Rueda de Prensa

Sr. Zaplana.- Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el período 2004-2012, que estima un ahorro de energía para los citados años de casi 13.000 millones de euros. Para detallarles esta información contamos con la presencia del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, así como para dar cuenta de las enmiendas que se incorporarán a la Ley de Acompañamiento en cumplimiento de los compromisos que había asumido el Gobierno una vez que la ciudad de Valencia ha sido elegida sede de la Copa de América.

El Consejo de Ministros también ha analizado un informe del Ministro de Justicia en relación con modificaciones legales para penalizar la utilización de fondos públicos en la financiación de partidos políticos que hayan sido declarados ilegales y para la convocatoria ilegal de consultas populares.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de cuatro contratos de obras en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa por un total que supera los 122,5 millones de euros. También en el apartado de infraestructuras se ha autorizado el contrato de obras en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Comunidad Valenciana referente a los accesos de Alicante; el presupuesto de estas obras supera los 38 millones de euros.

Se ha aprobado la inclusión de los miembros del Cuerpo único de Notarios en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social. Esta integración, que se producirá a partir del primero de enero del próximo año, 2004, afecta tanto a los miembros en activo de dicho cuerpo, como a los pensionistas de Mutualidad Notarial y de Corredores de Comercio que sean titulares de pensiones que se correspondan con las otorgadas en la acción protectora del Régimen de la Seguridad Social citado.

Se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio entre la Administración General de Estado y la Generalidad Valenciana para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Valencia durante el período 2003-2006, con un volumen de inversión que supera los 181 millones de euros.

Se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por un importe superior a los 158 millones de euros. 8,5 millones de esta cantidad se destinan a abonar las subvenciones de gastos generales de los partidos políticos en las elecciones del pasado 25 de mayo y se destinan los casi 150 millones restantes al pago de indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004. Éste cuenta con un presupuesto de 210 millones de euros, lo que representa un incremento del 9 por 100 con respecto al ejercicio anterior. El Plan pretende cubrir los daños producidos por las altas temperaturas y los incendios forestales sufridos este año y, entre otros aspectos, incluye el desarrollo de la compensación de gastos para la retirada de animales muertos.

Se ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se permite la concesión de un suplemento de crédito de cincuenta millones de euros para cubrir el pago de becas y ayudas a los estudiantes de distintos niveles educativos correspondientes a la convocatoria 2003-2004.

Se ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Junta de Andalucía que regula la investigación en esa Comunidad con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro. Igualmente, se ha acordado no estimar fundado un requerimiento de incompetencia planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto que regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

El Consejo ha aprobado la creación de Misiones diplomáticas permanentes de España en las Repúblicas de Estonia, Letonia, Lituania y Malta y en el Sultanato de Omán.

Se ha acordado solicitar a las autoridades de Francia la extradición activa de la miembro de los Grapo Rosario Llobregat Moreno por delito de estragos terroristas.

En el capítulo de nombramientos, dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se nombra Subsecretario del Departamento a José Luis Cádiz Deleito; Secretaria General Técnica, a Rosa Rodríguez Pascual; y Director General de Programación, Personal y Servicios, a Gregorio Moreno López. Dentro del Ministerio de Economía se nombra Directora del Gabinete del Vicepresidente Primero y Ministro de Economía a Beatriz Viana Miguel.

En cuanto a la agenda de actividad del Presidente del Gobierno, el próximo lunes, a las 11,15, presidirá, en Ferrol, la ceremonia de entrega a la Armada de la fragata "Almirante Juan de Borbón" y, a partir de las 15,50 horas, presidirá la colocación de la primera traviesa de dos subtramos el Eje Atlántico Ferroviario de Alta Velocidad en los Ayuntamientos de Tordoia y Teo; a las 19 horas participará en la reunión que celebrará el Real Patronato de la ciudad de Santiago de Compostela, en el Ayuntamiento de dicha ciudad, que será presidida por S.M. el Rey.

El martes, día 2, a las 18 horas, asistirá a la presentación de los Cuadernos de Pensamiento Político, en un acto organizado por la Fundación FAES, en Madrid, y posteriormente viajará a Cádiz. El miércoles, día 3, visitará el Ayuntamiento de Cádiz y asistirá a un acto conmemorativo del XXV Aniversario de la Constitución en el Auditorio San Felipe Neri; y, a las 14 horas, visitará el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, para asistir luego a un almuerzo organizado por el Partido Popular de Jerez.

El jueves, día 4, viajará a París para asistir a un almuerzo de Primeros Ministros del Partido Popular Europeo. Y el viernes, día 5, a las 9,30, presidirá la reunión, como es habitual, del Consejo de Ministros.

Vicepresidente.- En primer lugar y con referencia al éxito de Valencia en conseguir ser la sede de la Copa de América en el año 2007, el Consejo de Ministros, que ya había conocido una serie de informes sobre esta cuestión, ha conocido hoy el que se refiere a las medidas que, como consecuencia de esa adjudicación o de esa elección de Valencia como sede de la Copa de América, se derivan desde el punto de vista de la actuación del Gobierno de España y de la Administración General del Estado.

En cualquier caso, sí me gustaría brevemente subrayar que estamos ante la competición náutica más antigua, desde 1851, probablemente la competición deportiva organizada más antigua; que tiene efectos, tanto económicos como desde el punto de vista de impacto internacional, muy equivalentes y comparables a los de otros eventos, como pueden ser las Olimpiadas. Estamos hablando de, aproximadamente, 10.000 empleos de duración temporal de un año; de una cifra de impacto de unos 1.300 millones de euros; estamos hablando de aproximadamente 550.000 pernoctaciones y de unos 3.000 millones de espectadores a través de las diversas televisiones que se prevé que podrán estar interesadas en retransmitir el evento y las sucesivas regatas que se irán produciendo hasta la final de 2007.

Como ustedes recuerdan, hemos firmado, en primer lugar, un acuerdo entre el Estado, la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia el 1 de octubre de 2003; posteriormente, el Consejo de Ministro tomós un Acuerdo, del que paso ahora a informar, cuyo objetivo era reforzar la apuesta del Gobierno para la candidatura de Valencia. El contenido era la previsión de actuaciones estudiadas en un grupo de trabajo interministerial, en el que participaron los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Fomento e Interior, y también la aprobación de los Estatutos del Consorcio.

La implementación de este Acuerdo se hace precisamente con las enmiendas que se planteen por parte del Grupo Popular, que conocerán los Grupos Parlamentarios a lo largo de este fin de semana, que pasaré a detallar y que son, principalmente, las siguientes: por un lado, la declaración de la Copa de América como acontecimiento de excepcional interés público para la aplicación de los beneficios del artículo 27 de la Ley de Mercenazgo; en segundo lugar, la articulación de un marco fiscal específico para la entidad organizadora y los equipos participantes, y, en tercer lugar, el establecimiento de las medidas arancelarias precisas para facilitar la celebración de la competición.

Muy someramente les diré que las primeras, las que se refieren a las deducciones fiscales, se mueven en el entorno del 15 por 100 para los gastos e inversiones realizadas en el programa de apoyo, y entre el 30 y el 40 por 100 para las aportaciones de empresarios individuales y societarios, residentes y no residentes, por donaciones relacionadas con el evento; así como bonificaciones del 95 por 100 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre el Impuesto de Actividades Económicas o los impuestos y tasas locales.

También se otorgan a la entidad organizadora los beneficios de la Ley del Mercenazgo, la exención de las rentas obtenidas en España, y, en cuanto a las personas que presten servicios en dichas entidades que se desplacen a España, estarán exentas de las rentas que obtengan quienes no adquieran la condición de residentes en España y una reducción considerable para los que sí adquieran esa condición.

Sobre el régimen aduanero y tributario de las mercancías que se importen como consecuencia de la celebración del acontecimiento, a las mismas se les aplicará el régimen suspensivo de importación temporal y, además, habrá medidas de apoyo en la agilización del procedimiento de recuperación de las cuotas soportadas del IVA.

En otro orden de cosas, habrá medidas de apoyo en cuestiones relacionadas con la inmigración, con el uso del dominio público radioeléctrico y la asignación de frecuencias, y también con la Seguridad Social, en la que se exonera de cuotas respecto a los trabajadores contratados para la celebración de la Copa de América.

