Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Muy buenas tardes. En la reunión celebrada hoy, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de más de 28.000 millones de pesetas entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas sociales durante el presente año 2000. Estas subvenciones, que van dirigidas a los sectores más desfavorecidos, han crecido por cuarto año consecutivo, incrementándose en esta ocasión en más de un 25 por 100. También ha aprobado el Consejo del Programa de inserción laboral destinado a trabajadores desempleados de larga duración mayores de 45 años. Se trata de un colectivo de más de 91.000 personas que desde ahora percibirán una renta mensual del 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.

Para darles cuenta de ambos importantes acuerdos contamos con la presencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Manuel Pimentel. Antes, como siempre, permítanme darles cuenta de otros acuerdos del Consejo.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Extranjería en cuanto a los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. Este Real Decreto tiene como finalidad primordial desarrollar el procedimiento para regularizar, mediante la concesión de permiso de residencia, permiso de trabajo o tarjeta de residente comunitario, la situación de los extranjeros que se encuentran irregularmente en España de forma continuada antes del 1 de junio de 1999 y que cumplan los requisitos previstos. El plazo de presentación de las solicitudes comienza el 21 de marzo y finaliza el 31 de julio del presente año. Se establecen, además, los necesarios mecanismos de seguimiento de todo el procedimiento con una información periódica al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Se ha autorizado la contratación de las obras del primer tramo de la Autovía de Castilla-La Mancha. Esta Autovía tiene una gran importancia como eje de comunicación transversal de Extremadura y Portugal hacia Castilla, Levante y Cataluña, además de servir de conexión a la ciudad de Cuenca con la A-3 y permitir la unión de las Autovías de Extremadura y de Valencia. Se trata de una vía de alta capacidad que facilitará notablemente el tráfico y la cohesión entre las mencionadas Comunidades Autónomas. Este primer tramo de la nueva autovía transcurre entre Abia de la Obispalía y Cuenca; contempla cuatro enlaces completos con la propia Abia, Huete, Jábaga y Cuenca; un viaducto; ocho pasos superiores y diecisiete inferiores, y tiene un presupuesto de más de 13.000 millones de pesetas.

Con ésta y el resto de las inversiones previstas la red viaria de gran capacidad de Castilla-La Mancha alcanzará en los próximos años un total de 1.628 kilómetros y un coste total superior al medio billón de pesetas.

Se ha autorizado la contratación de obras de dos tramos más de la línea del Tren de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Se trata de obras, en este caso, a realizar en la provincia de Lleida, incluyendo dos túneles y tres viaductos, por valor de más de 11.000 millones de pesetas; y de obras en la de Tarragona, con dos túneles y un viaducto, con un presupuesto de cerca de 12.000 millones. El total de la licitación hoy autorizada supera, por tanto, los 22.500 millones de pesetas, que se añaden a las inversiones previstas para el trazado de la nueva Línea de Alta Velocidad que, como ustedes saben, supone una inversión total superior al billón de pesetas.

Se ha aprobado la distribución de más de 22.200 millones de pesetas para programas agrícolas, ganaderos, alimentarios y pesqueros de las Comunidades Autónomas. Este reparto, que ha sido aprobado en Conferencias Sectoriales de Agricultura y Pesca, supone importantes actuaciones, que van desde el fomento del asociacionismo hasta la recuperación del viñedo, la ordenación del sector de la patata y nuevas tecnologías en maquinaria. En ganadería, los fondos se destinan a indemnizaciones por sacrificio de animales, defensa sanitaria ganadera y varios aspectos del sector lácteo, así como el de apicultura. En alimentación, los fondos son para el fomento industrial y de asistencia técnica; y, en cuanto a la pesca, la distribución presupuestaria corresponde a la reestructuración, renovación y modernización de la flota, las estructuras comerciales, las prejubilaciones y el sector de la acuicultura.

Se modifica la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. La modificación, que transpone al ordenamiento jurídico español una Directiva Comunitaria, consiste en establecer excepciones a la obligación de indicar la cantidad de un ingrediente cuando éste figure de forma destacada en el etiquetado de ciertos productos alimenticios o en su denominación de venta.

Se han aprobado las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para su control.

Se ha aprobado el cambio de titularidad de los Puertos de Torrevieja (Alicante) y Vinaròs (Castellón) que, clasificados ahora como de interés general, pasan a ser competencia de la Comunidad Valenciana.

Se ha autorizado la firma de un Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto de Salud Carlos III para la gestión de las redes de vigilancia de la contaminación atmosférica. La finalidad de este Convenio es asegurar el control y garantía de calidad de las mediciones de los contaminates realizadas en España; tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y recibirá una aportación inicial de 300 millones de pesetas por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Se han autorizado las obras de saneamiento de la Costa del Sol Occidental. El proyecto prevé la recogida de las aguas residuales de toda la franja costera de Manilva, Casares y la zona oeste de Estepona, y tiene un presupuesto de cerca de 2.600 millones de pesetas.

Se han aprobado las obras de la segunda fase del canal principal de la zona regable Genil-Cabra, en los términos municipales de Santaella, La Carlota y Ecija, en las provincias de Córdoba y Sevilla. El presupuesto estimado asciende a 5.000 millones de pesetas, a distribuir en anualidades hasta el año 2003.

Se ha tomado conocimiento de las recomendaciones y medidas adoptadas por el Tratado Antártico para que las mismas puedan formar parte de nuestro ordenamiento interior. España cuenta con un programa de investigación antártica e instalaciones adecuadas para desarrollarlo, en los que más de cien especialistas realizan sus trabajos.

Se ha aprobado también un acuerdo por el que se incrementan en más de 3.000 millones de pesetas las aportaciones financieras de la Administración General del Estado derivadas del traslado de las poblaciones de dos municipios valencianos, Gavarda y Beneixida, como consecuencia de las inundaciones que produjo el desbordamiento del río Júcar. El coste total de las actuaciones en este capítulo ha ascendido a 6.314 millones de pesetas.

Se ha aprobado el pago de cerca de 900 millones de pesetas correspondiente a la contribución española al Fondo Africano de Desarrollo con cargo al FAD. Este pago se realizará en cuatro abonos de 224 millones de pesetas en los meses de febrero, mayo, agosto y octubre del presente año. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, a la República de El Salvador, por un importe de 1.278.540 dólares para financiar la segunda fase del catastro municipal de San Salvador.

Se ha aprobado la homologación de diecisiete titulaciones universitarias que se impartirán en al Universidad católica "San Antonio", de Murcia. Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la homologación del título de Diplomado en Relaciones Laborales de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo, adscrita a la Universidad de Santiago de Compostela.

Se regulan las funciones de las Consejerías de Finanzas en las misiones diplomáticas de España, que hasta el momento carecían de una normativa concreta. Quedan definidas como Órganos Técnicos de las misiones diplomáticas de España, que dependerán, jerárquicamente, del Jefe de la Misión Diplomática y, administrativamente, del Ministerio de Economía y Hacienda.

