Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes. El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado la convocatoria de 2.484 plazas de nuevo ingreso en la Administración, dentro de la Oferta de Empleo Público para el presente año 2000. Además, esta Oferta se complementa con la creación de 17.980 plazas destinadas a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que incluyen 32 para nuevo ingreso en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

Para ampliarnos detalles sobre estos temas nos acompaña el Ministro de Administraciones Públicas, don Ángel Acebes. Antes, si me lo permiten, quería informarles brevemente de otros acuerdos que se han alcanzado en la reunión de hoy.

Se ha aprobado la creación de una comisión interministerial que actuará contra las actividades que vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, actividades conocidas normalmente como "piratería". La piratería es un engaño a los consumidores, que se pueden ver afectados en aspectos como la salud y la seguridad pública; además, supone una merma en la facturación de las empresas, un perjuicio para su imagen y, para el Estado, los efectos derivan en un fraude a la Hacienda Pública e infracciones a la normativa laboral.

La Comisión coordinará las políticas públicas para actuar contra los delitos, como son la copia de discos, de libros o marcas de prendas textiles. Sólo en el ámbito de los países de la Unión Europea este problema ocasiona la pérdida de unos 100.000 puestos de trabajo al año. El Secretario de Estado de Cultura va a presidir la Comisión y el Vicepresidente será el Subsecretario de Industria y Energía. Los Vocales serán nombrados entre los nueve Ministerios con competencias en todas estas materias. Se crearán dos grupos de trabajo: uno, contra la piratería en el ámbito de la propiedad intelectual y otro, contra la piratería en el ámbito de la propiedad industrial.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica determinados artículos del Reglamento General de Recaudación del año 1990, en lo que se refiere a ingresos correspondientes a declaraciones por vía telemática. El objetivo es facilitar a las empresas que se relacionan con la Administración Tributaria por vía telemática que puedan efectuar sus ingresos por este sistema en el supuesto de que hubiera transcurrido más de un mes del vencimiento del plazo de presentación de la declaración o liquidación, en lugar de acudir a las cajas de la Administración Tributaria, como obligaba hasta ahora el Reglamento.

Se ha aprobado también un Real Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Protección de la Salud del Deportista, cuyo objetivo es establecer un marco seguro para la actividad deportiva y diseñar un modelo para la protección de la salud de los deportistas.

La Comisión, adscrita al Consejo Superior de Deportes, tendrá, entre otras, las siguientes funciones: proponer las acciones preventivas en materia de educación e información sobre la salud y la práctica deportiva en competiciones oficiales y en pruebas populares; informar sobre las condiciones de los reconocimientos médicos de actitud para la práctica deportiva y de los procedimientos de control de la salud de los deportistas en competiciones oficiales; proponer el nivel de las competiciones oficiales de ámbito estatal en las que será obligatorio el reconocimiento médico de la aptitud del deportista; realizar las propuestas sobre los dispositivos de asistencia sanitaria en las competiciones; y coordinar con la Comisión Nacional Antidopaje las medidas de protección de salud de los deportistas, proponiendo las medidas de control y seguimiento médico completo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el manual de instrucciones de los miembros de las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones generales del día 12 de marzo y también para las elecciones que se van a celebrar ese mismo día en la Comunidad Autónoma andaluza. Con carácter general, ese manual de instrucciones es una adaptación de los ya utilizados en anteriores convocatorias electorales.

Se ha autorizado la participación española en el proyecto "Hirlam-5" para el desarrollo de un modelo numérico de previsión metereológica a corto plazo. Este proyecto, que es fruto de la colaboración de los servicios metereológicos de ocho países europeos, tendrá una duración de tres años, constituye la base para la predicción operativa a un plazo corto y aumenta la capacidad de los países participantes para manejar modelos numéricos de la atmósfera. Eso va a permitir la investigación climatológica y sobre el medio ambiente, insisto, desde la perspectiva del corto plazo.

Se ha aprobado también la contribución de España al Centro Africano de Aplicaciones Metereológicas para el Desarrollo, que estudia las crisis económicas relacionadas con el clima y el medio ambiente. Se ha autorizado una aportación voluntaria al Grupo de expertos sobre el Cambio Climático.

Se ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional a ejecutar en el ejercicio 2000 los fondos librados a justificar del ejercicio de 1999 para gastos a realizar en el exterior, y que ascienden a casi 3.800 millones de pesetas.

En el capítulo de condecoraciones, comentarles que el Consejo ha concedido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Hubert Vedrine, que es Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa; ha concedido también la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil a Patrick Leclercq, hasta ahora Embajador de la República Francesa en España; y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a don Francisco Vázquez, Alcalde de A Coruña.

Antes de cederle la palabra al Ministro de Administraciones Públicas, una breve referencia a las actividades del Presidente del Gobierno en los próximos días. Esta misma tarde viajará a Suiza, donde cenará con el Presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana, en la localidad de Davos.

Mañana sábado intervendrá, a primera hora de la mañana, en la sesión plenaria que, en torno al tema "Europa: la agenda para el próximo decenio", se celebrará dentro de la trigésima edición del Forum Económico Mundial de Davos; posteriormente, mantendrá un encuentro con el Presidente de la Confederación Suiza y almorzará con el Presidente de la República Argentina. A media tarde emprenderá viaje de regreso a España con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Ernesto Zedillo, a quien acompañará durante la visita de carácter privado que realizará durante el fin de semana a nuestro país.

El lunes, a las cinco y medio de la tarde, mantendrá un encuentro, ya oficial, con el Presidente Zedillo, con quien celebrará una conferencia de prensa conjunta a las siete de la tarde --insisto, del próximo lunes--, seguida de una cena.

El martes, a las cinco de la tarde, inaugurará el Seminario conmemorativo del I Centenario de la Seguridad Social, en la sede del Consejo Económico y Social.

El miércoles, a primera hora de la mañana --en concreto, a las nueve--, participará en el Congreso de Usuarios de Internet, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid.

El jueves, a la una, presidirá la presentación pública de la primera fase operativa de la Red de Centros y Archivo Virtual de la Edad de Plata de la Cultura Española Contemporánea, en el Salón de Actos del Instituto de Química Física y, posteriormente, visitará la exposición sobre Emilio Prados en la Residencia de Estudiantes. Y el viernes, a la hora habitual, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Acebes.- Efectivamente, el Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo para el año 2000.

El Gobierno da mucha importancia a esta Oferta Pública para el presente ejercicio, para el año 2000, porque va consiguiendo esos objetivos que se habían fijado y que muchos de ustedes ya conocen. Supone esta Oferta de Empleo Público, desde luego, un avance a la hora de la consecución de esos objetivos, esencialmente que estamos adoptando un conjunto de medidas para crear una Administración Pública más moderna, que preste unos servicios públicos más eficaces, más cercanos y más próximos al ciudadano. Esto sólo es posible si los empleados públicos, los que tienen esa responsabilidad de la atención directa y de la prestación de los servicios públicos, tienen una adecuada política de empleo, una adecuada política que incentive esa función de servicio público.

