Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Feliz año nuevo. Espero que hayan disfrutado de estas fiestas y espero que el nuevo año les traiga ventura. Bienvenidos después de estos días de descanso.

El Gobierno ha aprobado esta mañana la revalorización de las pensiones, lo que significa que las pensiones crecerán un 2'6 por 100 este año, tal y como prometió el Presidente de Gobierno en su discurso de investidura. Quiero decirles que el Gobierno del Partido Popular la primera decisión que tomará cada año será la revalorización de las pensiones, y éste será el primer anuncio que se haga cada año en el Consejo de Ministros.

Antes de comentarles los acuerdos principales del Consejo de hoy, y aunque la condolencia ha sido transmitida personalmente a la viuda del Teniente Coronel asesinado anteayer y a la familia por los miembros del Gobierno que se han acercado a la capilla ardiente y al funeral, quiero transmitir en nombre del Gobierno la condolencia por este asesinato. Es difícil, después de haber enterrado ayer a uno de los nuestros, pronunciar las palabras que voy a decir a continuación.

La sociedad española debe saber y debe confiar en el Estado de Derecho y en la firmeza del Gobierno en la lucha contra los terroristas. La sociedad española se impondrá a los terroristas. Somos más los que creemos en la paz, somos más los que creemos en la democracia. Cada vez los terroristas tienen menos escondrijos en los países de nuestro entorno para esconderse, cada vez se está deteniendo a más terroristas y cada vez se está desarticulando más comandos de pandillas de vándalos. Vamos a seguir actuando con absoluta firmeza contra los terroristas.

El Gobierno quiere agradecer también las palabras que ha pronunciado esta mañana Su Santidad el Papa en el acto de entrega de credenciales del Embajador español ante el Vaticano, condenando el terrorismo y condenando los secuestros de la banda terrorista ETA.

Este año, el Gobierno continuará con la política de diálogo y de consenso que ha impulsado estos meses, basados en la estabilidad política y económica en la que, afortunadamente, se encuentra España. Impulsará en el primer trimestre tres ejes de actuación y, sin duda, el eje económico será uno de los más importantes.

España entrará en la Unión Económica y Monetaria sin ninguna duda. Para eso, se ha llamado al esfuerzo de los españoles y, desde luego, ese esfuerzo de los españoles está rindiendo fruto, como se puede ver en los índices económicos que hoy se pueden aportar.

La batalla en la economía no sólo será una batalla de esfuerzo macroeconómico, si ustedes me permiten decirlo así. El Gobierno impulsará, en este primer trimestre, medidas para estimular el consumo privado y para garantizar los derechos de los consumidores. El Gobierno está preparando medidas para agilizar la compra de bienes muebles, de modo y manera que se favorezcan las adquisiciones a plazos por parte de las familias. Se están preparando medidas para agilizar la adquisición de bienes inmuebles en régimen de multipropiedad. Se están estudiando medidas, que serán aprobadas en este primer trimestre, para garantizar los derechos de los consumidores en los contratos en masa, cuyo principal objetivo es eliminar lo que siempre se llama, y además es así, la "letra pequeña" de los contratos y garantizar la transparencia y beneficiar a los consumidores. Se está preparando ya, y se aprobará en breve, el Estatuto del Contribuyente. Todas estas medidas tienen como objetivo dinamizar la economía, fomentar el consumo familiar.

El Gobierno considera que la creciente estabilidad de la economía y la reducción de los precios y de los intereses dan posibilidades para una sana recuperación. Es objetivo del Gobierno, como ustedes conocen, que el año 1997 sea el año del empleo; y esto no será sólo una declaración, es un compromiso que se verá cumplido.

Otro eje de actuación del Gobierno en este primer trimestre hace referencia a medidas sobre protección de derechos y libertades en España. Es obligación del Gobierno defender nuestros derechos, defender nuestro sistema, defender nuestra libertad; defender, por ejemplo, la igualdad de hombres y mujeres; defender, por ejemplo, que en España no haya xenofobia, no haya racismo, y defender a los ciudadanos ante los criminales. En este sentido, el Gobierno tomará medidas para la cooperación jurídica internacional que permitan luchar a los países y, en este caso, a España contra el crimen organizado y contra las mafias internacionales. Esto hace referencia, sobre todo, al terrorismo y al narcotráfico.

