Cristina, yo no voy a hacer comentarios de procesos judiciales. La opinión del Gobierno ya es conocida y tampoco tenemos costumbre de comentar los discursos ni las opiniones de nadie y muy en particular, en este caso, de la Casa del Rey y del Príncipe Felipe.

Sobre el caso de los ERE, como en cualquier otro supuesto que está sujeto a un procedimiento judicial, desde la mesa del Gobierno lo que pedimos es la máxima colaboración de la Justicia y, desde luego, este Gobierno, como cualquier otro lo haría igual, sigue con interés aquellos aspectos que afectan al destino de fondos públicos, y muy particularmente en éstos que afectan a los del empleo. Pero, desde luego, lo que respetamos son los procedimientos judiciales pendientes y lo que pedimos, como en cualquier otro caso, es que se llegue hasta el final, se esclarezca la verdad y, en su caso, se castigue a los responsables.

P.- Tenía varias preguntas para la vicepresidenta. Quería saber si usted, como el presidente de la CAM, Ignacio González, cree que hay que fijar límites a los medios de comunicación. De paso le quería preguntar, al hilo de esto, si Rajoy tiene intención de ofrecer una amplia rueda de prensa, al estilo de la que concedió el 28 de diciembre, para que le podamos preguntar los periodistas por varios temas de la actualidad nacional, que muchas veces le tenemos que preguntar en ruedas de prensa con mandatarios internacionales.

También le quería preguntar a la Vicepresidenta por qué el Gobierno no nombra nunca al señor Bárcenas. ¿Por qué usted jamás ha nombrado al señor Bárcenas? Y le quería preguntar si han llegado ustedes a un pacto de silencio con él.

Luego, para la ministra de Sanidad, para Ana Mato. No le quería preguntar por la infancia porque, aprovechando que está usted aquí, quería abordar otra cuestión. Me gustaría saber si usted cree que el "caso Gürtel" y el informe de la UDEF le han pasado factura, y si ha pasado por su cabeza, como se ha publicado en algún medio, irse a Bruselas en las próximas elecciones europeas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en relación con los límites, la mejor respuesta que puede dar cualquier Gobierno es la Constitución y las Leyes. Como bien sabe, en este país la Constitución regula, y lo hace ampliamente, porque además veníamos de un régimen que no respetaba esos derechos, la libertad de opinión y el derecho a la información; que, como cualquier otro derecho, no son derechos ilimitados, están sujetos a los límites que la propia Constitución establece. Ésa es la posición del Gobierno: el máximo respeto a los derechos fundamentales, que siempre son, con los límites que la propia Constitución señala, fundamentalmente en garantía de los derechos de los demás.

Sobre el segundo de los puntos, de la agenda del presidente del Gobierno y de sus comparecencias les informaremos oportunamente, cuando se tenga señalada la fecha.

Y sobre el caso del señor Bárcenas, es un supuesto judicializado y, como en el caso anterior de los ERE, por el que me preguntaban antes, este Gobierno respeta los procesos judiciales.

Sra. Mato.- Sobre la cuestión que me plantea, como usted bien sabe, he contestado en reiteradas ocasiones en sede parlamentaria. No tengo nada nuevo que añadir al respecto. Además, como usted conoce, ya ha habido un auto archivando esa cuestión.

En cualquier caso, le tengo que decir que mi responsabilidad al frente del Ministerio hace que siga actuando cada día con más ilusión y con más interés, como en el día de hoy, para presentar el Plan de la Infancia. Creo que es la obligación que tenemos los que estamos en el Gobierno: trabajar por los ciudadanos. Y tengo un campo amplísimo que hacer para garantizar una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, y para seguir avanzando en el bienestar de todos los ciudadanos y en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por unas declaraciones que hizo esta semana el fiscal general del Estado, asegurando que estaba preocupado por la falta de aforamiento del Príncipe. Quería saber si el Gobierno se plantea, ya que va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estuviera la posibilidad de introducir algún tipo de aforamiento para la familia real y, en particular, para el Príncipe.

