Conferencia de prensa del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidente primero.- Buenos días. Les comento muy brevemente los acuerdos del Consejo de Ministros de esta mañana y luego le pasaré la palabra a la ministra de Sanidad, que nos acompaña hoy aquí, para que les exponga las líneas maestras del Proyecto de Ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de su vida, que es el nombre de lo que habitualmente se conoce como "Ley de Muerte Digna", que hemos examinado a fondo esta mañana en el Consejo de Ministros y cuyas líneas generales ya están decididas y se las vamos a comunicar hoy a ustedes. La Ley tiene algún trámite administrativo pero, en todo caso, a lo largo del mes de junio estará en el Congreso de los Diputados.

Hemos aprobado, como les dije en la rueda de prensa de anoche, un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca. Les vamos a repartir, al final de esta rueda de prensa, un pequeño documento en el que se recogen los distintos extremos de un Real Decreto Ley que tiene la pretensión, como les dije ayer, de salir el paso de una catástrofe que afecta, en primer lugar, a las familias que han perdido a sus seres queridos; después, a muchos ciudadanos que han perdido su vivienda o que la tienen en una situación absolutamente imposible desde el punto de vista de habitarla; y, finalmente, comerciantes y empresarios que han visto su vida profesional profundamente alterada por este terremoto.

A todo ello se dirige un Real Decreto Ley, que, repito, creo que lo más fácil es que le repartamos la nota, que está muy detallada, donde están todas las medidas, quién las financia, etcétera. El Real Decreto Ley, se ha hablado, como les dije, con la Comunidad Autónoma, con el Gobierno de la Comunidad, y también con el Ayuntamiento, con el Alcalde.

Quisiera, finalmente, decirles dos cosas más. Hemos aprobado el envío a las Cortes de dos Proyectos de Ley: uno que modifica la ordenación de los transportes terrestres y otro que modifica o que pone un marco jurídico global a nuestras telecomunicaciones. Sobre ambos Proyectos de Ley los Ministerios correspondientes darán las oportunas ruedas de prensa para explicar los contenidos. Son, esencialmente, transposiciones de Directivas, aunque el segundo establece un marco global para las telecomunicaciones que, dada la importancia que tienen en la vida económica del país, tiene mucha relevancia. Es un Proyecto de Ley muy importante, que saben ustedes que hemos visto dos veces en el Consejo de Ministros; hoy ya con carácter definitivo para su envío al Parlamento.

Se me olvidó comentarles antes, con el tema de Lorca, que hemos, lógicamente, discutido el Real Decreto Ley, aunque estaba ya muy trabajado después de la reunión de ayer. Ha habido alguna incorporación a la información que ayer les di, fruto del trabajo de los Ministerios sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura envió ayer a un director general y a un experto de patrimonio, que han estado mirando el patrimonio cultural de Lorca y sus daños, que son, al igual que en el resto de la ciudad, como dije ayer, cuantiosos. En este caso, además, si tenemos en cuenta la importancia que el patrimonio cultural tiene para la vida de Lorca --es una de sus fuentes de financiación el turismo cultural--, ciertamente eso repercute mucho en la normalización de la ciudad.

La Ministra ha hecho un informe y, de hecho, en el Real Decreto Ley hemos introducido en el propio Consejo de Ministros un epígrafe en el que nos habilitamos para firmar un convenio con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento para tratar de avanzar en una línea específica y rápida en todo lo que es rehabilitación del patrimonio cultural de Lorca, que es mucho y, sobre todo, es enormemente importante para la vida de esa ciudad.

Igualmente, el ministro de Industria nos ha comentado algo que anoche no les pude comentar cuando hablé de las infraestructuras del Estado y les dije que estaban dañadas. Me refería al Parador, que estaba, digamos, en avanzado estado de preparación, estaba casi ultimado. Las obras se han visto afectadas y hay un proceso de trabajo en el Ministerio de Industria, donde están tratando de ver cómo recuperamos el tiempo que, sin duda, nos ha hecho perder este terremoto.

Finalmente, el ministro de Educación ha comentado que se ha puesto en contacto con su homólogo, el consejero, para ver si desde la Administración del Estado se le puede ayudar, en este caso a Lorca, para rehabilitar, si es necesario, los colegios de forma que cuanto antes pueda restablecerse la normalidad escolar en la ciudad.

Éstas son tres cosas que no les había comentado y que forman parte de otras tantas líneas de actuación del Gobierno del Estado en relación con el tema de Lorca.

Un comentario más. Hace, no sé si fue una o dos semanas, alguno de ustedes me preguntó por el crecimiento. Había salido la cifra de crecimiento del Banco de España del primer trimestre de este año, que era 0,2 por 100. En aquel momento les dije una cosa que hoy tiene sentido recordar; les dije: es una previsión del Banco de España, pero las cifras reales, las oficiales, las da el INE y, por tanto, vamos a esperar a que el INE dé su cifra para comentarlo. La ha dado hoy a conocer; es 0,3 por 100 el crecimiento y, si lo resalto, es porque ese 0,3 por 100 de crecimiento de nuestra economía es un poco mejor que el trimestre anterior; pero, sobre todo, es una cifra de crecimiento absolutamente compatible con la previsión que el Gobierno tiene para crecimiento del año 2011, que es del 1,3 por 100. Por tanto, podríamos decir, simplificando mucho, vamos de acuerdo con nuestras previsiones.

