Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Ante todo, disculpas por el retraso, pero ha durado el Consejo de Ministros hoy un poquito más de lo que viene siendo habitual en los últimas semanas.

La Constitución Europea, que votamos el domingo, dice en su artículo 2.86 "La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad".

Permítanme presentarles hoy, antes de comenzar, a María de los Ángeles Abadía y Olga Luque. Ambas son traductoras al lenguaje de signos y pertenecen a la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ellas representan hoy a muchos ciudadanos y ciudadanas de España. En nuestro país hay 400.000 personas sordas, con problemas de audición o que conviven con alguna persona afectada. Es una minoría de ciudadanos y ciudadanas importante que tiene los mismos derechos que quienes podemos oír; los mismos derechos sobre el papel, porque la realidad sigue siendo testaruda y los ciudadanos sordos siguen sufriendo la existencia de una barrera que dificulta su comunicación. El Gobierno quiere hoy dar un paso para situarse, junto con otras instituciones que ya han avanzado en la misma dirección, en la vanguardia de los derechos de las personas con deficiencia auditiva.

María de los Ángeles y Olga, y sus compañeros traductores, estarán con nosotros todos los viernes para hacer las cosas más fáciles a nuestros conciudadanos. No es suficiente, desde luego, hay que hacer mucho más; pero sabemos que el Gobierno tiene la obligación de dar ejemplo y la presencia de las traductoras hoy aquí, de María Ángeles y Olga, responde también a esa intención. Muchas gracias a las dos.

He empezado con la Constitución Europea no sólo por ello y lo que significa la decisión que hoy hemos adoptado, sino porque ustedes saben que el domingo España vota. Es un momento histórico. Saben que nuestros socios europeos están muy atentos a lo que vamos a hacer, nos miran con atención y, entonces, la decisión de España no sólo es importante para quienes vivimos aquí, también lo es para el proceso de construcción europea y, por tanto, para nuestros amigos europeos. Los españoles no vamos a decepcionar, estoy absolutamente convencida, a nadie.

Yo quisiera llamar la atención en estas últimas horas, antes de la jornada de reflexión de mañana, a la responsabilidad; la responsabilidad que supone votar "sí", votar "no", votar en blanco o, incluso, la responsabilidad de no votar. Estoy segura de que todo el mundo va a participar con libertad y quería hacer esa llamamiento a la responsabilidad cívica que en momentos importantes siempre han demostrado los españoles y las españolas.

El Gobierno ha debatido hoy ampliamente y ha aprobado un Programa de Buen Gobierno que comprende un conjunto de medidas de todo tipo, que vienen a dar un impulso definitivo a lo que hemos venido denominando el Código de Buen Gobierno del Gobierno, si me permiten la redundancia de la utilización del término. Ese Plan es una especie de programa de actuación y comprende una serie de medidas que van desde modificaciones de normas preexistentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación del régimen de incompatibilidades, a la adopción de otro tipo de normas, no necesariamente con rango de Ley, que, en definitiva, van con el objetivo de poner de manifiesto nuestro compromiso con los ciudadanos, el compromiso de un Gobierno que quiere ser un Gobierno de la proximidad, de la información, de la transparencia en su actuación y de recuperar esa confianza que en algunas ocasiones se ha visto perdida. Éste es un Gobierno que quiere dar ejemplo y estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos.

El Ministro de Administraciones Públicas que aquí me acompaña les va a detallar todo el conjunto de medidas que integran ese programa que hoy hemos aprobado y que va incluso mucho más allá de lo que inicialmente estaba previsto.

Quiero decirles también que hemos iniciado los trámites --es otra decisión del Consejo de Ministros de hoy-- para la ampliación y reforma del edificio que se ubicará en el Centro de Estudios y Documentación sobre la Guerra Civil Española en Salamanca. Como saben, el Gobierno se comprometió a ampliar las instalaciones del Archivo de la Guerra Civil Española dotándolo de nuevos fondos y medios para convertirlo así en el Centro de Estudios y Documentación más completo.

Puesto que el Colegio de San Ambrosio, edificio que alberga actualmente el archivo, es insuficiente para acoger las nuevas instalaciones, se ha seleccionado el Palacio de Orellana para acometer dicha ampliación. Este edificio también se encuentra en el casco histórico de Salamanca y está catalogado como Bien de Interés Cultural. Se trata, a nuestro juicio, del emplazamiento más idóneo para instalación de los nuevos equipos, así como para cumplir las nuevas funciones del Centro de Estudios, ya que está situado en las proximidades del Archivo y de varias sedes universitarias.