En segundo lugar, le quería preguntar, después de las fotos del señor Feijóo con el narco Marcial Dorado, si usted cree que debería pedir disculpas públicamente y si cree que esas fotos chocan con la ejemplaridad que, según recoge el Gobierno en la propia Ley de Transparencia, deben tener todos los cargos públicos.

En tercer lugar, es una pregunta no sé si para la ministra Ana Mato o para usted misma. Este fin de semana hay unas manifestaciones pidiendo la reforma de la Ley del Aborto. Quería saber si esta reforma está ya en la mesa del Consejo de Ministros.

Vicepresidenta.- Sobre las declaraciones del fiscal general del Estado, como usted sabe, está en marcha la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo primero que se hizo por parte del Ministerio de Justicia es recabar un informe de los expertos, que se está analizando. Indudablemente, el Ministerio Fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de esas leyes, está sometida a su informe, con lo que estamos abiertos a escuchar su opinión sobre estos temas, que son competenciales, como sobre cualquier otra cuestión, en una ley que es una ley amplia, complicada, y que es una ley que ya tiene, no voy a decir años, sino siglos, de antigüedad en nuestro país, con numerosas reformas, y que es necesario actualizar.

Sobre la siguiente de sus preguntas, en relación con las fotos del presidente de la Xunta de Galicia, a este Gobierno, como siempre, lo que le importan y lo que tiene en cuenta son las decisiones judiciales, y precisamente un juez ha dejado bien claro cuáles son los efectos que a este Gobierno y, en general, a los responsables políticos nos pueden interesar, que es que no tiene ningún tipo de relevancia de naturaleza jurídica en ese proceso.

Sra. Mato.- Sobre la cuestión que usted me pregunta, efectivamente, hay unas manifestaciones. Sabe usted que yo respeto siempre todas las manifestaciones pacíficas que se realizan, como también sabe usted que estamos trabajando en el Ministerio de Justicia en una reforma de esa Ley para ajustarla a lo que dijo el Tribunal Constitucional, y, además, especialmente, para proteger a las menores.

En este Plan se hace un esfuerzo extraordinario, muy importante, para buscar alternativas a la posibilidad del aborto. El aborto para nosotros es un drama en todos los casos y, por tanto, estamos tratando de buscar ayudas a la maternidad, también a las menores que se encuentren en esa situación y medidas para prevenir embarazos no deseados.

P.- Vicepresidenta, tenía dos preguntas. Quería conocer algo más de detalle del tema de la inclusión de la Monarquía en la Ley de Transparencia. ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Va a haber límites? ¿Dónde se va a poner el límite? ¿Se va a poder tener acceso a todos los gastos y a todas las actividades de los miembros de la Casa Real? Ésa era mi primera pregunta.

La segunda, siguiendo con el tema Bárcenas, esta mañana hemos visto en portada de "El Mundo" un artículo de Raúl del Pozo en el que él confirmaba que había visto los papeles, que eran realmente los papeles de Luis Bárcenas, que había sobresueldos en el Partido Popular y que incluso Francisco Correa estaba dispuesto a "tirar de la manta". Mi pregunta es: ¿ha habido sobresueldos? ¿Cree que el Gobierno y el presidente Mariano Rajoy podrían estar siendo sometidos o tendría riesgo de ser sometidos a chantaje por parte de Francisco Correa?

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre los detalles. A lo largo de la tramitación de la Ley de Transparencia hemos señalado algunas cuestiones que pueden arrojar luz sobre este punto. En primer lugar, como decía, la Casa del Rey, al igual que otros órganos constitucionales del Estado, no son administración pública, por lo que deberemos ajustar el propio contenido de la Ley de Transparencia a sus propias circunstancias y a lo que la misma Constitución señala en su Título segundo, que es en lo que estamos muy compelidos todos. Ni más ni menos que ésta es una Ley en desarrollo o en cumplimiento respecto a la Constitución, con lo que se debe ajustar, y mucho, a lo que la propia Constitución señala.

Hay un elemento importante, que es que hay determinadas actuaciones en relación con la Casa del Rey en las que sí participa una administración pública, como puede ser el Gobierno. Sobre este punto, desde luego, la transparencia será la propia de la Administración que tiene esas relaciones con la Casa. Veo algún gesto así y pongo algún ejemplo: se trata, a lo mejor, de determinadas partidas o determinados servicios de la Casa que se prestan por la propia Administración. En ese caso, el régimen será el de la Administración.

