Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días. En su reunión de hoy, el Consejo de Ministros ha acordado promover, en cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 26 de agosto, y a iniciativa propia también, el ejercicio de la acción de declaración de ilegalidad de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El Ministerio de Justicia cursará las órdenes e instrucciones oportunas a la Abogacía del Estado para dar cumplimiento a este acuerdo y para darles detalles sobre el contenido del mismo nos acompaña el Ministro de Justicia, José María Michavila.

También el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 443/2001 sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar. Se ha considerado conveniente establecer un plazo transitorio para la adecuación progresiva de los vehículos que prestan servicios de transporte escolar.

Ha autorizado el Consejo un contrato administrativo de servicios para la creación de la Red Corporativa Multiservicio de Telecomunicaciones del Ministerio de Administraciones Públicas, con un presupuesto de 27,7 millones de euros. Con este contrato se dotará a este Departamento de una red de telecomunicaciones integral provista de las más recientes tecnologías que permitirá una mayor calidad en las aplicaciones informáticas.

Se ha acordado solicitar a Francia la extradición de los miembros de la banda terrorista ETA Marcos Sagarzazu Oyarzábal y Francisco Javier Irastorza Dorrosoro, y de los miembros del GRAPO Marcos Martín Ponce y Antonio Lago Iglesia.

En el área de Medio Ambiente, el Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 1.687.000 euros para la recuperación de suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se ha autorizado, asimismo, al Ministerio de Medio Ambiente a suscribir un convenio con la Universidad de Extremadura para la realización de un estudio sobre la contribución española en la lucha contra la desertificación que se desarrollará entre los años 2002 y 2004. En este mismo área, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar diversas obras de saneamiento y depuración que el Ministerio de Medio Ambiente llevará a cabo en Tenerife y Cantabria por un importe total de 52 millones de euros.

Por otra parte, se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para la finalización de proyectos de investigación en el Centro de Astrobiología por un importe de 3.967.000 euros.

En el capítulo de acuerdos de personal, se nombra a don José Espinosa Carmona Fiscal Jefe de la Sala V del Tribunal Supremo; a don Juan Gonzalo Martínez Mico, Asesor Jurídico General de la Defensa; a doña María Purificación Neira González, Presidenta de la Agencia de Seguridad Alimentaria; a don Enrique Alejo González, Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, y a don Javier Fernández González, Director de Información del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.

Asimismo, el Gobierno ha acordado solicitar de las Cortes que comparezcan a lo largo de este mes de septiembre, y que en consecuencia se fije fecha a la mayor celeridad posible, el Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia, la Ministra de Asuntos Exteriores, el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro de Administraciones Públicas, la Ministra de Sanidad y Consumo y el Ministro de Ciencia y Tecnología para dar cuenta de los principales proyectos de sus Departamentos tras la remodelación ministerial habida el pasado mes de julio.

En cuanto a las actividades del Presidente del Gobierno, el lunes, día 2, a las doce horas, presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, y el viernes, día 6, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Como les he señalado al principio, el Gobierno ha acordado, en cumplimiento de la Resolución aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado día 19, y también en ejercicio de la legitimación que le confiere el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, promover el ejercicio de la acción de declaración de ilegalidad de Herri Batasuna y los dos partidos políticos anteriormente citados, Euskal Herritarrok y Batasuna, ante la Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Antes de que el Ministro de Justicia les explique a todos ustedes los aspectos básicos del informe que ha presentado en relación con este asunto al Consejo de Ministros, yo quisiera, en nombre del Gobierno, hacer algunos comentarios en relación a este asunto.

El primero es que todas las instituciones democráticas, todos los poderes, están actuando en la misma dirección --recuerden que también lo ha anunciado el Ministerio Fiscal hace escasas fechas-- y lo están haciendo sin complejos, como una democracia normal que pide que se cumpla la Ley y se defiendan, en consecuencia, la propia democracia y los derechos y las libertades de las personas. Para nosotros, así lo interpreta el Gobierno, esto no es sólo un derecho, sino también es un deber, porque es un deber del Gobierno y de las instituciones el defender a las personas, a su libertad, la propia democracia y las reglas del juego.

Quiero decir, y ya lo he señalado en alguna otra ocasión, que la lucha contra ETA no es sólo la lucha contra uno o varios comandos criminales; lo es contra todo el aparato de apoyo que en realidad conforma y es parte de la propia ETA. No olvidemos en este sentido que ya han sido declaradas ilegales en España algunas organizaciones que forman parte de ETA, como son SEGI, EKIN o las propias Gestoras Pro Amnistía, y que la Unión Europea ha establecido y ha fijado en su lista de organizaciones terroristas que éstas tres a las que acabo de hacer referencia lo son.