Tengo que decir que este tipo de medidas son habituales en este tipo de eventos y, con las diferencias de legislación de su momento, son similares e incluso menores que las que tomamos, por parte del Gobierno español, en otros momentos de eventos similares, como en el año 1992, en las que el Gobierno, además, tuvo que tomar medidas financieras como emisión de deuda, emisiones de obligaciones y bonos, emisión de sobretasas en sellos y sorteos de Lotería. Por suerte, en estos momentos el Tesoro no necesita hacer este tipo de apelaciones.

Además de ello, como ustedes saben, hay una serie de inversiones públicas importantes en el entorno de los 367 millones de euros, lo cual incluye las obras del Puerto de Valencia, además de mejoras considerables en la pista del Aeropuerto, y todas las obras de circunvalación de la ciudad, que se aceleran y que estaban previstas, además de las obras específicas de salida al mar desde el Puerto de Valencia, a lo que hay que sumar noventa millones de euros de canon que reciben los organizadores como parte del acuerdo.

Creo que, en ese sentido, a los retornos que obtendrá la ciudad de Valencia, además de los retornos desde el punto de vista económico como consecuencia de la explotación posterior de todas estas facilidades que van a quedar al servicio del Puerto de Valencia, los retornos que se produzcan como consecuencia de la participación de entidades privadas y los retornos que se produzcan también desde el punto de vista de la economía de Valencia, también hay que sumar la importancia que va a tener este evento desde el punto de vista de la imagen de España y, en concreto, de la costa mediterránea española y de la ciudad de Valencia. Aparte de que el resultado de todo ello será que Valencia se convertirá, probablemente, el mejor puerto del Mediterráneo para barcos de competición y para barcos privados.

Ésta es una cuestión. Paso, si a ustedes les parece, al segundo tema que ha sido objeto de mi informe hoy al Consejo de Ministros, que es la finalización de un proceso que lleva un año, aproximadamente, en marcha, que es el Plan de Eficiencia Energética, que pretende, junto con los otros instrumentos de política energética del Gobierno, es decir, la planificación de redes, la metodología de tarifas y la liberalización de mercados, asegurar el suministro energético español a precios razonables para los consumidores y las empresas, y además en condiciones de seguridad que no supongan ningún estrangulamiento para nuestro crecimiento ni tampoco ninguna pérdida de calidad de vida para nuestros ciudadanos, además de contribuir, como es natural, a la mejora medioambiental con energías más eficientes y más limpias.

En ese sentido, ha habido otros informes míos, presentados también después al Parlamento, como es el Documento de Planificación, el Documento de Energías Renovables, la metodología de tarifas y en este momento el Documento de Eficiencia Energética.

Este documento, en concreto, como he dicho, lleva un año de trabajo por parte del Ministerio en contacto con los sectores económicos y sociales, tanto de consumidores como de empresas. Pretende afectar a áreas de nuestro consumo energético que en estos momentos el Gobierno considera que deben ser corregidas, como es, por un lado, recuperar un nivel de autoabastecimiento más acorde con los niveles europeos, desde el punto de vista de la energía que consumimos, y reducir en un plazo, de aquí a 2012, la intensidad energética, es decir, la relación entre el crecimiento económico y utilización de energía, con una reducción del 8 por 100 en el conjunto del período. Con ello vamos a compatibilizar el consumo de energía con, a su vez, la utilización de un bien que es escaso; reducir la factura energética de la economía española y también de los usuarios, y la modernización de nuestro tejido tecnológico.

Como he dicho, hemos trabajado tanto dentro del Gobierno, con grupos interministeriales, y también, a través del Instituto de Desarrollo Energético, con sectores industriales, sectores de transformación de energía, sectores del transporte, de la edificación, del sector residencial, sectores de la agricultura, y también hemos realizado impactos socioeconómicos y medioambientales.

El método de trabajo de este Documento presenta un escenario sin eficiencia energética o, mejor dicho, sin aplicar el programa, y después cuáles son las correcciones que sobre ese escenario se producen como consecuencia de la aplicación del Plan de Eficiencia Energética.

Las hipótesis son un crecimiento de la economía española en el entorno del 3 por 100 y unos consumos energéticos como los que se están manifestando en estos momentos. Una vez que se establece cuál podría ser la evolución del consumo energético español en ese plazo, se aplican los instrumentos que tiene el Plan, es decir, instrumentos económicos, normativos, de información y promoción, de investigación y desarrollo, y acuerdos voluntarios, para a través de ellos producir unos determinados ahorros.

Los ahorros en el período que contempla el Plan, es decir, hasta 2012, están, como ya ha dicho el Ministro Portavoz, en el entorno de los 13.000 millones de euros. Esto es el equivalente a un año de gasto de petróleo de la economía española; por lo tanto, el Plan pretende que de aquí a 2012 la economía española ahorre, a través de una mayor eficiencia energética, lo que hoy se gasta en un año de consumo de petróleo. A partir de ahí, por lo tanto, a partir del año 2012, el ahorro será anualmente del equivalente a un 25 por 100 de la factura anual de petróleo de hoy, es decir, en el entorno de los 2.800 millones de euros.

Este Plan tiene un coste, indudablemente; un coste que a lo largo de este periodo, hasta el año 2012, ciframos en 26.100 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 24.100, corresponden a la iniciativa privada y 2.000, a ayudas públicas.

La intensidad energética, es decir, la relación entre crecimiento y energía, se modificará substancialmente. Si no hubiera Plan de Eficiencia Energética, nuestra tendencia sería completamente contraria a la de la Unión Europea. Con las medidas que proponemos nuestra relación entre crecimiento y energía se moderará y se acercará a lo que está sucediendo en estos momentos en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene un grado de desarrollo superior al nuestro y, por lo tanto, ha asumido ya una evolución energética distinta de la nuestra.

En cualquier caso, y para ir finalizando, en los sectores más importantes de consumo tenemos establecidos los objetivos de ahorro en toneladas equivalentes de petróleo --ésa es la fórmula utilizada-- y los sectores energéticos, en términos absolutos, que van a tener los mayores ahorros serán, como no podía ser de otra manera, el primero, el sector energético y, el segundo, el sector de transporte. En términos relativos, el de servicios públicos y el sector energético serán los más ahorradores.

Por último, las Administraciones Públicas tendrán un apoyo de unos 2.000 millones de euros, que se compara con el Plan anterior que sólo movilizaba 600 millones de euros en un período de tiempo muy parecido. Y a lo largo del periodo habrá una recuperación muy considerable de la inversión por parte del sector privado, puesto que, como he dicho, vamos a tener unos ahorros equivalentes a 13.000 millones de euros en el total del periodo, lo cual vendría a financiar aproximadamente la mitad de lo que el sector privado tiene que aportar y la otra parte sería absorbida o financiada por los ahorros que se producen a partir del año 2013.

Éste es, por lo tanto, un elemento muy importante de nuestra estrategia energética, que permite a la economía española, no sólo contar en estos momentos con uno de los sectores más liberalizados y con una evolución de inversión, y también de costes, más competitivos de Europa, sino también con un horizonte, por un lado, de planificación de consumo energético, que ya conoce la sociedad española y que hicimos público el año pasado, y con un horizonte de estrategia de ahorro energético que permitirá a los responsables energéticos españoles contar con instrumentos muy claros en la dirección de la política energética.

Sr. Michavila.- Esta mañana el Consejo de Ministros ha analizado y aprobado un Informe en relación con la eficacia de nuestro Estado de Derecho para garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos por igual. El Informe supone un análisis de la evolución reciente de nuestro Estado de Derecho, supone también la posibilidad de nuevas iniciativas para seguir marcando la dirección en la que el Gobierno viene trabajando en esta legislatura.

Como saben ustedes, nuestro compromiso es, desde la Ley, desde el Estado de Derecho, impulsar las iniciativas que permitan garantizar la eficacia del Estado de Derecho; la lucha activa de la democracia sólo con la Ley, pero con toda la Ley, contra el terrorismo; la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, y, finalmente, el que las leyes se cumplen por todos y por igual.

