Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera pedirles disculpas por el retraso en el inicio de esta rueda de prensa; yo sé que no es habitual. Espero que no atribuyan exclusivamente al cambio de Portavoz, sino que se han producido algunas circunstancias: que el Consejo de Ministros ha sido enormemente denso, como ahora verán, con muchísimos temas; ha habido también un informe sobre la situación económica por parte del Vicepresidente Segundo, y ha habido también que interrumpirlo momentáneamente para que el Presidente del Gobierno pudiera firmar la ampliación del Museo del Prado. Con lo cual, por el conjunto de estas circunstancias, tenemos que empezar un poco tarde y les pido, por tanto, disculpas.

Como decía, ha sido un Consejo de Ministros denso. Se ha aprobado el Proyecto de Ley sobre la introducción del Euro, cuyo objetivo fundamental es trasladar al ordenamiento jurídico español las decisiones sobre la adaptación al Euro, que, como ustedes saben, entrará en vigor el día primero de enero del próximo año, de 1999. El Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato, les ampliará el contenido de la Ley, así como la renovación de los Consejeros del Banco de España.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Hidrológicos de Cuenca, que son el requisito imprescindible para, en su momento, la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. La Ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, les informará del contenido del Real Decreto.

Pero antes de cederles la palabra quisiera comentarles los temas más destacados que se han aprobado hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

Se han aprobado hoy dos medidas que suponen un acercamiento de la Justicia al ciudadano y una mejora de su organización, eficacia y agilización. La primera de estas medidas se refiere a la creación de 65 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que entrarán en funcionamiento el próximo mes de diciembre. A partir de la entrada en funcionamiento de estos Juzgados, el ciudadano no tendrá que trasladarse fuera de su provincia cuando tenga un pleito con la Administración. La constitución de estos órganos unipersonales supondrá un notable ahorro de medios, a la vez que incrementará la eficacia y la agilización de la Justicia y supondrá una descarga de trabajo de las Salas de lo Contencioso-Administrativo que ya existen hasta ahora.

Con la constitución de estos Juzgados y de los 180 que están previstos para el período 1998-2000, se pone fin, en ese sentido, al incumplimiento que existía desde que en el año 1985 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se supera ampliamente la previsión de la Ley de Demarcación y Planta.

La segunda de las medidas aprobadas en el ámbito de la Justicia es la creación de 30 nuevas plazas de la carrera fiscal, que permitirá atender el aumento de las funciones de las últimas modificaciones legislativas: la Ley del Tribunal del Jurado o el propio Código Penal, que las dos atribuyen al Ministerio Fiscal una serie de funciones adicionales. El número total de efectivos en la carrera fiscal queda, con esta medida, constituido por 14 fiscales de Sala, 864 fiscales y 571 abogados fiscales.

El Consejo de Ministros ha aprobado también el Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal de octubre de 1992. El objeto de dicho Proyecto es adaptar al derecho español la Directiva comunitaria en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circulación. Las modificaciones que se introducen incrementan la protección de los afectados, tanto en su necesaria información como en la obtención de los datos, así como en el consentimiento en el tratamiento de la cesión y la incorporación del derecho del afectado, si se opusiera al tratamiento de sus datos, en determinados supuestos.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se destinan 35.000 millones de pesetas al Plan Nacional de Acción para el Empleo en el ejercicio de 1998. Con este acuerdo se formalizan los compromisos financieros de incremento al presupuesto del Instituto Nacional de Empleo. El Acuerdo establece que la distribución territorial del crédito se realizará entre las Comunidades con competencias de gestión asumidas.

Se ha aprobado, asimismo, un Real Decreto por el que se establece el Reglamento General de Telecomunicaciones, que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los operadores de redes y servicios, elimina los posibles obstáculos para una competencia efectiva y amplía la capacidad de elección del usuario, asegurando la conservación del número de teléfono en caso de cambio de operador. Este Reglamento desarrolla las normas de la Ley General de Telecomunicaciones relativas a interconexión y numeración.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Real Decreto de ampliación de la financiación selectiva de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, que tiene por objetivo realizar una política racional de los medicamentos e invertir el ahorro obtenido en mejorar la asistencia a los ciudadanos, teniendo en cuenta siempre que todas las enfermedades tendrán medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Es una medida que se toma dentro de una política farmacéutica global puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad y Consumo y que, entre otras iniciativas, contempla el recorte de los márgenes de las farmacias y distribuidores; la puesta en el mercado de medicamentos llamados "genéricos"; el acuerdo con la industria farmacéutica, cuya aportación se ha incrementado de 15.000 millones a 40.000 millones, y la entrada en vigor el próximo año de precios de referencia para los medicamentos.

Quisiera destacar que van a ser precisamente las personas mayores las más beneficiadas con la medida que hoy aprueba el Gobierno, porque, por una parte, van a tener todos los medicamentos que necesiten y, además, con el ahorro que se supone derivado de esta medida, se podrá invertir, como se está haciendo ya, en otras necesidades sanitarias y, por lo tanto, incrementar los recursos al sistema de salud pública.

La lista contiene asociaciones de medicamentos a dosis fijas, medicamentos en los que el beneficio del paciente es muy limitado y medicamentos para tratamientos de los llamados síntomas o síndromes menores.

Se ha aprobado, asimismo, un Real Decreto por el cual la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asume la gestión de la Formación Profesional Ocupacional. El coste de este traspaso es de 480 millones de pesetas y afecta a un total de 75 personas. Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad que asume la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, después de Extremadura, Aragón y Baleares.

Asimismo, se ha autorizado la suscripción de un total de 55 convenios entre el Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El importe total supondrá una inversión superior a los 7.400 millones de pesetas.

Por otra parte, se ha autorizado a Red Eléctrica de España a enajenar todas las acciones de la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, cuyo valor asciende a 300 millones de pesetas, aunque la venta se realizará mediante el sistema de subasta competitiva y, por lo tanto, todavía no podemos saber el precio de la transacción al final.

Finalmente, quisiera también informarles de algunas de las actividades del Presidente del Gobierno para la próxima semana, empezando por mañana, que visitará la Expo-98 en Lisboa, con motivo de la celebración del Día de España. Va a tener una reunión con el Primer Ministro portugués, el señor Antonio Guterres, en compañía del cual comparecerá ante los medios de comunicación. El miércoles 29 va a recibir al Presidente mundial del Grupo Volkswagen, el doctor Ferdinad Piëch, y almorzará con el Presidente de la Generalitat de Catalunya, el señor Jordi Pujol. Y el viernes, como es habitual, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Vicepresidente.- Buenos días a todos, gracias por su presencia. Efectivamente, hoy se ha aprobado por el Consejo de Ministros, para su remisión al Congreso de los Diputados, la Ley de introducción del Euro, que supone la ley por la que el Gobierno de España garantiza que la introducción de la moneda única en nuestro sistema jurídico y en las relaciones, tanto públicas como privadas, se hará dentro de unos cauces que garanticen, por un lado, la estabilidad de las relaciones jurídicas, la transparencia y la seguridad jurídica.

Desde el punto de vista jurídico, tengo que decir que la adopción de la moneda única no precisa otro entramado que el Estatuto jurídico del Euro recogido en dos Reglamentos aprobados el 16 de junio de 1997 y el 3 de mayo de 1998, pero que todos los países miembros del Euro, y desde luego España, han decidido tomar algunas decisiones sobre la introducción del Euro a través de normas generales de eficacia global que garanticen el funcionamiento más fluido del sistema jurídico español con la nueva moneda europea.