Pues bien, el primer paso lo hemos dado hoy al declarar la utilidad pública de la ampliación del Archivo a efectos de la expropiación forzosa del nuevo edificio. El Palacio de Orellana se encuentra en la actualidad en una situación, como ustedes saben, de abandono, y va a ser rehabilitado y equipado convenientemente para acoger el nuevo Centro. Una vez terminadas las obras, constará con 4.000 metros cuadrados disponibles. El nuevo edificio, además, aportará el espacio necesario para albergar nuevos documentos, materiales y equipo humano que, junto a las instalaciones actuales, formarán un centro archivístico y de estudios más completo, más moderno y más útil para estudiar un período tan significativo de nuestra historia.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado las subvenciones acordadas por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para el año 2005. Ha formalizado así el Gobierno tanto los planes y programas, como los criterios de distribución territorial y el importe de los créditos destinados al cumplimiento de programas que hoy son de competencia de las Comunidades Autónomas. El importe a distribuir este año alcanza la cifra de 2.576 millones de euros.

Lo que hemos aprobado hoy tiene un doble contenido: por un lado, hemos formalizado los acuerdos de la Confederación Sectorial de Asuntos Sociales, cuyo importe de planes y programas alcanza la cifra de 221 millones de euros que se van a distribuir en diferentes áreas. Me van a permitir que les enumere algunas de ellas, porque las consideramos de especial importancia desde el punto de vista sobre todo social, porque afecta a prestaciones para necesidades básicas de servicios sociales municipales; proyectos de intervención social e inserción del pueblo gitano; para la erradicación de la pobreza; voluntariado; conciliación entre la vida familiar y laboral; apoyo a familias en situaciones especiales, como pueden ser algunas unidades familiares desfavorecidas o familias en cuyo seno se produce la violencia doméstica; desarrollo de programas para menores infractores; planes para la infancia maltratada; programas para personas mayores y proyectos para personas con discapacidad.

También hemos aprobado los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. El importe a distribuir aquí ha sido de 2.355 millones de euros, que se destinarán también a programas de especial importancia, como son el fomento del empleo; escuelas-taller; casas de oficio y talleres de empleo; formación profesional, ocupacional y continua; modernización de servicios públicos; ayudas a la creación de empleo en cooperativas y sociedades laborales y ayudas previas a la jubilación.

En definitiva, quiero destacar que lo aprobado supone un impulso muy importante para mejorar las condiciones sociales y laborales de todos los españoles, especialmente de aquellos sectores que tienen menos posibilidades y necesitan más apoyo. Es una prioridad de este Gobierno apoyar y poner en marcha políticas sociales y laborales que sirvan para luchar contra el paro, pero también es una prioridad para nosotros que el empleo sea un empleo digno y que las acciones sociales sean un instrumento eficaz y útil para aquellas personas que más lo necesitan.

El Gobierno ha aprobado también la concesión de una línea de donación de hasta veinte millones de dólares al Fondo Multilateral para la Reconstrucción de Iraq. Los fondos servirán como contribución para el proceso de normalización democrática y reconstrucción del país, especialmente en materia social, humanitaria y de desarrollo económico.

Como saben, porque se lo hemos dicho en diversas ocasiones, el Gobierno español está comprometido con el proceso de reconstrucción de Iraq y trabajamos para que la situación se normalice lo antes posible. Hemos apoyado el reciente proceso electoral y estamos estudiando más vías para colaborar de manera activa con el pueblo y con las autoridades iraquíes. Con ayudas como la que hoy hemos aprobado, queremos paliar las necesidades sociales más urgentes, pero también colaborar en el desarrollo económico e institucional de Iraq.

En quinto lugar, hemos aprobado también indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad --recordarán que ya aprobamos un Real Decreto Ley-- y a sus beneficiarios. Son 15,2 millones de euros para 107 personas, de los que 14,2 corresponden a las personas fallecidas en el accidente del Yak-42. Las indemnizaciones se van a financiar mediante un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa.

Quiero también señalarles que hoy el Gobierno ha aprobado la creación de la Sociedad Estatal organizadora de la Exposición Internacional de Zaragoza en el año 2008. La nueva sociedad se llamará Expoagua Zaragoza 2008, S.A. y será la responsable de la gestión, promoción y organización de la Exposición; además, será también la encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de inversión relacionados directamente con el evento, así como de la obtención de terrenos, y financiación y construcción de las instalaciones.

La Sociedad cuenta con capital social inicial de 600.000 euros y está participada en un 70 por 100 por la Administración General del Estado, suscribiendo el restante 30 por 100 la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza por partes iguales. La financiación se completará con aportaciones de las Administraciones Públicas, ingresos propios del evento, operaciones de endeudamiento e ingresos derivados de la disolución de la Sociedad, que tendrá lugar seis meses después de la clausura de la Exposición.

