Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy.

El Consejo de Ministros ha aprobado algunas cosas que afectan directamente a los ciudadanos, importantes, como es, por ejemplo, la rebaja de las tarifas eléctricas; asunto sobre el que les hablará el Ministro de Industria, además de comentarles otros dos asuntos de su Departamento, como es la privatización de unos astilleros y como es algo referido a las ayudas del carbón.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la inclusión de España en la estructura de mandos de la Alianza Atlántica y la eliminación total de las minas antipersonas que existen en nuestro país. Sobre esos dos asuntos les hablará el Ministro de Defensa.

Antes, con el permiso de los Ministros, me gustaría comentarles a ustedes algunos otros acuerdos del Consejo. Uno de ellos también me parece importante, como es la aprobación del Proyecto de Ley de restitución o compensación del patrimonio a aquellos partidos políticos a los que les fue incautado, como fueron la Confederación Nacional del Trabajo, la Unión General de Trabajadores, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Unificado de Cataluña, Unión Democrática de Cataluña, Partido Obrero de Unificación Marxista y Socorro Rojo Internacional, entre otros partidos y organizaciones.

Los inmuebles debían de estar destinados al ejercicio de actividades políticas de los partidos en el momento en el que fueron incautados y, de acuerdo al Proyecto de Ley que ha sido aprobado hoy, en caso de que no pudieran ser devueltos los bienes exactos, se podrá compensar a los partidos políticos por parte del Estado.

Los partidos tendrán un año para cursar sus peticiones a partir de la entrada en vigor de la Ley, cuando se apruebe en el Congreso de los Diputados.

Se ha fijado el Salario Mínimo Interprofesional para el año que viene. Será 2.268 pesetas cada día o 68.040 pesetas al mes; esto es, un incremento del 2'1 por 100 con respecto al Salario Mínimo de este año. La novedad de este año radica en que se equipara definitivamente el Salario Mínimo Interprofesional de los menores de edad con el salario de los mayores de edad. Esto supone que, para los jóvenes de menos de dieciocho años, el incremento para el año que viene será de algo más de un 15 por 100 con respecto a este año y supone que se empezó en el año 1996, como ustedes recordarán, la equiparación entre unas capas y otras de la sociedad para tener el mismo salario, y a partir del año 1998 así será.

Este nuevo Salario Mínimo entra en vigor el día 1. Se aplicará a los trabajadores fijos, eventuales o temporeros y a los empleados de hogar. La subida del 2'1 por 100 ha sido acordada con las organizaciones sindicales y patronales, y es el resultado de considerar de forma conjunta el Índice de Precios al Consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, tal y como se establece en el Estatuto de los Trabajadores.

Se han aprobado tres traspasos a la Comunidad Autónoma de Extremadura; uno de ellos me parece de especial interés, que es el de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional. Extremadura es la primera Comunidad Autónoma de "vía lenta" que obtiene esta transferencia, lo que supone que el año que viene tendrá a disposición para asuntos de empleo unos 2.000 millones de pesetas, gestionará esos 2.000 millones de pesetas. Además, se han traspasado funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual, y se han ampliado el número de inmuebles en Extremadura, según esas tres transferencias que han sido aprobadas hoy.

Se ha aprobado la concesión de 43.000 millones de pesetas con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo para atender dieciséis créditos FAD, que tienen ustedes en la Referencia.

Se ha aprobado un Proyecto de Ley de contratos-tipo de productos agroalimentarios, que tiene dos objetivos: por una parte, una mayor transparencia en el mercado agroalimentario y, por otra parte, simplificar una legislación, que es abundante y que al mismo tiempo es compleja, hasta que se apruebe este Proyecto de Ley.

Dos asuntos importantes para dos ciudades; una de ellas, Madrid. Se ha aprobado la celebración de un contrato de reformas para el Hospital de Santa Cristina; el importe son 6.000 millones de pesetas. Y una noticia que seguramente es más importante o muy importante para Burgos, y es que se invertirán 17.000 millones de pesetas en la ciudad de Burgos para sacar el tren fuera del centro de la ciudad, algo que los burgaleses pedían desde hace muchos años. Estos 17.000 millones los invertirán el Gobierno, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento.

Se ha concedido la Medalla de Oro a las Bellas Artes a María Rosa Orad, Fernando Guillén, Antonio Mercero, Ricardo Franco, Isabel García Lorca, Oscar Tusquets, a los toreros Curro Romero y Santiago Martín "El Viti". Y se ha concedido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Justo Yufera Cerdán.

Además, el Consejo de Ministros ha conferido a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Honduras.

Sr. Piqué.- Para dar cuenta de tres medidas que ha tomado hoy el Consejo de Ministros. La primera es un Decreto por el que se aprueban las tarifas eléctricas que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero para todo el año 1998 y que suponen una rebaja, en promedio, del recibo de la luz del 3'63 por 100. Desde la firma del Protocolo Eléctrico y, por lo tanto, durante los años 1997 y, con la rebaja aprobada, para 1998, las tarifas eléctricas han bajado una media del 6'52 por 100 en pesetas corrientes, lo que supone una rebaja del 10'4 por 100 en promedio, insisto, en términos reales, teniendo en cuenta la inflación.

