Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las nuevas retenciones del Impuesto sobre la Renta. Un millón de contribuyentes dejarán de tener retenciones y la rebaja media va a ser del 17'5 por 100, aumentando para las rentas más bajas. Sobre esta medida les va a informar el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato.

Como don Rodrigo Rato tiene un compromiso, yo les rogaría que, después, cuando acabáramos la referencia, las primeras preguntas se le dirigieran al Vicepresidente Segundo, para que después podamos continuar con otras preguntas que consideren pertinentes, ya dirigidas al Portavoz del Gobierno.

Antes de cederle la palabra, si me lo permiten, paso a informarles de algunos de los temas tratados en la reunión de hoy.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 8.717 millones de pesetas, y un suplemento de crédito, por 26.140 millones, para cubrir las insuficiencias de crédito producidas en los años 1997 y 1998 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.

El Consejo ha aprobado también un Decreto-Ley por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un importe de 5.000 millones de pesetas para atender subvenciones a organizaciones de productores agrarios, para ordenación y fomento de la industrialización agroalimentaria y otros gastos del Ministerio de Agricultura.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. Se regulan así las tres modalidades de contratos de trabajo, de duración determinada, que están establecidas actualmente: el contrato por obra o servicio determinado, el eventual por circunstancias de la producción y el contrato llamado de interinidad. Esta norma refuerza la causalidad de los contratos de duración determinada, identifica con precisión y claridad la obra o servicio, delimita los supuestos de contratación e introduce elementos de mayor seguridad jurídica; además, perfila el papel de la negociación colectiva en la configuración de estos contratos.

Se han aprobado también tres Reales Decretos por los que se integran a las Delegaciones del Gobierno los servicios periféricos de 51 Direcciones Provinciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 14 servicios regionales del Instituto Geográfico Nacional, que dependen del Ministerio de Fomento, y los servicios de 15 Delegaciones, así como las Inspecciones de Baleares y La Rioja, pertenecientes a la Dirección General de la Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia.

Con esta incorporación de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Fomento se completa la segunda fase de integración, de acuerdo con la LOFAGE, y se avanza en el objetivo de lograr una Administración periférica más cohesionada y racional y, por lo tanto, que sea más eficaz en servicio de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que se pretende mejorar la calidad del sistema educativo e impulsar el funcionamiento de los centros públicos, dando mayor capacidad de decisión a los órganos de Gobierno y estableciendo procedimientos de regulación, organización y control de los recursos económicos. Además, el Real Decreto aprobado desarrolla la autonomía en la gestión económica de los centros, potenciando en los equipos docentes la figura del Director del Centro como responsable de todos los procesos que se desarrollan en los mismos.

Se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender la totalidad de las acciones de las sociedades Suria K y Potasas del Llobregat (llamado Grupo Potasas) a un consorcio formado por distintas empresas y encabezado por la compañía israelí Dead Sea Works. Los compradores pagarán 17.200 millones de pesetas por el grupo Potasas. Su proyecto industrial tiene previstas unas inversiones de 18.100 millones de pesetas en un primer período de cinco años y cuenta con la puesta en funcionamiento de una nueva explotación minera y la construcción de una nueva planta para el tratamiento del mineral.

El Consejo también ha autorizado la suscripción de cuatro Convenios entre el Ministerio de Industria y Energía y la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar actividades de seguridad minera que pongan en marcha medidas para disminuir los índices de siniestralidad. Se pondrán en marcha actividades sobre control de productos y equipos para minería con marcado comunitario, potenciación del conocimiento de la seguridad minera en los programas de las carreras de ingeniería, formación de los trabajadores y desarrollo de las disposiciones de seguridad para la utilización de los equipos de trabajo.

Se ha aprobado la concesión de cinco créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo por un importe superior a los 13.000 millones de pesetas, de los cuales hay dos créditos para la República de Indonesia, uno para Honduras, otro para Bolivia y otro para Uganda. El destino de estos créditos es financiar equipamiento hospitalario y equipos médicos, puentes metálicos y un sistema integral de agua potable.

Asimismo, se ha aprobado la contribución española a diversos organismos internacionales por un importe global de 7.300 millones de pesetas, también con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo.

El Consejo ha autorizado las obras de desdoblamiento del Eje Pirenaico en el tramo entre Montagut y Olot, en Girona. El tramo tiene una longitud de 10 kilómetros y el presupuesto de contratación es de 15.000 millones de pesetas.

Se han autorizado las obras de modernización de dos tramos de la línea Monforte-Ourense-Vigo, en la provincia de Pontevedra, cuyo plazo de ejecución es de veintiséis meses y cuentan con un presupuesto de 2.568 millones de pesetas.

Se ha aprobado la celebración del contrato para las obras de reforma del hospital Virgen de la Concha, en Zamora, por un importe total de 6.190 millones de pesetas.

Y se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato para la construcción de un nuevo hospital en Fuenlabrada, en la provincia de Madrid. El presupuesto total de licitación es de 10.990 millones de pesetas y el plazo de ejecución de las obras se ha previsto en cuarenta y dos meses.

En el capítulo de nombramientos y condecoraciones, el Consejo de Ministros ha nombrado, como Director General de Turismo, a don Germán Porras Olalla; como Almirante Jefe de la Zona Militar de Canarias, a don José Antonio Zea Salgueiro; como Directora General del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), a doña María del Carmen Becerril Martínez. Y, ya en condecoraciones, a propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz de Carlos III a don Álvaro Rodríguez Bereijo, Presidente del Tribunal Constitucional, como ustedes saben; también, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo ha concedido la Gran Cruz de Isabel la Católica a don Vicente Gimeno Sendra, a don Fernando García-Mon y González-Regueral y a don José Gabaldón López. Y se ha concedido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a doña Paloma O'Shea, a don Ramón González de Amezúa, a don Antón García Abril, a don Jordi Savall Bernardet, a don Juan Duato Barcia, a don José Jiménez Lozano, a don José Luis Vázquez Garcés y a don Miguel Báez Espuny.

Antes de cederle la palabra al Vicepresidente Segundo, permítanme una breve referencia a las actividades del Presidente del Gobierno en los próximos días.

Hoy mismo, el Presidente ofrece un almuerzo a varios entrenadores y otros representantes del mundo del deporte. El lunes, a las once, recibirá al Presidente del Partido Revolucionario Democrático y candidato a la Presidencia de la República de Panamá, Martín Torrijos. El martes, a las diez, asistirá al Pleno del Congreso, en el que se votarán los Presupuestos Generales del Estado para 1999; a las cinco de la tarde realizará una visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con motivo del inicio de producción del Euro; y, a las seis y media, recibirá al Presidente del RPR francés, Philip Seguin. El miércoles, a las 9,30 (miércoles 23 y, por lo tanto, considero una excepción perfectamente explicable), se va a celebrar la reunión del Consejo de Ministros y, a primera hora de la tarde, mantendrá una vídeo-conferencia con representantes de las tropas españolas que están estacionadas en el extranjero.

Vicepresidente.- Como les ha informado el Ministro, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que constituye el desarrollo reglamentario de régimen de retenciones y pagos, previsto en la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que fue aprobada hace pocas semanas.

Quisiera destacar, primero, que este nuevo desarrollo de las retenciones supone la primera clara manifestación de lo que la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas va a trasladar a la sociedad española, y es una bajada generalizada del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, que se manifestará para los asalariados y los pensionistas a partir del 1 de enero de 1999, beneficiando, como ya anunciamos, principalmente a ese tipo de rentas; es decir, a los salarios y a las pensiones.

Quiero decir que, como todos sabemos, quiero, una vez más, subrayar que la reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas va a suponer, a lo largo del año 1999 y del año 2000, una bajada generalizada para todos los contribuyentes de sus pagos por el Impuesto de la Renta, además de una exoneración de la obligación de presentar declaración a un volumen importante de contribuyentes, así como una desaparición de la obligación de contribuir y, por tanto, de no pagar impuestos, también para un número considerable de contribuyentes, que ya se manifestará en las retenciones del año 1999, como pasaré a comentar en un momento.