En otras cuestiones buscaremos un tratamiento específico similar al que se hace en otros órganos constitucionales del Estado que, al no ser administraciones ni estar sujetas al Derecho Administrativo en todas sus actuaciones, indudablemente no pueden estar sometidos a la Ley de Transparencia; pero buscaremos un tratamiento similar al que se va a llevar a cabo con otros órganos constitucionales del Estado, que será como se especifica en esa Ley.

Sobre esas informaciones, el Gobierno está a los procedimientos judiciales, a las actuaciones judiciales y a las declaraciones judiciales, y es a los jueces a los que les corresponde determinar la veracidad y la realidad de determinadas informaciones. Ahí está el proceso.

P.- Vicepresidenta, el fin de semana pasado las juventudes de Sortu rindieron un homenaje bastante evidente a un terrorista fallecido, recientemente también. Quería saber su valoración y también sobre la manifestación que está prevista para mañana sábado en Bilbao. ¿Cree que debe prohibirse o debe actuarse para que no se celebre?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, como bien conoce, el Ministerio del Interior ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las circunstancias en las que se produjeron determinadas actuaciones para poder llevar a cabo las actuaciones que considere oportunas desde el punto de vista de la aplicación de la legalidad. Y es a esa aplicación de la Ley a la que nos sometemos en el caso de manifestaciones o declaraciones llevadas a cabo por las entidades a las que usted hacía referencia.

P.- Yo tengo tres preguntas para la Vicepresidenta. En primer lugar, quisiera preguntarle en qué modo va a afectar a los Presupuestos la revisión a la baja del cuadro macroeconómico y si esto puede implicar que sean necesarios nuevos ajustes para cumplir con el déficit, aunque este objetivo vaya a ser flexibilizado.

En segundo lugar, quisiera preguntarle si el Gobierno se plantea ceder impuestos a las Comunidades Autónomas en el futuro sistema de financiación, como dijo hace unos días el ministro García Margallo en una entrevista.

En último lugar, quisiera saber si considera que es posible avanzar en las relaciones con la Generalitat cuando se mantienen las posiciones tan alejadas sobre la consulta soberanista, después de la reunión de hace unos días entre el presidente Rajoy el presidente Mas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, indudablemente, esos cambios en el cuadro macro obedecen, entre otros aspectos, a un agravamiento de la recesión como consecuencia del entorno europeo en el que nos movemos. Pero la propia Comisión Europea, y así lo ha trasladado, y distintos miembros del Gobierno han señalado la no necesidad de la realización de nuevos ajustes para este año 2013.

En relación con su segunda y tercera pregunta sobre el modelo de financiación, el procedimiento es muy claro. Sobre los modelos de financiación se ha escrito mucho e, incluso, el propio ministro de Asuntos Exteriores, en otras tareas, escribió al respecto y tiene un gran conocimiento de este asunto; pero el procedimiento es el que es. Está convocado un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece, en el que se tiene que evaluar el modelo actual y establecer las modificaciones que se consideren oportunas; una tarea para la que buscaremos el máximo consenso y sin apriorismos.

Por lo tanto, primero hay que evaluar cómo ha funcionado el modelo actual, qué problemas tiene y, sobre la base de estos problemas, llevar a cabo la redacción y el diseño de un modelo de financiación que sea el mejor posible, porque el modelo de financiación autonómica no es ni más ni menos que el modelo de financiación de alguno de los servicios públicos esenciales que tiene el país.

Sobre la tercera en cuanto a las relaciones con la Generalitat, las relaciones con la Generalitat son de colaboración institucional, como con cualquier otra Comunidad Autónoma, y así lo ha destacado en numerables ocasiones el presidente del Gobierno. Nosotros, en el marco de la Constitución y las Leyes, estamos abiertos al diálogo; pero lo que no se puede pedir a ningún Gobierno es que se salte la Constitución y las Leyes.