La distribución de esa rebaja del 3'62 por 100 se ha hecho en los siguientes términos, en términos generales: un 3 por 100 de rebaja para los consumidores domésticos; en torno a un 5 por 100 de rebaja para las pequeñas y medianas empresas, y la congelación de las tarifas para las grandes empresas.

Eso implica que para un consumidor doméstico normal, de una tarifa habitual, la rebaja, en términos reales, que ha tenido en su recibo de la luz entre el años 1997 y la que se va a acumular en el año 1998 asciende al 8 por 100. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, la rebaja acumulada de estos dos años está en torno al 14 por 100, lo que supone, por lo tanto, un impulso muy serio a la productividad de nuestro tejido productivo, de nuestro tejido empresarial y, por lo tanto, para su capacidad para competir en el marco futuro de la Unión Económica y Monetaria.

Al mismo tiempo, la rebaja del 8 por 100 en términos reales para los consumidores domésticos en estos dos años implica también un refuerzo de la política del Gobierno en su lucha contra la inflación y, por lo tanto, para seguir manteniendo nuestra tasa de inflación en las cotas más bajas de toda su historia, como es el caso.

Esta modificación de las tarifas, que es importante en sí misma, va a ir también acompañada de la fijación, por primera vez, de los peajes para el uso de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, lo que va a permitir, por lo tanto, que se vaya introduciendo la competencia en la generación, de tal manera que una buena parte de los consumidores de electricidad --de momento, en principio, los grandes clientes-- van a poder escoger libremente su suministrador, y después, a través de un calendario preestablecido en la Ley Eléctrica, en un plazo máximo de diez años, que todos y cada uno de los consumidores de electricidad puedan escoger libremente a quien le compran la misma y, por lo tanto, obtener el precio más barato posible.

Esta rebaja de tarifas, de la que hay unos cuadros y unos números a su disposición y, por tanto, para poderlo ver con mayor detalle, complementa una serie de medidas que ha tomado también hoy el Consejo de Ministros para poner en marcha la nueva Ley del sector Eléctrico a partir del día 1 de enero y que, en concreto, son: un Reglamento de Puntos de Medidas, un Real Decreto que regula el procedimiento de liquidación de los costes a tarifa y de los costes permanentes del sistema y, por lo tanto, que permite también introducir a partir del 1 de enero lo que prevé la nueva Ley, y, finalmente, un Real Decreto que establece la Organización del Mercado de Producción de energía eléctrica y regula las transacciones que se produzcan en el mismo.

Esta rebaja de tarifas, que además de beneficiar a los consumidores, como hemos dicho, beneficia a nuestras pequeñas y medianas empresas y, en general, a nuestro tejido empresarial, tiene también consecuencias positivas para otro tipo de tarifas especiales, como puedan ser las que utilizan los agricultores para el riego o los que utilizan las corporaciones locales para el alumbrado público. Por lo tanto, nos parece que es una medida de contenido económico muy positivo y que va a tener su continuidad en la evolución de las tarifas eléctricas en los próximos años, tal y como prevé el propio Protocolo.

El segundo tema del cual les quería informar es el relativo a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto de ayudas al sector del carbón, de acuerdo con lo que se firmó en su momento entre el Ministerio de Industria y los sindicatos. Esa aprobación del Decreto de ayudas ha sido posible ante la autorización, por parte de la Comisión Europea, por parte de Bruselas, del Plan del Carbón para el conjunto del sector de la minería y, en particular, para la minería privada. Por lo tanto, se trata de poner en marcha los acuerdos establecidos y que van a afectar positivamente en los términos previstos a las minas de Teruel, a las minas de León, de Palencia o a la minería privada asturiana. También va a permitir implementar el sistema de ayudas para la minería pública, en el bien entendido que una cosa es el sistema de ayudas y otro es el planteamiento que está haciendo la Comisión Europea en relación a las reducciones de producción, que están en estos momentos en negociación.

Pero entendemos que también es una magnífica noticia para las cuencas mineras, porque permite poner en marcha el Plan, que recoge no sólo las ayudas a la explotación y las ayudas a la reestructuración sino también, lo que es más importante, las ayudas destinadas a la reindustrialización y al desarrollo alternativo de las cuencas, tanto para obras de infraestructura como para programas de formación del capital humano o apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo.

Finalmente, informar también con brevedad de la aprobación del acuerdo que ha tomado el Consejo de Ministros para la privatización del astillero Hijos de J. Barreras, S.A., de Vigo. Ésta es la primera privatización de un astillero público y que ha tenido como elemento fundamental el plan de empresa, el mantenimiento del empleo y, por lo tanto, la posibilidad de dotar de un proyecto de futuro a nuestros astilleros. Saben ustedes que una de las condiciones establecidas por la Comisión Europea a todos los Estados miembros es que a partir del año 1998 no es posible dar ningún tipo de ayuda adicional a nuestros astilleros públicos --a "nuestros", me refiero a los europeos-- y, por lo tanto, incluso, eso impide la eventualidad de una ampliación de capital, si fuera necesario.