Por ello, hoy se aprueban un conjunto de medidas, junto con esta Oferta de Empleo Público, que van en esa dirección: en primer lugar, para sustituir el empleo temporal e interino por la consolidación de empleo; en segundo lugar, un conjunto de medidas para promocionar precisamente ese empleo público y que los funcionarios puedan desarrollar una carrera administrativa, precisamente en esa promoción interna; en tercer lugar, medidas dirigidas a la especialización. Cada vez es más importante que, a la hora de prestar unos servicios públicos eficaces, haya una adecuada especialización por parte de los funcionarios, esencialmente en materias como la informática y las aplicaciones tecnológicas, que exigen, insisto, una alta especialización en los nuevos sistemas de comunicación, como es el Internet; que permitan una mayor facilidad y cercanía a los ciudadanos en muchas de las medidas que ustedes ya conocen que estamos aplicando.

También el esfuerzo va dirigido en la atención al público; es decir, pretendemos reforzar todos aquellos servicios que tienen una más directa relación con los ciudadanos: en materia de empleo, como se trata en las oficinas del INEM; las oficinas de Extranjería; en la Seguridad Social... Dotarlas de personal, y de personal cada vez más cualificado, para intentar, de una vez por todas, suprimir las colas y las esperas en las oficinas y en la atención al ciudadano, sobre todo en servicios esenciales y de alta sensibilidad, como puede ser en materia de empleo o en materia de extranjería.

Junto con este conjunto de medidas dirigidas a esa modernización y a esa especialización de la función pública y de motivación de los propios funcionarios, también se complementa con aquellos objetivos sectoriales que el Gobierno ha dado como de atención prioritaria: en primer lugar, las dotaciones en materia de Justicia. Como verán por los datos que les facilitaré a continuación, se sigue haciendo un esfuerzo a la hora de la creación de nuevas plazas de jueces y de personal al servicio de la Administración de Justicia para que ésta sea más ágil y eficaz.

También, en cuanto a la Sanidad, se dotan nuevas plazas y se sustituye también mucho empleo interino en el ámbito de la Sanidad por empleo fijo. Otro de las áreas de atención preferente es la investigación; nuevas plazas de investigadores que lleven a cabo ese objetivo de promoción de la investigación y del desarrollo en España. Finalmente, como decía el Portavoz, un número muy importante de plazas para la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Con ello creo que cumplimos todos los objetivos que el Gobierno tiene planteados. En cuanto a la cuantificación de estos objetivos, el total de las plazas supera las 24.000 plazas que salen en la Oferta Pública, que se distribuyen de la siguiente manera: 2.484 plazas, para nuevo ingreso; 4.426, para sustituir empleo interino, en ese objetivo de ir sustituyendo empleo interino por consolidación de empleo público; 1.600, para promoción interna, y 17.948, para Fuerzas Armadas.

Cabe destacar, de estas cifras que les acabo de leer, 2.019 van para la Administración General del Estado; 2.461, para personal sanitario del Insalud; 1.827, para Administración de Justicia, con ese objetivo de atender los nuevos Juzgados y de cumplimentar lo previsto en la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

En cuanto a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, son 240 militares de carrera, 208 de complemento, 17.500 de tropa y marinería y 32 oficiales de la Guardia Civil. Con ello estaremos cumpliendo lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la propia Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas de alcanzar, al 31 de diciembre, 85.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

Además, quiero destacar una cosa muy importante, que se introduce de nuevo en este acuerdo, que es que a 31 de diciembre esperamos contar con 1.900 militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter permanente. Esto significa que aquellos soldados que se hayan incorporado profesionalmente a las Fuerzas Armadas con una relación de carácter temporal van a poder sustituir esa condición por una de carácter permanente; es decir, hacer una auténtica carrera profesional que les permita enfocar su vida hacia la relación profesional con las Fuerzas Armadas y, además, desarrollarla hacia puestos de mando, de suboficiales primero y, después, de oficiales.

Es decir, aquellas mujeres y hombres que decidan incorporarse a la relación de personas que prestan sus servicios como profesionales en las Fuerzas Armadas van a tener una auténtica carrera profesional. Esperamos que algunos de los que se han incorporado con carácter temporal, en número de 1.900 --es la previsión-- ya presten sus servicios con carácter permanente a 31 de diciembre del año 2000.

Otro de los objetivos que se pretendía es invertir en Investigación y Desarrollo como motor del desarrollo, de creación de empleo, y permitir una adecuada participación en los programas de la Unión Europea. Con ello se crean 116 nuevas plazas de investigadores en nuestro país.

En cuanto al objetivo que también les reseñaba de la mejora en la atención sanitaria, en la salud de los españoles, se añaden 2.422 plazas a las ya 23.521 que se han convocado en esta legislatura entre 1996 y 1999. También es llamativo el dato de que se ha reducido el empleo interino en el sector de la sanidad pública desde el 25 por 100 a exclusivamente el 3 por 100, que después de esta Oferta Pública de Empleo se va a conseguir en los últimos cuatro años.

Se mejoran y se aumentan las dotaciones de personal informático cualificado para impulsar la adaptación y desarrollo en la Administración de las nuevas tecnologías a la Sociedad de la Información. Hemos creado para este fin 85 nuevas plazas de personal con alta especialización en estas materias.

Y, como les decía antes, la mejora de los servicios de la atención directa al ciudadano, con las mejoras de las dotaciones de personal en oficinas de extranjería, INEM, Documento Nacional de Identidad, entidades gestoras de la Seguridad Social y Administración Periférica.

En esa mejora de la calidad del empleo público, reducimos drásticamente el empleo temporal y el empleo interino en la Administración del Estado y se facilita la promoción interna, con un avance muy importante para que exista eso: una auténtica carrera profesional, que incentive a las funcionarios en esa importante labor de prestación de los servicios públicos.

P.- Una pregunta para el Portavoz del Gobierno. En relación con las negociaciones que hay en este momento entre el PSOE e Izquierda Unida, me gustaría saber si no cree el Gobierno que ha perdido la iniciativa en estos primeros días de precampaña, que parecía que la llevaban. En cualquiera caso, si esa alusión a los dirigentes y militantes de Izquierda Unida como "comunistas" no es, primero, un discurso trasnochado y, segundo, si no creen que ese mentar la bicha del pasado se les puede volver al final en contra porque, aunque movilizan su electorado, también movilizan el electorado del contrario.

Sr. Piqué.- En relación con la primera cuestión, evidentemente, lo primero que hay que decir es que todas las fuerzas políticas tienen plena legitimidad y pleno derecho a plantear las alianzas que crean oportunas y, desde ese punto de vista, merecen todo el respeto; otra cuestión es que eso signifique haber tomado o no la iniciativa. El Gobierno entiende que la iniciativa está en función de la capacidad de transmitir a los ciudadanos aquello que les conviene y que, por lo tanto, lo manifiesten a través de la consulta electoral y, en este caso concreto, el próximo día 12 de marzo.