P.- A la ministra de Servicios Sociales quería pedirle que nos detallase bastante, o dentro de lo posible, qué medidas de las que ha anunciado tiene previsto poner en marcha en el Plan para los jóvenes, especialmente niños, creo que ha dicho, menores de tres años con discapacidad, para tratar de evaluar y descubrir a una edad temprana y poder poner acciones necesarias lo más pronto posible para evitar que esas discapacidades vayan avanzando o, incluso, puedan frenarse lo antes posible.

A la Vicepresidenta quería preguntarle dos cosas: una, por no sé si manifiesto o declaraciones que ha hecho Juventudes Socialistas pidiendo altamente una apuesta por la Tercera República en España. ¿Qué le parece que las Juventudes del PSOE hagan eso en este momento, con toda la situación que está viviendo la Corona?

Y sobre la Corona, la Infanta y lo que ha anunciado de la Ley de Transparencia, me gustaría que nos explicase un poco por qué el Gobierno lo anuncia hoy, cuando precisamente ayer el presidente del Gobierno dijo que no había absolutamente nada previsto en esa línea.

Sra. Mato.- En el tema del Plan de atención a menores de tres años con graves discapacidades, estamos trabajando en él. Lo sacaremos próximamente. Es una reivindicación histórica, como usted sabe, del sector de la discapacidad, en especial del CERMI, y la Ley de la Dependencia que se aprobó en 2007 ya incluía el mandato de que se estableciera esta cuestión, cosa que no se ha hecho hasta este momento.

Nosotros vamos a trabajar en unas líneas de actuación que serían, primera, desarrollo de un marco normativo nacional; información y sensibilización de la sociedad para su inclusión social y posibilidad de acceso a la información sobre recursos y servicios, importantísimo; prevención, fundamental también, contemplando intervención primaria; coordinación de los sistemas de sanidad, los servicios sociales y también los sistemas educativos; participación de las familias y, especialmente, apoyo a las mismas; prestaciones y servicios para los menores de tres años; calidad de los servicios, mejorar la calidad de los servicios para estos niños; formación de los profesionales y adecuación de las necesidades sociales a los mismos; y, luego, investigación e innovación. Pretendemos también incluir la investigación en todas las cuestiones que puedan afectar para mejorar la calidad de vida de estos niños pequeños.

Vicepresidenta.- Sobre las declaraciones de las Juventudes Socialistas reclamando la Tercera República, el Gobierno respeta el derecho de opinión que tiene cualquiera, siempre que lo haga dentro del marco de la Constitución. No nos corresponde a nosotros pedir explicaciones y, quizá, será el partido en cuestión al que pertenece el que tendrá que explicar, en su caso, a la opinión pública cuál es su posición; si es ésta o es otra diferente. Pero, desde luego, nosotros, mientras la defensa de las ideas se haga en el marco de la Constitución, de la legalidad, nada podemos decir. Luego ya en la cuestión de coherencia política le corresponde a cada uno tener que dar las explicaciones oportunas.

Sobre la Ley de Transparencia, yo oí la rueda de prensa ayer y se le preguntó por la Ley de Transparencia y por otras leyes, de otro contenido. Sobre la Ley de Transparencia, si yo no recuerdo mal, dijo que se está trabajando en línea de la regulación que puedan tener otros Estados europeos y eso es precisamente lo que hemos estado viendo. Hay variedades para todos los gustos sobre esta regulación porque, como digo, al no ser administraciones públicas, el Convenio no establece ninguna obligatoriedad; deja a los Estados el margen para decidir cómo va a ser la aplicación de criterios de transparencia, o no, a sus Casas Reales.

Nosotros lo que hemos hecho es trabajar con la nuestra, y dentro del marco de lo que permiten la Constitución, las leyes y la propia circunstancia de que es una Institución del Estado, como otras que no tienen un concepto general de administración pública, cómo puede aplicarse. Especialidades que, por otro lado, también tendremos que aplicar a otra serie de instituciones que vamos a incluir en la Ley.

P.- Sobre esto último me gustaría que aclarara un poquito más porque, dado que nos ha dicho muchas veces desde esta misma mesa que no se iba a incluir, porque la legislación europea o lo que había en Europa era que no estuvieran incluidas, me gustaría saber hasta dónde se podría incluir en la Ley de Transparencia la Casa Real. ¿Hasta dónde se podría saber de los gastos que hace la Casa Real? ¿Hay algo que estaría vetado a esa transparencia?

