Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria, la habitual que se produce después del Consejo de Ministros, que hoy ha aprobado cuatro Reales Decretos que configuran la Oferta Pública de Empleo para el año 2003. También se ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los registros y notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos, lo que le permitirá a la Administración no tener que solicitar a los ciudadanos y a las empresas los datos que ya posee y la supresión progresiva de los documentos en soporte papel. Sobre los principales aspectos de estos Acuerdos les informará a continuación el Ministro de Administraciones Públicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un catálogo de ayudas, recogidas en un Decreto-Ley, que, con carácter urgente, se destinarán a los afectados por los daños causados entre los días 4 y 10 de febrero por las inundaciones producidas por los desbordamientos de la cuenca del río Ebro. Este conjunto de medidas, que abarcan desde beneficios fiscales para los afectados hasta ayudas para la financiación de infraestructuras locales y para la vivienda, pasando por medidas laborales y líneas de crédito preferenciales, se aplicará en las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón.

Entre las medidas recogidas en el Decreto-Ley se habilita una línea de crédito de dieciocho millones de euros, con un bajo interés, para atender a la reparación o reposición de instalaciones industriales, mercantiles, agrícolas o locales de trabajo que se hayan visto dañados. Se establecen ayudas excepcionales para la reparación de viviendas, con un límite de 24.000 euros. También se subvencionarán hasta el 50 por 100 de su coste las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de las entidades locales que hayan resultado afectadas. Igualmente, se indemnizará a aquellas explotaciones agrarias que hubieran sufrido pérdidas.

Dentro de los beneficios fiscales, se establece la exención para este año de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles para viviendas, establecimientos industriales y comerciales, explotaciones agrarias y locales de trabajo, cuando los daños hayan obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes. Asimismo, se establece una reducción del Impuesto de Actividades Económicas proporcional al tiempo de paralización de la actividad.

También ha aprobado el Consejo de Ministros la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Competencia y Organización Militar y la Ley Orgánica Procesal Militar. Con esta modificación se trata de dar solución a una cuestión derivada de la propia estructura de los tribunales militares, que ha motivado en alguna ocasión la condena de España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mediante esta nueva norma se variarán las reglas sobre la composición de los tribunales militares y se dispondrá siempre de un número suficiente de vocales, de forma que unos dictarán resoluciones durante la tramitación del procedimiento y otros miembros del Tribunal concurrirán a la celebración del juicio oral y a dictar sentencia.

El Consejo ha autorizado la denuncia del Canje de Notas del 30 de octubre de 1963 entre España y Ecuador sobre suspensión de visados y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales. Con este Acuerdo se pretende restablecer la exigencia de visado a los nacionales ecuatorianos que vengan a nuestro país. Esta exigencia viene impuesta por un nuevo Reglamento comunitario en virtud del cual todos los países de la Unión Europea deben de exigir visado de entrada a los nacionales ecuatorianos a partir del 1 de abril de 2003. Dada la proximidad de esta fecha, en el Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

El Consejo ha aprobado también la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra un determinado precepto de la Ley de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. El Gobierno estima que es al Estado a quien corresponde regular los aspectos funcionales y organizativos básicos de los Colegios Profesionales y es quien, constitucionalmente, está facultado para decidir sobre el carácter obligatorio o no de la colegiación como condición misma del ejercicio profesional, en tanto que se trata de un aspecto básico de toda organización colegial.

En el área de Fomento, el Consejo ha autorizado la contratación del proyecto y obra de plataforma de los túneles de Pajares, cuyo presupuesto conjunto asciende a 1.085 millones de euros. Dentro del Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 se incluye la construcción de la variante de Pajares en la Línea de Alta Velocidad a Asturias, sustituyendo el paso ferroviario actual de la cordillera, acortando la distancia y mejorando las condiciones de circulación.

El Consejo ha ratificado también las actuaciones de emergencia por importe de 11,9 millones de euros para las obras de refuerzo y consolidación en el túnel de Fabres, de la Autovía del Cantábrico, en los términos municipales de Villaviciosa y Sariego, en Asturias.

El Consejo también ha autorizado la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana para la ejecución conjunta de actuaciones de protección y regeneración del entorno natural de esta Comunidad. El importe global de este Convenio es de tres millones de euros.

También se ha acordado adoptar medidas de reestructuración del grupo de empresas participadas por el Estado a través de la Dirección General del Patrimonio y del grupo societario de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Se trata de continuar con el proceso de reordenación de las empresas participadas por el Estado, iniciado con la Ley de 14 de mayo del año 2001, sobre la modificación de la Ley del Patrimonio del Estado que atribuye al Gobierno la facultad de redistribuir la titularidad de las participaciones accionariales del Grupo Patrimonio y de la SEPI. El acuerdo permite incorporar a la SEPI la totalidad de los títulos representativos del capital de titularidad de la Administración General del Estado de las sociedades estatales MERCASA y SAECA, así como la mitad de los títulos del Estado en TRAGSA. Las sociedades EXPASA y ENISA se integran en Patrimonio del Estado.