Quisiera decir que, a partir del 1 de enero del año 1999, el Euro no será la moneda de la Unión Europea sino que será la moneda de España, y también de los otros diez países, como es natural. Por lo tanto, no estamos ante la existencia de una moneda supranacional que viene a sustituir a la peseta sino que la moneda española, la moneda de España, será el Euro, y lo mismo sucederá en el resto de los once países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria.

Tengo que decir que, como ustedes saben muy bien, habrá un período transitorio del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del 2001, y que la peseta, como el resto de las antiguas monedas nacionales, se conservará, durante ese período transitorio, como unidad de cuenta en el Sistema Monetario.

La peseta podrá ser utilizada como medio de pago de curso legal, con pleno poder liberatorio, hasta el 30 de junio del año 2002 o una fecha menor durante el primer semestre del año 2002, una fecha más próxima al 1 de enero, si así lo decide el Gobierno mediante una norma reglamentaria, y que será, como es natural, una decisión que tomaremos en conjunto con el resto de los países europeos.

En este momento, la fecha establecida es el 30 de junio del 2002. Existen discusiones dentro del Euro-Once ante la posibilidad de que esta fecha pueda acortarse, es decir, que el medio de pago de las monedas nacionales durante el año 2002 sea inferior a seis meses. En cualquier caso, eso, de ser así, tendrá que ser aprobado en una norma de carácter reglamentario. A partir de ese momento, la peseta conservará únicamente el valor a efectos de canje, y los principios que gobiernan la modificación de nuestro sistema monetario para el establecimiento del Euro son la neutralidad, la fungibilidad y la equivalencia nominal.

La idea básica que transciende a toda la ley que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros es que la introducción del Euro no debe provocar efecto alguno sobre los contratos en vigor ni, en general, debe provocar ningún coste, ninguna plusvalía, ni constituir ningún hecho imponible de impuesto alguno; que, por lo tanto, desde el punto de vista de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los contratos que están en vigor, desde el punto de vista de las cantidades que tienen, de su representación en acciones, de sus bienes, de sus cuentas corrientes, no se va a producir ninguna consecuencia que pueda materializarse en ningún coste ni en ningún impuesto.

En materia sancionadora --como ustedes son conscientes, la peseta es utilizada, desde el punto de vista de las sanciones que están tanto en nuestro Derecho Penal como en nuestro Derecho Administrativo--, esta referencia se entenderá referida tanto al Euro como a la peseta hasta el final del período de canje, es decir, hasta el final de, en este momento, el 30 de junio del año 2002. Durante el período transitorio, las referencias contenidas en las normas sancionadoras del tipo que sea a importes monetarios expresados en pesetas se entenderán también hechas al importe monetario correspondiente en Euros.

Quisiera hacer algunas menciones sobre los temas más importantes que se producirán durante este período transitorio, es decir, del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del año 2001. Durante ese período, la única moneda nacional será el Euro; pero la peseta y el Euro coexistirán como unidades de cuenta y medios de pago. También quisiera decir que los redondeos se producirán siempre al céntimo más próximo por efecto o por defecto, después de las dos primeras cifras.

Los procesos de redenominación de las cifras de capital social, de los valores integrantes de una emisión, de las cuentas abiertas en entidades de crédito y de la deuda pública serán gratuitos. También quiero decir que durante el período transitorio las entidades de crédito redenominarán a Euros las cuentas de efectivo en pesetas que los particulares o las Administraciones públicas tengan abiertas en las respectivas entidades, a petición de los usuarios.

A partir del 1 de enero de 1999, las emisiones de Deuda del Estado o sus Organismos Autónomos se realizarán en Euros, siendo el Euro la unidad de cuenta del mercado de la Deuda Pública. La Deuda Pública del Estado emitida o contraída con anterioridad a esa fecha, es decir, al 1 de enero de 1999, y que esté denominada en pesetas o en otras monedas de los países integrantes de otras monedas nacionales, en este momento de los países integrantes de la moneda única, se redenominará en Euros a partir del 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Las emisiones en valores de renta fija, que no sea Deuda Pública del Estado, podrán redenominarse en Euros a partir del 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2001 y, a partir de ahí, todas las emisiones de cualquier agente se denominarán en Euros.

Se autoriza a los Mercados de Valores distintos del mercado de Deuda Pública en anotaciones para que, a partir del 1 de enero de 1999, cambien la unidad de cuenta de sus procedimientos operativos de pesetas a Euros.

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades gestoras de fondos de pensiones, que hayan adoptado el Euro como unidad de cuenta, deberán facilitar información exigida por la legislación vigente en Euros, si bien el Ministerio de Economía y Hacienda podrá exigir, también reglamentariamente, que esta información también se facilite en pesetas.

A partir del 1 de enero del año 1999, las sociedades mercantiles podrán redenominar su capital social mediante la aplicación del tipo de conversión y posterior redondeo en Euros.

Concluido el período transitorio, se producirá el período de canje, que en principio está previsto, vuelvo a repetir, del 1 de enero del 2002 al 30 de junio del 2002; salvo que se modifique por acuerdo entre los once países, y en España tendría, como yo supongo que en el resto de los países, una manifestación en una norma reglamentaria. Durante ese período de canje, se podrá realizar el canje en metálico o en cualquier otro instrumento de pago en cualquier entidad bancaria, o Caja de Ahorros, o cooperativas de crédito. A partir del 30 de junio del año 2002 el canje sólo podrá producirse en el Banco de España.

Me gustaría finalizar mencionando dos temas que son, yo creo, de gran interés, desde el punto de vista del conjunto de la opinión pública. El primero es el tema del MIBOR. Cuando dejen de concurrir los requisitos técnicos del actual publicación del MIBOR, el Ministerio de Economía y Hacienda determinará una nueva fórmula que tendrá la mayor analogía posible, o bien establecerá un tipo o índice de referencia, que sustituirá a aquel por ministerio de la Ley. Quiere decir que, en el caso de los créditos hipotecarios, la sustitución por el nuevo índice será una sustitución que estará por encima de las cláusulas establecidas en las hipotecas de índices alternativos al MIBOR.

Es decir, una persona que tiene una hipoteca, y que en este momento la tiene referenciada al MIBOR, en muchísimos casos, por no decir en la mayoría, en su misma hipoteca se establece que, en el caso de no existir el MIBOR, el interés aplicable será el que sea, el que hayan establecido las partes, es decir, la entidad financiera y el usuario. Pues bien, en el caso de los créditos hipotecarios, el nuevo índice, en el caso de que desaparezca el MIBOR, será el que especifique el Ministerio de Economía y Hacienda por Ley, y que será, en todo caso, equivalente, a los efectos de los consumidores, al MIBOR; no en el resto de los préstamos, en los que, indudablemente, tendrán prelación sobre el índice que establezca el Gobierno las cláusulas que hayan establecido las partes, tanto la entidad financiera como el particular o la empresa.

En ese sentido, me parece importante ratificar, una vez más, como podrán ustedes comprobar en el texto del Proyecto de Ley que enviamos al Parlamento, que no se producirá ninguna modificación en la situación de los usuarios de los créditos hipotecarios.

Con respecto al pago de los impuestos en Euros, que será una posibilidad a partir del 1 de enero de 1999, esta posibilidad sólo estará limitada en el tiempo a que se haya aprobado por parte de la Agencia Tributaria el correspondiente modelo al efecto de que se ejercite la opción para declarar o autoliquidar en Euros. Ésta tendrá carácter irrevocable, una vez que estén aprobados los impresos, y estará condicionada a que las anotaciones en los libros de contabilidad se expresen igualmente en Euros. La opción para expresar en Euros las anotaciones en los libros de contabilidad conllevará el deber de utilizar esta misma unidad de cuenta en los libros y registros exigidos por las normas fiscales.