En el capítulo de nombramientos, ha sido designado Director General de Migraciones, don Antonio Maceda García. También han sido nombrados Vocal del Consejo Económico y Social, don Rafael Montero; vocales del Consejo de Seguridad Nuclear, doña Paloma Sendín y don José Ángel Azuara, y Vicepresidente de Consejo Nacional de la Energía, don Fernando Martí.

Con arreglo a la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, se han concedido once Grandes Cruces a otras tantas personas fallecidas como consecuencia de actos terroristas. Esta máxima condecoración de dicha Real Orden se concede, como saben ustedes, siempre a título póstumo y por solicitud de las familias de las víctimas.

Antes de pasar a relatarles las actividades del Presidente del Gobierno, como siempre, también una breve referencia a un informe que ha presentado el Ministro de Administraciones Públicas en relación con la situación en la provincia de Almería.

Como saben ustedes, ayer mismo se llegó a un acuerdo entre las diferentes partes afectadas, los alcaldes de la zona, la propia Junta de Andalucía, diversas ONGs y también con los sindicatos, para la instalación de viviendas prefabricadas en las zonas agrarias directamente afectadas en torno a los invernaderos y que van destinadas a todas aquellas personas que han sido objeto de los actos vandálicos de los últimos días.

Esperemos que con esta medida, y otras medidas que se han puesto en marcha dentro del plan de urgencia de las diferentes Administraciones, se vaya recuperando la calma, se recupere la normalidad. Se ha solicitado también que se proceda a la desconvocatoria de la manifestación que, como saben ustedes, está prevista, y, sobre la base del cultivo de la tolerancia y de los valores de la convivencia y de la garantía de condiciones dignas de vida, también de la garantía de la seguridad a todos los ciudadanos y de los derechos humanos de todos los ciudadanos, esperemos que no se vuelvan a repetir las situaciones que, lamentablemente, hemos tenido que vivir en los últimos días en esa zona.

Pasando ya a las actividades del Presidente del Gobierno, a esta misma hora está realizando una visita a la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se le hace entrega de la Insignia de Oro y Brillantes y de la Medalla de Oro de dicha Federación. El lunes, a las dos y media, ofrecerá un almuerzo, en el Palacio de La Moncloa, al Presidente de Venezuela, Hugo Chavez, y al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias.

El martes, a la una, clausurará la Jornada sobre el Deporte Español ante el siglo XXI, organizada por el Consejo Superior de Deportes en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El miércoles, a la misma hora, a la una, pronunciará una conferencia ante los miembros del Colegio de Economistas de Madrid, en el Casino de Madrid. El jueves, a las diez y media de la mañana, recibirá al Premio Nobel de Economía, Robert Alexander Mundell. Y el viernes, a la hora habitual, presidirá la reunión del Consejo de Ministros, para, a la una, presidir, en La Moncloa, la firma de la constitución de la sede de la Secretaría de la Cooperación Iberoamericana.

En cualquier caso, entre los días 18 --es decir, hoy-- y 24 viajará, sucesivamente, a Burgos, Logroño, Toledo, Huesca, Lugo, Santander y Oviedo para asistir a actos de partido.

Sr. Pimentel.- Como ya se ha anticipado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución de una cuantía económica importante, 28.000 millones de pesetas, para financiar diversos programas sociales. Estos 28.000 millones de pesetas suponen un incremento del 25'3 por 100 frente a los presupuestos destinados para este fin el mismo año pasado.

Estos programas se hacen en colaboración íntima con las instituciones que tienen las competencias, que son las Comunidades Autónomas. Por tanto, esta distribución, antes de su aprobación en Consejo de Ministros, tiene dos pasos previos: uno, la dotación presupuestaria --ya estaban dotadas presupuestariamente--; y, dos, el acuerdo de la Conferencia Sectorial, que es el órgano soberano de la relación del Ministerio con las distintas Consejerías de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Trabajo ha dotado este programa con 5.766 millones de pesetas más que el año pasado, lo cual supone ese incremento del 25'3 por 100.

Estamos hablando de doce programas que, por su singularidad, repercusión e importancia, quisiera resaltar. Estos planes son: el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, el Plan Gerontológico, el Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, el Plan Gitano, el de Exclusión Social y Erradicación de la pobreza, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Plan de Discapacitados, el de Malos Tratos a menores, el Plan Estatal de Voluntariado, el Plan de Integración Social de los Inmigrantes, el Plan de Alzheimer y otras demencias, y, por último, las medidas para menores infractores mayores de 16 años.

Hay una de estas prestaciones, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en el que no tan sólo es la colaboración con las Comunidades Autónomas sino también con los Ayuntamientos. He de destacar que, en esta partida, las Comunidades Autónomas al menos ponen una partida similar y, en el caso del Plan Concertado, los Ayuntamientos también la ponen, por el cual estaríamos multiplicando estas dos dotaciones presupuestarias al menos por dos y, en el caso del Plan Concertado, por tres. Tienen el desglose de los presupuestos por cada uno de los Planes y también por cada una de las Comunidades Autónomas.

Quisiera resaltar, en la distribución de las Comunidades Autónomas, que todas se han incrementado; es decir, a pesar de que algunos parámetros van cambiando, el acuerdo de Conferencia Sectorial ha permitido que todas y cada una de las Comunidades Autónomas tenga incremento presupuestario. La Comunidad que más dinero recibe es Andalucía, con 5.443 millones de pesetas; siguiéndole Cataluña y Madrid, con 4.287 y 3.440 millones de pesetas, respectivamente.

En cuanto a los programas que más incremento presupuestario tienen son el Plan de Alzheimer, con un 78'4 por 100; el de Integración Social de los Inmigrantes, con un 42'8 por 100; el de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, con un 42'4 por 100; y, por último, el Plan Estatal del Voluntariado, con un 32'4 por 100. Pueden ver la evolución, desde el año 1996 hasta el año 2000, de las partidas correspondientes a esta política social y, como pueden ver, es un incremento muy importante, un incremento de prácticamente el 80 por 100 frente al presupuesto inicial del año 1996.

Tienen la distribución por Comunidades Autónomas, destacando, como les decía, Andalucía, Cataluña, Madrid, seguidos por Valencia, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El segundo de los acuerdos que quería trasladarles es la aprobación del Real Decreto que va a regular una de las medidas más innovadoras que tenemos para los parados de larga duración, que es lo que hemos venido denominando Renta Activa de Inserción. El empleo está creciendo en nuestro país de una forma rápida, como conocen; está, por tanto, disminuyendo el desempleo con igual celeridad. Pero, no obstante, hay que ser conscientes de que todavía quedan personas que están paradas y que no tienen ningún tipo de prestación. Era lógico, por tanto, hacer un doble esfuerzo hacia estas personas desempleadas: por una parte, ayudarles a buscar un empleo, que siempre es lo más importante; pero, por otra parte, si no es posible encontrar este empleo, que tuvieran una prestación, una cobertura, que ahora mismo no tenían.