En cuanto a acuerdos de personal, se designa Embajador de España en la República de Letonia, con residencia en Estocolmo, a don Javier Garrigues Flórez. En el área de Defensa se aprueba también un Real Decreto nombrando Almirante Jefe del Mando Naval de Canarias al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Manuel Calvo Freijomil y, mediante otro Real Decreto, se nombra Presidente de la sección española del Comité Hispano-Norteamericano al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Enrique Pérez Ramírez. En el área de Medio Ambiente, se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia a don Carlos del Álamo Jiménez y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología se nombra Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Emilio Lora-Tamayo d''Ocón.

Por último, voy a leerles las actividades del Presidente del Gobierno desde el día de hoy al 28 de febrero. Esta tarde viajará desde México a Houston, donde se entrevistará con la comunidad hispana de Texas y personalidades del mundo financiero, político y académico, antes de asistir a una cena con el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, en su rancho.

Mañana sábado, 22, celebrará un desayuno de trabajo con el Presidente de los Estados Unidos, seguido de un encuentro conjunto con los medios informativos. Tras un almuerzo con el Presidente Bush, iniciará viaje de regreso a Madrid.

El lunes 24, a las once, asistirá a la ceremonia de bienvenida al Presidente de la República de El Salvador, Francisco Flórez, en el Palacio Real de El Pardo. A las dieciocho horas impondrá, en La Moncloa, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort al Comisario de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, don Antonio Vitorino. Y a las veintiuna horas asistirá a la cena de gala que SS.MM. los Reyes ofrecerán en honor del Presidente de la República de El Salvador en el Palacio Real de Madrid.

El miércoles 25, a la una, mantendrá, en La Moncloa, un encuentro con el Presidente de la República de El Salvador, a quien ofrecerá posteriormente un almuerzo, y a las 20,30 asistirá a la recepción que el Presidente salvadoreño ofrecerá a SS.MM. los Reyes en el Palacio de El Pardo.

El miércoles 26 viajará a París donde, a las trece horas, mantendrá una entrevista con el Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, seguida de un almuerzo, tras el que regresará a Madrid.

El jueves 27, a las veintiuna horas, ofrecerá una cena de trabajo en La Moncloa al Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair. El viernes 28 mantendrá un desayuno de trabajo con el Primer Ministro británico, seguido de una conferencia de prensa conjunta, a cuyo término presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Arenas.- Les informo con brevedad de los tres asuntos más relevantes que de nuestro Departamento hoy se han aprobado en la sesión del Consejo.

El primero se refiere a un Real Decreto por el que se establecen las nuevas comunicaciones entre los ciudadanos y la propia Administración pública. Se trata de tres aspectos esenciales. El primero de ellos es que la Administración Pública pueda crear registros telemáticos que signifiquen, a la hora de la verdad, que cualquier ciudadano durante las veinticuatro horas se pueda dirigir a la Administración para cualquier comunicación, solicitud, instancia; veinticuatro horas de ventanilla abierta para los ciudadanos.

En segundo lugar, pretendemos con este Real Decreto el que los ciudadanos puedan facilitar a la Administración un domicilio electrónico a través del que recibirán cualquier tipo de notificación con pleno vigor y con plena formalidad.

En tercer lugar, el apartado más importante de este Real Decreto, que me parece un cambio extraordinario, es que va a significar que la Administración Pública deje de solicitar a los ciudadanos más de seis millones de certificados en papel. En estos momentos, cuando un ciudadano solicita una prestación por desempleo o un subsidio, cuando se solicita una ayuda para material escolar, cuando se pide una beca, cuando se tramita un seguro agrario, normalmente la Administración solicita los correspondientes certificados de Hacienda y de la propia Seguridad Social. La filosofía es que la Administración no les pida a los ciudadanos datos que la propia Administración ya tiene.

Esperamos que el Real Decreto esté en vigor a partir del próximo lunes y esto inicialmente significa ya la desaparición de cinco millones de certificados. El millón que resta hasta los seis millones está pendiente del trabajo que vamos a llevar a cabo con el Ministerio de Justicia y que afecta, sobre todo, a que dejemos de solicitar certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción o certificados de últimas voluntades.

Por tanto, a mí me parece un paso extraordinario en la simplificación de la Administración, en la reducción de la burocracia; un ahorro para los ciudadanos y un ahorro para la Administración. Termino diciéndoles que pretendo también que en los próximos meses alcancemos acuerdos con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos, lo que supondría, según la estimación que hemos hecho, la desaparición de un millón y medio más de certificados.

El segundo asunto que quería comentar muy brevemente, con la venia del señor Vicepresidente, es el que se refiere al plus de residencia para los empleados públicos de Ceuta y de Melilla. Hemos acordado en el día de hoy el incremento de un 10 por 100 en el plus de residencia de estos empleados públicos, que afecta a 14.000 empleados públicos, prácticamente 7.000 en Ceuta y 7.000 en Melilla. El elemento principal, dentro de estos empleados públicos, es el personal que pertenece a las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, el personal que pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Esta decisión que hemos adoptado en el día de hoy ha sido previamente discutida y analizada con las organizaciones sindicales, y entrará en vigor con carácter del 1 de enero del año 2003. Este 10 por 100 se va a recibir en la primera ocasión, probablemente, a finales del mes de marzo y se recibirá acumulado el que se refiere al primer trimestre del año 2003.