Por tanto, la lucha contra ETA es una lucha, no sólo contra el comando ejecutor, sino contra quienes les apoyan, les dan respaldo, les proporcionan ayuda incondicional y, por tanto, le facilitan y se convierten en elementos indispensables para cometer los atentados contra las personas, contra sus derechos, sus bienes y sus intereses.

Quiero señalar, en tercer lugar, que con la ilegalización de Batasuna no se acaba, evidentemente, con el terrorismo, pero se le combate mejor y se le combate con mucha mayor eficacia. No se gana la guerra contra el terror pero, desde luego, se gana una importante batalla, que es terminar con la impunidad de sus cómplices y de sus colaboradores. Y la reacción amenazadora de Batasuna ante su ilegalización creo que no hace más que corroborar las razones por las cuales merecen estar fuera de la legalidad. Yo creo que el terror en ningún caso puede ser legal.

Hay que señalar, además, en relación con quienes se manifiestan en contra de la ilegalización porque presagian una mala reacción por parte del entramado terrorista, que ninguna reacción puede ser más macabra que las acciones que han cometido en los últimos años, que son las acciones por las que precisamente deben ser ilegalizados. Si responden con violencia y atentados, responderán con lo que siempre han respondido y con lo que siempre han hecho; es decir, lo estaban haciendo y sabemos y somos conscientes de que seguirán intentándolo. Y precisamente por eso su sitio tiene que estar fuera de la Ley.

Por último, quiero señalar que los únicos que pierden con esta iniciativa del conjunto de las instituciones son los terroristas y sus colaboradores. Estas actuaciones solamente van dirigidas contra ellas y, por tanto, no queda lugar para ningún victimismo político. La Ley es nítida y clara, y no persigue ninguna idea. La Ley lo que precisamente busca es que todos puedan expresar libremente sus ideas sin miedo a las amenazas y al terror y, como ustedes saben, en este momento hay muchísimos españoles que no pueden expresar libremente sus ideas porque unos grupos, a los que ahora se pretende ilegalizar, lo impiden. Por tanto, al Gobierno le interesa insistir en este argumento: no se persigue aquí ninguna idea; se persigue, simplemente, a unos terroristas y a quienes pretenden que los demás no puedan expresar libremente sus ideas.

En este sentido, creemos que es una lástima que algunos se hayan abstenido de mostrar un compromiso más firme, más contundente, más inequívoco y más claro con la defensa de derechos fundamentales básicos cuando han tenido una histórica oportunidad para hacerlo. Lo lamentamos mucho y así queremos decírselo al conjunto de la opinión pública española.

Sr. Michavila.- La Ley de Partidos Políticos prevé expresamente que la formalización de la demanda que el Gobierno está legitimado a interponer ante el Tribunal Supremo venga precedida de una deliberación del Consejo de Ministros. En ese sentido, hoy el Consejo de Ministros ha deliberado sobre las razones de hecho y los fundamentos de derecho que, a juicio del Gobierno, justifican la adopción del acuerdo que ha leído el Vicepresidente, es decir, un acuerdo en cuya virtud el Gobierno decide ejercer la legitimación que le concede la Ley de Partidos y ejercer también la petición del Congreso de los Diputados para promover ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de tres formaciones políticas.

Los ejes de ese informe que darán lugar a la demanda que se presentará el próximo martes, día 3 de septiembre, ante el Tribunal Supremo son bastante sencillos. La demanda tiene una facilidad y es que la demanda consiste en explicar en términos jurídicos lo que es ya una evidencia para toda la sociedad española, y es que Batasuna es la proyección del terrorismo en la política.

Como saben ustedes, las demandas se vertebran en fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. No voy a ser muy minucioso, pero sí les voy a dar las líneas básicas de lo que son los fundamentos de hecho.

Los fundamentos de hecho de la demanda, y del informe, en consecuencia, se centran en tres ejes. En primer lugar está la demostración de que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna constituyen realmente un entramado político único, con una plena identidad, en la que ha cambiado sólo la denominación pero, sin embargo, se acredita, con una serie de aportaciones documentales, que comparten objetivos, sedes, cargos, dirigentes, grupos parlamentarios, militantes, cargos municipales y candidatos.