Si lo hago, y esto ya se lo he dicho en varias ocasiones en el Consejo, y lo vuelvo a reiterar hoy, es porque es muy importante para la credibilidad de la economía española que las previsiones del Gobierno vayan ajustándose. Así se hizo el año pasado, donde, si me permiten la inmodestia, acertamos todas, y en este año parece que vamos también por el buen camino. No se trata de un prurito de ver quién acierta más o acierta menos, no; se trata de confianza y se trata de credibilidad. El Gobierno da unas cifras de déficit y de crecimiento, y ésta del INE que conocemos hoy del primer trimestre, que es del 0,3 por 100, mejora un poco el crecimiento del 0,2 por 100 en el que estábamos y es perfectamente compatible con la previsión de crecimiento para el año del Gobierno, que es el 1,3 por 100.

Sra. Pajín.- Efectivamente, como decía el Vicepresidente primero, el Gobierno ha sometido hoy a primera lectura en el Consejo de Ministros el llamado Anteproyecto de Ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida, como ya habíamos anunciado en el calendario de diciembre. La hemos sometido hoy a consideración del Consejo de Ministros después de un trabajo riguroso y serio con diferentes expertos y, sobre todo, con diferentes organizaciones médicas y organizaciones de pacientes, que han trabajado de forma activa en la elaboración de este Anteproyecto de Ley.

Si nos situamos en la realidad de nuestro país, veremos, por un lado, que la evolución de la medicina y de los numerosos avances científicos hacen cada vez más frecuente que muchas personas, y con ello, evidentemente, muchas familias, tengan que afrontar situaciones difíciles ligadas a la etapa final de la vida. De hecho, se calcula que aproximadamente la mitad de las personas fallecidas. Estamos hablando de la etapa en la que los pacientes entran, o bien en fase terminal, o bien en fase de agonía, y donde ya los médicos descartan de una forma clara que vaya a haber expectativas de curación.

El Gobierno, como saben, afrontó esta situación hace unos años, dando un primer paso con la aprobación de una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, junto con las Comunidades Autónomas. Esta Estrategia, sin duda --así lo quiero reconocer--, ha mejorado el proceso de atención a muchos pacientes en nuestros servicios sanitarios y ha sido la base de la experiencia del paso que hoy damos.

Hoy el Gobierno quiere dar un paso más y pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y de garantías. Es por eso que hemos decidido abordar la elaboración de una ley que ofrezca más garantías a todos los pacientes y a sus familias, al tiempo que también ofrezca una mayor seguridad jurídica a los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Ésta es, por tanto, una iniciativa demandada desde numerosas organizaciones profesionales sanitarias y demandada también por numerosas organizaciones de pacientes y de usuarios, que nos lo habían hecho llegar de forma reiterada en los últimos tiempos. De hecho, como ya les he dicho, para su elaboración hemos mantenido una amplia ronda de consultas con estas organizaciones.

El Gobierno quiere asegurar con ello una prestación asistencial de calidad y equitativa en la fase terminal de la vida y en las fases de agonía; y vamos, además, a asegurar el ejercicio de estos derechos con el pleno respeto a la voluntad de los pacientes para que esta etapa final de la vida pueda ser afrontada con dignidad, con la mayor calma posible y con el menor sufrimiento.

Quiero además afirmar, una vez más, con toda rotundidad, que esta Ley no despenaliza la eutanasia ni tampoco despenaliza el suicidio asistido. Su única finalidad es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el sufrimiento innecesario y el llamado ensañamiento terapéutico. Pretendemos, en definitiva, mitigar el dolor y acabar con el sufrimiento de las personas que en los últimos días de su vida sufren de una forma clara y evidente.

La norma establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre sus cuidados y sobre el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida. Por ello, el Anteproyecto que hoy hemos visto garantiza una serie de derechos, como son, por ejemplo, el derecho a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor o el derecho al acompañamiento y a la intimidad en esos últimos días de vida.

El ejercicio de todos estos derechos que recoge el Anteproyecto va a ser equitativo en todo el Sistema Nacional de Salud, lo que significa que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país van a tener los mismos derechos vivan donde vivan, y ése era también el paso que había que dar con respecto a la situación actual. Éste es un elemento central: nuevos derechos y derechos para todos y para todas sin excepción.

La norma, además, establece quién recibirá la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente esté en situación de incapacidad de hecho. Esto se realizará siempre a criterio del personal médico responsable del paciente, para lo que recabará la opinión de, al menos, otro profesional implicado directamente en la atención del paciente y la de su entorno familiar, lo que asegura un contraste en la decisión clínica.

Por otra parte, la Ley regula las voluntades anticipadas y así establece, como digo, que toda persona con plena capacidad tiene derecho a manifestar su voluntad en un registro previo que las Comunidades Autónomas tendrán obligatoriamente que comunicar al Registro Nacional y, por tanto, que conoceremos con antelación. Lógicamente, estas voluntades pueden ser modificadas o revocadas y, en todo caso, será la voluntad de la persona manifestada durante este proceso la que prevalezca sobre cualquier otra decisión previa.

La norma, además, establece que los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y sobre el tratamiento asistencial que desea recibir en esos momentos. Por eso, en todo caso, el personal médico deberá consultar, como digo, al Registro Nacional instrucciones previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica del paciente.

Una cuestión especialmente importante, y que quiero resaltar como elemento de seguridad jurídica para los profesionales sanitarios, es que el cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios; algo que venía siendo demandado también por los profesionales sanitarios de nuestro país.

