Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Buenos días a todos. El Consejo de Ministros ha acordado hoy remitir a las Cortes Generales el Tratado entre España e Italia para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común. Dicho Tratado fue sellado el pasado 28 de noviembre por los Ministros de Justicia de España e Italia, don Ángel Acebes y don Piero Fassino, respectivamente, en presencia del Presidente del Gobierno, don José María Aznar, y del Primer Ministro italiano, Giuliano Amato. Para darnos cuenta de este importante acuerdo y del recientemente rubricado en el mismo sentido con el Reino Unido, así como de los trabajos para llevar a cabo tratados similares con Francia, Alemania, Bélgica y Portugal, nos acompaña el Ministro de Justicia, don Ángel Acebes.

Antes de cederle la palabra, haré referencia a las detenciones que se han producido en Francia y en el País Vasco y, por supuesto, a otros acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en el día de hoy.

En la mañana de hoy, y por efectivos de la Policía judicial francesa, ha sido detenido en Hendaya el miembro de ETA Luis José Michelena Berasarte, alias "Orlegi", junto a una mujer; se le ocupó una pistola y documentación falsa. En relación a esa detención, la Guardia Civil ha llevado a cabo diversos operativos, procediéndose al arresto de cuatro personas en Vera de Bidasoa (Navarra) y dos en Guipúzcoa: una en Oyarzun y otra en Rentería; todos ellos por considerarle implicados en presuntas actividades realizadas a favor de la banda terrorista ETA.

Los detenidos son: en Oyarzun, José Elizegui Michelena; en Rentería, José Cruz Sarasola Michelena; en Vera de Bidasoa (Navarra), Vicente Goya Echeveste, que era concejal de Euskal Herritarrok; José Manuel Larrañaga Alberdi, también concejal de Euskal Herritarrok; Pedro Esteban Alzuguren Perurena y José Ángel Alzuguren Perurena, ex concejal de HB. La Guardia Civil ha practicado registros con mandamiento judicial en todos sus domicilios y se ha incautado diversa documentación para su análisis.

Quisiera resaltar que el detenido en Francia, Luis José Michelena Berasarte, alias "Orlegi", está acusado por la Policía de ser jefe del "aparato de mugas" de ETA. Los "mugas" es la estructura encargada del paso de activistas y armamento a través de la frontera. "Orlegi", además, es el presunto autor de un documento intervenido por la Policía francesa en 1993, en el que se proponía la realización de atentados contra objetivos económicos y contra periodistas. El presunto "etarra" pedía que también se llevaran a cabo acciones terroristas de la banda contra altos cargos de algunas empresas.

Entrando ya en las cuestiones tratadas en el día de hoy en el Consejo de Ministros, querría referirme, en primer lugar, a la aprobación de la distribución de cerca de 228.000 millones de pesetas a las Comunidades Autónomas para programas de apoyo a la creación de empleo. Estos fondos facilitan a las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para gestionar las políticas activas que han sido transferidas. La subvención del INEM para programas de fomento del empleo es de 223.848 millones de pesetas, lo que supone, de hecho, un 16 por 100 más que lo que se dio el año anterior. De esta cantidad, algo más de 92.000 millones de pesetas corresponden a programas de apoyo a la creación de empleo, 101.868 millones servirán para formación profesional ocupacional, dirigidas a personas que están en paro, y 29.500 millones de pesetas irán destinados para escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

En cuanto a los programas de apoyo a la creación de empleo en cooperativas y sociedades laborales, la subvención es de más de 2.200 millones de pesetas y, para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, por encima de los 1.650 millones de pesetas.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 31.361 millones de pesetas entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales durante el año 2001. Esta cantidad supone 2.800 millones de pesetas más que el pasado año y va destinada al desarrollo de once programas de asistencia, apoyo y asesoramiento a distintos colectivos con problemas sociales distribuidos a todas las Comunidades Autónomas en concepto de subvención. Los programas que experimentan mayores subidas en este año 2001 son el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, el de Integración Social de los Inmigrantes, el de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y, por último, el Plan de Familia.

Todas las Comunidades Autónomas verán incrementadas por quinto año consecutivo las cantidades que recibirán en el año 2001 respecto al año anterior. Andalucía es la Comunidad que más dinero recibe, cerca de 6.000 millones de pesetas, seguida de Cataluña y Madrid con 5.000 y 4.000 millones, respectivamente.

En otro orden de cosas, el Consejo ha aprobado la Oferta de Empleo Público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2001. La convocatoria autorizada es de 2.280 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo, de las que 1.368 se reservan a los militares profesionales de tropa y marinería que lleven, al menos, tres años de servicios efectivos. Por otro lado, para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes se reservan 250 plazas que, de no cubrirse, quedarían acumuladas igualmente al turno de plazas libres. Se autoriza, asimismo, la convocatoria para el ingreso en los Centros Docentes de Formación de la Guardia Civil, mediante promoción interna, de 100 plazas en la Escala de Oficiales y de 400 plazas en la de Suboficiales.

En el área de Fomento, el Consejo ha autorizado la celebración del contrato de obras de plataforma relativas a tres tramos en la nueva Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, con un presupuesto de licitación cercano a los 25.000 millones de pesetas. Se trata de los tramos Almodóvar del Río-Guadalcázar, Guadalcázar-Fuente Palmera y Herrera-La Roda de Andalucía. Con estas nuevas autorizaciones se encuentran en marcha seis subtramos, que suman un total prácticamente de 75 kilómetros de esta Línea de Alta Velocidad, que no sólo acortará significativamente los tiempos de viaje entre Córdoba y Málaga, sino también entre estas dos provincias y el resto de España. El presupuesto total de las obras ya autorizadas para estos seis tramos supera los 45.000 millones de pesetas.

