Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. En primer lugar, el Gobierno quiere trasladar formalmente su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente acaecido ayer en Golmayo; también, como es natural, a los pueblos de Viladecans y de Ripollet, y a Cataluña entera, y demostrar nuestra más absoluta solidaridad con todos ellos en estos momentos de dolor, y agradecer de forma sentida, a su vez, el comportamiento ejemplar de los vecinos de Soria en apoyo de las víctimas y de sus familias.

Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social. El objetivo es garantizar la integración y la convivencia en la sociedad española de todos los extranjeros que residan en nuestro país, canalizar los flujos migratorios hacia el territorio español, dotar de instrumentos al Estado para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos e incorporar los compromisos asumidos en el contexto europeo.

Para ampliar información sobre este Proyecto de Ley tenemos hoy con nosotros al Ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja; pero antes, como es costumbre, quiero darles cuenta brevemente de otros acuerdos alcanzados durante la reunión de hoy del Consejo de Ministros.

Así, se ha aprobado la distribución de 5.364 millones de pesetas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre las Comunidades Autónomas destinadas a programas del sector ganadero. Los criterios del reparto están en consonancia con el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada el pasado día 5 de junio. En la Referencia encontrarán ustedes la distribución de estas subvenciones según las distintas Comunidades Autónomas.

Se ha acordado, a su vez, la distribución entre Comunidades Autónomas de los créditos del Ministerio de Economía destinados a los programas específicos del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior. El Plan Marco de Comercio Interior tiene como objetivo la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector. Para ello, como ustedes saben, en los Presupuestos Generales del Estado se destina una dotación para la cofinanciación con las Administraciones Autonómicas de una serie de ayudas para subvencionar actuaciones que coincidan con los objetivos del Plan Marco, respetando criterios como población, número de locales comerciales, empresas, locales de alimentación, parados o población activa. Se distribuirán 1.125 millones de pesetas entre estas distintas Comunidades Autónomas.

Se ha aprobado un Real Decreto que establece los nuevos baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de animales, dentro de los programas nacionales de erradicación de enfermedades. Estas compensaciones se harán efectivas una vez se haya realizado el sacrificio de los animales afectados, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales.

Se ha autorizado la contratación de obras de reforma y ampliación de los hospitales "Rafael Méndez", en Lorca, y del Hospital Comarcal de Caravaca de la Cruz, ambos en Murcia. El presupuesto de estas obras es superior a los 4.200 millones de pesetas y el plazo de ejecución será, en el caso del Hospital de Caravaca, veinticuatro meses y, para el Hospital de Lorca, treinta y dos meses.

Se han autorizado varias obras de emergencia para la protección y restauración de playas en las provincias de Asturias, Cádiz y Cantabria, por un importe aproximado de 140 millones de pesetas.

Se ha aprobado también un gasto de 38.130 millones de pesetas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender las necesidades de pago derivadas de las operaciones de seguro de crédito a la exportación que se efectúan por cuenta del Estado. Como ustedes saben, en los Presupuestos se prevé un crédito superior a los 76.000 millones de pesetas que se distribuyen en dos partes iguales; los restantes 38.000 fueron ya aprobados en el Consejo el pasado 14 de abril.

En cuanto a nombramientos, el Consejo de Ministros ha nombrado Embajador de España en el Reino de Bélgica a don Francisco Fernández Fábregas; Embajador de España en la República Checa, a don Santiago Cabanas Ansorena; Embajador de España en la República de Túnez, a don Senén Florensa Palau; Jefe del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, a don Gonzalo de Benito Cecades.

Se ha concedido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Marco Antonio de Oliveira Maciel, Vicepresidente de la República de Brasil; el Collar de la Orden de Isabel la Católica, a don Hugo Banzer Suárez, Presidente de la República de Bolivia, y la Gran Cruz de Isabel la Católica, a doña Yolanda Prada de Banzer, esposa del Presidente de la República de Bolivia. Se ha concedido, a su vez, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don Luis Roca-Sastre. Por otra parte, se han concedido diecinueve Grandes Cruces de la Real Orden de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo a otras tantas personas; entre ellas, el concejal del Partido Popular don Gregorio Ordóñez Fenollar.

Finalmente, en lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno, este fin de semana realizará una visita privada a Mallorca, donde se entrevistará con el Primer Ministro finlandés, Paavo Lipponen, que se encuentra de vacaciones en la isla.

El lunes, día 10, a las doce, presidirá la presentación de "Una política científica y tecnológica para el siglo XXI", que se celebrará en el Museo de la Ciencia de la Fundación de la Caixa, en Barcelona. A las dos y media asistirá a un almuerzo, en Barcelona, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar con motivo de su asamblea anual, en el Palau de la Música.

El martes, día 11, a las doce de la mañana, recibirá al Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces. El miércoles, día 12, a las diez y media de la mañana, recibirá al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, don José Joaquín Martínez Sieso; a las doce de la mañana, al Presidente de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruíz Gallardón; y, a las cinco y media de la tarde del mismo miércoles 12, al Jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno argentino, Rodolfo Terragno. Por último, el viernes, día 14, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Mayor Oreja.- Antes de explicar lo que significa el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería, quiero, reiterando las palabras del Ministro Portavoz, trasladar mi solidaridad, mi afecto, mi cariño, a tantas familias catalanas que en estos momentos están padeciendo una tragedia. Son muchas las familias y, por eso, desde el Gobierno trasladamos un sentimiento de afecto, de proximidad, de cariño. Aunque sé que las palabras no producen el consuelo en esas situaciones, nos parece desde el Gobierno que una reiteración de las mismas únicamente es lo que podemos hacer en estos momentos.

También refiriéndome a este terrible accidente de ayer, quiero decir que la Dirección General de Tráfico, desde el mismo momento en que conoció esta tragedia, ha puesto en marcha la investigación, la reconstrucción del accidente, y por ello a dos centros de amplia experiencia les ha pedido que trabajen en este terrible accidente.

Al Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, que depende de la Universidad Politécnica de Madrid, se le ha encargado el estudio del comportamiento y la estructura del autobús y la comprobación de que se habían incorporado al mismo todas las medidas de seguridad exigidas en la homologación del tipo. Y a otro centro, al Centro de Zaragoza, se le ha encargo el estudio de la dinámica del accidente, el comportamiento de los conductores, de los dos vehículos implicados, de las condiciones técnicas del camión, en este caso.

De modo y manera que únicamente quiero decirles que, en lo que ha podido ser un accidente, en el que parece, sin prejuzgar todavía las causas, que el factor determinante fue la velocidad inadecuada, nos parece que es importante que, al menos, tengamos la seguridad de que se van a investigar con todas las consecuencias las causas de fondo que provocaron este accidente, que, evidentemente, en ningún caso se ha debido a lo que pueden significar incumplimientos de la legalidad, porque en los dos casos, en el camión y en el autobús, las informaciones que tenemos no implican ni indican que se hubiese producido alguna irregularidad.