Como hemos manifestado ya en repetidas ocasiones, la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 es un proyecto que cuenta con el máximo apoyo y respaldo del Gobierno. El objetivo fundamental de la Exposición es promover una nueva cultura del agua ligada a la sostenibilidad y servir de foro de encuentro para promover el conocimiento y formular soluciones a este problema que tanto nos afecta a todos. Detrás, por tanto, de un desafío estamos todos los españoles. Nos sentimos orgullosos de haber sido elegidos para organizar esta cita de repercusión internacional. Estoy seguro de que, como hemos demostrado en otras ocasiones y como espero que podamos demostrar si Madrid es elegida sede de los Juegos Olímpicos 2012, que espero que sí, estaremos a la altura para hacer de Zaragoza 2008 también un éxito de todos.

En penúltimo lugar, el Consejo ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas relacionadas con la prestación de servicios portuarios básicos y se amplía el plazo para la transformación de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico.

Como saben, la entrada en vigor de la Ley del Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de interés general, de noviembre de 2003, ha impedido el acceso de nuevos prestadores de servicio a los puertos de interés general, de acuerdo con la nueva regulación que esta Ley establecía. Esta circunstancia, con el nuevo vencimiento del plazo previsto para la transformación de las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico, ha determinado la extraordinaria y urgente necesidad de proveer un régimen transitorio de prestación de servicios básicos que permita a los empresarios que así lo deseen acceder a esta prestación en las mismas condiciones en que lo están haciendo los actuales prestatarios. De otra forma se producirían algunas consecuencias no deseables de tipo negativo económico. Por lo tanto, garantizamos la continuación de la actividad económica.

A continuación, y ya para no alargarme en exceso, les comento brevemente otros asuntos aprobados en el Consejo de Ministros de hoy. Hemos aprobado varios procedimientos de extradición, de traslado de personas condenadas, entre los que destacan tres supuestos de terrorismo; los tienen en la Referencia por si son de su interés. También hemos aprobado ayudas para la renovación de tractores, un "Plan Renove", pues, como ustedes saben, nuestro parque supera las 800.000 unidades, muchas de las cuales se encuentren envejecidas y obsoletas. Era y es, por tanto, necesaria la renovación progresiva de los vehículos más antiguos por otros más avanzados, entre otras cosas, por razones hasta de seguridad.

Por último, hemos dado luz verde a una serie de medidas muy importantes también sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, lo que supone la introducción y ampliación de derechos, como el derecho a la seguridad en el trabajo, de un colectivo como el de la Guardia Civil, que necesita tener especificidades propias en función de la naturaleza del servicio y la función que desarrollan.

Sr. Sevilla.- La verdad es que hoy es para mí, y espero que lo comprendan, un día muy especial, estoy muy contento. Creo que, respecto a lo que tuve ocasión de exponerles aquí el 10 de diciembre como el Informe que traje al Consejo de Ministros para elaborar un Código de Buen Gobierno, hoy estoy mucho más satisfecho, porque creo que ha salido algo mucho más importante y de más largo alcance de lo que inicialmente habíamos estado trabajando.

El Gobierno hoy se ha querido mojar, en el buen sentido del término, con los ciudadanos, dejando evidente su voluntad de que el buen gobierno sea una práctica comprometida y continuada de la acción de este Gobierno. No estamos tratando, por tanto, simplemente de un conjunto de medidas, sino de un programa de actuaciones; no estamos tratando, por tanto, de una norma, sino de un conjunto de normas que van a ir viniendo en lo sucesivo. Creo que, por eso, el Consejo hoy --supongo que no desvelo ningún secreto de las deliberaciones-- ha tardado más de lo habitual, porque el nivel de compromiso de todos los Ministros con este programa ha sido intenso y profundo, incluso del propio Presidente del Gobierno.

En resumen, hemos aprobado hoy un Proyecto de Ley que regula el conflicto de intereses y los requisitos previos para el nombramiento de titulares de determinados órganos.

Permítanme que les explique brevemente, aunque tuve ocasión de hacerlo ya el 10 de diciembre, que este Gobierno quiere que, previo al nombramiento de responsables de órganos supervisores y de control, el Parlamento tenga la posibilidad de escucharles, de reunirse las comisiones correspondientes y de someterles a la comparecencia previa. El catálogo de personal va desde el Presidente del Consejo de Estado, hasta el de la Agencia EFE, hasta el de Radiotelevisión, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; todo el conjunto de órganos reguladores y de supervisión del Gobierno. Evidentemente, esta norma se aplicará en la medida en la que el propio Parlamento en su reglamento interno establezca también cómo quiere hacerlo y con qué procedimiento quiere hacerlo.

