Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo. Para darles cuenta de los detalles de dicho Proyecto de Ley nos acompaña hoy el Ministro de Justicia, don Ángel Acebes.

El Consejo también ha conocido un informe del Ministro de Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria; informe sobre cuyas líneas generales nos dará cuenta el propio Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, que, asimismo, nos informará sobre el contenido de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, conocida como la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo Proyecto ha sido remitido a las Cortes Generales.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a los Sectores Agrario, Pesquero y de Transporte. El objetivo de este Real Decreto-Ley es paliar el efecto negativo que ha tenido el alza del precio del petróleo sobre estos sectores y, además, profundizar en su liberalización y en su modernización.

El Real Decreto-Ley, que es consecuencia de los acuerdos a los que llegaron recientemente representantes de dichos sectores con los distintos Ministerios, recoge buena parte de las medidas; insisto, buena parte, porque unas están incluidas y otras, que han sido motivo de los acuerdos, tienen otro tratamiento distinto. En concreto, las que están son las que tienen carácter urgente y requieren de una norma con rango de Ley. Inmediatamente se irán incorporando a través de Órdenes Ministeriales o normas de rango inferior el resto de las medidas acordadas con los sectores agrario, pesquero y de transportes, incluyendo aquellas que no tienen repercusión presupuestaria.

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. La creación de este Observatorio, que da cumplimiento al mandato del III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de marzo de 1997, permitirá hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances de la situación de las mujeres españolas en los campos legal, educativo, sanitario y sociocultural.

El Observatorio también contempla un Banco de Datos actualizado que sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto de la Mujer. Se configura como un grupo de trabajo que tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de las mujeres respecto a la de los hombres y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos en plano de igualdad. Este grupo quedará integrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y será presidido por la Secretaria General de Asuntos Sociales.

Se ha aprobado un Real Decreto-Ley sobre evaluación de impacto ambiental. La nueva normativa, que modifica a la anterior disposición del año 1986, es más preventiva y exigente con los requisitos ambientales que deben cumplir todas las infraestructuras que se construyan en España. Con este Real Decreto-Ley, que ha sido consensuado por el Ministerio de Medio Ambiente con las Comunidades Autónomas, se transpone al ordenamiento jurídico español la actual Directiva europea en esta misma materia y se garantiza que todos los proyectos susceptibles de causar un impacto importante al medio ambiente sean estudiados y evaluados con criterios ambientales rigurosos en función de su naturaleza, su ubicación y las características del potencial impacto.

También se ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración plurianual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Ayuntamiento de Salamanca para la financiación de las actuaciones en infraestructuras culturales relacionadas con la celebración de la Capitalidad Europea de la Cultura en Salamanca en el año 2002. El coste total de dicha financiación, que se abonará a cargo de los Presupuestos de dicho Ministerio en los años 2001 y 2002, sobrepasará los 2.600 millones de pesetas.

En el capítulo de nombramientos, ha sido designada Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, doña Pilar Valiente Calvo, y Vicepresidente del mismo organismo, don Juan Jesús Roldán Fernández. Han sido nombrados Vocales del Patronato del Instituto Cervantes don Julián Marías y don Fernando Fernández Savater, que cubren las vacantes producidas por los fallecimientos de don Rafael Alberti y don José Ángel Valente. Ha sido designada Embajadora de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), doña Elena Pisonero Ruíz. También han sido nombrados Director General del Parque Móvil del Estado, don Pablo Fernández García; Director General de Estadísticas Económicas y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, don Mariano Gómez del Moral; y Director General de Estadísticas de Población e Información del mismo Ministerio, don Miguel Ángel de Castro Puente.

En lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno, hoy, como saben, en primer lugar, ha presidido el Consejo de Ministros y está de viaje ahora mismo a Mallorca, donde asistirá a las sesiones de trabajo del II Foro Formentor, que se prolongarán hasta mañana sábado.

El día 9, lunes, a primera hora de la mañana, viajará a Roma, para asistir al Foro Empresarial Italo-Español organizado por COFINDUSTRIA. El martes, día 10, a las once y media, asistirá a la presentación de la entrega de cuadros de Miró al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El miércoles 11, a las doce y media, asistirá, en la Granja de San Ildefonso, a la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes; a las nueve de la noche del mismo día, ofrecerá una cena al Presidente de la República de Paraguay, don Luis González Macchi. El jueves día 12, a las doce horas, asistirá, en la Plaza de Colón, al desfile que se celebrará con motivo del Día de la Fiesta Nacional y, por la tarde, a la recepción que ofrecerán SS.MM. los Reyes en el Palacio Real. Y el viernes 13, a las 8'45, viajará a Biarritz, para asistir al Consejo Europeo Extraordinario, que se prolongará hasta la mañana del sábado, día 14, en que regresará a Madrid.

Antes de pasarle la palabra a los señores Ministros y en relación con los sucesos acaecidos en la República Yugoslavia, el Gobierno español quiere expresar su total y absoluto apoyo al pueblo yugoslavo en su lucha por la libertad, así como a la posición mantenida por el señor Kostunica. Quiero reiterar nuestro llamamiento a que el legítimo cambio democrático se produzca en condiciones pacíficas y, desde la responsabilidad, expresar nuestra disposición favorable, dentro del contexto de toma de decisiones de la Unión Europea, al reconocimiento del nuevo Gobierno y a la plena integración de Yugoslavia en la Comunidad Internacional.

Sr. Acebes.- Efectivamente, tal y como ha adelantado el Ministro Portavoz, esta mañana, y tras recibirse en estos últimos días los informes oportunos y preceptivos, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para reforzar al Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo.

Como ya he tenido la oportunidad de manifestar, es un conjunto de medidas al que el Gobierno da la mayor importancia, porque pretende, de manera muy resumida, porque ya lo conocen, que debe de estar penado quien exalta al terrorismo o humilla a las víctimas o a sus familiares; pretende que no se pase de la cárcel directamente al escaño, o que los actos del terrorismo urbano que pretenden aterrorizar o atemorizar a los ciudadanos estén debidamente sancionados, o proteger a los concejales y a las Corporaciones Locales en su funcionamiento democrático frente a los actos que pretenden gravemente impedírselo.

En definitiva, lo que trata este conjunto de medidas es que en un Estado de Derecho quien tiene que sentirse perseguido sea el terrorista y no los ciudadanos. Éste es el objetivo compartido por todos aquellos con los que se llegó a un acuerdo para compartir los fines y los medios que se recogen en este conjunto de medidas y que ha sido también compartido y avalado por todos los organismos e instituciones que han evacuado los correspondientes informes.

Creo que, en definitiva, puede concluirse que esta reforma viene avalada por las tres instituciones que han emitido informes: el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Se comparten, y así expresamente se menciona, los objetivos, la constitucionalidad y la necesidad de adoptar estas medidas. Y quiero aprovechar para agradecer sinceramente las aportaciones y los comentarios que se han realizado en cada uno de los informes.

Se realizan algunas observaciones en cuanto a mejoras técnicas, algunas de las que ya han sido incorporadas al texto. Fundamentalmente, quiero destacar, porque muchas de ellas son cuestión, insisto, de matiz técnico, en cuanto a las Corporaciones Locales, en la pretensión, que decía anteriormente, de proteger frente a las perturbaciones gravemente, que hemos recogido la matización que se proponía desde algunos de estos informes de que quedase absolutamente claro cuál era el objetivo que se pretendía.

Por ello, al texto inicial que era "incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembro de la Corporación Local, perturben de forma grave el orden de sus plenos", hemos incorporado la frase: "impidiendo el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas". Por lo tanto, creo que con ello queda absolutamente delimitado cuál es el objeto de la reforma y cuál es el bien jurídico que se trata de proteger.

También algunas otras incorporaciones, insisto, de matiz técnico, en cuanto al artículo 577, a los daños, y también precisar el alcance del incendio cómo se recoge en el artículo 266 de la reforma. Pero, insisto, son reformas de matiz puramente técnico.