El segundo eje es que desde su fundación este entramado ha constituido claramente la prolongación del terrorismo en la política, utilizando las instituciones democráticas al servicio del terror. Se acredita con múltiples pruebas como las listas electorales han estado al servicio de la banda terrorista; como la financiación que este partido político recibe de los impuestos de todos los españoles se ha destinado a financiar las actividades terroristas; se acredita como el censo electoral, que es un privilegio al que acceden sólo los partidos políticos, donde está la intimidad de todos los ciudadanos, ha sido utilizado por estos partidos políticos para dárselos a la banda terrorista que, a su vez, los utiliza para extorsionar y chantajear a los ciudadanos; se acredita también como se ceden los espacios electorales o las páginas web en beneficio y a favor de los propios terroristas, y se acredita también como en muchas ocasiones las sedes de estas formaciones políticas han sido, tanto depósitos de armas, como centros de captación de personas que se incorporan al ejercicio del terrorismo.

El tercer eje de los fundamentos de hecho consiste en acreditar que, después de dos meses de aprobada y de entrada en vigor la Ley de Partidos Políticos, Batasuna, de manera abrumadora, ha venido demostrando con evidencias ciertas que desea mantenerse en la trayectoria que motivó su nacimiento, es decir, que ha deseado seguir siendo la proyección del terrorismo en la política.

En este sentido se acredita que Batasuna ha infringido, de manera grave y reiterada, la Ley de Partidos Políticos en innumerables ocasiones.

Lo ha hecho manteniendo doble militancia entre personas condenadas por terrorismo y personas que mantienen cargos de dirección o que mantienen cargos electos, infringiendo la prohibición de mantener esa doble militancia que establece la Ley e infringiendo también el deber de expulsar a esas personas o de iniciar una acción tendente a la expulsión de personas que, habiendo sido condenadas por delito de terrorismo, no hayan repudiado públicamente los fines o los medios del terrorismo.

Lo acredita también manteniendo hoy en aquellos gobiernos municipales donde tiene mayoría absoluta gestos expresos, continuos y constantes, de exaltación del terrorismo.

Lo acredita imputando a las instituciones democráticas la responsabilidad de los asesinatos, mediante también reiteradas declaraciones de apoyo al terrorismo de sus cargos dirigentes.

Lo acredita mediante reiterados actos de ursupación de funciones de las autoridades democráticas y también mediante reiterados actos de amenaza e intimidación a demócratas y, concretamente, también a cargos electos de partidos democráticos, singularmente en el País Vasco.

Finalmente, acredita que desea mantener esa trayectoria rechazando la condena a los atentados; condena a la que venían expresamente obligadas aquellas personas que previamente hubieran tenido alguna condena de terrorismo por acciones concretas y por sentencia firme.

Si éstos son los argumentos de hecho, básicamente, los argumentos de derecho son centrarnos en lo que es la legislación española, en el Derecho comparado y en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que acredita que la demanda se interpone con todas las garantías, tanto en las instancias nacionales, como en las instancias internacionales, y, finalmente, la concreta aplicación de todo ese listado de hechos a los supuestos jurídicos que prevé la Ley.

La demanda, que reitera y describe minuciosamente muchos hechos, viene acompañada de un minucioso dossier probatorio. En él se alcanza a presentar cerca de mil elementos de prueba. Esos cerca de mil elementos de prueba acreditan, de manera fehaciente, que Batasuna es la prolongación del terrorismo en la política, que Batasuna utiliza los privilegios que tiene un partido político para abastecer al terrorismo. Entre esos elementos de prueba se encuentran certificaciones expedidas por instituciones democráticas, ayuntamientos y parlamentos; un número abundante de actas notariales; actas de presencia; certificaciones judiciales; cintas de páginas web, también certificadas; cintas de vídeo; fotos digitales certificadas y diversos informes, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como de algunas instituciones.

Todo este dossier probatorio, con cerca de mil elementos, más todo ese conjunto de hechos, sin duda permiten formalizar una demanda que se presentará, como he dicho, ante el Tribunal Supremo el próximo martes. A partir de ese momento se inicia un procedimiento judicial y será al Tribunal Supremo, a la máxima Sala de ese Tribunal Supremo, es decir, a la Sala compuesta por el Presidente y los cinco Presidentes de cada una de las Salas, así como el más antiguo y el más joven de cada una de esas cinco Salas, a quien corresponda la última palabra en relación con este proceso.

P.- Varias cosas. Me gustaría saber, en primer lugar, si la demanda incluye alguna petición a la Sala del Supremo de que tome alguna medida cautelar, mientras tanto se resuelve la demanda de ilegalización, respecto a la actividad de Batasuna. Eso lo que es desde el punto de vista legal.

Y desde el punto de vista político, me gustaría saber del Vicepresidente, en primer lugar, qué le parece la actuación que ha tenido el Gobierno vasco a la hora de aplicar el auto del señor Garzón.