En este contexto, estamos buscando alternativas positivas, proyectos accionariales sólidos, que permitan garantizar el futuro de esas empresas más allá, por lo tanto, del año 1998. En estos momentos la carga de trabajo es una carga de trabajo espléndida, está en el mejor momento de su historia en el conjunto de los astilleros; por lo tanto, la situación coyuntural es muy positiva. Estamos reorientando el programa de apoyo al sector de la construcción naval en coherencia con lo que se está planteando en el conjunto de la Unión Europea, y la privatización de Barreras, por lo tanto, es un elemento más con esa perspectiva de mantener la actividad y de mantener el nivel de empleo.

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la venta de las acciones de este astillero por parte de SEPI a un grupo conocido como Grupo Barreras, y que está formado, en un 50 por 100, por Naviera Odiel; en un 20 por 100, por las empresas Albacora y García Costas --un 10 por 100 cada una; empresas armadoras y conserveras gallegas--, y el 30 por 100 restante es propiedad del equipo directivo del astillero, que está en disposición de ofrecer un 10 por 100 de ese 30 a los trabajadores de la compañía.

La venta se ha hecho en los términos siguientes: se establece un pago de 750 millones de pesetas en el momento de formalizar la operación; se compromete una ampliación de capital --elemento muy importante-- de 450 millones de pesetas en un plazo máximo de tres meses; una entidad financiera --en concreto, Caixa Vigo-- garantiza la refinanciación de la deuda restante que tienen los astilleros, que está en torno a unos 2.000 millones de pesetas, y se acuerda no repartir dividendos en los cinco años siguientes a la fecha de privatización, por lo tanto, con una medida destinada al fortalecimiento financiero de la empresa.

Asimismo, hay una cuestión que me gustaría comentar, y es que se excluyen de la operación los llamados "terrenos ociosos" o activos no estrictamente productivos, que tiene la empresa en Vigo, con un valor en libros cercano a los 800 millones de pesetas y que, por lo tanto, elimina también, desde esa perspectiva, cualquier posibilidad de un componente especulativo en la operación.

En cualquier caso, lo más importante no son los términos económicos de la transacción; de hecho, no son nunca el elemento central de la política de privatización del Gobierno, que no está fundamentalmente orientada a la recaudación, sino que lo fundamental es el mantenimiento de la compañía en las garantías de futuro que ofrece. En este contexto, el grupo comprador garantiza el mantenimiento de la plantilla de acuerdo con el plan estratégico de competitividad que se firmó a finales del año 1995; garantiza también el cumplimiento del ritmo de desarrollo del mismo, así como sus objetivos de productividad y rentabilidad; pretende concentrar la empresa en el nicho de mercado de buques de tamaño entre 30 y 70 metros de eslora y hasta 24 de manga, especializándose en construcciones de buques de alta tecnología, y también, en paralelo, impulsar la actividad de transformaciones y reparaciones con barcos de hasta 80 metros de eslora.

Finalmente, el grupo comprador se compromete a la continuidad del nombre comercial y societario de la compañía y, por lo tanto, al mantenimiento de la empresa.

Nos parece, por consiguiente, que es una operación muy positiva, muy favorable a los intereses de todos, a los intereses de la comarca de Vigo, a los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, nos parece que ha sido una buena decisión por parte de SEPI esta propuesta al Consejo de Ministros.

Sr. Serra.- Como ha anticipado el Secretario de Estado, el Consejo de Ministros ha adoptado hoy dos acuerdos importantes relativos a Defensa. El primero de ellos es un acuerdo conjunto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, en virtud del cual se autoriza la comunicación a la Secretaría General de la Alianza Atlántica y al Consejo del Atlántico Norte la decisión de España de participar activamente en la implementación de la estructura desde el primer momento. Ello indica --y es la segunda parte del contenido del acuerdo-- la necesidad de empezar a dar los primeros pasos para que, cuando esté operativa la nueva estructura, el Cuartel General que se establece en España esté igualmente operativo. Se dan, por tanto, órdenes para la notificación formal y órdenes para que el Ministerio de Defensa adopte las disposiciones oportunas, a fin de que se cumpla esa participación activa en la nueva estructura.

El segundo acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros es del de remitir al Congreso, a las Cortes, un Proyecto de Ley sobre prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. Como ustedes saben, hay un principio aceptado universalmente en el Derecho Internacional humanitario, según el cual las partes en conflicto no pueden elegir ilimitadamente los medios o los procedimientos de combate, y este principio ha impulsado una serie de iniciativas internacionales, usualmente lideradas por Naciones Unidas y encaminadas a conseguir la prohibición del empleo en los conflictos bélicos de armas, proyectiles o materiales de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, especialmente a la población civil.