El planteamiento del Gobierno, con independencia de lo que hagan otras fuerzas políticas, y el planteamiento del Partido Popular, la fuerza que da soporte al Gobierno, son un planteamiento muy claro, insisto, con independencia de lo que puedan plantear los demás.

España está en un camino adecuado, en un camino positivo, de clara mejora de sus perspectivas económicas, de su situación económica; de clara mejora del clima, desde el punto de vista político, en relación al que existía hace unos años; en un intenso proceso de creación de empleo; con avances muy notables en cosas que hasta ahora parecían cuadraturas del círculo, como en su momento se llegó a decir, como rebajar los impuestos y, al mismo tiempo, hacer una política presupuestaria rigurosa que elimine el déficit público y permita bajos tipos de interés y permita controlar la inflación.

Eso es lo que el Gobierno entiende que es tener la iniciativa, en el sentido de transmitir a los ciudadanos que, si se quiere seguir en esa senda, no hay mejor manera de tomar la iniciativa que garantizar que se sigan haciendo las cosas tal y como se hacen; y que cualquier otro camino puede suponer un riesgo, puede suponer un peligro y una vuelta atrás.

Eso, además, probablemente se pueda justificar y se pueda argumentar todavía más si vemos los planteamientos que hacen determinadas fuerzas políticas y, en este caso concreto, el Partido Socialista e Izquierda Unida en relación con varios temas.

Es muy difícil pensar que pueda salir un acuerdo político y un acuerdo de Gobierno cuando se cuestiona la pertenencia de España a las alianzas internacionales en materia de defensa, tanto a la Alianza Atlántica como a la Unión Europea Occidental; o se cuestiona el Pacto de Estabilidad, que es lo que permite que España esté integrada, y bien integrada, en la Unión Económica y Monetaria europea; cuando se está en contra, por ejemplo, de desarrollar la Alta Velocidad en España; o se sugiere como solución a los problemas del transporte aéreo que haya menos vuelos, y se está en contra de la ampliación de los aeropuertos; o cuando se defiende un incremento generalizado de los impuestos y, al mismo tiempo, también, un incremento del gasto y, al final, también del déficit público.

Todos sabemos que este tipo de aproximaciones, al final, a lo que llevan es a más paro, a parar el intenso proceso de creación de empleo que, afortunadamente, nuestro país está viviendo en estos últimos cuatro años, y volver a la situación que existía en el mercado de trabajo durante los Gobiernos de años anteriores.

Yo creo que, desde esa perspectiva, el Gobierno contempla esos movimientos, como es natural, con el lógico interés --ya antes decía que con el respeto que siempre debe haber-- pero sin ningún tipo de inquietud, porque está absolutamente convencido de la claridad y la nitidez de sus menajes. Eso se contrapone con la confusión y la vuelta al pasado que pueden significar otras experiencias políticas.

Ése es otro elemento que también me gustaría, quizás, enfatizar, que es el elemento de confusión que supone estar discutiendo posibles acuerdos políticos con temas como los que acabo de comentar encima de la mesa y saber si eso puede ser compatible con la oferta de colaboración política que se ha hecho hace cuatro días, anteayer, en términos no estrictos, pero sí en términos formales, a fuerzas como Convergència i Unió, como Coalición Canaria o también el Partido Nacionalista Vasco.

El candidato del Partido Socialista, el señor Almunia, empezó su campaña entrevistándose con el señor Arzalluz y ha ofrecido posibilidades de pacto a Convergència i Unió y a Coalición Canaria, como he dicho. Tiene pactos ya con fuerzas como Esquerra Repúblicana o Iniciativa per Catalunya, tiene pactos en otro nivel y, desde luego, en cualquier momento también se pueden plantear con el Bloque Nacionalista Galego, y ahora existe este planteamiento a Izquierda Unida.

Yo creo que esa oferta multipolar, creo que absolutamente errática, lo que produce es una enorme confusión entre los ciudadanos, porque no parece que sea plausible que se pueda establecer un programa de Gobierno mínimamente coherente cuando se está deseando pactar con fuerzas tan tremendamente heterogéneas.

Al final, probablemente lo que suceda es que se hará lo que el Partido Socialista y su aparato y sus dirigentes consideren por conveniente, porque el propio señor Almunia ya hace más de un año, en virtud del proceso de primarias, afirmó que, si perdía las elecciones primarias y los militantes del Partido Socialista no le prestaban confianza para ser candidato a Presidente del Gobierno, iba a dejar la Secretaría General, y no lo hizo; después, dijo que iba a prestar todo su apoyo al candidato y que nunca iba a ser él candidato; defenestraron al candidato y hoy el señor Almunia es el candidato. Por lo tanto, cuando se cambia de opinión de esta manera en función de compromisos previos ante los ciudadanos que no se cumplen, estoy seguro de que sobre los compromisos que ahora se puedan adoptar también tenemos todos el derecho a dudar de los mismos.

Creo que toda esta confusión respecto a la consistencia de las ofertas y toda esta confusión... Que no he sido yo quien le ha llamado "guirigay"; ha sido un destacado dirigente socialista, el señor Chaves, el domingo pasado, en una entrevista periodística, el que creo que utilizó esta misma expresión para hablar de los planteamientos de pactos que se estaban haciendo desde diversos ámbitos y diversos dirigentes del Partido Socialista.

Por tanto, ninguna impresión de pérdida de iniciativa; más bien, una cierta sensación de que lo importante ahora es expresar los programas con claridad, explicar un balance de Gobierno, compararlo con balances de Gobiernos anteriores, explicar qué es lo que se quiere para el futuro y poner mucha atención en la necesidad de perseverar en una senda que está siendo muy positiva para el conjunto del país; conscientes de los problemas que subsisten, conscientes de que muchos colectivos todavía tienen muchos problemas por resolver, pero que, en líneas generales, en estos momentos no hay ninguna duda de que, insisto, tienen una senda positiva.

Ayer mismo tuvimos conocimiento del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, y yo creo que una de las cosas más destacables es que aproximadamente dos tercios de los ciudadanos españoles consideran que están en una buena situación y, además, tienen buenas perspectivas para seguir mejorándola. Eso, además, es perfectamente consistente con otras opiniones que expresan, en relación con el grado de satisfacción que sienten con la situación económica o con la situación política, que nunca había sido tan alta; o el grado de confianza que tienen hacia el Gobierno o hacia el Presidente del Gobierno.

Yo creo que, ante las perspectivas electorales, el Partido Socialista e Izquierda Unida están haciendo un esfuerzo para intentar recuperar un cierto protagonismo e, insisto, están en su derecho. Pero en ningún momento entiendo que eso suponga el tener la iniciativa, porque la iniciativa en estos momentos está de la mano de los ciudadanos, con la continuidad de una política de progreso.