Esto es un refuerzo del papel del Parlamento y un refuerzo a la opinión del Parlamento sobre actuaciones del Ejecutivo que no existía antes y que existe ahora, y que el Gobierno considera que forma parte de este Plan o Programa de Buen Gobierno.

También hemos mejorado el régimen de incompatibilidades: el conflicto de intereses, en jerga especializada; el régimen de incompatibilidades, como normalmente lo conocemos. La verdad es que España tenia un régimen de incompatibilidades razonablemente aceptable, pero que no se cumplía porque no estaba previsto ningún elemento disuasorio para los casos de incumplimiento. Este Gobierno quiere fortalecer, no sólo el régimen de incompatibilidades en cuanto a hacerlo más extensivo a más altos cargos, clarificando mejor lo que significan algunos de los conceptos jurídicos que se establecían en la Ley de Incompatibilidades, sino sobre todo quiere que se cumpla.

Por tanto, anuncia en esta reforma del régimen de incompatibilidades aquellas sanciones que podrá acarrear el incumplimiento del régimen de incompatibilidades, sanciones que van desde la imposibilidad de volver a ser nombrado alto cargo; la obligatoriedad de devolver la pensión, en caso de que tuviera la pensión; hasta para la empresa que contrate a un ex alto cargo vulnerando, de manera clara y siendo conocedora de ello, la Ley de Incompatibilidades, la inhabilitación para contratar con el Estado, con el sector público estatal. Creemos que, si para contratar con el Estado hay que estar al día y en regla con Hacienda y con la Seguridad Social, es también razonable que se esté también al día con otras leyes, como la Ley de Incompatibilidades.

El Gobierno ha aprobado también un Acuerdo de Consejo de Ministros donde figura todo lo que hemos estado llamado el Código de Buen Gobierno en sentido estricto, los principios éticos y de conducta que queremos que rijan las actuaciones de los altos cargos en el desempeño de su función. Por tanto, el compromiso político del Gobierno es bastante explícito en este caso y, a partir de ahora, algunas de estas normas requerirán un desarrollo reglamentario, el que sea. Algunas serán un Real Decreto, otras serán una Ley, otras serán simplemente una Orden Ministerial, otras serán simplemente un Acuerdo del Consejo de Ministros.

La verdad es que el abanico de principios es tan amplio, tan ambicioso y tan absolutamente al día de las últimas prácticas que se están exigiendo desde la OCDE a casi todos los países, que creemos que es mucho más adecuado asumirlo como compromiso político del Gobierno, como autoexigencia, autoimposición que hace el Gobierno a sí mismo y a los altos cargos; pero dándole el tratamiento reglamentario, el tratamiento procedimental adecuado a cada uno de los casos, porque todo el mundo entenderá que no tiene que tener la misma regulación la supresión de los tratamientos tradicionales en el seno de la Administración que el principio de actuar con austeridad en el uso de los recursos públicos. Son conceptos distintos que tienen tratamientos instrumentales distintos. El compromiso político es el mismo y así queda reflejado en el Acuerdo del Consejo de Ministros.

Pero es que, además, el Gobierno hoy ha encargado al Ministerio de Economía y Hacienda que presente una propuesta para que los altos cargos que en este momento representan al Estado, representan al Patrimonio del Estado, en los Consejos de Administración de múltiples empresas dejen de percibir dietas por la asistencia a estos Consejos de Administración. Quiero decir sobre este punto que ésta es una práctica antigua en la Administración española, que ésta es una práctica que ha existido con todos los Gobiernos, incluido el Gobierno del Partido Popular, y que el Gobierno del Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, le va a poner fin cuando el Ministerio de Economía y Hacienda nos presente un plan en ese sentido.

Por tanto, estamos anunciando también un compromiso de futuro para continuar aplicando el Código de Buen Gobierno y convirtiéndolo en una práctica habitual y no simplemente en un titular o en una norma de vida más o menos corta.

También hay compromisos concretos para ir desarrollando con el carácter reglamentario correspondiente, en algunos casos leyes, en otros seguramente decretos, lo que la propia Constitución Europea garantiza a los ciudadanos en cuanto a derechos de información, derecho de acceso al conocimiento de sus expedientes en los casos de las Administraciones Públicas, capacidad o exigencia de transparencia por parte de los altos cargos, que van a ir viniendo sucesivamente en próximos Consejos de Ministros.