Quiero también, finalmente, comentar los cuatro Real Decretos que se han aprobado en el día de hoy y que reflejan en su conjunto la Oferta de Empleo Pública para el año 2003. Yo quiero decirles que es una Oferta de Empleo Pública muy importante la que se lleva a cabo en este año 2003 y que responde, desde luego, a las prioridades del propio Gobierno. Hay una prioridad destacadísima, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que van a ver incrementadas sus plazas en 6.707; 6.707 nuevos guardias civiles y policías nacionales en la ofensiva y en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra la inseguridad ciudadana.

En su conjunto, la Oferta de Empleo Público supone 21.197 plazas, de las que 5.600 se refieren a la Administración General del Estado --y les quiero decir que se incrementa con respecto al año anterior porque incorporamos las plazas que venían siendo desempeñadas por interinos--; 8.800 plazas corresponden a las Fuerzas Armadas, y 6.707, desglosadas de la forma siguiente: 4.275 para la Policía Nacional; 2.432 para la Guardia Civil. Son las que se corresponden con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aparte de la gran prioridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha habido otras cuestiones determinantes a la hora de decidir la Oferta Pública de Empleo: por supuesto, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero sin las ofertas de años anteriores, que luego comentaré muy brevemente; las unidades de atención directa a los ciudadanos, que son otra prioridad dentro de la Oferta Pública de Empleo; la política medioambiental; los asuntos consulares; la seguridad aérea y marítima; la lucha contra el fraude y el control del gasto público, y la red de museos estatales. Éstas han sido otras prioridades a la hora de establecer definitivamente la Oferta Pública de Empleo.

Quiero también señalarles que, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estas ofertas se dirigen a que podamos contar ya en el año 2004 con lo que ese Ministerio califica como plan cuatrienal y que significa para ellos la plantilla ideal de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

Termino diciéndoles que en el caso de la Administración General del Estado yo creo que lo más importante es el dato que les he dado: la incorporación de 1.562 plazas para interinos, que podrán consolidar su posición dentro de la Administración Pública.

Quiero decirles que las ofertas del año 2001, 2002, 2003, suponen, en su conjunto, para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 18.756 plazas y que la oferta de 2003 es algo superior a la oferta de 2002. Finalmente, como saben, hay un compromiso del Presidente del Gobierno de 20.000 plazas en los años 2002, 2003 y 2004. En 2002 y 2003, estamos hablando de 13.294 plazas y es nuestro propósito, desde luego, que la próxima Oferta de Empleo Pública del año 2004 complete el compromiso de los 20.000 nuevos agentes para la Policía Nacional y para la Guardia Civil.

En su conjunto, la Oferta Pública de Empleo es la mayor de los últimos diez años.

El comentario final es para las Fuerzas Armadas a la hora de indicarles que se mantiene una oferta muy parecida a la del año anterior, pero que la oferta del año anterior y la de éste suponen una bajada sustancial con respecto a los ejercicios 1999, 2000 y 2001, que digamos que son los ejercicios en los que se desarrolla con plenitud el nuevo modelo que acaba con el Servicio Militar obligatorio, el modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

P.- Al Vicepresidente Primero quería preguntarle si usted cree que en el encuentro que van a mantener mañana el Presidente Aznar y el Presidente de Estados Unidos, este último, George Bush, podría reprocharle al señor Aznar, o no, quizá no, que haya empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con Irak, en concreto Repsol en los últimos años, sobre todo en esta época en la que estamos considerando a Irak como un enemigo a batir.

Vicepresidente.- Sinceramente, no lo veo así. ¡Qué quiere que le diga! En cualquier caso, como usted sabe, ya la empresa Expansión Exterior, que fue citada por un medio de comunicación, ha remitido un comunicado, que ustedes conocen, a todo el conjunto de la opinión pública. Yo sí quiero decirle una cosa: a pesar del conflicto, todos los países, todos, mantienen relaciones comerciales con Irak y eso se puso de manifiesto recientemente en la Feria Internacional de Bagdad, que tuvo lugar en noviembre del año 2002, a la que asistieron numerosas empresas internacionales y, entre ellas, asistieron cuarenta empresas españolas.

Las relaciones comerciales con Irak --y éste es otro dato muy significativo-- están sujetas al cumplimiento de las Resoluciones de la ONU, como no podía ser de otra manera, especialmente en lo relativo al embargo y del programa "Petróleo por alimentos". Por tanto, todo esto lo están haciendo todos los países dentro del marco de las Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Quiero señalar, en cuanto a las concesiones de petróleo, que es cierto que una determinada compañía española estuvo interesada en acceder al petróleo iraquí, como el resto de las petroleras del mundo; pero las relaciones terminaron, según ha dicho la empresa afectada, en el año 1997.

Por tanto, eso es lo que ha ocurrido, con pleno respeto a la legalidad internacional, como por otra parte no podía ser de otra manera, y mucho me temo que no forme parte de la agenda de la reunión, a la que usted se ha referido, el asunto por el que se interesaba.

P.- Quería saber si se puede conocer ya la posición que va a mantener España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una vez que el señor Powell ha dicho que la segunda Resolución que se presente va a acreditar que el régimen iraquí no ha cumplido la Resolución 1.441.