Hay una cuestión que ha sido tratada y abordada esencialmente, y que ha merecido una reflexión por parte de los tres informes, que es la relativa a los menores, tanto al tramo de edad como a diversas consideraciones respecto al alcance, a la extensión o a los límites de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Nosotros consideramos, y éste ha sido el objeto de la reflexión esta mañana también en el Consejo de Ministros, que estas reflexiones o los matices que proponen eso desde su diversidad y desde propuestas diferentes, que además proponen, en su caso, enfoques diversos y medidas distintas, deben de ser incorporados a la reflexión que hagamos en el Parlamento.

Ésta ha sido una reforma que desde el primer momento pretendimos que fuese consensuada, acordada y dialogada. Así lo hicimos con los Grupos Parlamentarios en los objetivos que, cuando ya se presentaron en el primer informe y en el primer texto articulado, eran compartidos por los Grupos o por la mayoría de los Grupos Parlamentarios. Creemos que, por tanto, debe de ser en este ámbito en el que podamos incorporar estas reflexiones para, dentro de los distintos enfoques que se proponen, llegar a un texto en sede parlamentaria acordado y consensuado, como procede en un proyecto de estas características.

En definitiva, si el objetivo que sigue informando todos y cada uno de los proyectos, de las propuestas, de las medidas y de los Grupos Parlamentarios es que el Estado de Derecho responda ante el terrorismo con la Ley y con todas las posibilidades que da el Estado de Derecho, estoy absolutamente seguro y convencido de que en el Parlamento llegaremos a un acuerdo, a un amplio consenso, sobre esta reforma importante y que, al compartirse los objetivos, estoy seguro de que las propuestas y los matices técnicos seremos capaces de incorporarlos.

Sr. Montoro.- Como es sabido, el Gobierno la semana pasada presentó en el Congreso de los Diputados un Presupuesto General del Estado, junto al de la Seguridad Social, que por primera vez en la historia de la democracia española alcanza el equilibrio. Hoy, una semana después, el Consejo de Ministros ha conocido el informe sobre lo que será en nuestro país una futura y ya cercana Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Es un informe, por tanto, que avanza en una iniciativa política muy importante para garantizar que la estabilidad presupuestaria que se consigue en España, a partir del Presupuesto General del Estado del año 2001, permanecerá de manera estable entre nosotros. De esa forma, la estabilidad presupuestaria se convertirá en el mejor escenario económico para seguir promoviendo en nuestro país el crecimiento económico, el acercamiento de nuestro nivel de desarrollo al que tienen los países más avanzados de la Unión Europea y, sobre todo y especialmente, la creación de empleo; una creación de empleo que en la actual evolución económica, la del año 2000, sigue siendo muy importante, como avalan las cifras de afiliación a la Seguridad Social hechas públicas hace dos días, donde, como ustedes recuerdan, el incremento de afiliados nuevos a la Seguridad Social en el mes de septiembre ha vuelto a registrar un avance del orden de más de 150.000 afiliados.

El Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria arranca de lo que es la propia experiencia española, en tanto que, a medida que hemos reducido el déficit público hasta su práctica supresión, lo que hemos hecho ha sido garantizar las condiciones objetivas para un crecimiento sano y creador de empleo en nuestro país. También todo el ánimo, el espíritu, de esta nueva Ley está fijado en el compromiso que para España supone el euro: la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria europea. De manera que de ese compromiso se deriva una obligación manifestada en conseguir alcanzar pronto la estabilidad presupuestaria y permanecer en esa estabilidad presupuestaria durante largo tiempo, de cara a ese futuro.

La nueva ley, en su ámbito objetivo de aplicación, involucra al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales, por tanto, a los Ayuntamientos, y a los entes empresariales públicos; es decir, prácticamente todo el sector público estaría dentro de su ámbito objetivo. De forma que es una ley de garantía, es una ley de seguro, del equilibrio presupuestario que estamos a punto de alcanzar. En ese sentido, esta ley es una auténtica caja fuerte del equilibrio presupuestario, de forma que la llave de esta caja fuerte estará guardada por esta ley.

Esta ley, en definitiva, es la garantía de que realmente la sociedad española obliga a todas las Administraciones, y de esta forma se obliga a sí misma, a la gestión prudente de los bienes públicos, de forma que, cuando próximamente el Parlamento apruebe esta ley, el equilibrio presupuestario se convertirá en España en una referencia normativa general y, de esta manera, el equilibrio presupuestario será el nuevo escenario de largo plazo para la economía española.

Con esta ley reforzamos la confianza de los agentes económicos y de los ciudadanos en general, y con esta ley elevamos las expectativas de los emprendedores y de los inversores. Con la Ley de Estabilidad España seguirá ganando crédito en el mundo; la economía española aparecerá como más segura, más previsible y más estable. Y gracias a esta ley, en definitiva, mercados financieros y empresas encontrarán en la economía española nuevos y fuertes estímulos para localizar en nuestro país sus actividades y sus inversiones de largo plazo.

Con esta ley cumplimos sobradamente el compromiso comprometido, valga la redundancia, con la Unión Europea dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e incluso podemos decir que, realmente, España lo que hace es incrementar su contribución a la estabilidad de Europa, a reforzar la propia credibilidad del euro; una contribución que es, desde luego, oportuna, buena para Europa, pero también lo es oportuna y especialmente conveniente para España.

Es desde el convencimiento que tiene el Gobierno en la política económica de estabilidad desde donde se diseña esta ley y es, insisto, en definitiva, una derivada de nuestra propia experiencia, que nos ha demostrado que, a medida que avanzamos en la política económica de estabilidad, lo que estamos es reforzando nuestra prosperidad y estamos contribuyendo a la lucha contra el paro.

España con esta ley se sitúa en el grupo de cabeza de los países desarrollados. Solamente Estados Unidos y Suecia tienen ahora normas de estabilidad semejantes. Estamos convencidos de que no tardarán en sumarse otros países, pero vendrán, una vez más, detrás de nosotros. España va a ser el primer país de la zona del euro que va a consagrar legislativamente la estabilidad económica.

Esta ley incorpora unos procedimientos presupuestarios nuevos en nuestro país, que voy a tratar de resumirles, puesto que, obviamente, todavía estamos al comienzo de su tramitación y, por tanto, también estamos sujetos a las negociaciones pertinentes con las otras Administraciones Públicas en cuanto a la conformación definitiva de la Ley.

Sus principales rasgos instrumentales de cambio de procedimientos puedo resumírselos de la siguiente manera:

En el primer cuatrimestre del año el Gobierno fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria que se refiera a los tres ejercicios siguientes, de manera que ahí, en esa fijación de objetivo, el Gobierno establecerá un límite máximo para la evolución del gasto en los ejercicios siguientes, especialmente en el siguiente ejercicio presupuestario.

Ello se plasmará en un acuerdo del Consejo de Ministros que se enviará a las Cortes Generales; acuerdo que, obviamente, está comprometiendo ya la situación de equilibrio, en el sentido de lo que hemos llamado, yo creo que ya vulgarmente, déficit cero -es una expresión que ha hecho fortuna, porque es una contradicción en sí mismo terminológica--; pero, en definitiva, el desequilibrio presupuestario o bien superávit. Ese acuerdo --decía-- se enviará a las Cortes Generales para su debate y aprobación, de manera que el procedimiento presupuestario queda más ampliado, puesto que ya en el primer cuatrimestre tendrá lugar un primer debate presupuestario en las Cortes Generales.

A este acuerdo le acompañará el cuadro macroeconómico de horizonte plurianual contenido en el Programa de Estabilidad y Crecimiento del Reino de España, de forma que siempre este procedimiento presupuestario nuevo está ensamblado con la presentación actualizada del Programa de Estabilidad y Crecimiento del Reino de España ante las autoridades comunitarias. Obviamente, como ustedes conocen, realmente ya en ese programa se hacen también referencias amplias y, en definitiva, referencias al conjunto de las Administraciones Públicas.