Por tanto, creo que el Gobierno hoy ha hecho un plan, ha elaborado un programa, un compromiso con la ciudadanía, un compromiso de autoexigencia del buen gobierno que, sin lugar a dudas, nos coloca en este momento a la vanguardia de cualquier país de la OCDE, que es uno de los organismos internacionales que con más fuerza está insistiendo en la conveniencia de recurrir a este tipo de códigos de buen gobierno; y con algunos de los compromisos que ya conocían: la publicación del patrimonio, la supresión de los tratamientos, reglamentados cada uno a su nivel, cada uno en su ámbito normativo correspondiente. Además, figuran los anuncios de que vamos a seguir trayendo al Consejo de Ministros normas que permitan garantizar que el buen gobierno es algo más que una práctica y pasa a ser una práctica habitual del Gobierno socialista de España.

P.- Al Ministro de Administraciones Públicas yo le quería hacer varias preguntas concretas sobre el Plan que se ha aprobado. Primero, quería saber por qué el Gobierno finalmente, en lugar de aprobar sólo un Proyecto de Ley, como estaba previsto, donde estuvieran todas las medidas, ha desglosado esto en una ley, en un compromiso político y en actuaciones futuras. Quería saber las razones, si nos las podría explicar.

En segundo lugar, quería saber algunas de las medidas concretas que se anunciaron en qué capítulo entran, si en el de la Ley o en el del compromiso y el Código; por ejemplo, la publicación de los patrimonios ¿va a estar ya en el Proyecto de Ley o lo del "fondo ciego" de gestión de los bienes mobiliarios de los altos cargos?

Sr. Sevilla.- Respecto a las últimas preguntas, sí. Tanto lo del patrimonio como lo del "fondo ciego" forma parte de lo que entendemos que es la regulación del conflicto de intereses y, por tanto, va en el Proyecto de Ley.

Respecto a lo primero, porque, por un lado, hemos querido ser más ambiciosos de lo que hasta ahora habíamos pensado, comprometiéndonos a esas acciones futuras. No queríamos hoy dar la sensación de que con la aprobación de un Proyecto de Ley se acababa el Código de Buen Gobierno o se acababan las actuaciones a favor del buen gobierno por parte del Gobierno. Por tanto, hemos querido darle este carácter dinámico, este carácter de continuación, al conjunto de actuaciones.

En segundo lugar, porque --no le oculto que éste ha sido un problema que hemos tenido casi desde el principio-- el conjunto de compromisos éticos y de actuación a los que se comprometen los altos cargos con el llamado, en sentido estricto, Código de Buen Gobierno, admite regulaciones distintas de las legales y plantea algunos problemas su regulación por Ley. No es estrictamente necesario que una ley regule los tratamientos, basta un decreto; no es razonable que por Ley --las leyes es algo muy serio, las leyes son recurribles y con las leyes se puede ir a un Juzgado a presentar una denuncia-- se regulen lo que son comportamientos éticos y comportamientos de conducta, que son compromisos políticos que comprometen a este Gobierno.

A mí personalmente me gustaría que en el momento, que espero que tarde muchísimos años, que a este Gobierno le sustituya un Gobierno de partido distinto se siga comprometiendo con este Código de Buen Gobierno. Desde luego, los que nos han precedido no lo han hecho.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. Ha hablado del futuro traslado, o sea, la instalación del nuevo Archivo, digamos, en la misma Salamanca, pero con un traslado de sede. Me gustaría saber si ese traslado va a acarrear también un retraso del traslado a Cataluña de los "papeles" de la Generalitat; si son procesos distintos. Me gustaría que quedase claro. ¿Qué plazo tiene ese traslado a Cataluña?

Un par de preguntas para el Ministro. Sobre la futura supresión de las dietas para los altos cargos que participan en Consejos de Administración, ¿nos lo podría aclarar un poco, porque hasta ahora esto se había utilizado como una suerte de emolumento añadido, una gratificación, un incentivo, para que gente procedente del sector privado participara en la Administración? Me gustaría saber si esto va a acarrear el mantenimiento de estos altos cargos en esos puestos de Consejos de Administración y cómo se va a garantizar su existencia, habida cuenta de la pérdida de este incentivo, por decirlo así.

En segundo lugar, en los últimos días el Presidente Zapatero ha mostrado su convicción de que la negociación estatutaria abierta en Cataluña llegará a buen puerto y ayer mismo dijo que el Estatuto se aprobará a la primera. Me gustaría saber si usted mismo o su Departamento cree, tal vez, se pudieron precipitar cuando adelantaron el pliego de condiciones que debía reunir el Estatuto para ser aprobado y convalidado en las Cortes. Básicamente, ésta es la pregunta.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo que hemos hecho hoy de declarar de utilidad pública el nuevo edificio, no es que vaya a ver un traslado a este nuevo edificio; éste es un edificio para ampliar, de ampliación. Por tanto, se ha iniciado el proceso para que en ese edificio se alberguen instalaciones de ampliación, y por eso se ha buscado que esté cerca de las anteriores instalaciones, y que sea un edificio "ad hoc" por su emplazamiento y por su lugar.