Y respecto al sistema de financiación, me gustaría preguntarle dos cosas: una, ¿dentro de esa negociación de un nuevo modelo de financiación cabría, como pide el PP de Cataluña, que incluso amenaza con romper disciplina de voto, un tratamiento singular para Cataluña? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuándo podría estar en vigor el nuevo modelo? Ahora sabemos que hay un grupo para evaluación del anterior, pero el nuevo modelo de financiación ¿cuándo podría estar en vigor?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones y sobre la transparencia, he señalado muchas veces en esta mesa que el Convenio en el que nosotros nos inspiramos para aprobar esta Ley no establece ninguna obligación respecto de las Casas Reales. Las Casas Reales pueden tener su propio régimen o no tener ninguno, como es el caso de algunas monarquías de una gran tradición histórica, que no están sometidas a la Ley.

Entonces, ¿qué tenemos qué hacer? Tenemos que encontrar un sistema, del mismo modo que lo tenemos que hacer para otro tipo de instituciones, que no son Administraciones Públicas, en que se pueda tener conocimiento de algunos asuntos que estén sometidos, de acuerdo con la Constitución, a normas especialmente de Derecho Administrativo. En eso es en lo que estamos trabajando, de modo similar a cómo se aplicará a otras instituciones del Estado, que no son Administraciones Públicas y que, indudablemente, habrá que analizar cada régimen en concreto, teniendo también muy presente que el Título II de la Constitución establece las propias particularidades de funcionamiento de la Casa, que siempre tenemos que respetar.

Sobre la financiación, el procedimiento es el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas o el acuerdo de las Comunidades Autónomas en el seno de ese grupo de trabajo; luego, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, después, su aprobación por las Cortes. Ése es el procedimiento en el que vamos a trabajar, buscando el máximo consenso entre todos. Yo, desde luego, no anticiparía acontecimientos.

Me pregunta cuándo puede estar en vigor. No le puedo dar una fecha, porque depende de cómo se desarrolle el procedimiento; pero, desde luego, inmediatamente se va a constituir ese grupo de trabajo y se tiene la intención de agilizar al máximo esas tareas para poder tener una propuesta que someter a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera en el plazo más breve posible. Pero también dependerá, y mucho, de cómo se desarrollen también esas negociaciones.

P.- Vicepresidenta, yo querría seguir con esto de la Ley de Transparencia, porque es verdad que el presidente del Gobierno ayer, cuando se le preguntó sobre este tema, hizo referencia a las legislaciones o a las normas que existen en el entorno, pero también a la tramitación parlamentaria. Entonces, me gustaría saber si estas negociaciones, que dice usted que se han iniciado hace aproximadamente dos meses, han sido con conocimiento de los Grupos Parlamentarios o al margen de ellos.

También me gustaría saber, en esa negociación, ¿quién está poniendo los límites, el Gobierno o la Casa del Rey? Dicho en otras palabras, ¿la Casa del Rey está ofreciéndose plenamente a poner sus cuentas a disposición de los ciudadanos?

Por último, me gustaría saber también si el Gobierno puede asegurar o explicar si el pago de los abogados que se supone que van a defender a la Infanta Cristina saldrá de la asignación personal que tienen el Rey o la Infanta, o de alguna partida de presupuesto público.

Vicepresidenta.- La partida de los presupuestos públicos para abogados es, fundamentalmente, la del Servicio Jurídico del Estado y los pocos contratos que se hacen fuera, y se aplica a lo que se aplica conforme a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado. En ese sentido, los gastos reservados…, yo de gastos reservados informo en la Comisión de Gastos Reservados, pero están también para lo que marcan las leyes. Desde ese punto, yo no le puedo decir nada más, porque nada sé sobre cómo se va a efectuar ese pago.

