Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para darles cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros que se ha celebrado esta mañana.

Me gustaría comenzar esta intervención manifestándoles la satisfacción del Gobierno español por la votación que ha habido ayer en el Parlamento Europeo sobre el asunto del olivo, que viene a dar un espaldarazo, un paso adelante, muy importante a las pretensiones españolas, que está defendiendo, como ustedes saben, desde hace unos meses, el Ministerio de Agricultura; la Ministra de Agricultura, concretamente.

Saben que la votación del Parlamento no es vinculante para la Comisión, pero entendemos que es un paso muy importante, en la medida en que la amplia mayoría ha defendido estas tesis. Sí quisiera manifestarles esta primera satisfacción por algo que es querido por este Gobierno y que está luchando, desde hace tiempo, por conseguirlo.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, asunto que les explicará el Ministro de Industria, Josep Piqué.

Además, el Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre el Euro y el período de transición de la peseta al Euro. Saben que el 2 de enero del año 2002 empezaremos a cambiar nuestras pesetas por Euros; que así será hasta el 1 de julio del año 2002, en que ya sólo circularán Euros. Pero, desde este momento en el que les hablo hasta entonces, hay un período de transición, que figura en un Plan que ha elaborado el Ministerio de Economía y que ha explicado el Vicepresidente Segundo en el Consejo de Ministros y que también les explicará a ustedes, si me permiten los Ministros, después de que les comente algunas otras cosas que se han aprobado en el Consejo de hoy.

Se ha aprobado el Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y los temporales acaecidos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, como consecuencia de las cuales se produjeron seis víctimas mortales, si ustedes recuerdan, en Alicante.

Las medidas contenidas en este Real Decreto-Ley se financiarán con cargo al crédito extraordinario de 5.000 millones de pesetas. En la Referencia tienen las medidas que se van a tomar; les señalo algunas: el Estado subvencionará el 50 por 100 de los proyectos de las entidades locales para reparar obras de infraestructura y equipamientos; se indemnizarán los daños causados por las lluvias, inundaciones o arrastre de tierras sobre producciones agrarias; se declararán de emergencia las obras de reparación en infraestructuras hidráulicas, costas, restauración hidrológica forestal, conservación de suelos, en las cuencas hidrográficas afectadas; se va a conceder una moratoria en el pago de los créditos hipotecarios, en función de las fechas de los acontecimientos, y habrá exenciones tributarias; entre otras medidas que, insisto, tienen en la Referencia del Consejo.

Se ha aprobado un Proyecto de Ley que regula las televisiones autonómicas y que permite el acceso al sector privado a estos entes. Saben ustedes que sobre este asunto se ha hablado en los últimos días; por tanto, no les adelanto nada nuevo dándoles algunas características de este Proyecto de Ley.

La titularidad de las televisiones autonómicas dejará de ser estatal para convertirse en autonómica. El número máximo de canales con tecnología analógica que podrá explotar cada Comunidad Autónoma será de dos. La gestión de las televisiones autonómicas podrá hacerse directamente por la Administración de la Comunidad o indirectamente por sociedades mercantiles anónimas, y se recoge la posibilidad de funcionamiento con canales autonómicos con tecnología digital terrestre, en la forma que contemple el próximo Plan Nacional de Televisión de Tierra Digital.

El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito de 1.500 millones de pesetas para un programa de integración laboral del minusválido, que han de desarrollar las Comunidades Autónomas. En la Conferencia Sectorial del pasado 8 de abril se distribuyó entre las Comunidades un total de 8.500 millones de pesetas para el programa de integración laboral de las personas con discapacidad. Este crédito viene a añadirse a aquél que se aprobó en su día.

Se ha aprobado otro Real Decreto que modifica el Reglamento General de Carreteras, y que permitirá otorgar concesiones independientes para cada una de las diferentes instalaciones comerciales y estaciones de servicios de las áreas de servicio de carretera. En resumen, se podrá establecer todo tipo de instalaciones de distribución de carburantes sin limitación en su número, que aumentará el grado de competencia de las áreas de servicio, y se podrá dar a cualquier persona que así lo quiera, que así esté interesada, presentando la correspondiente solicitud a la Dirección General de Carreteras y cumpliendo los requisitos a los que legalmente están obligados.

Se ha acordado autorizar al Ministerio del Interior para celebrar dos contratos de suministro de alquiler de vehículos para la Dirección General de Policía por importe de 3.000 millones y 2.000 millones de pesetas, respectivamente; el primer crédito es para alquiler de vehículos de turismo radio-patrulla tipo K, y el segundo es para turismo radio-patrulla tipo Z. En ambos casos, los vehículos serán nuevos.

Se ha aprobado un Decreto que modifica el Reglamento del Impuesto de Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, en cuanto a la retención o ingreso a cuenta de las rentas procedentes de los derechos de imagen, prestación de servicios de comedor de empresa y devolución de ingresos indebidos. Se determina el porcentaje para calcular el ingreso a cuenta en el caso de cesión de derechos de imagen, que se fija en el 15 por 100. Para el servicio de comedor de empresas, se modifica la cuantía de las fórmulas indirectas de prestación, por ejemplo los vales de comida, que no podrá ser superior a las 1.100 pesetas diarias, y, en cuanto a las devoluciones del IRPF, a las modalidades ya existentes de transferencia bancaria y cheque cruzado, se añade ahora el cheque nominativo.

Se ha aprobado un Real Decreto que modifica la composición de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos; tienen en la Referencia cuál es la nueva composición.

En beneficio de los consumidores, y para protegerles de fraudes, se establecen nuevas condiciones sanitarias que han de aplicarse a la producción y comercialización para carne picada y carnes en trozo de menos de 100 gramos.

Se ha aprobado un Real Decreto que configura como enseñanza de régimen especial la obtención de titulaciones de técnicos deportivos.

Brevemente, les digo que se ha autorizado al Ministerio de Educación la inversión de 3.000 millones de pesetas en Murcia para crear ocho nuevos institutos que darán posibilidad de crear 4.780 nuevas plazas escolares en los institutos.

Se ha concedido la nacionalidad española a la escritora Zoe Valdés; también al físico y matemático Igor Tkachenko.

Y se han concedido algunos galardones, que me gustaría citar: Medalla al Mérito de las Bellas Artes, en su categoría de oro, se ha concedido a Antonio Gala, Joaquín Soriano, Francisco Escudero, Emma Penella, José María González Villa, Carlos Gómez Amat, Juan José Falcón Sanabria y a la asociación Juventudes Musicales de España.

Se ha nombrado Gerente del Patrimonio Nacional a Miguel Ángel Recio, y se han concedido las Medallas de Oro al Mérito del Trabajo a Manuel Alonso Olea, Tomás Pascual, Julián Ariza, José Luis López Vázquez, Bernardino Herrero, Bonificacio Rojo Cuesta, Florinda Chico Martín-Mora y Ángel Camacho Alarcón.

Además, el Consejo de Ministros ha tramitado la petición de extradición de Ramón Aldasoro que, como ustedes saben, ha sido detenido recientemente en Miami y está acusado de dos asesinatos en el año 1988, de dos Policías Nacionales y de un General.

Sr. Piqué.- Como ya se ha dicho, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Sector de Hidrocarburos, que supone, por una parte, un nuevo impulso, pero también la voluntad de completar lo que ha iniciado este Gobierno en relación a la liberalización del conjunto de los sectores energéticos.