En cualquier caso, lo más importante en estos momentos es conseguir conocer las causas para que no puedan repetirse, en la medida de lo posible, más estos hechos.

Sin más, quiero hacer una reflexión sobre lo que ha significado el debate de la reforma de la Ley de Extranjería; debate que, sin duda, también ha tenido lugar en el Consejo de Ministros, y quiero decir que, al final, el Consejo de Ministros ha decidido remitir un Proyecto de Ley que, evidentemente, cuenta con el apoyo inequívoco de todos los miembros de todos los Departamentos del Gobierno. Quiero, simplemente, antes de entrar en el contenido de esta reforma, hacerles algunas consideraciones al respecto.

La primera consideración es casi un relato de lo que ha sido una experiencia de todos los miembros del Gobierno. El Gobierno en su momento tuvo una inquietud y una preocupación por el contenido de esa Proposición de Ley. Al Gobierno, a medida que ha ido trabajando; a los Ministros, a medida que han ido trabajando en este Proyecto de Ley, yo les quiero decir que cada vez que han ido profundizando en el conocimiento de esa Ley les ha resultado más indispensable la reforma.

Desde convicciones, en primer término, éticas, democráticas, en cuanto a que estamos para asegurar, en la medida de lo posible, la convivencia, y, evidentemente, también convicciones europeas. Y desde principios y valores asentados en el sentido común y en la prudencia, y también en el rigor, el Gobierno y sus miembros, singularmente los que han trabajado más en este Proyecto, sin duda tienen la convicción de que esa reforma era inaplazable e indispensable.

La segunda consideración que quería hacerles es muy sencilla: la política de inmigración está ya comunitarizada, de acuerdo con el Tratado de Amsterdam, que ha entrado en vigor el año 1999. Ese Tratado de Amsterdam que está en vigor determina un plazo para que la inmigración, la extranjería, sea una política de la Unión. En el artículo 61 del Tratado de Amsterdam, sin duda, está el compromiso de los países europeos en hacer de la inmigración una política de la Unión.

Ello quiere decir que el criterio de acierto, de idoneidad, de cualquier legislación nacional que trate de introducirse en materia de inmigración, en lo que es la homologación, la armonización, con la media de las legislaciones europeas, en lo que son los criterios y la cultura a la hora de determinar las Directivas europeas, tiene un elemento esencial, un rasgo esencial. Una legislación nacional no sirve en la medida que se aleje del tratamiento de la inmigración de los países de la Unión y ese criterio ahora es esencial, en la medida que es una política de la Unión.

En la Presidencia francesa, que acabamos de inaugurar, Francia, sobre inmigración, sobre lucha contra redes de inmigración, sobre regulaciones de visado, en materia de reglamentos, en materia de lo que son Directivas, en materia de lo que son mandatos para elaborar convenios, simplemente quiero decirles que ha determinado que hay ocho instrumentos en la Presidencia francesa sobre la inmigración y sobre la extranjería, en una clara asunción de las responsabilidades en base a lo que es una política de la Unión.

Quiero decir que el reagrupamiento familiar va a ser objeto, en esta Presidencia francesa, de tratamiento, de Directiva y habrá una Directiva sobre el reagrupamiento familiar para la Unión Europea. Por eso el criterio de la aproximación o no, de la homologación o no, de la armonización o no, con la legislación europea de lo que hagamos en materia nacional en inmigración es básico y determinante, porque va a ser una política de la Unión en muy poco tiempo.

Tercera consideración: la reforma que el Gobierno ha aprobado hoy mejora sustancialmente la Ley de 1985, en cualquier caso, en los derechos y en las libertades de los inmigrantes y en lo que puede significar un tratamiento más avanzado en materia de inmigración. Lo digo porque, cuando uno escucha tantas veces que se roza la constitucionalidad de esta Ley o cuando uno escucha tantas veces que los derechos y las libertades de los inmigrantes quedan restringidos, uno no sabe en qué España democrática ha vivido en quince años. Si, desde luego, esta Ley roza la constitucionalidad o restringe derechos y libertades, la situación que hemos vivido desde el año 1985 realmente no tiene nombre.

Ello quiere decir que tengan la seguridad los españoles de que en esta reforma los derechos, las libertades, de los inmigrantes quedan sustancialmente reforzados respecto de la situación de 1985. Y, si había razones para algunos para denunciar la inconstitucionalidad de algunos artículos, desde luego, habría todas las razones del mundo para denunciar la inconstitucionalidad de aquella Ley de 1985. Y quiero recordar que la Constitución es exactamente la misma en 1985 que en el año 2000.

La cuarta consideración que quería hacerles es que la Ley de Inmigración, sin duda, es un instrumento muy importante, pero es una pieza más en lo que es una necesaria política de inmigración. Yo puedo aceptar la idea de que hace falta más política de inmigración --con mayúsculas--, pero es que eso significa que haya necesidad, y la hay, de determinar muchas medidas para hacer una política de inmigración.

La reforma de la Ley es una pieza más y diré que la Ley de Inmigración y de Extranjería debe modificarse porque, si no, no habría política de inmigración, porque no se puede administrar la inmigración poniendo tanto el acento en la facilidad de que el inmigrante irregular pueda ser, con una facilidad que no se produce en ningún país de la Unión Europea, una persona que en un momento determinado legalice con esa facilidad su situación. Eso, evidentemente, lo único que produce es más inmigración irregular.

Una inmigración en un país puede ser regulada en la medida en que ésta sea legal y, evidentemente, el tratamiento de la inmigración irregular en modo alguno puede hacerse facilitando tanto los mecanismos que al final hagan, en mi opinión, y casi en la máxima proximidad, del inmigrante irregular el inmigrante legalizado.

De ahí que yo anuncie que el Gobierno en el mes de septiembre y en el mes de octubre no tiene sólo que tramitar un debate parlamentario o una Ley en el Congreso; va a presentar un conjunto de medidas que definen y determinan una política de inmigración, poniendo el acento en el control, en la regularización y en la administración de la inmigración legalizada, que eso es lo que determina una política de inmigración. De lo que se trata con esta Ley es de que la inmigración irregular no impida la correcta administración y regulación de la inmigración legal en España.

La quinta cuestión es que no es tanto el diferente nivel de los derechos y libertades como la capacidad de la Administración para regular la inmigración lo que, sin duda, el Gobierno ha querido introducir en este Proyecto. Yo creo que --y a ello me voy a referir ahora mismo-- de lo que se ha tratado es de introducir más orden y, en mi opinión, más sentido común a la hora de definir derechos y libertades de los inmigrantes. Hay una sistemática distinta y diferente.