La Ley, además, establece que el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y nos obliga a las Administraciones a garantizar el respeto a la voluntad expresada por el paciente; la información a los ciudadanos y ciudadanas sobre la posibilidad y el procedimiento para otorgar instrucciones previas; el acceso de los profesionales sanitarios a esos registros; la confidencialidad, la seguridad y la integridad de los datos inscritos, y la promoción de iniciativas formativas de calidad para los profesionales en este ámbito, que tendrán acceso a los mejores tratamientos y a los tratamientos más avanzados.

Por último, garantiza también el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, y de los profesionales, a recibir en todo momento información sobre los cuidados paliativos.

Del mismo modo, y con esto acabo, las Administraciones promoveremos la asistencia de comités de ética asistenciales para dar apoyo a las decisiones relativas a la asistencia prestada a las personas en el proceso final de su vida y protegeremos la dignidad de las personas en este proceso, garantizando así el pleno respeto a su voluntad en las decisiones sanitarias que les afecten en este proceso.

En definitiva, ésta es una ley que busca ser una ley de consenso, después de varios debates que ha habido en nuestro país y después de una aprobación con una mayoría clara en la Junta de Andalucía y en las Cortes de Aragón, y debates que está habiendo en este momento en otras Comunidades Autónomas. Es una ley que responde a una demanda de profesionales y pacientes, y una ley que garantiza derechos y, sobre todo, que va a dar tranquilidad a ciudadanos que pueden estar en esta situación, a familiares y también a profesionales en nuestro país.

P.- Vicepresidente, esta mañana, en el Consejo de Ministros, se aprobó la extradición de un ciudadano mexicano, Antonio Paniagua Escandón. Yo quería saber qué valoración tiene al respecto y qué momento atraviesan las relaciones entre España y México en materia de justicia.

Vicepresidente primero.- No conozco el caso exactamente, porque ha venido de manos del ministro de Justicia. Sabe usted que tiene una serie de trámites y con mucho gusto le daremos a conocer todo el expediente.

Lo que sí le puedo decir es que las relaciones con el Ministerio de Justicia mexicano y con la Procuraduría son excelentes. La última vez que estuve con el Subprocurador fue justamente el martes en París y, por tanto, se lo puedo decir con conocimiento de causa, más allá de este expediente de extradición, repito, que no tengo en la cabeza, pero del que con mucho gusto le informaré al final del Consejo.

P.- Mi pregunta es para la ministra Pajín. Quería preguntarle si tienen ustedes una memoria económica o alguna previsión para poner en funcionamiento este Anteproyecto, que será luego Ley.

Sra. Pajín.- Como toda Ley, cuando pase el proceso preceptivo que tiene que pasar, contará con una memoria económica, como contará también con una memoria de impacto de género, como es habitual en el Consejo de Ministros.

A partir de ahí, le diré que algunas de las medidas que requieren de un coste añadido hemos decidido también ir introduciéndolas de forma paulatina, para dejar también a las Comunidades que organicen su servicio a los ciudadanos que tendrán derecho a partir de la entrada en vigor de esta Ley; pero que lo hagan de una forma paulatina y organizándose de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus situaciones.

Le digo que ya hay, por ejemplo, Comunidades Autónomas que contemplan algunas unidades, no sólo especialmente las que tienen Ley, sino alguna más que ha mostrado una voluntad contundente a través de la Estrategia. Y las que quedan lo harán de forma paulatina después de entrada en vigor de esta Ley.

P.- Vicepresidente, tenía dos preguntas del ámbito autonómico. En primer lugar, quería conocer si el Gobierno, a través de la ministra de Economía o del Vicepresidente tercero, ha decidido algún cambio o alguna rectificación sobre unos recursos interpuestos contra algunas Comunidades Autónomas por las reposiciones de profesores de Secundaria, por ejemplo, de Castilla y León, de Cataluña, de Navarra, y no contra otras Comunidades, como Andalucía y Baleares, y si no cree que esta diferenciación puede crear agravios entre Comunidades.

Segunda, ¿con la votación del martes en el Congreso sobre el Fondo de Competitividad el Gobierno ya da por cerrado el tema o cree que queda alguna vía, algún camino, para seguir hablando de él? ¿Teme que esta decisión impida cumplir el objetivo de déficit para este año 2011?

Vicepresidente primero.- Sobre el tema de las oposiciones, hay algunas Comunidades en las que ha habido recursos, hay otras en las que no había planteado el recurso porque tenía el Estado más tiempo y hay, finalmente, un tercer tipo de Comunidades que no se van a recurrir. Hemos llegado a algún acuerdo con alguna Comunidad Autónoma en las que todavía no había planteado el recurso el Estado y estamos en conversación con algunas de las que tenemos recursos planteados para ver si conseguimos llegar a acuerdos sobre las cifras definitivas; teniendo en cuenta que es verdad que la cifra que tiene que respetar la Ley, en todo caso, se puede calcular de distintas maneras. El Gobierno está dispuesto a ser flexible dentro de un marco, que es el del cumplimiento estricto de una ley que es la Ley de Presupuestos.

Ya le puedo decir que, efectivamente, hay, que yo sepa, dos Comunidades con las que estamos en conversaciones y no quiere decir que no haya más. Yo sé de dos, que son Castilla y León y Cataluña, y en ambas hay conversaciones con los responsables de Educación. En Cataluña creo que habrá una reunión no sé si el martes o el miércoles --no le puedo fijar la fecha exacta, pero sé que es a principios de la semana que viene-- y confío en que lleguemos a un acuerdo sobre las plazas.