Saben ustedes que en el mes de noviembre se aprobó ya en el Parlamento la nueva Ley del Sector Eléctrico, que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del próximo año; que está en marcha, a partir del acuerdo firmado con los sindicatos, la liberalización del sector del carbón, también a partir del 1 de enero, de forma que la Administración va a dejar de fijar, como hasta ahora, los precios y las cantidades en el sector del carbón y se va a dejar a la libre contratación; finalmente, con este Proyecto de Ley, esta voluntad liberalizadora se amplía al conjunto de los sectores energéticos, incluyendo, por lo tanto, la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, todo lo relacionado con los productos derivados del petróleo, entre ellos los carburantes, los gases licuados del petróleo y, finalmente, también los gases canalizados y, fundamentalmente, el gas natural.

Con eso se cubre todo el ámbito energético con un objetivo fundamental, que es, tal y como está sucediendo ya con el sector eléctrico, contribuir a la reducción de los precios energéticos para los consumidores, tanto para los consumidores domésticos, los ciudadanos, como para nuestras empresas, buscando su necesaria competitividad.

El Proyecto integra en una sola norma, en un solo Proyecto de Ley, diversas normas anteriores y que, en algún caso, incluso, procedían de la época preconstitucional. Me estoy refiriendo a la Ley de 1974 sobre Exploración, Investigación y Explotación de Hidrocarburos, y otras Leyes, como la Ley del Gas, que en su momento se hizo precisamente para consolidar una situación de monopolio, y la Ley de Ordenación del Sector Petrolero, que también partía del proceso de desmonopolización de la antigua CAMPSA y que conservaba un ámbito de intervención, para el Gobierno, extraordinariamente elevado.

Lo que hace el nuevo Proyecto de Ley es establecer un nuevo principio, que es el principio de la libertad de empresa, por tanto, el principio de la libre iniciativa empresarial, y que sustituye al actual régimen concesionado, y declara que la planificación, que hasta ahora era muy intensa y muy activa, en prácticamente todos los casos, tendrá, a partir de ahora, en general, carácter indicativo.

Yendo a cada uno de los subsectores que están afectados por este Proyecto de Ley, empezando por el subsector de exploración, investigación y explotación, decir que se actualizan y flexibilizan las normas que regulan estas actividades --regidas hasta ahora, como he dicho, por una norma preconstitucional--, con una especial atención a la preservación y restauración del medio ambiente y, por lo tanto, se especifica la obligación de restaurar todos los espacios naturales afectados por ese tipo de actividad.

En el subsector de productos derivados del petróleo, hay diversos puntos que me gustaría enfatizar: en primer lugar, se liberaliza la actividad de comercialización de productos petrolíferos, con especial referencia, por lo tanto, al sector que toca más los intereses inmediatos de los ciudadanos, que es la distribución de carburantes. El Proyecto de Ley elimina el régimen de autorización administrativa, la actividad que existía hasta ahora, y lo sustituye por el de la autorización a la instalación, de tal manera que basta con que se cumplan los requisitos de seguridad, medioambientales y urbanísticos necesarios.

Eso quiere decir que, cuando entre en vigor la nueva Ley, cualquier persona física o jurídica podrá comercializar productos petrolíferos cumpliendo las correspondientes normas a las que he hecho referencia. Estas normas técnicas y de seguridad tienen que ser idénticas para todos y, a partir de ahí, se establece un criterio general sobre el número mínimo de instalaciones que debe haber en carreteras y en núcleos urbanos que garantice un nivel de competencia mayor; dicho de forma clara, se va a agilizar la creación de nuevas estaciones de servicios, de nuevos puntos de suministro, que permitan incrementar la competencia en la distribución de carburantes. Eso implica también adoptar medidas en el ámbito de la planificación urbanística territorial y de carreteras.

Antes, el Portavoz ha hecho mención a la aprobación hoy de un nuevo Reglamento de Carreteras, que lo que hace, precisamente, es avanzar en esa dirección de permitir que haya cada vez más instalaciones, sobre todo en zonas del ámbito rural, que puedan estar más o menos desabastecidas, o en centros urbanos, en los que, efectivamente, la competencia es escasa. El objetivo final es evitar que se produzcan situaciones monopolísticas de facto en determinados territorios y que, por consiguiente, la competencia llegue a todo el territorio.

Se liberaliza también el suministro de gases licuados del petróleo. Fundamentalmente, los más conocidos son el butano y el propano, que podrá realizarse dicho suministro contando con una instalación adecuada y eliminando, a partir de ahí, una serie de requisitos exigidos hoy para la comercialización de este producto, por ejemplo, la obligación a que se suministren en domicilio.

Este principio y el anterior abren la posibilidad a nuevas vías de comercialización para la popular bombona de butano, lo que estimulará, sin ninguna duda, la competencia en este sector; de hecho, además, también eso va a permitir que las bombonas de butano se puedan vender en gasolineras o se puedan vender en hipermercados. También la Ley lo que hace es eliminar los contratos de distribución en exclusiva que, en estos momentos, existen entre la compañía suministradora de butano, que tiene una situación monopolística de facto, y las compañías de distribución, que podrán también, por lo tanto, tener la libertad de distribuir otras bombonas de otras empresas.

Se declaran libres también los precios, salvo en el sector de gases licuados del petróleo, fundamentalmente el butano y el propano envasados, en los que la Administración se reserva la posibilidad de mantener precios intervenidos hasta que las medidas adoptadas hayan propiciado un mayor grado de competencia en los mercados. Ésta es una excepción que se justifica por el carácter emblemático y vital que tiene este tipo de producto para muchas familias españolas, en particular las de menores ingresos, y que entendemos desde el Gobierno que, mientras no se asegure que haya unas condiciones competitivas suficientes, se impida que puedan salir perjudicados a través, como digo, del control y el establecimiento de los precios máximos.

Finalmente, también se establece, para poder propiciar toda esta competencia en el sector, el principio de libre acceso de terceros a la red de oleoductos e instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, que se realizará por procedimiento negociado, pero teniendo siempre el Gobierno la posibilidad de fijar peajes si se percibieran prácticas abusivas por parte del operador nominante.

Como es natural, se mantienen unas determinadas obligaciones sobre existencias mínimas de seguridad y estratégicas, que son las que justifican, en un momento dado, por razones de emergencia, la intervención de la Administración.

Yendo al subsector de gases canalizados, fundamentalmente gas natural, pero no sólo --las instalaciones residuales de gas ciudad o de aire propanado también estarían incluidos--, en primer lugar, hay que decir que se elimina el sistema de concesión para operar en el sector del gas y se sustituye por uno de mera autorización administrativa reglada. Se establece el principio de libre acceso a las plantas de regasificación y a las redes de transporte y distribución de gas. El Gobierno, a partir de ahí, debe fijar los peajes y condiciones necesarias para que ese acceso sea efectivo y, por lo tanto, no sea disuasorio, y establece el principio de reciprocidad con otros países, de acuerdo con la Directiva europea del gas, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea.

Se regula el concepto de consumidor cualificado, que podrá negociar su suministro de gas con un comercializador o bien directamente. El objetivo es que, en un plazo máximo de quince años, cualquier consumidor sea cualificado y, por tanto, pueda elegir libremente su suministrador de gas. El requisito para ser cliente cualificado es tener unos determinados consumos que, a la entrada en vigor de la Ley, se fijan en 25 millones de metros cúbicos al año. Progresivamente, estos límites se irán reduciendo para que cada vez haya más consumidores que puedan elegir y, desde luego, es voluntad del Gobierno que ese proceso pueda acelerarse en la medida de lo posible.

Además, también el sector eléctrico desde el primer momento tendrá la consideración de consumidor cualificado, lo que puede permitir la puesta en marcha de nuevas centrales denominadas de ciclo combinado y que, utilizando gas natural, permiten una generación de electricidad mucho más barata que la actual en promedio. Esto supone que aproximadamente un 40 por 100 del consumo nacional podrá elegir libremente su suministrador de gas natural desde el principio, desde el momento que entre en vigor la Ley.