También el Consejo de Ministros fijará en el citado acuerdo el límite máximo de gasto no financiero, previo informe por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado partirá de la asignación realizada por el acuerdo de Consejo de Ministros y aprobado en Cortes, de manera que es la fase más parecida al procedimiento presupuestario actual. Y, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria del Estado o de la Seguridad Social presentase una situación de déficit, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan para corregir los desequilibrios. Además de justificar y explicar el porqué de esos desequilibrios, el Gobierno remitirá un plan de corrección de tales desequilibrios.

Si la liquidación presupuestaria se sitúa en una posición de superávit, esta liquidación, la correspondiente a la Administración General del Estado, se dedicará prioritariamente a reducir el endeudamiento público; y, en el caso de Seguridad Social, se dedicará también prioritariamente a la constitución de un Fondo de Reserva, siempre, en ambos casos, obviamente, a partir de la fecha de entrada en vigor de lo que sería el nuevo Presupuesto a raíz de esta nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En caso de desequilibrio de entidades dependientes de la Administración del Estado, éstas deberán elaborar y elevar un informe de gestión sobre las causas que han provocado esa situación y un plan de saneamiento para alcanzar el equilibrio.

Las Comunidades Autónomas también respetarán el objetivo de estabilidad fijado anualmente, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será el órgano, en definitiva, que velará por la vigencia de la estabilidad presupuestaria en el ámbito de las Comunidades Autónomas, de manera que será el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera el órgano que concretará el objetivo para cada Comunidad Autónoma.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de dicho objetivo, las Comunidades Autónomas deberán, en el ámbito competencial que les es propio, dictar las normas y realizar las actuaciones administrativas que en cada caso se consideren necesarias. Este sistema se complementará con el establecimiento de un procedimiento adecuado de suministro de información y con el deber de elaborar un plan de corrección del déficit en caso de desequilibrio. La autorización por el Estado del endeudamiento de las Comunidades Autónomas se supedita al cumplimiento del escenario de estabilidad o del plan de corrección del déficit previamente aceptado.

También las Corporaciones Locales vendrán obligadas a cumplir con el objetivo de estabilidad, estableciéndose, también en este caso, sistemas de suministro de información y de control de endeudamiento; control de endeudamiento que, como ustedes saben, ya establece nuestra normativa, la actualmente vigente.

El proyecto es que realmente tengamos una ley que entre en vigor el 1 de enero del año 2002, de forma que hoy iniciamos, a través de este informe al Consejo de Ministros, su tramitación, tanto dentro de los ámbitos del Gobierno, como su consulta con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para que podamos, efectivamente, tenerla aprobada en la primera mitad del año próximo, 2001, y, por tanto, ejerciendo plenamente sus funciones a partir del 1 de enero del año 2002.

Éste es, en resumen, el nuevo procedimiento que se abre a partir de este informe.

En cuanto a la Ley de Acompañamiento, ya la hemos explicado en reiteradas ocasiones. Yo destacaría, en primer lugar, por supuesto, que ha sido en el día de hoy en el que el Consejo de Ministros aprueba su remisión formal, tras la consulta pertinente a todos los órganos, a los que era obligado por Ley, por procedimiento establecido, su consulta, de los que realmente se ha recibido el beneplácito. Por tanto, el Consejo de Ministros no ha tenido que introducir ninguna modificación práctica sobre los textos anteriormente elaborados, difundidos y explicados a los medios de comunicación y a la opinión pública en general.

Les voy a destacar que en el ámbito fiscal hay dos medidas estrella de esta Ley. La primera es la ampliación a los trabajadores autónomos del sistema de deducción fiscal para que se incorporen en su actividad económica lo más rápidamente posible a la Sociedad de la Información; es decir, para la adquisición de ordenadores, de programas informáticos, para que puedan deducir los gastos de acceso a la red, para que puedan, en definitiva, incorporarse a las nuevas tecnologías como forma de actividad.

También, junto a esta medida, destacarles, una vez más, la importancia que tiene la supresión de los impuestos derivados de la cancelación de hipotecas, de manera que es un abaratamiento para muchos españoles que, por ejemplo, promueven la venta de su vivienda y, por tanto, van a llevar adelante su cancelación para cambiarse a otra vivienda, para adquirir una vivienda mejor, aprovechando las condiciones hipotecarias.

Eso, junto a cambios, a reordenamientos administrativos significativos, como ustedes ya conocen. Yo creo que, ciertamente, es muy conocida y más bien, si tienen alguna consulta, con mucho gusto la atiendo.

P.- Para el Ministro de Justicia tenía una pregunta. Usted ha comentado que el Gobierno ha preferido dejar en manos del Parlamento las reflexiones de los tres órganos consultivos, de la Fiscalía, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, en torno a la reforma de la Ley del Menor. Me gustaría saber, puesto que todos son bastante coincidentes, aunque hay matices entre ellos, qué tipo de reformas está dispuesto a introducir el Gobierno en el trámite parlamentario en cuanto al tratamiento de los menores en esta reforma.

Sr. Acebes.- No todos son coincidentes. Las propuestas y las reflexiones que se realizan, tanto en cuanto a alcance como a extensión, a límites, incluso las propuestas. son diferentes entre unos y otros. El Gobierno --desde el primer momento me lo han oído ustedes decir-- pretende conseguir unos determinados objetivos con esta reforma, y eso es lo que hay que salvaguardar y ése es el límite. Son aquellas cuestiones de matiz técnico y aquellas reflexiones que puedan llevar a un grado de consenso respecto a esta cuestión a lo que estamos abiertos a hablar y a consensuar en el Parlamento; pero quedando claro que siempre los objetivos y los medios que propone la reforma es lo que va a seguir sosteniendo el Gobierno, porque son el fundamento de la misma y que, con carácter general, han sido aceptados y avalados por los tres informes.

P.- Le quería preguntar al Ministro Acebes si es un matiz técnico, por ejemplo, la propuesta del Consejo de Estado de reducir las penas o eso afecta a los objetivos. Me refiero al caso de los menores.

Sr. Aceabes.- Generalmente, casi todas son cuestiones de matiz técnico y otras son reflexiones, más que una propuesta concreta. En lo que se refiere a objetivos, vamos a intentar, lógicamente, mantener la posición que hemos venido defendiendo en todas ellas.

Respecto al tratamiento de los menores y, en concreto, quizá, la reflexión centrada en cuanto al tramo de los 14 y de los 15 años, entendemos que ya el propio Proyecto recoge una diferenciación respecto al tramo 16-18 años, porque el Proyecto del que hoy se ha aprobado su remisión al Congreso de los Diputados ya prevé que en los 14 y 15 años las medidas que acuerde el juez podrán ser variadas, suspendidas, modificadas, en cualquier momento; y, sin embargo, en el tramo superior, es decir, el tramo de 15 a 18, sólo cuando se haya ejecutado la mitad del tiempo de la medida acordada.

Ésta es una modificación respecto a la Ley actualmente en vigor realmente importante y que recoge ese espíritu y esa reflexión, entendemos, que hacen algunos de los informes, que es la diferenciación por tramos, que es que, si se acuerda por el juez una medida de internamiento en un centro cerrado, el juez, con el equipo y el asesoramiento del equipo técnico, en cualquier momento, para los de 14 y 15 años, puede acordar su suspensión o su modificación, en cualquier momento; sin embargo, sólo cuando ha transcurrido la mitad del cumplimiento de la pena se puede hacer en el tramo siguiente de 16 a 18 años.