Respecto al segundo tema, yo creo que es un problema doble el que usted plantea. ¿Déficit? no quiero volver a ser pesado con el tema del déficit, pero, ya que me lo pregunta, es que se va a cumplir. El objetivo de déficit se va a cumplir, eso téngalo usted por seguro. Además, es un compromiso del Estado y de las Comunidades Autónomas; por tanto, estoy convencido de que todo el mundo lo va a cumplir y, al final, el déficit será el previsto al final del año, de acuerdo con lo que tenemos acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las cifras que el Gobierno ha proporcionado a la Unión Europea. Por tanto, ése es un compromiso absolutamente ineludible.

¿Fondo de Competitividad? Hemos tenido varios debates y hemos explicado nuestra posición. Se trata de una previsión legal que vamos a respetar. Luego hay un tema de fondo, que es el tema de la financiación, del dinero: cuánto tengo, cuánto me debes, puedo, llego, no llego… Sobre ese tema siempre hablamos, pero no queremos crear falsas expectativas. El Fondo de Competitividad está regulado en la Ley y hay una regulación que permitió adelantos en 2009 y en 2010, y no los permite en 2011. Por tanto, el Gobierno tiene que respetar sus propias leyes, ¡faltaría más!

Pero sobre el tema del dinero ya sabe usted: todo el mundo quiere más dinero, y es comprensible. También el Estado querría más, pero tenemos lo que tenemos y hay que ser austeros.

P.- Tres preguntas para el Vicepresidente, le prometo que rápidas y sencillas.

Primera, los técnicos del Consorcio ya están haciendo una evaluación de daños en Lorca. Me gustaría saber si hay una estimación algo más concreta, porque se habla en algunos medios de 36 millones de euros. ¿Cuándo estarán a disposición de los afectados ese dinero y las ayudas que hoy aprueba la reunión del Consejo?

La segunda cuestión es en cuanto a la normativa de edificios. El Gobierno se ha mostrado abierto a revisarla y querría saber si hay algo concreto o es sólo una declaración de intenciones de momento.

En tercer lugar, una cuestión de agenda. El convenio que se firmará el próximo martes entre Fomento y la Comunidad Autónoma ¿se hará aquí, en el Ministerio de Fomento, o se trasladará el ministro a la Comunidad de Murcia?

Vicepresidente primero.- Ayer fue el Consorcio a ver cómo estaba la situación en Lorca y, lógicamente, ahora hay que precisar algunas cosas. No podemos hablar de dinero sin tener una base mínimamente sólida y en este momento no la tenemos. Dese usted cuenta que ni siquiera sabemos todavía cuántas casas estaban aseguradas ni cuántos locales comerciales. Por tanto, hay que darnos un poquitito de tiempo antes de hacer una previsión. Si le sirve de algo, repito el adjetivo que utilicé ayer: cuantiosas. Han sido cuantiosas las pérdidas y, por tanto, cuantiosas serán las subvenciones que el Consorcio tenga que dar, en su caso, y el Estado, en el suyo.

Sobre el tema de las ayudas del Consejo, efectivamente estas ayudas tienen una serie de trámites que ayer acordé con el Presidente autonómico que íbamos a acelerar al máximo, el primero de los cuales es un convenio de colaboración entre Comunidad Autónoma y Gobierno; Fomento y algunos Ministerios más seguramente, pero vamos a poner Fomento, que es el más importante.

Le digo el calendario que tenemos previsto en este momento. El lunes viajará a Lorca el subsecretario del Ministerio del Interior, que es el Ministerio que coordina la gran parte de estas ayudas. Pretende el subsecretario, que es Justo Zambrana, tener reuniones con la consejera de Economía del Gobierno autonómico, con el que ha estado hablando estos dos días para preparar el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, y con el alcalde, y poner en marcha todo el operativo administrativo para que estas ayudas se den cuanto antes, mejor, porque nuestra voluntad es ser muy rápidos.

El convenio con el Presidente no sé dónde se firmará; honestamente, no lo sé. Pero, en todo caso, la voluntad del ministro de Fomento y del Presidente es de hacerlo cuanto antes. Ha dicho usted la fecha del martes y me ha dado usted una noticia a mí, lo cual siempre es agradable. Si es el martes, seguro que es que alguien ha dicho que es el martes. Yo no lo sé, pero puede ser el martes perfectamente porque, repito, queremos ir a toda máquina.

Me decía usted "abierto a revisar…". Yo ayer contesté a una pregunta de carácter general a alguien que planteó… Este terremoto tiene unas características singulares; digamos que es un terremoto nivel 5 en la escala Richter y resulta que ha producido unos daños tremendos. Eso nos obliga a revisar y yo dije: "después de un terremoto de esta naturaleza, con nueve personas fallecidas, decenas de miles de personas durmiendo en la calle la primera noche --ayer fueron 2.100, me parece--, lo lógico es que veamos toda la normativa, la que hay de construcción, también la normativa y los protocolos de seguridad. Ningún país serio deja de revisar todo lo que tiene que revisar cuando sucede una desgracia como ésta y nosotros lo vamos a hacer.