Luego quería saber sobre el recibimiento que ha tenido el Presidente del Gobierno en México, el malestar que ha provocado en círculos oficiales, en círculos opositores, y que se ha interpretado este viaje como que iba a presionar al Presidente Fox para que cambiara su posición respecto a la guerra.

En tercer lugar, después de que la propia Ministra de Asuntos Exteriores reconociera que en su intervención ante Naciones Unidas --creo que ha dicho-- se atropelló o estaba cansada, quería saber en qué posición queda en estos momentos en los que la actividad internacional es tan intensa.

Vicepresidente.- En principio, la posición del Gobierno español yo creo que es suficientemente conocida ya por la opinión pública, porque ya la hemos explicado en numerosas ocasiones; la última de ellas fue en el último Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado martes.

La posición del Gobierno español es exactamente la misma posición que el resto de los países de la Unión, que son quince, y de los países de la ampliación: es trabajar en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los efectos de que se cumpla la legalidad internacional, de que Irak se desarme, de que deje de colaborar con el terrorismo y de que proceda a la rápida destrucción de las armas químicas y biológicas de conformidad con las Resoluciones de la ONU. Ésta es nuestra posición: vamos a trabajar dentro del Consejo para que se cumpla la legalidad internacional.

En este momento no se sabe si va a haber o no una nueva propuesta de Resolución, no se sabe quién la va a presentar. Hay varios países que pueden presentar posiciones distintas y, por tanto, nosotros vamos a trabajar en la línea a la que yo le he hecho referencia.

Hay un dato que es muy significativo y que creo que le puede ser útil a usted, que es que ningún país de los quince que forman el Consejo de Seguridad ni ningún país de la Unión Europea han dicho lo que van a votar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ejemplo, el líder de la oposición en España ha dicho hoy que, si se planteara una intervención, él votaría que no. Figúrese usted que los quince países que estén en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hubieran dicho lo mismo antes de que se estableciera la reunión. ¿Qué pensaría entonces Sadam Hussein? Diría: "como yo ya sé lo que va a ocurrir, no cumplo las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas". ¿Entiende?

Yo creo que es algo bastante razonable que en este momento lo que tengamos que hacer todos es una presión para que se cumplan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso ningún país ni ningún dirigente político, con la única excepción del señor Rodríguez Zapatero, ha dicho con claridad qué es lo que va a hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar para que, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se pueda hacer que Irak cumpla la legalidad internacional y eso parece lo sensato, parece lo razonable, y cualquier persona normal yo creo que así lo entiende. Ahora ya al decir, como dicen algunos, estas cosas, al final el señor Sadam Hussein dirá: "¡ah!, si todos dicen esto, a mí lo que digan las Naciones Unidas no me preocupa mucho".

En segundo lugar, el Presidente del Gobierno ha ido a México en lo que es una amplia ronda de contactos internacionales, precisamente para trabajar por la paz en el marco de las Naciones Unidas y para trabajar porque se cumpla la legalidad internacional. Va a ver, como es sabido, al Presidente de los Estados Unidos; la próxima semana, lo he dicho antes, tendrá una reunión con el Presidente francés, Jacques Chirac, y también verá al Primer Ministro británico, y a lo largo de todos estos días ha estado en contacto telefónico con la práctica totalidad de los líderes de la Unión Europea y de las personas que conforman en este momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa línea hay que entender la visita del Presidente español al Presidente mexicano Fox, porque México, como usted sabe, es un país que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; pero no va ni a presionarle ni a convencerle de otra cosa distinta de que hay que seguir trabajando por la paz para que se cumpla la legalidad internacional en el marco de Naciones Unidas.

Respecto del tercer asunto, yo creo que debemos ir a los temas de fondo. Estaba yo cuando precisamente la Ministra de Asuntos Exteriores hizo la afirmación de un asunto, por otra parte, puramente formal. La posición de fondo que mantuvo la Ministra de Asuntos Exteriores es la posición de fondo que mantienen el Gobierno español y la Unión Europea, que es la que yo le acabo de explicar ahora mismo.

P.- Dos preguntas para el Vicepresidente. Por un lado, ¿a qué atribuye la dura reacción de los partidos del Gobierno vasco al cierre del diario "Egunkaria"?

Por otro lado, ¿el Gobierno estaría dispuesto a celebrar un nuevo debate parlamentario, tal y como pide el PSOE, antes de fijar una postura ya final en Naciones Unidas sobre la crisis con Irak?

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, la decisión que ha adoptado el juez de la Audiencia Nacional, el juez Del Olmo, como todas las decisiones judiciales --en este caso se trata de un auto--, es algo que, como es natural, nosotros respetamos y acatamos. No es una decisión la que ha adoptado el juez Del Olmo porque alguien exprese determinadas opiniones, ni mucho menos porque alguien las haga en euskera. Eso es absurdo. Es un auto por colaboración con banda armada. Ésa es la decisión que ha tomado el juez y luego serán los Tribunales los que tengan que decir si esto definitivamente es así o no. Por tanto, nosotros respetamos y acatamos eso.