Esto no tiene nada que ver con el tema de la devolución de los "papeles" a la Generalitat, que es un tema que se va a abordar, como ya saben ustedes muy bien, a través de una norma que se está estudiando por el Ministerio de Cultura y que en breve propondremos. Son dos procesos, digamos, paralelos, que afectan a todo pero, en definitiva, lo que hoy hemos hecho es declarar la utilidad pública de la ampliación del Archivo para que pueda tener más espacio y pueda albergar nuevos documentos y nuevos instrumentos, de acuerdo con el objetivo y el compromiso que hemos adquirido con Salamanca.

Sr. Sevilla.- La verdad es que el tema de lo de las dietas de los Consejos yo creo que hay que abordarlo tal como es: el Estado tiene empresas, el Estado participa accionarialmente en empresas y están sometidas todas a la Ley que exige que haya Consejos de Administración y que haya representantes de los intereses del Estado en esos Consejos de Administración.

Yo quiero decir que, a diferencia de cómo funcionan las sociedades anónimas tradicionales, lo que cobran los representantes del capital público en estas sociedades son dietas de asistencia, no cobran ningún otro tipo de emolumentos. Lo que nosotros estamos planteando es sustituir este sistema por un sistema que, sin merma de la representación de los intereses públicos en estas sociedades públicas, renuncien a la percepción de estas dietas de asistencia y esos emolumentos se compensen con su sueldo, con sus complementos específicos, con sus productividades; es decir, introduzcamos transparencia en lo que están cobrando y en lo que cobran los altos cargos.

Por tanto, creo que no va a producirse ninguna merma en cuanto a la defensa de los intereses del Estado en las empresas en las que participe o en las que sea el principal accionista; no va a producirse merma en cuanto a que algunas de estas participaciones en esas empresas tienen que ver con las actuaciones que como altos cargos a veces se tiene, y va a introducir mucha mayor transparencia en cuanto a lo que cobran o dejan de cobrar los altos cargos de la Administración. Por tanto, creo que ésa es una buena medida que va exactamente a reforzar la idea del buen gobierno y que, insisto, será la primera vez en la historia de España que se haga. Ningún Gobierno anterior, incluido el último, lo hizo; siguió teniendo Consejos de Administración por los que se cobraban dietas.

Respecto a la otra pregunta, yo no he puesto, ni personalmente, ni como Ministro, ni como miembro del Gobierno, ningún pliego de condiciones a nada y mucho menos a la reforma estatutaria de Cataluña. Yo tuve la ocasión y tuve la fortuna de estar en Barcelona la semana pasada y tener una entrevista con el President y un acto público. Lo que dije en público es público y, por tanto, no tengo porque desdecirme de ello.

Lo que sí creo es que es importante que digamos lo que siempre hemos dicho: desde Cataluña se está proponiendo un programa modernizador para Cataluña y para España que, en gran parte, coincide con la propuesta modernizadora que de España tiene el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, hay un interés extremo por parte del Gobierno de España de que las reformas estatutarias y el conjunto de reformas que desde Cataluña se están proponiendo salgan bien y sean un éxito; pero no sólo por Cataluña, sino por el conjunto de España. Yo creo que a toda España nos interesa y nos conviene que las cosas en Cataluña vayan bien y que las reformas políticas y estatutarias de Cataluña sean un éxito, por Cataluña y por el conjunto de España.

P.- Para el Ministro de Administraciones Públicas. Ayer Esquerra Republicana anunció que va a pedir directamente los datos para elaborar ellos las famosas balanzas fiscales. Quisiera saber cuál es la posición del Gobierno en todo este asunto y si podemos dar por definitivamente zanjado que por parte del Gobierno no se van a hacer, pero sí se va a permitir que se recaben estos datos.

Sr. Sevilla.- Aquí estamos mezclando varias cosas y eso conviene siempre hacerlo con prudencia: estamos mezclando lo que es un debate político, legítimo, con lo que son debates o visiones técnicas que son siempre un poco más complicadas.

Yo dije en Barcelona, y repito aquí, que el estudio de la balanza fiscal que se ha hecho por parte del Gobierno de la Generalitat es un estudio de primera, fantástico, sin ninguna objeción. Pero seamos todos conscientes de que, si se hubiera encargado a otras personas, a lo mejor hubiera podido dar un resultado distinto porque el cálculo de una balanza fiscal, sobre todo cuando se quiere hacer a partir de un sistema fiscal que no está pensado para que se hagan balanzas territoriales, tiene elementos de discusión, tiene elementos en los que no son absolutamente indiscutibles los resultados.