Quisiera decir que los objetivos de este Real Decreto son, principalmente, hacer efectiva la reducción del impuesto, como principal objetivo; al mismo tiempo, adecuar las retenciones al impuesto final, evitando la voluminosa cantidad de devoluciones que se están produciendo con el sistema de la Ley de 1991. Como usted saben, se acercan a los once millones de personas que tienen derecho a devolución, por más de un billón de pesetas, situación que cambiará a partir del año 1999, en el que los contribuyentes verán retenidas prácticamente en exclusiva las cantidades que al final tengan que pagar.

También quiero destacar que con el nuevo sistema de retenciones desaparece el efecto salto, por el que un contribuyente que ganara una peseta más que la retribución anterior se encontraba con que su retención podía aumentar notablemente; por ejemplo --yo creo que tienen ustedes el dato, pero sí me gustaría destacarlo con dos ejemplos--, un contribuyente que tuviese una remuneración de 2.022.000 pesetas, frente a un contribuyente que tuviera una remuneración de 2.022.001 pesetas, el primero tendría 40.000 pesetas menos de retención al año que el segundo; en el caso de un contribuyente que tuviera una retribución de 7.862.000 pesetas, frente a un contribuyente que tuviera 7.862.000 pesetas más una, la diferencia serían 163.000 pesetas al año de retención. Ese efecto salto desaparece con el nuevo sistema de retenciones, como pasaré a explicar a continuación.

El impacto presupuestario del nuevo sistema de retenciones, teniendo en cuenta en exclusiva el efecto sobre el Impuesto de Renta de las Personas Física --y quiero subrayar esa cuestión porque, como ustedes saben, las previsiones del Gobierno son que en el conjunto del sistema económico en 1999 la reforma del IRPF va a producir un efecto de expansión de la demanda, que nos permitirá recuperar una parte de la pérdida recaudatoria--; en cualquier caso, considerando en exclusiva el efecto sobre el Impuesto de Renta de las Personas Físicas, la diferencia entre la tarifa de 1999 y la tarifa de 1998 serán 776.242 millones de pesetas, de los cuales el efecto en el Presupuesto son 627.126 millones de pesetas.

Si con eso tenemos en cuenta las nuevas reducciones que se plantean en las retenciones de depósitos, cuentas corrientes y préstamos, que pasan del 25 al 18 por 100, hay que añadir a las dos cifras anteriores 62.000 millones de pesetas en el caso de las tablas de 1998 a 1999 y, en el efecto presupuestario del Presupuesto de 1999, 53.300 millones de pesetas. A esas dos cantidades hay que restarles los efectos que tendrán las nuevas retenciones a tipo fijo del 20 por 100 que se plantean para el ejercicio de 1999, que tendrán un efecto, desde el punto de vista de la renta disponible, de 155.000 millones de pesetas y, desde el punto de vista presupuestario, de 142.000 millones de pesetas.

Al final, el efecto de la diferencia de retenciones por todos los conceptos, las nuevas que aparecen en 1999 y las que se modifican, será de 683.642 millones de pesetas y el efecto presupuestario será de 538.426.

Quisiera decir que, como podrán ustedes comprobar, el efecto sobre la renta disponible en el primer ejercicio será superior a otros ejercicios, porque hemos cifrado que el efecto sería de 495.000 millones de pesetas, como consecuencia de la disminución de las devoluciones en el ejercicio del año 1999.

En cuanto a la descripción de las características generales del nuevo impuesto, el nuevo sistema de retenciones entrará en vigor el 1 de enero de 1999, con alguna excepción que, como ustedes saben, es la que se refiere a los retenedores de nuevas retenciones, principalmente las instituciones de inversión colectiva, que tendrán un plazo ampliado hasta el 1 de febrero de 1999.

Con el actual sistema, el sistema que está en vigor en 1998, como ya he recordado, hay once millones de personas que solicitan devolución, situación que cambiará sustancialmente a partir del año 1999.

También, como ustedes saben, el nuevo sistema del Impuesto de Renta de las Personas Físicas grava en exclusividad las rentas disponibles familiares después de tener en cuenta las circunstancias familiares y profesionales. En ese sentido, es importante que todos los contribuyentes suministren a sus retenedores los datos personales, en la mayor parte de los casos ya suministrados, y para los cuales se está llevando a cabo un intenso trabajo de comunicación con los retenedores, con un envío por parte de las autoridades tributarias de casi un millón y medio de cartas a todos los retenedores, y, además, con nuevos servicios que la Agencia Tributaria está suministrando a todas las empresas, y en especial a las pequeñas y medianas empresas, al objeto de que las retenciones que tengan que practicar pondrán ser calculadas --gratuitamente, como es natural, ya que es un servicio público-- por la Agencia Tributaria a todos los empresarios que así lo deseen; aparte de otros instrumentos, como el teléfono de información, que, como ustedes saben, es el 901.33.55.33, donde todo contribuyente puede obtener toda la información que desee sobre sus retenciones o las que tenga que practicar, y todo tipo de programas informáticos de ayuda en Internet, además de programas de ayuda del cálculo de retenciones con distintas opciones, en función de las necesidades de cada empresa, que están a disposición de todos los contribuyentes.

Las retenciones sobre el rendimiento del capital mobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de activos se sujetan a la retención del 25 por 100 en los rendimientos procedentes de capitalización y contratos de seguro de vida e invalidez. Aquí quisiera decir que, como ustedes saben muy bien, la base sobre la que se calcula este 25 por 100 no es el 100 por 100 de los rendimientos y que, por lo tanto, no se puede comparar esta retención del 25 por 100 con retenciones del 18 ó del 20 por 100, que sí se aplican sobre la totalidad de los rendimientos. Los rendimientos de los seguros se calculan sobre bases que nunca son del 100 por 100 y, en cualquier caso, bases distintas, según la duración del seguro.

Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones representantivas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, es decir, de los fondos de inversión, se someten a una nueva retención del 20 por 100, que es igual al impuesto que tendrán que pagar los partícipes cuando tengan que declarar el beneficio por estas ganancias patrimoniales y, por lo tanto, no suponen ningún aumento de impuestos. Pero, habida cuenta de que es una nueva retención, se amplía el plazo en 30 días para su aplicación, a partir del 1 de febrero.

Sobre las retenciones y pagos fraccionados sobre rendimientos y actividades económicas y otras rentas, quisiera simplemente manifestar que, para los contribuyentes que realicen actividades económicas en régimen de estimación objetiva, se reducen los pagos fraccionados al 4 por 100 con carácter general y al 3 y 2 por 100 si existe una persona asalariada o ninguna, respectivamente, y se establece el tipo de retención sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarriendo de inmuebles urbanos al 18 por 100, tanto si el receptor es persona física como jurídica.

Quisiera ya, brevemente, plantear dos cuestiones: primero, habrá un millón de contribuyentes que no tendrán retención --que hasta ahora la tenían, y que no se les practicará retención-- y estarán exentos los salarios que se muevan en las siguientes bandas: en función del número de hijos, si no se tiene cónyuge a cargo, una renta de 1.250.000 pesetas, sin hijos y sin cónyuge a cargo, no estará sometida a retención; en el caso de que se tenga un hijo a cargo, se eleva esta cifra hasta 1.350.000 pesetas y, en el caso de que tengan dos o más hijos a cargo, se eleva esta exención hasta 1.450.000 pesetas. En el caso de que se tengan cónyuges a cargo, sin ningún hijo a cargo, el límite será 1.675.000 pesetas; con un hijo a cargo, 1.850.000 pesetas; con dos o más hijos a cargo, 2.025.000 pesetas. Y en el caso de familias monoparentales, con un hijo a cargo, el límite estará en 1.675.000 pesetas y, con dos o más hijos, en 1.850.000 pesetas.