Sobre la tarea en este tiempo con la Casa del Rey, desde luego, ha estado, desde el momento en que hubo ese acuerdo con los Grupos Parlamentarios, esa propuesta de Resolución, la plena disposición a llevar a cabo esa inclusión dentro de los márgenes que establecen la Constitución y las Leyes, y con plena colaboración. Se ha trabajado intensamente y esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que, como saben, es el encargado de llevar a cabo estas negociaciones, se va a poner en contacto, empezando por el principal partido de la oposición, para dar cuenta de cómo puede abordarse el asunto o en qué puede trabajarse, y cuál es su opinión, en línea con otras reuniones que se han venido manteniendo, tanto con el Partido Socialista, como con el conjunto de los Grupos.

Este punto fue uno de los aspectos en el que se habló en esa negociación de la propuesta de Resolución y con algunos grupos políticos, que sí estuvieron de acuerdo y sí votaron a favor de esa propuesta, que además tuvo enmiendas similares, expresamente también en ese momento hablamos de que tendría que trabajarse para ver cómo podría hacerse.

P.- Para las dos ministras y para la Vicepresidenta.

A la ministra Pastor. Esta misma semana prácticamente ha dado por hecho que va a haber un rescate de las autopistas de peaje, un rescate masivo, parece, con bastante dinero público. Yo le quería preguntar si va a haber alguna investigación para identificar a algún responsable de este enorme fiasco. Cuando en esta misma sala se rescató a Bankia, le preguntamos al ministro de Economía si iba a haber algún responsable y no dio una respuesta muy clara. ¿Usted va a hacer alguna investigación para saber qué ha pasado, responsables políticos, responsables económicos, de que los españoles vayan a tener que asumir ese coste?

A la ministra Mato le quería preguntar si a usted --ha respondido un poco antes, pero más concretamente-- le preocupa que el deterioro de su imagen pública que detectan todas las encuestas pueda perjudicar su labor en el Ministerio y si, de alguna manera, se siente fuerte políticamente para seguir.

Y a la Vicepresidenta. Sobre este tema que estamos todos preguntando creo que quedan muchas cosas no claras. Me ha parecido entender que ha sido iniciativa suya; es lo que ha planteado en la primera respuesta anterior: que ha sido iniciativa suya. Usted se ha puesto en contacto con la Casa Real; o sea, no ha sido una iniciativa… Es como lo ha planteado; si no es así, me lo responde.

Vicepresidenta.- Se lo aclaro ahora mismo.

P.- Digamos, ¿cree el Gobierno que esto puede servir para apaciguar, de alguna manera, la crisis institucional, la mala imagen de la Monarquía? ¿Cree que esto puede bastar?

Y le pregunto en la línea de lo que planteaban antes, porque resulta que, cuando preguntamos --ahora le preguntaron sobre los abogados; otra vez le preguntaron sobre si la casa que usaba supuestamente la princesa Corinna se había renovado con dinero público--, cada vez que preguntamos sobre algo concreto, usted dice que no puede responder. Entonces, con esa…

Vicepresidenta.- Creo que he respondido, pero no se preocupe que insisto.

P.- No nos puede decir, ha dicho literalmente, y la otra vez, con el tema de la casa, también nos dijo que no nos podía decir porque eran cosas de la Casa Real. ¿Con esta, digamos, novedad de la Ley de Transparencia vamos a poder saber ese tipo de gastos? ¿Cuánto se gasta, cómo se gasta, ese tipo de cuestiones? ¿Ésa es la reforma que están negociando con la Casa Real?

Por último, un detalle sobre el tema catalán. Usted misma aquí nos dijo varias veces que no habría reunión secreta y otras veces nos dijo que nos informarían detalladamente. Hace dos semanas, cuando le preguntamos, al día después de que se hubiera producido la reunión, no respondió, evitó la respuesta. Sobre el tema de que la reunión sea secreta, ¿ha cambiado el Gobierno de opinión? ¿Ha engañado a la prensa hasta ahora y ya pensaba que fuera secreta? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Va a haber más reuniones secretas? ¿Por qué secreta?

Sra. Pastor.- Con respecto a su pregunta de las autopistas, primero de todo, ya sabe que éste es un problema con el que me he encontrado en el Ministerio, unido, por ejemplo, a un déficit importante, a más de tres mil millones de facturas sin pagar y a más de cuarenta mil millones de deuda. Y la ministra, en todo caso, actúa conforme a la Ley y al ordenamiento jurídico de nuestro país.