España de antiguo viene colaborando, pero ha adoptado una disposición radical anticipándose a la obligatoriedad de la última Convención aprobada en Ottawa y prohibiendo de modo total el uso de estas armas, de las minas antipersonal, y no sólo eso, sino ordenando que se proceda a la destrucción, en un plazo significativamente menor que el que marca Ottawa, que es en el plazo de tres años, el actual arsenal, y dejándose tan sólo como excepción permitida por la convención internacional del pequeño número que sea necesario para el adiestramiento e instrucción de la tropa para las labores de desminado.

El Gobierno, por tanto, yo creo que con este acto hace dos cosas: en primer lugar, cumple con una promesa realizada con anterioridad, en el camino de un progresivo y mayor respeto internacional a la paz y a los derechos humanos; lo que significa, y no se les escapará a ustedes, en cierto modo, apostar por la solidaridad con las personas y los países menos favorecidos.

Este Proyecto de Ley va a colocar a España a la vanguardia del mundo en el tratamiento de este tipo de armas y, además, como ustedes saben, España está no sólo colaborando en los foros internacionales para que esto se consiga, sino también en la realidad práctica para que los millones de minas que están actualmente en el mundo puedan ser desactivadas, y para ello estamos contribuyendo financiera y personalmente.

Los objetivos principales de la Ley son, por un lado, la prohibición de este tipos de armas desde cualquier vector; es una prohibición a todo tipo de minas antipersonal provengan de donde provengan, incluido, por tanto, cualquier vector de lanzamiento. Y, en segundo lugar, posterior a la destrucción, de tal modo que se cree el menor impacto medioambiental, para lo cual también se dictan disposiciones y prescripciones para que esta destrucción, que debe realizarse, como digo, en el plazo de tres años, se haga causando el menor impacto al medio ambiente.

Sr. Rodríguez.- Obviamente, no hay agenda oficial del Presidente del Gobierno para la semana que viene. Partirá esta tarde para Baqueira, donde estará hasta el día 4 o hasta el día 5.

P.- Usted nos comentó hace una semana que tenía algún interés en hacer un balance de lo que ha sido este año 1997. Entonces, como me interesa escucharle, le ofrezco la oportunidad de que diga eso de "agradezco que me haga esta pregunta". Esa es la cuestión. Me gustaría saber, en términos de balance, cómo ve el Gobierno el año que termina.

Y también enlazamos con el que empieza, porque hay una entrevista con el señor Almunia pendiente y que el Presidente dijo que le llamaría a primeros de enero. Querría saber si eso tiene fecha aproximada y, en todo caso, también si tiene o no agenda.

Me gustaría preguntarle también al Ministro de Industria sobre una de las, digamos, grandes polémicas del año: las treinta y cinco horas. Me gustaría saber su criterio sobre si el tejido industrial español podría, en un futuro próximo, sumarse a otros países que están estudiando o poniendo en marcha esa jornada laboral o si, desde el punto de vista de nuestro tejido industrial, eso es imposible.

Sr. Rodríguez.- Con respecto a la pregunta sobre la entrevista con el señor Almunia, no hay ni fecha en estos momentos ni agenda en estos momentos; tampoco hay en estos momentos, que yo conozca, fecha para la entrevista con el señor Pujol, aunque seguramente en la primera quincena de enero ha de producirse esa entrevista aquí, en La Moncloa; tampoco hay agenda en estos momentos, que yo conozca.

Yo sí había preparado, por si acaso, lo que podían ser las diez palabras, las diez ideas, básicas que podían resumir el año.

Sí quiero decirle que el Gobierno toma estos días de vacaciones con la satisfacción del deber cumplido. No se puede ir siempre mucho más allá en esta materia, porque siempre queda mucho trabajo por hacer.

Yo creo que se ha cubierto, básicamente, la mitad de la Legislatura, el ecuador de la Legislatura, y, pese a lo que han sido algunos malos augurios o algunos deseos confesados, se ha consumado el cambio democrático en España.

Terminamos un año en el que el Gobierno puede mostrar buenos frutos a sus ciudadanos: se ha avanzado en el empleo, en la lucha contra la droga y contra el terrorismo, en todas las medidas que implican un avance en la justicia social, en el mayor peso internacional de nuestro país. Terminamos un año con un Consejo de Ministros en el que, como se ha explicado, se salda una deuda con la democracia al entregar a los partidos políticos el patrimonio incautado; se hace una apuesta por la paz y por los derechos humanos al decidir eliminar completamente las minas antipersonales; un año en el que la estabilidad es la que define la política, la situación económica, la situación social; un año en el que la transparencia y el diálogo han sido, sin ninguna duda, las características del modo de hacer las cosas de este Gobierno, y una gestión que creo que ha sido austera y eficaz.

Se ha situado al final, entiendo, a España en la senda del progreso; se han dado pasos importantes para el bienestar social, para modernizar nuestro país, para hacer una cultura y una educación para todo el país en asuntos importantes y, al final, entiendo que se está encontrando un camino de nuestro país entre los grandes al final del siglo, que es un modo muy distinto de terminar el siglo éste con respecto al año pasado.