Desde el punto de vista de las rentas que sí estarán sometidas a retenciones, quisiera significar que para los salarios o pensiones que se muevan entre 1.250.000 pesetas, que es la primera cifra donde se acaba la retención cero, y las 2.022.000 pesetas la bajada de las retenciones será del 45'59 por 100. Para aquellos salarios o pensiones que se muevan entre los 2.022.001 peseta y los 3.145.000 pesetas, las bajadas serán del 22'91 por 100; para las rentas entre 3.145.001 pesetas y 5.166.500 pesetas, la disminución de las retenciones será del 14'39 por 100; para las rentas, salarios y pensiones entre 5.166.501 pesetas y 7.862.000 pesetas, la disminución será del 12'39 por 100, y para el resto la disminución será del 8'62 por 100, dando un promedio de disminución del 17'55 por 100.

Quiero decir que, en el caso que a lo largo del ejercicio se produzca cualquier aumento de retribución, el aumento de la retención nunca podrá ser superior al aumento de la retribución, para evitar el efecto salto al que he hecho mención a lo largo de mi intervención.

Quisiera mencionar, sobre los informes de las instituciones del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, que se han atendido la mayor parte de las recomendaciones de ambas instituciones; en concreto, desde el punto de vista del Consejo de Estado, se han atendido el tema que planteaba, que nosotros entendemos de manera absolutamente razonable, de que no existe en este momento cobertura legal para exigir la acreditación obligatoria de las circunstancias personales en el caso de minusvalías y que, por lo tanto, esa acreditación no será exigible y se hará con carácter voluntario.

También quiero decir que la Asociación del Comité Español de Representantes de Minusválidos ha hecho pública una nota, que ustedes conocen, respaldando no sólo la nueva tributación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, sino el sistema de retenciones.

Quiero decir que también hemos atendido la observación del Consejo de Estado respecto a la reducción de la retención para premios menores de 100.000 pesetas, que se ha disminuido a 50.000 pesetas. También hemos atendido la cuestión relativa a la falta de cobertura legal en el autoingreso en los caso de transmisión de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, que ha sido suprimida.

Con respecto al plazo de comunicación de la variación de las circunstancias personales, para que éstas surtan efecto en la nómina, se especifica que el plazo será de cinco días.

Prácticamente todas las demás cuestiones que han sido planteadas se han atendido, con excepción de la que se refiere a la retención de los fondos de fondos, que entendemos que es similar a la que se le practica a estas instituciones en otras inversiones financieras que practican.

P.- Vicepresidente, por favor, dos preguntas que no están directamente vinculadas con todo este tema que acaba de abordar. ¿Podría hacerme un balance de lo que ha sido, en su conjunto, el resultado de la economía en 1998 y cuál es la perspectiva para 1999? ¿Cómo será la transición de la peseta al Euro, ya que estamos en fechas muy próximas? ¿Qué va a suponer para los ciudadanos? Un poco de explicación. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero, si nos va a cambiar en algo la vida?

Vicepresidente.- De momento, a partir del 1 de enero lo que le van a bajar son las retenciones; eso es lo que estoy tratando de comunicar y, ya que me lo pregunta usted por otro camino, lo primero que digo es que, a partir del 1 de enero, lo que es seguro que va a pasar es que la gente va a tener más dinero en la nómina.

A partir de ahí, sobre la pregunta que usted me hace del año 1998, creo que en los últimos día se han publicado una serie de datos muy ilustrativos de la situación de la economía española, con un crecimiento sostenido en los primeros tres meses del año; con una situación de crecimiento del empleo de 450.000 personas en el año 1998; con una disminución del desempleo de 275.000 personas; con un Índice de Precios al Consumo que se mueve en el entorno del 1'5 por 100 en el conjunto del año y también con una situación de nuestra situación exterior, de nuestra balanza por cuenta corriente, que todavía nos permite continuar contemplando la expansión de la economía española.

Creo que estos datos son especialmente significativos, si tenemos en cuenta que estamos ya inmersos en una situación de crisis internacional desde hace varios meses. Cuando estamos desde hace más de seis meses claramente en una situación de crisis internacional, que está afectando a todos los países, y a nosotros también, el hecho de que nosotros podamos mantener, no sólo unos altos niveles de estabilidad, sino unos altos niveles de crecimiento, indica que la transformación de la economía española y la flexibilidad de la economía española es notable, y que debemos continuar por ese camino.

Lo importante, yo creo, en estos momentos, en los que el marco internacional ha pasado de una situación relativamente tranquila a una situación de clara incertidumbre, es que nuestra economía y nuestra política económica mantengan el mayor margen posible y la mayor flexibilidad, y sean capaces de mantener tasas de crecimiento diferenciadas con la media europea, lo cual permita a los españoles mejorar su nivel de vida en relación a otros europeos, y que esas tasas de crecimiento diferenciadas sean, además, muy intensas en empleo.

1998 terminará con una traslación del crecimiento al empleo del 90 por 100, y creo que ése es un objetivo que debemos intentar mantener o, por lo menos, acercar en los próximos años.

En cualquier caso, como ustedes saben, el Gobierno está trabajando en el Plan de Estabilidad del Reino de España, que presentaremos a la Comisión Europea y del que tendré ocasión de informarles a ustedes en sucesivas ruedas de prensa.

P.- En el CES, pedían empresarios y sindicatos, por unanimidad, un plazo de tres meses para aplicar las nuevas retenciones, y creo que el Consejo de Estado --corríjame si me equivoco-- pedía un plazo más amplio. ¿Por qué se ha reducido sólo al mes que inicialmente ya se había hablado?

¿Va a tener la Agencia Tributaria capacidad para calcular las retenciones de todas las empresas que lo soliciten?

Vicepresidente.- Con respecto a la recomendación del Consejo de Estado, el Consejo de Estado plantea la necesidad de ampliar el plazo y da una orientación; no da una cifra cerrada, da una orientación de aproximadamente tres meses. Nosotros entendemos que en un plazo de un mes es suficiente. ¿Por qué tenemos esa impresión? Pues de las conversaciones que hemos mantenido con los retenedores, es decir, con las organizaciones empresariales, que en este momento han sido, como les he dicho, una comunicación de casi un millón y medio de cartas y reuniones constantes a niveles provinciales con todos los retenedores y con sus organizaciones.

Creo que, además, las manifestaciones y las notas de prensa que puedan hacerse públicas en los próximos días indicarán que es un plazo suficiente hasta el 1 de febrero: 31 de enero de 1999.

También quiero decir que, a partir del 1 de enero de 1999, a las empresas, y en especial a las pequeñas y medianas empresas, se les va a dar un servicio gratuito que hasta ahora no tenían. El encargar el cálculo de las retenciones a una gestoría no me parece que sea una noticia nueva; eso lo hacían todas las empresas en España. Pues bien, a partir de ahora, podrán no hacerlo. ¿Por qué? Porque se lo hará gratuitamente la Agencia Tributaria. Y tenga usted, sin duda, la seguridad de que la Agencia Tributaria tiene perfecta capacidad para hacer ese servicio.

P.- Querría saber si en el ECOFIN ha encontrado oposición a esta reforma presupuestaria en España, como dijo el portavoz del Partido Socialista antes de ayer que a él varios Gobiernos le han manifestado que no tiene mucho sentido recortar 700.000 millones de pesetas del Presupuesto español y que lo vayan a financiar el resto de los ciudadanos europeos.

Vicepresidente.- Yo no voy a discutir si dudo de esas manifestaciones. Yo creo que el truco parlamentario de decir que en pasillos a uno le dicen cosas es un truco muy viejo y, seguramente, todos lo podríamos utilizar. Yo le puedo a usted asegurar que nosotros, quizás, pudiéramos utilizar con más contundencia lo que nos comentan en reuniones informales. Pero yo creo que eso es bastante poco serio. Lo que un representante político puede manifestar sobre la opinión de otros representantes políticos es lo que manifiestan oficialmente y yo, desde luego, no voy a caer en ese truco; ni en hacerlo ni en creérmelo.