El Gobierno lo que hace es separar esencialmente tres tipos de inmigrantes: primero, los derechos que se mantienen a todos los extranjeros, sea cual sea su situación, y ésos son los derechos de asistencia sanitaria, los derechos a la educación, en lo que significa la educación obligatoria, y el derecho a la tutela judicial efectiva. Esos tres derechos los tienen todos los extranjeros en España.

Luego, diferencia los derechos para los extranjeros que se encuentren legalmente en España. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Pues a los que residen en España; pero, evidentemente, además de los que residen legalmente en España, me estoy refiriendo a estudiantes, a turistas y a lo que se llaman los temporeros, los que trabajan temporalmente en España. Ésos son los que se encuentran legalmente en España y ahí hay un conjunto de derechos que, además de los que he citado con anterioridad, se suman a este mismo grupo de extranjeros que se encuentran legalmente en España.

Luego hay un tercer capítulo, que son los inmigrantes que tienen permiso para la residencia en España; que, para entendernos, y no quiero volver a reincidir en lo anterior, en el fondo serían los mismos que el grupo anterior pero, evidentemente, no turistas, no estudiantes y no temporeros. En ésos, evidentemente, también se definen y se determinan un conjunto de derechos.

A nosotros nos parece necesaria esta clasificación porque, evidentemente, será la única manera de asegurar todos los derechos que se merecen los inmigrantes que están en España legalmente y que residen en España y podremos cumplir lo que la Cumbre de Tampere determinó, diciendo que los nacionales de un país tendrán los mismos derechos que los que estén legalmente en España; es decir, en este caso, los residentes; es decir, todos aquellos que tienen los derechos idénticos a los nacionales de un país.

La única manera de que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los nacionales es haciendo esta diferencia, porque que es evidente que, de otra forma y de otra manera, uno puede quedar muy bien diciendo "derechos, exactamente iguales para todos: es lo mismo que sea un inmigrante que se halla legalmente en España; un inmigrante que resida en España; un inmigrante que, incluso siendo irregular, pueda encontrarse en un momento determinado en España", pero será la única manera de hacer imposible, inalcanzable --porque España claro que tiene limitaciones: en las prestaciones, en la acogida que pueda dar a esos inmigrantes--, será imposible nunca tener una situación ordenada en esta materia en el conjunto de España.

Yo quiero hacer por ello mismo algunas reflexiones en esto que, por ejemplo, yo creo que no se ha dicho con la suficiente claridad. Por ejemplo, el derecho de asistencia jurídica gratuita. Todos los que se encuentran en España, para cualquier procedimiento de extranjería, es decir, expulsión o rechazo en frontera, todos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. En todos los supuestos en los que se produzca un procedimiento de expulsión y, al mismo tiempo, haya una solicitud de asilo no se podrá expulsar sin una resolución previa de asilo.

En el reagrupamiento familiar, nosotros lo que decimos es que es un derecho que sin duda tiene el residente. Antes, en la Ley que hoy reformamos, este derecho no sólo lo tenía esa persona, sino que la tenían también los familiares que estaban fuera. El derecho al reagrupamiento familiar lo tiene, en la opinión del Gobierno, el inmigrante que reside en España. Evidentemente, quiero decir que esa Directiva europea, a la que antes me he referido, va exactamente en la misma dirección que va a determinar el Gobierno español en esta materia.

Pondré otro ejemplo en este capítulo de derechos y libertades, en lo que puede significar en las categorías de familiares que pueden ser reagrupados. La reforma lo único que dice es que no puede haber un epígrafe que diga "cualquier otro familiar pudiese ser reagrupado", porque eso es, evidentemente, abrir el reagrupamiento familiar a lo que significa una decisión absolutamente imposible de medir, de cuantificar, de controlar, en un fenómeno tan importante como es éste.

El segundo bloque en el que el Gobierno introduce reformas es, no tanto los derechos y libertades de los inmigrantes, sino lo que es el régimen jurídico de la situación de los extranjeros en España; que tiene, a su vez, divisiones en tres cuestiones importantes: en la admisión, en la residencia y en el trabajo.

¿Qué es lo que hacemos en la de admisión? Simplemente, hacemos una referencia a Schengen; a lo que significa la imposibilidad, por ejemplo, en la admisión de una persona cuya entrada esté impedida en un país de Schengen. Simplemente recordamos que en España tampoco podrá entrar, porque ése es un compromiso internacional que asume España. Y, singularmente, se modifica en la admisión el sistema de visados.

En el sistema de visados, fundamentalmente, España va a tener el visado que, de una manera yo creo que general, existe en la mayoría de los países de la Unión. El visado es una potestad de la Administración, es discrecional; pero, evidentemente, nosotros decimos: pero no siempre. Cuando hay un reagrupamiento familiar y por ello se solicita el visado, si se deniega, hay que motivar la razón de la denegación. Si hay un contrato de trabajo, ya que, como ustedes saben, muchas veces se argumenta un trabajo por cuenta ajena para solicitar un visado, si se deniega, también habrá que motivar su denegación.

Quiero decir que estos dos casos significan el 80 por 100 de los visados que se tramitan en los Juzgados españoles. De ahí que en este tema lo que hay, simplemente, es el recordatorio que se produce en los países de la Unión Europea de que la Administración tiene que tener esta capacidad para ordenar y controlar el flujo migratorio.

Ya no en la admisión, sino en la residencia, a la que antes me refería. La regularización permanente. Ya saben ustedes que normalmente hay unos procedimientos de regularización cada un conjunto de años; pero nosotros hemos introducido, como por ejemplo los franceses, lo que es la regularización permanente. Yo quiero recordar que los franceses hasta hace poco tiempo podían introducir la regularización permanente en los inmigrantes que habían demostrado que habían vivido en Francia quince años, y el Gobierno socialista francés creyó que era una cifra exagerada y redujo esa cantidad a diez años. Era diez años el número de años indispensables para proceder a una regularización permanente.

La actual Ley española ha introducido el período de dos años. Una persona empadronada en un Ayuntamiento y que haya confirmado que está dos años viviendo en España tendría derecho a la regularización permanente. A nosotros nos parece que eso es alejarse de cualquier tratamiento de la Unión Europea.