Por otro lado, y dado que usted ha lamentado la posición de algunos partidos políticos que han perdido una oportunidad, me gustaría saber qué le parece el que estos partidos políticos, en concreto Convergència i Unió y el PNV, hayan reactivado la Declaración de Barcelona y hayan decidido reunirse el próximo día 10 para analizar la situación política.

Sr. Michavila.- En relación con la cuestión jurídica que usted plantea, hoy el Gobierno ha decidido formalizar la demanda. En ese sentido, el Servicio Jurídico del Estado, que ha venido trabajando intensamente, tiene que ultimar la elaboración de la demanda y, en consecuencia, será el día 2 el día que se formalice ante el Tribunal Supremo. Ése es uno de los extremos que están elaborando en este momento los Servicios Jurídicos del Estado.

Vicepresidente.- En relación con el segundo punto, yo creo que, tanto la Policía Autónoma Vasca, en el ámbito de su competencia, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el ámbito del suyo, concretamente en la Comunidad de Navarra, lo que han hecho es cumplir con su obligación; obligación que tienen no sólo las Policías, sino los Gobiernos y el conjunto de los ciudadanos, cuando se produce una resolución judicial. Por tanto, creo que han actuado cumpliendo con su obligación, como han actuado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y creo que no habría otra forma posible de actuar. Por tanto, no me queda más comentario que hacer en relación con ese asunto.

Yo no he querido citar, y lo he hecho ex profeso, a ninguna fuerza política, ni pretendo entrar en debates en relación con este asunto. Lo que sí quiero señalar es que esta decisión que se ha adoptado por una inmensa mayoría de diputados, representantes del conjunto de los ciudadanos; por el propio Gobierno de la nación, que sin duda alguna tiene una representación importante porque surge, al final, del Parlamento y, por tanto, del voto de los ciudadanos, y por el propio Ministerio Fiscal... Lo que hemos pretendido, como he señalado, es con esta decisión actuar como actúa cualquier democracia sin ninguna suerte de complejos. Creo que una de las obligaciones básicas de una democracia es defender la propia democracia, es defender las reglas del juego, es defender el derecho a la vida, es defender la libertad y es defender los derechos de los ciudadanos y sus propios bienes e intereses que han sido lesionados en multiplicidad de ocasiones por las personas del entramado terrorista ETA.

A nosotros eso nos parece el tema fundamental y prioritario, y sobre el cual debe caer cualquier otra consideración. Si alguna obligación hay básica en una democracia y si algo tiene que hacer una democracia, es actuar sin complejos, con legitimidad y siguiendo las normas y las pautas que marca el ser un Estado de Derecho.

A partir de ahí, sinceramente, yo no creo que tenga nada que ver la reactivación de la Declaración de Barcelona con esta decisión. Aquí estamos hablando de democracia, de libertad, de vida, de derechos y de personas, y creo que es perfectamente conciliable el defender estas cosas con sostener planteamientos políticos diferentes. De hecho, ha habido partidos nacionalistas que han dado su apoyo a esto.

Por tanto, al final, cada uno dará los argumentos que estime oportunos y convenientes; pero yo creo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos lo prioritario es esto y esto se puede y, en mi opinión, se debe sostener pensando políticamente como cada uno quiera. Yo, desde luego, desligo y quiero desligar, y no creo que tenga nada que ver, la ilegalización de un partido que viola las más elementales normas y los derechos humanos de las personas con tener o no un modelo de Estado distinto.

P.- Quería preguntarle al Ministro de Justicia. Cuando hubo la reforma del Código Penal respecto al delito de exaltación del terrorismo, el Tribunal Supremo, tras la querella contra Arnaldo Otegui, hizo una interpretación, digamos, saltándose u obviando un poco el espíritu de la reforma que hubo en el Congreso. Quería preguntarle al Ministro si en este caso cabe alguna interpretación o puede haber algún resquicio en que el Tribunal Supremo entienda claramente lo que la Ley de Partidos establece, o no hay lugar a dudas y el Supremo, con los elementos de prueba que comentaba, no tiene otro remedio que hacer lo que pide el Gobierno y la Fiscalía.

Sr. Michavila.- España es una democracia madura y una democracia madura en la que se respeta el Estado de Derecho y, en consecuencia, la división de poderes.