En cualquier caso, yo no he oído a ningún Ministro de Economía del ECOFIN opinar sobre las reformas fiscales de otros países. Quiero recordarle que no es la única que se plantea. ¿Y por qué? Porque, mire usted, lo que importa, desde el punto de vista del ECOFIN y de los Ministros de Economía, no es la política de ingresos y gastos de un país, porque igual que se podía opinar sobre la política de ingresos se podía opinar sobre la política de gastos. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión sobre las pensiones, o tomamos una decisión sobre las carreteras, o tomamos una decisión sobre las becas, ¿se nos pretende decir que esa decisión la tenemos que llevar a discutir al Consejo ECOFIN, porque tenemos derecho a los Fondos de Cohesión? Salvo que se me diga que el Presidente del Gobierno que negoció los Fondos de Cohesión dio esa garantía, cosa que no se me va a decir, porque es mentira, ése es un argumento que sólo se puede interpretar o porque no se tiene otro argumento, o porque se quieren hacer méritos ante los correligionarios de la misma ideología en las organizaciones internacionales. Pero no puedo entenderlo desde otro punto de vista.

Lo que es relevante, desde el punto de vista de nuestros compromisos europeos, es el déficit público, que eso es lo que les interesa. Usted imagínese que un Gobierno toma la decisión de incrementar sus gastos, y toma la decisión de aumentar sus impuestos. Desde el punto de vista de los contribuyentes del resto de los países europeos, es una decisión neutral. Por tanto, lo importante es qué estamos haciendo nosotros en términos de déficit público. Y no le voy a dar mi argumentación; le voy a dar la del Comisario De Silguy hace escasamente diez días, que ha puesto de manifiesto que España es el país que está trasladado más intensamente la reducción del déficit público a la evolución económica.

Entonces, en ese sentido, ni me lo han argumentado en el ECOFIN, ni creo que me lo va a poder argumentar. Y, cuando comparemos los escenarios de déficit público del año 1999 del conjunto de los países europeos, creo que podrá usted comprobar como eso no me lo van a poder argumentar. Ahora, una cosa es que en el ECOFIN las personas responsables de la economía europea no me lo puedan argumentar y otra cosa es que el líder de la oposición se permita el lujo de argumentar cosas que nadie argumenta; eso, como es natural, contribuirá a que conozcan su capacidad el conjunto de los votantes españoles.

P.- Señor Ministro de Economía, ¿no cree usted que esta medida de bajar los impuestos es contradictoria con la de imponer el impuesto de matriculación en los monovolúmenes, precisamente cuando el Ministro de Industria ha venido demostrando su voluntad de hacer desaparecer ese impuesto?

Y una segunda pregunta. ¿Hasta qué punto la expansión de la demanda puede tener efectos expansionistas en un momento en el que se discute de la necesidad de subir las materias primas y el petróleo, y que los sindicatos han anunciado que lucharán en el próximo año para aumentar el poder adquisitivo de los salarios?

Vicepresidente.- Sobre el tema de la tributación, yo creo que tan importante es que los impuestos sean razonables y bajos --y creo que lo estamos demostrando-- como que sean iguales para todos. Yo creo que el que una persona que compre un objeto, o un instrumento de trabajo, o un bien que pueda tener repercusiones familiares, como un coche, y que una persona pague el impuesto de matriculación y otras no, sólo podría tener sentido desde un punto de vista de rentas; es decir, que sometiéramos al impuesto un tipo de vehículo más caro, y no los más baratos. Pero lo otro no tiene excesivo sentido.

Nosotros entendíamos que ésta es una medida, en ese sentido, razonable. Otra cosa es el debate sobre el impuesto de matriculación. El debate de impuesto de matriculación creo que es un debate que está abierto, y tengo a mi lado al Ministro de Industria que me ha dado argumentos muy poderosos, que yo comparto. Lo que pasa es que las cosas necesitan su ritmo.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que, si hay impuesto de matriculación, me parece lógico que haya un impuesto de matriculación que se aplique a todo el mundo o a todos los coches. Ustedes supongan lo que supondría que sólo se aplicase el impuesto de matriculación a diez de cada doce contribuyentes; pues es lo mismo que estábamos haciendo.

Nosotros entendimos que, puesto que era una medida nueva y había que darle un plazo a la industria, a lo mejor, para adaptarse, podríamos haber establecido un "décalage", y era nuestra voluntad. Pero nos hemos encontrado con que algunos Grupos Parlamentarios que defendían una posición supuestamente favorable a la reducción del impuesto, han impedido parlamentariamente que se pudiera tramitar el "décalage"; y lo lamento, lo lamento profundamente. No sé lo que buscaban con esa imposición, pero lo que buscaban eso que lo expliquen; yo no quiero hacerme portavoz de los demás.

En cuanto al poder adquisitivo, la mejor ganancia de poder adquisitivo que han tenido los pensionistas en nuestro país es la que se produce en 1998, en el que la inflación prevista era del 2'1 y la inflación real se ha situado en el mes de noviembre en el 1'4. Nosotros yo creo que estamos demostrando que se pueden mejorar los poderes adquisitivos de los salarios si se adecuan al crecimiento de los precios en este momento y, además, dan margen para la creación de empleo.

En este momento nos encontramos con que las ganancias que se están produciendo en convenio mejoran el poder adquisitivo, pero los costes laborales unitarios están reduciéndose y, por lo tanto, aumentando competitividad, y se están creando 450.000 empleos, muchos de ellos en sectores en los cuales hasta ahora no se creaba empleo. Miremos el crecimiento del sector de la industria, y aprovecho que tengo al Ministro de Industria a mi lado. Sectores como, por ejemplo, la confección, en general, que eran sectores que habían destruido empleo a lo largo de muchos años, sin embargo, están creando empleo en este momento.

Por tanto, yo reconozco, como han dicho los líderes sindicales, que, efectivamente, en estos buenos datos de inflación que hay en este momento uno de los elementos importantes es la contención salarial; pero no es una contención salarial que haga perder poder adquisitivo, porque, si la inflación en 1998 se sitúa en el 1'5, eso permite ganar poder adquisitivo por el lado de los salarios, ganar poder adquisitivo por el lado de los tipos de interés y ganar poder adquisitivo por el lado de los precios, en general. Yo creo que ése es un camino mucho mejor de recorrer que el que recorríamos en los últimos quince años, en los que nadie era capaz de subir por encima de la inflación; la inflación era más rápida que todos los demás.

También quiero destacar una cuestión más: la inflación no es igual para todos; es especialmente dura para las rentas más bajas y, por lo tanto, es especialmente saludable que se reduzca la inflación para las rentas más bajas.

P.- Dos cuestiones para el Vicepresidente. (...) vigente todavía en 1998, en torno al billón de pesetas, que usted ha mencionado. Si esto no puede provocar un hundimiento de la recaudación y si en estas condiciones se sostiene el incremento, creo recordar el 2'8, previsto en la recaudación del IRPF para el año que viene, para 1999. Eso por una parte.

Por otra parte, en cuanto al conflicto de las eléctricas, quería preguntarle que, si a la vista de los problemas que se han suscitado durante todo el debate parlamentario, usted no considera que hubiera sido mejor utilizar otro procedimiento para la aprobación de esa compensación al sector. En cualquier caso, me gustaría saber qué ha obtenido Convergència i Unió a cambio de apoyar el próximo martes esta enmienda en el Congreso.

Vicepresidente.- Sobre la primera cuestión, como usted sabe, en 1998 hemos incrementado el nivel de devoluciones sobre 1997 en medio billón de pesetas. Eso es consecuencia de que hemos acelerado al máximo las devoluciones y eso quiere decir que hemos saneado claramente el Presupuesto de 1999, cosa que he puesto yo de relieve y el Secretario de Estado en todas las comparecencias que hemos tenido ocasión.

Por lo tanto, no tenemos, en ese campo, en este momento, grandes riesgos, puesto que el esfuerzo de devoluciones en el año 1998 no sólo ha beneficiado, que claro que ha beneficiado, a los contribuyentes, sino que también ha saneado claramente el Presupuesto de 1999. Cuando hicimos la previsión de incremento del IRPF para 1999 ya teníamos en cuenta todas estas medidas; por lo tanto, no tenemos ninguna razón en este momento para modificarla.