El Consejo de Ministros ha autorizado, esta vez en el área de Medio Ambiente, la celebración del contrato de obras de recuperación ambiental de la Playa de San Juan-Salinas, en el término municipal de Castrillón (Asturias), y la mejora de la entrada al puerto de Avilés. El presupuesto de estas obras supera los 2.300 millones de pesetas.

También el Consejo ha acordado promover recurso de inconstitucionalidad para la impugnación de la Ley del Parlamento de Cataluña de 29 de diciembre del año 2000, relativa al Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Los motivos de la impugnación se basan en el propio articulado de la Constitución, donde se formula el principio fundamental para la delimitación de las potestades tributarias autonómicas, y también en la normativa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que somete a estrictos límites las potestades tributarias autonómicas cuando afectan a los tributos locales.

A mayor abundamiento, hay que señalar que recientemente el Tribunal Constitucional declaró ya la incompatibilidad entre un tributo local y un nuevo impuesto autonómico si ambos coinciden sobre la misma fuente de riqueza o materia gravada por aquel y no existe una habilitación expresa para ello.

De acuerdo con el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, la citada Ley del Parlamento de Cataluña vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias al establecer un impuesto que recae sobre elementos materiales de riqueza íntegramente gravados por impuestos locales, fundamentalmente los de Actividades Económicas y de Bienes Inmuebles.

Del mismo modo, y basándose en ese principio constitucional de que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante la Ley, el Consejo ha acordado también interponer recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha relativos al impuesto sobre algunas actividades que inciden en el medio ambiente.

En el capítulo de condecoraciones, se ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Sergio Balanzino, a don José Oledan y Zárate y a don Juan Martí Salavedra. Se ha concedido, igualmente, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis García-San Miguel Rodríguez-Arango, a don Antonio Millán Puelles y a don José Bello Lasierra. También se han concedido, a otras tantas personas y a título póstumo, diez nuevas Grandes Cruces de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

En el capítulo de nombramientos, han sido designados Embajadores de España, en la República Democrática del Congo, don Fernando Morán Calvo-Sotelo; ante el Consejo de la Unión Europea Occidental y ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea Occidental, a don Carlos María Casajuana Palet; y en el Reino Hachemita de Jordania, a don Antonio López Martínez.

También han sido nombrados Auditor del Presidente del Tribunal Militar Central al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, don José Carrillo Colmenero; Director del Instituto Cervantes, a don Juan Juaristi Linacero, y Director General del Secretariado del Gobierno, don Manuel Tuero Secades.

Por último, y en referencia a las actividades del Presidente del Gobierno del 23 al 30 de marzo, como saben, se encuentra en Estocolmo, donde participa en la reunión del Consejo Europeo Extraordinario, que se prolongará hasta primera hora de la tarde de mañana sábado, en que regresará a Madrid después de ofrecer una conferencia de prensa.

El lunes, día 26, a las nueve y media de la mañana, recibirá al Ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo; a las diez y media recibirá a la Comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström; y a las doce y media llegará a Valencia, donde visitará el Instituto Tecnológico de la Madera y el Mueble, y el Museo de las Ciencias, donde asistirá a un almuerzo. Por la tarde intervendrá en la Asamblea de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación.

El martes, día 27, a las doce y media de la mañana, viajará a Tarragona, donde visitará el Monasterio de Poblet, en cuyo recinto recorrerá el Archivo Tarradellas y donde clausurará la Primera Jornada Económica Poblet.

El miércoles, día 28, a las doce de la mañana, inaugurará las obras de remodelación de la Residencia de Estudiantes de Madrid, y el viernes 30, a las nueve y media, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Acebes.- Efectivamente, tal y como ha anunciado el Ministro Portavoz, esta mañana el Gobierno ha adoptado un acuerdo al que le damos la máxima importancia y la máxima relevancia. Es la primera vez en la que el Parlamento, las Cortes Generales, van a conocer un tratado de estas características y de esta identidad: es el Tratado entre el Reino de España e Italia en virtud del cual se acuerda un procedimiento, en el que se supera la extradición en el sentido clásico para agilizar las entregas de delincuentes graves entre ambos países.

Con motivo de este importante acuerdo por el que, insisto, se remite al Parlamento para su conocimiento y aprobación, previo a la ratificación de este Tratado con Italia, querría explicarles cuál es el momento actual, en el informe que he realizado, de la cooperación jurídica internacional desde el punto de vista de España, insisto, en una materia que es de la máxima importancia para el Gobierno.

El origen de este Tratado, como ya ustedes seguramente recordarán, se debe a una doble circunstancia: en primer lugar, se estaba produciendo una situación en la que delincuentes graves italianos, fundamentalmente mafiosos, se encontraban en España amparándose en la lentitud del proceso de extradición, pero fundamentalmente amparándose en el proceso en sí mismo. Es decir, como ustedes conocen, hasta este momento los procesos de extradición tienen una doble vertiente, tanto judicial como administrativa, en la que se hace un análisis de la legislación y de los procedimientos de los respectivos países que han solicitado la entrega de un delincuente.

Esto hace que la extradición se convierta entre todos los países, en cualquiera de con los que así la tenemos regulada y recogida, un procedimiento lento y, además, un procedimiento complicado, que casa mal con la realidad actual de la Unión Europea de países con democracias asentadas, con procedimientos jurídicos que garantizan la protección de los derechos de cualquiera de los imputados. Por tanto, hace que en una Unión Europea, en la que existe libertad de circulación de personas, de capitales y, por tanto, mucha facilidad de movimiento, los delincuentes, y fundamentalmente las grandes organizaciones que cometen graves delitos (sea terrorismo, sean mafias organizadas, sean traficantes de drogas, abusos sexuales a menores) utilicen precisamente esa libertad para moverse amparándose en el procedimiento de extradición para poner barreras a la hora de perseguir el delito.