Casi utilizo esa última palabra para hacer una reflexión terminológica, porque --y hemos tenido ocasión de comentarlo aquí en otras ocasiones, en otras oportunidades--, normalmente, los partidos de izquierda y de centro izquierda han tenido un notable éxito histórico a la hora de asociar determinadas expresiones, determinadas palabras, a sus propios proyectos políticos. Eso sucede con la palabra "progreso" o con temas tales como la sensibilidad social, etcétera. Yo creo que hemos tenido muchas ocasiones de discutir esa identidad o esa identificación terminológica, porque el progreso nunca pasa por políticas que destruyen empleo o que ponen en riesgo y en quiebra al sistema de Seguridad Social, sino que una política de auténtico progreso a favor de los ciudadanos y con sensibilidad social es aquella política que permite crear muchísimos puestos de trabajo, que permite sanear las cuentas de la Seguridad Social y asegurar el futuro de las pensiones, pongamos por caso.

A partir de ahí, la terminología parece que puede ser criticable o no en función de quien la utilice. Yo he oído muchas veces a destacados dirigentes socialistas hablar de los comunistas, y yo creo que en esta cuestión estoy absolutamente de acuerdo con usted en que no estamos ante un esquema de retorno a planteamientos absolutamente trasnochados de frentes populares o de espantajos; estamos hablando de fuerzas políticas democráticas y en ningún momento ha estado en la intención del Gobierno, ni por supuesto del Presidente del Gobierno, entrar en esa dinámica. Lo que pasa es que hay que situar las cosas en su contexto y no sacarlas de quicio.

Creo que es muy difícil imaginarse una mejor manera de describir un posible pacto entre el señor Almunia y el señor Frutos diciendo que es un pacto entre socialistas y comunistas, por una razón: el señor Almunia es el Secretario General del Partido Socialista y, si no estoy mal informado, el señor Frutos es el Secretario General del Partido Comunista. Entonces, llamarle "comunista" al Secretario General del Partido Comunista y sorprenderse, la verdad es que me sorprende. Creo que no hay que darle más vueltas.

P.- Quería preguntarle, primero, al Ministro Portavoz y, luego, al Ministro de Administraciones Públicas.

Al Ministro Portavoz. Ha dicho al comienzo, volviendo a este tema de las negociaciones de los pactos entre Izquierda Unida y el PSOE, que son fórmulas de retorno al pasado. Cuando quiere decir que son "fórmulas de retorno al pasado", ¿a qué se refiere? Porque a su vez ha dicho que tampoco estamos hablando de los frentes populares del 36, que eso queda viejo. Entonces, ¿qué significa "retorno al pasado" cuando, a la vez, también estas fórmulas se están utilizando en este momento en otros países europeos, como Francia, etcétera; o fórmulas relativamente similares, ajustadas a la idiosincrasia de cada país?

En este mismo sentido, también le quería preguntar si no cree también que toda esta multiplicación de pactos por parte del primer partido de la oposición no es también un error por parte del Gobierno, en el sentido de que haya podido haber prepotencia, como con sus socios de 1996, que tenía muchos, como el PAR, muchos partidos regionalistas... Ahora, incluso Izquierda Unida con la que, por lo menos, aunque había muchas diferencias políticas, sí había, al menos, una sintonía buena entre Anguita y el señor Aznar, esto parece que ha desaparecido, a juzgar por las últimas declaraciones de Anguita. Si aquí no ha habido algún error o hay algún tipo de autocrítica que tiene que hacerse el Gobierno o el Partido Popular de prepotencia en sus relaciones con los partidos, y ésta es la consecuencia.

Al Ministro de Administraciones Públicas le quería preguntar, con relación a la Declaración de Barcelona --hoy se han reunido en Bilbao sus principales suscriptores--, ante esta Declaración, que incluso se planteaba inicialmente como una posibilidad de coordinar acciones o coordinar programa ante la próxima legislatura, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Va a rechazar todo en bloque, va a negociar parte del bloque? ¿Qué va a hacer, en definitiva, ante estas propuestas?

Sr. Acebes.- Yo creo que, en este momento, en la hora en la que estamos, habrá que conocer exactamente cuál es el contenido de las propuestas. Conocemos los avances que se han publicado sobre las mismas y depende mucho de su concreción.

Es clara la posición del Gobierno y firme en lo que supone la defensa del modelo de organización territorial establecido por la Constitución y por los Estatutos de Autonomía, y su vigencia y su validez para el futuro. Por tanto, ésta va a seguir siendo la posición firme del Gobierno en esa defensa de nuestro modelo de organización territorial, de lo que hemos llamado el Estado de las Autonomías, porque creemos que ha dado una estabilidad, un modelo de convivencia y de progreso como en ninguna otra época de nuestra historia, a la vez que el reconocimiento y la defensa del pluralismo y de la descentralización. Por tanto, esta posición va a seguir siendo la posición que mantenga el Gobierno.

Luego, es cierto que se ha hablado de posiciones concretas respecto a lo que pueda suponer la Declaración de Barcelona y a expensas, lógicamente, de su concreción, que podremos conocer en las próximas horas, pero que ahora no lo tenemos. Si se propone, como se ha avanzado, un nuevo modelo de financiación autonómica, efectivamente depende de la concreción del mismo.

Es cierto que a uno de enero de 2002 hay que hablar y hay que tratar sobre un nuevo de financiación autonómica, porque vence a 31 de diciembre de 2001 el actual. Ya el Gobierno ha mostrado su predisposición a hablar, a negociar y a dialogar, porque es bueno que haya un modelo de financiación autonómica que reúna un amplio consenso que aleje las posiciones partidistas, como en este momento se ha hecho, anteponiendo los intereses de partido de algunas Comunidades Autónomas al de los propios ciudadanos, y, además, que sea un modelo estable de cara al futuro; pero que se base en los mismos elementos esenciales de corresponsabilidad, de suficiencia financiera y de solidaridad que tiene el modelo actual.

Hay otras propuestas, cuya concreción también iremos viendo; en otras en las que, seguramente, si finalmente las proponen, como es la existencia de unos Consejos Generales de Poder Judicial autonómico, también es conocida la posición del Gobierno de que creemos que el modelo actual de un Consejo General del Poder Judicial para toda España es un modelo bueno, que garantiza la objetividad y la independencia de los jueces, y además único para toda España.

En el resto de los temas habrá que ver cuáles son puntualmente los acuerdos a los que llegan para poder tratarlos, siempre desde esa posición del Gobierno de una defensa firme del modelo constitucional y del Estatuto de Autonomía.