Prácticamente el único país que tiene una regularización permanente es Francia y, evidentemente, España lo único que tiene que hacer es básicamente lo mismo que los demás países de la Unión Europea. Por eso, si normalmente la estancia media que se exige por otros procedimientos distintos a la regulación permanente es que un inmigrante haya residido cinco o seis años en la Unión Europea, lo que dice el Gobierno de España es: hagamos lo mismo que la media europea: cinco años de exigencia, de confirmación de que ha vivido en España. Evidentemente, el instrumento del padrón nos parece que es innecesario en esta cuestión y, evidentemente también, si ese inmigrante ha tenido un permiso de trabajo y no está en España o no está regularizado porque no tiene otro permiso de trabajo, también estudiamos la posibilidad de la regularización permanente.

En los dos supuestos lo que, además, nosotros les decimos es que reglamentaremos posteriormente cómo desarrollamos ese precepto, que es el artículo 129.3 de la Ley y que consiste en, simplemente, homologar nuestro sistema a lo que entendemos es la media de la Unión Europea y, en mi opinión, de una manera más avanzada porque, insisto y reitero, un sistema de regularización permanente sólo existe en Francia de una manera clara y contundente.

Hay otras muchas cuestiones, pero tampoco quiero aburrirles más, en lo que significa el tema de lo que son los derechos al abordar el sistema jurídico de admisión, en lo que significa la residencia --a la que antes me he referido-- y también en el tema del trabajo.

Y me van a permitir que haga una referencia final a lo que significa el régimen sancionador, con una idea básica: las reformas que introduce el Gobierno fundamentalmente son para endurecer las sanciones a los responsables, a las mafias y a las redes que trafican con seres humanos. El acento de la reforma está puesto en lo que significa el crimen organizado, en lo que significa el transporte organizado, en lo que significan, en el fondo, los responsables de este tráfico de personas. Ahí lo que se hace, sin duda, es endurecer, como lo va a hacer la Presidencia francesa, las sanciones a lo que pueden significar transportistas que comercian con personas, empresarios que comercian con personas, todo lo que se organiza alrededor de esta repugnante fórmula de juego con la vida de las personas.

Es evidente que también nosotros lo que hacemos es permitir que haya instrumentos sancionadores para la inmigración irregular. Claro que debe poder producirse la expulsión cuando hay una estancia ilegal, como sucede en todos los países de la Unión Europea.

Las cifras --y luego estaré dispuesto a hacer una reflexión--, en lo que significa el período de enero a junio del año 2000 respecto del año 1999, nos dicen que el 75 por 100 de los motivos y de las razones por las que antes se podía introducir un expediente de estas características está limitado o mutilado por la actual Ley. Evidentemente, una Administración tiene que tener la capacidad de poder expulsar, como tienen los países de la Unión Europea. Y el régimen de expulsión por estancia ilegal es el mismo que existe en los países de la Unión Europea. No hay ninguna otra cuestión.

Lo que no estaba en la Unión Europea es limitar de esa forma y de esa manera, como en la actual Ley, lo que significa la sanción de la expulsión; pero el acento que pone el Gobierno es en luchar contra lo que se organiza alrededor del tráfico de personas humanas.

Eso es básicamente y esencialmente lo que el Gobierno ha querido presentar con esta reforma y, evidentemente, estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme.

P.- Quería preguntarle si, sobre este último punto de las sanciones, podía darnos cifras. Por ejemplo, ¿a cuánto ascienden las multas a los traficantes o a las personas que cometan delitos en este tema?

Sr. Mayor Oreja.- Si le parece, más que darle algunos datos, tampoco darle de una forma muy aburrida lo que puede modificarse en ese terreno. Por ejemplo, si un empleador es extranjero y trafica con esas personas, puede ser expulsado; si ese empleador es español, la multa llega hasta los diez millones de pesetas.

En el régimen de sanciones, nosotros hemos introducido singularmente tres novedades: primero, si alguien participa en estas organizaciones con ánimo de lucro y que promueva la inmigración clandestina, se considera como infracción muy grave y hay un conjunto de sanciones administrativas en los supuestos en que no haya procedimientos penales al respecto.

Segundo, se prevén, no sólo instrumentos de expulsión y de multa con ese tipo de grupos, sino que hay sanción de decomiso; es decir, que en bienes de transporte (camiones, autobuses, vehículos, coches, motos, barcos) o en bienes incluso de carácter mueble o inmueble que hayan sido utilizados por esas organizaciones se prevé el decomiso de los mismos.

También hay unas sanciones de clausura de establecimientos o locales en donde se han producido infracciones de contratación o de utilización de extranjeros sin haber conseguido los permisos de trabajo necesarios y suficientes. Ese cierre de establecimientos se producirá entre seis meses y cinco años.

Le he puesto unos ejemplos de lo que puede significar un conjunto de sanciones que se modifican sustancialmente, de acuerdo con la reforma que establece el Gobierno.

P.- El Ministro del Interior ha aludido a la Directiva que va a hacer la Unión Europea. Si esa Directiva es más amplia en el reconocimiento de derechos o, por ejemplo, de reagrupación de lo que nos ha anunciado que recoge el Proyecto de Ley, ¿el Gobierno estaría dispuesto a modificar de nuevo la Ley para ampliarla hasta donde diga la Directiva?

Por otro lado, en el segundo grupo de extranjeros en España nos ha hablado de que, para entendernos, los legales tienen los mismos derechos que los nacionales. Hay un segundo grupo que me gustaría saber qué derechos tienen, que son los extranjeros legales, que son los que residen legalmente, más estudiantes, turistas y que trabajan temporalmente.

Por otro lado, usted al principio decía que todos los Ministros que han trabajado en la Ley de Extranjería, según iban profundizando, consideraban que era absolutamente necesaria la reforma de la Ley. ¿Qué opina, entonces, de las palabras del Ministro Pimentel, que considera que la reforma es prematura y que el "efecto llamada" no se ha producido?

Sr. Mayor Oreja.- Respecto de la primera cuestión, es evidente que la Directiva, si se aprueba, forma parte ya del ordenamiento jurídico interno español; se incorpora la Directiva. Para eso están las Directivas, para que se incorporen al Derecho interno español y en cada uno de los países de la Unión Europea. Con lo cual esa Directiva se incorporará al Derecho interno español.

Esté usted segura de que la Directiva que aprobará la Unión Europea no será muy distinta de la que aprueba España con esta Ley, porque esta Ley esencialmente está hecha en base a lo que pueden significar, como antes he dicho, los criterios, el actual momento en la construcción europea en los espacios policial y judicial.

Respecto de la segunda cuestión, como antes he dicho, hay una categoría de extranjeros que son los extranjeros que se encuentran legalmente en España, no residentes; es decir, residentes es una tercera categoría. Esos extranjeros que se encuentran legalmente en España son los residentes, más los turistas, más los estudiantes, más los temporeros. Ésos, por ejemplo, tienen el derecho a la libre circulación, en el ámbito de España, en el nacional, y también en el ámbito de los países Schengen, siempre y cuando estén tres meses. Tienen también la libertad de reunión y manifestación; tienen la libertad de asociación; tienen el derecho a la sindicación y a la huelga. Es decir, son unos derechos sustanciales.