Ahora bien, si me pregunta si esta mañana hemos entrado a hacer la revisión, le contesto francamente que no; pero es evidente que tenemos que hacerlo y habrá que ver qué ha pasado. Lo lógico, además, es que ahora los técnicos municipales estudien por qué se han caído algunos edificios y por qué se han caído o se han deteriorado otros. Todo esto va a haber que hacerlo y todo esto nos va a obligar a repensar algunas cosas, sin ninguna duda. El Gobierno está abierto a hacerlo, ¡faltaría más! Creo que le he contestado a todo.

P.- Vicepresidente, para usted, dos preguntas. En primer lugar, la pasada medianoche terminó el plazo legal previsto para una eventual nueva demanda respecto de la candidatura de Bildu y se ha dejado pasar el plazo. Quería preguntarle sobre el razonamiento que ha aplicado el Gobierno a la cuestión para no tomar esa decisión, a pesar de esta polémica que hemos conocido esta semana sobre el etarra excarcelado y su pancarta.

Quería preguntarle también sobre algunos gestos de esa coalición, que ayer suspendió campaña, por ejemplo, y que también dijo que se iba a dirigir a la Junta Electoral para denunciar injurias. No sé si estos gestos, a su juicio, tienen algún valor.

En segundo término, hay una importante sentencia de ayer del Tribunal Supremo, pero quería preguntarle su lectura sobre SITEL y este sistema de control telefónico. Al mismo tiempo, se anularon las grabaciones que se le hicieron al atleta Marta Domínguez. Entonces, quería preguntarle su opinión sobre si cree usted que, a la vista de estos pronunciamientos judiciales, hay suficiente seguridad jurídica sobre las intervenciones telefónicas o si habría que proceder a alguna nueva revisión de la materia.

Vicepresidente primero.- Sobre el primer asunto, creo que ha habido notas de Fiscalía y Abogacía del Estado, a las que me remito. Yo di la opinión del Gobierno el miércoles y me remito a ella. No ha cambiado nada desde entonces a esta parte.

Sobre el segundo tema, gestos de Bildu, ¿qué quiere que le diga? Es mejor que Bildu diga que no hace campaña que que la haga, pero no le doy más valor que eso; no tiene más valor. No me produce ninguna valoración adicional.

Sobre el otro tema, no he leído la sentencia; pero que se destruyan grabaciones una vez que se han utilizado en el sumario correspondiente me parece lo más normal del mundo; si eso es lo que dice la sentencia. Repito, yo no la he leído y, por tanto, me estoy refiriendo a lo que he leído; si me apura, incluso en los titulares de algunos medios, porque no he leído ni siquiera el contenido de la noticia. Ahora bien, si el Tribunal Supremo dice que, una vez que una grabación se utiliza en el correspondiente juicio, el juicio se acaba, los recursos se resuelven y está terminado, se destruya, me parece absolutamente normal. Que no se pueda utilizar una grabación de un juicio en otro me parece completamente normal. Es más, le diré más, es que yo creía que se hacía así, o sea que tan normal me parece que siempre creía que se destruían. En todo caso, no me parece ninguna novedad.

Respecto a que un tribunal, en este caso, se enmiende a sí mismo, porque creo que la instrucción fue el propio tribunal, o sea, que el propio tribunal acepta unas intervenciones telefónicas y luego las saca del sumario porque cree que son irrelevantes, está en la norma que se aplica habitualmente. No me parece tampoco una novedad. Es decir, hay veces que el juez ordena a la Policía una determinada intervención telefónica y, una vez que esa intervención se mira en el marco del sumario, la intervención carece de interés legal, se aparta del sumario y se declara no hecha, digamos, formalmente. Esto está en las normas y se hace todos los días en los Tribunales; por tanto, tampoco me parece una novedad.

P.- Una pregunta para la ministra de Sanidad. Ministra, ha dicho usted que espera que sea una ley de consenso esta Ley de paliativos. Yo quería saber, teniendo en cuenta que el Partido Popular apoyó una ley similar en Andalucía, pero criticó y rechazó una ley similar en Aragón, si tiene usted datos de cuál puede ser la posición, en esta ocasión, del principal partido de la oposición.

Sra. Pajín.- No tengo datos porque, hasta ahora, no se han pronunciado oficialmente. Lo único que he escuchado decir a algunos dirigentes del Partido Popular en alguna ocasión es que ésta no era una ley necesaria y que ellos defendían un Plan Nacional de Cuidados Paliativos; algo sorprendente, porque en España ya hay una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, como les acabo de recordar, que además ha sido revisada recientemente y que están cumpliendo todas las Comunidades Autónomas. Lo que damos hoy es un paso hacia adelante de forma evidente para pasar de un modelo, digamos, asistencialista a un modelo de derechos y de garantías.

Ahí, desde luego, vamos a buscar el mayor consenso posible; pero le corresponde al Partido Popular decidir cuál es su opinión al respecto esta vez.

P.- Sobre este mismo asunto, para la ministra Pajín, deduzco entonces que no han comenzando los contactos parlamentarios con el primer partido de la oposición. Quería preguntarle si han iniciado contactos con otros Grupos y con qué apoyos esperan sacar la Ley adelante, si por la izquierda o por el centro-derecha nacionalista, y si nos puede dar un plazo aproximado de cuándo creen que estará aprobada la Ley.

En segundo lugar, para el Vicepresidente primero, quería preguntarle por un asunto que se discutió ayer en Bruselas, que son los posibles cambios en el espacio Schengen, de libre circulación de personas; por un lado, por el caso danés, pero también por las propuestas que ha presentado la Comisión Europea. Me gustaría saber si el Gobierno español cree que debería hacerse alguna modificación del régimen de fronteras internas y en qué sentido.