Hemos cogido para esta medida el colectivo más desfavorecido, que es el colectivo de parados de larga duración, que han agotado todas las prestaciones y, por tanto, no tienen ninguna renta; que tienen cargas familiares y que no tienen otras vías de subsistencia. Estamos hablando de que en esta situación hay entre 110.000 y 120.000 personas en España y para ellas hemos arbitrado esta Renta Activa de Inserción, que es una medida bastante innovadora. Vamos a destinar 50.000 millones de pesetas, que nos van a permitir cubrir a más de 90.000 de estas personas.

¿Cómo va a funcionar esta Renta Activa de Inserción? Vamos a funcionar en colaboración con las Comunidades Autónomas, donde ya hayan sido transferidas las políticas activas, y directamente el INEM, donde no lo hayan sido todavía. Vamos a llamar a estos desempleados, les vamos a hacer una tutoría individual a cada uno de ellos y, en un plazo, durante tres meses, vamos a asesorarlos e intentar incluirlos en uno de los programas de empleo o formación que tenemos; empleo o formación a cambio de un salario. Si a los tres meses no hemos conseguido darles un empleo o una iniciativa de formación con salario a estos desempleados, vamos a incorporarlos en el programa ya de pasivos, en este caso, de una prestación equivalente al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional. Esto son unas 53.000 pesetas al mes, que cobrarían entre ocho y diez meses.

Por tanto, vamos a poder cubrir, o bien con trabajo y salario y, si no somos capaces entre todos, con una prestación, a más de 90.000 personas que no tienen en este momento otras posibilidades.

Tienen la distribución de qué colectivo, cómo ha ido disminuyendo, en este caso de paro registrado, de 45 y más años. Aquí habría que separar a los que tienen prestaciones familiares y cargas familiares y, como ven, también está disminuyendo esta cuantía. En este colectivo es superior el desempleo de los hombres que el de las mujeres, lógicamente, porque son personas mayores y la incorporación de la mujer ha sido más reciente y, por tanto, no tienen trayectoria cronológica para incorporar, aunque se van acercando. Y tienen los posibles beneficiarios de esta Renta Activa de Inserción por Comunidades Autónoma, siendo también las tres Comunidades Autónomas con mayor volumen potencial Andalucía, Cataluña y Madrid, seguidas de Valencia y Galicia.

Como ven, una medida positiva --así fue valorada por todas las personas que la han conocido, las organizaciones sociales, Comunidades Autónomas--, que va a permitir cubrir de una forma mixta, política activa-política pasiva, a un colectivo muy importante de más de 90.000 personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación, ningún tipo de renta, e incluso dificultad de encontrar empleo, y que quedarán o con un empleo o con una renta con este programa que se pondrá en marcha inmediatamente.

Sr. Piqué.- Antes de dar la palabra a quien así lo desee, también expresarles la satisfacción del Gobierno porque, ahora mismo, a esta misma hora, estará llegando el señor Óscar Cadenas, condenado en México por su colaboración en actos terroristas y cuya extradición se acaba de conceder. Por lo tanto, expresar la satisfacción por este resultado de la colaboración entre los respectivos Estados, que son Estados de Derecho --el Estado de Derecho de México, el Estado de Derecho de España-- en la lucha internacional contra el terrorismo.

P.- Quería hacer tres preguntas al Ministro Pimentel y dos al Ministro Portavoz.

Señor Pimentel, me gustaría saber si ha sido aceptada su propuesta de destitución del Director General de Migraciones. Y, sobre el mismo tema, me gustaría saber...

Sr. Piqué.- Sí. Lo he dicho.

P.- ¿Lo ha dicho? Perdón. Entonces, dos preguntas solamente. Me gustaría saber si va a instar el Gobierno a la Fiscalía para que abra una investigación para establecer si ha habido o no delito en este caso, y me gustaría saber si tendría el Gobierno que responder por unas posibles responsabilidades políticas en este asunto.

Al Ministro Portavoz, dos cuestiones sobre el "caso Pinochet". El Gobierno británico ha pedido explicaciones al Gobierno español por esa filtración del informe médico; me gustaría saber cuál puede ser la línea argumental de esas explicaciones del Gobierno español. Como usted ha hecho declaraciones sobre este caso, que a algunos les pueden parecer contradictorias, querría saber con cual se queda: si se trata de un tema lamentable o se trata de un ejemplo de periodismo de investigación.

Sr. Pimentel.- Efectivamente, hoy he propuesto el cese de la persona que hasta ahora ha sido Director General de Migraciones y que previamente fue Director de Gabinete de la Secretaría General de Empleo, cuando personalmente era Secretario General de Empleo. Esta propuesta ha sido aceptada y, de hecho, ya tenemos un sustituto, don Antonio Maceda, al frente de la Dirección General de Migraciones.

He conocido la primera información, que estuve contrastando; he estado trabajando esta semana. Efectivamente, había una información, que hemos desarrollado. La mujer de esta persona tenía --eso sí, reconocido y en apariencia absolutamente legal-- una empresa que realizaba cursos de formación. Hemos entendido que cuanto menos existe una incompatibilidad evidente, seria, y no puesta, además, en conocimiento verbal de los responsables del Ministerio, aunque sí reconocida y recogida en su declaración de bienes. Por tanto, fruto de esta primera responsabilidad evidente de incompatibilidad, hemos propuesto como primera medida su cese inmediato, puesto que los últimos datos, los datos que ya me avalaban en cuantía, los pude obtener en el día de ayer.

Es una primera responsabilidad, que asumo. La responsabilidad política, evidentemente, de la nominación de esta persona, la persona que le ha dado confianza y que además estaba muy satisfecho de su rendimiento profesional y funcionario, es mía. Lo nombré Director de mi Gabinete y, dentro de mi Ministerio, lo he nombrado Director General de Migraciones. Creo que en esta primera fase estoy asumiendo esa responsabilidad y, en todo caso, es mía y la asumo.

Quiero decir que siempre fue hombre de mi absoluta confianza; que el primer sorprendido soy yo; pero eso no quiere decir que no asuma, lógicamente, la responsabilidad política.

Vamos a seguir. Yo tengo ya encargada una inspección de servicios en primera fase para determinar si, sencillamente, es una incompatibilidad grave o pudiera haber otra derivada. Desde luego, yo estoy en la convicción cierta de que hay una incompatibilidad grave y evidente, y por esto es el cese; pero voy a continuar investigando si hay otro tipo de responsabilidades, que ahora no conozco y de las cuales no puedo opinar, aunque en un primer análisis no aparecen. Pero, hasta que no lo tenga, prefiero no emitir nuevas acciones.