Pongo un ejemplo: ¿cuáles han sido los cambios del Proyecto de Ley que aprueba el Consejo de Ministros respecto del borrador que negoció el Secretario de Estado de Inmigración? Son dos cambios importantes y uno de ellos, éste. Es decir, la libertad de reunión, de manifestación, de asociación, de sindicación y de huelga, inicialmente, en el borrador del Gobierno sólo fue para los residentes, y hoy es para todas estas personas que están legalmente en España.

La segunda cuestión que ha cambiado --y aprovecho, aunque no me lo ha preguntado-- es el derecho a la tutela judicial efectiva. Nosotros, en nuestro borrador, limitábamos ese derecho a la tutela judicial efectiva a los inmigrantes que se encontraban en España; pero hemos considerado que también los que están fuera de España tienen el derecho a la tutela judicial, con lo cual ese derecho básico que afecta a todos los inmigrantes, sean irregulares, sean residentes o simplemente que se hallen legalmente en España, que afecta a todos, también a ese derecho a la tutela judicial efectiva tendrán derecho los que no estén en España y que quieran utilizar un tribunal para poder defender sus derechos. Y lo pueden hacer aunque estén fuera de España.

Respecto a la tercera cuestión, yo hablo del Gobierno. Sólo hay un Gobierno en España. En ese sentido, yo tengo siempre el mayor respeto por todas las opiniones y, singularmente, de personas a las que yo tengo especial afecto, porque he sido compañero de Gobierno y con las que, además, he tenido siempre una magnífica y buenísima relación.

P.- Yo quería pedir al Ministro del Interior que nos hiciera una valoración acerca de que "Mobutu" quede en libertad vigilada y si ha habido algún tipo de contacto con las autoridades galas.

Luego, también qué le parece que la Consejería de Interior del Gobierno vasco haya puesto como condición para convocar la Junta de Seguridad que haya un compromiso de ampliar la plantilla de la Ertzaintza.

Al Ministro Portavoz quería preguntarle respecto a la privatización de Santa Bárbara. ¿En qué momento se encuentran las conversaciones entre el Gobierno alemán y el Gobierno español? ¿Comparte el Ejecutivo la opinión de Piqué de que, si Kraus-Maffei mejora la oferta o la iguala con General Dynamics, sería mejor que Santa Bárbara quedara en manos germanas?

Sr. Cabanillas.- ¿Podemos agotar primero la Ley de Extranjería? Quedan anotadas sus preguntas y si hay, de todas maneras, alguna más sobre la Ley, prefiero que las hagamos ahora.

P.- Ministro, a mí me gustaría saber si, a día de hoy, el Gobierno se siente más cerca de algunos sectores que hasta ahora han criticado la reforma de la Ley. ¿A qué atribuye esas críticas, que quizás están fundadas en una falta de información? También saber si va a iniciar algún tipo de campaña explicativa sobre la reforma.

Sr. Mayor Oreja.- Yo le aseguro que el Gobierno está muy tranquilo y muy convencido de lo que está haciendo en esta materia. Es verdad que ha habido otros temas en donde parece que el Gobierno también ha estado solo. En este tema, les aseguro que no hay ánimo partidario en la posición del Gobierno. Quiero decir que han sido muchas veces los profesionales de la Administración los que simplemente con su experiencia, y singularmente quienes han trabajado en la inmigración, han dicho y han determinado, en un momento determinado, la inquietud que podía producir una ley de estas características.

He de decir que el impulso está hecho desde la experiencia en el funcionamiento de la Administración en materia de inmigración. No hay un impulso político en un momento determinado para decir: al Gobierno del Partido Popular le interesa mantener una posición drástica y dura en materia de inmigración. Sería un disparate. Lo que ha habido simplemente es la experiencia y, eso sí, la relación con los países de la Unión Europea, de modo y manera que esas personas han determinado en un momento que la Ley era necesaria cambiarla.

Yo les vuelvo a decir: el Gobierno está convencido de que es su obligación. Que dentro de diez o doce años, al Gobierno, si es caso, se le critica por lo contrario; se le criticará por lo contrario, si es caso; pero que la reforma es indispensable, que hay una convicción democrática, como antes he dicho, ética y europea, sin duda. No tenga la menor duda.

De modo y manera que el Gobierno, desde esa convicción, de lo que trata es de seguir dialogando y, de la misma manera que entre el borrador y el Proyecto de Ley ha habido algún cambio en la posición del Gobierno, porque queremos hacerlo lo más adecuadamente posible, evidentemente seguimos abriendo un período de diálogo para perfeccionar el Proyecto de Ley.

Yo les pido a todos que en este tema se aproximen con rigor, con lo que puede significar un principio de prudencia. Es lo único que pedimos desde el Gobierno. Pero he de decir que las conversaciones han sido todas enormemente interesantes, han sido muy gratas, y hemos podido intercambiar muchos puntos de vista con muchas instituciones que están muy próximas a la inmigración.

P.- Tras los contactos previos que el Gobierno ha mantenido con sus socios de Coalición Canaria sobre la base del documento aprobado hoy, me gustaría saber si el Ejecutivo cree que cuenta con el respaldo de los nacionalistas canarios para sacar adelante esta reforma.

Sr. Mayor Oreja.- Yo creo que, al final, los grupos son los que tendrán que determinar su posición. Yo creo que en Canarias esta cuestión es singularmente importante y no tengo ninguna duda de que en ese terreno los partidos políticos que tienen una especial y singular presencia en Canarias entienden que más que nunca hace falta prudencia, sentido común y sentido de la responsabilidad para afrontar esta cuestión.

Yo estoy convencido de que esos grupos apoyarán el proyecto del Gobierno y, evidentemente, incorporarán a él, a través de las disposiciones necesarias, lo que crean conveniente. Hoy, por ejemplo, hay que decir que hay una disposición relacionada estrictamente y singularmente con Canarias, en donde se considera que el Gobierno propondrá un conjunto de medidas para participar más activamente en el diseño de la política de inmigración.

P.- Yo quería preguntarle si en el debate que han mantenido en el Consejo de Ministros se ha estudiado también la reforma del Código Penal, que ayer avanzó el Vicepresidente Rajoy, para endurecer los castigos contra las mafias que trafican con seres humanos.