Se está preparando un proyecto de ley sobre vandalismo callejero. Se están preparando reformas en el procedimiento seguido por los jueces de Vigilancia Penitenciaria y un paquete de medidas en este trimestre contra la droga, tal y como prometió el Presidente del Gobierno. Se están preparando medidas, en este eje de la protección de los derechos y libertades de los españoles, de protección de la infancia, en cuanto hace referencia a las agresiones de violencia o de pornografía infantil, por ejemplo, de la que recientemente se han hecho eco los medios de comunicación. Y se están tomando medidas también de protección a los mayores, un colectivo de cerca de ocho millones en España que no tiene legislación, en estos momentos, que sirva de protección.

Y un tercer eje de actuación en este trimestre será de medidas de regeneración democrática. Quiero decir que se han tomado ya algunas medidas en este aspecto, desde la Ley de Disciplina Presupuestaria, que garantiza la transparencia de la actuación del Gobierno en los Presupuestos, hasta la ya enviada Ley de Gobierno, que esperamos que se agilice su tramitación en el Congreso, y que esto significará que el ciudadano tendrá la garantía de que su Gobierno actuará siempre de modo transparente.

Se están preparando medidas para garantizar también los derechos ciudadanos frente a posibles abusos, excesos o errores de la misma Administración y, desde luego, el Gobierno erradicará la corrupción en España, que tantos males ha causado en la vida política y social de nuestro país.

De todos los acuerdos tomados esta mañana, les he hablado, como primer acuerdo, de la revalorización de las pensiones; también se ha regulado el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario, asuntos de los que les hablará el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, además del informe que ha presentado sobre los mayores, del que también les dará cuenta.

El Gobierno ha aprobado la autorización administrativa previa para Telefónica y Telefónica Móviles. Es un Real Decreto que trata de salvaguardar de forma selectiva los intereses nacionales en una empresa estratégica, sin interferir en la gestión ordinaria de la compañía, que se define a partir de la nueva estructura de capital. De esta manera, se sometarán a autorización administrativa previa la disolución, escisión, fusión o sustitución del objeto social de Telefónica de España y Telefónica Móviles, así como la venta de activos de especial importancia por parte de estas sociedades. Además, se somete a autorización la adquisición por terceros de paquetes de acciones de estas sociedades que superen el 10 por 100 de su capital.

En la nota de prensa que ustedes recogerán después tienen más información.

Ha autorizado el Gobierno también la creación de la sociedad TVE Temática, una sociedad que será la que se incluya en la plataforma digital, que anteayer la mayor parte de las televisiones en España han ratificado que se constituirá antes del final de este mes.

Se ha aprobado también los requisitos para participar en el concurso de Retevisión. Los requisitos son los siguientes: primero, tendrán que acreditar la capacidad y solvencia técnica las empresas que se presenten en relación con las actividades a desarrollar por la sociedad; se valorará la aportación de infraestructuras y derecho de paso; tendrán que acreditar la solvencia económica y financiera; podrán presentar proposiciones conjuntas dos o más empresarios, debiéndose constituir en una unión de empresas, que tendrá responsabilidad solidaria frente al Ente público. No podrán participar directa o indirectamente en el concurso las personas jurídicas que sean poseedoras de títulos habilitantes para la prestación de servicios finales de telecomunicaciones en el territorio español, ni aquellas otras sobre las que el concesionario de dichos servicios pueda ejercer una influencia dominante.

Además de estos requisitos que ustedes tienen en la nota de prensa, se detallan también los compromisos a los que se llega en este concurso.

Se ha modificado las medidas de financiación de vivienda. Estas modificaciones facilitan el acceso a una vivienda en propiedad a las personas que más lo necesitan y, además, se establece también la posibilidad de entregar directamente las subvenciones a los promotores de viviendas VPO de régimen especial para alquilar.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remoción del actual Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a petición del Fiscal General del Estado, una vez que ha sido oído el Consejo Fiscal.

Sr. Arenas.- Agradecerles, como siempre, su presencia y también unirme a las palabras del Secretario de Estado, deseándoles a ustedes y a sus familias un buen año en 1997.