Pero lo que a mí más me interesa del debate son las declaraciones, que suscribo íntegras, del Conseller de Economía, Antoni Castells, que del debate, de la polémica o de la discusión sobre las balanzas fiscales no es bueno sacar conclusiones sobre el modelo de financiación autonómica.

Yo creo que Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas necesitan más financiación de la que tienen; yo creo que Cataluña y el resto de Comunidades Autónomas necesitan más autonomía financiera que la que tienen, sean cuales sean sus balanzas fiscales. Ésa es la posición del Gobierno.

P.- ¿Y van a dar por buena esta especie de balanza fiscal..?

Sr. Revilla.- Yo creo que tendremos que ver como hay una balanza fiscal que presentan unos, como puede haber otras balanzas fiscales que presentan otros y como, insisto una vez más, el concepto es, en términos técnicos --yo soy economista y un poquito sé de eso--, discutible; si hay una partida concreta que se cuenta en el debe, en el haber, si sí o si no. La elaboración de cálculos territoriales cuando estamos hablando de impuestos que no están pensados para los territorios también es discutible. No digo que sea ni correcto ni incorrecto; digo que es discutible.

Sobre todo, lo que yo creo es que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que creo que la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica para mejorar la suficiencia y la autonomía de las Comunidades Autónomas existe, es reconocida por este Gobierno, lo ha sido desde el Debate de Investidura, lo ha sido desde la oposición, diría más, desde la legislatura pasada cuando estábamos en la oposición; y todo eso sea cual sea el resultado final de una operación académica, como es la balanza fiscal.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta. Por un lado, quería saber si ya hay nombrado un responsable para la sociedad Expo de Zaragoza y si se sabe cuál es su nombre.

Por otro lado, quería preguntarle sobre unas declaraciones que acaba de hacer el Secretario General del Partido Popular, el señor Acebes, que de alguna manera venía a desmentir lo que ha dicho el Presidente del Gobierno esta misma mañana sobre su entrevista discreta con el Presidente del PP, Mariano Rajoy. Según el señor Acebes, en esa entrevista discreta no se habló de ETA ni del terrorismo.

Vicepresidente.- En cuanto a lo primero, no se ha producido todavía el nombramiento. Hoy lo que hemos hecho ha sido adoptar el acuerdo de crear la Sociedad Estatal. El nombramiento es de la propia Sociedad Estatal, el Consejo de Administración lo nombra.

En cuanto lo segundo, usted ya sabe que yo desde esta mesa no polemizo con el Secretario General del Partido Popular, con las declaraciones del señor Acebes. Por lo tanto, no voy a hacer comentario alguno sobre lo que él ha dicho.

P.- Al señor Ministro de Administraciones Públicas le quería preguntar si tiene previsto hablar o reunirse, o si lo ha hecho, con miembros del Govern o del PSC para deshacer los malentendidos acerca de la reforma del Estatut.

Sr. Sevilla.- Debo ser muy torpe, pero yo no tengo conciencia de que haya habido ningún malentendido. Yo creo que cada uno tiene muy claras las posiciones en las que estamos y cada uno tiene muy claro que, desde luego, en lo que se refiere al Gobierno de España, tenemos como mínimo el mismo interés que el que más interés tenga en Cataluña de que la reforma del Estatut salga bien, pronto y a la primera, como dijo el Presidente del Gobierno. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que las cosas más claras no pueden estar.

En segundo lugar, yo, evidentemente, he tenido, tengo y espero seguir teniendo contactos con mucha gente, algunos discretos y otros no tan discretos --lo de discretos era una broma--, del Gobierno de Cataluña y de distintos partidos políticos de Cataluña. Algunos son absolutamente conocidos, públicos y creo que forman parte de mis obligaciones.

Si me pregunta usted alguna reunión concreta, no, no tengo ninguna concreta en este momento, que yo recuerde al menos ahora.

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta si el Consejo de Ministros ha abordado esa declaración de un grupo de editores según la cual la política de medios de este Gobierno es confusa y favorece a algunas empresas, y si en aras de la transparencia en la que estamos del buen gobierno, nos podía informar sobre cuál sería el trámite a seguir para autorizar la descodificación completa de Canal +, si ya está en marcha eso y si, en todo caso, cómo se tendría que hacer esa decisión del Gobierno: ¿sería una decisión de Consejo de Ministros, simplemente, sería en todo caso paralela a la aprobación de la Ley de Televisión Digital Terrestre o se podría hacer antes? ¿Cuál sería el calendario de todo ello?