Esto es realmente lo que estaba ocurriendo con Italia en España, con los mafiosos, pero hay otros muchos ejemplos. Realmente, era el síntoma de la necesidad de recuperar y, sobre todo, revisar los sistemas de entrega de delincuentes entre nuestros países, entre los países de la Unión Europea.

Por eso establecimos un primer acuerdo con Italia, que llevó a la firma del Tratado en noviembre del año pasado, en el que se supera ese clásico procedimiento de extradición y, por tanto, de revisión de las legislaciones, tanto en su fase judicial como en su fase administrativa, por un procedimiento muy ágil y muy rápido de entrega de delincuentes entre nuestros respectivos países.

Es un procedimiento el que a partir de ahora funcionará entre España e Italia, una vez que las Cortes Generales lo hayan aprobado y se haya ratificado este Tratado, en el que, con una tramitación muy simple y muy sencilla, se procederá a la entrega de delincuentes entre nuestros países; tan simple como un análisis en el que se remite al otro país una copia de la orden de detención o de la resolución judicial en la que se basa la petición de entrega, un resumen de la legislación en la que se encuentra basada y la documentación que permita establecer la identidad del delincuente.

Con esta mera documentación se podrán entregar, a partir de la entrada en vigor de este Tratado, los delincuentes entre nuestros respectivos países. Y sólo podrá recurrirse u oponerse la entrega --que, como ustedes ahora conocen, es otro de los procedimientos de dilaciones y de retrasos-- únicamente por estos motivos, por la falta de algunas de estas tres condiciones; lo cual, sin duda alguna, establece un sistema muy sencillo, muy simple y, sobre todo, muy ágil para la entrega de delincuentes.

No sólo se prevé cuando se haya delinquido en uno de estos países, sino también esa circunstancia que se da en tantas ocasiones, en el que tienen o han cometido delitos en ambos países. Ahí también se prevé un procedimiento de entrega temporal o de colaboración, incluso a través de la aplicación de la videoconferencia, para que puedan participar en el procedimiento judicial, en la investigación, desde el primer momento los dos países.

Creemos que esto es un avance muy importante en la persecución de la delincuencia y, sobre todo, de la delincuencia organizada, que, insisto, estaba utilizando esa libertad para moverse, para protegerse y que existiesen fronteras en la Justicia, cuando no existían en otros ámbitos.

Ese avance que tenemos con Italia está dando sus frutos y vamos dando nuevos pasos. El pasado día 8 de marzo la Comisión bilateral que se creó entre ambos países y que se reunió en Toledo acordó también avanzar, no sólo en la entrega de personas, sino también en la del material delictivo incautado desde el primer momento a esos delincuentes. No tengo que profundizar en la trascendencia que eso tiene para la investigación de cualquier tipo de delito grave, incluido, por ejemplo, el que tanto nos afecta y nos importa, como es el de terrorismo. Que haya esa entrega, no sólo de la persona, sino también de todo el material incautado, es un avance que puede ser muy importante. En esta dirección estamos trabajando.

Este Acuerdo entre España e Italia, como ustedes conocen, ha tenido una enorme trascendencia en todo el ámbito de la Unión Europea, en el que ha colocado a nuestro país, junto a Italia, en la vanguardia de la creación de ese Espacio Judicial, de Libertad y de Seguridad común.

En el primer Consejo de Ministros posterior al de la firma del Tratado la Comisión acordó hacer suyo este modelo que habíamos creado entre España e Italia para trasladarlo al conjunto de la Unión Europea y, por tanto, que afectase y vinculase a todos los países, insisto, de la Unión Europea. En estos momentos se está trabajando y se está trabajando intensamente --hoy están en los teletipos unas declaraciones del propio Comisario Vitorino en esta misma dirección-- y con un enorme protagonismo de España.

Nos solicitaron, precisamente por la especialización, un experto español para que participase activamente en la elaboración de la documentación de la creación de ese Espacio Judicial común en toda Europa; experto que ya está trabajando con el Comisario Vitorino en la redacción de esta documentación y propuesta que se elevará al conjunto de la Unión Europea.

Pero entendíamos que, si bien éste es el objetivo final, que exista un espacio común en toda la Unión Europea, era muy importante continuar llegando a acuerdos bilaterales. De ahí que la semana pasada, como seguramente también conocen, firmamos un acuerdo con el Reino Unido en el que se establece el sistema de entrega rápida de delincuentes, en el que también se recoge el procedimiento de entregas inmediatas para recibir declaración o para la práctica de prueba de manera temporal, con unos requisitos ya absolutamente pormenorizados; que también es un paso muy importante con el Reino Unido y que se va a traducir en muy pocos meses en que podamos tener un Tratado igual que el que hoy les estoy dando cuenta a ustedes.

También con ocasión de la visita de la Ministra francesa firmamos una declaración el mes pasado en la que, como saben, constituimos un grupo de trabajo también a la hora de ir dando y avanzando pasos para la consecución de esas entregas inmediatas de delincuentes entre España y Francia.

La próxima semana, el lunes, tiene la primera reunión este grupo de trabajo que tiene el máximo nivel. La delegación española la va a encabezar el Secretario de Estado de Justicia y tendrá en París una reunión para profundizar y tratar de alcanzar acuerdos en esta misma dirección, de los que les iremos dando cuenta y que tienen, lógicamente, una enorme importancia, por todos los motivos que ustedes conocen.