Sr. Mayor Oreja.- Se ha abordado la cuestión. El Ministro de Justicia y el Vicepresidente Primero se han hecho eco del grupo de trabajo que a tal efecto modificará o propondrá la reforma del Código Penal; pero es evidente que hoy el objeto del debate esencial era la Ley de Extranjería. Pero ha tenido, sin duda, lugar una reflexión, protagonizada, obviamente, por el Ministro de Justicia, sobre la necesidad de esa reforma y sobre ese grupo de trabajo al que antes usted se ha referido.

P.- Respecto al tema de Canarias, usted ha hecho mención ahora a un apartado específico para Canarias. A mí me gustaría hablar del traslado de inmigrantes que se está realizando desde el Archipiélago a otras Comunidades Autónomas menos masificadas. Si se prevé esto en el nuevo Proyecto de Ley, si va a continuar y si puede ofrecer alguna cifra del volumen que se ha llevado a cabo.

¿Qué opinión le merece, en este sentido, la crítica de agentes sociales, sobre todo catalanes, que han mostrado su malestar por la forma en la que se están trasladando inmigrantes llegados a Canarias a Cataluña?

Sr. Mayor Oreja.- Yo primero le daré una cifra global de Canarias de estos cinco meses. En las costas de Canarias, en el año 1999, se registraron 75 embarcaciones y se detectaron 875 ocupantes; en todo el año 1999. En lo que va de año 2000 se han detectado 82 embarcaciones, es decir, más embarcaciones que todo el año 1999, y se han detectado a 1.005 ocupantes de esas embarcaciones, frente a 875 de todo el año 1999.

Quiero decir que una de las cuestiones que sin duda confirman que por la Ley, por la regularización o por la situación de España o de Canarias, eso que se denomina "efecto llamada", ha sido una realidad en estos cinco o seis primeros meses. Entonces, lo que es evidente es que ahí se ha producido esa situación.

Cuando se producen situaciones de esas características, a las que una sociedad no está acostumbrada, muchas veces hay que encontrar instrumentos y procedimientos de una manera muy rápida, y se tienen que improvisar respuestas, y, evidentemente, tienen sus limitaciones. Pero es que a veces hay una alarma social determinada por una presencia determinada de un número determinado de inmigrantes que no están documentados y hay un problema, en ese sentido, de alarma social. Evidentemente, se hace lo que la Ley nos permite hacer. Probablemente las fórmulas no son idóneas, pero la urgencia y la necesidad nos exigen tomar decisiones de esas características.

Todo, sin duda, es mejorable, pero yo creo que desde luego se ha respetado estrictamente la Ley.

P.- Mi pregunta es saber si puede recordar cuál es la cifra global de entrada de inmigrantes este año, no sólo en Canarias, sino en cualquier otra frontera de España.

La segunda pregunta no tiene que ver exactamente con la Ley de Extranjería, pero sí con inmigración. En los últimos quince días, prácticamente en cada vuelo procedente de La Habana varios cubanos han pedido asilo en el aeropuerto de Barajas. El número se ha ido incrementando y, aunque el ACNUR, la Subdelegación de Asilo y la Audiencia Nacional han denegado las peticiones y los recursos, sin embargo han entrado. Quería saber si estas razones humanitarias van a ser aplicadas a todos los que pidan asilo.

Sr. Mayor Oreja.- Me referiré a las cifras globales que en estos momentos nosotros manejamos. Me va a permitir que le diga simplemente un dato, que no tiene nada que ver con lo que usted me ha dicho en cuanto a cifras, pero me parece interesante: en el proceso de regularización, a día de hoy, se han producido 177.000 solicitudes. Quiero recordar que algunas Organizaciones No Gubernamentales calculaban entre 70.000 y 100.000 la cifra de regularizaciones. Cuando faltan veinticinco días, estamos en 177.000.

La inmigración irregular por medio de embarcaciones, no sólo en Canarias sino en el conjunto de España, en los primeros meses del año 2000 ha significado que hemos tenido 287 embarcaciones y se ha detenido a 4.057 ocupantes. Quiero decirles que en el mismo período del año 1999 las embarcaciones en este tiempo fueron 160, es decir, la mitad, y el número de ocupantes detenido fue 809, es decir, cinco veces más este año. El incremento es, por eso, de un 100 por 100 en las cifras de embarcaciones y de un 400 por 100 en los ocupantes detenidos.

En cuanto a otra cuestión, que me parece importante, la cifra de mafias detenidas en este año 2000, se han desarticulado en estos seis meses 111 redes dedicadas a lo que es un tráfico de personas.

Ésas son las cifras globales que de alguna manera me había solicitado, en cuanto a embarcaciones y en cuanto a ocupantes detenidos, de una manera muy general, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a la segunda cuestión, lo de La Habana, una consideración general: España, en mi opinión, aplica impecablemente el derecho de asilo desde hace veinte años; lo hemos hecho en todas las Administraciones. Frente a un criterio mucho más amplio de países como Bélgica o Gran Bretaña, donde no han aplicado tan restrictivamente el derecho de asilo, España ha sido un modelo de aplicación del modelo de asilo, en mi opinión, porque lo importante del derecho de asilo es que esté preservado, que no sea mal utilizado, que el derecho de asilo no sea el instrumento que utiliza un inmigrante irregular para que, solicitando el asilo, pueda entrar en la geografía nacional.

Si realmente creemos que hay que luchar contra regímenes totalitarios, autoritarios o fascistas, en un extremo y en otro, tenemos que saber preservar el derecho de asilo. Lo importante es saber preservar el derecho de asilo y simplemente dar ese derecho de asilo en la medida que se aprecie que están siendo objeto de una persecución política.

Si ampliamos mucho la concesión de este derecho de asilo y sabiendo que simplemente es una inmigración irregular, fruto de la penuria económica, y entonces le damos el derecho de asilo, nos cargamos el derecho de asilo. Eso es un disparate. Otra cosa bien diferente es que, por razones de carácter humanitario, se les confiara un régimen, una modalidad, de extranjería y, evidentemente, se preserve el derecho de asilo. Eso, evidentemente, se puede hacer en función del análisis de las circunstancias que se producen.

Pero yo quiero decir que hay que ser muy responsables con lo que significa la aplicación y la utilización del derecho de asilo. Y quiero decir que, además, no sólo es la Administración la que determina ese derecho de asilo; está el ACNUR, que participa como en ningún país de la Unión Europea y que ha sido la clave del rigor en el funcionamiento de la Administración en la concesión del derecho de asilo. El ACNUR es una garantía.

Es evidente que a todos en ocasiones nos gustaría dar más asilo en función del régimen concreto del que venga; pero tenemos que ser rigurosos y, en ese sentido, lo que sí tenemos que observar es que, si hay una persecución en un momento determinado a una persona por razones de su ideología, claro que hay que saber aplicar el derecho de asilo pero, evidentemente, que por ahí no entre lo que entra en otros países, porque nos hemos quejado mucho los españoles de cómo el derecho de asilo era utilizado como un lugar para los terroristas y de cómo, por ejemplo, en Gran Bretaña se ha aplicado el derecho de asilo para todo menos para el asilo.