Sr. Piqué.- Cuando me refería al "retorno al pasado", yo me refería al retorno a la aplicación de políticas que se ha producido en el pasado y, además, en el pasado inmediato: políticas que pretendían, a base de subir los impuestos, aumentar la recaudación, y la bajaban; políticas que pretendían resolver los problemas a base de incrementar el gasto público y el déficit público, y lo que hacían era agravar la situación económica y proseguir en la destrucción de empleo. Me refería a políticas de éstas; unas políticas que, por ejemplo, hicieron que el Gobierno anterior tirara la toalla --y le apoyaba Convergència i Unió-- a la hora de pensar que era posible estar desde el primer momento en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, estar desde el primer momento en el euro. Y eso es público y notorio.

Ahora lo que se han planteado son otras políticas que han permitido, en cambio, estar en el euro; han permitido simultanear la reducción de los impuestos con la reducción del déficit público y han permitido una intensísima creación de empleo. Ése es el sentido de la conveniencia de no volver a las políticas que se han ido aplicando en el pasado y que han dado, a todas luces, resultados completamente negativos o, en cualquier caso, discutibles.

Eso no tiene nada que ver con la legitimidad de cualquier oferta política. En otros países puede haber planteamientos, no diría análogos, pero sí más o menos parecidos. En cualquier caso, si el modelo es Francia, que es un gran país y que en estos momentos está pasando por una situación económica buena --está creciendo, no tanto como España, pero está creciendo de una manera bastante intensa--, si hiciéramos la transposición de su capacidad de crear empleo a la economía española, en lugar de 1.800.000 puestos de trabajo apenas se hubieran creado 600.000. Con lo cual que cada uno haga su valoración y diga cuál es el modelo que prefiere.

En cuanto a la otra cuestión, lo que sucede es que estamos ante un planteamiento de pactos --por decir una expresión vaticana-- "urbi et orbe", buscando cualquier combinación que pueda salir, sobre la base de que el punto de partida es ya la expectativa de perder las elecciones. Es lógico que las demás fuerzas políticas escuchen y es lógico que el partido que está en estos momentos en el Gobierno haga un planteamiento propio, específico, defendiendo su acción de Gobierno, en el bien entendido de que, evidentemente, en función de los resultados electorales, va a tener que plantear conversaciones y negociaciones con otras fuerzas políticas.

Quiero decirle que eso se va a producir sea cual fuere el resultado de las elecciones, tanto si hay una mayoría suficiente para gobernar a solas como si, como en esta legislatura, se requieren pactos. Eso no es ningún obstáculo para conseguir la estabilidad y para asegurar el cumplimiento de políticas adecuadas. La experiencia de estos cuatro años es absolutamente clara.

Cuando llegue el momento, se planteará. Yo lo que le puedo anticipar es esa predisposición clara, permanente, al diálogo y a la negociación por parte del Partido Popular y que se va a producir, en cualquier caso, con los partidos nacionalistas que han venido prestando apoyo parlamentario a lo largo de esta legislatura.

Evidentemente, en algunos casos ya sabemos a priori que eso va a ser muy difícil; es el caso del Partido Nacionalista Vasco, por las profundísimas discrepancias de aproximación a la situación política vasca y que todo el mundo conoce. Pero yo en estos momentos no veo nada que permita pensar que no es posible un diálogo político con Convergència i Unió, con Coalición Canaria o con otras fuerzas. Las circunstancias ya nos dirán en qué términos se produce eso; pero en ningún momento se puede percibir la sensación, por ejemplo, desde esas fuerzas políticas que ha habido actitudes de prepotencia. En otras etapas históricas sí las hubo por parte del Partido Socialista.

Yo creo que se pueden hacer muchos comentarios y muchas valoraciones sobre la actuación del Gobierno y del Partido Popular en estos últimos cuatro años; pero creo, sinceramente, que una de las pocas imputaciones que no se le pueden hacer es precisamente de prepotencia. Sobre esta base estamos seguros de que va a seguir un clima de tranquilidad y de serenidad política, de diálogo, de la búsqueda de los máximos consensos.

El Ministro de Administraciones Públicas se acaba de referir a un tema tan importante como la financiación autonómica. Es obvio que la mejor manera de plantearlo, yo diría que casi la única, es tal y como lo ha hecho, como es natural, el Ministro de Administraciones Públicas, que es hablarlo, hablarlo con tiempo, con calma; buscar el máximo consenso y asegurar la máxima estabilidad de un sistema que es muy importante que funcione bien para todos.

Ése va a ser el clima, el talante y la aproximación que va a tener el Partido Popular, insisto, tanto si consigue una mayoría suficiente como si necesita de otros apoyos para poder gobernar.

P.- Señor Piqué, antes ha mencionado la próxima visita de Ernesto Zedillo a España. En ese sentido, me gustaría saber cómo continúan las relaciones entre España y México en materia antiterrorista, y si España va a solicitar nuevas deportaciones de algún miembro de ETA a España.

Sr. Piqué.- En estos momentos, el clima de colaboración entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España es excelente. Es un clima de colaboración magnífico, desde muchos puntos de vista. Esta visita del Presidente Zedillo se iba a producir ya hace unos meses; pero se dio la lamentable circunstancia de las desgracias naturales que hubo en México, que obligaron al Presidente Zedillo a permanecer en su país. Ahora se ha podido reproducir.

Hubo varios encuentros de gran cordialidad y de gran coincidencia durante la reciente Cumbre Iberoamericana en La Habana entre los dos Presidentes. Eso se concreta en colaboración económica --las relaciones económicas y financieras entre España y México son crecientes-- y se manifiesta también en la colaboración en el ámbito antiterrorista. Hemos tenido una muestra muy reciente de esa colaboración y, en principio, va a proseguir.

Yo no le puedo informar ahora si se va a proceder a solicitudes de extradición a corto plazo; pero, en cualquier caso, la predisposición del Gobierno mexicano en apoyo de la democracia española y en la lucha contra el terrorismo es total y absoluta.

P.- Yo quisiera plantearles, a cada uno de ustedes, dos temas, digamos, técnico-políticos.

Al Portavoz, me gustaría pedirle una opinión sobre la doctrina que viene sentando la Junta Electoral respecto a cómo deben proceder las televisiones y los medios públicos y privados durante la campaña. La pregunta sería si no hay, quizá, una tendencia al intervencionismo, con ánimo de garantizar la neutralidad; pero se está incurriendo en un excesivo detallismo de intervenciones de la Junta.

Al Ministro de Administraciones Públicas, una cuestión concreta, relacionada con los planteamientos de los nacionalistas en el marco de la Declaración de Barcelona. Usted ha estudiado el tema del Tribunal Constitucional, porque recuerdo un Proyecto de Ley para que no hubiera tantos recursos. Entonces, la cuestión sería si realmente cree que es una vía que se puede estudiar la de la participación de las Comunidades Autónomas en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y si, por, digamos, las cuentas que tiene el Ministerio de los asuntos se han fallado, hay una decantación que estadísticamente se pueda comprobar respecto de las tesis del Estado frente a las Comunidades Autónomas.