También los próximos días 30 y 31 estará en España el Ministro de Justicia belga. Tiene también una enorme importancia esta visita y los acuerdos que podamos alcanzar en esta dirección, entre otros motivos, porque la próxima Presidencia de la Unión Europea es belga. Tras el final de la Presidencia sueca, comienza la Presidencia belga y, entre otros motivos, también esa reunión tiene una trascendencia importante. Y el próximo día 2 habrá una reunión de los grupos de trabajo con Alemania en Berlín para intentar alcanzar un acuerdo de similares características.

Por lo tanto, y en definitiva, creo que estamos avanzando en una dirección que seguramente hace no muchos meses considerábamos impensable en el ámbito de la Unión Europea. Allí donde ya hay un espacio económico común, donde existe un espacio de libertad de movimientos común, no existía ese espacio en Justicia. En Justicia había y continuaban existiendo fronteras que nos impedían una persecución del delito ágil y eficaz, sobre todo, en aquellos delitos que son más graves por su trascendencia, por su importancia, por el daño que producen a la sociedad.

Ésta va a ser una respuesta muy eficaz. Se ha avanzado mucho en muy pocos meses. España se encuentra a la vanguardia de este proceso, que realmente será histórico, de crear un espacio judicial para toda Europa, basado en la confianza en nuestros ordenamientos jurídicos.

Como ustedes conocen, sin prejuicio de seguir avanzando en la armonización de legislaciones, éste era un proceso que entendíamos, y España entendió desde el primer momento, más lento; que necesitará un proceso de adaptación y de revisión de la legislación en todos los países, y que no podíamos esperar a tener esa armonización legislativa para avanzar en la persecución de los delitos transfronterizos o que utilizan las fronteras para protegerse. Tenemos un ejemplo muy claro como es el terrorismo en el caso de España, en el que, cuando se consiga ese espacio judicial común de entrega inmediata de delincuentes y de materiales incautados, estaremos dando un paso importantísimo hacia la desaparición de estos delitos y de esas organizaciones criminales que tanto daño producen a la democracia y al Estado de Derecho.

P.- Un par de preguntas para cada uno de los Ministros. En primer lugar, ¿nos puede avanzar un poco qué previsiones tiene de calendario respecto a las negociaciones abiertas con Francia para la consecución de este acuerdo? Ya nos ha dicho que hay reuniones la semana próxima, pero saber para cuándo podrían tener listo ese acuerdo, si fuera posible.

En cualquier caso, preguntarle cómo se explica que haya sido más fácil, o al menos más ágil, la consecución de este acuerdo con Italia y con Gran Bretaña, países en los que la presencia de ETA es muy inferior, que con Francia, que al final es el acuerdo que más interesa a efectos de la lucha antiterrorista.

En segundo lugar, ¿cómo interpreta también la advertencia lanzada por el Tribunal Supremo respecto a la supuesta inconstitucionalidad del conflicto jurisdiccional que el Gobierno prevé presentar contra la negativa de ese Tribunal a rehabilitar al juez Liaño?

Para el Ministro Portavoz. Me gustaría saber si, desde su punto de vista, el Gobierno ha levantado el veto a la inclusión del trasvase del Ródano en el Plan Hidrológico Nacional, como interpreta Convergència i Unió, o si, por contra, la alusión que hizo ayer el Ministro Matas a otras fuentes alternativas al Ebro excluye el recurso a cuencas internacionales.

También querría preguntarle qué explicación tiene que hoy el Gobierno lleve al Constitucional un impuesto o una iniciativa que el Partido Popular de Cataluña apoyo en el Parlament.

Sr. Acebes.- Creo, sinceramente, que con Francia estamos avanzando de manera muy importante, y basta revisar lo que ha ocurrido en estos últimos meses, incluso en estas últimas semanas. Hubo una declaración conjunta que pudimos suscribir con ocasión de la visita de la Ministra francesa, tras el cambio de Gobierno, en la que se reflejaba, se firmaba y se suscribía la voluntad firme de avanzar de manera decisiva.

Durante este tiempo, además, se han producido diversos intercambios entre jueces que esencialmente tienen responsabilidades en materia de lucha contra el terrorismo, para analizar las posibilidades de las distintas legislaciones en orden a alcanzar el acuerdo, pero también del conocimiento mutuo y recíproco, y de esa confianza que decíamos que era esencial entre los Estados para alcanzar el acuerdo. Este lunes, insisto, se produce la reunión de los grupos de trabajo para intentar alcanzar el acuerdo. De manera que es un avance muy sensible, muy importante.

¿Un calendario? Cuando todavía la reunión va a ser la semana que viene, es difícil que se pueda firmar un acuerdo o un tratado; pero la voluntad con la que España va, y como, lógicamente, no podía ser de otra manera, es que cuanto antes se puedan superar las dificultades de tramitación. Existiendo la voluntad, como manifestó en España la Ministra de Justicia francesa, yo creo que seremos capaces de alcanzar un acuerdo, y cuanto antes, y tendrá una enorme importancia.