Pero le decía que había encontrado diez palabras, que se las leo, si le parece bien: estabilidad, transparencia, diálogo, austeridad, eficacia, progreso y bienestar social, modernización, defensa del interés general, vertebración de España, fortalecimiento del papel de nuestro país en la esfera internacional, tanto política como culturalmente. Entiendo que ésas son las características que pueden definir este año; que pueden definir lo que ha sido, hasta llegar aquí, la mitad de la Legislatura.

A fuer de ser injusto con muchas otras medidas, creo que en la retina de los españoles están --lo he dicho antes-- la lucha contra la droga y contra el terrorismo; creo que están medidas estructurales de reforma de la economía, medidas estructurales de la reforma de la Administración, de la concepción de la Administración; detalles importantes, como el comienzo de la profesionalización del Ejército, o como la supresión de gran parte de las listas de espera, o el aumento del presupuesto para las ONGs, por así decirlo.

Yo creo que terminamos un año colmado de esfuerzos, en el que se ha dado un importante impulso al futuro.

Cuando José María Aznar tomó las riendas del Gobierno, llegó a la Presidencia del Gobierno, parecía que muchas cosas en nuestro país eran inevitables, parecía que el escándalo era inevitable, parecía que la tristeza era inevitable. A mitad de la Legislatura, yo creo que el Gobierno está demostrando que se pueden conseguir nuevos retos, que se puede poner coto a los problemas y que estamos teniendo confianza en nosotros mismos para poner los nuevos retos y para superar los nuevos obstáculos.

Eso es lo que puedo decirle del balance del año.

Sr. Piqué.- En relación a la jornada de treinta y cinco horas y el posible impacto que medidas de estas características pueden tener para nuestra industria, lo primero que hay que decir, porque responde a una realidad muy positiva, es que la industria española está pasando por el mejor momento de su historia.

Desde el punto de vista de la Encuesta de Coyuntura y que marca el clima industrial, las expectativas de los empresarios no eran tan positivas desde antes de la primera crisis del petróleo, allá por noviembre del año 1973; por lo tanto, pronto hará veinticinco años.

Desde el punto de vista de la realidad, el crecimiento que hemos previsto para el conjunto del año 1997 para la industria es del 6'8 por 100, con una tasa de inflación industrial que va a estar en torno al 1 por 100; por lo tanto, es un crecimiento enormemente sano. Hemos tenido en otras épocas crecimientos de esta magnitud, pero siempre asociados a inflaciones más altas, que acababan perjudicando a nuestra competitividad. Hoy nuestro tipo de cambio es estable, nuestros precios industriales son prácticamente estables y, por lo tanto, se trata de un crecimiento basado en la productividad de nuestra industria.

Por lo tanto, todo aquello que contribuya a perjudicar esa productividad, al final, acaba teniendo un impacto negativo sobre el empleo. Creo que esta buena situación de la industria española, obviamente, se debe al buen ciclo económico internacional, se debe a los esfuerzos de años anteriores, a los esfuerzos de nuestras empresas, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, desde hace muchísimo tiempo; pero también es verdad que se ha conseguido un clima de confianza en los mercados y en las propias posibilidades de nuestras empresas extraordinariamente importante. Y eso, evidentemente, creo que cabe atribuirlo también a una determinada política económica y a una determinada política industrial que, en ese marco de competencia global, en ese marco de competencia internacional, ha permitido introducir dosis importantes de flexibilidad a partir del diálogo social.

Creo que la buena marcha de la industria no es ajena a las medidas de introducción de competencia en los mercados de factores, no es ajena al clima de confianza y de paz social que se ha conseguido a través del diálogo.

Ésa es la apuesta del Gobierno. La apuesta del Gobierno es que cualquier discusión en relación a la jornada laboral, a la organización del tiempo de trabajo, se sitúe en el ámbito que debe estar, que es el ámbito de la negociación colectiva, y no intentar introducir por la vía legislativa elementos de rigidez que pueden acabar siendo absolutamente contraproducentes.

Hay una aspiración que es lógica de toda persona, que es poder dedicarle más tiempo de su vida al ocio, a la cultura, al deporte o a cualquier otro tipo de actividad distinta al trabajo. Hay que hacer compatible eso con algo tan importante como que nuestras empresas sigan siendo competitivas y capaces de generar empleo, y eso se puede hacer sobre la base de la discusión en el ámbito del diálogo social y de la negociación colectiva. Creo que es muchísimo más importante plantearse temas como la organización del tiempo de trabajo y el reparto del tiempo de trabajo en jornadas, por ejemplo, de cómputo anual, y hacer eso compatible con una reducción de la jornada en cómputo anual que no reintroducir rigideces en un mercado de trabajo que necesita todavía de dosis importantes de flexibilidad.

P.- Yo quería preguntarle, primero, si el Gobierno va a hacer algo respecto a la venta de datos de sus usuarios anunciada por Telefónica; la segunda es que me ha sorprendido que incluya al PCE en la lista de partidos con derecho a patrimonio, cuando el propio Secretario General del PCE, Julio Anguita, ha dicho públicamente que el PCE no tiene derecho porque su patrimonio era producto de incautaciones durante la Guerra Civil; y la tercera es, al Ministro de Defensa, preguntarle si puede decir algo sobre la venta de submarinos a Chile.