Y éstos son, a expensas de sus preguntas, como es natural, los elementos más importantes desde el punto de vista de la aprobación del Proyecto de Ley de introducción del Euro.

Quisiera mencionar también, porque el Portavoz ha dicho que lo debía hacer yo, el nombramiento, por parte del Consejo de Ministros, del Consejo del Gobierno del Banco de España. El Consejo de Ministros ha aprobado, por Real Decreto, la renovación del Consejo de Gobierno del Banco de España, adaptándola también en los plazos a las modificaciones que a la Ley de Autonomía del Banco de España había introducido la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998, que a su vez era consecuencia de los requisitos establecidos por el Banco Central Europeo y que, como ustedes recuerdan, establecía el aumento del mandato de cuatro a seis años. Y establecía, para el caso máximo de tres consejeros, la posibilidad de que se renovase su actual mandato de cuatro años por tres años más.

Esta posibilidad ha sido contemplada por el Gobierno y se ha renovado por un plazo de tres años el mandato de don Julio Segura Sánchez, de don José Manuel González-Páramo Martínez-Murillo y de don Jesús Leguina Villa; y, a su vez, se ha nombrado, por un plazo de seis años, a don Jaime Requeijo González, don Eduardo Bueno Campos y don Joaquín Muns Albusec. Y con esto queda renovado el Consejo del Banco de España y, a partir de ahora, serán los propios órganos rectores del Banco de España los que tomen las determinaciones oportunas con respecto a otros nombramientos internos.

Sra. Tocino.- Me corresponde a mí comunicarles la buena noticia de la aprobación por el Consejo de Ministros de los Planes Hidrológicos de Cuenca. He de hacerles destacar la enorme trascendencia social de este Real Decreto que, en primer lugar, cubre un vacío legal, un vacío jurídico, muy importante. La Ley del año 1985 estaba hablando de la necesidad imperiosa de una planificación hidrológica, y son los Planes de Cuenca, precisamente, los que dan esa seguridad jurídica a la administración hidráulica y, por otra parte, a los usuarios. En definitiva, estamos, por tanto, ante el instrumento de planificación más importante de los usos del agua y dice la Ley de Aguas que, a través de esta planificación, se logra el equilibrio y la armonización en el desarrollo económico y social de las distintas regiones de España.

Por tanto, al celebrar hoy la primera planificación hidrológica que se hace en España, quiero destacar que lo más importante, quizá, también es que se ha logrado a través de un gran consenso. Cuando se han utilizado los datos con rigor, datos técnicos con todo rigor que se han puesto encima de la mesa, se ha construido un consenso. Y creo que esto demuestra que en España, en una España que depende del agua, de un agua de recurso limitado, en la medida en que hay mucha irregularidad espacial y temporal de este recurso hídrico, se pueden conseguir consensos importantes para establecer una política hidrológica adecuada.

¿Por qué son tan importantes los Planes de Cuenca y en qué consisten exactamente? Les decía que son, en primer lugar, el instrumento de planificación de los usos de agua y que, en definitiva, lo que vienen a hacer es como un inventario de los recursos hidráulicos de los que dispone cada cuenca, así como de las demandas existentes y de las demandas previsibles. Por tanto, al establecer una jerarquía en esos usos y en esas demandas, lo que hacen los Planes de Cuenca es, precisamente, asignar unas reservas y establecer esas reservas para garantizar esos usos que están previstos en los Planes de Cuenca.

Quizá por eso he de decirles que son sumamente importantes y era de una necesidad imperiosa su aprobación que, lamentablemente, ha durado, como han visto ustedes, más de una década, puesto que la exigencia proviene de la Ley de Aguas del año 1985.

Estamos, por tanto, ante unos Planes de Cuenca que dan esa seguridad jurídica y que establecen un catálogo de posibles actuaciones, ya que los Planes de Cuenca no están prejuzgando, no han sido concebidos como instrumentos de ninguna política sectorial, ni de la política de regadíos, ni de la política hidroeléctrica.

¿Por qué son importantes? Yo creo que son importante precisamente por todas estas razones que vengo exponiendo; porque ya los usuarios, ya la administración hidráulica, saben, efectivamente, con garantía jurídica, cuáles son los recursos disponibles en cada una de las cuencas hidrográficas españolas, cuáles son las demandas que están reconocidas como demandas de interés general, y, por lo tanto, adecuan esos usos y las demandas.

¿Cómo se ha producido esta elaboración y por qué, además, les digo que es tan importante? Porque, además, culmina un proceso de planificación esencial, precisamente para abrir la puerta al proceso definitivo de planificación que consiste en la aprobación, mediante Proyecto de Ley, del Plan Hidrológico Nacional. Estamos, por lo tanto, en una nueva etapa, que también esperamos asumir con el mismo talante negociador para lograr los máximos consensos posibles.

Les decía que la elaboración de estos Planes de Cuenca, que hoy culminan su tramitación con la aprobación por el Consejo de Ministros, tal y como está establecido que tenía que ser por un Real Decreto en el Reglamento de la administración pública del agua y de la planificación hidrológica del año 1988... Lo que se dice es que se inicia la tramitación con la negociación en cada uno de los Consejos del Agua. Cuando son aprobados por los Consejos del Agua, han pasado el trámite de la aprobación con informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua, que lo otorgó el pasado mes de abril de este mismo año, y posteriormente el trámite final, como les decía, es este Real Decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

¿En qué consiste el Real Decreto? Fundamentalmente, en un preámbulo y en cuatro artículos breves, en los que se establece, no solamente la territorialidad de estos Planes de Cuenca, con la descripción exacta de en qué consiste cada uno, sino que se dice que, en la medida en que tienen un carácter público los Planes de Cuenca, cualquier ciudadano puede tener acceso a estos Planes de Cuenca; puede consultarlos o puede, inclusive, pedir copias.

Desde luego, la documentación es tan voluminosa que yo ni siquiera me he atrevido a presentársela aquí, a ustedes, porque creo que podría hacer competencia al Vicepresidente Segundo cuando presenta la Ley General de Presupuestos del Estado, en la medida en que es muy voluminosa. Pero lo que sí se compromete este Real Decreto es a publicarlos en el Boletín Oficial del Estado en el plazo máximo de nueve meses, con un carácter unitario y con la garantía de que no se va a modificar ni un solo punto ni una sola coma de lo que está establecido en cada uno de los Planes de Cuenca.

Esto es, en esencia, este Real Decreto que hoy hemos aprobado. Por lo tanto, creo que debemos felicitarnos de que, dando por finalizada esta primera etapa, la primera vez que se hace una planificación hidrológica en España... Después de tantos año de espera de esta necesidad, creo que estamos ya dispuestos, a través también de la presentación del Libro Blanco, que haremos próximamente, a la segunda fase y definitiva del Plan Hidrológico Nacional, que nos ayudará, en gran medida, a corregir esos desequilibrios hidrológicos que les comentaba en un principio, estableciendo lo que podría ser el mapa del agua de los próximos veinte años en España.

P.- Quería saber, Ministro, si finalmente el Gobierno ha estudiado el informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre la petición de la juez de Vitoria de desclasificar las escuchas del CESID a la sede de HB.

Sr. Piqué.- Sí, ha analizado este tema y, siguiendo la doctrina jurisprudencial que se ha ido consolidando en este tipo de casos anteriormente, ha decidido no acceder a la desclasificación.

P.- ¿Cuáles son los motivos o los argumentos para negarse a la desclasificación?

Sr. Piqué.- Son los que se derivan de la experiencia jurisprudencial, como antes le decía.