Después haré referencia a un Decreto que se ha aprobado de liberalización del gas, en virtud de la Ley existente todavía vigente y que, desde luego, será sustituido cuando entre en vigor la nueva Ley; pero que pretende ya avanzar, anticipar, en la medida de lo posible, esa voluntad liberalizadora que contempla el Proyecto de Ley que les estoy presentando.

Asimismo, el Proyecto de Ley crea la figura del comercializador, que tendrá la capacidad de adquirir gas para vendérselo a los clientes cualificados. Esta figura es clave, porque permite agrupar consumos y posibilitar, así, que se creen alternativas empresariales consistentes a los operadores existentes; no se trata de propiciar, como en otros ámbitos, la aparición de un segundo operador, de un tercer operador, en sí mismo, pero sí de facilitar y propiciar que puedan aparecer otros operadores distintos a los actuales y que complementen la competencia, que viene del libre acceso a las redes, con la existencia de otros operadores, que asimismo puedan tener sus propias redes de transporte y distribución.

La Ley diferencia entre actividades de régimen económico regulado, que son los que constituyen, en términos económicos, monopolios naturales, como el transporte, la regasificación, el almacenamiento o la distribución, y actividades libres (comercialización), y establece la separación jurídica en ambos tipos de actividades --hay que separar jurídicamente a las empresas que se dediquen a esas actividades-- y la separación contable dentro de las actividades reguladas.

En este contexto les hago una breve referencia a un Real Decreto que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy también, que regula las condiciones de acceso de terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural, servicios que se podrán contratar juntos o por separado.

Como les he dicho, este Real Decreto supone un anticipo de la liberalización contenida en el Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos, y que tiene los límites marcados por la vigente Ley del Gas, que han sido contrastados con el Consejo de Estado.

De momento, con esa liberalización --que, insisto, será vigente sólo los meses en que tardemos en tener en vigor la Ley-- podrán acceder a las redes los propietarios de centrales de generación eléctrica, por lo tanto, todas las compañías eléctricas, y los titulares de instalaciones con un consumo unitario anual de gas natural superior a los 25 millones de metros cúbicos, que, además, es la referencia que ha puesto la Directiva europeo. Eso, como he comentado antes, supone desde ya, sin esperar a la vigencia de la Ley, que el mercado del gas natural se abra en un porcentaje próximo al 40 por 100.

El acceso a las redes será regulado y el Gobierno fija los peajes a un servicio que sólo podrá ser denegado, fundamentalmente, si afecta a los contratos llamados de "take or pay", los contratos de suministro básicamente procedentes de Argelia, o si la empresa que solicita el acceso radica en un país en el que no están reconocidos derechos análogos y que supondría vulnerar el principio de reciprocidad.

En el anexo al Real Decreto aprobado hoy se fijan ya los peajes y cánones para el acceso a las redes, que van a ser efectivas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, que será el momento de su publicación. Estos peajes y cánones permiten, tanto para los consumidores industriales como para las centrales eléctricas, obtener ahorros medios de entre el 5 y el 15 por 100 respecto a las tarifas actuales, lo que encaja perfectamente con los objetivos de reforzar la competitividad de nuestra industria que se ha marcado el Gobierno.

Finalmente, una referencia a algo que contempla también el Proyecto de Ley, y es que, para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados energéticos, se contempla la creación de la Comisión Nacional de la Energía, que es un ente regulador que velará para que se den las condiciones efectivas de competencia y transparencia en el mercado de productos energéticos en beneficio de todos los operadores y consumidores. Esta Comisión asumirá las actuales competencias y las actuales funciones, también los medios humanos y materiales, de la actual Comisión del Sistema Eléctrico, y estará formada por un Presidente y ocho vocales, nombrados por un período de seis años y sin que, excepto posibilidades muy tasadas, se les pueda remover, lo que constituye una garantía de su independencia.

Vicepresidente.- El Gobierno ha conocido hoy el Plan para la transición al Euro en España, que fue aprobado ayer por la Comisión Interministerial. Yo quiero poner de relieve que esta Comisión Interministerial fue creada hace escasamente seis meses y que, por lo tanto, en un período muy corto de tiempo, ha realizado unos trabajos muy intensos y muy importantes. La Comisión está integrada por todos los Ministerios y, además, por representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, y también por representantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en representación de los Municipios, de las Diputaciones y de las Comunidades Autónomas.

Éste es un Plan que pretende no ser un Plan cerrado ni abstracto, sino que es, más bien, una guía de actuaciones, a la que han tenido ustedes ya acceso, y que establece cuáles serán las actuaciones que realicen las Administraciones públicas en los próximos años, y que afectan no sólo al funcionamiento de las Administraciones públicas, que desde luego, sino también al funcionamiento y a la incorporación de toda la sociedad española al proceso Euro.

Tengo que decir que es un trabajo que se ha realizado de abajo arriba, por lo tanto, contando con sectores y con estamentos distintos, y que pretende estar abierto a modificaciones a lo largo del proceso, según se vayan presentando decisiones y que, además, como ustedes han podido comprobar, si lo han ojeado, establece un calendario de medidas concretas que comenzarán a producirse a lo largo del año 1998, y que especialmente serán muy relevantes a partir del 1 de enero de 1999.

Los objetivos del Plan son identificar qué cuestiones afectan a la sociedad española en su incorporación al Euro, proponer las medidas para resolver esas cuestiones o esos problemas, y también cuantificar el coste de estas medidas, elegir el momento y anunciar públicamente cuáles van a ser. En eso estamos en este momento.

Tengo que decir que el Plan, que ha sido discutido con la totalidad de los agentes sociales, supone la respuesta española a una decisión histórica, como es la instauración en España de una moneda única en conjunto con otros muchos países, y que con esto ya España se incorpora al conjunto de países, aproximadamente once, que en este momento están poniendo en práctica este tipo de medidas en sus sociedades como consecuencia del compromiso político de sus Gobiernos de incorporarse a la moneda única el 1 de enero de 1999.

El Plan tiene tres documentos, el Plan propiamente dicho, y dos anexos; y, dentro del Plan propiamente dicho, hay una parte que se refiere a las Administraciones públicas, otra al estatuto jurídico y, por lo tanto, a todas las cuestiones relacionadas con la evolución jurídica de la sociedad española y de sus reglamentaciones de cara al Euro, y una tercera que se refiere a la la transición del sistema financiero, que será, como todos ustedes saben, la primera parte de la economía española, de la sociedad española, que se incorporará de manera definitiva al Euro desde un comienzo.

Se van a tomar decisiones jurídicas en los próximos meses, que están contempladas en el Plan. La primera de ellas será una ley paraguas, que se aprobará antes de mayo de 1998 y que incorporará todas las modificaciones jurídicas necesarias para dar seguridad jurídica a los ciudadanos en sus relaciones dentro de la moneda única. En particular, quisiera mencionar el tema del Míbor, que afecta a los préstamos hipotecarios y que seguirá afectándoles a todos aquellos que se hayan producido antes del 1 de enero de 1999, que será publicado, aunque no tenga un carácter oficial, desde el punto de vista del Banco Central Europeo, pero seguirá siendo publicado en España para dar garantías a los ciudadanos que contrataron sus hipotecas con referencia al Míbor.

Si en algún momento hubiera cambios, desde el punto de vista técnico que aconsejasen su sustitución, sería sustituido por un índice equivalente que garantizase las condiciones de los consumidores en sus préstamos hipotecarios y en sus relaciones comerciales con el sistema financiero y con la Banca, en particular, y con las Cajas de Ahorro.