Sr. Piqué.- En relación con sus dos preguntas dirigidas a mí, no es tanto una demanda de explicaciones, sino una petición de información por parte de la Fiscalía. El Gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ya abrió en su momento una investigación. No ha encontrado nada que haga pensar que ese documento ha sido conocido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, el Gobierno español, a partir de ahí, no tiene nada más que añadir. Está a la espera de la decisión que tome el Ministro Straw, como hemos dicho desde el primer día, y nada más.

En cuanto a lo segundo, es que no me parecen contradictorias. Creo que es lamentable que se sepa un informe que puede ser secreto; pero, como tenemos la absoluta seguridad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha actuado con la máxima corrección, no se me ocurre otra cosa que atribuirlo a la habilidad de los periodistas.

P.- Una pregunta para cada uno de los Ministros. Para el Ministro Pimentel, me pareció entender, por lo que ha explicado usted hace un momento, que había incurrido en una incompatibilidad declarada en su declaración de bienes, incorporada en su declaración de bienes. ¿Sabe cómo se ha producido este, por decirlo de algún modo, despropósito: que declare una incompatibilidad y no sean tomadas las medidas durante estos cuatro años? ¿Han fallado los sistemas de control interno y se va a proceder a mejorarlos? También, si se puede recuperar, vía fiscalía o de otros métodos, los miles de millones desviados a esta empresa.

Para el Ministro Portavoz, me gustaría saber si el Gobierno tiene datos sobre el impacto que tendría para la financiación de las arcas municipales la supresión o eliminación del IAE, que ayer anunció el Presidente del Gobierno, en caso de que repita mandato; y si el Gobierno cree llegado el momento, caso de aplicarse este medida, de mejorar la financiación municipal cediendo a las Corporaciones Locales bien el IRPF, bien otros impuestos especiales, como llevan reclamando desde hace años.

Sr. Pimentel.- En primer lugar, siendo una incompatibilidad grave, no hay desvíos de fondos. No es que se haya cogido dinero y se haya mandado a esta empresa, sino que esta empresa ha dado servicio a empresas normales de unos cursos de formación que estaban financiados. Ese dinero corresponde a cursos de formación que, según me consta, a día de hoy están impartidos y, por tanto, no habría, con los datos que tengo, y estoy investigándolo, ningún tipo de actuación ilegal. No es, por tanto, una cuestión de desvío de fondos; no es que salgan fondos públicos hacia la empresa, sino que, sencillamente, se financian cursos que ha otorgado esta empresa.

Ahí puede haber otro tipo de cuestión. No cabe duda de que había una información de tipos de contratos, pero ni siquiera una acción administrativa, puesto que no era el INEM quien escogía la empresa que daba los cursos, sino que eran las empresas usuarias quienes, dentro de las empresas ofertantes de formación, escogían las que querían. Esto hace que, primero, haya sido difícil de detectar, incluso conociendo la información, puesto que no hay subvención directa del INEM a la empresa, sino que el conjunto de empresas utilizaban una u otra para su formación y el INEM la pagaba.

Por tanto, sí es importante que sepamos que no es un caso de desvío de fondos, no hay ningún tipo de desvío de fondos; hay una responsabilidad de otro orden: incompatibilidad, desde luego, evidente, y, en todo caso, conocimiento de una información de las normas que iban saliendo con antelación. En ese caso, sí es evidente. Pero, desde luego, no hubo desvío en ningún caso y, en todo caso, lo único que podríamos ver, y estamos viendo ahora, es si los cursos se impartían con todo el rigor, han sido inspeccionadas con la normalidad o la habitualidad que hemos hecho con cualquier otra empresa. No puedo aportarle en esa materia otra cuestión; sí aclararle que no hay desvío.

¿Incompatibilidad? Los altos cargos están obligados, cuando llegan, no mientras fue Subdirector General sino una vez que es Director General, a presentar una declaración. Él recogió en su patrimonio el patrimonio de su mujer, esas acciones de esa empresa, y figuran; pero lo que no figuró es que era incompatible. Figuraba el patrimonio, pero no la actividad que desarrollaba, que vinculaba su incompatibilidad. De ahí que fuera prácticamente imposible detectar cuál era la actividad.

Esto, lógicamente, a un responsable público, en mi caso, me mueve a muchísimas reflexiones en casas muy importantes, como el Ministerio de Trabajo, que gestiona fondos muy notables. Claro, la comprobación de cada una de las declaraciones que se hacen... Yo, en este caso, como van a comprender, no voy a intentar ni excusar ni un solo ápice de mi responsabilidad, que asumo en la integridad, y en este caso decirles, sencillamente, que evidentemente se ha fallado, porque había una incompatibilidad real y cierta de la que no hemos tenido conocimiento. Por tanto, ahí no cabe duda que ha habido, por lo menos, o por una parte o por otra, algo que no ha funcionado correctamente.

Sr. Piqué.- En relación con la pregunta sobre el Impuesto de Actividades Económicas, les estoy hablando de memoria, pero creo que la recaudación por ese impuesto, en términos globales, debe ascender a unos 200.000 millones de pesetas. No se trata de la supresión del Impuesto en su totalidad. Lo que ha planteado el Presidente del Gobierno es que se aplique el tipo cero en ese impuesto a todas aquellas empresas que no superen los tres millones de pesetas de beneficios. Eso, a los datos de hoy, viene a abarcar en torno al 90 por 100 del total de pequeñas empresas y autónomos, y, por lo tanto, se trata de una medida que afecta a muchísima gente.

La idea que subyace es que se trata de un impuesto que tiene un componente injusto. Es un impuesto mal concebido, en el sentido de que no está tan vinculado a los resultados de la actividad sino a la mera existencia de la misma. Nos parece que es mucho mejor, desde el punto de vista de técnica tributaria, que se vincule ese tipo de impuesto, que seguiría yendo a la Administración Local, como es natural, a los resultados no totalmente, pero sí primordialmente, y a partir de un cierto, como digo, nivel de beneficios.

Obviamente, eso implica una negociación inmediata con la Federación Española de Municipios y Provincias y discutir el tema de la financiación de las Corporaciones Locales a fondo, sobre bases estables y que dejen satisfechas también las demandas históricas de las Corporaciones Locales en nuestro país. Probablemente sea una negociación que haya que hacer en paralelo con también el cambio previsto el 1 de enero de 2002 con las Comunidades Autónomas.

Por tanto, se necesita un cierto tiempo. Es cierto que se puede hablar de un porcentaje respecto a impuestos que son de ámbito estatal, de responsabilidad de la Administración Central; se puede hablar de impuestos especiales --usted ha mencionado el IRPF--; se podría también hablar del IVA. Eso ya se irá viendo. La actitud del Gobierno es absolutamente abierta, pero absolutamente determinada a terminar con un impuesto que entendemos que no es justo y que, además, ha sido ampliamente contestado por los afectados.