En este sentido, las medidas que se van a impulsar se referirán a tres ejes: en primer lugar, garantizar que un partido político o grupo parlamentario ilegalizado por ser un instrumento del terrorismo no puede recibir fondos o bienes públicos de manera impune; en segundo lugar, garantizar que el sistema democrático se respeta y que el principio de expresión de la soberanía popular se respeta a través de los procesos electorales o de los referenda precisamente en los términos previstos en la Constitución y en nuestro Estado de Derecho; y, en tercer lugar, articular mecanismos que hagan efectivos los derechos de las víctimas del terrorismo que reconoce la reciente Ley de cumplimiento íntegro de las condenas para los terroristas.

Estos tres ejes de iniciativas vienen precedidos de un análisis. El análisis es que la reciente apuesta del conjunto de nuestra democracia, de los partidos políticos, para, desde la Ley, actuar contra el terrorismo está siendo el camino más eficaz para luchar contra el terrorismo. En ese sentido, la apuesta por una Ley de Partidos Políticos, una Ley para el cumplimiento de las condenas de los terroristas, una Ley para establecer criterios homogéneos en la aplicación de las condenas de los terroristas o la Ley como la Euroorden, que hace que los terroristas no puedan delinquir en España y sustraerse de la Justicia en Francia, son apuestas que están dando buenos resultados. Es decir, nuestra democracia demuestra que el Estado de Derecho tiene instrumentos para con la Ley hacer frente a los desafíos que puede tener el Estado de Derecho.

En ese sentido, he presentado un Informe al Consejo de Ministros sobre la evolución que ha supuesto la ilegalización de Batasuna, el golpe extraordinario que nuestra democracia ha dado a ETA y al entorno terrorista privándole de un instrumento como era un partido político a su servicio.

Son 780 millones de euros anuales los que el entorno del terrorismo recibía y dejó de recibir el 25 de mayo como consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo del 3 de mayo y, posteriormente, del Tribunal Constitucional. El entorno del terrorismo ha dejado de manejar presupuestos multimillonarios en euros, como era en Ondárroa, con mayoría absoluta, 11.500.000 euros; en Elorrio, 7 millones de euros; en Llodio, 18 millones de euros; en Mondragón, 21 millones de euros; en Hernani, 17 millones de euros; en Tolosa, 18 millones de euros; en Andoaín, 15 millones, o en Pasajes, 18 millones.

Éstos son presupuestos que estaban organizados, coordinados y destinados a una actividad en la que hoy ETA no tiene voz ni tiene capacidad de decisión. Hoy la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, sin duda, nos hace más libres a todos los ciudadanos y, singularmente, a los ciudadanos que vivían bajo la opresión de ETA y del terrorismo en los rincones del País Vasco.

De ahí que queramos seguir impulsando el que esta Ley se aplique y por eso vamos a proponer, y va a proponerlo el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, una reforma del Código Penal dentro de los delitos contra la Constitución. Dentro del Título XXI de nuestro Código Penal en los delitos contra la Constitución y dentro, singularmente, de su Capítulo III, donde se prevén los delitos contra las instituciones del Estado y contra la división de poderes, se considerará como delito el que una autoridad pública usurpe funciones que la Constitución no le otorga y, en consecuencia, provoque una vulneración del principio de soberanía popular convocando ilegalmente unas elecciones o convocando inconstitucionalmente, ilegalmente, contra las reglas de la democracia, una consulta popular, un referéndum.

Se establece también que la financiación con fondos públicos a un partido político en aplicación de la Ley de Partidos Políticos sea un delito. En este momento el destinar fondos públicos, el destinar bienes públicos, a un partido político o grupo parlamentario ilegalizado por el Tribunal Supremo no constituye un delito; sí que puede ser un delito, como así apunta la Fiscalía, el desobedecer al Tribunal Supremo, pero no es un delito seguir financiando con fondos y bienes públicos a un partido político o a un Grupo Parlamentario.

En ese sentido, para dar plenitud a la propia Ley de Partidos Políticos, se establecería un nuevo artículo, el 576 bis, que prevé precisamente la sanción penal de quien utiliza el dinero de todos los ciudadanos, el dinero de los impuestos de la gente, los bienes de los ciudadanos, para incumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

En tercer lugar, el próximo día 11 de diciembre se aprobará, previsiblemente, en el Congreso la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial da una oportunidad de reestructurar la Administración de Justicia y, en ese sentido, vamos a impulsar un plan de refuerzo de la Audiencia Nacional. Dentro de ese plan de refuerzo de la Audiencia Nacional el primer objetivo será dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de cumplimiento íntegro de las condenas por parte de los terroristas. Esa Ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de julio, prevé que las víctimas del terrorismo tengan participación, sean oídas y sean informadas en el proceso de ejecución de las condenas a los terroristas, y prevé igualmente que un terrorista no pueda abandonar la cárcel sin antes indemnizar a las víctimas de los daños en los que haya incurrido.

En consecuencia, de lo que se trata es, con el nuevo carácter de la estructura de la Oficina Judicial que permite a partir del 11 de diciembre la Ley Orgánica del Poder Judicial, de establecer en la Audiencia Nacional una oficina de atención a las víctimas de los delitos de terrorismo que, en primer lugar, informe a las víctimas de la detención de terroristas presuntamente autores de los daños sufridos por esas víctimas; en segundo lugar, les informe de los procesos penales, les asista y atienda en el desarrollo de esas vistas en la Audiencia Nacional y, en tercer lugar, les informe y oriente en el proceso de ejecución de las condenas de los terroristas.

Junto a eso, el plan de refuerzo de la Audiencia Nacional supondrá, atendiendo a un informe del Consejo General del Poder Judicial, reforzar las Secciones Penales de la Audiencia Nacional, ampliando en un magistrado las Secciones de lo Penal; aumentar en un 25 por 100 la planta de fiscales de la Audiencia Nacional; dotar de una Oficina Judicial a la Audiencia Nacional que permite la nueva Ley, dando nuevos medios, personal especializado y cualificado, y nuevos instrumentos de nuevas tecnologías, todo ello a fin de agilizar, tanto los procesos por razón de terrorismo, como el conjunto de procesos que se ven en la Audiencia Nacional y como, finalmente, atender de la mejor manera posible a las víctimas por delitos de terrorismo.

Éste es el conjunto de reformas y de iniciativas que suponen el Informe que esta mañana ha analizado y aprobado el Consejo de Ministros.

P.- Yo tengo dos preguntas, una para usted como Ministro de Trabajo y otra para usted en cuanto a Portavoz, y también para el señor Michavila como Ministro de Justicia.

Esta mañana ya ha habido reacciones al tema de la aprobación ayer de la reforma en el tema de la Seguridad Social. En Cataluña el Conseller en Cap en funciones ha dicho que él lo considera lamentable; pero en Andalucía la Junta de Gobierno ha llegado a más y ya ha promulgado tres decretos en los que sigue adelante con algo que se pretendía regular a través de la Ley aprobada ayer en el Consejo de Ministros

La segunda pregunta, sobre las reacciones a las críticas por parte del PNV sobre la admisión a trámite del recurso para frenar el Plan Ibarretxe, es para usted, en cuanto Portavoz. Y al señor Ministro le añado el matiz de que habla de la reforma del Código Penal. A mí se me viene a la memoria, evidentemente, el Plan Ibarretxe, que parece que querían que lo tuvieran previsto finalizar para el mes de junio y la reforma del Código Penal implica unos plazos. Me gustaría que hablara un poco de eso.

Sr. Michavila.- Me pregunta el calendario de reforma del Código Penal. La idea que tiene el Grupo Parlamentario en el Senado, y así lo hemos venido hablando estos días, es introducir una reforma en la Ley Orgánica que modifica la demarcación y planta judicial. Esa reforma se tramita en el Senado y, en consecuencia, sería una enmienda en el Senado en ese trámite. Razonablemente, esa Ley estará aprobada en este mes de diciembre, el día 18 o el 23 de diciembre, en la última sesión del mes de diciembre.