Respecto al segundo de los casos, como he tenido ocasión de repetir en reiteradas ocasiones, nosotros entendemos que el procedimiento que el Gobierno ha iniciado es el que establece nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, existe una diversidad de enfoques respecto a las competencias a la hora del indulto. El Gobierno entiende que es una competencia exclusiva del Gobierno y, tal y como establece en su propia resolución, la Sala Segunda del Tribunal Supremo entendió, y lo decía expresamente, que era una competencia compartida con cada uno de los tribunales sentenciadores. Nuestro ordenamiento jurídico establece que, cuando existe esa diferencia de opiniones respecto a la competencias, existe un tribunal, que es el denominado Tribunal de Conflictos, que las resuelve. Por tanto, con absoluta normalidad, nos hemos sometido a su decisión para que resuelva, insisto, con toda normalidad y conforme establece nuestro ordenamiento, esa diferencia de criterio respecto a las competencias a la hora de conceder indultos, por éste y por cualquier otro Gobierno.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su primera pregunta relativa al Plan Hidrológico Nacional y, sobre todo, a lo que ha sido el acuerdo de principio, el pacto, entre el Partido Popular o entre el Gobierno, si usted quiere, en este caso, y Convergència i Unió, déjeme primero retrotraernos a lo que fueron ya las propuestas por parte de Convergència i Unió en el contexto del Consejo Nacional del Agua. Y lo hago porque quiero insistir en la idea de diálogo que siempre ha primado en las relaciones entre ambos en el tratamiento de esta cuestión: la búsqueda de ese diálogo para una mejora, en si mismo, de lo que es el Plan.

Había allí un objetivo básico, que así se recogió y así lo recogió después el Consejo Nacional del Agua al trasladarlo como recomendación, y era el Plan Integral del Delta del Ebro, ese Plan Integral, que no estaba inicialmente previsto en el Plan Hidrológico Nacional y que supone una inversión que calculamos que estará en el entorno de los 75.000 millones de pesetas. Ése es un objetivo cumplido, es uno de los puntos fundamentales, sino el que más, a mi manera de ver, del trasvase, y que hace un gran servicio a toda esa zona.

Junto a eso hay otro elemento fundamental, que es la preservación misma medioambiental del Delta del Ebro, que también es objeto de estos acuerdos; preservación en cuanto a inversiones necesarias; creación de un consorcio, que sea el que regule y vea cuáles son las necesidades de esa zona, con una representación plural.

Y en ese marco está el tercer punto de acuerdo que existe, que no va más allá de lo que ya el propio Ministro ha dicho: que sencillamente, puesto que todos queremos, no solamente a lo largo del período de discusión, sino de futuro, mejorar, si es posible, ese Plan Hidrológico y hacerlo en un contexto de diálogo, hay que estudiar si en el futuro se pudieran planear alternativas o fuentes alternativas a las que están hoy día previstas. Es un estudio planteado en términos genéricos por el propio bien de lo que se persigue hoy día con el Plan.

En referencia a su segunda pregunta y al recurso de inconstitucionalidad que se presenta hoy, primero, quiero expresarle lo que es una preocupación del Gobierno, y que está no solamente detrás de éste sino también del otro recurso planteado hoy mismo. Esta preocupación es la necesidad de ordenar de una manera coherente lo que es la capacidad impositiva o de tributación de las Comunidades Autónomas. Es muy importante que lo analicemos todo en un contexto de homogeneidad y algunas de las iniciativas sencillamente irían contra esa idea de orden interno.

Pero es que, además, en este caso, no solamente basado en preceptos constitucionales, sino en leyes de menor rango, hay una clara contradicción y una doble --llamémoslo así-- imposición sobre un mismo hecho u objeto impositivo.

Usted me dice: esto es algo que votó en su día el Partido Popular. El Gobierno vela, por encima de todo, por la aplicación de la Ley, y esto hay que verlo o tiene que verlo usted desde un punto de vista de ejercicio de neutralidad política. La Ley, evidentemente, es lo que prima y la Ley es la obligación, insisto, primera de un Gobierno al respecto.

Pero es que hay otra segunda motivación, que es muy importante y que, especialmente en el caso del recurso a la ley catalana, me gustaría resaltar aquí, que es nuestro interés en favorecer al consumidor catalán, porque es de sentido común y es inevitable que se produciría, por la magnitud del impuesto que se preveía, una repercusión del impuesto en precios a los consumidores finales. Si estamos, como se está diciendo desde Cataluña, ante una Comunidad Autónoma donde la inflación es más alta que la media nacional, me parece a mí que no solamente, insisto, por una cuestión de ordenar la capacidad impositiva sino también por defensa del consumidor y combatir la inflación, son razones más que suficientes, junto a la razón constitucional, para actuar de la forma en que lo hemos hecho.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Justicia. En este breve calendario que nos ha adelantado de las reuniones bilaterales con otros países para llegar a acuerdos similares al de Italia no aparece ninguna reunión con Portugal. Me gustaría saber si ello se debe a que las conversaciones con Portugal pueden ser las más difíciles, después de haber expresado este país que este tipo de extradiciones rápidas están un poco enfrentadas con su ordenamiento constitucional.

Para el Ministro Portavoz. Me gustaría que me hiciera una valoración de la decisión final y de los argumentos dados por el Defensor del Pueblo para no llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Extranjería.

Sr. Acebes.- Como conocen, en la Cumbre hispano-portuguesa que tuvimos el mes pasado firmamos una Declaración en la que Portugal mostraba su voluntad de incorporarse a este proceso, no sólo desde el punto de vista de toda Europa, sino también de seguir avanzando con España en el ámbito bilateral. Pero, como tuvo la ocasión de conocer todo el mundo, o así se dijo en la rueda de prensa, tienen un problema constitucional, y ya han iniciado --y estos días ha aparecido en la prensa portuguesa cómo iban los trámites-- el proceso de reforma para adaptar su legislación, tanto para poderse incorporar al Tribunal Penal Internacional, como para adoptar acuerdos que les permitan, no sólo en el ámbito bilateral sino que, esencialmente, en todo el marco de la Unión Europea, incorporarse a ese espacio judicial común en los términos que antes les he explicado, porque existe la voluntad política, pero había ese impedimento constitucional, que ya está en tramitación parlamentaria para superarlo. Dar un paso más será cuando lo tengan finalizada porque, mientras tanto, un Tratado que les pueda vincular, como es ahora el de Italia, no podrían suscribirlo.