Sr. Rodríguez.- Sobre la primera pregunta, sobre Telefónica, no tengo nada que decir en estos momentos. Sobre el Partido Comunista, lo tengo en la lista y a lo mejor, seguramente, pueda ser un fallo de los que se pueden cometer cuando se pasa una lista, pero lo tengo en la lista y se lo doy; por tanto, si es un error, le pido disculpas.

Sr. Serra.- Yo creo que también ahí, en este punto, se puede hacer referencia a las fechas en que encontramos, que deben ser fechas de felicidad. Parece que va por el mejor camino. Estamos esperando la formalización definitiva; pero creemos que deben ser los que toman esa decisión y, en concreto, el Gobierno de Chile, los que deban anunciar cualquier medida, que nosotros esperamos como agua de mayo, aunque estemos en diciembre.

P.- Quería saber si el Gobierno ha calculado, en función de los datos que ya conoce, como son el caso de los datos del PNV, a cuánto puede ascender la devolución del patrimonio.

Y sí agradecería un poco que nos volviera a comentar, porque no la tengo completa, la lista de partidos que ya cree el Gobierno que pueden reclamar.

Sr. Rodríguez.- Para no repetirle, paso este papelito que me han preparado. En estos momentos no hay ningún cálculo exacto de cuánto puede costar esta operación; lo importante es que empiece el proceso. Los partidos políticos tienen un año desde que se publique la Ley; es decir, ahora tiene que pasar el trámite del Congreso pero, desde que se publique la Ley, tienen un año para demostrar que tenían sus edificios o su patrimonio. En estos momentos no hay un cálculo, ni siquiera un cálculo aproximado.

P.- Quería preguntarle al Secretario de Estado para la Comunicación que me hiciera una valoración, en general, del discurso del Monarca y, sobre todo, la parte en la que reconoce que hay tensiones, aunque las achaca a fruto de la pluralidad.

Sr. Rodríguez.- No voy a hacer ningún comentario sobre el discurso de Su Majestad, ni tampoco sobre ningún comentario suscitado por el discurso de Su Majestad, por si alguien se anima después a preguntarme por las réplicas que haya tenido. No haré ninguna valoración, y creo que ustedes lo entienden.

P.- Quisiera hacer una pregunta al Ministro de Defensa y otra al Portavoz. Me gustaría saber si es posible conocer el número de minas que hay sembradas en territorio español, si es que las hay; también saber si se destruirán las que, al parecer, existen en torno al territorio de Ceuta y Melilla, y si las hay.

Y al Portavoz me gustaría que añadiera a su balance, si es posible, y para que fuera un balance y no sólo un autoelogio, algún "mea culpa" o alguna deficiencia que el Gobierno haya detectado en su propia gestión a lo largo de este año. También me gustaría saber si los discursos que hace el Rey son revisados anteriormente por La Moncloa.

Sr. Serra.- La primera pregunta es fácil de contestar: minas desplegadas en territorio español es cero, incluyendo todo el territorio español y, por tanto, Ceuta y Melilla; repito: cero. Las Fuerzas Armadas tienen depositadas en sus arsenales un número de minas que, aproximadamente, es entre 700 y 800.000 y que son las que, con esa pequeña excepción a la que he hecho referencia, se van a destruir en el plazo de los tres próximos años. Pero repito que desplegadas hay cero; no hay ninguna mina.

Sr. Rodríguez.- Con respecto a la crítica que yo voy a hacer desde el Gobierno, lamento comunicarle que para eso está usted, seguramente, que ya ha calificado como de autoelogio un simple balance que he hecho.

Con respecto a la segunda pregunta, sabe usted cuál es el papel constitucional de Su Majestad y cuál es el papel constitucional que tiene el Gobierno con respecto a la Casa Real.

P.- Una vez que ha tenido lugar el archivo judicial del conocido asunto de los 200.000 millones de la presunta amnistía a personas vinculadas al Gobierno anterior, ¿va a haber alguna rectificación por parte del Gobierno respecto a declaraciones realizadas por personas importantes del Gobierno relativas al supuesto amiguismo que había en relación con todo este asunto? Dice el Partido Socialista, que parece que le va a plantear el tema el Ejecutivo hasta que haya o una rectificación o una respuesta.

Sr. Rodríguez.- Sí, algo de esto he leído esta mañana en un teletipo. Lo que se ha producido es que hay una resolución judicial según la cual se entiende que no hay materia jurídica o materia penal en el hecho, y el Gobierno lo acoge con absoluto respeto.

La realidad es que esos 200.000 millones de pesetas no han podido ser ingresados en las arcas del Estado. Y parece ser que el Tribunal de Cuentas tampoco encuentra 99 coches del Parque Móvil.

P.- Señor Ministro de Industria, ¿cuándo calcula usted que se van a privatizar totalmente los astilleros españoles?

Y, aunque no sea de su Departamento, ¿hasta que punto puede suponer un freno para la reinserción de los jóvenes subir el Salario Mínimo Interprofesional del de 16 al de 18 años?