No quiero tampoco alargarme mucho más; simplemente, mencionar que, desde el punto de vista de las Administraciones públicas, la contabilidad pública estará en Euros en el año 2002, la deuda pública empezará a emitirse en nuevas emisiones el 1 de enero de 1999, la deuda pública en pesetas se redenominará en deuda viva en Euros el 1 de enero de 1999 y los efectos timbrados aparecerán el 1 de enero del año 2002.

Desde el punto de vista de las empresas, se podrán crear sociedades en Euro desde el comienzo, es decir, desde el 1 de enero de 1999 y el capital social se podrá redenominar en Euros a partir de esa fecha; se pagarán impuestos en Euro figurando su contravalor en pesetas desde el 1 de enero de 1999 y las declaraciones del Impuesto de Sociedades se podrán hacer en Euros a partir del 1 de enero de 1999, así como las declaraciones de IVA. Las de impuestos locales serán, sin embargo, a partir del 1 de enero del 2002, como el resto de figuras impositivas.

Desde el punto de vista de los particulares, los pagos y cobros en metálico comenzarán el 1 de enero de 2002; el pago, sin embargo, de impuestos en Euros se podrá hacer desde el 1 de enero de 1999; las declaraciones de impuestos en Euros, para las personas físicas, se harán desde el 1 de enero del 2002 y, a partir del 30 de junio del 2002, las pesetas que no hayan sido canjeadas, que serán canjeadas sin ningún coste, se podrán seguir canjeando en el Banco de España.

En resumen, éste es un Plan absolutamente imprescindible, que otorga a las Administraciones públicas españolas un calendario y una guía de actuaciones, que también es útil para el sector privado, que ha sido discutido con todas las Administraciones y con los sectores sociales, y que es una parte sustancial, técnica pero de gran relieve, desde el punto de vista de transformación jurídica y económica de nuestra sociedad; es una parte del histórico proceso de incorporarnos a la moneda única.

Sr. Rodríguez.- Dos datos de la agenda del Presidente del Gobierno para la semana que viene. El lunes presidirá, a las once de la mañana, la reunión de la Comisión Permanente del Partido Popular; después, asistirá al Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la integración de España en la nueva estructura militar de la Alianza Atlántica. El martes también asistirá al Congreso de los Diputados para votar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998; por la noche asistirá, en Aranjuez, a la cena que tradicionalmente en estas fechas organiza el Partido Popular de Madrid. Y el viernes, día 26, presidirá el Consejo de Ministros.

P.- En primer lugar, me gustaría preguntar por la valoración del Gobierno sobre los últimos casos ocurridos de malos tratos a mujeres en España, que parece que van en aumento.

Después, si el Gobierno es partidario de establecer algún tipo de reformas legales u otro tipo de medidas para combatir de forma más eficaz esta violencia doméstica contra las mujeres.

Por último, saber si el Gobierno piensa que puede tener consecuencias negativas en los escolares españoles el que no se haya aprobado esta semana el Decreto de Humanidades, que ha presentado en el Congreso de los Diputados.

Sr. Rodríguez.- Empezaré por la segunda, que lo haré más breve que el otro asunto de los malos tratos a mujeres.

Yo lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno va a seguir trabajando sobre el asunto del Decreto de las Humanidades; vamos a seguir trabajando, atendiendo a las recomendaciones de las Cámaras: del Congreso y del Senado. Pero es obligación del Gobierno cumplir la Ley y la Ley, la LOGSE, obliga al Gobierno a fijar unas enseñanzas mínimas para toda España. Por tanto, no se ha paralizado nada, no se va a paralizar que el Gobierno cumpla la Ley. El Gobierno va a seguir trabajando conforme al mandato del Congreso y del Senado.

Es verdad que el Gobierno va a seguir utilizando la herramienta que hasta ahora ha utilizado para éste y para otros asuntos, que es la herramienta del diálogo. Con el diálogo se han conseguido cosas distintas y buenas para nuestro país, desde la reforma laboral hasta la financiación de las Comunidades Autónomas, hasta la reforma de la Sanidad. Por tanto, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando con diálogo, abiertos a todos, incluso a aquellos que parecen que están disconformes con lo que ellos mismos han votado.

Entendemos que la reforma de Humanidades es sustancial para la enseñanza de nuestros hijos; entendemos que es una demanda social que es mayoritaria entre los padres y entre las madres de familia. Por tanto, el Gobierno va a seguir trabajando para conseguir una calidad imprescindible en nuestra educación.

Básicamente, entiendo que lo que ha ocurrido esta semana con este asunto corresponde a una incoherencia básica del Partido Socialista Obrero Español, que en el Senado decía una cosa y en el Congreso decía otra. Esta misma incoherencia, si ustedes recuerdan, fue anunciada por el Presidente del Gobierno al Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en la última entrevista que ha habido aquí, en La Moncloa.

Entiendo, por tanto --y no parezca mal que lo diga-- que, con la votación del martes, el señor Almunia ha colocado al Partido Socialista de espaldas a la sociedad, le ha colocado de espaldas a su electorado. Por lo que he leído en declaraciones posteriores de otros dirigentes del Partido Socialista, están poniendo, los mismos dirigentes del Partido Socialista, en una situación difícil al señor Almunia.

Yo espero y recomiendo que haya una reflexión por parte del Partido Socialista en esta materia. Espero que haya una reflexión y que haya una visión de Estado por parte del Partido Socialista y que no se cometan errores de este tipo. Es un error el que ha cometido el señor Almunia al impedir que los niños y las niñas españoles estudien Geografía e Historia de España, repito, poniendo al Partido Socialista de espaldas a la sociedad, de espaldas a su electorado y de espaldas a una demanda que es mayoritaria en toda la sociedad.

Quiero decirles que el diálogo del Gobierno sigue abierto, que el Gobierno va a cumplir la Ley y que en estos asuntos trascendentales siempre estará la mano dialogante del Gobierno tendida para llegar a acuerdos. Es imprescindible mejorar la calidad de enseñanza en España; es imprescindible que la calidad de enseñanza no sea centro de una discusión simplemente de votos, sino que se llegue a unas conclusiones acertadas para nuestra sociedad.

Sí querría, de la primera pregunta que me ha hecho sobre los malos tratos, extenderme sólo tres minutos, pero me parece que es un asunto importante. Hace tiempo que venimos hablando de estos asuntos; pero quizás nunca ha habido una demanda en la opinión pública para que pueda comentarles algún dato que ésta vez sí se publique y que otras veces, aunque lo comento, no se publique. Sí me gustaría ser claro en un primer momento para las mujeres que sufren malos tratos.

Hay un teléfono, que es el 900-19-10-10, al que se puede llamar de manera absolutamente anónima. Detrás de ese teléfono hay personas dispuestas a ayudar; son expertos para ayudar a las mujeres que están en esta situación. Empiezo por ahí porque, según los cálculos, sólo el 5 por 100 de las agresiones se denuncian y ese 5 por 100 suele obedecer sólo al ámbito urbano; es decir, no se sabe, al menos estadísticamente no se puede decir, cuál es el nivel de agresión en el ámbito rural. El miedo, la falta de medios económicos, hacen que habitualmente las mujeres guarden silencio ante una vejación que no puede existir.