A partir de ahí, sí que se pueden hacer algunas consideraciones políticas, aparte de que la actitud de algunos partidos que forman el Gobierno vasco, desde el punto de vista del respeto a las decisiones de los jueces y del necesario equilibrio que hay que mantener ante las mismas, a mí me parece ciertamente tremenda, porque hoy se publica un artículo de un Consejero del Gobierno vasco en esa revista, hoy aparecen anuncios del Gobierno vasco en esa revista. Me parece que institucionalmente no es un comportamiento ni mucho menos razonable.

Pero en el fondo de todo este asunto está la forma de entender las cosas por parte, fundamentalmente, del PNV y de Eusko Alkartasuna. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que hay dos principios en materia de terrorismo que creemos básicos y que creemos que comparte la mayoría de la opinión pública española: el primero es que contra ETA hay que hacer todo lo que se pueda hacer sin más límite que la Ley y el ordenamiento jurídico, y la Ley y el ordenamiento jurídico lo aplican los jueces y lo aplican los tribunales de justicia; en segundo lugar, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que ETA no es sólo el criminal que mata, o el que coloca un coche-bomba que luego puede provocar la muerte de una persona. ETA es un amplio conglomerado formado por esas personas y por quienes le apoyan, le jalean, le dan infraestructura.

En ese sentido, todos ustedes recuerdan que hace años la gente se sorprendía de que se pudiera criticar a Gestoras pro Amnistía, o a Segi, o a Ekin. Y luego la historia y los tribunales demostraron que Gestoras pro Amnistía, Ekin o Segi eran ETA y por eso se declaró, por las autoridades judiciales competentes, su ilegalidad y por eso la Unión Europea las ha situado en la lista de organizaciones terroristas.

Como quiera que ni el PNV ni Eusko Alkartasuna entienden que ETA sea algo más que los comandos, por eso su respaldo y su apoyo, como están haciendo con Batasuna; por eso se han opuesto a la Ley de Partidos Políticos, por eso han tenido los incidentes que todos ustedes conocen en relación con determinadas decisiones adoptadas por el juez Garzón.

En ese marco se enmarca, por tanto, la actuación en ese caso. Ahora bien, yo quiero insistir en que los demócratas debemos acatar las decisiones de los jueces y debemos ser conscientes de que ETA es un amplio conglomerado al que hay que combatir en su totalidad. Ésa es mi opinión sobre ese asunto.

En relación con el segundo asunto, nosotros, como todos ustedes conocen, hemos comparecido en el Parlamento ya en numerosas ocasiones: ya lo ha hecho la Ministra de Asuntos Exteriores dos veces en Comisión, yo he respondido a cuatro interpelaciones, a algunas preguntas; el Presidente del Gobierno ya ha comparecido dos veces, y la última vez que compareció fue de conformidad con el modelo que la propia oposición pretendía. Yo creo que el debate del otro día lo vieron todos ustedes y la conclusión que podemos sacar de ese debate es que al Gobierno le conviene que haya el mayor número de debates parlamentarios posibles. De lo que tengo serias dudas es si a la oposición le conviene el que eso sea también así.

A partir de ahí, nosotros seguiremos compareciendo en el Parlamento todas las veces que sean oportunas y razonables. En este momento no sé si vamos a comparecer mañana o pasado mañana; pero yo creo que el Gobierno ha aclarado convenientemente y ha demostrado que va al Parlamento. Ya hay muchas más ocasiones que lo que ocurrió en etapas anteriores.

Sí hay una cosa en la que me gustaría volver a insistir, porque es un tema muy importante. No hay, insisto, hasta el momento presente ningún país que haya manifestado su posición definitiva en el seno de Naciones Unidas. ¿Alguien conoce la posición definitiva de Francia o alguien conoce la posición definitiva de Alemania? Eso tiene toda la lógica del mundo. Lo que no tiene ninguna lógica es decir, insisto, como ha dicho el líder de la oposición, que él acataría las decisiones de Naciones Unidas --menos mal que acataría las decisiones de Naciones Unidas y, por favor, hay que darle un poco de nivel también a estos debates-- y decir que "yo votaría que no pase lo que pase".

¿Votaría que no si todos los demás votan que sí? ¿Votaría que no si toda la Unión Europea, todos los países de la ampliación y todos los del Consejo votan que sí? ¿Le parece a usted que es un buen sistema para presionar a Sadam Hussein para que cumpla la legalidad internacional el anunciar eso? Ésas son las preguntas que hay que hacer y cómo entonces Naciones Unidas haría cumplir la legalidad internacional. Es que no hay nadie, ni la Unión Europea ni nadie, que haga planteamientos de esas características.

Yo creo que hay que actuar con una cierta seriedad, un cierto equilibrio; hay que dar la talla en los momentos importantes.

P.- Señor Vicepresidente, aunque no quiera adelantar la postura que adoptará España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿nos puede confirmar que España está colaborando en la redacción de una nueva Resolución, como adelantaba el señor Colin Powell?

En segundo lugar, quiero saber si el Ministro Jaume Matas se ha despedido hoy del resto de sus compañeros de Gabinete o si lo hará en un próximo Consejo de Ministros.

Vicepresidente.- Ésa segunda es muy fácil, porque no se ha despedido hoy. Como a buen seguro usted puede intuir, no era hoy el día más razonable para que lo hiciera, teniendo en cuenta quien presidía el Consejo de Ministros. Ni puedo adelantarles nada en relación con ese asunto, entre otras cosas, porque no sé nada. Es una competencia, como ustedes saben, de quien la tiene.