Con lo cual yo espero que en España --y esto no es una cuestión de este Gobierno, es una tradición de la democracia española-- sigamos preservando el derecho de asilo, tal y como lo establece hoy este conjunto de instituciones que lo determina.

P.- Ministro, yo quería conocer cuáles han sido las apreciaciones del Consejo de Estado, si es que las ha habido.

Sr. Mayor Oreja.- No las ha habido.

P.- Se ha consultado y no ha hecho ninguna...

Sr. Mayor Oreja.- No ha habido consulta al Consejo de Estado.

P.- Ministro, dentro de las piezas de las que usted habla dentro de la política de inmigración, me gustaría saber si contempla también la posibilidad de incrementar los efectivos o las dotaciones para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que controlan el flujo migratorio.

Sr. Mayor Oreja.- Ahora está de moda. Yo necesitaría muchos más medios humanos y materiales, pero todo tiene su límite. Está claro que necesitaríamos, para afrontar la lucha contra esas mafias, más medios, sin duda; pero hay que tratar de buscarlo, no solamente pidiendo más medios y más personal para trabajar contra esos delitos.

Yo esta tarde tendré una reunión en Sevilla para tener una mejor información de cómo funcionan los grupos organizados, bien sea en tráfico de seres humanos o bien fuese otro tipo de criminalidad organizada. Y el lunes y martes, completando lo que significó la visita del Presidente ruso al Presidente Aznar, estaré en Moscú con el Ministro del Interior ruso para trabajar de qué forma y de qué manera podemos intercambiar más información en todas las modalidades de criminalidad organizada. Evidentemente, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.

No sólo es cuestión de medios humanos y materiales, sino que es también de acentuar instrumentos de colaboración, de información, con otros países y con otras Policías.

P.- Las preguntas que hice antes. Era una sobre "Mobutu" y otra sobre la Junta de Seguridad. También sobre Santa Bárbara.

Sr. Mayor Oreja.- Lo primero que hay que decir es que yo tuve ayer una conversación con el señor Chevènement sobre esta cuestión; había tenido otra conversación con el señor Chevènement el sábado en Lisboa, cuando coincidimos en la Cumbre de Ministros de Interior del Mediterráneo, y el señor Chevènement me había hablado de este tema hace tres o cuatro semanas. Es decir, de alguna manera hemos hablado muchas veces de esta cuestión.

Es verdad que ha habido una decisión, que evidentemente no obliga a Francia pero que es una obligación dignísima de ser escuchada, que es la decisión del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ha dicho que Francia, hasta que no se sustancie el procedimiento judicial, no debe entregar a España, en este caso, a "Mobutu".

En estos momentos eso significa que el Gobierno francés tiene que esperar la decisión del Tribunal Administrativo de Versalles para tomar una decisión definitiva en tal sentido. A mí me parece que tiene mucha lógica. Nosotros respetamos la decisión del Gobierno francés, respetamos la decisión de la Corte de Justicia de Derechos Humanos del Consejo de Europa y respetamos lo que determine el Tribunal Administrativo de Versalles. Y, como tenemos confianza en todas esas resoluciones, al final, evidentemente, respetaremos la decisión final que se adopte.

Pero he de decirle que tenemos una enorme tranquilidad en lo que significa la buena relación, la sólida relación, de España y Francia en esta materia.

P.- La segunda pregunta era que parece ser que la Consejería del Gobierno vasco no convocará la Junta de Seguridad hasta que no haya un compromiso suyo de que se va a ampliar en 500 miembros la plantilla de la Ertzaintza. Quería que me hiciera una valoración al respecto.

Sr. Mayor Oreja.- Yo puedo decir que a mí me parece que sería útil, positivo e importante que se convocase la Junta de Seguridad. Yo, cuando preparo cualquier reunión de esas características, no puedo decir: "yo voy a la Junta de Seguridad si...". Yo creo que hay muchas razones para hablar, para dialogar. Pero, evidentemente, yo respetaré la decisión que en ese sentido adopte el Gobierno vasco. Si cree que no es el momento y los grupos de trabajo tienen que seguir profundizando en la preparación de una Junta de Seguridad, seguiremos trabajando en esa Junta de Seguridad.

Yo lo que quiero dejar muy claro es que nosotros ya hemos dicho que la Junta de Seguridad sería útil y positiva para todos, y nosotros impulsaremos y animaremos a que esa Junta de Seguridad se produzca cuanto antes. Quiero decir que, además, creo que hay cuestiones sobre las que podía ya haber acuerdos. Pero es evidente que, como siempre, en la política hay acuerdos, en algún punto no hay un acuerdo total y en otro punto hay desacuerdo. En política no es el todo y la nada, sino que es, al final, una manera y un instrumento de poder solventar las diferencias.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta sobre la empresa Santa Bárbara, las negociaciones siguen su curso, y no sólo en función de la cuantía. Es decir, no se estudian las ofertas solamente en función de la cuantía sino, obviamente, en función de los intereses españoles en juego y, en particular, el futuro industrial de la firma española: la viabilidad que tenga como empresa, sus establecimientos, los puestos de trabajo y también los programas industriales de la empresa de cara al futuro. Ésa es la situación actual.

P.- Al Ministro del Interior. En su anterior respuesta, en relación con la decisión del Gobierno francés, me ha parecido entenderle que no era vinculante la decisión del Tribunal de Derechos Humanos para el Gobierno francés, para el Gobierno galo. Me gustaría saber si en estas conversaciones con su homólogo francés usted le ha pedido que desoiga esta decisión del Tribunal y entregue al etarra "Mobutu". También si le consta que haya acusaciones formales, sumarios, por los cuales se le pueda encarcelar en España.

Al Ministro Portavoz le quería formular un par de preguntas. En primer lugar, como una de las prioridades políticas que enunció el Presidente en su sesión de investidura fue la defensa del castellano y su proyección exterior, me gustaría saber si el Gobierno acata y ve procedente la decisión del Parlamento Europeo de investigar si en Cataluña este idioma, el castellano, está discriminado; y, si no es así, si va a adoptar alguna iniciativa contra esta investigación, iniciada, por cierto, a instancias de un europarlamentario del PP.

En segundo lugar, como usted recordará, después de que el Presidente emplazara a Convergència i Unió a asumir el escenario postelectoral y no cuestionar los pactos con el PP, esta coalición ha pactado con la izquierda catalana la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley de horarios comerciales. A mí me gustaría saber si, como dijo el Presidente, esto cuestiona el pacto con el PP y si, en su opinión, pueden minar las bases de la colaboración parlamentaria con el Gobierno.