Quiero decir a esas mujeres que el mayor cómplice del agresor es el silencio y que pueden llamar a ese teléfono o pueden acudir a lo que desde hace tiempo funciona ya, que son o centros de acogida para mujeres maltratadas, o directamente a la Policía o a la Guardia Civil. La Policía y la Guardia Civil tienen organismos, tienen departamentos, especializados en agresiones. Estos departamentos están formados básicamente por mujeres, que el año pasado, por ejemplo, han atendido a casi 1.400 casos de mujeres maltratadas. Se han recibido el año pasado cerca de 20.000 denuncias, pero sólo en 1.400 casos han dado el paso de ir a la Policía.

El ir a la Policía, el llamar a este teléfono, es algo absolutamente anónimo, y a veces es imprescindible, para que no haya, como este año hay ya, 56 víctimas y el año pasado, 64.

La Administración desde hace tiempo viene trabajando en esta materia, con respecto a la pregunta que me hacía de si se está dispuesto o no a reformar la Ley. Este Gobierno está dispuesto a reformar la Ley; pero no es algo que se haya planteado hoy en el Consejo de Ministros por lo que ha sucedido esta semana. Desde el pasado mes de marzo viene funcionando una ponencia interministerial en la que se está estudiando cuáles serían, en su caso, los cambios a hacer en el Código Penal o los cambios a hacer en la legislación para penar, realmente, a aquellos hombres que agreden a las mujeres.

Quiero decirles, en este sentido, que no sólo se está estudiando las agresiones a mujeres como tales, sino también las agresiones y los malos tratos a menores. La previsión de esta ponencia es que en el primer trimestre, en el mes de marzo del año que viene, se pueda llegar a alguna conclusión concreta. En el ámbito judicial, el Fiscal General del Estado ha reiterado a los fiscales estos días que tienen que ser inflexibles en esta materia. Y, en el ámbito de la Administración, ya les digo, desde el Ministerio del Interior, desde el Instituto de la Mujer, desde todas los Departamentos que pueden tener algo que ver con la agresión a la mujer, se viene trabajando, se está llegando a conclusiones.

Desde luego, he aprovechado hoy para contarles todo esto que de vez en cuando les cuento, pero que tampoco es noticia, porque ya entiendo que unas veces las cosas son noticia y otras no. Pero si hay esta demanda social, ojalá que todo esto se pueda contar, todo esto se pueda saber y se pueda repetir ese teléfono, 900-19-10-10, que funciona las veinticuatro horas y que es absolutamente anónimo.

P.- Hacía semanas que no hablábamos en esta sala sobre las relaciones del Gobierno con sus socios. Aunque sólo sea por eso, le plantearía al Vicepresidente si, a su juicio, la colaboración entre el Gobierno y Convergència i Unió, concretamente, deben basarse en la aplicación de contrapartidas importantes para Cataluña, como textualmente dijo el señor Pujol el miércoles en el Parlamento, o si considera que ese tipo de léxico es más propio de una transacción comercial, que nada tiene que ver con las relaciones entre el PP y sus socios.

También, de paso, como también habló el Presidente de la Generalitat de una mejora en la financiación catalana el año que viene, me gustaría saber si entra entre las previsiones del Gobierno o sería posible reformar el sistema de financiación vigente hasta el 2001 el año que viene.

Al Secretario de Estado una cuestión también en relación al PNV. Hoy se ha confirmado la ruptura del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Bilbao. Me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno. Y, en segundo lugar, si considera que esa decisión unilateral del PNV se puede interpretar como un exponente de las buenas relaciones del Gobierno del PP con sus socios vascos.

Vicepresidente.- Yo no hago declaraciones sobre declaraciones; por lo tanto, no puedo contestarle a lo que usted me plantea.

Desde el punto de vista de financiación de las Comunidades Autónomas, de todas las Comunidades Autónomas, tengo que decir que en los últimos doce meses se han tomado dos decisiones muy importantes: una es el nuevo sistema de financiación autonómica con corresponsabilidad fiscal, que supone una mejora, no sólo de las posibilidades económicas sino de las posibilidades políticas de las Comunidades Autónomas de régimen común; y, otro, el nuevo sistema de financiación de la Sanidad, también con corresponsabilidad, desde el punto de vista de la lucha contra el fraude y la incapacidad temporal, que supone una clara mejora muy notable de la financiación sanitaria y que viene a acabar con una situación, muy criticada en muchos ámbitos, de infrafinanciación de la Sanidad.

A partir de ahí, yo creo que, desde el punto de vista de contribución de este Gobierno y de los partidos políticos que lo respaldan a la financiación de las Comunidades Autónomas, los últimos doce meses han sido de gran importancia, no sólo desde el punto de vista del montante de las cifras, sino desde el punto de vista de las capacidades políticas y del aumento de la corresponsabilidad de los Gobiernos autonómicos.

Sr. Rodríguez.- Por mi parte, entiendo que la ruptura que ha provocado el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao no tiene nada que ver con la dinámica nacional. Creo que está enmarcado muy concretamente en el País Vasco y en las circunstancias políticas que suceden o que han sucedido este tiempo en ese Ayuntamiento. Sí quiero decir que la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao ha sido espectacular, ha sido muy buena. A partir de ahí, son decisiones políticas que yo entiendo, y se lo digo con absoluta seguridad, que no tienen que ver en la relación nacional entre ambos partidos.

P.- Seguiría un momento con el Vicepresidente, si me lo permite, porque su respuesta da pie a lo siguiente: al hablar de las mejoras que ya ha habido durante el año anterior --en fin, ya casi anterior--, ¿quiere decir que no hay margen para nuevas negociaciones? ¿Que lo que se podía hacer en materia de mejorar de financiación en esta legislatura ya se ha hecho o quiere decir que se ha hecho lo más importante pero que el Gobierno sigue abierto a la negociación, a ver qué contrapartidas plantea su socio principal, y a examinarlo y contestar en su día?

Al Portavoz me gustaría preguntarle lo siguiente. Hay una proposición no de Ley anunciada pidiendo el cese del Fiscal General y del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional; sobre eso, aparte de preguntarle por la iniciativa en concreto, me gustaría que me contestara si el Gobierno cree que existe una posibilidad de que cuaje en el Parlamento lo que podríamos llamar el frente de las Humanidades y de que, a lo mejor, algún socio del Gobierno forme parte de una mayoría basculantes; es decir, hoy con unos, mañana con otros. O si le exigiría el Gobierno --estamos hablando, naturalmente, de Convergència i Unió-- que la fidelidad sea absoluta y para todos los días.

Vicepresidente.- No suelo hacer declaraciones sobre declaraciones, pero sobre reflexiones ajenas ya me es muy difícil hacer declaraciones. Por lo tanto, usted me ha hecho una larga reflexión, que yo he escuchado, como el resto de los presentes; pero no le puedo contestar a sus propias reflexiones.

En ese sentido, yo lo que le puedo volver a contestar es que, desde el punto de vista de la financiación autonómica de las Comunidades Autónomas de régimen común, se han producido dos avances muy importantes desde el punto de vista económico y, sobre todo, desde el punto de vista político.

Sr. Rodríguez.- Sobre la pregunta que me hace, dejando claro que los calificativos "frente de las Humanidades", "mayoría basculante" y "fidelidad absoluta" no han sido pronunciadas por mí; lo digo porque luego se pone la respuesta: "el Portavoz dijo que la mayoría basculante...". No, no lo he dicho yo; ha sido una pregunta que me han hecho.

Yo creo que el Presidente fue muy claro el otro día en la entrevista en una televisión. Ese informe lo que hay que hacer es leerlo, y graciosamente ha resultado que, cuando el Presidente dijo "¿por qué no leen el informe?", la gente empezó a leerlo y se ha dado cuenta de que las críticas que estaban haciendo eran erróneas. A partir de ahí, no sé lo que se va a votar en el Congreso de los Diputados cuando se vote, que creo que pasarán algunos meses todavía.