Por lo tanto, éstas son las medidas, que nosotros también incorporaremos a ese debate parlamentario a la hora de defender esa consideración que se hace desde las distintas propuestas. Y, en concreto, también en la reflexión que hacía respecto al tiempo, a los diez años, vale parte de lo que acabo de decir. La medida que en estos momentos se incorpora al Proyecto de Ley es que el Juez de Menores puede acordar hasta diez años, pero, para el tramo de 14 y 15 años, en cualquier momento puede acordar su modificación o su suspensión; es decir, no son iguales, por lo tanto, ambos tramos.

Ésta es la reflexión que nosotros pretendemos incorporar y debatir en el debate parlamentario. ¿Desde qué predisposición? De estar abiertos a una solución que, si puede conciliar los objetivos con las propuestas que se realizan desde el Consejo del Poder Judicial y el resto, y también lo que tengan que proponer los Grupos Parlamentarios, porque, evidentemente, hay distintos enfoques, alcanzar un consenso desde el compartir objetivos.

P.- Señor Montoro, he oído antes que han nombrado Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña Pilar Valiente. Quisiera saber cuáles han sido los valores o los méritos que han coincidido en ella. También saber si el señor Fernández Armesto había declinado seguir en el cargo o ha sido el presunto escándalo del señor Villalonga de este verano.

Una segunda cuestión. Ayer se comentó que la bombona de butano posiblemente subiría bastante. ¿Tienen ustedes algún tipo de previsión?

Sr. Montoro.- En realidad, me dirige usted una pregunta relativa a nombramientos que, si yo no hubiera estado aquí sentado esta mañana, la contestaría muchísimo mejor el Ministro Portavoz. Yo hablo de mi ámbito, me refiero. Me pregunta por un nombramiento que corresponde al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, porque es el ámbito y, por tanto, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ese sentido, no es mi ámbito.

Eso no empece para que yo, por supuesto, explique ante los medios que realmente estamos hablando de un nuevo presidente, en este caso una presidenta, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que realmente es una excelente profesional, en primer lugar, de la Función Pública; una persona altamente cualificada y que ya llevaba años trabajando como miembro del Consejo de la Comisión; por tanto, quiero decir que reúne todos los requisitos que marca la Ley, incluida, desde luego, la propia experiencia profesional en el ámbito de la Comisión. Los años de ejercicio le han dado esa labor de conocimiento.

Por lo demás, en lo que se refiere a lo que es la sustitución, es evidente que no voy a dar ningún detalle, sencillamente, porque carezco del mismo. Yo he leído en los medios de comunicación que en el caso del anterior Presidente, el señor Fernández Armesto, que también ha realizado una excelente labor en estos años en cuanto a lograr y avanzar en la transparencia y en la mejora de la calidad de nuestro Mercado de Valores en general, esa labor se ha visto finalizada también por una disposición suya.

Él dirigió una carta al propio Presidente del Gobierno; pero, insisto, es algo de lo que he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, y mi despedida de él ha sido una despedida... En mi condición anterior, como Secretario de Estado de Economía, he tenido muchas ocasiones de estar trabajando conjuntamente, puesto que entraba dentro de mi ámbito de responsabilidad. Y en ese terreno, por lo demás, ha sido extraordinariamente cordial y afectiva su despedida, como no puede ser de otro manera, después de la excelente labor profesional que ha realizado.

Pero me refería que es que me preguntan por un nombramiento que no me corresponde a mí. Eso quería decir; no era otro tipo de razón. Me refería a que, como explica tan bien los nombramientos el Ministro Portavoz, lo que no quería era sustraerle. Si él lo hacía, yo encantado de que lo hiciera, como el otro día lo hizo también respecto de otro tipo de nombramientos en el área económica, que yo vi a través de los medios, e hizo espléndidamente esa presentación de los profesionales. O sea, que no le quería sustraer.

En relación con la bombona de butano, en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económica, la aprobamos ayer; pero vuelve a no ser un ámbito de mi responsabilidad, pero sí, soy miembro de la Comisión Delegada, para entendernos. Estas cosas las llevaba yo antes, como ustedes conocen, como Secretario de Estado de Economía.

Lo que aprobó la Comisión Delegada fue una fórmula de revisión del precio distinta de la anterior, fórmula anterior que había caducado, como ustedes conocen, al cabo de un año de vigencia y es en el mes de octubre donde realmente se producía la finalización de ese año. La fórmula aplicada por el Departamento de Economía es una fórmula que lleva a un límite en el precio de la bombona inferior a lo que hubiera sido la fórmula anterior, por una actualización o un contenido de parámetros, que, en definitiva, tienen en cuenta la cotización internacional de la materia prima y, por supuesto, los diferentes costes, incluido los costes de comercialización y de distribución.

Lo que se estableció ayer, por tanto, es la vigencia de una nueva fórmula; vigencia que llega a determinar una cuantía máxima en función de la que la empresa decidirá esa subida haciendo uso o no de esa cuantía máxima o distribuyéndola en el tiempo. Eso es lo que se aprobó en la Comisión Delegada; por tanto, a partir de ahí, expresar el convencimiento de que se hará en toda forma una subida gradual, moderada, que es lo que corresponde a la situación actual de presión alcista de los precios de la energía en España.

Pero no quiero que mis palabras se entiendan como una recomendación a nadie. Ésta fórmula entrará en vigor y, por tanto, la fórmula está vigente con los parámetros de actualización; aunque eso, obviamente, no significa, ni mucho menos, que el precio de la bombona vaya a subir de repente hasta el máximo que establece esa fórmula.

P.- Para el Ministro de Hacienda, saber si el hecho de supeditar la autorización de emisión de deuda pública por parte de las Autonomías a que éstas cumplan la estabilidad presupuestaria, es decir, cero, es un punto irrenunciable de esta futura ley, de esta nueva legislación o puede ser objeto de negociación, incluso de desaparición, durante las negociaciones con las Autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para el Ministro Portavoz, que me hiciera una valoración global de cómo ha ido el debate de política general en Cataluña, centrado en dos puntos: en primer lugar, el apoyo explícito que ha dado el Presidente de la Generalitat a la Constitución y la apuesta del jefe de la oposición, del señor Maragall, por una reforma estatutaria.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en relación con el planteamiento de deuda, lo he tratado de explicar con mucho resumen, obviamente. He tratado de sintetizar al máximo, pero quiero, y aprovecho su pregunta, explicarlo algo más. No se trata de que en la Ley vayamos a establecer ya a priori un mecanismo de control de deuda más allá de lo que ya se establece en la legislación vigente. Las Comunidades Autónomas ya tienen ese régimen y esos máximos de endeudamiento. No vamos a cambiar esto.

Lo que pretendemos en la nueva ley es que, una vez manifestado un incumplimiento de déficit y, por tanto, puesto en marcha un procedimiento de saneamiento, ahí es donde corresponde ejercer un control adicional de deuda para garantizar que una Comunidad Autónoma pueda volver enseguida a la senda del equilibrio presupuestario. Éste es el planteamiento y, por tanto, es algo que también tenemos que tratar y discutir con las Comunidades Autónomas; pero no se trata, insisto, y lo descartamos, de la introducción de un mecanismo automático más o discrecional más por parte de la Administración del Estado. No es eso.

En definitiva, usted sabe que el equilibrio presupuestario donde realmente se acaba contrastando es en la evolución de la deuda de una Administración; ése es el auténtico equilibrio presupuestario. Pues bien, lo que he querido decir, y de ahí mi resumen, es que, en el caso de que se produzcan desviaciones y, por tanto, haya que aplicar en una Comunidad Autónoma un plan de devolución de esa Comunidad Autónoma, que sería el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera el que lo aplicaría, realmente lo que haríamos es llevar adelante ese control de deuda como garantía del plan de saneamiento, del plan de equilibrio presupuestario.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta, las intervenciones de los partidos en sí mismas, si me permite, voy a evitar comentarlas, y me centraré en dos puntos fundamentales. El primero, que ya he repetido aquí en varias ocasiones: la comunidad de principios en lo fundamental que existe entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat o incluso, si me permite, Convergència i Unió. Prácticamente, cada vez que se plantea una cuestión de trascendencia --y no quiero con ello minimizar las otras cuestiones, pero yo creo que todos somos conscientes de cuáles son las que traen consecuencias de mayor calado-- existe un trabajo en común y existe una voluntad común por la gobernabilidad de Cataluña. En el contexto del Partido Popular, evidentemente, ya así se expresó estos últimos días: trabajar, por un lado, desde ese congreso hacia una voluntad de Gobierno; pero, al mismo tiempo, desde una idea de garantía de gobernabilidad.