P.- Al Portavoz le quería preguntar si el Gobierno tiene mayor tranquilidad que los primeros días respecto de los efectos de la alianza del BBVA con Telefónica, o si los estudios respecto al tema de la competencia pudieran dar lugar a algún tipo de decisión y que para ello no fueran obstáculo, digamos, las fechas electorales. Sobre esto, una segunda cuestión. ¿Cuáles son los efectos que cree que, en período de precampaña, ya casi campaña, puede tener una polémica de este tipo, en la que el principal partido de la oposición formula, digamos, acusaciones directas del tipo "se lo están quedando todo"?

En segundo lugar, me gustaría preguntarle sobre la Agencia Tributaria. Veo que CiU pone especial hincapié estos días en esa cuestión. Me gustaría saber hasta qué punto cree viables fórmulas de cogestión, aunque en el programa no parece que se apunte por esa vía.

Ya de paso, ya que hablamos de CiU, me gustaría pedirle una opinión sobre el hecho de que se haya sumado a la iniciativa respecto de Televisión Española, en el recurso a la Junta Electoral.

Sr. Piqué.- En relación con estos acuerdos que se han conocido entre el BBVA y Telefónica, y en relación, quizá, con una cosa previa, que es la propia fusión entre el BBV y Argentaria, que todavía no está autorizada por el Gobierno, porque quedan por establecer las condiciones que se deriven de la competencia; en relación con todo eso le puedo hacer las siguientes consideraciones:

Primero, reiterando además algo que ayer dijo con total claridad el Presidente del Gobierno, que el Gobierno nunca va a interferir ni a intervenir en lo que es un proceso normal de decisiones empresariales; por lo tanto, nunca va a haber una intervención previa respecto a lo que puedan ser procesos de negociación, que corresponden estrictamente a la responsabilidad de los agentes económicos privados.

Otra cuestión es que, una vez que se producen, y con independencia de que en algunos casos puedan ser vistos como positivos porque implican la presencia, el interés y la participación de empresas españolas en cuestiones que creo que le interesan a España, como pueda ser el desarrollo en ámbitos de Internet a nivel global o la participación en todo ese proceso de globalización y de revolución tecnológica que va asociado a la Sociedad de la Información; pero, al margen de esa posible valoración, que en principio puede ser, insisto, positiva, lo que realmente debe hacer un Gobierno debe ser hacer todo lo necesario para que en ningún caso se conculquen la competencia, los derechos de los usuarios, los derechos de los consumidores, y que no se produzcan posiciones de abuso ni de concentración de poder excesivas.

Por ello, como saben ustedes, está analizando ya desde hace tiempo las consecuencias de la pretendida fusión entre el BBV y Argentaria, y está ultimando su dictamen, que espero que podamos hacer público y oficial en los próximos días. Recordarán ustedes que eso ya se hizo en su momento con el BSCH, con la fusión entre el Banco Santander y el Banco Central Hispano, que supuso imponer a esas entidades una serie de obligaciones, en cuanto a proceder a determinadas desinversiones en determinados terrenos.

Lo que le puedo anticipar es que, con los datos disponibles y con la evolución que tiene ahora ese dossier, parece necesario que estas entidades, el BBV y Argentaria, procedan también a desinversiones significativas de algunos de sus activos, porque se produce una concentración que, a priori, estimamos que puede ser excesiva. Me quiero referir, por ejemplo, a sus participaciones en los medios o en grupos de comunicación. Entendemos que va a ser necesario plantear una serie de desinversiones para poder, efectivamente, autorizar esa concentración.

En relación con el otro proceso que está en marcha, que es ver las consecuencias que sobre la competencia, sobre el mercado y sobre los derechos de todos puedan tener los acuerdos, las alianzas --no los acuerdos de fusión, como se ha dicho, pero sí las alianzas--, en varios ámbitos entre el BBVA y Telefónica, decirle exactamente lo mismo: en estos momentos, obviamente, el proceso está mucho más en sus inicios y no podemos sacar conclusiones todavía; pero sí le puedo anticipar que, en la situación actual del mercado, por ejemplo en la situación actual del mercado en el terreno audiovisual, resulta extremadamente problemático que se pueda plantear la conveniencia de fusionar las dos plataformas digitales en cuanto a la televisión de pago.

Otra cuestión será que en el futuro pudieran cambiar esas circunstancias; pero, hoy por hoy, y lo digo porque he visto algunos pronunciamientos en ese terreno en los medios de comunicación, quiero anticipar cuál va a ser, en su caso, la posición del Gobierno.

A partir de ahí, yo creo que las consecuencias electorales que pudiera tener esta cuestión nunca se saben. Es lógico que la oposición, que está teniendo muchísimas dificultades para encontrar algún tema con el cual llegar a los ciudadanos, busque cosas. Cuando realmente había una concentración del poder del sector público, era cuando muchas de estas empresas eran públicas y sus gestores, no sólo eran nombrados, sino que podían ser removidos por el Gobierno. Ahora ya esta circunstancia, afortunadamente, no se da.

Lo que hay que hacer es vigilar bien la competencia, propiciar que no existan ni monopolios ni oligopolios. No es este Gobierno quien propicia el oligopolio en el sector de hidrocarburos, o los monopolios en el sector eléctrico, o en el sector del gas, o en el sector de las telecomunicaciones. Nos encontramos con monopolios y oligopolios en esos sectores, y lo que se está haciendo es precisamente romper con eso, abrirlo a la competencia y hacer que los consumidores reciban beneficios en función de todo eso.

Por lo tanto, si la oposición insiste en hacer de eso un tema electoral, no vamos a rehuir este debate, porque podemos empezar a recordar muchísimas cosas de, por ejemplo, en qué despachos se propiciaban núcleos duros de empresas públicas, núcleos duros de empresas con participación pública importante. Y, a partir de ahí, ir haciendo una reflexión entre todos.

En cualquier caso, ya iremos viendo; pero, desde luego, desde el punto de vista del Gobierno, la posición está absolutamente clara.

En cuanto a la Agencia Tributaria, en el programa electoral ya se ha dicho con total claridad que hay una doble apuesta: por una parte, mantener la unidad de la Agencia Tributaria, pues la Agencia Tributaria tiene que ser única, y entiende el Gobierno que ésa es la mejor manera de garantizar la eficacia de la gestión tributaria en el conjunto de toda España; pero, simultáneamente, hay una clara apuesta por incrementar todo lo que implique la corresponsabilidad fiscal entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, a partir de ahí, propiciar esquemas que permitan una presencia en la gestión que, sin trocear la Agencia Tributaria, permita recoger todos los intereses en presencia.