P.- Para el Vicepresidente. Quería plantearle si en el tránsito de las pesetas a Euros existe alguna posibilidad de que se dé alguna facilidad, desde el punto de vista fiscal, para que afloren los aproximadamente tres billones de pesetas de "dinero negro" que se suponen que están por ahí. Esto por una parte.

Por otra parte, el otro día, desde el Banco de España, se alertaba sobre las dificultades que va a suponer el cambio de referencia del Míbor para los créditos hipotecarios variables. Como usted lo ha explicado así un poco de pasada, me guastaría que dijera exactamente cómo se va a producir ese cambio; si esto va a suponer cambiar los contratos de hipotecas y qué es lo que pueden hacer los miles de titulares que hay de este tipo de créditos.

Vicepresidente.- Con respecto al "dinero negro", lo que le puedo decir es que no existe ninguna previsión de modificaciones tributarias en el Plan del Euro. En ese sentido, no forma parte para nada de una previsión de la Administración variar las condiciones tributarias.

Se acaba de aprobar un Estatuto del Contribuyente en el Congreso de los Diputados con una sustancial mayoría --tengo que decir que, para aquellos que existen a los debates parlamentarios, son llamativos los votes finales con los discursos iniciales; pero, en cualquier caso, lo importante son los votos finales-- y es un Estatuto que confiere al contribuyente español unas condiciones realmente importantes en sus relaciones con la Administración tributaria, que vienen a continuar la política del Gobierno del Partido Popular de establecer unas relaciones tributarias basadas en la colaboración y en la ayuda de la Administración al contribuyente. Eso es parte de nuestra política pero, desde el punto de vista de la implantación del Euro, las modificaciones tributarias no están relacionadas con él y no están previstas.

Desde el punto de vista del Míbor, yo lo he dicho de pasada, pero vuelvo a insistir. El índice Míbor, que afecta a los contratos, y, en concreto, usted hablaba de los contratos hipotecarios, es un índice que va a seguirse publicando, va a seguir teniendo efectos. Es verdad que el Instituto Monetario Europeo solicita de los Bancos centrales que los Bancos centrales no publiquen otros índices; pero será publicado por las Administraciones españolas y, por lo tanto, sus efectos jurídicos sobre las relaciones contractuales seguirán siendo los mismos.

En el hipotético caso, que en este momento no está planteado, de que se llegase a una situación en la que, desde el punto de vista técnico, no fuera posible publicar el Míbor, se publicaría un índice equivalente; equivalente quiere decir que tendría las mismas consecuencias económicas y que tendría la misma traslación jurídica a los contratos hipotecarios. Estoy hablando todo de contratos que se realicen antes del 1 de enero de 1999 porque, a partir del 1 de enero de 1999, tendrán que hacerse contratos en referencia al índice nuevo, que será el Euroíbor, si no lo digo mal; que será similar, pero desde el punto de vista europeo.

Por lo tanto, no existe ninguna razón para tener ninguna alarma sobre esta cuestión, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de las entidades financieras.

Sr. Rodríguez.- Antes di un dato de las denuncias sobre mujeres maltratadas: 20.000 casos, no en el año 1996, sino en lo que va de año; 20.000 casos y 1.400 (...)

P.- (...) más de una controversia, la Asociación de Hipotecarios --y no es por sacar una declaración, pero vaya-- viene a recomendar que no se utilice el Míbor, porque será cada vez más volátil, y viene a decir que la formación del sustituto, el Euroíbor éste dichoso, de alguma manera estará fuera del control de España y puede perjudicar los intereses de los consumidores. Ellos no recomendaron a nadie que asumiera un contrato con el Míbor; me gustaría saber si usted, si tuviera que hacer una hipoteca, lo asumiría o no.

Respecto al "dinero negro", lógicamente, ya sé que no son, en principio, partidarios de una amnistía. Pero me gustaría saber, cuando haya que cambiar las pesetas por la nueva moneda, qué postura adoptará la Administración: si flexibilizarán el cambio en ventanilla de las monedas nacionales por los Euros, que es una cosa que ha pedido, entre otros, la CECA, o si aprovecharán todo ese cambio de dinero para intentar detectar las bolsas de fraude y a los que tienen en este momento "dinero negro" para meterles el palo, con perdón.

Y me gustaría saber si han calculado cuál es el coste de todo cambio que va a haber para adaptación al Euro; si han valorado el coste.

Al señor Piqué. El señor Brufau, Presidente de Gas Natural, vino a decir, la semana pasada en Barcelona, que la Ley de Hidrocarburos no servirá mucho, porque no se podrá reducir sustancialmente el precio, porque depende mucho de la materia prima. Me gustaría saber si eso es así y cuál sería la respuesta.

Vicepresidente.- Yo quisiera que no mezcláramos dos cuestiones que son bien distintas; una es el efecto de la incorporación de España a la moneda única y, por lo tanto, de la política monetaria del Banco Central Europeo sobre la publicación de índices, que es una, y otra es si esos índices son buenos, malos, volátiles o no volátiles, que ésa es otra. Entonces, no mezclemos una cosa con la otra, porque yo creo que podemos tener entonces una impresión equivocada.

Desde el punto de vista de la incorporación de España y de su política monetaria al Banco Central Europeo, los efectos sobre el ciudadano son, desde el punto de vista del Míbor, ninguno. El Míbor se va a seguir publicando y, si en algún momento, técnicamente, no fuera posible publicarlo, se publicará un índice equivalente en términos jurídicos y económicos. Por tanto, al señor que le gusta el Míbor o que cree que le interesa tener sus relaciones financieras en Míbor está garantizado que las va a poder mantener. Es verdad que, a partir del 1 de enero de 1999, las nuevas relaciones se establecerán en el Euroíbor.

Segundo, la opinión de las asociaciones privadas o de los ciudadanos sobre si el Míbor es un elemento volátil o no es absolutamente respetable. El Gobierno no recomienda los índices en los que la gente contrata; me parecería una presunción por nuestra parte. Es un mercado transparente y cada cual contrata en lo que le parece.

En cuanto a nuestra situación personal, tampoco sé si es noticia o no. En cualquier caso, sobre esa cuestión, yo creo que está todo dicho.

Sobre los costes, no hemos cuantificado el coste de transformación de las monedas pero, en cuanto lo hagamos, lo haremos público.

En España hay una legislación sobre el blanqueo de dinero y sobre la situación de los ciudadanos cuando llevan billetes o moneda a un Banco y tienen unas cantidades muy concretas; es una Ley de 1993, con un Decreto de 1993. Esta Ley exige, a partir de 2.500.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera, una acreditación de la identidad de la persona que lo hace en un Banco y, en segundo lugar, las entidades de crédito están obligadas a comunicar al Servicio Ejecutivo del Control de Cambios las operaciones de conversión que lleven aparejado movimiento físico de moneda, billetes, cheques u otros documentos, que superen los cinco millones de pesetas.

Ésa es la legislación vigente y ésa es la que se aplica a todos los ciudadanos. Nos parece que, en caso de que se cambie, se tendría que cambiar por razones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y no por razones de otra índole.

Sr. Piqué.- Atendiendo a la pregunta sobre el tema del gas, y pidiendo permiso al Vicepresidente Segundo, yo sí voy a opinar sobre esas declaraciones a las que usted ha hecho referencia, en el sentido siguiente: a mí me parece absolutamente normal que el Presidente de la compañía, ésa o cualquier otra, exprese su deseo de que no le bajen los precios de sus productos. Y yo le puedo expresar el deseo del Gobierno de que, a igualdad de condiciones del precio de la materia prima, el gas natural va a bajar, y va a bajar, tanto para los clientes cualificados en virtud de la introducción de competencia y, por lo tanto, la posibilidad de negociar con otros suministradores alternativos al actual suministrador monopolista, y también van a bajar aquellos componentes distintos de la materia prima que pueden ser fijados desde el Gobierno a través de las correspondientes tarifas. Y la voluntad es, efectivamente, que evolucionen, en cualquier caso, por debajo de la inflación.