Sr. Zaplana.- Por el orden en que usted las ha planteado, yo creo que esta respuesta que surgió ayer, y que ha surgido de forma más concreta hoy desde el punto de vista de las decisiones o las manifestaciones de algunos representantes de Gobiernos autónomos, es la respuesta --yo, por lo menos, lo entiendo así-- a la subida de pensiones que anuncié el pasado martes. Es una respuesta que por algún sitio preveíamos que se iba a producir, porque reside ahí también un poco la impotencia de la comparación de lo que han hecho en materia del sistema público de pensiones los Gobiernos del Presidente Aznar y del Partido Popular y lo que habían hecho los Gobiernos de izquierdas en nuestro país.

Ésa es la verdad. La verdad es que nosotros hemos sido capaces de sanear un sistema; un sistema --no les gusta que se recuerde pero, cuando sacan el debate, no hay más remedio que recordarlo-- que es un sistema que, queriendo ser yo muy benévolo esta mañana, atravesaba serias dificultades --para que no digan que hacemos utilización electoral--, que está saneado, en el que hemos subido permanentemente todas las pensiones, y especialmente las pensiones más bajas; y que encima tiene una viabilidad de futuro, con una Ley de Fondo de Reserva que en estos momentos tiene una dotación ya de 10.000 millones de euros.

Ese cuerpo entero de decisiones y de resultados precisa muchas veces, desde el punto de vista político, una contestación y es lo que se produce habitualmente y con cierta frecuencia. Lo que nosotros hemos hecho ha sido responder a los acuerdos sociales a los que habíamos llegado. En el Acuerdo de 2001 con Comisiones Obreras y con los representantes de los empresarios se llegó a una serie de acuerdos que se han cumplido, cosa que antes tampoco era muy habitual, producto de esos acuerdos y del cumplimiento de esos acuerdos podemos ofertar y realizar una subida de pensiones muy, muy, considerable.

Las críticas son no diré yo que ridículas del todo, pero se acercan al ridículo. Primero, ¿en qué tiempo lo hace usted? Lo hacemos todos los años por las mismas fechas. Si la subida de pensiones tiene que entrar en vigor el primero de enero de cada año y hay que conocer la desviación de la inflación para poder incorporarla, lógicamente, a esa subida de pensiones que se conoce en el mes de diciembre, no se puede hacer en otras fechas. Se hace cuando se hace. Además, no la hace solamente el Gobierno; la hace el Gobierno conjuntamente con los agentes sociales en una reunión conjunta en la que se acuerda ese tipo de subidas.

Les molesta también... Una de las preguntas el otro día no era si las pensiones subían más o subían menos, sino si se iba hacer una campaña de comunicación de la subida de pensiones. Que la gente se entere de que se han subido las pensiones no debe ser malo en sí mismo, ¿no?, y, por tanto, como hacían además los Gobiernos del Partido Socialista las escasas veces u ocasiones que subían las pensiones, es también comunicar que se han subido las pensiones. No creo que ahí haya absolutamente nada.

Pero hay en el debate, y concreto, algo más importante. Le decía que hemos saneado el sistema, le decía que lo hemos hecho viable y sostenible de cara el futuro, que no hemos querido hacer ningún tipo de demagogia... Fíjese usted en el superávit de la Seguridad Social, fíjese usted en los 10.000 millones de euros, y si el Gobierno se podía haber permitido algún lujo con esos 10.000 millones de euros; pero no se ha querido hacer demagogia, no se ha querido hacer utilización electoral.

Lo que se ha querido es hacer un sistema viable de cara al futuro, con garantías y que permite que todas las pensiones suban y que suban muy especialmente las pensiones más bajas. Desde luego, lo que queremos es impedir la fragmentación, la insolidaridad, de un sistema público de pensiones, que además tiene la garantía de su unidad en la propia Constitución, porque lo que no podemos permitir es que se fragmente el sistema y que un pensionista, en función de donde viva, del lugar de residencia, en España pueda cobra más o pueda cobrar menos; cuando, además, esas ayudas que nos anuncian suelen ser una paga única, menor además, y coincidir con procesos electorales. Siempre la tónica es la misma: coincide una ayuda económica no muy cuantiosa cerca de procesos electorales.

En este caso coincide eso a la hora de hacer o plantear lógicamente una contestación a una subida muy importante de las pensiones y al cumplimiento de los acuerdos sociales, y, a la vez, pone en riesgo, desde luego, y vamos a impedir, como ya lo dijimos en su día, que efectivamente se pueda fragmentar, se pueda romper, el sistema público de pensiones. Todo el mundo sabe quien lo ha garantizado y todo el mundo sabe quien lo ha puesto en riesgo, y, desde luego, lo que no se puede discutir son las subidas de pensiones que anunciamos el otro día. De eso no les gusta hablar, pero eso es una evidencia y eso lo van a notar los pensionistas a partir del primero de enero.

Si no hay más cuestión, no les repito las subidas porque son de sobra conocidas y porque ya di cuenta de ellas.

En cuanto a la segunda cuestión, nosotros desde hace ya algunas semanas venimos reiterando y repitiendo las mismas cosas, podemos resultar incluso pesados; pero es que ésa es la decisión que se tomó y ésas son las decisiones que en su desarrollo se están ejecutando. Dijimos y vertimos las críticas, desde el punto de vista político, que nos merecía la iniciativa denominada Plan Ibarretxe, y no hace falta que las reiteremos, como atentatorias a nuestro sistema de convivencia y a lo que denominamos orden constitucional; y dijimos que íbamos hacerlo con toda la fortaleza y con todas las armas de la Ley, y eso es lo que estamos haciendo.

Lo que pasa es que, como eso tiene un fin seguro, que es la victoria del Estado de Derecho, es la victoria de democracia y, por tanto, es el fracaso de las tesis secesionistas que plantea el Gobierno nacionalista vasco, lógicamente no les gustan las resoluciones judiciales ni les gustan las iniciativas que acuden al amparo judicial para intentar frenar un ataque a la Constitución como el que supone el Plan Ibarretxe, en el que no hay que incidir. Si un día es el señor Anasagasti, otro día son los representantes del Gobierno vasco y otro día es la elaboración de folletos de forma ilegal, todo eso tendrá en el ámbito político su contestación y en el ámbito judicial, lógicamente, la iniciativa de acciones para frenar la pretensión claramente inconstitucional del Gobierno nacionalista.

El otro día el señor Anasagasti hacía unas valoraciones en una conferencia que se llamaba "Del consenso a la confrontación total". No hay nada más que añadir. Ése era el nombre de su conferencia, ése es el camino que han elegido, ése es el camino estratégico que van a seguir en los próximos tiempos y eso tiene una contestación serena, contundente y, desde luego, muy explicada, muy trasparente, por parte del Gobierno desde el primer día.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Justicia y otra para el Portavoz. Del Ministro de Justicia me gustaría saber si nos puede concretar o nos puede adelantar que sanción va a proponer el PP en el Senado, en el ejercicio de su autonomía parlamentaria, para los dos nuevos tipos penales que usted ha anunciado: los de la convocatoria irregular de referenda y la concesión de subvenciones a partidos ilegalizados. Y también si nos puede detallar cuál sería el plazo de entrada en vigor de esta reforma del Código Penal, pues tengo entendido que son seis meses de carencia, no sé si eso es así.

Para el Ministro Zaplana, como la semana pasada se lo planteamos con escaso éxito, insistiremos en ello. Me gustaría saber cómo valora el Gobierno la respuesta que está recibiendo en Cataluña, por parte de los sectores empresariales, sociales y políticos, a sus continuas apelaciones hechas por el señor Rajoy, y también por el Presidente Aznar el pasado miércoles, respecto a los riesgos que entrañaría la entrada de Esquerra Republicana en el Gobierno.

Sr. Michavila.- En relación con la primera cuestión, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a dar esta tarde una rueda de prensa, va a informar a los medios de comunicación y concretará los términos de la reforma; pero, sin duda, la reforma en ambos varía dependiendo del nivel de participación. Será el Senado quien le pueda explicar concretamente y, en todo caso, estaré encantado de darle después el borrador del texto que también maneja el propio Grupo Parlamentario del Senado.