En cuanto a la cuestión de Radiotelevisión Española, yo ya creo que puedo recordar que el Gobierno se ha pronunciado ya en varias ocasiones sobre este punto, con independencia de que creo que ha habido una gran precipitación, que ha llevado a todas esas fuerzas políticas a decir unas determinadas cosas en base a un informe que no existía, porque a quien se le atribuía inmediatamente se apresuró a desmentirlo. Por cierto, no estaría de más, por lo tanto, que los firmantes de esa petición se disculparan ante la opinión pública, porque esas cosas hay que hacerlas desde la seriedad, sobre datos reales, sobre hechos ciertos y sobre empresas que hagan lo que se dice que hacen, y no lo que después desmienten que hayan hecho.

Por tanto, yo creo que ahí lo que nos conviene es que haya rigor y que haya seriedad. Seguramente también podríamos abrir un cierto debate, que sería interesante, respecto a qué pasa con las televisiones públicas en Comunidades Autónomas o Ayuntamientos que están gobernados por los firmantes de esa petición a la Junta Electoral Central. Sería bonito ver determinadas comparaciones.

Yo creo que la profesionalidad, la seriedad, el rigor y la objetividad de los profesionales de Radiotelevisión Española están fuera de toda duda. Éste es un tema que se plantea siempre en contiendas electorales. Creo que, además, por decirlo de alguna manera, la opinión pública ya descuenta que la oposición siempre formula cuestiones de este tipo. Pero yo no tengo ninguna duda, insisto, de la objetividad y la profesionalidad de Radiotelevisión Española.

P.- Más que preguntas, que ya están contestadas, quisiera algunas aclaraciones. Me ha parecido interpretar que, de algún modo, se hace una aclaración de intenciones a favor de, tarde o temprano, que desaparezca el IAE, si no he interpretado mal, ya que usted mismo ha dicho que era un impuesto injusto y mal concebido.

Respecto a ese debate que usted propugna para abrir en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias para redefinir la financiación local, quisiera saber si eso, de algún modo, va a afectar, condicionar o tendrá algún impacto en la oferta, que también está en el programa electoral del PP, de pactar con todas las fuerzas políticas y con todas las Comunidades Autónomas un nuevo modelo de financiación autonómica.

Una última aclaración. Ya que usted ha aludido a que podría ser interesante abrir un debate sobre qué pasa en las televisiones públicas que hay en las Comunidades Autónomas gobernadas por algunos firmantes del acuerdo, como hay varios casos, quería saber si se refiere a todas las televisiones autonómicas implicadas en estas Comunidades o desea establecer alguna matización, por ejemplo, entre Canal Sur y TV3, o si lo ve todo igual.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, ya lo he dicho. Hay una oferta de consenso para la financiación de las Corporaciones Locales --Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos-- que permita cubrir con esos objetivos de los que siempre hablamos también en el ámbito de las Comunidades Autónomas: la suficiencia financiera e, incluso, una cierta corresponsabilidad fiscal. Obviamente, parece lógico que eso deba tener congruencia con la negociación que se tiene que establecer, y que tiene que empezar también de forma inmediata, con las Comunidades Autónomas para establecer un nuevo sistema de financiación de las mismas a partir del 1 de enero del año 2002.

Eso digo que debe hacerse en coherencia porque, si estamos hablando, por ejemplo, de determinadas participaciones en impuestos del Estado, ése es un planteamiento que tiene que ser, obviamente, no contradictorio con lo que hagamos en un sitio u otro respecto a la financiación de las Comunidades Autónomas o de temas que están encima de la mesa, como incrementar o no el porcentaje de participación en el IRPF, introducir o no determinados impuestos especiales, introducir o no una determinada participación en el IVA. Éstas son cuestiones que pueden afectar también en la financiación local y creo que es bueno --no digo que sea una negociación en paralelo, ni por supuesto conjunta; cada cosa tiene su propia problemática y su propia singularidad-- que se tengan en cuenta los efectos de una y otra para que no haya contradicciones.

En relación con el segundo punto, yo me refería a todas las televisiones públicas autonómicas; pero a unas más que a otras.

P.- Al Ministro Portavoz le quería preguntar por el tema de las recomendaciones de la Conferencia Episcopal, de los obispos, según las cuales, al parecer, ningún partido se adecua plenamente a las enseñanzas del Evangelio en sus programas. También, en este sentido, a otra consideración también que ha hecho la misma Conferencia Episcopal, de que, puestos a..., se vote al mal menor. En este sentido, quería una posición por parte del Gobierno.

Luego, otra cuestión que está saliendo a debate, ya metidos prácticamente en campaña, es el famoso tema de los programas. Los socialistas están insistiendo, en cada presentación parcial del programa, en que son copias sistemáticas de su programa; que es una contraprogramación. Ya sé que el marco no es el más adecuado --estamos hablando con el Gobierno y éstas son cuestiones de partido--; pero, en la medida también en que el Gobierno está metido en campaña electoral, me permití esta cierta licencia dentro de lo habitual.

Sr. Piqué.- Respecto a la primera cuestión, lo primero que quiero hacer es expresar, en nombre del Gobierno, el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, a la opinión de la Iglesia católica y a la opinión de los obispos. Tienen todo el derecho y, probablemente, están en su obligación de hacerlo.

Por otra parte, también quiero distinguir claramente lo que es el ámbito de actuación que le corresponde a la Iglesia y el ámbito de actuación que le corresponde al Estado y a las fuerzas políticas. La separación entre la Iglesia y el Estado es algo que está establecido por la Constitución y, por lo tanto, creo que es bueno que todos respetemos nuestros respectivos ámbitos de comportamiento.

Cuando dicen que, a pesar de todo, puestos a hacer, que se vote al mal menor, como no sé qué quiere decir exactamente eso, lo dejo ahí.

En segundo lugar, efectivamente, es una cuestión ya de campaña electoral; pero yo creo que ustedes me disculparán --estamos ya al final de la Legislatura-- si doy una opinión muy breve al respecto. El programa electoral se presentó ya hace unos días de forma global, de forma general; después se ha hecho una presentación ya mucho más precisa, y se van concretando determinados aspectos, como es lógico, porque se tiene que ir explicando a los ciudadanos a lo largo de estos días.

Lo que me sorprende es la contraprogramación y la copia, porque yo tengo la impresión contraria: me da la impresión de que, cada vez que el Partido Popular hace una propuesta, los primeros sorprendidos son los partidos de la oposición.

P.- Yo quisiera preguntarle al Ministro Portavoz. Los Gobiernos de Suiza, de Bélgica y del tercer país que ha pedido la extradición del General Pinochet se muestran partidarios de que sea procesado en su país, en caso de que no sea procesado en España. La mayoría de los países de América Latina se han pronunciado a favor de que sea procesado en Chile. ¿Por qué el Gobierno español no se ha pronunciado si está a favor de que se procese en España o en Chile y por qué la posición del Gobierno español en este punto es inconfesable?

Quería hacerle una segunda pregunta. Me ha parecido entenderle que el Gobierno está en contra de la fusión, en caso de que lo decidan las empresas, de las dos plataformas digitales. ¿No era posición del Gobierno al principio de esta legislatura que hubiera una sola plataforma digital?