En relación con la primera pregunta, si estamos colaborando en la redacción de una nueva propuesta de Resolución, nosotros estamos en este momento intercambiando opiniones con todos los países para ver que decisión tenemos que adoptar en el Consejo de Seguridad. Lo estamos haciendo con Estados Unidos, lo estuvimos haciendo con México en el día de ayer y lo estamos hacemos --lo haremos la semana que viene con el Presidente francés, como he dicho, con el Primer Ministro del Reino Unido-- también con el resto de nuestros socios de la Unión Europea.

Por tanto, estamos intercambiando opiniones, intentando fijar criterios, insisto, con el objetivo básico de que se cumpla la legalidad internacional sin necesidad de que sea precisa una intervención pero, al mismo tiempo, manteniendo una postura de firmeza clara ante Sadam Hussein. Eso es lo que estamos haciendo y lo que continuaremos haciendo a lo largo de los próximos días.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Administraciones Públicas. La primera es referida a la reunión del Pacto Antiterrorista reciente, de la que tenemos entendido que usted asumió la responsabilidad de hablar con Hacienda sobre la cuestión del fondo de seguridad. Quería saber si ya ha hecho alguna gestión al respecto y en cuánto estiman que podría incrementarse ese fondo de seguridad, habida cuenta que vienen elecciones locales y que en el País Vasco es complicado organizar actos.

Por otro lado, ¿qué porcentaje de incremento de Oferta de Empleo Pública hay con respecto al año anterior? Quería ese dato: qué porcentaje de incremento.

Sr. Arenas.- Con respecto a la primera pregunta, tuvimos una reunión, como saben ustedes, de la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Tengo que decirles que, desde luego, nos han sorprendido extraordinariamente algunas informaciones que se han ofrecido de esa reunión; por ejemplo, que se había procedido a un debate sobre el asunto de las listas conjuntas, cuando no se habló ni un segundo de ese asunto. Pero, independientemente de lo que hablamos en aquella reunión, lo importante es que terminamos con acuerdo en torno al endurecimiento de penas y a la ampliación del período máximo de cumplimiento.

Con respecto a la cuestión que usted plantea, la circunscribiría a la situación actual de las sedes de las organizaciones políticas que defienden la Constitución y el Estatuto y que permanentemente se ven amenazadas o se ven deterioradas por la acción de los grupos violentos. Hemos quedado en estudiar si se puede hacer un plan especial de cobertura para mejorar las instalaciones y, sobre todo, mejorar la protección de las sedes que están siendo permanentemente asaltadas. Ése es el asunto que estamos estudiando. Yo he tenido ya algún contacto con el Ministerio de Hacienda y a estas alturas todavía no le puedo precisar una solución definitiva, pero sí que el estudio que está haciendo sería para esa finalidad en exclusiva.

La segunda cuestión que me plantea es la relativa al porcentaje. Creo que tengo la cifra y se la puedo dar; no sé si el porcentaje, pero las cifras totales. En 2002, 17.777 plazas; en 2003, 21.197 plazas. Si no están mal hechas las cifras, supone un 20 por 100 de incremento en relación con el año anterior.

P.- Para el Vicepresidente. Aunque ningún país haya revelado lo que va a votar en el Consejo de Seguridad, me gustaría saber si España coincide más con las posiciones del señor Blair, que habla de dejar un plazo hasta el 14 de marzo, o más con las del señor Rumsfeld, que habla del 4 de marzo.

Por otro lado, una vez aprobada la Resolución, ¿el Gobierno la llevará a votación al Congreso de los Diputados, como llevó la Resolución de la Unión Europea?

Vicepresidente.- No vamos a entrar en una subasta de fechas, porque uno puede decir el 4, otro el 14, otro puede decir el 7, otro puede decir el 6. Yo creo que de lo que se trata es de intentar llegar a un planteamiento conjunto y llegar a la convicción de si Sadam Hussein está o no aplicando la legalidad internacional. Ése es el tema.

Le voy a hacer una reflexión que yo creo que puede ser útil a estos efectos. Ustedes saben que es costumbre en el Parlamento español el que se produzca un debate siempre que tiene lugar un Consejo Europeo. Estos debates del Consejo Europeo son siempre después de que se haya celebrado ese Consejo Europeo, lo cual tiene toda la lógica y todo el sentido del mundo porque ¿cómo va a ir un Gobierno a debatir en un Consejo Europeo con una posición que no le permita moverse, cuando hay quince en el Consejo Europeo, en este caso quince en el Consejo de Seguridad? Nadie va allí atado de pies y manos y sin posibilidad alguna de poder opinar, de poder debatir y de poder fijar un criterio.

Figúrese usted que los quince fuesen con una posición previamente cerrada y que no pudieran moverse, y que, al mismo tiempo, fueran con la intención razonable de llegar a un acuerdo. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo quince países que no tienen posibilidad ninguna de moverse para llegar a ese acuerdo?

Éste es el tema. Es que esto lo llevamos viendo muchos años a lo largo de la democracia española, es que todos los debates son después del Consejo Europeo.