En cuanto al plazo de entrada en vigor, el período que llama usted de carencia está previsto para el conjunto del Código Penal. Para las reformas que se hacen individualmente en el Código Penal su propia Ley puede establecer la posibilidad de la entrada en vigor al día siguiente de su aplicación. Suele ser lo que ocurre con el conjunto de las leyes y así podría ser en estos dos nuevos tipos penales; es decir, si fueran aprobadas en el Pleno del día 18 de diciembre o en el Pleno del 23 de diciembre, podrían entrar inmediatamente en vigor en los términos en los que lo decida el Parlamento. Sabe usted que se tramita en el Senado la iniciativa y después irá al Congreso, por lo que será en los términos en los que decida el Parlamento.

Sr. Zaplana.- Yo no sé si le voy a desilusionar o no, pero voy a darle un argumento. No me acuerdo del que le di la semana pasada y, por tanto, no sé si va a ser coincidente o no; pero me parece que el respeto a la libertad con la que se quiere manifestar cualquier dirigente político es una obviedad. Hay que respetarlo y no creo que sea ofender a nadie hacer valoraciones políticas después de un resultado tremendamente complejo, como se demuestra a la hora de conformar un gobierno en Cataluña.

Lo primero que ha dicho el Presidente Aznar, que se destaca menos pero que yo lo he leído y ustedes lo habrán escuchado, es manifestar el respeto más absoluto, desde el punto de vista institucional, como no puede ser de otra forma, al Gobierno que elija el Parlamento catalán. Eso es lo primero, ésa es la base fundamental y, por tanto, máximo respeto al Gobierno que salga elegido de la decisión del Parlamento catalán.

Dicho eso, valoraciones políticas en estos momentos está haciendo todo el mundo. ¿Qué querría el Gobierno? Que haya un gobierno en Cataluña que mantenga la estabilidad. Eso es lo fundamental y me imagino que eso será bastante apreciado también por un sector muy importante de la sociedad catalana. Si quiere, invertimos los términos: que no plantee inestabilidad, porque la inestabilidad siempre trae riesgos consigo. Desde ese punto de vista, si hay un Gobierno que sea mucho más estable y desde luego que no plantee iniciativas, como algunas que hemos leído en los medios de comunicación, que pueden llevar a Cataluña a un debate político tremendamente complicado y, por tanto, plantear riesgos, mejor. Pero ésa es una formulación o una manifestación política absolutamente defendible por parte de los que la han formulado y, desde luego, por mí, que la hago mía en estos momentos.

No nos gustaría en Cataluña un gobierno de confrontación, como a veces se anuncia, y, desde luego, algunos tendrían que dar alguna explicación en las conversaciones que están teniendo y en las ofertas de gobierno que están realizando, porque hoy en algún medio de comunicación se puede leer cuál es la pretensión, legítima, del dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, qué concepto tiene de España y cuál es su pretensión última. Sin embargo, con esas pretensiones planteadas claramente y sin engañar a nadie, hay partidos nacionales que están haciendo ofertas de Gobierno. Me imagino que eso sí es lo que requiere una explicación, la nuestra es clara. Requiere una explicación por parte de un partido nacional que, ante propuestas de esa naturaleza, le dice: "quiero formar contigo un Gobierno". Ahí es donde radica la dificultad, desde mi punto de vista, dicho sea con todos los respetos.

Ya sabemos que el Partido Socialista defiende una España plural; en este caso, excesivamente plural. Plural consiste en decir en cada lugar lo que conviene decir o lo que a sus intereses más le puede convenir o no. Entonces, la España plural ya sabemos que es decir una cosa en Castilla-La Mancha, otra cosa en Cataluña, otra cosa en Galicia y otra cosa donde toque. Parece ser que ése es el concepto que están desarrollando de su España plural y a nosotros nos parece poco consecuente.

No sé si se asemeja a lo que le dije la semana pasada.

P.- Quería preguntarle al Ministro Portavoz, también como ex Presidente de la Generalidad Valenciana, cuál considera que puede ser la repercusión de la Copa de América para Valencia, sino para toda la Comunidad Valenciana, y también si considera que es acertada la comparación, que ya se está haciendo en algunos casos, sobre que puede ser un evento para Valencia comparable como lo fueron los Juegos para Barcelona o la Expo para Sevilla.

Sr. Zaplana.- Yo me limitaría a manifestar, como ya he hecho, mi satisfacción y mi alegría porque haya sido Valencia la ciudad elegida para albergar la celebración de la Copa de América. Y yo casi prefiero que sea el Vicepresidente, que es quien dirige y coordina esas labores y esos trabajos; pero, sin duda, parece que la repercusión es evidente, como él mismo ha dicho.

Vicepresidente.- Creo que ya les he dado los datos. Indudablemente, estamos hablando de efectos económicos y sociales muy, muy, importantes para Valencia. Me parece que, si no me falla la memoria, son 10.000 empleos, 1.300 millones de euros, unas 550.000 pernoctaciones y en torno a los 3.000 millones de personas que van a ver el evento por unas cien cadenas de televisión. Por lo tanto, no me cabe duda de que los efectos van a ser muy importantes para Valencia y también para España, puesto que todos ésos son repercusiones que se cifran en la imagen de España en el mundo.

Sr. Zaplana.- El Vicepresidente nos decía esta mañana que no es exagerado --lo digo en función de su segunda pregunta-- poder buscar paralelismos con otros acontecimientos como las Olimpiadas.

Vicepresidente.- Sin duda. Es un acontecimiento de las mismas dimensiones desde el punto de vista de repercusión internacional. También de la modernización de Valencia, desde el punto de vista de su apertura al mar, va a ser muy importante. Nos vamos pasando la pelota, pero el Portavoz lo conoce mejor que yo y lo puede conocer muy bien.

P.- Para el Ministro de Justicia. ¿Por qué las medidas tan importantes las presenta en solitario el Grupo Popular? Si quiere, se lo pregunto a la inversa: ¿se ha consultado con el Partido Socialista y qué ha dicho éste, en su caso?

En lo referido a la ampliación de la Audiencia Nacional, me gustaría saber si hay medidas para ampliar el número de Juzgados de Instrucción, que creo que son cinco ahora y ahí es donde se produce el cuello de botella a la hora de instrucción de los casos.

Sr. Michavila.- Las iniciativas que el Grupo Popular se propone presentar en el Senado son iniciativas que responden a una lógica, a la lógica que vienen manteniendo el Partido Popular y el Gobierno, y es que es el Estado de Derecho quien da respuesta a los desafíos que tenga el Estado de Derecho en uno u otro sentido, que la Ley se defiende con la Ley, que los derechos y las libertades de todos precisamente se garantizan a través del Estado de Derecho. Esa apuesta por la convivencia, por la tolerancia, por luchar con la Ley contra las infracciones a la Constitución y a la Ley, tiene su continuidad en las iniciativas que hoy pretende presentar y plantear el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Desde luego, está, como es lógico, abierto al diálogo. Yo no tengo ninguna duda de que en este proceso parlamentario, y el Parlamento es un ámbito de debate y de diálogo, cuando hay iniciativas que están hechas desde el respeto a la Constitución y desde el sentido común, y que se viene acreditando que el respeto a la Constitución y el sentido común da buenos resultados, se puede encontrar lugar de encuentro.

Yo mismo he tenido fluido diálogo con muchos responsables del Partido Socialista y creo, sinceramente, que es posible que en algunas de estas iniciativas, si no en todas, haya un claro acuerdo. Fíjese usted en que el plan, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, en buena medida, es resultado del propio acuerdo del 23 de septiembre de este mismo año, hace pocas fechas, del Congreso de los Diputados, y así he tenido ocasión de hablarlo con algunos responsables del Partido Socialista. El hecho de garantizar que no se utilicen nuestros impuestos para pagar a una organización terrorista, declarada así por el Tribunal Supremo y la por lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, la verdad es que parece bastante de sentido común. Yo creo que, por eso, puede contar con el acuerdo de los Grupos Parlamentarios.

El que haya una autoridad que, usurpando funciones que legítimamente pretende arrogarse, manipule el principio esencial de una democracia, que es el respeto a la soberanía, respeto a la soberanía que se expresa mediante los procesos electorales o los procesos de consulta con respeto a las reglas, y que eso suponga una sanción también es de sentido común.