La Ley de Partidos Políticos es una Ley que establece todas las garantías democráticas, que supera los estándares democráticos de los países de nuestro entorno y pone en marcha algo que llevan haciendo las democracias de nuestro entorno desde hace mucho tiempo. Recuerde que tan sólo en Francia y Alemania en los últimos años se han ilegalizado treinta formaciones políticas y se ilegalizan cuando concurren los supuestos de hecho que la Ley prevé para esa ilegalización.

En España, el Parlamento, por una abrumadora mayoría, ha entendido que concurren los supuestos de hecho en estas formaciones políticas para proceder a la ilegalización y, además, lo declara precisamente el mismo legislador que aprobó la Ley. Y el Gobierno entiende también que concurren los supuestos de hecho y de derecho para formular y promover esa demanda con las suficientes garantías. Pero, en todo caso, hay una evidencia: en nuestra democracia hay separación de poderes y, en consecuencia, y lo he dicho antes, es al Tribunal Supremo a quien le corresponde resolver esta petición, y será, por lo tanto, el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra en relación con la petición de ilegalización.

P.- Tengo dos preguntas, la primera me la puede responder el Vicepresidente o el Ministro. ¿Algún representante del Gobierno tiene previsto algún encuentro o contacto específico con el Gobierno francés para hablar sobre los efectos de la ilegalización de Batasuna y muy en concreto sobre el posible traslado de esta organización a Francia?

Y al Vicepresidente querría preguntarle sobre unas declaraciones que ha hecho hoy el Lehendakari Ibarretxe, en las que ha dicho que el Gobierno ha fracasado en su intento de erradicar el terrorismo de ETA y ha anunciado un plan para dar una solución política al conflicto vasco.

Vicepresidente.- En relación con el primer tema, aquí hay dos tipos de cuestiones diferentes: una de ellas es los efectos jurídicos que pueda producir en su día, si el Tribunal Supremo así lo decide, la ilegalización de Batasuna, que es un asunto que lógicamente habrá que hablar en su día; y otra son los efectos jurídicos que produce el auto que el juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha dado a conocer a lo largo de los últimos días. En esos casos, lógicamente, será el juez el que, en el trámite de ejecución de sentencia, si así lo estima oportuno y conveniente, igual que lo ha hecho a las Policías de este país, pueda o no hacer una comisión rogatoria dirigida a jueces de otros países para que se cumpla su auto. El Ministerio Fiscal así lo ha pedido y, lógicamente, tiene que decidirlo el juez.

A partir de ahí, lógicamente, nosotros lo que vamos a pretender, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es que, cuando un partido político sea ilegal en España, cuando una asociación sea ilegal en España y sea declarada terrorista mediante una resolución judicial, nosotros pediremos que se incluya en la lista de organizaciones terroristas europeas. Como usted sabe, en este momento se han incluido en la lista de organizaciones terroristas europeas SEGI, que es la organización juvenil de ETA; las Gestoras Pro Amnistía; EKIN y también algunas personas individuales que son miembros de Batasuna. Lógicamente, si esto se produce, pediremos su inclusión allí y, por tanto, tendrá efectos en toda Europa.

Pero es evidente que nosotros explicaremos en general, por los cauces diplomáticos habituales, a todo el que quiera oírnos, lógicamente, cuáles son las decisiones que se han adoptado. En este momento la única decisión con efectos que se ha producido es la decisión de un juez y es a él a quien le compete el hacer o no esas comisiones rogatorias a las cuales antes le he hecho referencia.

En segundo lugar, no me parece que sea el lugar más adecuado para establecer polémicas en base a declaraciones de unos y de otros, o sobre si se ha fracasado o no en la erradicación del terrorismo y sobre si ha fracasado o no el Gobierno vasco también en la erradicación del terrorismo. Yo lo que creo es que éste es un asunto muy complejo, en el que el Gobierno tiene una política muy clara en la que se va produciendo avances muy significativos, y serían probablemente mucho más significativos en la medida en que fueran más las personas, las instituciones y los partidos que se incorporasen.

Nosotros hemos tenido una política antiterrorista que es muy clara, que cuenta con un respaldo bastante general, que se basa en dos ideas fundamentales: la primera es que contra el terrorismo hay que utilizar todos los medios que nos permiten los principios democráticos, la Constitución y el ordenamiento jurídico, y no otros medios distintos, porque eso es precisamente una de las cosas que nos diferencian --una de las muchas-- a los demócratas, a las instituciones y a la democracia de los terroristas; y, en segundo lugar, nosotros siempre hemos entendido, y por fortuna también los jueces y una mayoría de instituciones europeas, entre ellas el Parlamento Europeo y el propio Consejo Europeo, que ETA no es sólo una banda criminal, sino que es un amplio entramado, cosa que algunos no lo entienden así; pero cada uno, lógicamente, decide las cosas como quiera.