Por lo tanto, insisto, se ha subrayado algo en lo que creíamos, en lo que estábamos convencidos y nuevamente ha quedado expresado.

También ha habido una segunda conclusión, que está muy ligada a su pregunta. Cuando el programa de un Gobierno, sobre todo del Gobierno central, se plantea, tiene un a priori fundamental, que es que tiene que ser unitario, tiene que ser un proyecto nacional. En el régimen en el que nosotros vivimos, en un régimen parlamentario, es muy importante una postura también homogénea, también nacional, también de alternativa nacional, por el principal partido de la oposición, porque precisamente de esa claridad y de ese carácter constructivo de esas dos posturas de cara a los ciudadanos es de donde salen los mayores beneficios, con toda probabilidad.

Por lo tanto, sí ha habido ese elemento al que usted hace referencia de una propuesta de resolución en la que se habla de una modificación del Estatuto --y creo citar literalmente-- y, si procede, de la Constitución. Puesta en el contexto de otras iniciativas dentro de ese mismo partido, evidentemente, lleva a una cierta perplejidad o a una cierta sorpresa, como lo quiera usted llamar. Prácticamente coincidiendo en el tiempo, incluso casi en las horas, había una defensa esperada, agradecida y sentida, tanto de la Constitución como del Estatuto, desde el Partido Socialista de Euskadi.

Por lo tanto, aquí hay un problema de mensaje, una necesidad de clarificación, que para un Gobierno y para la sociedad es necesario que se produzca, precisamente por lo que le he dicho antes, por esa conjunción de esos dos factores: de la gran alternativa que puede plantear un primer partido de la oposición y la gran realidad que significa el programa de un partido que está en el Gobierno en ese momento.

P.- Yo quería preguntarle al Ministro de Hacienda si la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé algún tipo de mecanismo sancionador para aquellas Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales que no cumplan sus compromisos de déficit. También si la Ley de Estabilidad Presupuestaria afecta a las televisiones públicas y, por tanto, si la solución para Radiotelevisión Española pasa por esta Ley.

Me gustaría saber también en qué medida condicionará a dos de los compromisos del Gobierno para esta legislatura, como son el nuevo modelo de financiación autonómica y el Pacto Local, y si estamos hablando de una norma que podría equipararse a una ley general presupuestaria o no.

Sr. Montoro.- En primer lugar, debo reiterar que la relación entre Administraciones hay que establecerla desde el principio de cooperación y, por tanto, en una ley tan importante como la que hoy ha sido informada en el Consejo de Ministros y, por tanto, para entendernos, comienza a rodar, comienza a ser tramitada, lo que yo debo insistir esta mañana es que el ánimo del Gobierno es el de dialogar con las Comunidades Autónomas, con las Corporaciones Locales, para asentar plenamente y cómodamente esta ley.

Por tanto, realmente, entre Administraciones Públicas el concepto de sanción no tiene mayor sentido. Yo comprendo que sea fácil para la comprensión en general de determinada clase de relación; pero no estamos las Administraciones Públicas para sancionarnos unas a otras, estamos para colaborar en objetivos que son comunes, como es el de la estabilidad presupuestaria, que es un objetivo compartido y común, es un objetivo del Gobierno, es un objetivo del Gobierno autonómico, es un objetivo de los Gobiernos locales.

Por tanto, lo que sí tenemos delante es todo. Desde la responsabilidad que significa el compromiso de la Unión Económica y Monetaria, sabemos que existen unos procedimientos en esa Unión Economía y Monetaria, como ustedes conocen, que son los procedimientos que se llaman técnicamente de aplicación de déficit excesivos, de corrección de déficit excesivos. En el supuesto de que un país, miembro de esa Unión Económica y Monetaria, es decir, del euro, incurra en déficit excesivos, existen unos procedimientos correctores de esos excesos; por tanto, como país, estamos sujetos a esos procedimientos.

Y es bueno también que en esa relación de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, en un país tan descentralizado administrativamente como es España; en un Estado de las Autonomías pleno, como es España, donde realmente el porcentaje de gasto en mano de los Gobiernos autonómicos y locales es muy alto; es también pertinente que el espíritu y el régimen imperante en la Unión Económica y Monetaria también se traslade a esos ámbitos autonómicos y locales, puesto que, igual que todos hicimos un esfuerzo para fundar el euro, para ingresar en el euro, un esfuerzo que ha resultado tan positivo, también todos tenemos que estar bajo las mismas reglas, incluso, aunque no sea jurista del Gobierno, dentro de la misma Ley, para entendernos, porque son unos preceptos que tienen categoría superior en cuanto a las posibilidades de España de incurrir o no --de España, me refiero del conjunto de las Administraciones Públicas-- en ese déficit público y sus mecanismos de corrección.

Por tanto, yo en este momento quiero insistir en que en esta idea fundamental no es el momento de hablar de sanciones para nadie, y menos el momento para hablar de que nadie vaya a sancionar a nadie; ése no es el lenguaje correcto. De lo que tenemos que hablar es de una ley que tiene que ser participada por todos, es una ley para todos y es una ley que realmente traslada el compromiso de la Unión Económica y Monetaria al conjunto de las Administraciones Públicas españolas, estableciendo los mecanismos correctores a los que me refería; exigiendo esos planes de saneamiento; en todo caso, controles de endeudamiento, para garantizar esa vuelta al saneamiento, y, a partir de ello, hacer partícipe a todos de la misma responsabilidad.

Realmente, he insistido en que la Ley afecta a los entes públicos empresariales y, por tanto, en esa definición de entes públicos empresariales, efectivamente, caben determinadas organizaciones y otras, que son más empresas públicas, ya no caben o no entran ahí.

Entonces, la definición de empresa pública, que usted conoce, en Contabilidad Nacional, es la de que, para ser calificada en Contabilidad Nacional, esta empresa tiene unos ingresos procedentes del mercado que equivalgan al 50 por 100 del total de su facturación, por decirlo de una manera muy imprecisa, pero yo creo que bastante clara. Ése es un terreno en el que se sitúan, por tanto, empresas públicas que no estarían dentro de esa ley y, sin embargo, otras, que son realmente entidades públicas empresariales, que son las que quedan agrupadas en SEC 95, dentro del ámbito de Administraciones Públicas, estarían completamente dentro de esa ley.

P.- ¿Esto va a condicionar usted, de alguna manera, la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y del Pacto Local?

Sr. Montoro.- No; condicionarlo, en absoluto. Es que la financiación autonómica, la revisión del modelo, que es una revisión que acometeremos una vez superado el debate de Presupuestos y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, realmente lo que hace es promover, garantizar, los recursos financieros que llevan a esta estabilidad. La cuestión es también que esos recursos financieros se correspondan con un límite de gasto, de manera que siempre estemos hablando de estabilidad presupuestaria, entendiendo por desaparición del déficit o, incluso, situación de superávit, deseable situación de superávit. Eso no es condicional; eso es, realmente, en definitiva, fijar las condiciones y la situación de un nuevo modelo para garantizar el acceso a ese equilibrio presupuestario.