En su momento, cuando se hizo la Ley Electoral, se pensó en unos delitos relativos a los procesos electorales. Lo que no pensó entonces el legislador es que podría haber alguien que usurpara manifiestamente desde una institución pública o desde un órgano de Gobierno funciones que no le corresponde; pero, ahora que parece que es algo que alguna autoridad pública se plantee, parece razonable que, con toda naturalidad, el Código Penal dé respuesta a los nuevos problemas y a las nuevas vulneraciones de nuestra Ley y de nuestra Constitución.

En lo que se refiere a la Audiencia Nacional, el plan que se pone en marcha es un plan que ha venido hablando el Ministerio de Justicia con el Presidente de la Audiencia Nacional, con el Fiscal General del Estado y el Fiscal-Jefe de la Audiencia Nacional, así como con los vocales del Consejo del Poder Judicial que tienen la responsabilidad sobre la Audiencia Nacional. En ese plan sí se prevé la posibilidad de aumentar algún Juzgado de Instrucción, si fuera necesario; pero del informe de la Inspección no se deriva necesariamente la posibilidad de crear un nuevo Juez de Instrucción. Del informe de la Inspección se deriva la necesidad de desatascar alguno de los Juzgados de Instrucción y, de hecho, habla el propio informe de un desigual reparto en las cargas de los órganos de instrucción.

Lo que sí parece cierto es la necesidad de ampliar las secciones de la Sala de lo Penal por una razón, que se ha puesto de relieve en más de una ocasión, y es que, como la Sala necesariamente en la instancia de la Audiencia, dada la gravedad del delito, no puede ser nunca unipersonal y tiene que estar constituida por tres magistrados, en determinados momentos la ausencia de uno de los magistrados en un órgano de cooperación internacional por excelencia, como es la Audiencia Nacional, que a partir, además, del 1 de enero es la autoridad judicial de cooperación internacional con los quince países de la Unión Europea para la red judicial europea; la ausencia, digo, de uno de los magistrados viene a posponer la celebración de vistas, de pruebas o de elementos esenciales en el devenir de un proceso penal.

De ahí que para evitar la demora que ocasiona esto se haya sugerido, y el plan así lo reconoce y así lo va a impulsar, la conveniencia de ampliar en un cuarto magistrado las cuatro Secciones que tiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

P.- Al Ministro de Justicia. Si le he entendido bien, no han comunicado estas reformas legales concretas al Partido Socialista y le quería preguntar si no cree que esto de alguna forma incumple el Pacto Antiterrorista que obliga a consensuar este tipo de medidas y más aún la que se refiere al desarrollo de la Ley de Partidos, que fue aprobada entre los dos partidos y consensuada entre los dos.

Quería saber también si me podía precisar, si he entendido bien también, si todas estas reformas se van a colgar, por decirlo de alguna forma, vía enmiendas, en la Ley Orgánica de Demarcación. Quería saber si es así o va a haber otra reforma más.

Del Portavoz del Gobierno quería saber la posición del Ejecutivo ante un probable o posible proceso de negociación de la reforma del Estatuto de Cataluña. Quería saber qué opinión le merece al Gobierno el hecho de que el PP acepte negociar esa reforma.

Sr. Michavila.- En relación con la primera cuestión, quizá me he expresé yo mal, porque usted siempre entiende bien y me expresé yo mal. Comunicado, sí se han comunicado estas reformas al Partido Socialista, no se han acordado con el Partido Socialista; pero yo creo que abre un proceso. Ni siquiera estas iniciativas están registradas en la Cámara a estas horas, el Portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado las va a presentar. Yo confío, sinceramente, en que, estando unidos por los principios comunes de defensa del Estado de Derecho, de las libertades de todos los ciudadanos, de que la Ley sea igual para todos, de que no pueda ser que haya quien que por tener un cargo público pueda no cumplir la Ley... Como al final esas cosas creo que son bastante de sentido común, yo confío sinceramente en que pueda haber un acuerdo, aunque es verdad que en este momento no lo hay.

Hace creo que tres semanas me preguntaron ustedes en relación con si había o no acuerdo sobre la impugnación del Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional, yo sinceramente les digo un poco lo mismo: diálogo sí que ha habido, no hay acuerdo, pero confío que pueda haber acuerdo y, además, me parece que es posible que lo haya y, en consecuencia, que nos movamos dentro de ese ámbito de sumar voluntades en lo que son mejoras de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho para hacerlo más eficaz en garantizar las libertades de todos, que es el objetivo de estas iniciativas.

En cuanto al ámbito técnico o parlamentario en el que el Grupo Parlamentario introduciría estas enmiendas, sería la Ley Orgánica que acompaña con la naturaleza orgánica a una ley que se está tramitando en este momento en el Senado. Hay una ley que regula el arbitraje, la Ley de Arbitraje, que tiene una ley de acompañamiento, que es una ley de naturaleza orgánica, que modula la planta judicial. En la medida en que tiene naturaleza orgánica, puede ser una ley en la que se introduzcan enmiendas de naturaleza orgánica, como son las del Código Penal.

Sr. Zaplana.- En lo que respecta a la pregunta que me formulaba a mí, yo no tengo conocimiento ni de que el Partido Popular, y por supuesto el Gobierno, haya manifestado ninguna posición favorable a poder emprender ningún tipo de negociación. Desde luego, creo que eso no es así y no es así porque decimos lo mismo desde hace muchísimo tiempo. Se nos podrá acusar de muchas cosas, pero no de manifestar una coherencia inequívoca y evidente. No existe, y lo hemos reiterado hasta la saciedad, la más mínima prioridad en este sentido ni existe ningún tipo de criterio de oportunidad ahora para poder abrir esa cuestión o ese debate.

Nuestra posición, y la hemos expresado en reiteradas ocasiones, es que no es el momento de abrir ningún tipo de negociación para la modificación de ningún Estatuto de Autonomía y que abrir ese debate en estos momentos es un grave error. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, y es el criterio del partido, es el criterio del Gobierno y lo reiteramos hoy una vez más.

¿Por qué? Pues porque no hay que tener, dicho con todos los respetos desde mi punto de vista, el más mínimo complejo, primero, porque en España hay un nivel de descentralización importantísimo, con una capacidad de autogobierno de las Regiones, Comunidades Autónomas y Nacionalidades como no se había podido soñar nunca. Si a cualquiera de las personas que participan ahora en los debates se le hubiera dicho en el año 77 ó 78, cuando se aprobó nuestro texto constitucional, que el nivel de autogobierno, de competencias y, por tanto, de herramientas que iba a tener a su disposición para poder tomar decisiones en sus territorios iba a ser lo que es, lo hubiera considerado un sueño.

Hay un desarrollo de todos los Estatutos de Autonomía importantísimo al que han contribuido de forma decisiva el Partido Popular y el Gobierno del Presidente Aznar. Ha sido con los Gobiernos del Partido Popular donde se han realizado los traspasos de competencias más importantes y donde se ha desarrollado de verdad el autogobierno. Entonces, venir ahora, abrir ese debate, en la coyuntura, en las circunstancias y en los momentos políticos que vive España es un gran error. Así lo decimos y así lo reiteramos.

¿Nos gustaría estar acompañados por parte del Partido Socialista en la solidez y en la claridad de este discurso y de esta posición? Sin duda. ¿Lamentamos que no nos acompañe? Mucho. Ya he dicho antes, contestando a otra pregunta, que es que lo que no puede ser es decir en cada lugar una cosa distinta. Les dio igual estar en Baleares, alineados políticamente y formando una coalición, con grupos que defendían claramente posiciones independentistas y separatistas, y así les ha ido desde el punto de vista electoral. Ahora les da igual sentarse en una mesa cuando las personas están haciendo unos planteamientos, que no los voy a citar yo porque son de sobra conocidos, unos objetivos y unas previsiones de la acción de un presunto Gobierno de coalición que las están explicando con claridad y, sin embargo, el Partido Socialista está colaborando en esas estrategias; al menos en esas negociaciones y en esas conversaciones.