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, España siempre ha dicho lo mismo, otros países han ido diciendo otras cosas y todos están en su derecho de decir lo que consideren conveniente. España siempre ha dicho que iba a ser escrupulosamente respetuosa con los procedimientos judiciales; que iba a expresar su neutralidad desde el punto de vista de vista político y, por lo tanto, su respeto también a las decisiones políticas que se pudieran adoptar; y ha expresado siempre su máximo respeto y solidaridad con la democracia chilena. Por lo tanto, no es que sea una posición inconfesable, sino que es una posición absolutamente nítida y clara.

Yo lamento no responder a sus expectativas, pero le voy a decir exactamente lo mismo. Estamos a la espera de lo que decida el Ministro Straw y, decida lo que decida, será absolutamente respetado.

En relación con lo segundo, yo he hablado de las condiciones actuales del estado actual del mercado, porque una cosa es un debate que en un momento determinado se puede establecer respecto a una plataforma de utilización común por diferentes operadores, y la otra son plataformas que puedan establecer una posición monopolística en el mercado con exclusión de otros. Como sabe usted, está en marcha un proceso con una nueva plataforma, que no es por satélite, sino que es por vía terrenal, y que en su momento puede hacer modificar lo que es el panorama. Pero, hoy por hoy, en la situación actual del mercado, una plataforma única de las características que se propiciarían con la fusión de las dos existentes, tendría un carácter excluyente, que el Gobierno quiere evitar. Por eso yo me había pronunciado como lo he hecho.

P.- Dos preguntas para el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Uno de los acuerdos a los que se llegó ayer era reforzar de forma inmediata la seguridad en la zona de El Ejido. Quería saber cómo se va a realizar.

La segunda pregunta es respecto al Real Decreto. Se había anunciado que desde el Gobierno se haría una campaña informativa hacia todos los inmigrantes. Quería saber cómo se va a hacer también.

Sr. Pimentel.- En primer lugar, y lo dijimos desde un primer momento, condición necesaria, absolutamente prioritaria y primera para que la situación en El Ejido, en toda la comarca, sea de normalidad es la seguridad, la sensación de que todos estén seguros; que estén tranquilos; que el orden se respeta; que bienes, personas, propiedades, enseres, están seguros. Por eso ya se comenzó automáticamente, así lo decidió el Ministro del Interior, hacer un reforzamiento muy importante de las medidas de seguridad, y se han reforzado de forma muy intensa tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil.

A día de hoy, podemos decir que, al menos, la seguridad está en niveles muy altos y toda la población se siente segura. Es ahora, con esta tranquilidad, cuando se está comenzado a poner otro tipo de cuestiones, que ya nacen de un compromiso que adquirimos todas las partes y que creo que van perfectamente orientadas, no tan sólo para solucionar puntualmente este problema, sino para ir poniendo bases para gestionarlo en el futuro.

Hoy también, como saben, se ha aprobado el Real Decreto de regularización, que contempla varias medidas, y una de ellas es la información a las personas que van a solicitar esta regularización. Como ustedes ya saben, porque lo hemos anticipado, el Real Decreto tiene unos períodos amplios para que no se produzcan acumulaciones, para que a la gente le dé tiempo a conocer sus derechos, y, de hecho, hasta el 31 de marzo se pueden solicitar los permisos de residencia o de trabajo. El período de regularización se abrirá del 21 de marzo hasta final de julio; es decir, hay un tiempo muy prolongado y en este período no se va a dar preeminencia a quien antes solicite, sino se va a dar la preeminencia a quien tenga y cumpla los requisitos. Da igual que los solicite el primer día o el último; si cumple los requisitos, será regularizado.

Esta campaña de información va a tener los cauces habituales de la Administración en Comisarías, en Ayuntamientos, en las Oficinas de Extranjería, en la Direcciones del INEM, en las Delegaciones de Trabajo; pero, aparte, van a tener también una base, que creo que es importante, muy amplia, de utilización de diversas Organizaciones No Gubernamentales, que también van a tener el material que hagamos en forma de dípticos, de folletos y también de divulgación.

Vamos avanzando mucho en esta información, porque en estas cuestiones la desinformación, a veces, es el causante de colas, de aglomeraciones, de nervios, que, cuando se conocen perfectamente los derechos o los plazos, se van a evitar.

P.- También sobre el mismo tema varias cuestiones. Por un lado, si hay un cálculo ya más preciso, ya que se ha aprobado ya el Real Decreto, o sobre qué hipótesis se trabaja en número de personas que se podrían acoger a este Real Decreto; es decir, se ha hablado hasta ahora de unas 70-80.000. Si el Gobierno dispone ya de una hipótesis más precisa.

Por otro lado, si el Gobierno se plantea adoptar alguna medida similar como la que adoptó Bélgica, en un proceso idéntico, que fue suspender el Tratado de Schengen mientras duró el período de regularización.

En tercer lugar, quería saber para cuándo la otra medida que prevé la Ley de Extranjería, que es la aprobación del Reglamento.

Respecto al tema de El Ejido, quería preguntarle al señor Pimentel. Esta mañana, las ONGs y sindicatos han hablado de que desconfían de la medida que se ha aprobado, porque temen que los barracones, por el sitio donde van a ser instalados, se conviertan en un gueto. ¿Qué tiene que decir sobre este tema?

Sr. Pimentel.- Nosotros hemos hecho un Real Decreto de derechos, y ahí está con la seguridad que lo planteamos; por tanto, vamos a regularizar a todos aquellos que tengan derecho. No hay "numerus clausus", no hay número límite, ni mínimo, ni máximo. Todas aquellas personas que tengan derecho van a ser regularizadas.

Ya sabe que las estimaciones iniciales oscilan entre 50 y 70.000 personas; algo más, pero son puras estimaciones. Si fueran menos, regularizaríamos menos; si son más, vamos a regularizar a todas aquellas personas que tengan derecho. Y esto es bueno, porque eso da mucha tranquilidad. En otras ocasiones se ha dado la sensación de que había "numerus clausus" y que, por tanto, aquellos que primero llegaran serían los que se regularizarían. Aquí todas las personas que tengan derecho.

El caso español no es exactamente igual que el de Bélgica. El de Bélgica fue un proceso más abierto. Aquí hemos acotado, marcando derechos, a las personas que ya estuvieran en España --así lo marca la Ley-- antes del 1 de junio de 1999; es decir, que las personas que hayan llegado posteriormente no van a poder entrar dentro de este Real Decreto de Regularización. En este caso no estamos como en el proceso abierto de llamada intensa que tuvo la situación de Bélgica, que sí tuvo un período coincidente de plazo. Nosotros, por tanto, no tenemos que modificar nada ni ningún tipo de tratado, sino únicamente está dentro de nuestra legislación nacional la aplicación de este Reglamento.