Y para el Ministro de Defensa, desde el punto de vista de la Defensa nacional, ¿el sector de la construcción de armamento ha dejado de ser un sector estratégico para poder ser privatizado? ¿Qué efectos tendría la privatización de Santa Bárbara y de Bazán? La oferta de Talgo sobre Santa Bárbara, ¿cómo podría afectar a la Defensa y a la modernización de las Fuerzas Armadas?

Sr. Piqué.- Respecto a la pregunta del calendario de privatización, con la construcción naval no hay un calendario preestablecido, como de hecho no lo hay y no lo ha podido haber para el conjunto del sector público industrial. Hay un horizonte temporal, que es el horizonte temporal de la Legislatura, que debe permitir que, efectivamente, la mayor parte del sector público industrial --siempre se ha excepcionado el sector del carbón o, eventualmente, alguna industria de Defensa-- pudiera estar en manos privadas; pero no es algo que se pueda objetivar, en el sentido de que, por una parte, depende de la situación de los mercados y, por otra, es fundamental encontrar, en cada caso, proyectos industriales y proyectos accionariales que sean suficientemente solventes.

Obviamente, estamos absolutamente abiertos y con la mayor predisposición para irlos encontrando para todos y cada uno de los astilleros; pero en estos momentos encima de la mesa sólo hay una oferta concreta, que el Gobierno está analizando, que es la oferta por Astander, y hasta el momento no hay ninguna otra previsión en relación a ningún otro centro.

Efectivamente, no es de mi competencia, pero puedo hacer un par de reflexiones generales en relación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional que, efectivamente, en algunos ámbitos teóricos se considera que elevar el suelo del precio en cualquier mercado puede dificultar el que la cantidad crezca. Yo creo que estamos hablando en términos teóricos pero que, en términos prácticos, no es el caso; se trata de un sueldo de 68.000 pesetas, que es el Salario Mínimo Interprofesional que, razonablemente, no tiene que ser en ningún momento una barrera real para la contratación de jóvenes de 16 y 17 años, que es en realidad de lo que estamos hablando, y a cambio se les permite unas condiciones salariales y de remuneración muchísimo más dignas.

Por lo tanto, creo que, efectivamente, no tiene porque causar ningún perjuicio a ese colectivo, desde el punto de vista de su posibilidad de encontrar trabajo. El problema del mercado de trabajo en España se sitúa en otros terrenos y, de hecho, la reforma del mercado de trabajo acordada entre empresarios y sindicatos va en dirección distinta, y, desde luego, está dando buenos resultados.

Sr. Serra.- Para nosotros lo importante no es tanto que sea público o privado, sino la serie de facultades que en caso de crisis puede tener el Gobierno de la nación. Desde ese punto de vista, usted sabe que, de las tres principales compañías del subsector de la Defensa, una de ellas tenía ya un importante mercado privado, y ha habido importantes industrias privadas que han trabajado a plena satisfacción del Ministerio de Defensa. De manera que lo esencial no es tanto que sea público o privado.

Ha preguntado usted por la industria de Santa Bárbara. Ése es un proceso de privatización que está llevando a cabo el Ministerio de Industria y, por cierto, a plena satisfacción del de Defensa. Nosotros tenemos sólo ahí un interés, y es que el carro de combate que se ha decidido que constituya la dotación del Ejército del Tierra para el próximo futuro esté fabricado con todas las garantías y las condiciones de calidad que se exigen. Dentro de eso, lo que estamos apoyando es que el mayor número posible de componentes y de subsistemas del carro se fabriquen en España, de manera que repercuta a la industria, a la tecnología y al empleo nacionales.

Hay una oferta concreta pero, si quiere comentar algo el Ministro de Industria, yo prefiero no hacer comentarios sobre industrias concretas. Sí decirle que para nosotros, una vez adoptados los grandes programas de modernización, donde está trabajando, en las fragatas, el contratista de la Empresa Nacional Bazán; en el "Eurofighter", que hemos firmado en la semana pasada en Bonn, donde están involucradas importantes industrias españolas, tanto del motor como de la célula, y ahora vamos a firmar el tema de carros; hemos conseguido lo que, a juicio del Gobierno, era más deseable: más que público o privado, que tuvieran el mayor componente nacional posible esos tres sistemas que van a ser la columna vertebral de la modernización de nuestros Ejércitos.

P.- Yo tenía una pregunta para el Ministro de Industria. La Unión Europea ha autorizado el plan de reconversión o de ajuste de su producción de la minería privada pero, según las noticias que yo tengo, no ha autorizado aún el del sector público y está pendiente de un nuevo ajuste. ¿Cuál es el ajuste al que se verá obligada la minería pública para que Bruselas autorice todas estas ayudas?

Sr. Piqué.- Si me permite, de todas maneras, un pequeño comentario en relación con la pregunta anterior y después voy a la pregunta del carbón. Simplemente para ratificar las palabras del Ministro de Defensa. Desde nuestro punto de vista, lo importante no es la titularidad de las acciones sino la eficacia de las empresas para atender las necesidades de la defensa nacional, atender las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Hay experiencias en nuestro propio país, y en muchos otros países, en el sentido de que las industrias de Defensa pueden ser públicas o pueden ser privadas; de lo que se trata es de que hagan las cosas bien.