Sr. Cabanillas.- Nosotros conocemos como usted lo que ha sido el comunicado realizado desde las oficinas del Defensor del Pueblo. En primer lugar, efectivamente, no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería.

Respeto a la decisión, como es natural. Usted me pide que comente sus argumentos. Yo quisiera, sobre todo, subrayar una serie de hechos que el propio Defensor del Pueblo plantea. En primer lugar, él ha recibido del orden de 700 peticiones y las ha analizado; peticiones algunas argumentadas, otras que eran meras peticiones de que presentara tal recurso. Pero, insisto, han sido analizadas, como es natural, por el Defensor del Pueblo.

En segundo lugar, ha estudiado también los dictámenes del Consejo de Estado, ha estudiado dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido una serie de informes y de dictámenes a una serie de especialistas, catedráticos en la materia, y llega a la conclusión más sencilla de todas, que es la que en el fondo está sobre la base de su decisión, que es que de todo ello se deduce que la Ley es constitucional.

También hace referencia a su propia experiencia política y a la posición del Tribunal Constitucional al respecto. Me parecen motivos más que fundados para no sólo respetar, sino también tener una mejor o más clara idea de la viabilidad de un hipotético recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería.

Junto a esa decisión hay algo en lo que ya ha insistido, ya nos ha comunicado al Gobierno y que sigue insistiendo en este momento, que es la importancia y su recomendación de que se flexibilicen los distintos criterios aplicados y derivados de la Ley para la legalización de inmigrantes. Ésa es una recomendación a la que no sólo ha sido sensible el Gobierno en su momento, cuando la realizó por primera vez, sino que se ha venido estudiando, en lo que es su alcance, en detalle y --digámoslo así-- siguiendo precisamente esas indicaciones. Saben ustedes que esa flexibilización se refiere a razones humanitarias, a razones familiares, a cuestiones de arraigo, a casos especiales de personas que puedan tener un contrato de trabajo o una opción fundada sobre el mismo. Insisto, somos sensibles y las estamos aplicando en todo lo que es nuestro proceso de desarrollo de esa Ley.

Ahora también se plantea otra serie de recomendaciones. Por supuesto que las vamos a estudiar en detalle, y yo estoy completamente convencido de que serán tan pertinentes como lo fueron las anteriores.

Por lo tanto y en conclusión, respeto a la decisión; resaltar y subrayar la muy sólida fundamentación de la misma y, tercero, la enorme sensibilidad del Gobierno a las recomendaciones que expresó en su día y que sigue comunicándonos en estos momentos el Defensor del Pueblo.

P.- Para el Ministro Portavoz. Teniendo en cuenta que el Gobierno va a interponer algunos recursos de inconstitucionalidad por leyes o por normas dictadas por las Comunidades Autónomas, ¿tiene pensado el Gobierno interponer algún recurso o ejercer alguna acción contra la decisión de Rodríguez Ibarra?

Para el Ministro de Justicia. Ahora que Gobierno y oposición parecen enzarzarse en recursos de inconstitucionalidad, ¿cree, desde el Ministerio de Justicia, que la renovación del Tribunal Constitucional se va a acometer en la fecha prevista o que va a haber problemas para su puesta en marcha?

Sr. Acebes.- Yo espero y deseo que en la fecha prevista se alcance un acuerdo para renovar la composición del Tribunal Constitucional. Lógicamente, eso corresponde al interés general de los ciudadanos y estoy seguro de que, desde luego, el Gobierno hará todos los esfuerzos para anteponer el interés general a cualquier otro interés, y espero que todo el mundo haga lo mismo, para alcanzar este tipo de acuerdos.

Si me permite, no es enzarzarse en recursos de inconstitucionalidad entre el Gobierno y la oposición; es exclusivamente la defensa de la Constitución ante una serie de decisiones, como las que usted mismo ha dicho, de distintas Comunidades Autónomas que pueden crear una situación muy grave, sobre todo, cuando se toman decisiones aisladas, contradictorias, incluso entre las propias Comunidades, aunque sean gobernadas por el mismo Partido Socialista.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta sobre la decisión tomada por el Presidente de la Junta de Extremadura, déjeme ligarla con la respuesta anterior: el Gobierno tiene, en primer lugar, que velar por el cumplimiento de la Ley; yo creo que eso es algo que está muy claro; en segundo lugar, ya le he dicho que nos preocupa ordenar lo que es la capacidad impositiva de las Comunidades Autónomas, porque estamos hablando de algo que nos afecta a todos y que una descoordinación o una falta de claridad en las iniciativas que unos y otros pudieran tomar va en perjuicio de todos; y, en tercer lugar, pensamos, a la hora de tomar nuestras iniciativas, también en el propio consumidor.

Vayamos ahora al caso que usted me plantea. Nuestra primera decepción ha sido que no haya sido consultado, precisamente por esas razones, el Gobierno central para una iniciativa tributaria de tanto calado como la que se plantea. En segundo lugar, y también me parece igualmente importante, no nos engañemos: aquí no estamos hablando, como quizás se haya planteado de una forma altamente demagógica, de un impuesto sobre los Bancos, sino de lo que se está hablando en ese proyecto es de un impuesto sobre las cartillas de ahorro y las cuentas corrientes, sobre los tipos de las mismas. Y vuelvo entonces a mi argumento sobre el consumidor final: no estamos hablando de impuestos a los Bancos, por mucho que se quiera presentar demagógicamente así la cuestión; estamos hablando directamente de su repercusión en el ahorrador. Por eso mismo también nos preocupa enormemente lo que eso va a significar o pudiera significar para el desarrollo de esa zona.