Sra. Pajín.- Le diré que no hemos empezado todavía. Hoy hemos hecho la primera lectura del Anteproyecto de Ley y no hemos comenzado esa ronda; pero sí le diré que no es la primera vez que hay un debate en el Parlamento sobre esta materia. Les recuerdo la interpelación de UPN y la consecuente moción, que fue consensuada prácticamente por todos los Grupos Parlamentarios. Por tanto, el esfuerzo del Gobierno será que esta Ley salga con el mayor consenso posible, como hasta ahora se ha visto tanto en la Comisión de Sanidad, como en el Pleno del Congreso.

Le diré también que es difícil de prever cuándo va a estar aprobada. Los plazos los marca el Parlamento pero, como decía el Vicepresidente, nuestro objetivo es enviar esta Ley al Congreso de los Diputados a lo largo del mes de junio y, por tanto, que a partir de ese momento se vea en la Comisión de Sanidad y en los Plenos correspondientes.

Vicepresidente primero.- Respecto al debate de Schengen, el Gobierno ha marcado algunos principios generales, que le voy a reiterar aquí; lo he hecho yo personalmente y la ministra de Asuntos Exteriores, también. Schengen es un régimen de libertad de personas en el marco de la Unión Europea, al que España no está dispuesta a renunciar de ninguna manera. Por tanto, si me pide mi opinión sobre si hay que reformar Schengen, la respuesta es "no" y sobre si hay que restringir la libertad de los europeos, la respuesta es "no". Ésa es nuestra posición muy clara, muy nítida, y debo decir que es una posición mayoritaria en el marco de la Unión; mayoritaria, No vamos a reformar Schengen.

Punto segundo, yo creo que hay que ver el problema de fondo. El problema de fondo que estamos teniendo nace de una situación, que es la de Italia, a raíz de una crisis que tuvo de inmigración ilegal, de una avalancha de inmigrantes ilegales procedentes de Túnez. Sobre ese asunto la posición española es la siguiente: nosotros creemos que Europa no puede por la mañana aplaudir las reformas democráticas en el norte de África y por la tarde olvidarse de las consecuencias de esa reforma; no podemos. Ese ejercicio de hipocresía nos parece intolerable.

Por tanto, si estamos apoyando esas reformas, tendremos que ser consecuentes con las mismas y saber que las consecuencias de esas reformas a veces son hacer un esfuerzo en la política de admisión de refugiados, porque hay gente que viene de esos países y pide asilo o refugio en Europa, porque no puede volver al lugar de donde salió. Europa siempre ha sido una tierra de asilo y de refugio y, por tanto, hay que concedérselo.

Es verdad que esa carga, que lo supone en términos económicos, no la pueden asumir sólo los países del Sur, los que están, digamos, enfrentados a la costa de África; tiene que ser algo que entre todos podamos asumir. Ésa es nuestra posición.

En resumen, si me lo permite de una manera más sintética, lejos de ir hacia menos Europa, nuestra posición es ir hacia más Europa que, si recuerda, es la misma posición que mantuvimos cuando España tuvo una crisis inmigratoria en el año 2006 en las Islas Canarias. Entonces fuimos a Europa a reclamar ayuda de Europa y la obtuvimos. Por tanto, ahora somos partidarios de que Italia tenga ayudas, de que Grecia tenga ayudas y de que Malta tenga ayudas en este marco que le digo. No es razonable decir qué contentos estamos con las revoluciones y los cambios que hay en el norte de África, pero no queremos saber nada de lo que pasa allí, más allá de saludar esos cambios: por la mañana nos felicitamos y por la tarde permitimos que la gente se ahogue en el Mediterráneo. Eso no es posible, a juicio de España, y ése es el marco que tenemos que discutir.

P.- Mis dos preguntas son para usted, Vicepresidente. Por un lado, ha insistido en el cumplimiento de déficit que garantiza el Gobierno a Bruselas pero, teniendo en cuenta la advertencia de hoy de la Comisión, me gustaría saber si el Gobierno está dispuesto a acometer nuevos ajustes o a tomar nuevas medidas si hubiera algún tipo de desviación en esas previsiones.

Por otro lado, me gustaría saber si nos puede hacer una valoración de la reunión de ayer con patronal y sindicatos, y los avances que ha habido en este sentido.

Vicepresidente primero.- Empiezo por el final. La reunión fue bien, fue positiva. De hecho, sacamos una nota a última hora y me remito a la nota. Sobre los contenidos de la reunión, prefiero que sean las partes que están negociando los que lo cuenten.

¿Qué objetivo tenía la reunión? Impulsar una negociación sobre --valga la redundancia-- negociación colectiva y, si su pregunta es ¿salieron de la reunión mejor que entraron cara a un acuerdo?, la respuesta es "sí". Salieron mejor. Yo creo que se aproximaron posiciones, que es un poco la tarea del Gobierno, echar una mano para que esa negociación termine cuanto antes y para que haya un acuerdo, porque no hay mejor cambio del sistema de negociación colectiva que aquél que se acuerde entre las partes, sindicatos y empresarios. A juicio del Gobierno, ésa es una condición sine qua non para que el cambie funcione y sea positivo; me lo han oído ustedes decir en muchas ocasiones.