Es cierto que el impacto de la materia prima es muy importante en el tema del gas --si no recuerdo mal, está en torno al 60 por 100--, y ésa es una cuestión que, obviamente, no está bajo control sino que depende de los mercados internacionales. Pero, en lo que se refiere al resto de componentes, sin duda, la presión va a ser a la baja.

P.- Señor Vicepresidente, la sustitución de pesetas por Euros supone modificar programas informáticos, supone también eliminar o sustituir impresos, programas de Formación Profesional...; es decir, costes muy elevados para empresas y sectores. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de ayudas públicas a esas empresas y sectores?

Al Ministro Piqué. Usted dice que la Ley de Hidrocarburos es un paso más en la liberalización de la economía. Mi compañía de teléfonos es la misma; la electricidad, también; me temo que la del gas para los diez próximos años, también. El coste de una vivienda es el mismo de hace cinco años y no puedo hacer la compra los domingos por la tarde. No sé si es así como hay que entender la liberalización de la economía.

Y una curiosidad. ¿Piensa usted destituir a la Comisión Nacional de Electricidad, a pesar de su carácter independiente, autónomo?

Vicepresidente.- Desde el punto de vista del Euro, es una decisión indudablemente política, pero también una decisión respaldada mayoritariamente por la sociedad española y por el Parlamento. La conversión al Euro va a suponer un esfuerzo y también ventajas para los sectores económicos. En un momento dado, ustedes recordarán que hubo un pequeño debate sobre si el sector financiero iba a cobrar comisiones especiales. No va a haber ningún tipo de coste para el usuario y, por lo tanto, no va a haber ningún coste desde el punto de vista de las Administraciones públicas, más que las propias Administraciones públicas tengan que absorber como consecuencia de su propia transformación.

Sr. Piqué.- Respecto al primer tema, yo creo que es un tema de sentido común. Las liberalizaciones son reformas estructurales de la economía, como de hecho lo es la Ley de Hidrocarburos, y se tienen que hacer con todas las formalidades necesarias. Se trata de hacer una Ley que necesita que primero se apruebe el Proyecto; después, el correspondiente trámite parlamentario y, finalmente, pueda entrar en vigor.

Por lo tanto, usted todavía no puede escoger compañía eléctrica porque la Ley va a entrar en vigor el 1 de enero del próximo año; y todavía no puede escoger otro operador telefónico porque se está poniendo en marcha el segundo operador, y está en previsión también la puesta en marcha del tercero. Pero eso se empezará a notar también a partir del próximo año, y así sucesivamente.

Desde luego, todas las medidas liberalizadoras que ha ido emprendiendo el Gobierno desde el mes de junio del año pasado creo que sí, que están teniendo efectos concretos ya. Sin esa aproximación liberalizadora, el recibo de la luz no habría sido más barato ya este año, 1997, y va a ser sustancialmente más barato todavía en el año 1998. Sin esas medidas liberalizadoras y sin esa voluntad de hacer una gestión rigurosa de la economía, los precios de las viviendas habría que verlos; pero lo que sí, desde luego, ha bajado sustancialmente es el coste de la financiación para la adquisición de esas viviendas, lo mismo que han bajado los costes financieros para las empresas, y eso está permitiendo que, pongo por ejemplo, nuestra industria esté pasando por el mejor momento de su historia, creciendo prácticamente al 7 por 100 en términos anuales y con una inflación industrial prácticamente inexistente, en torno al 1 por 100.

Por lo tanto, los efectos se van notando ya. Creo que muchos de ellos se han notado y, desde luego, se van a ir notando en el futuro. Pero, lógicamente, todo requiere de un período de adaptación y que entendemos que, además, cuanto más rápido sea, mejor. Pero también hay que adecuarse a la realidad preexistente.

En cuanto a la Comisión del Sistema Eléctrico, tengo que decirle, primero, que la valoración que hace el Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria, y en concreto, el Ministro de Industria y Energía, respecto a la competencia y la profesionalidad de todos los miembros de la Comisión del Sistema Eléctrico, empezando por su presidente, es una valoración extraordinariamente alta y extraordinariamente positiva. Creo que, además, hemos ido consiguiendo un clima de coherencia, un clima de coincidencia básica, que se ha manifestado, por ejemplo, por primera vez en un informe positivo al Decreto de modificación de tarifas eléctricas que razonablemente va a ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros; o a través de una valoración muy positiva que ha hecho la Comisión respecto al resultado final de la Ley Eléctrica.

Por lo tanto, no se trata de introducir ningún elemento de distorsión. La Comisión de la Energía va a tener exactamente las mismas competencias, las mismas características de independencia, que tiene la Comisión del Sistema Eléctrico, y de lo que se trata es de no multiplicar por "n" comisiones por cada uno de los sectores que se van liberalizando. Nos ha parecido, y así le parece, además, a prácticamente a todo el mundo, que era muchísimo mas coherente crear una única Comisión que fuera la tuteladora y la vigilante de la transparencia y de la competencia en el conjunto de los sectores energéticos.

P.- Querría hacer dos preguntas al Portavoz del Gobierno. Por un lado, me gustaría saber si el Gobierno descarta totalmente estudiar la posibilidad de conceder algún tipo de indulto a algún preso relacionado con ETA, habida cuenta de que, al menos, ya se ha concedido uno.

También me gustaría saber cómo interpreta el Gobierno la estrategia que ha desplegado ahora la banda terrorista de atacar tan expresamente a concejales del Partido Popular o de cualquier otro partido, pero expresamente concejales, y no otro tipo de cargos más llamativos o cualquier persona que se ponga a su alcance.

Sr. Rodríguez.- Me gustaría empezar por la segunda parte. Hoy, el periódico "Egin" publica un comunicado en el que se amenaza nuevamente al Partido Popular. Se dice que el Partido Popular es el culpable de la desintegración de Euskadi, o no sé exactamente... No sé textualmente esa expresión, pero es una clara amenaza al Partido Popular. Además, reivindica ETA el atentado contra José Luis Caso y contra Elena Azpiroz.

Lo primero que hay que hacer, por tanto, es enviar un abrazo en nombre del Gobierno a todos los demócratas del País Vasco, especialmente, en estos momentos, a los concejales del Partido Popular que están sufriendo estos ataques y estas amenazas diarias.

¿Por qué ETA actúa contra los concejales? Posiblemente, entiende ETA que en estos momentos son un blanco más fácil, y la verdad es que sólo pronunciar la expresión me cuesta. Pero debe saber la banda terrorista ETA que vamos a seguir trabajando todos los días, estemos en la Administración Central, seamos concejales o militantes de base. Como siempre digo, ahora mismo son los concejales del Partido Popular o la gente del Partido Popular la que puede parecer que está más amenazada; pero no sólo es la gente del Partido Popular, estamos amenazados todos porque, cuando ETA pone un coche bomba, no pregunta de qué partido es la persona que pasa al lado. Los terroristas sólo saben matar y contra los terroristas sólo hay una fórmula de ganarles: lo que se está haciendo.

Insisto en lo que esta semana tuve oportunidad de comentarles: lo que se está haciendo, ya no es sólo lo que está haciendo el Gobierno, no es sólo la colaboración internacional; es lo que está haciendo la gente en la calle, salir a decir "basta". Eso es posiblemente lo que más daño esté haciendo a los terroristas y lo que tenemos que seguir haciendo todos los días.