A partir de ahí, yo creo que se han producido avances muy importantes a nivel policial y creo que la eficacia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha sido grande en los últimos tiempos. Se han producido avances a nivel internacional también muy importantes, impensables hasta hace poco tiempo. No olvide usted que la Orden europea de Detención y Entrega, la tipificación del delito de terrorismo, la propia existencia de la lista europea de organizaciones terroristas, la ley que crea los equipos conjuntos de investigación, las propias entregas temporales que está haciendo Francia, creo que son avances muy importantes, como las propias decisiones que han adoptado algunos países, como puedne ser México, Uruguay u otros en los últimos tiempos. Y, en tercer lugar, creo que desde el punto de vista legal hemos avanzado mucho. Yo creo que la Ley de Partidos es un instrumento enormemente útil, como he señalado antes, y es un avance muy importante en la lucha contra el terrorismo.

Por tanto, ésa es la posición del Gobierno, que es la posición que adoptaría cualquier democracia normal y cualquier Estado de Derecho normal. La democracia tiene el derecho, y creo que también el deber, de defenderse, de defender la voluntad de la mayoría, de defender las reglas de juego y, desde luego, de defender los derechos y las libertades de los demás y, particularmente, de su vida. Y, como he señalado al principio de esta conferencia de prensa, uno de los objetivos básicos de esta Ley de Partidos y de estas actuaciones es que la gente pueda hacer algo tan elemental como defender sus ideas, y no puede ser legal en una democracia quien no deja a los demás defender sus ideas.

A partir de ahí, yo ya no voy a entrar en polémicas. Cada uno puede enredarse en lo que quiera; pero tenemos la sensación de que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que lo que quiere y lo que le pide al Gobierno y a las instituciones es que luchen eficazmente contra el terror, y eso es lo que nosotros vamos a hacer y siempre dentro de la Ley y del respeto a los principios democráticos. Los demás tendrán que afrontar sus propias responsabilidades y expresar y explicar su propia posición ante quien quiera oírlos, como hoy lo estamos haciendo nosotros.

P.- Quisiera saber si, al margen de todo este asunto de la ilegalización de Batasuna, el Gobierno tiene algo que decir sobre la decisión de reactivar la Declaración de Barcelona, y si creen que eso, digamos, acentúa la brecha entre PP y CiU o si están ustedes cada vez más lejos.

Vicepresidente.- No. Nosotros hemos tenido una buena colaboración con Convergència i Unió, la hemos tenido a lo largo de los años en los que hemos asumido la responsabilidad de gobernar, sin mayoría y con mayoría, y creo que nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo en Cataluña. Hemos garantizado la gobernabilidad a lo largo de estos años. Nosotros hemos aprobado las Leyes más importantes que se han presentado y los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, creo que hemos actuado de una manera sensata y responsable.

Es evidente que somos partidos y fuerzas políticas distintas, que coincidimos en muchas cosas y hemos procurado poner el énfasis y hacer un esfuerzo para trabajar en aquello en lo que coincidíamos y para obviar aquellos asuntos en los que podíamos tener diferencias. Por nuestra parte vamos a seguir haciéndolo exactamente igual.

A partir de ahí, si alguien, por razones políticas o por cualquier otro tipo de razón, o porque crea que le convenga más a efectos electorales, quiere tomar otro tipo de decisiones, nosotros lo respetamos y será su propia responsabilidad. Pero eso ya responde a otras motivaciones. Nosotros creemos que lo que ha ido bien no hay ninguna razón para cambiarlo.

Otra cosa distinta es este asunto del que hemos hablado y del que estamos hablando en el día de hoy, donde nuestra posición está clara y nos gustaría que así hubiera sido entendido por otros; pero cada uno, lógicamente, decide lo que quiere. Pero para nosotros nuestra prioridad básica es garantizar la libertad de las personas y, lógicamente, a eso vamos a subordinar cualquier otra decisión.

P.- Les quería preguntar sobre las primeras consecuencias que está habiendo en el País Vasco tras esta propuesta de ilegalización. En primer lugar, por ejemplo, una valoración sobre la reunión que mantuvo ayer el señor Otegui con la dirección del sindicato ELA y Eusko Alkartasuna, en la cual le insistieron en que su formación seguía siendo un referente.

En segundo lugar, también les quería preguntar sobre la marcha anunciada para el día 7 de septiembre en protesta por esta ilegalización y el permiso que le ha dado la Consejería de Interior del Gobierno vasco a esta iniciativa.