P.- Quería preguntarle al Vicepresidente económico. El Presidente del Gobierno dio a conocer el déficit público, que se situará el próximo año en el 1'7 por 100 del PIB. Coincide con el escenario de crecimiento alto del Plan de Convergencia con Europa. ¿No cree usted que es un objetivo muy poco ambicioso, ya que en el escenario se preveía un crecimiento algo menor?

También se dieron a conocer los gastos del Estado para el próximo año; serían en torno al 3'9 ó 4 por 100 frente al 3'2 de este año. ¿Por qué el Estado va a gastar más el próximo año, si realmente estamos en un plan de austeridad o de intentar acercarnos a un equilibrio?

Quería preguntar también al Portavoz. ¿Qué está pasando en la venta de Iberia, que no termina de venderse? No sé si hay retrasos o se terminará el mes con la venta a "British" y a "American Airlines".

Vicepresidente.- Desde el punto de vista de la previsión de déficit público, efectivamente, el 1'7 era la previsión de déficit público en el escenario del Programa de Convergencia que podemos denominar escenario alto, escenario más optimista. Entendiendo que en este momento la economía española se mueve en una senda de crecimiento de alrededor del 3'7 al 3'9 por 100 y que las previsiones de crecimiento para 1999 nos sitúan en este momento en un 3'9 por 100 para el conjunto del año 1999, hemos creído, precisamente, que teníamos que adaptar nuestras previsiones de déficit a las mayores exigencias del Programa de Convergencia.

Por tanto, en ese sentido, tengo que ratificar que cumplimos lo que en la primavera del año 1997 establecimos en el Programa de Convergencia, que se debatió en el Congreso de los Diputados y que también fue conocido y aprobado por el ECOFIN, y es el hecho de que, si la economía española se comportaba con un mayor dinamismo del que se establecía en el escenario central del Programa de Convergencia, que establecía crecimientos para 1999, si no me falla la memoria, del 3'4 ó del 3'6 por 100, estableceríamos una mayor reducción del déficit público, que efectivamente se produce del 2 por 100 al 1'7.

Es una reducción de cinco décimas con respecto a 1998. Creo que va a ser una de las reducciones más importantes que se produzcan en el seno de los once países del Euro. En ese sentido, no comparto las visiones de aquellos que creen que no es una reducción sustancial; creo que es una reducción muy importante. Tienen ustedes que tener en cuenta que entre el ejercicio de diciembre de 1995 y diciembre de 1999 el déficit público en España habrá bajado del 7'3 al 1'7. Creo que el juego de cifras indica claramente el escenario tan sumamente distinto en el que nos vamos a envolver.

Al mismo tiempo, se plantea un presupuesto en el que se responde a las necesidades de la sociedad española y se cumplen los compromisos legales: los compromisos legales de financiación de la Sanidad, los compromisos legales de financiación de la Educación, los compromisos legales de mejora de las prestaciones sociales y de las prestaciones en políticas activas, y también los compromisos que se derivan de la mejora de las prestaciones de la Justicia y de la nueva creación de Juzgados, como los que hoy se han aprobado en el propio Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, se mantiene un esfuerzo inversos que modernice la economía española, y que en este momento estamos trabajando con los Ministerios.

Por tanto, a expensas de que yo la próxima semana, el próximo viernes, les presentaré a ustedes las cifras más avanzadas que debata el Consejo de Ministros, tengo que decir que una previsión de déficit del 1'7, cumpliendo todos estos objetivos, me parece una previsión extraordinariamente positiva, a la que hay que añadir una reducción de la presión fiscal prevista en dos décimas.

Tengo que volver a insistir en que cualquier crecimiento de los ingresos en el año 1999, como ya sucedió en 1998, por encima de lo previsto se destinará a la reducción del déficit público.

Sr. Piqué.- En relación al tema de Iberia, decir que el esfuerzo se ha centrado, en los últimos meses, como ustedes saben, en la firma de acuerdos comerciales, uno de los cuales ya en vigor, actuando, y el otro ya acordado, y está en negociación ahora la venta de determinadas participaciones.

Estas negociaciones, como es natural, llevan tiempo. Puede dar la sensación de que llevan más tiempo del necesario si se pregunta todas las semanas por ese tema. Pero yo le garantizo que la privatización de Iberia se va a hacer de acuerdo con el esquema previsto y, además, bien.

P.- Ésta es una pregunta para el Ministro Portavoz. Quería conocer la opinión sobre la filtración de la sentencia del "caso Marey".

Sr. Piqué.- El Gobierno, por descontado, no opina sobre filtraciones; pero, además, no opina tampoco sobre sentencias, sobre resoluciones judiciales. Por lo tanto, les anticipo que, cuando efectivamente esa sentencia se materialice, el Gobierno tampoco va a expresar ninguna opinión al respecto. Y no lo hace por una cuestión elemental, que es el respeto escrupuloso a la independencia del Poder Judicial y, en este caso concreto, el respeto escrupuloso a la independencia del Tribunal Supremo y de sus miembros.

En ese sentido, sí que me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad. Creo que es responsabilidad de todos, de todos, las fuerzas políticas, los medios de comunicación, por supuesto los poderes públicos, en el sentido de no entrar en esa dinámica de politización de la Justicia o de poner en duda su independencia. Creo que la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y todos tenemos que ser enormemente respetuosos con eso.

P.- Al hilo de esto se han lanzado algunas voces planteando la posibilidad de, no para personas condenadas por este caso sino por otras, de reeditar, digamos, aquellos indultos automáticos y globales que en su día se aplicaron a los miembros de ETA político-militar. Quisiera saber si en el Gobierno, en algún momento, se ha planteado esta posibilidad o si está descartada de salida.

También quisiera saber de las manifestaciones que hizo José María Aznar en Ankara, que han sido transmitidas. Creo que el Presidente del Gobierno dijo algo así como que "a ver si alguien dudaba que el Gobierno se iba a atrever a cerrar el diario 'Egin'". Quería saber si desde el Gobierno se quiere matizar o se lamenta este tipo de declaraciones; si tiene algo que añadir.

Sr. Piqué.- Respecto al primer tema, el Gobierno desde el primer día tiene una política de concesión de indultos, que está reglamentada. De hecho, en cada Consejo de Ministros se conceden y se deniegan, a veces, incluso decenas de peticiones de indulto. Por lo tanto, no va a hacer ninguna excepción. Los indultos se tienen que solicitar y, cuando se solicitan, se analizan de acuerdo con el procedimiento previsto. Desde luego, la política del Gobierno no va a variar de este punto.

En relación a lo segundo, yo creo que se pueden producir determinadas confusiones en relación a lo que antes comentábamos de lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes y, por lo tanto, en la independencia de los mismos y, por consiguiente, en la independencia del Poder Judicial. Al Poder Ejecutivo, en el ámbito de la Justicia, le correponden, fundamentalmente, dos cosas: la primera es aportar, como hoy hemos aprobado cosas importantes, medios personales y medios materiales para que la Administración de Justicia funcione cada día mejor y, por lo tanto, el Poder Judicial pueda ejercer sus funciones de la manera más adecuada posible; y la segunda competencia que tiene el Poder Ejecutivo en el ámbito de la Justicia es, como es natural, la iniciativa legislativa.

En lo que llevamos de legislatura hay que decir que, desde el punto de vista de esos dos ámbitos competenciales, se han hecho muchísimas cosas. De hecho, se han aportado más medios a la Administración de Justicia en estos dos años que en los cinco anteriores y, desde el punto de vista de iniciativas legislativas, ustedes conocen varias que hemos ido desarrollando. Quedan todavía algunas que están trabajándose, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Concursal, que van a presentarse en los próximos tiempos y que, efectivamente, corresponden al ámbito del Gobierno.