Sr. Mayor Oreja.- Brevísimamente. Yo no le he exigido ni le he solicitado formalmente nada. Yo tengo un diálogo permanente con el señor Chevènement y él me explicó las cuestiones. Es verdad que también sabe usted muy bien que las causas judiciales españolas en estos momentos, sin duda, también tienen algún posible problema o dificultad. En cualquier caso, lo que está claro es que los dos conocemos exactamente la situación de este caso. Yo tengo un pleno respeto a lo que determinen las autoridades francesas, tanto policiales como judiciales.

Por lo demás, yo le quiero decir que en estos procedimientos hay que tratar de no ponerse nervioso. Yo recuerdo el "caso Aldasoro", la cantidad de veces que daba la sensación de que ya había fracasado; luego había otro recurso que complicaba el procedimiento. Al final, Aldasoro está donde tiene que estar, porque había cometido un grave delito.

Posiblemente ahora hemos vivido una situación en la que parece que se ha alterado un ritmo determinado en un procedimiento, pero yo les aseguro que deberíamos estar tranquilos. Tenemos que saber confiar en el funcionamiento de las instituciones francesas, policiales y judiciales, y yo estoy seguro de que se cumplirá la Ley estrictamente.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su primera pregunta, como usted mismo ha dicho, se trata de una iniciativa a título particular de un colectivo de personas que se sienten discriminados. En este sentido, no tiene por qué afectar ni al clima de relación con Convergència i Unió ni tiene ninguna vinculación directa ni comentario que pueda provocar por parte de este Gobierno.

En cualquier caso, el Parlamento tiene los medios suficientes para emitir un informe razonado y ecuánime al respecto. Pero no creo que debamos extrapolar y sacar otro tipo de conclusiones sobre esa cuestión.

En cuanto al recurso de horarios, también insistir en un aspecto, que es que lo que puedan ser diferencias puntuales no deben elevarse a la categoría o hacer parecer que cuestione la totalidad de un pacto, máxime de la importancia y de la claridad con que fue expuesto a la hora de la investidura. Por lo tanto, no creo que desde luego sea así. No cuestiona tal pacto.

Otra cosa es la opinión, evidentemente, que se tiene con respecto al fondo de la cuestión y con respecto a ese recurso. Evidentemente, y usted lo conoce bien, el Gobierno y el Estado tienen competencias sobre esa materia, que vienen dadas tanto por la Constitución --creo recordar que es el artículo 149--, como incluso precedentes que existen en el contexto del Tribunal Constitucional, sentencias que datan, si no me equivoco, del año 1993.

Evidentemente, cualquier formación tiene su derecho muy legítimo a iniciar procedimientos de ese tipo y, por supuesto, estaremos a lo que disponga en su momento el Tribunal Constitucional. Pero ni en el fondo existe un cambio de opinión por parte del Gobierno sobre la legitimidad de las actuaciones que así ha seguido, que, por encima de todo y por encima de recursos jurídicos a partidos, están dirigidas al beneficio de los consumidores, que yo creo que es lo importante a retener en estas cuestiones, ni debemos tampoco trasladar eso a una contestación directa a lo que puedan ser pactos de Gobierno.

P.- Para el señor Mayor Oreja. ¿Considera que su condición del Ministro del Interior es un plus o un demérito ante la sociedad vasca de cara a su candidatura a "lehendakari"?

Sr. Mayor Oreja.- Ya me la sabía ésa también. Yo creo que no hay ninguna novedad en ese sentido. Yo en estos momentos sólo soy Ministro del Interior y yo lo que he hecho es una reflexión, pero que la he hecho muchísimas veces. Es decir, yo estoy a disposición, en primer lugar, de los compañeros de mi partido en el País Vasco, porque son los que lo pasan mal, y, evidentemente, también a disposición del Presidente del partido, del Presidente del Gobierno y de lo que determine.

Únicamente lo que he hecho esta vez es la reflexión de que yo no tengo derecho a la comodidad, en el ámbito político, en la medida en que mis compañeros a veces se juegan la vida y a veces la pierden en el País Vasco. Y únicamente he mostrado y he reiterado una disposición personal de decir que, en la medida que ellos quieran y ellos deseen, y yo pueda resultarles algo útil en esta labor y en este esfuerzo, yo estaré siempre a disposición del partido.

P.- Abundando en este tema, señor Mayor Oreja, quería saber si tiene pensado hacer compatible esta doble condición de Ministro del Interior y de candidato a la "Lehendakaritza" hasta la convocatoria de las elecciones, cuando esto se produzca, en el País Vasco, o si en algún momento piensa abandonar su responsabilidad ejecutiva para dedicarse a la campaña o precampaña.

También mencionaba antes que habría ya algunos temas en los que podría haber acuerdos en el ámbito de la Junta de Seguridad del País Vasco. Quería que especificara, si es posible.

Sr. Mayor Oreja.- Hay una incompatibilidad moral clara entre un señor que está nombrado ya candidato y lo que puede ser un Ministro del Interior. El día en que se nombre el candidato del País Vasco, en el momento en que se nomine, es un disparate que sea Ministro del Interior. Pero es que en estos momentos no hay ninguna incompatibilidad. Yo soy una persona que, singularmente en estos momentos, está ayudando, fortaleciendo, una idea de alternativa política en el País Vasco, indispensable desde la Constitución y desde el Estatuto.

Yo no es que solamente crea que ésa es una labor compatible, es una labor exigible a un Ministro del Interior de España; exigible, no compatible. Porque yo lo he dicho más de una vez: cuando hay una ofensiva nacionalista, la política de Estado tiene que tratar de neutralizar la ofensiva nacionalista; no a los nacionalistas, la ofensiva nacionalista.

Respecto a la Junta de Seguridad, hay cuestiones de carácter técnico, de encaje, de diálogo, de relación, de comunicación, desde lo que pueden significar comisarías conjuntas, desde lo que pudiesen significar instrumentos de diálogo alrededor de Schengen, de lo que puede significar la participación dentro del ámbito de la Secretaría de Estado, de mecanismos de coordinación que mejoren la información de unas y otras Policías, que creo que podrían ser objeto de tratamiento en el seno de la Junta de Seguridad.

Yo creo que siempre hay razones para reunirse, siempre hay razones para trabajar; pero no solamente con el Gobierno vasco, sino en cualquier instancia europea. Imagínese que en un momento determinado yo considerase imposible reunirme en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Justicia e Interior, porque no avanzamos lo que queremos. Sería probablemente una barbaridad.

Sr. Cabanillas.- Muchas gracias.