Como ha comentado el Secretario de Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Decreto que supone, yo creo, la certificación del compromiso que tenía el Presidente del Gobierno con la sociedad española, la certificación del compromiso que tenía el Presidente del Gobierno con los pensionistas, en general, y con los mayores, en particular, y que, como ha dicho el Secretario de Estado, supone la revalorización en un 2'6 por 100 para 1997 de todas las pensiones, ya sean contributivas, ya sean no contributivas.

Señalar que es muy importante este acuerdo para nosotros y especialmente la buena época que atraviesa el poder adquisitivo de los pensionistas porque, como saben, la revisión de los incrementos de los IPC con relación a las pensiones se hace de noviembre a noviembre, y, habiendo sido en este noviembre el IPC cumplido inferior al IPC previsto, se ha producido también un efecto de mejoría del poder adquisitivo, concretamente en la distancia que va del 3'5 del IPC previsto al IPC cumplido en noviembre del 3'2.

Señalarles que también en este Decreto se han establecido las pensiones máximas y la pensión mínima para 1997, siendo la pensión máxima de 284.198 pesetas y siendo la pensión mínima de 64.505 pesetas.

Decirles también que, habitualmente, cuando se habla de pensionistas, la sociedad española identifica siempre a los pensionistas con los mayores; sin embargo, el conjunto de las pensiones tiene el siguiente desglose: pensiones de invalidez, a 31 de diciembre de 1996, 1.692.000; pensiones por jubilación, 3.390.000; pensiones por viudedad, 1.876.000; pensiones por orfandad, 207.000; pensiones-prestaciones familiares, 44.000; lo que supone un total, en este momento, de pensiones de 7.211.000. En concreto, esas pensiones son las que se ven afectadas por la revalorización que se ha acordado hoy en el Consejo de Ministros.

También, como ha dicho el Secretario de Estado, en el Consejo de Ministros del día de hoy hemos presentado los resultados de la política en relación con los mayores para 1997. Es cierto que los mayores en España tienen siempre una gran expectativa por lo que significan sus pensiones, por lo que significa la consolidación del sistema de protección social; pero también es cierto que hay otras políticas que se llevan a cabo por parte del Gobierno que afectan a los mayores y que no están directamente vinculadas a las pensiones.

En este sentido, el Consejo de Ministros ha tenido conocimiento de los siguientes planes para 1997 y también de los siguientes compromisos financieros: en primer lugar, en lo que hace referencia al programa del 0'5 de IRPF, se destinarán para los programas de mayores 2.838 millones de pesetas; en lo que significa el Plan Gerontológico Nacional, en 1997 habrá un destino de 4.200 millones de pesetas por parte de la Administración General del Estado, más 4.200 millones por parte de las Administraciones Autonómicas; al Plan concertado de servicios sociales, en 1997 se destinarán 11.500 millones de pesetas y los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, 42.000 millones de pesetas; de este conjunto, 13.200 millones están destinados a programas específicos para mayores. Se mantiene para 1997 el programa de Teleasistencia para mayores con Quinzimel Usuarios y un coste de 600 millones de pesetas; en ayudas a los Centros de Día se aportan 600 millones de pesetas, con 48.000 socios disfrutando de estos Centros de Día, y, finalmente, en los dos grandes programas más costosos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el programa de Turismo Social, que va a tener en 1997 un importe de 6.800 millones de pesetas, con unos usuarios en la temporada 96-97 de 360.000 usuarios, y el programa de Termalismo Social, 1.900 millones de pesetas, con 65.000 usuarios.

Éstos son los grandes programas de política asistencial a los mayores que el Ministerio va a desarrollar en 1997 y que han supuesto la consolidación y, en algunos casos, el incremento de las partidas presupuestarias dedicadas a las políticas en relación con los mayores.

También ha dicho el Secretario de Estado que estamos estudiando la posibilidad de un Proyecto de Ley de protección de los derechos del mayor, que responde a un compromiso del Partido Popular en las pasadas elecciones generales y que esperamos poder remitir al Consejo de Ministros en el próximo mes de mayo.