Cuando se dice, a veces, que en determinadas cuestiones que corresponden a la iniciativa del Poder Judicial, hay que tener en consideración temas de oportunidad o de inoportunidad política, estamos confundiendo enormemente los términos. La responsabilidad del Gobierno, en la política antiterrorista y en general, es impulsar el cumplimiento de la Ley y, por lo tanto, aportar en cada momento los medios personales y los medios materiales y, por lo tanto, toda la aportación policial que haga falta, para que el Poder Judicial puede llevar a cabo, pueda ejecutar, efectivamente, sus resoluciones.

En este caso concreto estamos hablando de una decisión judicial que supone el cierre cautelar de un periódico. Es obligación del Gobierno, y no ponerlo en duda en ningún momento desde cualquier perspectiva de oportunidad o de inoportunidad política, aportar al juez los medios personales y materiales necesarios. Y nadie puede pensar lo contrario; nadie puede pensar que eso no se vaya a producir. Y ése era el sentido exacto de la manifestación del Presidente del Gobierno.

P.- Si se me permite la pregunta, de algún modo, en ese sentido, entonces, la frase del Presidente del Gobierno sería, como mínimo, desafortunada, porque en los términos en que se formula permite deducir como que el Gobierno decide eso. Quiero decir si el Gobierno lamenta o el Presidente se arrepiente de haber dicho eso.

Sr. Piqué.- El Presidente del Gobierno expresó esta frase en un determinado contexto. No era tampoco un encuentro formal; era un encuentro informal. El sentido exacto de sus palabras es el que yo le acabo de manifestar; que, por otra parte, no es un sentido distinto al que ha mantenido siempre desde el Gobierno.

P.- Una pregunta para el Vicepresidente Segundo sobre el MIBOR. Simplemente quería que el señor Rato nos ampliara y nos aclarara cómo va a quedar el tema del MIBOR, porque a la gente le preocupa bastante, sobre todo a la gente que tiene crédito hipotecario.

Vicepresidente.- Lo voy a intentar hacer una vez más. El MIBOR va a seguir en vigor y, por lo tanto, una persona que tenga un crédito hipotecario referenciado al MIBOR va a seguir pagando el crédito hipotecario en función de cómo evolucione el MIBOR. En la situación hipotética, por lo tanto que en este momento no se plantea, de que, como consecuencia de la elaboración de índices europeos por parte del Banco Central Europeo, las condiciones técnicas de elaboración del MIBOR dejaran de producirse, el Gobierno y el Ministerio de Economía y Hacienda elaborarán otro índice que sustituirá al MIBOR y que será idéntico, y que se aplicará por ministerio de la Ley. Esto es muy importante en los créditos hipotecarios, y sólo en los créditos hipotecarios.

Eso quiere decir que para una persona que tenga un crédito hipotecario variable referenciado al MIBOR y que se encuentre con que dentro de unos años, por razones técnicas, el MIBOR deja de publicarse y el Gobierno publica un nuevo índice similar, pero, sin embargo, en su crédito decía "se pagará el crédito hipotecario respecto al MIBOR más lo que fuera y, en el caso de no existir el MIBOR, se referenciará al tipo de interés del mercado de Londres", digamos por ejemplo; no se aplicará esa condición de su póliza hipotecaria, sino que se aplicará el nuevo índice que elabore el Gobierno, porque se elaborará y se pondrá en vigor por ministerio de la Ley.

Eso sólo sucederá en los préstamos hipotecarios. Todo el resto de los préstamos que pueda tener una persona o una empresa que estén diferenciados al MIBOR, en el caso de que el MIBOR sea sustituido por otro índice pero en su contrato con la entidad financiera esté establecido que, en el caso de desaparecer el MIBOR, se aplicaría otro índice de referencia; en ese caso se aplicará este segundo, es decir, el que ya estaba establecido en el contrato. Pero no en el caso de los créditos hipotecarios.

P.- El índice que elaborará el Gobierno, ¿cómo lo va a elaborar? ¿En función de qué parámetros?

Vicepresidente.- En este momento no hay ninguna previsión.

P.- ¿Para España o...?

Vicepresidente.- Para España. Será un índice para España. Puesto que éste es un caso que, además, no lo he mencionado antes, y su pregunta me permite hacerlo, en el dictamen que ha hecho el Banco Central Europeo sobre nuestra Ley de Introducción del Euro, precisamente señala que es una clara especificidad de nuestra ley el considerar que se realice esta consideración con respecto al MIBOR; pero entiende que es una especificidad adecuada en defensa de los intereses del consumidor.

Por lo tanto, en el caso de los créditos hipotecarios, en este momento no hay ninguna variación. En el caso hipotético de que en el futuro, por razones técnicas, el MIBOR desapareciera, el Gobierno elaborará un índice para España similar al MIBOR, que se aplicará, en todo caso, independientemente de lo que digan las cláusulas de la hipoteca, al préstamo hipotecario y sólo a los préstamos hipotecarios.

P.- Unas preguntas para el Ministro Portavoz. Usted ha afirmado que los indultos se tienen que solicitar para que se concedan; pero, por ejemplo, en las últimas semanas hemos asistido a la concesión de indultos a insumisos cuando no lo habían solicitado, por lo que es un mecanismo que el Gobierno puede utilizar.

Luego, por otro lado, quería saber qué opinan de las palabras de un socio de Gobierno, en concreto, Iñaki Anasagasti, que comparó el secuestro de Marey con el de Ortega Lara, y dijo que, si se indulta a los secuestradores de Marey, hay que indultar a los secuestradores de Ortega Lara.

Por último, si creen que Felipe González debe asumir responsabilidades políticas, tal y como han comentado, por ejemplo, algunos miembros del partido del Gobierno.

Sr. Piqué.- En relación a lo primero, es verdad, como yo decía, que hay una política de indultos que está perfectamente reglamentada y que venimos aplicando desde el primer día, y que no hay ningún motivo para cambiar, a no ser que, efectivamente, se produzcan cambios legislativos en una determinada situación, y, por lo tanto, no hace falta que se produzca ese requisito, sino porque, efectivamente, desaparece el propio contenido delictivo, que es el caso que usted menciona y, por lo tanto, es una excepción perfectamente justificable.

En relación a lo que pueda haber opinado el señor Anasagasti en relación a este tema, ya he dicho que, como afecta a una determinada resolución judicial, el Gobierno no va a hacer ningún comentario. De la misma manera que me permitirán que tampoco haga ningún comentario respecto a la otra cuestión, aunque, efectivamente, las hemerotecas pueden dar buena referencia de este tema.

P.- Tres preguntas para el Vicepresidente. La primera, la previsión de crecimiento económico del 3'9 y la inflación del 1'8 me gustaría que la argumentara un poco; si exclusivamente se basa en la moderación salarial prevista o hay otras razones para que se dé una diferencia tan grande entre un crecimiento económico tan alto y una reducción de la inflación importante.

En segundo lugar, me gustaría saber si cabe esperar una corrección brusca en los mercados de valores, después de las advertencias del Presidente de la Reserva Federal estadounidense y de la prolongación y el agravamiento de la crisis asiática.

En tercer lugar, si, después de las estimaciones que dos grandes Bancos han hecho sobre el coste de la reforma del Impuesto sobre la Renta, el Ministerio de Economía se está planteando revisar al alza el coste inicialmente previsto.

Vicepresidente.- Con respecto a la variación de crecimiento y de Índice de Precios al Consumo, de inflación, yo creo que las previsiones para 1999 indican continuar en la tendencia que se ha producido en los últimos años. Piense usted que se han producido reducciones muy importantes de la inflación, desde inflaciones superiores al 4 por 100 en 1995 a inflaciones inferiores al 2 por 100 en 1999, con constantes crecimientos de la demanda interna.