En cuanto a los costes de transición a la competencia, quisiera decir que esos costes están aprobados en la en la Ley Eléctrica, no son unos costes que se aprueben en esta Ley. Lo que se hace ahora es, como consecuencia de nuestro convencimiento de que debemos acelerar la liberalización... Si se nos puede criticar en algo, que seguramente se nos puede criticar en muchas cosas, la que primero nos criticaría es en no haberla hecho más de prisa el año pasado; es lo único que las criticaría, pero prefiero corregir las fechas del año pasado que seguir manteniendo un plazo que es negativo para la economía española.

Lo que hacemos ahora es acelerar esa liberalización, permitir que muchas más empresas puedan comprar electricidad en un mercado abierto y, al mismo tiempo, asignar a la tarifa eléctrica, no a un incremento de tarifas, porque aquí yo creo que se está jugando con los conceptos... La tarifa eléctrica no va a subir, va a bajar, eso para empezar; la tarifa eléctrica va a bajar. Por primera vez está bajando desde hace dos años, y quiero decirlo rotundamente, y antes subía. El marco estable era tan eficiente, tan eficiente, que subía la tarifa eléctrica todos los años; la situación actual de libertad nos permite que la tarifa eléctrica baje: baje en el año 1998, haya bajado en 1997, vaya a bajar en 1999, vaya a bajar en el 2000 y vaya a bajar en el 2001. Eso como primera cuestión.

En segundo lugar, en 1998 ya se ha aplicado a los CTCs parte de la tarifa: el 11 por 100. El sinnúmero de personas que se rasgan las vestiduras sobre este debate lo han aceptado perfectamente en 1998. Lo que estamos planteando en 1999 y años siguientes es que sea un 4'5 por 100, no un 11, de una tarifa que se está reduciendo y, por lo tanto, el consumidor no pone más dinero. Además, hemos introducido una enmienda en el Senado que incluye --y hay en estos momentos Grupos Parlamentarios que están resaltando ese aspecto-- el que, en el caso de que con ese 4'5 por 100 sea superior la recaudación a lo que hay que aplicar a la compensación de los costes de transición a la competencia, aumente más la disminución de la tarifa.

En cuanto al debate jurídico sobre el Senado, yo he oído esta semana cosas muy peculiares. Es decir, hay Grupos Parlamentarios que han estado dispuestos a que modifiquemos la Ley de Pensiones en el Senado y que no están dispuestos a que modifiquemos otras leyes. ¿Eso querría decir que estamos en un sistema parlamentario en que sólo es constitucional lo que respalda la oposición? Porque, si ése es el sistema, estamos inventando una democracia nueva.

Como ustedes comprenderán, si la oposición tiene la capacidad de decidir lo que es constitucional y no constitucional, en función de que lo apoye, el hecho de que gobiernen los que ganan las elecciones ha perdido todo sentido en este país, y eso me parece sorprendente. Ya no me remito a la historia de las modificaciones y leyes en el Senado de períodos anteriores, porque me parece que es un trabajo inútil. Ahora, si se quiere plantear recursos de inconstitucionalidad, cada cual es muy dueño de plantearlos, como es natural, y yo no voy a prejuzgar lo que va a decir el Tribunal Constitucional; sí sé lo que ha dicho hasta ahora.

En cuanto al respaldo parlamentario, tengo que decir que el respaldo parlamentario se produce como consecuencia de lo que acabo de decirle y de la satisfacción de los Grupos Parlamentarios de que no sólo no se eleva la tarifa sino que se reduce; no sólo no se eleva sino que se reduce el montante total de los costes de transformación a la competencia, que, por cierto, fueron evaluados por el Gobierno anterior en tres billones de pesetas, y, además, se establece una cautela por la cual, en el caso de que haya un exceso de financiación para esos costes, ese exceso no irá a favor de las empresas sino que irá a favor de los consumidores.

A mí me gustaría saber si hay alternativas a esta propuesta, porque críticas he oído algunas, pero alternativas no he oído ninguna; y, si las hay, que se nos digan. Puede haber gente que quiera que volvamos al marco estable; puede haber gente a la que le parezca que no es bueno que haya más competencia en la compra de electricidad por las empresas el año que viene. Si es todo eso, que se diga; sería enriquecedor del debate. Pero no parece que eso lo proponga nadie.

Por lo tanto, estén ustedes seguros de que estas críticas el día 22 veremos cómo acaba la cuestión; cómo se resuelve, desde el punto de vista democrático, la votación. A partir de ahí, el año que viene lo que es importante, a mí me parece relevante y es lo que le importa a la gente, es que le va a bajar la electricidad.

P.- En esta semana las Cámaras de Comercio y el BBV han coincidido en hablar de posible desaceleración de crecimiento en el próximo año. De hecho, el BBV ha reiterado de nuevo su crítica de que el IRPF puede suponer un coste de 700.000 millones y que hay rigideces estructurales en el gasto, que dice que de alguna manera es difícil bajar el gasto público en España; vuelve a poner en duda que se pueda cumplir el Presupuesto. No digo, obviamente, si comparte la opinión del BBV y las Cámaras, pero ¿cree que hay peligro de que esta desaceleración se dé, en contra de la opinión del Gobierno?

Vicepresidente.- Yo creo que los informes macroeconómicos hay que leerlos enteros, porque todos están llenos de matizaciones, de apreciaciones, de hipótesis... Claro, hacer afirmaciones sobre un informe que está lleno de cautelas y que, asimismo, hace predicciones si se cumplen una serie de hipótesis, y no si no se cumplen, me parece injusto, para empezar, porque es suponerle unas posiciones a instituciones que no las están manteniendo. Por tanto, esos informes dicen muchas cosas.

¿Que hay una desaceleración en la actividad económica en el año 1999? A través del sector exterior, ya la hemos reconocido. ¿Que, en el caso de la economía española, no va a ser sensible en el año 1999? Eso no sólo es lo que sostiene el Gobierno español, sino es lo que sostienen todas las instituciones internacionales y es lo que se desprende de los datos estadísticos que tenemos en este momento, no sólo sobre la evolución del año 1998 sino sobre la evolución que ya tenemos claramente establecida para el año 1999 en sectores tan importantes como la industria, como las telecomunicaciones o como la construcción.

Por lo tanto, debemos de ser conscientes de que nuestra economía tiene, en este momento, una situación de crecimiento sostenido y también debemos de ser conscientes de que vamos a tener, como el resto de los países, un problema desde el punto de vista de las exportaciones a determinadas áreas, que ya estamos sintiendo, que las hemos manifestado y las hemos puesto de relieve en el mes de septiembre.

¿Cuáles serán los efectos sobre nuestra economía? Hay efectos sobre nuestra economía que van en sentidos opuestos, como pasa siempre; porque, además de estos efectos de desaceleración de algunos mercados, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la reducción de tipos de interés de convergencia del Euro ha sido más importante de lo que todos preveíamos en el mes de agosto; la evolución de los precios está siendo más favorable también de lo que podíamos establecer; la evolución del coste de las materias primas, también.

Por lo tanto, yo creo que, en el tema de las previsiones, todos estamos de acuerdo en que se va a producir una desaceleración en la economía europea y también me parece que hay una opinión bastante generalizada de que España será de los países menos afectados por esa desaceleración, lo cual no quiere decir que no debamos estar, no sólo vigilantes, sino tomando medidas que nos permitan aumentar nuestra competitividad, y una de ellas, por ejemplo, es la reducción de los costes energéticos.

En cuanto al coste de la recaudación del IRPF, ahí partimos del mismo problema: son las hipótesis. Si usted ve las hipótesis de las que parten los análisis que usted menciona, se dará cuenta de que esas hipótesis dejan abiertas una serie de cuestiones que nosotros ya damos por cerradas; entre otras cosas, porque usted comprenderá que en las previsiones que hace la Agencia Tributaria sobre la recaudación no se puede permitir el lujo de dejar hipótesis abiertas. Nosotros tenemos ya que considerar todos los elementos que se pueden no tener en cuenta en otras hipótesis.