Luego, si lo llevaremos o no lo llevaremos a resolución del Parlamento, no lo sé. Yo creo que el otro día la posición que plantearon el Gobierno español y el Grupo Parlamentario Popular, que fue el que presentó la propuesta de resolución, fue, permítame que se lo diga, primero, una propuesta muy inteligente, sinceramente. Yo creo que fue una propuesta muy inteligente, aunque otros puedan no compartirlo; pero, además, creo que era una propuesta sensata y razonable, porque era la misma propuesta que mantenía toda la Unión Europea.

Después de los problemas habidos, en cierta manera, en la Unión Europea, en la OTAN, etcétera, yo creo que es bueno dar un mensaje de unidad, de que Europa puede tener una política exterior, de seguridad y de defensa comunes, de que la OTAN puede funcionar razonablemente. También manifestaron su apoyo todos los países de la ampliación. Por tanto, yo creo que era un momento razonable para presentar una postura razonable, con lo cual España tiene las mismas posibilidades de contribuir a conseguir un consenso que el resto de los países; es decir, i la posición del resto de los países es la de la Unión Europea, la de España es lógico que sea la de la Unión Europea. La clave son los conceptos y los criterios.

Le vuelvo a insistir: la posición de España es que se cumpla la legalidad internacional, que hay que ser firme con Sadam Hussein y que hay que trabajar en el marco de Naciones Unidas. Ésta es la posición y creo que es muy razonable y muy entendible.

P.- Al Vicepresidente Primero, a propósito del cierre del diario "Egunkaria" le quería preguntar si es habitual o si va a serlo a partir de ahora que el Gobierno emita notas de prensa conjuntas junto a los jueces.

Vicepresidente.- El Gobierno no emite notas de prensa conjuntas con nadie. Puede emitir un comunicado conjunto en una reunión con otro país pero, desde luego, ni con los jueces ni con los fiscales; por tanto, el Ministerio del Interior lo que ha hecho ha sido dar una nota absolutamente aséptica, sin ninguna valoración, de qué es lo que había sucedido.

Ahora bien, yo también quiero decir una cosa, y se lo digo desde el conocimiento que adquirí cuando asumí la responsabilidad de la cartera de Interior. Hay que hacer todo lo necesario, y creo que esto es razonable, para no perjudicar, ni la investigación, ni el secreto del sumario. Dejémoslo ahí, si a usted le parece: todo lo necesario para no perjudicar ni la investigación ni el secreto del sumario.

Dicho esto, nosotros no damos notas de prensa conjuntas ni con la Fiscalía ni con ningún miembro del Poder Judicial.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente y otra para el Ministro.

Sobre la resolución que se aprobó el pasado martes en el Congreso de los Diputados, y que usted ha calificado de sensata y razonable, desde Coalición Canaria se ha criticado bastante al Gobierno al entender que esa resolución era una copia de unas que previamente ellos habían registrado y que además usted había negociado con ellos, por lo menos de alguna manera. No sé si tiene algo que decir a los dirigentes de Coalición Canaria o responderles.

Pasando ya al Ministro, me gustaría preguntarle sobre la oferta de creación de empleo y sobre la supresión de todos los certificados que va a haber en la Administración General del Estado. ¿En qué medida va a afectar eso a los funcionarios y se prevé algún cambio o puede afectar de algún modo, porque también, me imagino, supone menos trabajo para ellos?

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, permítame que yo no polemice con Coalición Canaria, porque creo que no aporto nada al interés general; pero sí le voy a decir una cosa que creo que puede ser una pista y que, además, es probable que muchos de los aquí presentes conozcan.

Este debate se celebró el martes de esta misma semana y el martes de la semana pasada, de la anterior, se celebró otro debate como consecuencia de las mociones que habían presentado los distintos Grupos Parlamentarios. En aquella ocasión el Grupo Parlamentario Popular no pudo presentar mociones porque no había interpelado al Gobierno y eran mociones consecuencia de interpelación; pero sí podíamos enmendar las mociones presentadas por el resto de los Grupos, lo que pasa es que no se votan si los Grupos no aceptan las enmiendas. Y la enmienda que una semana antes del debate por el que usted se interesa presentamos nosotros --en aquel debate intervine yo-- fue el acuerdo adoptado por la Unión Europea en el Consejo de Asuntos Generales, el último acuerdo de la Unión Europea. Ésa fue exactamente la enmienda.

Por eso creo que le doy una pista, pero permítame porque además creo que no tiene mucho sentido y yo no quiero polemizar con nadie.

Sr. Arenas.- Con respecto a la pregunta que me ha hecho de la menor carga de trabajo para la Administración Pública, lo que resulta evidente es que para quien supone un mayor beneficio es para los ciudadanos. Eso resulta evidente. Es verdad que en la Administración Pública ya no se procederá a lo que es la emisión del certificado en soporte papel, pero sí habrá que hacer la necesaria comunicación interna de transmisión de datos. Luego, es muy pronto para poder evaluar la nueva carga de trabajo tras la supresión de los certificados.

En cualquier caso, ahora el primer objetivo, y espero que eso podamos plantearlo la semana próxima, es la apertura de las oficinas públicas en horario continuado hasta las cinco y media de la tarde. Ése es en este momento uno de los grandes objetivos que tiene planteado el Ministerio para los próximos días.