Sr. Acebes.- El Tribunal Constitucional lo que hace, como no podía ser de otra manera, a la hora de elaborar sus resoluciones, es hacerlo conforme a una interpretación en Derecho y jurídica de la Constitución, de su letra y de su espíritu; por tanto, con la mayor objetividad, neutralidad e independencia. Desde mi punto de vista, así debe seguir siendo; lógicamente, con absoluta independencia de cuál sea el procedimiento de su nombramiento. Por lo tanto, el Gobierno en estos momentos no tiene previsto modificar el modo de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional.

Sr. Piqué.- En cuanto a la pregunta sobre los criterios de la Junta Electoral Central y las televisiones, usted mismo ha hecho ya una primera aproximación al planteamiento del problema: se trata de garantizar la máxima objetividad y la máxima neutralidad sin que, al mismo tiempo, eso suponga un excesivo intervencionismo respecto a lo que pueden ser decisiones de medios de comunicación; por supuesto, los públicos, que tienen que estar a criterios de objetividad por definición y por Ley, pero sobre todo en lo que hace referencia a los medios de comunicación audiovisual privados.

Yo he visto en estos días opiniones en sentidos distintos, quejas por parte de las televisiones privadas respecto a la obligación de comunicar con una determinada antelación... Yo creo que son argumentos que, en todo caso, deben ser valorados y contemplados por la Junta Electoral Central, y el Gobierno lo que debe hacer es respetar absolutamente sus criterios y no formular ni tan siquiera opiniones personales, para que no puedan ser interpretadas como un intento de injerencia o de interferencia.

Por tanto, a partir de ahí, lo que vaya definiendo la Junta Electoral Central por definición al Gobierno le parecerá lo correcto.

P.- En primer lugar, para el Ministro de Administraciones Públicas. Me gustaría obtener un pronunciamiento explícito en torno a la siguiente cuestión: la ruptura por parte del PP de las relaciones institucionales con el Gobierno Vasco, ¿implica que en la siguiente legislatura, mientras el PNV mantenga sus alianzas con Euskal Herritarrok, este partido, si tiene que formar Gobierno, renunciará a recabar sus apoyos, aunque los necesite?

En segundo lugar, sobre la Declaración de Barcelona, más allá de las consideraciones programáticas, que todavía no conocemos con detalle, me gustaría saber si la presencia de dos "consellers" de la Generalitat y el Secretario General de Convergència en Bilbao, junto al PNV, desde el punto de vista del Gobierno legitima la estrategia de alianzas del Partido Nacionalista Vasco, sus alianzas con Euskal Herritarrok. Me refiero también a las declaraciones del Presidente Pujol el lunes, criticando que se intente poner contra las cuerdas al PNV por sus pactos.

Pasando al Ministro Portavoz, me gustaría saber qué consecuencias electorales cree que puede tener la participación de Convergència i Unió en esta alianza con el PNV.

Por último, hace unos años el anterior Presidente del Gobierno advirtió que, si el señor Aznar llegaba a la Presidencia, los pensionistas verían rebajadas sustancialmente sus pensiones. Ahora es este Gobierno es el que advierte: si el PSOE e Izquierda Unida llegan al Gobierno, se pondrá en peligro el sistema de Seguridad Social. Me gustaría saber si los ciudadanos estamos condenados a que cíclicamente el Gobierno de turno denuncie que la oposición, si le sustituye, pondrá en peligro las pensiones, todo ello ignorando los principios del Pacto de Toledo.

Sr. Acebes.- Quiero dejar una cosa clara, digo, en los términos de la pregunta. El Gobierno, lógicamente, mantiene las relaciones normales institucionales con el Gobierno vasco, y las va a seguir manteniendo; por tanto, la declaración que ayer hizo el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento --valga la redundancia-- vasco se limita, por tanto, a las relaciones, en función de lo que se explicitó ayer, con el Gobierno en el marco de que no exista y, por tanto, tiene mucho que ver --conectando con la segunda de las preguntas que hacía-- con una condena clara, explícita y sin matices a los asesinatos y al terrorismo.

Yo estoy absolutamente convencido, y así debería de ser, de que cualesquiera que sean los temas en los que puedan llegar a un acuerdo los distintos partidos que se han reunido en Barcelona o en cualquier otro foro, la condena, sin ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de excusas, ni condiciones, ni matices, a los que asesinan, a los que matan, a los que ponen bombas, debe de ser una permanente constante entre los partidos democráticos. Eso es lo que reclama y lo que defiende permanentemente el Partido Popular, lo que hizo en el País Vasco en sus declaraciones de ayer e, independientemente de los acuerdos a que antes nos referíamos a que se pudiesen llegar en una o en otras materias, desde luego esperamos y creemos que la condena al terrorismo por los partidos de cualquier foro debe de estar presente de manera constante.

Sr. Piqué.- Prever consecuencias electorales por definición es muy difícil. Yo entiendo la línea que ha esbozado el Ministro de Administraciones Públicas. Es difícil a veces que una buena parte del electorado de Convergència i Unió, por no decir casi la totalidad, por no decir la totalidad, pueda entender en estos momentos una colaboración política con los actuales dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que son incapaces de romper acuerdos políticos con Herri Batasuna, que es una fuerza política que no condena la violencia, como es bien sabido, y que no es democrática, y con la propia ETA, y que exista también una colaboración política con el Bloque Nacionalista Galego, cuyo máximo dirigente, el señor Beiras, cuando se produjo el asesinato del Teniente Coronel Blanco hace unos días, declaró que la responsabilidad de ese asesinato era del Ministro del Interior.

Yo creo que no estamos, por lo tanto, ante algo que se deba ver exclusivamente desde una aproximación política, sino diría también desde una aproximación ética. Creo que eso es muy difícil de explicar. Yo no sé si va a tener consecuencias electorales o no. Lo que le gustaría al Gobierno es que la presencia de Convergència i Unió en ese foro sirva en estos momentos, fundamentalmente, para transmitir al Partido Nacionalista Vasco que vuelva al consenso de los partidos democráticos y se ponga en contra de los que justifican la violencia y pedirle al Bloque Nacionalista Galego que no haga planteamientos que puedan suponer introducir la duda de que los únicos culpables de los asesinatos son los asesinos.

Ésa, probablemente, sería la función que cualquier persona normal le puede pedir en estos momentos a Convergència i Unió en ese foro. A partir de ahí, las consecuencias electorales ya se verán. Hacer vaticinios sobre estas cuestiones siempre es enormemente arriesgado.

Creo que podemos partir de la base de que el electorado catalán, como el electorado de toda España, lo que defiende con toda claridad es la práctica de las reglas del juego democráticas, sin fisuras, el rechazo a la violencia y la solidaridad y el consenso entre todas las fuerzas políticas para hacer frente al terrorismo sin ningún tipo de complicidad. Pero cada uno valora lo que tiene que hacer. Al Gobierno lo que le gustaría es que se hiciera lo que hemos dicho; pero, obviamente, todo el mundo después tiene el derecho a hacer lo que tenga por conveniente y, por lo tanto, a rechazar esos argumentos del Gobierno.