También habrá usted podido comprobar como las previsiones del coste de la recaudación han disminuido desde agosto hasta la fecha en esos informes; lo cual indica que son, por lo menos, datos discutibles. Nosotros creemos que los datos que hemos dado exhaustivamente al Parlamento y a la opinión pública se ajustan a lo que en estos momentos nuestros equipos técnicos de la Agencia están contemplando en la evolución de la recaudación de 1999, y podemos dar la certeza de que no tenemos nosotros ninguna duda de que se van a cumplir.

P.- Quería preguntarle al Vicepresidente si es verdad la crítica que hace el Partido Socialista de que el nuevo sistema de retenciones va a perjudicar a los matrimonios donde sólo trabaja una persona, uno de los cónyuges. Y no me he enterado muy bien cuando ha explicado la novedad que afecta a las retenciones de los inmuebles; si puede explicar bien cuál es la novedad.

Vicepresidente.- En cuanto a la retención de los inmuebles, como usted sabe, la retención de alquileres de inmuebles dedicados a actividades comerciales y empresariales se estableció en el 15 por 100 y ahora se va a establecer en el 18 por 100.

En cuanto a la crítica del Partido Socialista, no entiendo. ¿Qué crítica es? No, las retenciones no van a perjudicar a los matrimonios en los que trabaje un solo cónyuge. ¿Por qué?

P.- Dicen que van a salir perjudicados en los que trabaja sólo uno.

Vicepresidente.- Van a tener más bajada de retenciones los que sólo trabaja uno, ¿no? Eso lo que va a suceder; por lo tanto, no acabo de entender su pregunta.

P.- Porque solamente se pueden quitar la mitad de los hijos. Si trabaja uno, se quita la mitad de los hijos; si trabajan los dos, se quitan los dos el total de los hijos.

Vicepresidente.- Depende de la renta. Si trabaja una persona de rentas bajas con cónyuge a cargo, se tiene en cuenta esa circunstancia; por lo tanto, hay una mejora en el caso de las rentas más bajas. Pero, en cualquier caso, les damos una nota para esclarecérselo.

P.- Una pregunta respecto al plazo que se dice que se va a alargar al 31 de enero. Si esto es como ya se sabía, que este plazo es para aportar los datos, pero las retenciones desde el 1 de enero se calcularán con el nuevo sistema, o si se aplaza el sistema hasta el 1 de febrero.

Vicepresidente.- No, es para la aportación de datos.

P.- Quería saber si ya hay fecha para la nueva ronda de contactos con los partidos vascos, anunciada ahora por el Presidente. Y si se sabe exactamente si va a estar incluido Euskal Herritarrok.

Sr. Piqué.- Respecto a la segunda cuestión, me remito estrictamente a lo que ha dicho el Presidente del Gobierno, y ha hablado de una práctica política normalizada que pueda permitir el que se pueda dialogar con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco; por tanto, hace falta esa práctica política normalizada.

En relación al primer punto, no, no hay ninguna previsión; se trata de una expresión, de momento, de una voluntad.

P.- Una precisión sobre la declaración del Presidente. Concretamente, si, cuando afirma que el Gobierno ha concluido que siguen existiendo posibilidades de que se consolide definitivamente la paz, ¿extrae esta conclusión del hecho de que ya se hayan producido contactos significativos, siguiendo su terminología de la semana pasada, para aclarar de donde sale esta conclusión?

Luego, otra cuestión. El mismo Presidente el miércoles, en el Congreso, dijo que, si se apreciaba algún tipo de irregularidad en el expediente sobre la subvención a esta empresa catalana, "Torcidos Ibéricos", ésta sería corregida. Me gustaría saber si se ha revisado el expediente.

Con carácter general, me gustaría que nos hiciera una valoración, en términos políticos, de esta sucesión de denuncias sobre supuestas irregularidades en las subvenciones a la minería en el Ministerio que usted ostenta.

Sr. Piqué.- Respecto a la primera cuestión, efectivamente, después de que a principios del mes de noviembre el Presidente del Gobierno autorizara contactos para acreditar si existen posibilidades de iniciar un proceso de paz y, por lo tanto, para un abandono definitivo de la violencia, se han producido una serie de circunstancias --les podemos llamar, efectivamente, contactos significativos-- que permiten pensar que realmente siguen existiendo posibilidades para que se pueda iniciar ese proceso de paz. Eso es lo que ha sucedido. Dentro del compromiso de transparencia del Gobierno y del Presidente, por eso se transmite hoy a la opinión pública y, cuando haya alguna otra novedad significativa, así se volverá a hacer. Y permítanme que me quede, precisamente, en este punto.

En cuanto a la segunda cuestión, efectivamente, se ha revisado, porque entre los miles de expedientes que pasan por el Ministerio puede ser que en algún caso se haya podido producir algún tipo de error o algún tipo de irregularidad administrativa, y no es el caso. Desde el punto de vista general, lo que ha hecho este Gobierno, en cuanto a las subvenciones a la minería, ha sido, precisamente, racionalizar una situación que en el pasado era una situación realmente poco presentable.

Las subvenciones a proyectos en zonas mineras que pudieran absorber empleo de comarcas mineras eran subvenciones que se concedían sin intervención de la Intervención General y con criterios absolutamente laxos, en cuanto tanto al contenido del proyecto como también desde el punto de vista de los criterios en cuanto a la territorialidad, al volumen de la inversión y al volumen del empleo generado.

Esto se ha ido racionalizando; ahora están en los Presupuestos Generales del Estado. Antes, esas subvenciones se hacían con cargo a la tarifa eléctrica. Eso ya no es así, ahora están en los Presupuestos Generales del Estado; por lo tanto, están sometidas a todos los controles administrativos necesarios. Y se han restringido también los criterios de concesión. Lo que, desde luego, muestra una ignorancia cósmica es extrañarse de una subvención a un proyecto de inversión, que quiere generar empleo alternativo a la comarca minera; es extrañarse de eso. Cuando alguien dice la inmensa tontería de que "cómo es posible que se utilicen fondos de la minería para una empresa textil", es que no se ha enterado de nada; están para eso, están para generar empleo alternativo en otras actividades distintas de las mineras.

A partir de ahí, se pueden hacer todas las interpretaciones que uno quiera. Lógicamente, sí es verdad que se puede hacer una reflexión respecto a lo que es una política de subvenciones a proyectos de inversión en general. Eso es algo que está en discusión en todos los países y que nosotros mismos hemos sometido a discusión. Creo que se va a avanzando en el consenso en cuanto a que las subvenciones deben estar orientadas a que se tomen determinadas decisiones de inversión y de empleo, y que no sean sólo puro acompañamiento o disminución del volumen de inversión que ya se ha decidido hacer.

Ése es un proceso en el que realmente el Gobierno está y por eso hemos ido introduciendo, cada vez más, mayores exigencias a ese tipo de subvenciones. Antes, insisto, el nivel de exigencia era bajísimo, y les podría poner ejemplos de muchos proyectos subvencionados que, realmente, hoy no merecerían esa subvención; pero eso no tiene nada que ver con la existencia de irregularidades o con la confusión de conceptos.

P.- Me gustaría saber si el Gobierno, dentro o fuera de Consejo de Ministros, ha valorado, en términos reales, el coste político que puede tener para el Ejecutivo la iniciativa con las eléctricas, los denominados costes de transición a la competencia.

En segundo lugar, ¿qué escenario se abriría en el supuesto de, como ha alertado el Comisario de la Competencia, Van Miert, si estas ayudas fueran anuladas por Bruselas?

Sr. Piqué.- Respecto a la primera cuestión, el coste político, desde luego existe si somos incapaces de explicar la verdad y si lo que prevalecen son las opiniones más o menos interesadas y la voluntad de introducir confusión. Desde ese punto de vista, supongo que está en la obligación de la oposición intentar buscar coste político para el Gobierno. Pero, si somos capaces, y estamos haciendo este esfuerzo desde hace tiempo --lo acaba de decir el Vicepresidente Segundo también--, de transmitir la verdad a los ciudadanos, no sólo no tiene porque haber coste político, sino que los ciudadanos deben tener claro que la nueva legislación eléctrica de este Gobierno ha permitido, y está permitiendo, porque la realidad es la que es, que, primero, en un plazo de diez años, los que van desde 1997 hasta el año 2007, el ahorro para los consumidores se sitúe, en función de la evolución del mercado, entre un billón y un billón y medio de pesetas.