Por tanto, en España se está produciendo un aumento considerable de la flexibilidad económica y de la competitividad económica, como consecuencia de las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno en mercados de bienes y servicios tan importantes como la electricidad, como la energía, como las telecomunicaciones; se está produciendo un aumento considerable de la competencia; se ha producido una modificación sustancial del sistema tributario, que afecta a las pequeñas y medianas empresas; se ha producido un aumento de la competencia en algunos sectores de los servicios; se está produciendo un incremento del diálogo social y de la adecuación de los incrementos salariales a los nuevos objetivos de inflación. Creo que todo eso juega un papel indudablemente determinante, como lo juega también la reducción del déficit público y las presiones inflacionistas generadas por crecimientos incontrolados del gasto público.

Por tanto, creo que el hecho de que la inflación en España se sitúe durante el conjunto del año 1999 en una cifra relativamente próxima a la del final del año 1998 no me parece que podamos considerarlo como un objetivo excesivamente optimista. Piense usted que en este momento las previsiones de inflación para 1998 la sitúan, probablemente, en el 2'1 por 100 o ligeramente por debajo; por lo tanto, estamos hablando de una continuación de una tendencia. La inflación española se ha situado en el 2 por 100 o por debajo desde hace más de catorce meses; por lo tanto, no estamos hablando de una situación excepcional. Comprendo que, si la inflación española se estuviera moviendo en este momento por encima del 2 por 100 o por encima del 2'5 por 100, una previsión de por debajo del 2 por 100 pudiera parecer exagerada; pero no es la situación en la que nos encontramos, ni mucho menos.

En cuanto al crecimiento económico, creo que la aceleración de crecimiento económico en 1999 se produce como consecuencia de la consolidación de la recuperación; recuperación que en estos momentos es claramente una recuperación basada en la demanda interna, es decir, en la capacidad económica de nuestro país, pero sobre todo en la inversión. Y las perspectivas de inversión para el año que viene, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de la construcción, como desde el punto de vista del conjunto de la economía, son extraordinariamente positivas. Después, también tengo que decir que nuestras previsiones de crecimiento del consumo para el año 1999 no van a suponer recalentamiento de la economía.

En cuanto a los mercados de valores, usted seguro de que puede usted encontrar personas mucho más conocedoras de esas cuestiones que puedan darle a usted consejos sobre si los mercados de valores van a subir o van a bajar. Yo me limitaré a decir dos cuestiones, desde el punto de vista del Gobierno: la primera es que los mercados de valores a medio plazo, hablando de un medio plazo relativamente corto, se comportan conforme a los fundamentos de las economías, y los fundamentos de las economías son, en el caso español, fundamentos sólidos. Indudablemente, las cuestiones que sucedan en el conjunto de las economías europeas, y mucho más en la economía mundial, nos afectan. Pero también es cierto que en este momento la economía española es una economía con bases sólidas y, en ese sentido, la inversión productiva se está expandiendo, y creo que ése es un elemento de confianza.

En segundo lugar, me atrevería a decir algo que, como no es la primera vez, tampoco tiene demasiada importancia, y es que, desde el punto de vista del inversor individual, no es lo mismo invertir en Bolsa que especular en Bolsa. Los especuladores que especulan en Bolsa corren sus riesgos, y tienen sus beneficios o tienen sus pérdidas; pero los inversores en Bolsa ganan a medio plazo. Por lo tanto, las inversiones estables no tienen en este momento por qué considerar excesivos riesgos. Lo que es indudable es que la Bolsa tiene oscilaciones, unas veces técnicas y otras veces como consecuencia de la situación internacional; pero es importante tener en cuenta la realidad de la economía española.

Con respecto a las previsiones de la memora económica del IRPF, vuelvo a reiterar lo que ya dije en la presentación del Proyecto de Ley, aquí y en el Congreso de los Diputados, y lo que ha reiterado el Secretario de Estado de Hacienda varias veces, creo que la última hace una semana justo, sobre este mismo tema. Nosotros no sólo mantenemos nuestras previsiones, sino que las hemos hecho basadas en datos reales y en todos los datos necesarios. Entendemos que algunas de las previsiones que se han producido en las últimas semanas están basadas en datos del año 1995, de ejercicios anteriores, y que no han tenido en cuenta todas las condiciones que son necesarias para hacer una previsión.

En cualquier caso, también quiero insistir que no me parece que, si se quieren introducir en el debate político o en el debate social reducciones de las prestaciones sociales, se quiera hacer a través de previsiones de reducción de los ingresos que no se ajustan a la realidad.

P.- Dos preguntitas para el Portavoz. Si ahora, que ya se conoce el fallo del Supremo, aunque no sea de una manera muy ortodoxa, hay más posibilidades de que el Presidente y el señor Almunia se reúnan para hablar de la reforma de la Justicia antes de irse de vacaciones, claro. Ésta sería la primera.

La segunda es si teme usted o le preocupan los ataques que planea hacer el PSOE a su imagen centrista.

Sr. Piqué.- En relación al primer tema, ya dije el día anterior, y ahora se lo reitero con toda rotundidad, que el diálogo sobre la Justicia, como sobre otros temas de Estado, entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, y el conjunto de las fuerzas políticas, no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de procesos judiciales. Por lo tanto, ese tema que usted menciona efectivamente no debe incidir para nada en la voluntad de diálogo que tiene el Gobierno, que yo reiteré la semana pasada y que es una voluntad de diálogo en lo político y en lo social.

Por lo tanto, el Gobierno sigue teniendo abierta esa disposición al diálogo, y ahí está a disposición del Partido Socialista, del principal partido de la oposición, para que ese diálogo se produzca lo antes posible. Entiendo que estamos ya en unas fechas muy complicadas para que eso efectivamente se produzca; pero, en cualquier caso, la disposición es permanente y no tiene ninguna fecha de caducidad.

En relación a lo segundo, vuelvo a decir lo mismo: el Gobierno reitera su voluntad de diálogo y reitera su voluntad de diálogo sobre la base de argumentos. Por lo tanto, no contesta improperios; va a contestar argumentos.

P.- Mi interesaba, por favor, que intentáramos hacer un poquito más de luz sobre las declaraciones de Ankara del Presidente. En concreto, ya que se han interpretado en algunos ámbitos en el sentido de que el Gobierno se atribuía el cierre de "Egin", quería saber, en definitiva, si el Gobierno, en alguna medida, ha guiado la mano del juez y si en la actuación judicial, digamos, detrás, por así decirlo, en alguna medida pudiera haber habido esta actuación.

También me gustaría preguntarle al Vicepresidente. El Presidente decía también en esa larga charla que se abría un nuevo ciclo, a partir de septiembre, por parte del Gobierno. Como usted pertenece a la cúpula del Gobierno, estoy seguro de que está en la cocina de ese nuevo ciclo. Me gustaría que nos contara en qué se supone que va a consistir y si, en definitiva, podría ser el gran beneficiario, a la vista de que las encuestas dicen que algunos éxitos de la gestión no se ven; no se ven quizá porque el ciclo anterior no iba bien.

Sr. Piqué.- En lo que concierne al primer tema, tengo que volver a decir lo que ya le he dicho: cualquier actuación judicial responde a unos indicios, que pueden venir de una investigación policial pero la iniciativa corresponde siempre al juez. Lo que debe hacer el Poder Ejecutivo --normalmente en estos casos el Ministerio del Interior, como es natural, a través de las diferentes fuerzas policiales-- es facilitar todos los recursos materiales y humanos que el juez necesite para llevar adelante sus decisiones y sus designios; por lo tanto, eso es, exactamente, lo que ha sucedido también en esta ocasión, como debe suceder siempre y como ha venido sucediendo en el pasado.