Respecto al tema de Bruselas, y por eso insistía al principio tanto en nuestras previsiones, nosotros creemos que la economía española va a crecer el 1,3 por 100 este año y el primer trimestre nos dice que vamos por el buen camino. El 0,3 por 100 es compatible con el 1,3 por 100; por tanto, estamos en previsiones.

Es verdad que Bruselas dice que vamos a crecer un poco menos; vamos a ver quién tiene razón. En todo caso, el año pasado la razón la tuvo el Gobierno. Si crecemos lo que el Gobierno cree que vamos a crecer, cumpliremos perfectamente los objetivos de déficit y, por tanto, no hay en la mente ni en la mesa del Gobierno recortes ni reajuste ninguno.

Por cierto, aprovecho para desmentir tajantemente ese bulo que se está corriendo interesadamente en relación con recortes en los salarios de los funcionarios. No hay nada de nada. Es un bulo que tiene intereses. Además, si uno mira el calendario, no hay que ser un genio para saber cuáles son.

P.- Vicepresidente, yo quería preguntarle si el Gobierno ha valorado la última opinión del Fondo Monetario Internacional con respecto a España, que la ha situado económicamente junto a Irlanda, Grecia y Portugal, en lo que sería un pelotón de cola económico. Quería saber si lo ha valorado, ya que ha hecho hincapié en los graves problemas de crecimiento y, sobre todo, en el paro, del que dice que es un caso extremo.

Vicepresidente primero.- Me gustaría que todo el mudo se leyera el informe del Fondo Monetario Internacional a fondo. Ya sé que es muy fácil ver los cuadros que hace y ver dónde se coloca cada cual; pero, claro, si no se mira lo que se dice a fondo, uno puede sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, que no distingue entre Irlanda, Portugal, Grecia y España, y distingue continuamente.

Es verdad que establece una categoría de países, que son aquellos que tenemos un diferencial de más de doscientos, pero España tiene 210 esta mañana y no sé en qué andará Portugal, cuatrocientos y pico; Irlanda, seiscientos; Grecia, mil y pico. Por tanto…

Pero es que, dentro del informe, una y otra vez repite machaconamente el Fondo Monetario que estamos muy separados, que no tenemos problemas como teníamos hace un año, porque hemos hecho la tarea; valora las reformas del Gobierno español y valora nuestra credibilidad en relación con el déficit. Por tanto, cualquiera parecido en este caso con estos tres países, y bien que lo siento, es pura coincidencia, también en el informe del Fondo Monetario Internacional.

P.- Vicepresidente, yo querría insistir en el caso de Marta Domínguez porque, al margen de que sea el mismo Juzgado el que ahora da marcha atrás en una decisión, aunque fueran diferentes jueces, me gustaría saber si, en su opinión, alguien debe asumir responsabilidades por los perjuicios que se le pueda haber ocasionado a esta chica.

También me gustaría conocer su opinión en relación con quiénes sospechan que existía una caza política sobre esta persona.

Vicepresidente primero.- Ya lo he dicho en varias ocasiones y no voy a insistir. Me parece una cosa sencillamente demencial, propia de alguien que tiene una obsesión, pensar que se pone en marcha una operación por parte de la Guardia Civil para perseguir a una atleta como Marta Domínguez, y a muchos otros, por cierto, entre los cuales hay algunos notoriamente simpatizantes con el PSOE. Me parece un disparate, un dislate, más propio de una obsesión que de otra cosa. Y qué le voy a decir si todos sabemos de lo que hablamos.

Respecto a la primera cuestión, es un procedimiento judicial y me remito a él. La Guardia Civil investiga, hay un Juzgado que dirige esa investigación, en este momento se están dirimiendo distintos recursos y es la marcha judicial normal. No tengo nada más que decir. Es un caso más que la Guardia Civil ha llevado de acuerdo con su regla máxima, que es la independencia, la profesionalidad y la dependencia judicial.

Ya sé que soy insistente, pero una y otra vez tengo que recordarlo. Es que la Guardia Civil y la Policía actúan como policía judicial en este tipo de casos y dependen de un juez, que es quien decide todo, todo; y todo es lo que hace, lo que no hace y las fechas en las que se hace. Todo depende de un juez, no del Gobierno, ni del director de la Policía, ni de la Guardia Civil. Eso lo sabe todo el mundo y quien dice esas cosas que usted dice lo sabe mejor que nadie.

Hace poco, en ese orden de cosas, de las obsesiones que le decía, alguien me comentó que se andaba diciendo que habíamos hecho esa operación --"habíamos"… la hicieron la Policía, la Guardia Civil en este caso, y la jueza-- por la huelga de los controladores, ¿recuerda? Creo que la Guardia Civil sacó una nota diciendo que la instrucción de la jueza para hacer la operación se la dio a la Guardia Civil siete días antes de que se supiera que iba a haber una huelga de controladores. Por tanto, difícilmente el Gobierno podía haber ordenado algo que no depende del Gobierno para hacer algo que no sabía que iba a pasar.

Es todo un disparate; pero, ya le digo, forma parte de un juego de obsesiones en el que yo personalmente casi preferiría no entrar, porque pertenece más al terreno de la psicología que de la política.

P.- Yo tenía tres cuestiones rápidas sobre la Ley. La primera era por qué no se ha abordado el tema de la eutanasia en esta Ley y si consideran que la sociedad española no está madura para ese debate.

En segundo lugar, quería saber si contemplan ayudas económicas para las familias de los pacientes terminales o permisos laborales.