Con respecto a la pregunta que me hace de los indultos, es verdad que se ha producido un indulto, en el que, como en todos los indultos, se ha nseguido los trámites que hay que seguir; en este caso, el tribunal sentenciador y el Fiscal entendían que se podía proceder a la concesión del indulto.

Lo que el Gobierno dice en esta materia es que es estéril abrir un debate sobre una política generalizada de indultos; es estéril abrir ese debate, es inútil abrir ese debate. Voy a dar medio paso mas allá: puede ser una irresponsabilidad abrir un debate sobre esa materia. No se va a practicar una política generalizada de indultos, como no se va a practicar una política generalizada de acercamiento de presos, como no se va a practicar una política generalizada en nada contra los terroristas. Eso es lo que el Gobierno ha dicho y lo que el Gobierno mantiene.

Con respecto a los indultos, todo tiene su trámite y no hagamos de estos asuntos un debate que vuelvo a calificar como estéril e inútil.

P.- Pregunta para el ministro Piqué. Quería preguntarle si, así como hizo un cálculo del ahorro que se podría derivar por el cambio de condiciones de acceso al gas natural, podría también aventurar algún cálculo, por lo menos alguna horquilla, sobre las reducciones que se pudieran producir, en general, en los hidrocarburos por el acuerdo de liberalización.

Sr. Piqué.- No. Eso es muy difícil porque, efectivamente, el componente de la materia prima, que en el caso además de los hidrocarburos no sólo responde al coste en sí mismo, como puede ser el del barril del crudo del petróleo, también depende, en buena medida, del tipo de cambio de la peseta con relación al dólar. Hacer estimaciones resulta excesivamente arriesgado.

Lo que sí le puedo decir es que, en aquellos casos en los que el coste depende de la fijación de cánones o de peajes, como pueda ser el caso, como he dicho, de la utlización de los gasoductos, o como puede ser el caso de la utilización de los oleoductos, o de todo tipo de insntalciones de almacenamiento, de plantas de regasificación o de plantas de almacenamiento de hidrocarburos distintos del gas natural; todo eso, que depende de la voluntad del Gobierno, va a tener, como objetivo fundamental, que se propicie la competencia y que, por lo tanto, el coste resultante esté significativamente por debajo del que se deriba de la situación actual, que en muchos casos podemos calificar, sin temor a equivocarnos, de monopolística.

P.- Una pregunta sobre el Euro. Quería saber si en el Plan se contemplan ayudas financieras o técnicas para ayudar a los pequeños comercios u otras empresas a adaptar sus precios euro-pesetas y adaptar su contablidad.

Luego, si se contempla también en el Plan la famosa campaña en los pueblos de España y en qué va a consistir, dónde, cuándo y cuánto tiempo.

Sr. Rato.- Desde el punto de vista de ayudas financieras, ya he respondido que no hay ayudas financieras en el Plan del Euro. No hay costes y no hay ayudas; ninguna de las dos cosas.

Desde el punto de vista del Plan de Comunicación, no forma parte de lo que hoy estoy presentando. Éste es un Plan dirigido al funcionamiento de las Administraciones Públicas; el Plan de Comunicación ha comenzado antes. Como ustedes son conscientes, ha comenzado prácticamente alrededor de la primavera de este año.

Durante todo este verano habido una intensa colaboración con el sector privado en la preparación de conferencias y seminarios sobre el Euro. En el otoño ha habido ya una campaña de difusión masiva a través de los medios de comunicación, que continuará la próxima primavera en colaboración con todo tipo de medios de comunicación y empresas de comunicación, desde el punto de vista de la divulgación del Euro. Continuaremos con la política de colaborar, a lo largo del año 1998, con seminarios que se realicen en todo tipo de entidades privadas o relacionadas con las Comunidades Autónomas, con las que también mantenemos una colaboración.

En cuanto a que dentro de esa campaña de comunicación se hagan presentaciones al público o planteamientos de utilización del Euro en determinados lugares, ya sea un pueblo, ya sea un determinado establecimiento, ya ha habido experiencias sobre eso este verano --yo he estado en una personalmente-- y seguirá habiéndolas a lo largo de los próximos años y en próximos meses.

P.- De todos modos, una vez vistas las explicaciones sobre la nueva Ley, parece que para el consumidor final únicamente será la gasolina a la que le pueda afectar alguna bajada de precios, dependiendo de cómo consiga el Ministerio que pueda afectar la liberalización dentro del sector, sobre todo, la desaparición de los precios máximos.

También me gustaría saber como van a articular la ruptura de los contratos en exclusiva con Repsol-Butano, teniendo en cuenta que hay otras compañías que quieren entrar en ese mercado.

Por último, ya metidos en tema gasista, me gustaría saber por qué no se ha adoptado todavía la medida de la venta por parte de Gas Natural del 9 por 100 de Enagás.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, efectivamente, se declara la libertad de precios, no sólo en la gasolina, sino de todos los productos derivados de los hidrocarburos y, por lo tanto, los carburantes, y, a medida que se vaya introduciendo el concepto de cliente calificado, también en el caso del gas natural.

Sólo hay una excepción en cuanto al mantenimiento de un control de precios, que es precisamente en el caso del butano --y después comentaré el tema de los contratos en exclusiva--, en el que, mientras no garanticemos, mientras no tengamos claro, que existen suficientes condiciones de competencia, el Gobierno se reserva la posibilidad de limitar el precio en beneficio de los consumidores. En el resto, la libertad de precios va asociada a medidas claramente de entradas al incremento de la competencia. Por lo tanto, tanto por esa vía, como por la vía en que depende muchas veces de normas fijadas por la Administración, en términos de canones y de peajes, la tendencia va a ser también a la baja; pero no sólo en las gasolinas, sino en el conjunto de hidrocarburos y carburantes.

Queda el tema del butano. El butano es un tema absolutamente importante en el que el monopolio es prácticamente total. Hay otras compañías, es verdad, interesadas en entrar en ese mercado, que quieren buscar elementos diferenciadores del producto, que permitan hacerlo más competitivo. Pero la Ley permite, no sólo que se diferencie el producto, que es lo que están planteando estas compañías, en forma, por ejemplo, de una bombona alternativa, sino que, además, se puedan suministrar de forma distinta y, por lo tanto, sin la obligatoriedad de servir a domicilio y que puedan estar suministradas en hipermercados o en las propias gasolineras.

Si a eso le añadimos que los actuales suministradores tiene la obligación de suministrar en exclusiva el producto de Repsol-Butano y que eso, a partir de la nueva Ley, ya no va a poder ser así y que cada distribuidor va a poder distribuir el producto de la compañía que quiera, entendemos que eso va a permitir una introducción de competencia rápida, que ojalá algún día sea tal o cuando más próxima mejor, que nos permita también eliminar el sistema de precios máximos en el caso del butano.

En relación a la última pregunta, el Gobierno ha considerado que la venta del 9 por 100 remanente que la SEPI tiene en Enagás al propietario del otro 91 por 100, que es Gas Natural, y que supondría, por lo tanto, que la red de transporte más importante de gas natural que tiene el país pasara a ser cien por cien propiedad de unas de las empresas; eso sólo tiene sentido hacerlo en el momento en que, efectivamente, se consagren la competencia y la liberalización en el sector del gas. Eso se va a producir en el momento en el que, efectivamente, la Ley esté en marcha. Como eso todavía no es así, se ha tomado la decisión de esperar a esa situación.

Sr. Rodríguez.- Señoras y señores, Feliz Navidad.