En cuanto a la segunda cuestión, es que no es un problema de argumentos electorales, sino que es una cuestión de constatación. Cuando el anterior Presidente del Gobierno decía que cuando llegara a gobernar el Partido Popular lo que haría sería bajar las pensiones, la propia realidad ha demostrado que eso era falso, que eso era una falsedad. Ha sucedido lo contrario, como todo el mundo sabe: las pensiones no sólo no han bajado, sino que han subido.

Y, cuando ahora el Gobierno dice que, en función de las propuestas políticas y programáticas que se están poniendo encima de la mesa se puede volver a poner en riesgo el equilibrio financiero de la Seguridad Social, lo dice sobre la base de haberse encontrado con un sistema de la Seguridad Social prácticamente en quiebra a mediados del año 1996. Eso está también constatado y comprobado y, por lo tanto, no es ninguna aproximación propagandista en clave electoral, sino que se trata de recordar a los ciudadanos auténticas realidades: lo que era una falsedad y lo que es una certeza, y lo que son una certeza y una comprobación veraz.

A partir de ahí, yo estoy completamente de acuerdo en que no es bueno que el argumento de las pensiones se utilice como argumento electoral, porque lo que interesa es que los ciudadanos sepan que el sistema es sólido y que sus pensiones están garantizadas. Ésa siempre es la línea de argumentación del Gobierno: se ha hecho lo necesario para que el sistema sea sólido y las pensiones estén garantizadas.

Ahora les recuerdo que ese debate sobre las pensiones no lo inició el Gobierno, sino que se inicia en el momento en que, en virtud de iniciativas políticas de determinadas Comunidades Autónomas, se empieza a plantear la no prestación homogénea de prestaciones y pensiones de la Seguridad Social en función de los distintos territorios. En defensa de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los ciudadanos españoles, se empezó a plantear el debate por parte del Gobierno.

Creo que es perfectamente legítimo que se haga y creo, sinceramente, que es perfectamente legítimo que, si alguien saca este tema, se recuerde que aquello que se decía que se iba a hacer no fue verdad y que, en cambio, se recuerde que ha habido que hacer entre todos un gran esfuerzo para sanear una Seguridad Social que estaba prácticamente en quiebra.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Administraciones Públicas. La primera es si la Oferta de Empleo Público mantiene, por otro lado, la tasa de reposición del 25 por 100. Y la segunda pregunta es si va a haber o no va a haber paga extraordinaria, o como pueda llamarse, para los funcionarios y cómo van las conversaciones con los sindicatos.

Sr. Acebes.- A la primera de las preguntas, efectivamente, la Oferta de Empleo Pública incluye el 25 por 100 de la tasa de reposición, salvo en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la Administración de Justicia, Educación, Prevención y Extinción de Incendios, Sanidad y Fuerzas Armadas. En el resto esto recoge, lógicamente, la disposición legal de mantener la tasa del 25 por 100.

En cuanto a la segunda de las preguntas, en estos días estamos ultimando el acuerdo para el desarrollo con los sindicatos del que en su día se firmó con Comisiones Obreras y CSI-CSIF para que, en función de las condiciones que se establecían en el mismo, es decir, vincular el reparto del fondo a condiciones, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado ahora de mejora en la prestación de los servicios públicos, de incentivo a los funcionarios, de productividad; pueda repartirse inicialmente el fondo de 10.000 millones de pesetas previsto. El objetivo que pretendemos, lógicamente, es que abarque al mayor número de funcionarios posible, porque queremos llegar a ese mayor número en esas condiciones de incentivo y de mejora de las condiciones de productividad; pero, lógicamente, con un cumplimiento de las condiciones que se establecían en ese documento. Yo creo que en muy poco tiempo podremos completar un acuerdo con los representantes de los funcionarios.

P.- Yo quería preguntar al Portavoz por el "caso Pinochet". El Gobierno ha cumplido lo que dijo que haría, que es tramitar todas las decisiones judiciales; pero, cuando le ha tocado tomar una postura política, puesto que político es el pronunciamiento del Ministro de Interior británico el Gobierno ha adoptado una decisión política que, digamos, puede favorecer a Pinochet. ¿Cómo se puede explicar esto a la ciudadanía?

Por otra parte, le quería preguntar también si el Gobierno comparte las declaraciones que ayer hacía el Ministro Matutes, en las que dudaba que la Audiencia Nacional pudiera gestionar un juicio contra Pinochet por la presión que existía en la sociedad española.

Sr. Piqué.- Creo que este tema lo hemos tratado en infinidad de ocasiones, y el Gobierno español siempre ha dicho lo mismo y ha hecho lo que decía; es decir, máximo respeto a la actuación de las instancias judiciales, tramitación de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la actuación judicial y respeto también, al mismo tiempo, al ámbito de la decisión política de Gobiernos amigos y, en particular, máximo respeto al ámbito de decisión política del Ministro Straw. Desde el primer día ha dicho siempre lo mismo y es que iba a respetar escrupulosamente la decisión política, personal, intransferible, del Ministro Straw, y eso no se ha modificado bajo ninguna circunstancia.

Ahora hay que, lógicamente, esperar y respetar las decisiones que tomen las instancias judiciales británicas, que están pendientes de unos determinados recursos; a continuación, se verá si eso puede dar lugar ya a la concreción de la decisión que anticipó el Ministro Straw hace unos días y que España, en cualquier caso, va a respetar, sea cual fuere. Una vez que se produzca, no añadir nada más y seguir con la actitud que se ha mantenido hasta ahora.

En relación con la segunda cuestión, yo creo que la opinión del Ministro Matutes es una opinión que puede estar fundada en Derecho; hay muchos juristas que opinan en el mismo sentido. Como cualquier otro debate jurídico, puede merecer interpretaciones distintas. Yo creo que es simplemente una opinión que es perfectamente defendible; pero que no altera lo que ha sido la política del Gobierno en ese tema desde que empezó, hace ya quince o dieciséis meses, con la detención del senador Pinochet por parte de las autoridades británicas.

P.- Una pregunta para el señor Piqué. Yo quería saber si han cuantificado los daños electorales que podría tener para el Partido Popular un posible pacto entre Izquierda Unida y el PSOE.

Una pregunta se ha quedado sin contestar y es si van a pactar con Convergència i Unió si sigue vinculada al BNG y al PNV en la Declaración de Barcelona.

Sr. Piqué.- Se pueden hacer muchísimas hipótesis, y estos días los medios de comunicación están llenos de hipótesis de todo tipo, que suman, restan, multiplican y dividen. Pero yo creo que en política estos cálculos siempre son enormemente arriesgados y el comportamiento electoral puede responder a muchas motivaciones.