En último lugar, ¿no piensan que esta Ley puede enturbiar, de alguna forma, las relaciones con la jerarquía católica, ahora que está organizándose la visita del Papa en el verano y parece que hay buenas relaciones con ellos?

Sra. Pajín.- Empezando por las ayudas económicas, no. Entendemos que esta Ley que no es el marco para hablar de otro tipo de medidas, que, por ejemplo, ha aprobado el Parlamento recientemente con nuestro acuerdo, como son, por ejemplo, el apoyo a las familias que tienen un niño enfermo, fundamentalmente con una enfermedad crónica o especialmente grave, que forma parte de otro ámbito.

Esta Ley regula claramente los derechos fundamentalmente del paciente y fundamentalmente de los profesionales, y por eso no entra en otro tipo de valoraciones; insisto, con independencia de otras medidas que podamos tomar en un momento determinado.

Le diré que, respecto a la Iglesia Católica, vamos a dialogar esta Ley con la Iglesia Católica como lo hemos hecho con otras organizaciones y otros colectivos. La escucharemos con el mismo respeto y será a ellos a quienes les corresponda tomar una posición sobre la misma cuando la lean y la estudien. Al Ministerio de Sanidad le consta que hay personas y organizaciones dentro de la Iglesia Católica que siempre se han mostrado a favor de los cuidados paliativos; pero, insisto, la posición sobre esta Ley es una posición que le corresponde a ella tomarlas. Yo le voy a hablar de la opinión del Gobierno y la opinión del Gobierno sobre esta Ley, y desde luego la mía personal, es que creo que se me ocurren pocas acciones más caritativas o más humanas que mitigar el dolor y el sufrimiento de un ser humano.

Respecto a la eutanasia, nuestro compromiso político era evidente hasta donde llegaba y qué es lo que no iba a regular. Siempre hemos pensado que era absolutamente necesaria una Ley de Cuidados Paliativos, entre otras razones, porque en nuestro país había diferentes normas que no garantizaban la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y, en segundo lugar, porque entendíamos que era el momento, después de una gran Estrategia de Cuidados Paliativos, hacer una ley. Nuestro compromiso siempre ha sido ése y no otro.

P.- Vicepresidente, simplemente quería saber qué ha fallado para que esta noche en Lorca otras seis mil personas hayan tenido que dormir al raso, después de que el Gobierno y usted mismo ayer dijesen que el objetivo principal era ése, que no durmiese nadie a la intemperie durante la segunda noche.

Por otra parte, también quería preguntarle qué valoración hace el Gobierno y qué valoración hace usted como ministro del Interior de la manifestación que mañana va a tener lugar en Madrid en contra de que Bildu se presente a las elecciones. ¿Va a escuchar atentamente el mensaje de las víctimas del terrorismo, porque salen de forma unitaria todas las plataformas, incluida la mayoritaria?

Vicepresidente primero.- Creo que lo dije al principio, aunque seguramente no hice suficiente hincapié. Anoche nosotros pensábamos que iban a dormir en campamentos, no a la intemperie, 3.500 personas; han sido al final 2.100, creo; no 6.000. Tiene usted cuatro mil de más en sus notas. Ha dicho usted seis mil, creo.

P.- Sí.

Vicepresidente primero.- Pues alguien le ha dicho a usted cuatro mil de más; eran 2.100. Sí, durmieron todos en tiendas. Teníamos 3.500 camas preparadas y 1.500 más por si hubieran sido necesarias. Por tanto, ayer hicimos una previsión para 5.000 camas y, al final, había 1.500 preparadas para desplegar, 3.500 desplegadas y, según me ha contado el delegado del Gobierno hace un rato, que me ha pasado la última información, se utilizaron creo que en torno a 2.100 aproximadamente de la UME y de la Guardia Civil. Camas, tiendas, no a la intemperie y no seis mil.

Respecto a la segunda cuestión, ya sabe usted que respeto las manifestaciones. Es el uso de un derecho constitucional y el Gobierno las respeta, ¡faltaría más!

P.- Simplemente quería saber si, a la vista del buen resultado de la reunión de ayer, el Gobierno espera que haya un acuerdo sobre la negociación colectiva esta misma semana, antes de las elecciones.

Vicepresidente primero.- Es una pregunta fantástica para los interlocutores, para la patronal y los sindicatos.

P.- Quería preguntarle si el Gobierno suscribe el argumento de los portavoces de Bildu de que un partido, una acción política, no se ve deslegitimada por quienes sean sus votantes.

Vicepresidente primero.- Sobre este tema opiné el miércoles y no he cambiado mi opinión ni un ápice. Me remito a la declaración que hice.

P.- Para el Vicepresidente, sobre un tema de la campaña electoral. El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha estado utilizando durante la campaña un autobús con matrículas reservadas, propiedad del Ministerio del Interior. Le quería preguntar por esta circunstancia.

Vicepresidente primero.- No contesto nunca cosas de campaña electoral; pero reconozco que me ha llamado tanto la atención la noticia que, incumpliendo alguno de mis principios básicos, he preguntado si efectivamente el autobús llevaba matrícula reservadas y, naturalmente, me han dicho que "no". Claro que no. ¿Cómo vamos a poner matrículas reservadas a un autobús que pone "Tomás Gómez"? ¡Hombre!, vamos a ser… Tenemos que pensar un poquitín las cosas, ¿vale?

Gracias a todos.