El Gobierno lo que quiere es impulsar el cumplimiento de la Ley, y entre ese cumplimiento de la Ley está la iniciativa del Poder Judicial a la hora de tomar determinadas resoluciones, que, lógicamente, requieren de apoyos materiales y humanos. Por tanto, el Gobierno no está detrás de ningún juez, sino que está a disposición de los jueces para que cumplan con sus designios.

Vicepresidente.- Yo creo que para que se establezca un nuevo ciclo político tienen que producirse nuevas circunstancias; no es un problema voluntarista. Yo me acuerdo, creo que era septiembre de 1994 o septiembre de 1995, de aquello que se llamaba el "nuevo impulso...". Ustedes le pusieron un determinado nombre. Como las circunstancias no cambiaron, eso no llegó a nada.

Lo importante para un nuevo ciclo es que haya nuevas circunstancias. Indudablemente, en los dos últimos años en España las circunstancias han cambiado: las circunstancias de estabilidad política son completamente distintas, las relaciones entre los socios parlamentarios son completamente distintas, la contribución del discurso de los partidos nacionalistas moderados a un horizonte nuevo del papel de España en una Europa del siglo XXI y de una España del siglo XXI es muy distinta; por lo tanto, creo que hay unas circunstancias políticas, indudablemente, que permiten hablar de un nuevo ciclo. Se ha superado una gran parte de las insatisfacciones de la sociedad española por las que se produjo el cambio político del año 1996, y es que hoy hay una clara estabilidad política y unas relaciones transparentes, y eso permite hablar de un nuevo ciclo; como también desde el punto de vista económico.

Es decir, de alguna manera, esta ley que hoy yo les he presentado a ustedes simboliza esa nueva situación económica. Y, en el hecho de que se me pregunte si un déficit público del 1'7 no es suficiente, yo les pediría a ustedes, simplemente, que movieran la moviola unos mesecitos para atrás. ¿Ustedes hubieran pensado alguna vez que España iba a tener un déficit público del 1'7 en 1999 en el año 1995, o incluso en el año 1996? En ese sentido, creo que estamos en unas nuevas circunstancias y esas nuevas circunstancias exigen un nuevo ciclo.

El Gobierno ha cumplido una gran parte de su programa; en muchos casos, prácticamente la totalidad del programa. Y, en este momento, después de un intenso proceso de saneamiento político y económico, la sociedad española lo que nos demanda es que aprovechemos y le demos las oportunidades para aprovechar estas nuevas circunstancias, tanto europeas como internas. En ese sentido, el Gobierno va a responder a esas expectativas y, como ha dicho claramente el Ministro de Industria y Portavoz, de lo que se trata es de que en este nuevo ciclo debatamos alternativas. Ya está bien de no encontrar el debate en ningún sitio.

¿Ustedes recuerdan el debate del IRPF? ¿Ustedes recuerdan el discurso de totalidad del primer partido de la oposición? ¿Ustedes se han molestado en ver las enmiendas concretas que ha planteado el primer partido de la oposición, que no tienen nada que ver con lo que decía? Eso hace prácticamente imposible el debate. Si no hay debate, nosotros vamos a seguir trabajando para modernizar a la sociedad española; pero lo que es imposible es tratar de debatir con improperios o con posiciones que no son capaces de mantenerse, ni siquiera durante veinticuatro horas.

En cualquier caso, el nuevo ciclo comienza sobre unas bases muy sólidas, y que son las importantes, que es el cambio de circunstancias.

P.- Tengo entendido que los Planes de Cuenca se mantienen en su redacción, tal como se consensuaron en los Consejos del Agua de cada cuenca. Entonces, quería preguntarle en qué medida el añadido que ha incorporado el Ministerio de Agricultura compromete al Ministerio de Medio Ambiente y qué tendría que decirle a Bono, porque está muy preocupado por este "compromiso" --entre comillas--, si es así.

Otra pregunta es: ¿qué escenarios de financiación contemplan los nueve billones de pesetas que costaría aplicar los Planes de Cuenca en veinte años?

Sra. Tocino.- En primer lugar, decir que, efectivamente, el Consejo de Ministros tenía la posibilidad de modificar esos Planes de Cuenca; no así el Consejo Nacional del Agua. Por tanto, el Consejo Nacional del Agua establece un informe preceptivo que está ahí, pero que efectivamente no condiciona para nada el Decreto. El Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros de hoy establece, tal y como ya se venía diciendo, que los Planes de Cuenca se atendrán al Plan Nacional de Regadíos vigente en cada momento.

Por tanto, los Planes de Cuenca, en la medida en que son ese inventario de recursos hidrológicos que tiene cada cuenca, y que no ha sido modificado, ni en cuanto a las demandas reales y previsibles que están contempladas en los Planes de Cuenca, quedan tal y como ha venido, y lo van a contemplar ustedes en la redacción de esos Planes. No se han modificado. Y existe el compromiso en el Real Decreto de que tampoco se va a modificar cuando se publiquen, en una versión lógicamente reducida, en el Boletín Oficial del Estado; que, a su vez, tendrá también la conformidad de cada uno de los Consejos del Agua de los Planes de Cuenca. Es decir, es muy importante el que también, antes de aparecer en el Boletín Oficial del Estado --de ahí que nos demos nueve meses--, pase nuevamente el informe de cada Consejo del Agua de cada cuenca.

En segundo lugar, en cuanto a la situación que usted me plantea de la financiación, es que no contempla absolutamente nada. En la medida en que es un catálogo de posibles actuaciones y que no está prejuzgando, como decía antes, ni la política de regadíos ni la política hidroeléctrica, se dice de qué recursos dispone cada cuenca y cuáles son las demandas existentes y las previsibles. Pero no se establece esa relación de financiación, puesto que no se está prejuzgando ningún tipo de actuaciones. Será cada una de las distintas políticas sectoriales la que tendrá que, atendiendo criterios de viabilidad económica y financiera, de viabilidad ambiental, de viabilidad social también y de viabilidad técnica, cuando se decida qué tipo de actuaciones se ponen en marcha y cuáles no.

Por tanto, no está previsto que los Planes de Cuenca tengan que tener ninguna presupuestación. Y, cuando se han afirmado esas cantidades astronómicas, desde luego es hablar de lo que no está contemplado, ni para eso sirven los Planes de Cuenca.

P.- (...) figuran unas asignaciones.

Sra. Tocino.- Lo que figuran son los recursos que existen y cuáles son las demandas reales; pero eso no está prejuzgando en este momento que todas las demandas reales y futuras previsibles van a encauzarse en una actuación concreta, porque existe, como le digo, una política hidroeléctrica y una política agraria, concretamente en lo que es regadíos, que no depende del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, no prejuzgan los Planes de Cuenca esas políticas sectoriales. No son instrumentos de planificación sectorial, son instrumentos de planificación hidráulica. Por eso, el paso siguiente, la fase que se abre ahora y que requiere, por lo menos, de los mismos consensos y el mismo diálogo, significa que hay que adecuar esos Planes de Cuenca, concretamente en regadíos, a la política de regadíos que establezca el Ministerio de Agricultura. Eso está así establecido y eso no se ha modificado, en absoluto.

P.- Señor Ministro Portavoz, una pregunta y dos matizaciones. Quería saber si el almuerzo que mantendrá el Presidente con el Presidente de la Generalitat, con el señor Pujol, tiene una agenda de conversaciones cerrada. En este sentido, aprovechando la presencia del titular de Economía, quería saber si el Gobierno está dispuesto a atender las peticiones de mayor inversiones en Cataluña, que demanda el Presidente de la Generalidad.