En la práctica, voy a poner dos o tres ejemplos muy concretos: para construir el "Eurofighter", para atender las necesidades del Ejército del Aire, se ha constituido una agrupación de interés económico, que forman dos compañías que, a su vez, después van a subcontratar en unos centenares de empresas españolas; una de esas dos compañías es pública, Construcciones Aeronáuticas, pero la otra es privada: Industria de Turbopropulsores. Y en el caso de las necesidades del Ejército de Tierra, Santa Bárbara, efectivamente, hasta ahora es pública, pero hay otra importante compañía que ha suministrado material y sigue suministrando material a las Fuerzas Armadas, y que ha sido privada desde su creación.

De lo que se trata es de que sean empresas rentables, que sean empresas eficaces, que sean empresas viables y que podamos atender las necesidades de la defensa con el máximo posible de producción y de tecnología hechos en nuestro país. Y ése es el objetivo que también estamos buscando con Santa Bárbara Blindados, a través de una oferta, que el Gobierno está analizando, de Patentes Talgo, que nos parece una oferta a considerar seriamente y sobre la cual tomaremos decisión en las próximas semanas.

Y en relación al tema del carbón, lleva razón la pregunta. La Comisión Europea nos ha mandado una notificación, que es continuidad de otra que nos mandó también hace aproximadamente un mes, y que hace una valoración extremadamente positiva del Plan del Carbón aprobado. Dice que en la carta anterior reconoce, efectivamente, los elementos favorables del Plan 1998-2002; adecua el régimen de intervenciones de la industria minera de España al régimen comunitario; tales avances son tanto más satisfactorios cuanto que los plazos previstos en los planes anteriores no se habían cumplido; valora positivamente los principios de transparencia y los mecanismos de control; los servicios de la Comisión consideran que los objetivos generales y específicos de la decisión CECA en este caso se van a poder cumplir... Por lo tanto, hace una valoración muy positiva del Plan acordado con los sindicatos.

Pero, simultáneamente, además de decir que comprende perfectamente que los servicios de la Comisión son conscientes de los programas sociales y regionales que se presentan en las comarcas mineras con motivo de la reestructuración, y, en concreto, hace referencia a Asturias, lo que plantea la Comisión es que, habida cuenta que los ajustes que se habían comprometido con anterioridad en los Planes anteriores al presente no se han llevado a cabo, es necesario un mayor ajuste en la producción.

¿Eso qué significa en términos concretos? La empresa ha acordado con los sindicatos que, en el horizonte del año 2001, la producción de Hunosa más Figaredo esté algo por encima de los dos millones de toneladas, y la Comisión pretende que el ajuste rebaje esa cifra a un millón y medio de toneladas. Ése es un tema que habrá, como es natural, que negociar con la Comisión. El Gobierno español y el Ministerio de Industria van a defender el contenido del acuerdo firmado con los sindicatos pero, en cualquier caso, ése es un elemento que, efectivamente, está todavía abierto.

P.- ¿Para cuándo piensa el Gobierno aprobar el Proyecto éste de darle el dinero al PNV, teniendo en cuenta que es Proyecto y que luego hay un año? ¿Se le va a pagar en Euros? ¿Cuánto calcula que le pagará cuando acabe esto?

La segunda es que ha dicho que el Tribunal de Cuentas tampoco encuentra 90 coches del Parque Móvil; lo ha dicho en lo de los 200.000 millones. O yo estoy muy despistado o tenemos nuevo, con perdón, follón para el año que viene. ¿O es muy viejo? Es que me suena a algo eso.

Sr. Rodríguez.- Yo creo que no ha leído usted todos los periódicos. Lo que he dicho sobre el Parque Móvil ha sido publicado hace dos o tres semanas por el diario "ABC": el Tribunal de Cuentas no encuentra 99 coches que estaban en el Parque Móvil, además de unos cientos de radio-cassettes y cosas de éstas. Pero no quiero ir yo más para allá; simplemente, he respondido a la pregunta que me hacían.

Con respecto a si se va a pagar en Euros, esto ya no lo sé. No sé cuanto tiempo tardará en tramitarse el Proyecto de Ley, pero imagino que la Ley estará aprobada el año que viene; yo creo que todavía podemos pagar en pesetas. Pero sí le aclaro: no es un dinero para un partido político, es un dinero para todos los partidos políticos a los que se les incautó su patrimonio en un tiempo en España y, como he dicho antes, entiendo que hoy se ha saldado una deuda con la democracia española. Me parece más importante esto; al final, yo no sé cual va a ser la cuantía, pero yo creo que es más importante el hecho en sí que el dinero que puedan recaudar los partidos por este hecho.

Señoras y señores, el Consejo de Ministros se reunirá el día 9 de enero; es decir, la próxima rueda de prensa será el año que viene.