La Ley General Presupuestaria, tiene razón, es una ley que sucederá a ésta; a la Ley General Presupuestaria le sucederá, efectivamente. El Gobierno, en pocos meses, posteriormente, después de la aprobación de esta Ley, remitirá al Congreso y, por tanto, completará también todo el ordenamiento presupuestario de nuestro país, en forma de una Ley General Presupuestaria, que es la que fijará definitivamente los procedimientos presupuestarios en España.

P.- Señor Montoro, quería saber a cuánto ascienden las ayudas pactadas con los pescadores, por un lado, y agricultores, por otro. Que me las precisara, si puede.

Sr. Montoro.- La cifra que he visto publicada ayer, y que logró gran difusión, yo creo que es una cifra correcta, una estimación correcta, de lo que ha supuesto el esfuerzo fiscal y presupuestario a favor de los sectores estratégicos, agricultores, pescadores, transportistas, con los que ha habido una negociación a lo largo de estas últimas semanas. Ahora le explico también en un momento que la cifra no se puede precisar exactamente hasta que no tengamos liquidaciones, pero estamos hablando del orden de unos 120.000 millones de pesetas.

El Real Decreto-Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros hoy, obviamente, es una parte; sólo puede referirse a una parte de lo que son los acuerdos. Es la parte de los acuerdos que exigía un cambio normativo, el cambio con rango de Ley, quiero decir, y de aplicación inmediata. Hay otra parte que discurrirá por Órdenes Ministeriales de los diferentes Departamentos, desde luego, del Ministerio de Hacienda, donde van a nacer esas Órdenes Ministeriales, y con un inevitable protagonismo, puesto que buena parte son de contenidos fiscales, y también sin excluir la propia utilización de la Ley de Acompañamiento para aquellas medidas fiscales cuya entrada en vigor es el 1 de enero del año 2001, y donde tampoco tiene sentido que vayan en forma de Decreto-Ley, puesto que no van a entrar en vigor hasta el año 2001.

Por tanto, realmente, de ese total de unos 120.000 millones, que es una cifra relativamente aproximada, exacta incluso, parte se ha tomado la decisión de implantarla en este Real Decreto-Ley, pero parte, obviamente, va a utilizar otros vehículos de aplicación.

En todo caso, decirles también que, como ustedes conocen, bastantes medidas, son desgravaciones fiscales cuyo coste, por tanto, depende del uso que se haga de las mismas, de la intensidad con que se haga. Lo que se ha hecho es una estrategia de modificación de tributos, de reforma fiscal, que es una doble estrategia: ha sido para compensar los costes de la subida de la energía en estos sectores, pero también hemos introducido medidas de modernización de esos sectores, que son estímulos, son desgravaciones fiscales. Por tanto, el uso más o menos intenso determinará la cuantía exacta: cuanto más uso, mayor será, para entendernos, el coste fiscal; pero también es mayor el efecto de la medida, y eso en ese sentido es positivo, porque lo que estaremos haciendo es impulsar la modernización de esos sectores.

De eso hemos tratado en esta negociación. No hemos tratado sólo de la compensación directa de la subida del precio del gasóleo; hemos tratado también de impulsar la modernización de estos sectores, y de ahí vienen medidas, que yo creo que son muy importantes --algunas de las que ya están en el propio Decreto-Ley ya son esas medidas--, que realmente son medidas de auténtica modernización del sector, en el caso del transporte, mejora de las condiciones de acceso de discapacitados a los medios de transporte; medidas que realmente van orientadas, van dirigidas, a estimular la modernización del propio sector.

Por tanto, no hay ningún problema, ningún reparo, en decir que, para entendernos, ojalá se usen mucho instrumentos, porque eso será exponente de la mayor eficacia de las medidas que hemos aprobado a lo largo de estas negociaciones.

Sr. Cabanillas.- De todas maneras, si quiere el detalle, como son las que se han venido anunciando estos días, por un lado, y también publicando, tenemos varios documentos que las especifican.

P.- Un poco de jaleo con las cifras, porque de los pescadores se decían que eran 10.000 millones, pero luego en la negociación se ampliaron las medidas...

Sr. Cabanillas.- Si no le importa, lo digo por acelerar un poco; son muy detalladas y, por supuesto, a la salida le damos la lista completa con cada una de las partidas.

P.- Quería saber qué valoración hace el Gobierno de la decisión de la Xunta de pasar a públicas las Fundaciones sanitarias privadas que tenía en marcha.

Sr. Montoro.- No conozco esa decisión de la Xunta.

P.- Para el Portavoz. ¿Qué opinión tiene el Gobierno de la decisión del "Lehendakari" Ibarretxe de seguir gobernando en minoría los próximos meses?

Sr. Cabanillas.- Si me permiten, no voy a circunscribirme solamente a esa decisión, sino un poco a lo que ha pasado ayer y lo que eso significa, y ante lo que nos encontramos.

Por un lado, se ha constatado que hay un Gobierno débil, un Gobierno en minoría y, si me permite la valoración, hasta cierto punto encerrado en sí mismo. En segundo lugar, que está o que ha sido abandonado por aquellos que eran sus socios parlamentarios y gracias a quienes, en definitiva, estaba gobernando y fue elegido. Por otro lado, ha habido una iniciativa por parte de dos partidos, una iniciativa que es coherente, que es democrática y, sobre todo, que es constructiva, constructiva para el futuro del pueblo vasco.

¿Por qué esto es así? En primer lugar, esa iniciativa era coherente precisamente ante la negativa a presentar una moción de confianza, y esa iniciativa era coherente porque esa moción de confianza era necesaria, sencillamente, porque no había tal confianza entre el Parlamento y su Gobierno, como de hecho así se ha constatado, o, lo que es lo mismo, entre el pueblo, en definitiva, y su Gobierno. Pero también lo era, y era coherente, porque era una negativa a convocar elecciones, que era otra de las posibilidades que tenía el "Lehendakari", para que hablara y decidiera precisamente ese pueblo.

Estaba promovida, además, por dos partidos, y de hecho ha sido votada por tres, y eso demuestra algo muy importante, que es la madurez de someter lo que pueden ser las diferencias entre partidos a principios en los que creen y que son mucho más fundamentales, y que así se expresan; en definitiva, en la Constitución, el Estatuto y los principios que se derivan de ellos. Fue una iniciativa también en términos de alternativa por la libertad y por la paz, y, por supuesto, por la lucha contra el terrorismo.

Ante todo eso, ¿cuál era la respuesta del Gobierno vasco, fuera de mis palabras del principio? Pues bien, digamos que una interpretación meramente patrimonialista por parte del "Lehendakari"; patrimonialista del futuro de lo que es el pueblo vasco. Y ése sí es el auténtico bloqueo que existe, no otros a los que se puede hacer referencia; ése sí es el bloqueo.

Ante el resultado de estas mociones cabría hacerle, precisamente al "Lehendakari", una pregunta: ¿contra cuántos vascos quiere gobernar el "Lehendakari"? Aquí no se trata, para nada, de poner de rodillas a nadie, sino todo lo contrario: de poner precisamente en pie la gobernabilidad, la convivencia y el futuro de un pueblo, que es el suyo también, el del "Lehendakari".

P.- Dos preguntas para el Ministro de Hacienda. En primer lugar, en cuanto a la fijación de objetivos para los tres ejercicios siguientes en cada primer cuatrimestre, ¿eso se refiere también a ingresos o exclusivamente a evolución de gasto no financiero?

En segundo lugar, ha dicho que prácticamente no había ninguna modificación práctica en la Ley de Acompañamiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué no hay modificaciones importantes o es que, sencillamente, no hay ningún tipo de modificación?

Sr. Montoro.- Respecto de la Ley de Acompañamiento, lo que he querido decir es que no hay ningún cambio en relación con lo que es conocido; a eso me refería. Claro que hay muchos cambios, hay mucho contenido de una ley, pero que realmente... La tienen, además, perfectamente resumida, no es larga, y yo he tratado de destacar dos rasgos de carácter fiscal que son el de los autónomos y la cancelación de hipotecas, como dos rasgos principales de esa Ley. Pero la tienen ahí contenida.