Eso está cuantificado en una Ley que se ha aprobado hace justo un año y que está en vigor desde el 1 de enero, y que tiene ya unas concreciones. se puede decir: "mire, esto es una previsión, pero ¿qué está pasando en la realidad?". En la realidad, desde 1997 e incluyendo el año que viene, que ya tenemos una previsión de tarifas, desde 1997 hasta 1999 el ahorro para los consumidores, derivado de la bajada de tarifas en relación con lo que hubieran tenido que subir las tarifas en el anterior marco legal y estable, supera el medio billón de pesetas.

A partir de ahí, se pueden seguir utilizando --y la semana pasada creo que les torturé con una larga explicación sobre el concepto de los CTCs; yo lamento tener que volver sobre esto--... Pero, si se sigue hablando de regalos o de aportaciones a raíz de la titulización, hay que volver a explicar --ya sé que el concepto es muy abstruso-- que la titulización es simplemente permitir a unas compañías que puedan emitir unos títulos, acudir al mercado, al sistema financiero y a los consumidores, y adelantar unos ingresos. Pero eso no afecta para nada ni a la evolución de las tarifas ni a las compensaciones que en su momento aprobó la Ley Eléctrica, que son muy inferiores a las que estaba recibiendo el sector en el anterior marco legal estable y que merecieron el apoyo parlamentario mayoritario y el apoyo de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional entonces; hoy, Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

Vamos a seguir insistiendo, de la misma manera que el Vicepresidente Segundo ya ha comentado la opinión que nos merecen determinados planteamientos en cuanto a si el Senado puede aceptar determinadas enmiendas o no puede aceptar determinadas enmiendas; yo creo que eso no resiste cinco minutos de discusión.

Se puede seguir insistiendo en que ha habido nocturnidad, alevosía y opacidad, y todas estas cosas que siempre quedan tan bien en los titulares; pero, con independencia de que yo voy a volver a comparecer por enésima vez en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados el próximo lunes, desde el mes de septiembre, en que anunciamos, a través de una conferencia de prensa pública --porque a veces parece que se olvida eso-- los acuerdos que permiten avanzar en la liberalización del sector eléctrico de una manera sustancial, he comparecido, por lo menos, una vez en la Comisión de Industria del Congreso, otra en la Comisión del Senado, he tenido dos interpelaciones en el Congreso, también en el Senado y varias preguntas orales en cada una de las dos Cámaras.

Se puede decir que no se ha discutido o debatido en el Parlamento. Se dice: "ustedes introducen una nueva ley por la vía de...". Hay que decir que eso es falso; lo que introducimos es una enmienda que modifica una disposición transitoria de una ley que está perfectamente aprobada y sigue vigente.

Seguiremos insistiendo sobre esos conceptos y a ver si conseguimos que, si se impone la verdad, efectivamente no haya coste político, porque, la verdad, lo que supone es un claro beneficio para los consumidores, para nuestro tejido productivo y para la opinión pública, para la gente en general, para los ciudadanos en general.

Y lo mismo puedo decir respecto a la posición de la Comisión Europea. Llevamos mucho tiempo informando a la Comisión Europea de los cambios en nuestro sistema energético, tanto al Comisario de la Competencia, el señor Van Miert, como al Comisario de la Energía, el señor Papoutsis. Y hay que decir que hay unanimidad en la Comisión Europea respecto a que España es un país, no sólo pionero, sino que ejemplar, desde el punto de vista de cómo está liberalizando el sector eléctrico. Y nadie pone en cuestión la legalidad de unos costes de transición a la competencia.

Lo que la Comisión Europea pretende, a raíz de la experiencia más avanzada en este terreno, que es la española, es poder delimitar el contenido de esos CTCs. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a colaborar con la Comisión Europea, porque hay países que intentan introducir en los costes de transición a la competencia, dentro del concepto, cosas tales como los complementos de pensiones pactados con sus trabajadores. Obviamente, nosotros vamos a estar a lo que nos diga la Comisión Europea; estamos absolutamente seguros de sus argumentos. Y, por las conversaciones que yo, personalmente, he tenido con el señor Van Miert, creo que, sinceramente, no va a haber obstáculos significativos.

Otra cuestión es que, mientras no exista este pronunciamiento formal, el Gobierno no autorice o deje de autorizar a unas compañías a que titulicen; las compañías titulizarán cuando lo tengan por conveniente y cuando tengan la seguridad de que el mercado va a recibir bien esos títulos. Eso se hará cuando toque, porque eso no es una decisión del Gobierno, es una decisión empresarial.

En eso estamos. Intentaremos seguir explicándonos todos los días.

P.- Me gustaría saber dos cuestiones. En primer lugar, se acaba de conocer que el Tribunal Supremo ha propuesto un indulto parcial de las dos terceras partes de la condena para Vera y Barrionuevo. Me gustaría saber cuál es su opinión.

Luego, con respecto al tema de la tregua, también me gustaría saber si ese emplazamiento que ha hecho hoy el Presidente del Gobierno a Euskal Herritarrok para que se incorpore al diálogo va a suponer el inicio de la formación de una Mesa de diálogo diferente a la de Ajuria Enea.

Sr. Piqué.- Se ha enterado usted casi, por lo menos, simultáneamente; me acaban de pasar el teletipo en el que, efectivamente --leo textualmente--: "el Tribunal Supremo ha decidido hoy apoyar la concesión de un indulto parcial de dos tercios de la pena de prisión para el ex-Ministro del Interior, don José Barrionuevo, y el ex-Secretario de Estado para la Seguridad, don Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey. El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión en la reunión celebrada esta mañana durante casi cuatro horas. El Fiscal se opuso a la concesión de dicha medida de gracia para ambos condenados". Un teletipo de la Agencia EFE.

El Gobierno no tiene absolutamente nada que decir, excepto reiterar lo que ha venido diciendo en este tipo de cuestiones desde el primer día: respeta profundamente las decisiones judiciales y seguirá actuando en ese terreno.

En cuanto a la segunda pregunta, me remito estrictamente al tenor literal de la intervención del Presidente del Gobierno. En el marco de una práctica política normalizada, se trata de establecer un diálogo político con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, y eso es algo que, probablemente --no probablemente, sino con toda probabilidad--, está perfectamente incluido en el espíritu y en la letra del Pacto de Ajuria Enea.

P.- Mi pregunta es sobre esta misma cuestión, de una posible extensión del diálogo a HB. ¿Qué condiciones o puntos básicos se creen necesarios para que exista esta situación política normalizada, de la que ha hablado el Presidente? Y si entre estas condiciones están el rechazo a la violencia callejera, una actitud dialogante y prudente de Euskal Herritarrok o el respeto a las víctimas del terrorismo.

Sr. Piqué.- Yo creo que el Presidente del Gobierno ha hablado de los tres temas y, por lo tanto, yo los voy a reiterar. Efectivamente, es así: una práctica política normalizada quiere decir eso. Una práctica política normalizada quiere decir que se condenen, como lo ha hecho el Presidente del Gobierno --por otra parte, como no puede ser de otra forma--, de forma clara y terminante episodios de violencia y que no se pueda distinguir entre lo que, a veces, se llama la violencia de alta y de baja densidad; o que haya un reconocimiento, que el Presidente del Gobierno ha dicho que se va a expresar en el mes de enero, hacia las víctimas de la violencia, hacia las víctimas del terrorismo, para lo cual ha pedido la colaboración de todas las instituciones, entre las cuales, por supuesto, se incluye el Parlamento vasco.

Habrá que ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos.

P.- Yo quisiera pedirle dos matizaciones o dos puntualizaciones a sus palabras, no a las del Presidente. He creído entender que usted ha dicho que ha habido contactos significativos, quisiera saber si es lo qué ha dicho y, si es así, que también me confirme si ha sido en la última semana; tengo que pensar que ha sido en la última semana. Ya que han pasado, si se han producido, si nos puede dar algún detalle al respecto.