Luego, quería saber a qué se ha referido usted, señor Portavoz, cuando ha dicho, en referencia a las responsabilidades políticas del anterior Presidente del Gobierno, que las hemerotecas dan referencia.

Por último, quería saber si por fin se descarta que el encuentro entre el señor Aznar y el señor Almunia sea la próxima semana.

Sr. Piqué.- El encuentro entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalidad es un encuentro que, como es natural, tiene que afrontar la situación económica. Se tiene que hablar de los próximos Presupuestos Generales del Estado, se tiene que hablar del contenido de esos Presupuestos; pero, en cualquier caso, no tiene una agenda precisa. Se trata de un intercambio de puntos de vista y de opiniones que normalmente son de enorme utilidad.

Con independencia de que se toquen temas concretos, no hay ninguna previsión concreta respecto a cuáles vayan a ser esos temas. Entiendo, y el Vicepresidente Segundo de Gobierno podrá precisarme, que, como es natural, se va a hablar de determinadas inversiones públicas, que son importantes para Cataluña pero que también son muy importantes para el conjunto de España. Ésa es una cuestión que, efectivamente, puede estar en el encuentro a lo largo del almuerzo.

En relación a lo segundo, yo me refería a que se han manifestado diferentes teorías en relación a la ligazón entre las responsabilidades judiciales y las responsabilidades políticas, y la asunción de dichas responsabilidades. Como hay diferentes teorías, yo creo que las diferentes opiniones están suficientemente manifestadas. Yo no quisiera añadir nada más, porque no tengo la menor intención de distorsionar el debate desde el Gobierno.

Y, a la tercera pregunta, la semana que viene, ¿decía usted? Es ya finales de julio. ¿Si es posible? Desde luego, sí hay disposición; pero yo no creo que eso pueda ser. Si no recuerdo mal, el señor Almunia está de viaje.

Vicepresidente.- Yo tuve hace diez días la ocasión de tener una reunión con el señor Pujol. Hablamos de los Presupuestos. Es indudable que el señor Pujol, como el resto de los responsables políticos, me manifestó sus intenciones y sus preferencias por la inversión pública; creo que en eso hay una coincidencia generalizada en todos los responsables políticos. Yo le he explicado al señor Pujol algo muy claro: vamos a hacer un esfuerzo en 1999 para que la inversión pública aumente y, sobre todo, mantenga su peso en el conjunto de la economía.

Dentro de unos Presupuestos en los que el peso del gasto público disminuirá en la economía; en unos Presupuestos en los que el déficit público no sólo se va a reducir hasta el 1'7, sino que el superávit primario --y perdonen que utilice esa jerga--, la diferencia entre gastos e ingresos, si quitamos el coste de la Deuda, va a aumentar en beneficio de los ingresos, y también con una tercera condición, y es que vamos el año que viene a invertir más de lo que tengamos en déficit, y todavía más de lo que hemos hecho en el año 1998; dentro de esos parámetros, trataremos de aumentar las inversiones, siempre buscando la realización de planes que vayan, como es natural, dentro de una política coherente y dentro de una política planificada, que está establecida por los Ministerios, en general, y especialmente por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente.

P.- Dos cuestiones, la primera para la Ministra de Medio Ambiente. Pedirle conocer si los Planes de Cuenca dejan o no abierta la posibilidad de creación de 1.200.000 hectáreas de regadíos, teniendo en cuenta ese inventario de recursos que hacen; si, según ese inventario, es posible crear ese 1.200.000 hectáreas de regadíos.

Para el Ministro Portavoz, pedirle si hay una previsión de lo que se pueda ahorrar o de la reducción del gasto farmacéutico que se va a conseguir con las nuevas medidas de financiación de fármacos que ha aprobado hoy el Gobierno, y si la lista de financiación selectiva es la misma que aprobó recientemente el Consejo Interterritorial.

Sra. Tocino.- Con relación a la primera pregunta que usted me hace, recordarle que los Planes de Cuenca son lo que se dice en la Ley de Aguas, y que el artículo 40 dice, exactamente, cómo es un inventario de recursos existentes y de demandas existentes. Por tanto, lo que hacen los Planes de Cuenca no están prejuzgando ninguna política sectorial, reitero una vez más, ni la política de regadíos ni la política hidroeléctrica; lo que hacen los Planes de Cuenca es decir: ésta es el agua que existe en esta cuenca y éstas son las demandas reales reconocidas de interés general, concretamente en el caso de los regadíos. Y no está prejuzgando si se van a poner en marcha todas las posibles actuaciones de un tipo o de otro que podrían existir.

La obligación de los Planes de Cuenca es decir: éste es el agua de la que se dispone, éstas son las demandas reales. Luego existen políticas sectoriales, que están, además, ubicadas en otros Ministerios, que son las que tienen que decidir cuáles son esas políticas sectoriales. Y, en ese momento, el Plan Hidrológico Nacional recogerá ya la adecuación de esos Planes de Cuenca a las necesidades políticas y a las actuaciones políticas que en los sectores correspondientes hayan decidido. Es ahí cuando habrá exactamente, como se preguntaba antes, una situación ya económico-financiera determinada, porque se sabrá qué actuaciones, de las posibles, se ponen en marcha de una manera definitiva.

Sr. Piqué.- En relación al tema de los medicamentos, el ahorro que se estima, el impacto económico de la medida, está en torno a los 30.000 millones de pesetas, pero que hay que situar en su contexto; no se trata de un ahorro sin más, sino que se trata de liberar recursos para poder hacer otros gastos y otras aportaciones al conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, conviene recordar que ésa es una medida que está integrada en el enorme esfuerzo de potenciación de la Sanidad pública que ha hecho el Gobierno y que se traduce en 380.000 millones de pesetas adicionales y, por lo tanto, en un incremento del 10 por 100 del Presupuesto sanitario.

Tengo que decirle también que, efectivamente, es una lista que, de 868 especialidades iniciales, ha pasado a 834, es un 4 por 100 menos, y que ha sido informada favorablemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de uso racional del Medicamento.

P.- Quería saber, dentro de las previsiones de inflación por debajo del 2 por 100, si la cifra del 1'8 es definitiva. Si es así, ¿por qué no se ha esperado a conocer la previsión del Banco Central Europeo?

Vicepresidente.- Es definitiva en nuestra elaboración de nuestras previsiones para 1999; segundo, porque el Banco Central Europeo ya nos ha indicado, en la última reunión del ECOFIN de los Once, que sus objetivos de inflación para el área Euro-Once no serían conocidos inmediatamente. Por tanto, nosotros tenemos que elaborar una Ley de Presupuestos y es imprescindible tener una referencia de inflación. Nos ha parecido que, dentro del contexto nacional, es decir, de lo que ha sucedido en España con la inflación en los últimos dos años, un objetivo de inflación que nos acercara a la media europea era un objetivo plenamente coincidente con la realidad española y con la necesidad de que España vaya ganando posiciones dentro del conjunto de los países que forman parte del Euro.

En cuanto a cuáles sean los instrumentos que utilice el Banco Central Europeo, si éstos van a ser exclusivamente instrumentos monetarios, o si va a ser también un objetivo de inflación a medio plazo, o simplemente un objetivo de inflación a medio plazo, como usted sabe muy bien, eso ni siquiera en este momento ha sido decidido definitivamente por el propio Consejo del Banco Central Europeo y, por lo tanto, es algo que conoceremos en los próximos meses.

Es indudable que el Gobierno tiene que fijar sus previsiones de inflación para 1999. Una previsión del 1'8 para España en 1999 creo que nos va situar perfectamente dentro de las coordinadas de las previsiones de inflación de nuestros principales socios.

Sr. Piqué.- Muchísimas gracias. Buenas tardes.