Si además, junto a la idea de armonización a nivel español, a la idea de coordinación, a la idea de posible falta de fundamentación constitucional o legal de una iniciativa de esta característica, ponemos en juego lo que es el otro gran objetivo a nivel europeo que se está buscando, que es esa misma armonización a nivel de todos los países miembros, y ponemos en juego principios de tal importancia como es la circulación de capitales en ese contexto, comprenderá usted que, aunque estemos estudiando esa propuesta de la Junta de Extremadura, tenemos dudas, y muy serias, sobre su viabilidad.

Hago un último comentario sobre lo mismo, y es la postura que nos parece, insisto, por todas las razones que he esbozado, enormemente preocupante de la propia Secretaría General del Partido Socialista. No entro ya en si bajar o no impuestos es de izquierdas, si ahora de repente volvemos y subimos y ponemos impuestos directamente a los consumidores finales. No es ésa la cuestión, sino que me preocupa que se respalde y se endose una iniciativa que pudiera tener esas características: anticonstitucional, ir contra la legislación propia, ir contra la legislación comunitaria y tener un impacto directo sobre el ahorrador. Me preocupa, me preocupa seriamente y me parece incoherente y una muestra más del carácter errático de las propuestas que nos están ofreciendo desde esa Secretaría General.

P.- ¿Pero lo va a estudiar el Gobierno?

Sr. Cabanillas.- Estamos en estudio todavía del texto mismo. Ya sabe usted que es un proyecto de ley en estos momentos.

P.- Una pregunta al Ministro de Justicia. Insistiendo en el tema de Francia, ¿podía precisar --le han preguntado algo en este sentido-- el calendario? ¿Cuándo puede haber la firma de un Tratado? Teniendo en cuenta la importancia que tiene Francia, sobre todo en el tema de ETA, ¿podía afinar un poco más en este sentido?

También ha aludido usted en su intervención ha aludido a las dificultades de tramitación como uno de los problemas. ¿Podía precisar dónde está el núcleo del problema con Francia para conseguir ese Tratado? ¿Qué es lo que hay que superar?

Al Ministro Portavoz. A la vista de que el Partido Socialista ya ha presentado el recurso de inconstitucionalidad por el tema de la Ley de Extranjería, ¿qué perspectiva hay para posibles acuerdos sobre temas de inmigración, como siguen planteando los socialistas? ¿Qué horizonte queda después de esta nueva situación?

Sr. Acebes.- No es que en este momento haya --me he expresado mal-- una dificultad técnica --lo podríamos comprobar a partir del lunes--, sino que es importante, al igual que se ha hecho con Italia y que se ha hecho con el Reino Unido, que luego no haya dificultades en la tramitación, que es posterior. Como ustedes conocen, un Tratado para que tenga efecto vinculante necesita lo que ahora estamos haciendo: del Tratado de Italia hemos estado realizando una serie de informes desde noviembre hasta aquí, recabando los informes preceptivos, el último ha sido el del Consejo de Estado, y ahora necesita una tramitación parlamentaria, ya que tiene que aprobarlo antes de que podamos ratificarlo.

A esto es a lo que me refería, a que en Italia luego, en su tramitación, no se produzca ningún retraso. Y es mejor que analicemos ahora, que es el objeto de la reunión del lunes, todas las cuestiones conforme a la legislación y a los procedimientos que tiene para ratificar un Tratado de estas características, porque la voluntad política ya quedó puesta de manifiesto en la Declaración que suscribimos en Madrid en noviembre pasado.

Por tanto, desde el optimismo de creer que seremos capaces de alcanzar un acuerdo, decía que es verdad que los procedimientos de entrega de delincuentes terroristas entre España y Francia tienen una enorme importancia, una enorme trascendencia. Pero, insisto, lo más importante, que era la voluntad política, yo creo que está acreditada. Estamos dando los pasos para que se den las circunstancias necesarias en las que, alcanzado y suscrito el Tratado, luego no tenga dificultades en su tramitación. A eso es a lo que me refería cuando dije que el lunes lo van a analizar y lo van a estudiar los distintos equipos.

Sr. Cabanillas.- A mí me va a perdonar que me haga un poco de gracia que sea usted, a la hora de presentar la pregunta, quien diga que son los socialistas los que plantean acuerdos. Aquí, sobre todo en un contexto de recurso ante el Tribunal Constitucional, describir la situación de esa forma me parece discutible, cuando menos.

Cuando había la Ley, el que buscó diálogo y el que buscó consenso fue el Gobierno, y lo sabe usted y lo sabe todo el mundo por la sencilla razón de que muchas de las enmiendas del Grupo Socialista se incluyeron en la Ley. Ya tenemos una ley y, cuando estamos en proceso de discusión de desarrollo de la misma, que es el Reglamento, el compromiso del Gobierno vuelve a ser el mismo: diálogo con todas las fuerzas parlamentarias, y con todos los Grupos Parlamentarios se está contactando precisamente para eso: para tratar del desarrollo de la Ley y, en concreto, del Reglamento.

Cualquier mejora, venga de quien venga, en ese contexto bienvenida sea; venga del Grupo que sea y, si viene del Partido Socialista, se analizará en todos sus méritos. Ahora, estará de acuerdo usted conmigo en que es sorprendente enarbolar la idea del consenso o del diálogo cuando al mismo tiempo has presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que ahora pretendemos desarrollar.