Yo creo que en estos momentos en la sociedad española puede haber un doble sentimiento, que va a primar a la hora de tomar la decisión de voto, y es aquellos ciudadanos que consideran que las cosas se han hecho bien y se desarrollan bien, y que, cuando las cosas van bien, conviene no cambiar de rumbo; y los que consideran que eso no es así. Las encuestas y los barómetros sociológicos nos dicen que ésa es una clara minoría de los ciudadanos y que, por lo tanto, no vuelve a ser el momento de que se produzca la alternancia política.

Esos dos sentimientos son los que ahora están encima de la mesa y que pueden ser particularmente intensos en el momento en que en una sociedad se percibe voluntad de cambio. Eso se percibía claramente en el año 1996; se percibía en Cataluña en las últimas elecciones autonómicas, y, de hecho, una buena parte de la sociedad catalana así lo manifestó y el resultado de las elecciones fue muy ajustado; se percibió en su momento en el año 1982. Mi opinión personal es que en estos momentos esa sensación de voluntad y de conveniencia de cambio no se percibe en absoluto.

A partir de ahí, hacer cuantificaciones sobre la base de sumar y restar en función de... pueden ser ejercicios más o menos divertidos. Yo creo que lo que se dilucida en estas elecciones próximas es algo muy similar al planteamiento que yo he hecho. Desde esa perspectiva, como es natural, el Gobierno y el Partido Popular estamos enormemente tranquilos y, sabiendo que las elecciones sólo se ganan el día que se celebran y que nunca están ganadas de antemano, en cualquier caso las expectativas son positivas.

En relación con la segunda cuestión, no es que yo no quiera contestar. Ya veremos como se puede plantear el diálogo en el futuro. Yo creo que la voluntad de diálogo, de acuerdo y de colaboración ha sido reiterada y es reiterada por el Gobierno cada vez que ha tenido ocasión. Yo lo he hecho hoy, y el Ministro también, hace un rato, en diferentes ámbitos, y así va a ser.

En la medida en que pudieran surgir posiciones en los partidos nacionalistas o en Convergència i Unió, en concreto, que pudieran equiparar su actitud política a la actual actitud política del Partido Nacionalista Vasco, evidentemente eso complicaría enormemente esas posibilidades de acuerdo. Hoy no es así y, además, creo que no va a ser así en el futuro; por lo tanto, anticipar escenarios en ese terreno creo que no tiene en estos momentos ningún sentido.

P.- Una pregunta para cada Ministro. Al señor Acebes quería preguntarle: como titular del Departamento de Administraciones Públicas, ¿usted va a recomendar a su partido que en el programa electoral incluya la presencia directa de las autonomías en Bruselas, en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, tal como ha pedido algún Presidente regional de su partido, entre otra mucha gente?

Al Ministro Piqué, al hilo de esta última y de la anterior, y poniendo, como pone, la equiparación, quizá, entre Convergència i Unió y el PNV, ¿el Gobierno podría equiparar la Declaración de Barcelona al Pacto de Lizarra en algunos puntos?

Sr. Acebes.- Creo que es conocida la posición que han mantenido el Gobierno y también el Partido Popular, en identidad y en coincidencia de posición, de avanzar y de cumplir la resolución del Parlamento, que fue votada por unanimidad, de representación de las Comunidades Autónomas en aquellas materias que tienen competencia exclusiva ante los distintos organismos de la Unión Europea; además, en esa dirección se está trabajando y, además, se está trabajando con intensidad y, sobre todo, con mucho rigor y con mucha seriedad.

El programa electoral lo que recogerá es un pronunciamiento de estas características, como el que yo acabo de formular, porque tiene que ser desde esos estudios que se están desarrollando, tanto desde las Comunidades Autónomas como desde el propio Gobierno, y que ha ido facilitando de manera permanente a las propias Comunidades, para resolver asuntos especialmente sensibles y delicados, como es quién lleva la representación ante los organismos europeos cuando existen intereses diversos y de diversas Comunidades Autónomas que se pueden tratar en un mismo paquete; ante quién se daría cuenta, al tener una representación de distintas Comunidades Autónomas, en una materia específica; o, más en concreto, para determinar cuáles serían aquellas cuestiones de competencia, el catalogo de competencias exclusivas.

Hay otros organismos y entidades, como son las propias Conferencias, en las que se está potenciando de manera clara esa representación. Por tanto, es un tema, desde luego, en el que se van produciendo avances; pero que tiene que ser absolutamente equilibrado con el rigor y con la seriedad, porque son muchos los intereses en juego y, desde luego, la posición de los intereses generales, la defensa de los intereses generales de todos los españoles, que el Gobierno, en cualquier caso, va a preservar en las negociaciones que se lleven a cabo y cualquier avance que se vaya produciendo en esta situación deberá ser fruto de un amplísimo consenso.

Sr. Piqué.- Un comentario muy breve. No es en absoluto equiparable el Pacto de Lizarra con la Declaración de Barcelona. Estamos hablando de cosas completamente distintas. El Pacto de Lizarra es un pacto que pretende avanzar hacia la soberanía y que se suscribe, fundamentalmente, entre partidos nacionalistas, con independencia de si rechazan o no la violencia y con independencia de si siguen la estela estratégica de ETA o no; por lo tanto, eso no tiene nada que ver con acuerdos políticos entre tres fuerzas nacionalistas que plantean una serie de cuestiones que, en cualquier caso, desde su perspectiva son legítimas, desde una perspectiva democrática también, pero que pueden también tener una respuesta absolutamente legítima y democrática en los términos en los que, por ejemplo, antes se manifestaba el Ministro Acebes.

Otra cuestión es que en algún momento alguien pudiera pensar que la Declaración de Barcelona se podía poner --por decir una expresión coloquial, pero que se entiende bien-- al rebufo de lo que pudieran ser las implicaciones de un eventual éxito del Pacto de Lizarra. Yo creo que, a estas alturas, si alguien tuvo esa tentación en aquel momento, ahora ya no la tiene.

P.- Mi pregunta tiene que ver con pactos, pero más con política exterior. Me gustaría saber si el Gobierno español comparte la inquietud que han expresado algunos portavoces internacionales sobre la posibilidad de que el ultraderechista Haider entre a formar gobierno en Austria.

Sr. Piqué.- Evidentemente, desde el máximo respeto a la República austríaca y a su democracia, creo que el Gobierno español puede perfectamente compartir la preocupación que existe, yo diría, en estos momentos en la práctica totalidad de Gobiernos de la Unión Europea respecto a esa posibilidad de que un grupo político, que mantiene posiciones extremas en temas muy delicados y que es claramente contrario al proceso de integración europea, forme parte del Gobierno de Austria.

Creo que puedo expresarle con toda rotundidad que ésa es una posibilidad que genera preocupación en el conjunto de Europa y también preocupación en el Gobierno de España.

Muchas gracias.