Finalmente, informarles que, también dentro de nuestra área, hoy se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros un Decreto que hace referencia a los eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura, y que supone también el fiel cumplimiento del acuerdo de Empleo Agrario que en su día suscribimos con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y con ASAJA, como representante sectorial de la CEOE y CEPYME.

Sr. Rodríguez.- Si les parece, les comento la agenda del Presidente del Gobierno para la semana que viene. Hoy almuerza con el equipo artístico de la película "El perro del hortelano"; a las cinco, recibirá al Príncipe heredero del Reino de Jordania; a las seis, se entrevista con el Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco. El lunes, a las once, presidirá la Permanente del Partido Popular. El martes asistirá, en el Palacio de la Zarzuela, a la reunión de la Junta de Defensa Nacional, presidida por S.M. el Rey. El jueves clausura las Jornadas sobre Exportación, organizadas por la Secretaría de Estado de Comercio. El viernes, después del Consejo de Ministros, viajará a Italia para una estancia privada con el Primer Ministro Prodi, con el Primer Ministro italiano, de donde volverá el domingo por la mañana, y por la noche, el domingo, cenará con el Presidente de Guatemala, Álvaro Arzú.

P.- Quisiera saber si el Ministro del Interior ha informado al Gobierno de la reaparición de los atentados mortales de ETA esta semana y si el Gobierno tiene opinión sobre el debate que se ha abierto en torno a la posible modificación legislativa para que, en situaciones como la que se produjo esta semana en la que, horas antes del atentado mortal contra un militar en Madrid, un dirigente de HB amenazó al Gobierno. Quisiera saber si el Gobierno piensa que es posible reformas en el Código Penal para que situaciones como ésta no vuelvan a producirse.

Y quisiera pedirle también al Secretario de Estado que nos dé más detalles sobre la decisión sobre la remoción del fiscal Aranda.

Sr. Rodríguez.- No tengo más detalles sobre la remoción del fiscal Aranda en la medida en que, como usted sabe, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Fiscal-Jefe sea removido, a instancia del Fiscal General, una vez que haya sido oído el Consejo Fiscal; de tal manera que ésa es la situación que se ha producido, la petición que se ha hecho del Gobierno, como usted conoce, y el Gobierno ha tramitado la remoción. No le puedo comentar más del asunto.

No, no ha habido un informe del Ministro del Interior sobre el atentado. Todo el Gobierno conoce, desde primeras horas del atentado, cómo se ha producido y, por tanto, era innecesaria una información añadida sobre este atentado. No ha habido tampoco un informe sobre nada que afecte a la materia antiterrorista.

Sí puedo decirle que el Gobierno valora positivamente que, desde la sociedad española y desde todas las fuerzas políticas, se esté en la conciencia de la firmeza contra los terroristas. Le he dicho antes y le repito ahora: la unidad de las Instituciones y de los partidos es muy importante; igualmente importante es la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Yo confío en el Estado de Derecho y con el Estado de Derecho, con la Ley en la mano, la sociedad española se va a imponer a los terroristas. Va a ser un proceso largo y duro; pero con la Ley en la mano la sociedad se impondrá a los terroristas, y con la firmeza del Gobierno y la firmeza que están demostrando todas las instituciones y todos los partidos políticos.

P.- Tengo tres preguntas breves. La primera: ¿por qué Telefónica es declarada de interés estratégico y no la que está llamada a ser su rival, Retevisión?; si no es esto una discriminación en la competencia. La segunda: ¿cómo se va a compaginar la "acción dorada" del Gobierno con la liberalización de las telecomunicaciones de diciembre de 1998? Y la tercera es: ¿cómo explica o cómo interpreta el Gobierno la compra frenética de acciones de Telefónica por parte de Argentaria?; si esto no es alguna política decidida desde el Gobierno mismo.

Sr. Rodríguez.- Yo no tengo ninguna valoración que hacer a la última pregunta; tampoco puedo confirmarle su pregunta en sí, si hay o no una compra frenética. No me gustaría que el silencio sobre esa parte usted lo interpretara como una confirmación.