Si, además de eso, hemos tenido que esperar, y en cierta forma seguimos esperando, a ver de quién estamos hablando cuando hablamos del Partido Socialista, porque hemos oído unas veces que no se presentaba el recurso de inconstitucionalidad por su máximo dirigente, hemos visto después el grado de ascendiente que pueden tener los Presidentes de las Comunidades Autónomas que hacen que vuelva atrás en su postura inicial, hemos visto como en una Comunidad Autónoma se abstenía el Partido Socialista para que fuera otra institución quien presentara el recurso, otras en las que votaron a favor de que así fuera y de que se presentara en forma directa, ahora una pléyade de recursos por las distintas Comunidades a las que he hecho referencia...

Nosotros lo que queremos es desarrollar una política de inmigración y una política desde el consenso, desde el diálogo y porque creemos en la inmigración. Si tienen tiempo de arreglar sus problemas y centrarse un poquito en lo que es algo muy importante para el Estado, fenomenal; y, si en el contexto del Reglamento o en cualquier otro desarrollo aportan mejoras, bienvenidas sean.

P.- Al Ministro Portavoz, sólo una puntualización. Entiendo que el Gobierno no ha nombrado al sustituto del señor Juaristi al frente del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional.

Sr. Cabanillas.- No. Ya lo ha comunicado esta misma mañana creo que fue la propia Ministra. Será en los próximos Consejos de Ministros.

P.- Me gustaría preguntarle al Ministro de Justicia sii nos puede precisar algún tipo de plazo en previsión del Tratado.

También me gustaría saber si el Gobierno ha visto en la reunión de hoy la concesión de material rodante para el AVE Madrid-Barcelona. Si así fuera, si nos puede dar algún detalle.

Sr. Cabanillas.- Después le confirmaré la información, pero creo que no. Estoy prácticamente seguro de que no es así. De todas maneras, lo veremos a la salida, si usted me permite que le proporcione esa información.

Sr. Acebes.- El trámite que queda sólo es el parlamentario. Una vez que salga de las Cortes Generales --los plazos, lógicamente, dependen de la Mesa y el Gobierno no puede predeterminarlos--, se firmará a continuación. España ya estará en condiciones de firmarlo, una vez que Italia también haga su tramitación parlamentaria.

P.- Me refería al Tratado de Francia.

Sr. Acebes.- Al de Francia ya he contestado en la pregunta anterior. El lunes tendremos una visión de los plazos y los tiempos para poderlo suscribir, en caso de que haya acuerdo. Pero comprenderán ustedes que estaría muy mal por mi parte que dijese, antes de celebrar esa reunión, cuál era la previsión que podríamos tener.

P.- Muy brevemente para el Ministro Portavoz. Ante todo, quisiera pedir una aclaración, porque antes, ahondando en una pregunta de mi compañero, no me ha quedado claro si podemos decir o no podemos decir que el Gobierno ha levantado el veto al trasvase del Ródano, evidentemente, con todas las cautelas que hacen al caso al trato con otras Administraciones de otros países. Pero no me ha quedado claro si esto había sido contestado; si no lo ha sido, es una buena oportunidad y me gustaría saber cómo queda exactamente.

También quisiera saber si se ha vuelto a hablar últimamente en alguna inmediación del Gobierno sobre la financiación autonómica, que es un debate que últimamente había parecido quedar solapado por otras cuestiones más aparatosas o más urgentes. ¿En estos momento hay algún plazo para llegar a un acuerdo o preacuerdo? ¿Cómo está ese asunto?

Sr. Cabanillas.- Empiezo por la segunda. Usted conoce cuáles son los plazos legales al respecto y ya sabe también que ya se han iniciado las conversaciones y que el lugar de encuentro, donde yo creo que además espero transmitir... Quizás sea un deseo, pero es una opinión también: creo que debemos ser optimistas. El contexto de esas negociaciones será el Consejo de Política Fiscal. Por lo tanto, quedémosnos ahora con que estamos en un comienzo esperanzado de lo que esperamos sea el proceso más rápido posible.

En lo que se refiere a su primera pregunta, le reitero la contestación que ya di. Estamos hablando de alternativas futuras, estamos hablando del acuerdo de analizar las mismas, de analizar posibles y futuras posibilidades de trasvase. Al Ródano se lo dejo a usted. Yo creo que es bastante claro lo que en estos momentos estamos diciendo: que no se descarta nada que pueda mejorar el Plan que hoy existe, el Plan que va a ser discutido en el Parlamento y todo aquello relacionado con la preservación y mejora del Delta del Ebro.

Es un momento inicial, pero yo creo que es un muy buen acuerdo de principio.

P.- Para el Ministro de Justicia. Cuando el Tratado con Francia esté en vigor, ¿tendrá carácter retroactivo? Es decir, por ejemplo, ¿Gaztelu, "Txapote", si estuviese en vigor ahora o mañana el Tratado, vendría a una cárcel española, o Zumacola, o Urrusolo Sistiaga, o los terroristas allí detenidos?

Sr. Acebes.- Si las condiciones que se negocien fueran similares al que hemos firmado con el Reino Unido esta semana, sí. Lo dice expresamente el acuerdo que hemos firmado con el Reino Unido: que tiene carácter retroactivo; es decir, sirve para todos aquellos delincuentes que ya están reclamados por España al Reino Unido o por el Reino Unido a España. En su caso, con Francia seria en idénticas condiciones, y esperemos que así se alcance.

Sr. Cabanillas.- Muchísimas gracias a todos.