En el caso de autopistas, efectivamente, en este momento tenemos autopistas que están en una situación financiera muy delicada por dos motivos: uno, porque el tráfico esperado, especialmente con la crisis económica, está cayendo a unos niveles de menos del 25 por 100 y, en el caso de las expropiaciones, se han hecho expropiaciones que han tenido una valoración, frente a la que era la valoración esperada, de más del 250 por 100 de su precio. Por ejemplo, una hectárea en un secarral de Toledo, prácticamente, a un precio que puede ser en cualquiera de las calles principales de la capital de España.

Por lo tanto, el Gobierno de España, frente a esto, lo que tiene que hacer es velar, primero, porque en este sistema concesional, que sabe que es un sistema riesgo y ventura, se cumpla lo que el ordenamiento jurídico dice en todo momento y poder hacer viable el futuro; no poner parches y hacerlo viable. En ese sentido, estamos trabajando con todo el sector para poder hacer posible la viabilidad.

Pero sepa que, en cuanto a responsabilidades, me he encontrado un ministerio donde hay problemas gravísimos, muy graves, y en todos ellos he tenido que ponerme al frente. Cuando entienda que haya responsabilidades, como a las que usted entiendo que se está refiriendo, yo lo que hago es aplicar el ordenamiento jurídico que me permiten la Constitución y las normas de nuestro país. Y así actúo en todo momento.

Por ejemplo, en el caso de la compra de trenes, trantrenes o trenes tranvía, en los que sabe que no hay vías por donde vayan los trenes, lo que he hecho es pedirle al Consejo de Estado, y estoy pendiente de su respuesta, que me diga si se ha producido lesividad para el Estado comprando trenes para los que no había vías por donde fueran los trenes.

Sra. Mato.- Con toda cordialidad y con todo el cariño, no tengo tiempo para preocuparme de mi imagen, porque todos mis pensamientos y todos mis esfuerzos los dedico única y exclusivamente, como he hecho a lo largo de toda mi vida política, a trabajar para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

En el día de hoy he presentado un plan que ha sido un plan que hemos hecho en tiempo record, estaba pendiente desde 2010, y hemos hecho un esfuerzo con todos los Ministerios y todas las Administraciones para proteger a los menores. Creo que eso es lo que quieren los ciudadanos de los políticos responsables y, en ese sentido, estoy satisfecha del Plan que hemos presentado hoy y espero seguir presentando planes en los próximos meses.

Vicepresidenta.- Respecto a las tres preguntas que a mí me ha dirigido, en primer lugar, y sobre la iniciativa para llevar a cabo los cambios de la Ley de Transparencia, yo quiero destacar la absoluta colaboración de la Casa del Rey a raíz de que el Congreso de los Diputados llegara a un acuerdo sobre esa cuestión, que perfectamente han seguido, y tienen la máxima disposición al respecto, siempre en el marco de lo que establece la Constitución y las Leyes.

Éste es un asunto en el que, como se ha sabido hoy, ya llevamos algunas semanas. Es decir, surge precisamente de ese acuerdo parlamentario para intentar trabajar todos de la manera mejor posible, que la Casa vio con muy buenos ojos y que ha participado, como digo, muy activamente.

Sobre el segundo de los puntos, perdóneme, quizá di por hecho que conocía cómo funcionaba la defensa jurídica del Estado y no lo expliqué yo bien; di por hecho que se conocería. La Administración General del Estado no va a pagar los abogados de esa defensa, si le parece a usted esto más claro, ni le va a defender el Servicio Jurídico del Estado.

En tercer lugar, y sobre esa reunión, precisamente lo que me preguntaron aquí, en esta sala, es que el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, había pedido una reunión de carácter discreto y, si a él le parecía oportuno, todo lo que sea bueno para una colaboración institucional, este Gobierno así ha cedido a ello en el marco de una petición que se hizo. Y, como comprenderá, igual que se si fueran reuniones de otro naturaleza, siempre buscando la máxima colaboración institucional.

Muchísimas gracias.