Ésa no es la posición que defiende el Gobierno, no es la posición que defiende el Partido Popular, ha sido largamente explicada y, desde luego, lo hacemos sin ningún complejo, porque no queremos ser más que nadie. Pero, desde luego, nadie ha ido más lejos que nosotros en el desarrollo del autogobierno, en la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas, en el desarrollo constitucional y en el desarrollo estatutario. Nadie nos puede dar lecciones en ese sentido ni nadie nos puede dar ganar con ninguna medición, se haga la que se haga.

Por tanto, creo que, desde el punto de vista político tiene mucha lógica nuestro planteamiento, se comparta o no, porque es coherente y está explicado de forma exhaustiva y reiterada.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Justicia. Me gustaría saber cómo pretende sumar voluntades cuando las enmiendas que se presentan en el Senado ni siquiera podrán ser objeto de enmiendas por parte de los demás grupos, ni tampoco en el Congreso.

Por otro lado, me gustaría saber en concreto, sobre el segundo tipo delictivo que nos ha anunciado, un caso práctico, porque, así como nos ha explicado qué dinero han dejado de percibir los de Batasuna o el entorno de ETA con la Ley de Partidos, no me queda claro quién y qué dejaría de percibir, dado que entiendo que el problema existente ahora en el Parlamento vasco es que no se ha disuelto el grupo y, por lo tanto, sigue cobrando. No se ha dado el otro supuesto en los Ayuntamientos en los que ya no existe ese grupo y no se les financia.

Sr. Michavila.- En relación con la primera cuestión, el Parlamento suma voluntades, precisamente, a través de la actividad parlamentaria y yo, desde luego, creo que ni siquiera están presentadas las enmiendas. Pueden presentar propuestas todos los Grupos y el trámite, cuando se abre, precisamente permite presentar transacionales, otras enmiendas, hay votaciones... Es decir, el diálogo parlamentario se inicia muy habitualmente a través de propuestas de los Grupos Parlamentarios y ésa es la esencia, precisamente, del propio Parlamento.

Creo que no está condicionado en ningún Grupo Parlamentario a decir a todo que sí, ni tan poco está condicionado a decir a todo que no. Es más, el propio Portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado ofrecerá el diálogo esta tarde a todos los Portavoces de todos los Grupos Parlamentarios en ese trámite que el Senado tiene capacidad de diálogo, como lo tiene el Congreso. Además, creo que, constitucionalmente atribuida e históricamente acreditada, es una ocasión en la que se puede iniciar ese diálogo hoy en el Senado.

En relación con la segunda cuestión, la iniciativa legal lo que prevé es que no se puedan utilizar ni fondos públicos, ni bienes públicos, para dárselos a un partido político o a un Grupo Parlamentario ilegalizados por razones de terrorismo. ¿A qué supuesto sería de aplicación eso? En este momento hay un Grupo Parlamentario ilegalizado por razones de terrorismo que está recibiendo, según parece, el apoyo de medios personales, materiales, humanos, para realizar un trabajo como Grupo Parlamentario que no corresponde.

Usted se refiere a lo que es el límite de la Ley y el límite de la aplicación de la sentencia, que es la condición de diputado y el sueldo de parlamentario. Pero, al margen de eso, hay unas asignaciones de Grupos Parlamentarios, de medios, de personal, de equipos, que son públicos y están puestos de relieve en todos los medios de comunicación, así como de oficinas, de utilización de tarjetas, de utilización de vehículos, que no parece muy razonable, sinceramente. Desde luego, creo que muy pocos demócratas pueden entender que con fondos públicos se esté financiando la actividad de una organización declarada ilegal, y no por cualquier causa, y no por cualquier razón, sino por ser un instrumento de ETA y de los terroristas. Que eso quede impune, sinceramente, yo creo que carece de lógica democrática.

P.- Una pregunta para el Ministro Portavoz. Yo quería preguntarle si el Gobierno tiene previsto pedir algún tipo de información o de explicación a la autoridad que corresponda en Australia por el episodio o incidente protocolario musical que se ha producido en la inauguración de la final de la Copa Davis. En todo caso, ¿le merece algún comentario ese episodio al Gobierno?

Sr. Zaplana.- Confiemos en que se trate de un lamentable error y parece ser que el Secretario de Estado de Deportes ya ha tomado dos iniciativas: una, a través de nuestra Embajada, pedir las explicaciones oportunas por la vía diplomática, y otra, una protesta formal ante el Comité Olímpico.

P.- Para el Ministro Portavoz, vistos el malestar, la insatisfacción y es tal disgusto el que se manifiesta desde el PP por la posición del PSOE en este debate sobre Estatutos y sobre las ofertas de Gobierno que se están realizando a Esquerra Republicana, y que también se están haciendo ofertas por parte de CiU, quisiera saber si esto inhabilita a CiU a los ojos del PP como eventual socio, aliado o fuerza con la que negociarán en un futuro.

Sr. Zaplana.- Le reitero a usted el criterio que expresaba antes. Lo que nosotros desearíamos es un Gobierno en Cataluña que respete las reglas del juego, que dé estabilidad; por tanto, ése es nuestro deseo. Es evidente que esas posiciones se han cumplido en los últimos años, parece que eso ha sido así. Puede haber discrepancias entre formaciones políticas, como es lógico, pues, si no, militaríamos todos en la misma; pero eso es sólo lo normal y lo habitual en un sistema democrático. Parece que esa estabilidad ha estado garantizada en estos últimos años y hay algunas formaciones políticas que se han presentado a las elecciones legítimamente y que mantienen un discurso en estos momentos claramente independentista. Eso es lo que nos parece una contradicción importante por un partido nacional, como el Partido Socialista Obrero Español.

A nosotros todo lo que un Gobierno pueda aportar de racionalidad, de moderación y de sentido común en Cataluña nos parecerá bien. Y ni nos enfadamos, ni nos dejamos de enfadar. Con la mayor serenidad del mundo se lo digo. Hacemos valoraciones políticas y hacemos manifestaciones que pueden ser compartidas o no, pero que, al menos, deben de ser respetadas como nosotros respetamos la de los demás. Y nos parece que hay una coherencia, al menos, en nuestro planteamiento de la que carecen otros, que están diciendo cosas muy distintas según el lugar donde las digan.

Me acaban de pasar una nota, que estoy seguro de que coincidirá con eso, pero no le puedo precisar los detalles. Su compañero antes me preguntaba por el tema de pensiones. Parece ser que el PNV acaba de respaldar la propuesta de la Junta de Andalucía inmediatamente. Pues, naturalmente. Una bocanada de aire fresco, ¿verdad? Todo lo que sea fragmentar el sistema público de pensiones español y fomentar la insolidaridad o, al menos, la división en función de los distintos territorios de nuestro país es algo que habrán visto con sumo agrado. Han tardado el tiempo de leer el teletipo en apuntarse.

A lo que eso debe llevar a algunos es a la reflexión sobre si están haciendo bien las cosas o si no las están haciendo bien, o, al menos, explicarlas con claridad y no entrar en una contradicción permanente y en un discurso completamente contrario en función de donde se formula.

P.- Quería preguntarle al Ministro de Trabajo si el Gobierno tiene planteado precisamente recurrir ante el Tribunal Constitucional, como hizo en 1999, o articular alguna otra medida, contra estos decretos que ha aprobado el Gobierno andaluz para subir las pensiones o para darle una paga única a las pensiones asistenciales, máxime cuando ayer el Congreso aprobó una ley que impide este tipo de medidas.

Luego quería preguntarle al Vicepresidente del Gobierno si la Estrategia de ahorro energético tiene algo que ver con las limitaciones sobre emisiones de CO2 que imponía el Protocolo de Kioto y si ha sido el objetivo de esa Estrategia cumplir con esas limitaciones.

Sr. Zaplana.- Por supuesto que el Gobierno exigirá el cumplimiento de la Ley. Por eso, entre otras cosas, porque sabe usted que la Ley no contempla solamente esta cuestión, se reguló de esta forma después de una sentencia del Tribunal Constitucional que, con tres votos particulares, instaba al Gobierno a regular bien esa cuestión. Decía: "con la legislación actual nuestra posición tiene que ser ésta, pero regulen ustedes esta cuestión". Instaba al Gobierno a regularla y el Gobierno lo que hace es regularla de forma inequívoca.