En cuanto a la solución a la que ayer llegamos, es absolutamente respetuosa con los acuerdos que permitieron desconvocar la huelga y llevar la tranquilidad a la zona. Como usted sabe, ya había varias medidas puestas en marcha; se están inventariando los daños; se va a reponer la cuantía económica de los bienes que fueron destruidos; se va a regularizar con mucha eficacia y, por tanto, llevando la tranquilidad; las condiciones laborales se están cuidando; se van a integrar medidas de reinserción social. Y quedaba una, que era alojar a las personas que habían perdido la vivienda o que estaban en condiciones infrahumanas, fruto de los daños a las viviendas.

Yo creo que hemos logrado entre todos un acuerdo que supera el inicial compromiso del campamento. Mucho mejor es estar en unos módulos dignos, prefabricados y vinculados a la actividad agraria donde trabajan, y que, por tanto, va a quedar perfectamente integrado, sin constituir ningún tipo de gueto y muy vinculado a una explotación agraria en unas condiciones... Estos módulos son muy dignos y están francamente bien. No es la solución definitiva, como ya sabemos, pero sí es una inmediata para paliar una situación.

Todas las partes están de acuerdo. Creo que es muy importante, y yo, personalmente, soy razonablemente optimista sobre que, dentro de este clima que tenemos ahora de entendimiento común y mutuo, vamos a ir solucionando esta situación.

El Reglamento no tiene plazo. Lógicamente, es un reglamento que tenemos que estudiar. Sí hemos querido, y yo creo que con acierto, sacar muy pronto el Real Decreto de Regularización, que es ahora mismo el más importante y, como ha visto, de una ley recientemente aprobada difícilmente con menos plazo se puede aprobar un proyecto de Real Decreto y aprobarlo en el día hoy. El Reglamento habrá que elaborarlo. En todo caso, de la Ley de Extranjería anterior tardó ocho años en aprobarse el Reglamento; estoy seguro que tardaremos muchísimo menos tiempo en aprobarlo en esta ocasión. No llegará, pero lógicamente ahora se están empezando los primeros trabajos, la recopilación; pero no se podrá aprobar, desde luego, en esta Legislatura, evidentemente.

P.- Una pregunta para el Ministro Portavoz y Ministro de Industria. Hoy se ha conocido y se ha publicado que las petroleras van a subir cinco pesetas el precio de las gasolinas; probablemente no serán cinco pesetas, pero, aunque se quede en tres o en dos, la incidencia que va a tener sobre la inflación va a ser importante y esto podría situarla por encima del 3 por 100. ¿Cuál es la opinión del Gobierno y las medidas que podría tomar respecto a ello?

Sr. Piqué.- Sé que forma parte del tópico; pero casi decir que celebro la pregunta, porque es un tema que, como es natural, preocupa muchísimo a los ciudadanos. Yo creo que hay varios comentarios que hacer. El primero es que las empresas españolas han hecho en los últimos meses, y el Gobierno se lo agradece, un esfuerzo de contención y de moderación a la hora de trasladar a los precios el brutal incremento del coste de las materias primas, que, desafortunadamente, se sigue produciendo, rompiendo con lo que eran las previsiones de los analistas internacionales, en el sentido de que no parece que a corto plazo las tensiones en los mercados energéticos se alivien, sino que está sucediendo lo contrario.

En algún momento se ha estado llegando a puntas muy cercanas a los 30 dólares; ayer volvió a superar los 27; hoy ha cedido un poco, pero todavía estamos en 26 y pico. Va cambiando constantemente, pero hace un par de horas estaba más o menos a veintiséis dólares con cuarenta centavos. Además, hay que añadir el hecho de la constante depreciación del euro respecto al dólar. He visto como el señor Greenspan, el responsable de la Reserva Federal americana, ha anticipado ya que, si sigue el crecimiento en aquella economía, que pueden ir subiendo los tipos. Eso genera un panorama, que es un panorama válido para todos y que introduce el elemento de presión sobre los precios, que, obviamente, es real.

Por tanto, insisto, hay que agradecer ese esfuerzo de moderación y de contención, que está teniendo, además, un efecto, que a mí me gustaría destacar. Si se siguiera aplicando el sistema de precios máximos autorizados, que derogó la vigente Ley de Hidrocarburos, las gasolinas hoy tendrían un precio máximo que estaría entre cinco y nueve pesetas por encima del que se está practicando en estos momentos; de cinco pesetas, si no recuerdo mal, para la súper con plomo, y en torno a unas nueve pesetas respecto a la gasolina sin plomo. Para el gasóleo más o menos estaríamos hablando también de unas cinco pesetas.

Eso significa, por lo tanto, que la progresiva liberalización y la progresiva competencia, que se nota más en algunas áreas que otras --y ese tema siempre lo hemos comentado; se nota mucho más en las costas, por ejemplo, que en el interior del país--, están también surgiendo su efecto.

A partir de ahí, lo que le puedo decir es que entendemos que, a pesar de esas tensiones y a pesar de todo lo que he dicho, no se justifica una subida de las características y de la dimensión que he visto publicadas en los medios de comunicación. Yo espero y deseo que no se produzcan aumentos de esa magnitud. Yo puedo entender perfectamente cuál es la situación del mercado y el progresivo estrechamiento de los márgenes de las compañías. No vamos a conculcar las reglas de la competencia ni el libre mercado; pero entiendo que en estos momentos no se justifica, como digo, un aumento de esta magnitud.

Lo que le estoy expresando es un deseo y, además, una cierta convicción de que no se justifica. Pero, en cualquier caso, las empresas están en su perfecto derecho a proceder como tengan por conveniente.

A partir de ahí, obviamente, eso puede tener consecuencias sobre la inflación; no sobre la inflación diferencial, que está disminuyendo, precisamente porque los precios de los carburantes desde el mes de septiembre han venido creciendo en España en menor proporción que en el conjunto de Europa y, por lo tanto, la inflación diferencial está disminuyendo; eso no está afectando a nuestra competitividad, a la competitividad de nuestras exportaciones en general, pero sí obviamente una inflación que esté por encima de las previsiones del Gobierno, aquí y en cualquier otro país, después puede tener en el futuro efectos presupuestarios o introducir tensiones en la negociación colectiva.

Por lo tanto, es un tema que, obviamente, nos tiene que ocupar y nos tiene que preocupar si sigue así. Los analistas internacionales siguen insistiendo en que estos precios, los precios que se están practicando ahora en el crudo, son excesivamente altos; que iremos evolucionando hacia veinte-veintidós dólares hacia finales de año. Lo único que le puedo decir es que ojalá. De momento, he visto ya posiciones distintas dentro de los países de la OPEP, en el sentido de que los países árabes quieren seguir con la contención de la producción, pero en cambio Venezuela y México, también grandes productores, están planteando ya incrementos de oferta. Eso, lógicamente, suavizaría la situación. Iremos viendo las próximas semanas.

Gracias.