En tercer lugar, ¿qué opinan de la respuesta social que ha tenido Batasuna en la calle? Si al Gobierno le ha sorprendido por escasa o no. En cualquier caso, ¿qué opinan?

Luego, en último lugar y ya globalmente, si creen que esta medida, ya en el terreno práctico, más allá de los principios que, como ustedes han dicho, hay que hacer lo que hay que hacer, puede contribuir a crear más crispación en el País Vasco o no.

Vicepresidente.- En relación con la reunión de la persona que usted ha citado en su pregunta con un sindicato y un determinado partido político, a mí no me merece mayores comentarios. La posición del Gobierno es clara y es conocida, y quienes se reúnen con el dirigente de Herri Batasuna al que usted ha citado serán los que lógicamente tengan que explicar de qué hablan, si le prestan su apoyo, si están o no conformes con sus declaraciones, si están o no conformes con el apoyo que len brinda las actuaciones de la banda ETA, si están o no conformes con que no condene; antes al contrario, justifique y aplauda, los atentados del terrorismo.

Yo creo que son los interlocutores de esta persona los que tienen que explicarlo y son ellos también los que tienen que explicar, si lo estiman oportuno, por qué no apoyan una decisión que, entre otras cosas, lo que pretende es que una inmensa mayoría de personas a las que no se les deja expresarse libremente se intente que puedan hacerlo.

Por tanto, es el único comentario que me merece esa primera parte de su pregunta.

En cuanto a la marcha del día 7, yo entiendo, y no tengo porque entender lo contrario, que el Gobierno vasco habrá estudiado --es su competencia-- el decidir o no si esta marcha es o no legal, y tengo que entender que, si el Gobierno vasco dice que es legal, será porque así lo han entendido y así se habrán informado suficientemente. Yo no tengo ningún dato en otro sentido. Me parece que esta marcha fue convocada por dos particulares.

Respecto al apoyo que ha tenido Batasuna en la calle, tengo que decirle que no ha sido un factor determinante ni el que haya podido tener ni el que no haya podido tener. Una democracia tiene que aplicar la Ley y, sobre todo, aplicar la Ley para defender la propia democracia y los derechos y las libertades de las personas. Es que es su primera, principal y básica obligación.

A partir de ahí, yo creo que eso lo entiende una inmensa mayoría de ciudadanos. Siempre es verdad que hay algunos que no lo entienden, porque Batasuna tiene sus votos y sus apoyos, y es verdad que ha tenido algunos apoyos --me parece que bastante pocos, por fortuna, y sería deseable que cada vez fueran menos-- en relación con esta decisión. Como pocos tuvieron cuando un juez decretó el ingreso en prisión de la Mesa Nacional de Batasuna.

Por último, en relación con si esto va a generar un mejor o peor ambiente, o más o menos menor crispación, por encima de los principios, yo tengo que decir que por encima de los principios pocas cosas; es decir, ninguna. Por tanto, los principios son muy importantes y el respeto a la Ley, el respeto a la decencia y el respeto a la vida y a los derechos y libertades son principios muy importantes que están por encima de cualquier otra consideración.

A partir de ahí, si va a generar o no más crispación y si ETA va a responder o no de una forma, ya se lo he dicho en la declaración inicial que les he leído a todos ustedes. Mayores atrocidades que las que han cometido no las van a cometer. ETA ya ha manifestado antes de que se iniciara el procedimiento de ilegalización de HB que iba a seguir atentando; es decir, ETA ha dicho, y además ha actuado luego en consecuencia con lo señalado, que iba a atentar hasta que todos los demás no hiciesen lo que quiere ETA. Por tanto, eso no supone ninguna novedad. Yo creo que la novedad más importante que se produce con esta Ley es que se acaba con la impunidad de buena parte de la organización ETA, es decir, del brazo político que lo apoya, lo ayuda y lo justifica, porque, lógicamente, esta declaración de ilegalidad, si llega a producirse, tendrá efectos muy importantes.

Por tanto, eso es lo más importante que se ha adoptado. Y ETA, mira usted, no va a cambiar de criterio salvo que hagamos lo que ellos digan.

P.- Quería incidir un poco más en una de las preguntas que acaba de responder sobre la manifestación del próximo día 7. En concreto, quería saber si el Gobierno, sobre todo después de los antecedentes que ha habido en las últimas manifestaciones, los altercados y los gritos a favor de la banda terrorista, cree que deberían poder suspenderse o prohibirse esas manifestaciones, una de ellas, por ejemplo, que ha tenido lugar esta mañana en Navarra.