Éste es un debate, además, que ya se produjo cuando presentamos la Ley. Ahora se vuelve a suscitar el debate porque, como le decía a su compañera hace un momento, hemos subido las pensiones. Si no, hubiera pasado mucho más desapercibido, porque este dato ya lo tuvimos y ya lo explicamos. Me acuerdo, lógicamente porque soy el Ministro del ramo, de que hubo Presidentes de Comunidades Autónomas del Partido Socialista que alabaron esta ley y esta iniciativa. Esta misma, que ahora la critican, si ustedes miran en sus hemerotecas o hacen un ejercicio de memoria, verán como cuando la presentamos tuvo el apoyo y el respaldo de Presidentes de Comunidades Autónomas que son del Partido Socialista.

Por tanto, ahora surge el debate porque tiene que surgir en los términos que se ha planteado por la motivación que yo le decía y recurriremos. Yo no conozco los detalles, conozco un teletipo y no me puedo pronunciar sobre lo que he leído, que no sé si es un decreto, es una intención, es una manifestación política... No sé en qué consiste, pero le contesto: lógicamente la Ley la hemos hecho para que se cumpla por encima de todo y, por tanto, no le quepa la más mínima duda de que todo lo que la vulnere será recurrido por el Gobierno.

Vicepresidente.- Con respecto a la Estrategia de Eficiencia Energética, sus objetivos son reducir la dependencia exterior de nuestra economía y, por tanto, mejorar la factura energética, habida cuenta que nosotros estamos importando una parte muy importante de la energía que consumimos. También es mejorar nuestra eficiencia energética, es decir, producir a una unidad de Producto Interior Bruto con menos consumo energético, y eso, aunque no sean sus objetivos, tiene consecuencias medioambientales indudables, porque el Protocolo de Kioto y todas las emisiones de CO2 están ligados, en una gran parte, a la utilización de energía, de petróleo y de gas.

En ese sentido hay una mejora de nuestras emisiones de CO2 con esta Estrategia de, aproximadamente, veinte puntos; pero esto no culmina la estrategia que tiene que tener España desde el punto de vista de Kioto y, por lo tanto, vendrá acompañada de otras medidas estrictamente medioambientales, que además están ligadas a los calendarios europeos, ya que, como ustedes saben, hay varias Directivas en estos momentos en vigor que exigen medidas concretas sobre emisiones y que serán puestas en vigor por el Gobierno español en los momentos en que prescriban esas Directivas; algunas de ellas, en el próximo semestre.

P.- Para el Portavoz. ¿Le parece que la reelección de Caruana es un obstáculo al proceso de negociaciones con Gran Bretaña sobre el futuro de Gibraltar?

La segunda es para el Vicepresidente del Gobierno. Hay dos propuestas de cambiar el Pacto de Estabilidad para que haya menos posibilidades de interpretaciones políticas. ¿Qué le parecen? Por otra parte, ¿qué cambios en el Pacto de Estabilidad le parece que van a emerger cuando está reorientado?

Sr. Zaplana.- En cuanto a la primera de sus preguntas, el Gobierno respeta profundamente la decisión de los ciudadanos que han elegido al señor Caruana, creo que por un 51 por 100 --por tanto, por mayoría absoluta--, y eso no altera para nada las conversaciones y las negociaciones que el Gobierno español está realizando desde algún tiempo.

Vicepresidente.- Sobre el Pacto de Estabilidad, puedo decirle que, aunque he leído algunas declaraciones sobre propuestas de cambio, me parece poco adecuado en estos momentos hacer esas declaraciones, tengo que decirlo, porque creo que deberíamos en estos momentos responder a cuál fue la declaración del Consejo, por unanimidad de los países, después de la votación en que se rompió esa unanimidad, y no había ninguna referencia a esa cuestión.

Por lo tanto, yo creo que --y, como es natural, cada cual responde de lo que dice-- en estos momentos hacer planteamientos sin que haya una posición general respecto a esos cambios no contribuye en nada a devolverle al Pacto de Estabilidad su credibilidad.

Tengo que decir que con el Pacto de Estabilidad lo que ha sucedido es que ha habido una mayoría de países que ha decidido suspender su aplicación, suspender su procedimiento; por lo tanto, no es que el Pacto de Estabilidad necesite modificaciones para ser menos, como ha dicho usted, me parece, influenciable políticamente. Lo que tienen que hacer los países es permitir que se aplique su procedimiento. Si los países impiden que se aplique su procedimiento, es muy difícil echarle la culpa al Pacto. Será una decisión distinta y, desde luego, la decisión ha sido una decisión política.

En cuanto a qué se pudiera cambiar hipotéticamente, yo no me atrevería a pronunciarme en estos momentos. Yo soy partidario de que el Pacto continúe como está. Creo que el Pacto ha demostrado una suficiente flexibilidad y he votado en contra de suspender su procedimiento. Me ha parecido un error y creo que los hechos posteriores lo ratifican así, y la reacción de la opinión pública europea e internacional.

Desde luego, lo que me parecería un grave error es que ahora se quisieran plantear intereses nacionales como parte del Pacto de Estabilidad. Eso me parecería un error adicional a otro que ya se ha cometido, que ha sido la suspensión del procedimiento. Creo que lo que tenemos que hacer los miembros del Eurogrupo es volver a aplicar procedimientos sin suspenderlos en ningún caso, hacerlo igual para todos los países y para aquellos que tengan dificultades plantear estrategias para resolver esas dificultades dentro del Pacto de Estabilidad.

P.- Dos cuestiones muy rápidas. La primera es si podría valorar las dudas expresadas por la Comisión Europea en cuanto al trasvase, pues ya sabe que están pidiendo más garantías medioambientales.

Por otra parte, atendiendo a que lee los teletipos rápidamente, esta mañana el Gobierno de Aragón ha presentado varios recursos a varios aspectos del proyecto y, lo que parece más importante, va a declarar como espacio protegido dos de los principales embalses que regularán el futuro trasvase, de modo que puede hacer bastante difícil que se produzca la transferencia.

Sr. Zaplana.- Según mis noticias, éste es un documento que no es un documento de conclusiones ni genera ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Comisión, sino que es producto de las reuniones que se celebraron en Bruselas. Por tanto, todo lo contrario, lo que nosotros manifestamos es la satisfacción por el análisis y por el debate que eso ha generado.

Le vuelvo a reiterar a usted lo que he dicho ya en otras ocasiones: el proyecto en su ejecución y en sus plazos no va a tener alteración ninguna, se va a realizar. Todas estas cuestiones y todas las pegas, que no son éstas, de este documento, sino por las declaraciones que decía usted del Presidente de Aragón esta mañana, que se intentan poner y que se vienen reiteradamente poniendo desde hace muchos años todas se superan. No hay ningún problema. El Plan Hidrológico Nacional es una ley aprobada por las Cortes españolas, se va a llevar adelante, se va a llevar adelante con toda seguridad, ya están los proyectos en marcha e, incluso, algunas obras que forman parte del propio Plan Hidrológico Nacional desarrollándose. Por tanto, como estamos convencidos de que no puede haber ningún tipo de impedimento definitivo para que se pueda consolidar esa obra, tenga la seguridad de que se hará.

P.- Quería preguntar al Vicepresidente Primero. Esta mañana Prodi ha pedido a la Presidencia italiana que no promueva más poder del ECOFIN frente de la Comisión. Quería saber un poco la postura que va a defender el Gobierno español en la Conferencia Intergubernamental respecto a ello.

Vicepresidente.- No conozco esas declaraciones del Presidente Prodi pero, en primer lugar, tengo que decir que el ECOFIN tiene sus propias competencias y, hasta donde yo sé, no pretende ampliarlas; pero lo que ha planteado es que la Conferencia Intergubernamental no las reduzca, por lo que sería más bien al contrario.

Al parecer, hay algunas propuestas de la Comisión, que no han sido objeto de consenso con los países, respecto a capacidad de iniciativas de la misma, que nosotros no creemos que sean justificables; pero no puedo profundizar mucho más si no sé exactamente a lo que se refiere el Presidente Prodi. Usted lo tiene que comprender.

Sr. Zaplana.- Muchísimas gracias.