Lo que se ha aprobado hoy de Retevisión son los requisitos para participar en el concurso. Esto no quiere decir que sea o no sea declarada empresa de interés estratégico; quiere decir que se han aprobado los requisitos para el concurso. En cualquier caso, queda todavía mucho tiempo en este camino de la liberalización de las telecomunicaciones.

Sí quiero comentarle, como no se le escapa a usted, que España es no sé si es el primer país o es de los primeros países... Creo que es el primero --y discúlpeme que no tenga la certeza en la respuesta-- que empieza a liberalizar en Europa las telecomunicaciones. Esto es muy importante para el camino que queremos recorrer.

Con respecto a la primera pregunta, o la segunda --ya no sé cual era--, no tengo respuesta; no estoy capacitado... Es decir, no he escuchado ningún informe en el Consejo de Ministros sobre ese aspecto y, por tanto, no le puedo informar.

P.- Señor Ministro de Trabajo, por favor, ¿cuánto cuesta la revalorización de las pensiones y en cuánto se sitúa la pensión media? Luego, otra pregunta: ¿qué opinión le merecen las declaraciones de ELA sobre el conflicto de la formación continua en el País Vasco, que puede producir desestabilización política?

Sr. Arenas.- En cuanto a la primera pregunta, ahora le busco el dato y se lo doy de inmediato o al final de la rueda de prensa se lo paso, porque tengo que buscarlo entre los datos éstos.

En cuanto a la segunda, me ha planteado dos posibles conflictos en relación con el FORCEN, ¿no?, me ha dicho exactamente. Mire, yo quiero ser muy claro. El Gobierno ha firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales, con CIGA, con UGT, con Comisiones Obreras, también con CEOE y con CEPYME, que afecta a la Formación Profesional en el Estado, en España, y que se refiere a la Formación Profesional Ocupacional, a la Formación Profesional Continua y también a la Formación Profesional Reglada. Ése es un acuerdo que vincula al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que también vincula al Ministerio de Educación y Cultura, que suscribió el documento en los ámbitos en que hay competencias por parte del Ministerio de Educación y Cultura; no vincula en aquellos ámbitos que hacen referencia a competencias de Educación transferidas a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, nosotros creemos que es perfectamente compatible ese acuerdo en el que se han introducido, yo diría, tres grandes modificaciones: la primera, que es muy importante, el tratamiento global de la Formación, en el deseo de vincular cada vez más la Formación Profesional al mundo de la empresa y al mercado de trabajo. También, si me permiten que les diga, creo que en España necesitamos con urgencia prestigiar la Formación Profesional, y que de esa forma haremos un gran beneficio al mercado de trabajo y que también, paralelamente, haremos un gran beneficio a la Universidad y a su masificación, en mi opinión.

La segunda modificación importante de ese acuerdo es que se contempla en un marco en el que las Comunidades Autónomas van a participar en el Consejo General de la Formación Profesional. Con esto quiero decirles que el Plan Nacional de Formación Profesional que vamos a elaborar lo vamos a hacer, desde el Gobierno, con los agentes sociales, con las Comunidades Autónomas; como también desde el ámbito de la Comunidad Vasca se puede participar directamente en ese Plan Nacional de Formación Profesional.

En tercer lugar, los fondos que se refieren a la Formación Profesional no van a estar, como han estado anteriormente, administrados por los agentes sociales, sino que la titularidad de esos fondos va a residir en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, más especialmente, en lo que significa el Instituto Nacional de Empleo.

Ese acuerdo de Formación Profesional, en mi opinión, y lo voy a defender así, es perfectamente compatible con el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores; es perfectamente compatible con el acuerdo interprofesional suscrito en la Comunidad vasca (acuerdo tripartito Gobierno, sindicatos y empresarios) y pueden perfectamente coexistir.

Sabe también, doña Elisa, que el Partido Popular suscribió un acuerdo, en su momento, con el PNV en el que había un compromiso de financiación del acuerdo interprofesional vasco para 1996, compromiso que se cumplió, y que también existen esos compromisos de financiación a partir de 1997. He tenido una reunión con ELA-STV en el día de ayer; en los próximos días me voy a reunir con CONFEBASK y también con representantes y con miembros del Gobierno vasco, y voy a defender, como le he dicho, la coexistencia de los dos acuerdos, porque entiendo que son perfectamente compatibles.