En lo que se refiere a los gastos, en lo que es la elaboración de un Presupuesto, y ya cuando presenté los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, ¿lo recuerdan?, lo planteaba, siempre los ingresos son estimaciones de disponibilidad de recursos y los Presupuestos lo que hacen es limitar. Son límites de gasto, son techos de gasto y, por tanto, una Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que hace --y es lo importante, la novedad-- es que se fije el techo de gasto antes de que termine el primer cuatrimestre.

Por tanto, lo que hace esta ley es establecer, realmente, y es donde nos tenemos que fijar siempre, es un techo de gasto, obviamente, desde la disponibilidad de los ingresos, que proceden fundamentalmente de la evolución económica, además de la propia mejora de la gestión tributaria, como es la lucha contra el fraude. Pero éstas son las dos grandes fuentes de esos ingresos y, por tanto, hay que hacer las estimaciones pertinentes.

La novedad está en fijar techos de gasto; fijarlos, además, qué es lo que realmente compromete a toda la acción del Gobierno y es lo que compromete, en definitiva, a lo que va a ser la elaboración de los Presupuestos para el año siguiente. Ésta es una gran novedad de esta ley; es una novedad practicada en los pocos países que tienen una legislación a ese respecto y es una novedad que, además, encaja muy bien en lo que son los Planes de Estabilidad y Convergencia del Reino de España, que es precisamente lo que hacen: esa programación a tres años de ingreso y de gasto público. Pero estamos hablando en cuanto a aplicación de una ley y como consecuencia de la fijación de un límite de gasto que, obviamente, compromete todo el proyecto de Presupuestos para los años siguientes en función de la disponibilidad de los ingresos.

Ésta sería la mecánica a seguir.

P.- Para el Ministro de Hacienda. ¿Nos podría comentar por qué el Gobierno ha decidido no actualizar, no deflactar, la tarifa del IRPF para el año que viene, en lo que podría suponer un incumplimiento del programa electoral del Partido Popular?

Para el Ministro Portavoz. En relación con el nombramiento de Pilar Valiente como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay un aviso que ha hecho esta semana el primer partido de la oposición, avanzando que consideraría una afrenta este nombramiento. ¿Qué opina de ello? En cualquier caso, quería conocer por qué el Gobierno, aunque la Ley no le obliga a ello, ha renunciado a pactar este importante nombramiento con la oposición.

Sr. Montoro.- En primer lugar, el programa electoral que el Gobierno aplica, y aplica rigurosamente, es el del año 2000. Respetamos todos los programas electorales anteriores, en los que, además, yo he tenido capacidad de intervenir en mis condiciones anteriores; pero el que estamos aplicando es del año 2000. Y, salvo lapsus mío, que desde luego sería normal que se produjera también, eso no figura en el programa electoral del año 2000, por una razón: que ha habido un cambio de circunstancia en España, que es la estabilidad de precios. Estamos hablando mucho de estabilidad económica y de estabilidad presupuestaria esta mañana; es que estamos en un país de estabilidad de precios. Ésa es la gran diferencia, una vez que hemos fundado el euro, y eso es lo que hay que trasladar a la sociedad española.

Yo respeto todos los debates políticos y públicos que se puedan producir; pero lo que pido es que se hagan en los escenarios actuales, que es en un país con estabilidad de precios.

A partir de ahí, entramos en todas las discusiones técnicas que se quiera sobre el concepto de plusvalía. ¿Qué tiene que ver una plusvalía con inflaciones del 6, del 8, del 10 por 100, con medidas monetarias y tal, con plusvalías que se generan en un ambiente de estabilidad de precios? Lo que ha cambiado es el concepto de la deflactación de las tarifas de cualquier impuesto, y hago esta reflexión general.

Por eso me extrañaba a mí, a los que hemos tenido la capacidad y, en ese sentido, hemos recibido la confianza de redactar materialmente ese programa, y es muy raro que aparezcan cosas en el programa que no estaban, desde luego, ni siquiera en nuestro pensamiento, después de haber colaborado activamente en el Gobierno anterior, en el Gobierno del Presidente Aznar, a fundar el euro y a fundar la estabilidad de precios en España de una manera permanente, que es lo que ahora hacemos con la estabilidad presupuestaria.

El debate de la deflactación, por eso decía, hay que llevárselo a esos términos, que son unos términos francamente diferentes. Lo que sí está en el programa electoral del año 2000 es la bajada del Impuesto sobre la Renta y ha tenido tanto éxito que, como ven ustedes, ahora todas las fuerzas políticas en España están detrás de esa bajada. Quiero decir que ya no hay nadie que se quede detrás de esa bajada y hemos cambiado el debate político en España en esa orientación. Está muy bien, bienvenidos tantos conversos a ese debate. Ahora la cuestión es cuánto hay que bajar, y ése es el debate de reforma tributaria que vamos a tener en España.

Están muy bien las críticas que se hagan en ese sentido, pero yo lo que voy es a encuadrarlas en los planteamientos que he hecho desde el primer día. En primer lugar, la decisión de deflactar se tomará de acuerdo con los datos definitivos de lo que ha sido la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ha bajado en nuestro país de manera permanente; que no se ha deflactado, es que ha bajado, que es distinto. Es decir, no se han corregido monetariamente las tarifas del Impuesto sobre la Renta; que lo que ha hecho España ha sido bajar el Impuesto de manera permanente.

Y el Gobierno, en cumplimiento del programa electoral para el año 2001, lo que anuncia, y lo vuelvo a hacer esta mañana, es que, alcanzado el equilibrio presupuestario, volverá a bajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los términos establecidos en el programa y volverá a bajar también las retenciones a cuenta derivadas de la nueva situación del IRPF y de todas las obligaciones a las que nos lleva la aplicación de la Ley vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por tanto, los ciudadanos contribuyentes --que la gran mayoría contribuimos, somos contribuyentes-- podemos estar tranquilos en cuanto a que el futuro es de bajada del Impuesto sobre la Renta en nuestro país; lo volvimos a hacer en el Decreto-Ley de junio de este año 2000 y hemos vuelto a bajar la fiscalidad, en este caso, del ahorro de la pequeña y mediana empresa en España y volveremos a bajar, además, en cumplimiento de nuestro programa. Estoy convencido de que realmente fortalecido por las opiniones de todos los grupos políticos de la Cámara que, como usted conoce, al Ministro de Hacienda ya no le piden nada más que que baje los impuestos.

Entonces, ante esta sensación, impresión general, obviamente cumpliremos todavía con más rigor, con más ahínco, nuestro programa electoral.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta, los nombramientos no se hacen buscando o intentando causar una afrenta, sino, obviamente, por las cualificaciones profesionales de la persona elegida. Pilar Valiente las tiene, es absolutamente incuestionable y, por lo tanto, que nadie deba ni crea que se hace para ofenderles, sino que sean capaces, desde el respeto y el reconocimiento, de ver precisamente cuáles son esas cualificaciones y saber que ese organismo está en buenas manos.

Efectivamente, ha habido casos en los que los nombramientos se han tomado por consenso; pero, como puede usted imaginar, ésa no puede ser la regla general que se aplicara a cualquier nombramiento, porque, al fin y al cabo, vuelvo a lo anterior, es un problema sobre todo de competencia de la persona y, por supuesto, de responsabilidad de aquella institución que promueve tal nombramiento. Y, tanto en competencia como en responsabilidad asumida, las cosas también están muy claras.

P.- Para el Ministro Portavoz. Ha dicho que del carácter constructivo de la actitud de Pujol, de la Generalitat, de ahí pueden salir beneficios. Mi pregunta sería si la relación con la Generalitat y con CiU aquí, en Madrid, también va a mejorar y qué puede hacerse en ese terreno. Si esto se puede precisar un poco.