Por otro lado, quería tener también la opinión del Gobierno sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Irak, si estaría dispuesto a apoyarla o verla con buenos ojos, o si, por el contrario, la rechazaría, como están haciendo otros líderes de la Unión Europea.

Vicepresidente.- En relación con el asunto de las manifestaciones, lógicamente hay unos órganos competentes para autorizarlas o no; más bien para prohibirlas. Las manifestaciones se convocan, lo que se puede hacer es prohibirlas y, lógicamente, es quien tiene la competencia el que tiene que tomar la decisión y el velar sobre si se adecuan o no a la Ley. Luego, en el supuesto de que allí se produzcan gritos o manifestaciones que contraríen claramente la Ley, lógicamente están los procedimientos clásicos que establece el Estado de Derecho, que son la denuncia a la Fiscalía y el propio Juzgado. Ahí no se producen cambios respecto a lo que es cualquier autorización de celebración de cualquier manifestación.

En cuanto al tema de Irak, éste es un asunto que se va a tratar en el día de hoy y en el día de mañana en la reunión que ha convocado el Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca en su condición de Presidencia de la Unión Europea y a la que asiste, lógicamente, la Ministra de Asuntos Exteriores española, que ha salido hace escasos momentos.

Nosotros somos partidarios, y así lo ha señalado también la Presidencia danesa, de que se le exija a Irak que permita que los inspectores de Naciones Unidas puedan cumplir su función, y creo que hay que hacer todos los esfuerzos y presión diplomática necesaria para que eso así se produzca. A partir de ahí, creemos que todavía quedan cauces, recursos y medios diplomáticos para evitar que se produzcan otra suerte de acciones, y nuestro objetivo será el que la Unión Europea tenga una posición común en esta materia.

Por tanto, hoy, repito, se va a tratar este tema. Creemos que hay que exigirle a Irak esto, queremos que cumpla el mandato de Naciones Unidas; creemos, en segundo lugar, que hay que manifestar una posición común de la Unión y que en este momento todavía quedan posibilidades diplomáticas para resolver el tema de una forma diferente a ésa por la que usted se interesaba. En el momento presente y en el futuro, lógicamente, ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos.

P.- Quería hacerle dos preguntas al Vicepresidente. Una, sobre los datos que pueda tener acerca de la interceptación de 34 inmigrantes en las Islas Chafarinas por parte de una patrullera del Ejército español.

Y, otra, sobre la polémica que ha surgido estos dos días a raíz del anuncio que hizo el Presidente del Partido Popular, José María Aznar, en el acto de Quintanilla de Onésimo, sobre que el próximo Presidente del Senado sería el ex ministro Juan José Lucas. Se han criticado las formas, el haber hecho ese anuncio en un acto político y haber saltado un poco el cauce parlamentario, que es la elección por el Senado del próximo Presidente.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, efectivamente, en el día de hoy 34 personas de nacionalidad marroquí eran inmigrantes que pretendían llegar a territorio español y que, de hecho, llegaron a territorio español. En este sentido, no es una situación diferente a la que se ha producido y se produce, desgraciadamente, muchos días a lo largo del año, tanto en Canarias, como en Tarifa. Estas personas fueron detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y luego, en una colaboración, que ha sido buena, y hay que decirlo, con el Gobierno marroquí fueron puestos a disposición de las autoridades marroquíes, que me parece que procedieron a su desembarco en la localidad de Nador.

Por tanto, esto es exactamente lo que ha sucedido y que, por fortuna, se ha resuelto con arreglo a la lógica y al sentido común.

En relación con la polémica, que yo no sé si es exactamente una polémica, porque puedo asegurarle que me acabo de enterar ahora mismo... Dice usted que ayer anunció el Presidente del Gobierno que el señor Lucas iba a ser el candidato a la Presidencia del Senado. Es que no sé quién ha organizado esa polémica, pero intentar hacer una polémica de una cosa que es sabida y que es normal en el juego político... Todo el mundo sabe que en este momento a Partido Popular le compete nombrar al Presidente del Senado porque tiene una mayoría para hacerlo. Tampoco creo yo que sea para organizar ninguna polémica el que se anuncie en un acto en el que supongo, además, que estaría presente el señor Lucas, que fue el Presidente de Castilla y León hasta hace poco.

Por tanto, si queremos criticar, evidentemente, se puede; pero tampoco me parece una falta tan grave y, desde luego, nada que pueda servir para organizar una polémica. Pero esto de las polémicas ya se sabe que las puede organizar el que tenga ganas de organizarlas. Desde luego, nosotros no vamos a polemizar con ese asunto.

Muchísimas gracias.