P.- Quería volver sobre una pregunta que ha hecho un compañero antes; es la de la nota conjunta. No he entendido muy bien la respuesta, si le parece bien, mal, regular. De hecho, ha suscitado una cierta crítica en algunos medios judiciales esta cuestión que parece insólita. En este sentido, también le quería pedir una toma de posición sobre algunas declaraciones muy duras que ha habido desde el Gobierno vasco. Concretamente, el Consejero de la Justicia ha dicho que es impresentable precisamente esta nota conjunta.

Luego, ya en el terreno ya más político, más genérico, el portavoz del PNV ha dicho que la actuación de ayer es propia de un estado totalitario. En este sentido, le quería pedir una toma de posición.

En tercer lugar, también, teniendo en cuenta que en medios judiciales también se dice que este auto parece no sustentado suficientemente y teniendo en cuenta que afecta al único diario que hay en el País Vasco en euskera, ¿no cree que el riesgo político puede ser muy serio --le hablo como responsable político--, teniendo en cuenta que, al parecer --yo ahí no soy un experto--, en los medios judiciales se dice que este auto no parece suficientemente sustentado en relación con los anteriores de Garzón?

Por último, al Ministro de Administraciones Públicas le quería pedir una proyección hablando de la Oferta de Empleo Pública. Ha hecho usted una cierta referencia al tema de cómo han aumentado los componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Esto se va a mantener y va en proyecciones futuras también en esta misma dirección?

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, el Gobierno no hace notas de prensa conjuntas. El Gobierno fija su posición a través de los documentos que ustedes habrán visto en multiplicidad de oportunidades bajo el rótulo de "El Gobierno informa". Eso es así.

Ahora voy a ver si se lo puedo explicar mejor. El Gobierno, al hacer esas notas, porque el Gobierno tiene, lógicamente, que comunicar e informar a la opinión pública de acontecimientos que son de interés, y éste, sin duda alguna, es un acontecimiento de interés, tiene que hacer todo lo necesario para con su información no perjudicar la investigación judicial ni perjudicar el secreto del sumario. Se lo digo desde mi experiencia como responsable, cuando lo fui, del Ministerio del Interior. Es así, pero no publicamos notas conjuntas; pero tampoco podemos publicar cosas que puedan entorpecer la investigación realizada por los jueces ni el secreto sumarial.

En segundo lugar, con respecto a las afirmaciones, que las ha habido del PNV, las ha habido del Gobierno vasco, hoy mismo he recordado yo antes que un Consejero de Medio Ambiente escribía un artículo en ese medio, hemos visto anuncios; responden a lo que antes le he dicho: que el Partido Nacionalista Vasco y EA no se oponen, como es evidente, a que se detengan criminales de la organización terrorista ETA, pero nunca han creído que eso que se llame el "entorno de ETA" tenga nada que ver con ETA. Ésa es la convicción que hoy tiene una inmensa mayoría de ciudadanos en España y la convicción que han tenido los jueces. Antes les citaba los casos de Segi y Gestoras pro Amnistía u otras decisiones judiciales.

Aquí no es un problema de libertad de expresión, ni mucho menos del idioma, como he señalado antes, que se utilice; aquí es, lisa y llanamente, un problema de si estamos o no ante el entramado de ETA y, si estamos o no ante el entramado de ETA, lógicamente lo tiene que decir el juez.

Usted ha dicho que usted no tiene criterio para calificar el auto; yo, tampoco. Tengo exactamente el mismo criterio que usted. No somos ninguno de los dos especialistas en Derecho Penal, pero lo que sí tenemos es la obligación, desde luego, de acatar y respetar las decisiones de los Tribunales.

Yo le recuerdo que estas polémicas iguales se produjeron con ocasión de la ilegalización de las Gestoras pro Amnistía, se produjeron cuando tuvo lugar lo de Ekin, se produjeron cuando tuvieron lugar las decisiones judiciales sobre Jarrai. Hay gente que, evidentemente, no lo ve así. Yo, sinceramente, lo veo así pero, al final, lo importante es cómo lo vea quien tiene que aplicar la Ley, porque en un sistema democrático, que lógicamente le afecta a todos, hay unas leyes que aprueban los Parlamentos y luego hay unos jueces que son los toman las decisiones sobre si determinadas actuaciones de particulares, o de periodistas, o de cualquier señor que tenga cualquier profesión, se ajustan o no a la Ley.

Por tanto, yo tengo que respetar la decisión del juez. Es un auto, no es definitiva, habrá una sentencia en su día y puede, evidentemente, suceder cualquier cosa.

Sr. Arenas.- La Oferta de Empleo Pública que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la más importante de los últimos diez años. Como he dicho, supone más de 6.700 nuevos efectivos de Policía y Guardia Civil. El próximo año será, como mínimo, de la misma entidad que éste.

Con respecto a proyecciones futuras, habrá que esperar a los análisis que se hagan del plan cuatrienal del Ministerio del Interior, que está previsto de 2001 a 2004. Les vuelvo a insistir en que con la proyección del próximo año, que será por encima de este año, se cumplirá el compromiso del Presidente Aznar de las 20.000 plazas en un período de tres años que formuló en el otoño pasado.

Vicepresidente.- Muchísimas gracias a todos.