Luego, en contraste, con relación a la situación del País Vasco, primero, si se cree lo que ha dicho Ibarretxe de que no va a adelantar por ahora las elecciones; si el Gobierno se lo cree. Y, en segundo lugar, ¿qué consecuencias políticas puede tener esto?

Sr. Cabanillas.- En su primera pregunta, con respecto al President Pujol, usted ya presupone de salida que la relación es mala. Creo que ha habido muchas veces que me han hecho esta misma pregunta y tantas veces he contestado diciendo que no es así; que, evidentemente, existen diferencias, como es lógico, pero esas diferencias no pueden ser el termómetro que definan lo que es la realidad, tanto a nivel de los dos Gobiernos, como a nivel de este Gobierno y su partido.

Por lo tanto, todo puede mejorar, pero no porque partamos de una mala situación, sino precisamente porque de esa postura constructiva que hemos visto estos días llega el mensaje de que se pueden hacer muchas cosas más juntos.

En segundo lugar, en lo que se refiere al País Vasco y a su insistencia, si el Gobierno se lo cree o no se lo cree, el Gobierno yo creo que deja hablar, sobre todo, a los partidos y desde los partidos el mensaje es muy claro: hace falta. No es un problema de creérselo, es de hacer falta ante el desastre que supone, tanto para la convivencia, como para la construcción del futuro del País Vasco, la continuidad de ese Gobierno en esta situación y la no convocatoria de unas elecciones.

Por lo tanto, el Gobierno lo único que hace en ese sentido es reflejar la postura de los partidos, sobre todo de aquellos, como es natural, votantes de la moción de censura.

P.- Al Ministro Portavoz. ¿A qué altura de la Legislatura tiene el Gobierno previsto sacar adelante la reforma de la Ley del Tercer Canal, dada la insistencia de algunos Presidentes del PP, como el de la Comunidad de Madrid, por ejemplo?

Sr. Cabanillas.- Ya lo dije el otro día. No es una prioridad y no está ahora mismo encima de la mesa. Si usted recuerda, en el programa de gobierno se habla, además, en términos más generales; se habla de una reforma del paisaje, del panorama, como lo quiera usted llamar, audiovisual y se hacía referencia a lo que son las televisiones locales y autonómicas; pero no había una precisión sobre la cuestión. Al decirle yo ahora que no está sobre la mesa y que no es una prioridad, no significa ni que no se vaya a hacer; pero lo que sí está claro es que no se va a hacer ahora.

P.- Al Ministro de Hacienda le quería preguntar cuánto cree que puede costar la bombona de butano el viernes que viene, por ejemplo.

Y al Ministro Portavoz, si he entendido bien su respuesta a una pregunta de un compañero sobre la petición de Maragall de modificar el Estatuto de Autonomía catalán, he creído deducir que usted atribuye que el Partido Socialista, por querer modificar el Estatuto catalán y no el vasco, mantiene una posición distinta para toda España. Le pregunto si no considera posible que todo el Partido Socialista quiera no modificar, al menos por ahora, el Estatuto vasco y sí modificar el Estatuto catalán.

Sr. Montoro.- Yo confío en que la bombona de butano costará, efectivamente, más, pero que ese más sea poco; un poco más que el actual. Confío en ese sentido. Lo que no quiero hacer desde esta mesa eco de ningún tipo de actitud de estrategia comercial de la empresa, pero me parece que ya tienen los anuncios sobre la subida. En ese sentido, la confianza está respaldada por algún teletipo que me han pasado, lo digo con toda franqueza. Pero dejemos el asunto así, porque, si no, voy a aparecer yo aquí explicando lo que debería ser la función de un director comercial y es lo último que quiero parecer, realmente, en este asunto.

Desgraciadamente, lamentablemente, hay una subida, está claro, porque ha subido la materia prima. El Gobierno ha hecho un esfuerzo grande por congelarlo durante todo un año, eso está claro, y, además, me congratulo de ese esfuerzo, permítame que lo diga, también en mi responsabilidad anterior en lo que haya podido colaborar a que eso efectivamente haya funcionado así. Y ahora habrá una subida, pero la subida que se está anunciando es una subida moderada.

Sr. Cabanillas.- Efectivamente, hay algún teletipo a la salida sobre esa materia.

Me he referido a la Constitución. De hecho, la resolución y la propuesta del Partido Socialista de Cataluña y de algún partido más se refería a la Constitución también y usted parece circunscribirlo al Estatuto. Por lo tanto, sí creo que en ese contexto es importante, muy importante, clarificar una postura precisamente desde un partido con vocación lógica y muy legítima de alternativa nacional.

P.- Una muy breve para el Ministro de Justicia. En el caso de los menores de 14 y 15 años, ¿qué circunstancias cree usted que influirán en el juez a la hora de reducir o suspender la pena?

También que me aclare, que supongo que será como lo he entendido, si cuando el menor haya cumplido 16 ó 17 años, se supone que se mantiene esa capacidad del juez si el delito lo cometió con 14 ó 15 años.

Sr. Acebes.- A la hora de adecuar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, hay que entender que las medidas que adopta el juez no se entienden en el sentido de penas del Código Penal, para entendernos; son medidas orientadas a la reinserción y a la rehabilitación. Sólo desde este concepto previo se puede entender lo demás y es que todavía es un Proyecto, lógicamente, nuevo y, a veces, en las opiniones y en los debates todavía en algún momento puede se producir alguna confusión.

Lo que ocurre con ese tramo de edad por el que usted me pregunta, de 14 y 15 años, el juez acuerda una medida orientada a esa reinserción; lo hace el juez con el fiscal y un equipo técnico: psicólogos, orientadores, trabajadores sociales... En cualquier momento, según se vaya produciendo la evolución, puede cambiar esas medidas; es decir, sustituir una medida de internamiento cerrado por una de asistencia periódica, o por una asistencia esporádica con el equipo técnico, o con un tratamiento buscando la reinserción laboral; es decir, todo un abanico de medidas que están previstas en la propia Ley. Entonces, lo puede adoptar desde el primer momento, con 14 y 15 años, porque no es el concepto, por tanto, de pena, sino de medida orientada a la reinserción.

¿Qué es lo que ocurre y ya prevé la reforma? Que en el tramo superior, de edades superiores, esa modificación de las medidas sólo se puede hacer, para estos delitos de terrorismo, cuando lleve cumplida la mitad de la medida que se acordó en el primer momento. Ésta es la diferencia entre los dos tramos de edad que se proponen.

P.- Una pregunta para el Ministro Acebes. Hay algo que no me queda claro de lo que ha dicho: que el Gobierno está abierto a que se negocien en el Parlamento o que se debatan en el Parlamento todas las dudas que desde distintas instancias judiciales le han llegado sobre el tratamiento del menor. Entonces, me gustaría saber, si el Proyecto de Ley no se modifica en ese sentido, ¿quién va a vehicular esas aportaciones de la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial, si va a ser el Grupo Popular o van a esperar a que sea la oposición a que las haga suyas?

Sr. Acebes.- No me cabe ninguna duda de que va a haber propuestas de los Grupos Parlamentarios, y verá usted como eso se va a producir de esta manera. Además, hemos tenido conversaciones con los Grupos Parlamentarios y cada uno está haciendo, lógicamente, sus reflexiones y expondrá sus puntos de vista respecto a ese tramo de edad de los 14 y 15 años.

Insisto, yo creo que es en el debate parlamentario donde se puede alcanzar un acuerdo teniendo a la vista, tanto las reflexiones que se han hecho desde los distintos puntos de vista de los que han informado, como la propuesta que lleva el Gobierno, que es la que es y la que hoy se ha aprobado. Y ahora, en conjunto con las aportaciones que hagan los Grupos Parlamentarios, es donde espero que quede una posición consensuada y acordada.

Sr. Cabanillas.- Muchísimas gracias.