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, le diré que el Consejo de Ministros no ha abordado esa declaración a la que usted se refiere. El Consejo de Ministros aprobó ese Proyecto de Ley hace unas semanas, lo remitió al Parlamento porque cree en la bondad de ese Proyecto de Ley que busca el pluralismo y la libre competencia, y es un Proyecto de Ley pensado en los ciudadanos.

En cuanto a lo que usted me plantea, primero, hoy no existe ninguna petición; ya lo dije ayer. No hay ninguna petición. Que yo sepa, hoy no hay ninguna solicitud por parte de Canal + para que se proceda a emitir en abierto. Si la hay, la estudiaremos. ¿Y por qué no? Si cumple todos los requisitos y no hay ningún tipo de problema, la posición del Gobierno es que haya más posibilidades de que los ciudadanos puedan acceder a otras cadenas de televisión y en abierto.

Si eso se puede dar... No le puedo decir el plazo. El trámite es un trámite que está regulado en la Ley, que la solicitud se efectúa por la cadena interesada en este caso creo que es ante el Ministerio de Industria, y se solicitará informes, supongo, del Servicio Jurídico del Estado, del Servicio de Defensa de la Competencia y luego se tomará la decisión correspondiente.

Como no sé si se va a pedir o no se va a pedir, ni cuándo se va a pedir, no le puedo hacer a usted, y ya lo lamento, ningún calendario porque no estamos hablando... Estamos hablando de algo que hipotéticamente puede ocurrir y que si ocurre, cuando ocurra, en aras a la transparencia, tenga usted, usted y todos los ciudadanos, la absoluta tranquilidad de que las decisiones que, en esta materia como en todas, vaya a adoptar el Gobierno las va a adoptar con absoluta transparencia.

P.- ¿Puede ser de manera simultánea con la nueva Ley?

Vicepresidenta.- Dependerá de cuándo se produzca. La Ley tiene una tramitación parlamentaria, que en estos momentos está ya fijada porque está en el Parlamento, y tiene unos plazos que se pueden más o menos cuantificar y saber, si no hay ningún tipo de percance parlamentario, si sigue por la vía ordinaria, cuándo más o menos puede estar culminada su tramitación.

Respecto de lo demás, no puedo hacerle previsiones porque hoy todavía no tenemos datos concretos; pero, le repito, va a depender todo de si hay peticiones o si no las hay. Lo que sí vuelvo a repetirle es que el Gobierno va a actuar, como lo ha hecho hasta ahora, con absoluta transparencia y, por supuesto, facilitándoles a ustedes toda la información que se vaya generando.

P.- Una breve pregunta al Ministro de Administraciones Públicas. ¿A cuántos altos cargos afectaría esta supresión de dietas por asistencia a los Consejos? ¿Tienen la cifra? También, ¿qué cifra de dinero sería, aproximadamente?

Sr. Sevilla.- En cuanto al número de altos cargos, desde luego, los mismos que había con el Gobierno anterior. Yo calculo que en torno a unos 250. Y lo que ya no soy capaz es de establecer la cuantía.

P.- Vicepresidenta, la semana pasada parecía que se iban a aprobar los permisos de prospecciones a Repsol-YPF frente a las costas de Fuenteventura. Parece que no se han aprobado tampoco en este Consejo. Me gustaría saber cuál es el motivo de este retraso y si quizás lo que está sucediendo es que ustedes quieren, quizás, llevar a cabo una delimitación de fronteras marítimas con Marruecos antes de llevar a cabo esos permisos.

Vicepresidenta.- No, en absoluto. Me parece que la semana pasada me abordó usted con este tema personalmente y ya le dije que no, que el tema se seguía estudiando, lo mismo que se sigue estudiando. No ha ido al Consejo de Ministros hoy porque está pendiente de algún informe y, por tanto, pendiente de llevarse cuando proceda. No hay una fecha determinada, pero en absoluto tiene que ver con lo que usted acaba de plantearme de delimitación de aguas territoriales.

Es un tema de garantías; es decir, se trata de que nos comprometimos en su día el Presidente del Gobierno y yo misma, ante los ciudadanos y ciudadanas, en concreto de Lanzarote y de Fuenteventura, de la zona, a que la decisión que en su día se fuera a adoptar fuese una decisión que estuviese adoptada con todo tipo de garantías, en el sentido de su necesidad para poder adoptarla y al mismo tiempo minimizando, digamos, si es que hay alguna repercusión de tipo medioambiental.

Ésas son las razones. No hay nada especial.

Muchas gracias.