En segundo lugar, lo que yo le he oído es que existen posibilidades para que se pueda abrir el proceso de paz. ¿El Gobierno considera que se ha abierto el proceso de paz, que se abrirá en breve, que se abrirá en el futuro? ¿Qué condiciones faltan para que se abra, si es que no se ha abierto ya?

Sr. Piqué.- Respecto a la primera pregunta, para que hoy el Presidente del Gobierno se haya pronunciado en los términos que ha hecho es evidente que ha habido contactos; contactos que permiten llegar al pronunciamiento de hoy del Presidente de Gobierno, que lo que hace es dirigir el mensaje de que siguen existiendo posibilidades de que se consolide un proceso de paz. Eso es exactamente lo que yo repito: que hay posibilidades.

P.- Quería que tratara dos cuestiones. Esta misma semana, el President de la Generalitat ha pedido al Gobierno un respeto hacia los símbolos de Cataluña como nación, y ha situado entre estos símbolos el de las selecciones deportivas catalanas. Quería conocer la disposición del Gobierno a este reconocimiento y, en concreto, al reconocimiento de las selecciones catalanas deportivas.

Por otro lado, ayer mismo, el candidato del Partido Socialista, el señor Josep Borrell, anunció que, cuando se den las circunstancias adecuadas, va a pedir una entrevista con el Presidente del Gobierno para hablar del indulto a los señores Barrionuevo y Vera. De la tramitación de este indulto, quería conocer también qué le puede decir el Presidente del Gobierno al señor Borrell sobre el indulto; de qué se puede hablar con los socialistas del indulto.

Sr. Piqué.- En relación a la primera cuestión, el Gobierno ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones; en primer lugar, cuando exista ya una formulación específica, va a analizar la legalidad de la misma y, en su caso, va a tomar las decisiones correspondientes. Pero también ha anticipado que no le parece una iniciativa adecuada si en algún momento eso significa algún tipo de reconocimiento internacional o la posibilidad de que se enfrenten selecciones deportivas catalanas con las del conjunto de España. Además, hay un convencimiento, que desde luego yo comparto personalmente, de que este tipo de planteamientos no benefician, sino que perjudican, al deporte, en general, y al deporte catalán, en particular. Pero ésa es una opinión personal, en cualquier caso, que se puede contrastar políticamente.

En cuanto a la segunda cuestión, cuando existan las circunstancias adecuadas, el señor Borrell dirá cuando considera que son circunstancias adecuadas.

P.- Por favor, me gustaría preguntar al Portavoz; no al Ministro de Industria, en este caso, sino al Portavoz. Lo digo porque me gustaría que sí, que hablara un poco de los CTCs de la Justicia, digamos, si se puede plantear así. Enlazando con la pregunta de mi compañero, el Partido Socialista ha hecho un planteamiento claro respecto de lo que considera la conveniencia y la necesidad del indulto de estas dos personas encarceladas por el "asunto Marey". Me gustaría conocer si el Gobierno ha hecho alguna reflexión sobre esa cuestión, al margen de que vaya a ser pronto, o más o menos pronto, cuando se produzca la entrevista.

Y sobre eso también, visto que el Supremo hoy hace un primer pronunciamiento, me gustaría saber si, desde el punto de vista del Gobierno, este pronunciamiento deja en manos suyas, en manos del Ejecutivo, la decisión. Y si el hecho de que el Tribunal Supremo haga esa manifestación en pro del indulto de dos tercios de la pena, de alguna forma, acelera o coadyuva a la resolución del asunto.

En último lugar, visto que el señor Aznar y el señor Pujol no tienen compromisos respecto al calendario electoral, aunque usted pidió que esto lo aclarara el señor Pujol cuanto antes, quería saber si hay alguna perspectiva que conozca usted de aclaración de entrevista entre ambos; siquiera para Baqueira. Si hay alguna novedad en ese frente.

Sr. Piqué.- En relación al primer bloque, porque entiendo que es un planteamiento global, el Gobierno no va a hacer ninguna consideración específica en relación a unos determinados indultos; va a darle el mismo tratamiento que concede a todas las peticiones de indulto que se tramitan a través del Ministerio de Justicia y que finalmente llegan a la mesa del Consejo de Ministros. La petición de indulto tiene que ir acompañada de un informe del fiscal, tiene que ir acompañada de un informe del tribunal sentenciador y tiene que ir acompañada también de un informe del perjudicado. Y, a la vista global de esos informes y otros requerimientos, el Gobierno cada semana toma una serie de decisiones denegatorias o de concesión de indultos. Y no hay ningún motivo para que eso no se haga así, también en ese caso.

En relación al segundo punto, yo no tengo ninguna información respecto a que se haya fijado ninguna reunión entre el Presidente del Gobierno y el Presidente de la Generalitat.

P.- Volviendo a los CTCs eléctricos, ¿no cree usted que la presentación ante el Tribunal Constitucional de esta cuestión dificulta enormemente colocar los títulos en el mercado porque, al fin y al cabo, quién va a comprar un título si va a adquirir un pleito?

Sr. Piqué.- Eso forma parte de la responsabilidad que hay que pedirles a las fuerzas políticas. Claro, es una decisión de las empresas.

P.- El Gobierno ha reconocido que ha habido contactos, contactos significativos. Yo le querría preguntar si los contactos significativos son con ETA directamente, con Herri Batasuna o con alguien representativo de ETA. Primera cuestión.

Segunda: el PNV ha declarado, a la vista de los veintiún acercamientos, que le parece una medida insuficiente y decepcionante. Le quería pedir una valoración del Gobierno de esta declaración de su socio.

Sr. Piqué.- Respecto a la primera pregunta, entiéndame usted si no le doy detalles. Ha habido contactos.

En cuanto a la segunda cuestión, es una opinión del Partido Nacionalista Vasco, que no acabo de calibrar muy bien, porque ¿dónde está la línea entre la decepción y la satisfacción? ¿A cuántos kilómetros?

P.- Quería preguntarle si el diálogo que ha anunciado, de alguna manera, el Presidente del Gobierno con EH, como fuerza que está representada en el Parlamento vasco, ¿sería un diálogo que tendría lugar en el País Vasco o en Madrid? Si puede precisar algo de esto.

Por otro lado, el 3 de noviembre, en la declaración del Presidente del Gobierno, se anunciaba que los contactos iniciales eran para saber si ETA estaba dispuesta a cumplir dos condiciones: aceptar los resultados electorales y que el fin de la violencia fuera definitivo. Quería saber si el Gobierno da por hecho que las dos condiciones se cumplen.

Sr. Piqué.- Empiezo por lo segundo, porque es más fácil. Lo que ha hecho el Gobierno, y lo ha dicho el Presidente, es constatar que siguen existiendo posibilidades y, por tanto, constata una evolución que, de acuerdo, además, con la moción aprobada por consenso, por unanimidad, en el Parlamento, va acompañada, en este caso, de determinadas actuaciones en el ámbito de la política penitenciaria, que sigue siendo la misma pero que, efectivamente, puede modularse.

En cuanto a dónde puedan producirse estos contactos, eso es una cuestión instrumental. Pero, desde luego, el ámbito de las instituciones democráticas siempre es un buen ámbito para que se pueda establecer un diálogo.

P.- Sobre el mismo asunto, quería saber si el acercamiento anunciado se puede interpretar como una señal de que van bien las conversaciones.

Sr. Piqué.- El acercamiento anunciado es un movimiento que se hace, efectivamente, y que va asociado a la constatación, por parte del Gobierno, de que siguen existiendo posibilidades después de unos contactos. Eso es simplemente lo que hay.

P.- El hecho de que haya habido contactos significativos, ¿quiere decir que el Gobierno ya sabe cuáles son los interlocutores por parte del MLNV y sin son unas personas fijas?

Sr. Piqué.- Ya he dicho que no iba a dar detalles sobre este tema.

¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.