Además, le quiero decir que, por primera vez, en el ámbito del acuerdo de Formación Profesional del Estado se habla de la territorialización de la Formación Profesional.

P.- Una pregunta al Secretario de Estado. Quisiera saber qué espera y qué opinión le merece el hecho de que el Tribunal Supremo haya llamado a declarar a toda la Mesa nacional de HB en relación con la emisión del vídeo que se emitió en la pasada campaña electoral.

Sr. Rodríguez.- Que el Estado de Derecho está actuando, que los ciudadanos deben confiar en que el Estado de Derecho va a terminar actuando; por eso, la sociedad española se va a imponer a los terroristas.

P.- Dos preguntas al Secretario de Estado. En primer lugar, ¿qué opinión le merece al Gobierno la presentación por parte de la Junta de Extremadura de un recurso al Tribunal Constitucional sobre la financiación autonómica, en concreto, sobre la cesión del 30 por 100 del IRPF, y a qué cree..?

Sr. Rodríguez.- ¿Me está dando una información de que Junta de Extremadura ha presentado un recurso o se refería a la Junta de Andalucía?

P.- La Junta de Extremadura la ha presentado este mediodía ante el Tribunal Constitucional.

Sr. Rodríguez.- Disculpe, porque no tenía la información.

P.- La Junta de Andalucía todavía tiene que debatirlo el Parlamento en febrero, me parece.

Preguntarle también la opinión que le merece; si cree usted que va a haber recurso por parte de las tres Comunidades gobernadas por el Partido Socialista y a qué responde esta actitud.

También una información, a raíz de esto, de la Junta de Extremadura: ¿en qué momento procesal está la petición de referéndum que ha hecho la Junta de Extremadura sobre este tema del 30 por 100? O sea, me parece que se remitió al Gobierno; no sé si el Gobierno ha respondido, tiene que responder o hay silencio y no... Disculpe, pero no tengo ninguna idea, por eso se lo pregunto.

En segundo lugar, en la agenda que nos ha comentado de regeneración democrática para el primer trimestre --he entendido-- de 1997, quería saber si va a figurar en él la Ley de Secretos Oficiales o va a seguir aparcada hasta otro mejor momento.

Sr. Rodríguez.- Con carácter general, sobre los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado o que se puedan presentar al modelo de financiación. Primero, el modelo de financiación es constitucional. Segundo, el Gobierno va a aprovechar cualquier resquicio para el diálogo, para dialogar; si la Junta de Andalucía o la Junta de Extremadura no quieren dialogar, será responsabilidad de esos Gobiernos, no del Gobierno central que, desde luego, va a dialogar hasta el final o va a buscar el diálogo hasta el final, como se está demostrando. Tercero, si Andalucía y Extremadura entran en el modelo de financiación, ganarán y, si no entran, no será responsabilidad del Gobierno central; será su responsabilidad.

Por tanto, si no entran y no dialogan, es responsabilidad de esos Gobierno autonómicos, no responsabilidad del Gobierno central, que aprovechará cualquier resquicio para el diálogo, que sabe que la norma es constitucional y que sabe que la norma es beneficiosa para las Comunidades Autónomas.

Desconozco, en la segunda pregunta, si ha entrado siquiera en el Gobierno la petición de referéndum. Yo me enteraré, pero desconozco si ha entrado o sigue el asunto paralizado en la Asamblea extremeña. Discúlpeme a mí también, así nos pedimos muchas disculpas todos.

No le he dado un detalle de las leyes que se van a aprobar; le he dicho las medidas que se están preparando. Unas tendrán carácter de normativa general otras tendrán otro carácter.

Y no le puedo informar de si se va a aparcar esa Ley de Secretos Oficiales. Sabe usted que la estamos mejorando; pero no le puedo dar más información porque, en estos momentos, no hay más información sobre esa ley concreta.

Sr. Arenas.- La pregunta que se me había hecho, montante global que supone el incremento. Según la nota que me pasa el Secretario de Estado, que corresponde a la pensión media, el montante global que supone el incremento es en torno a los 180.000 millones de pesetas, y la pensión media del sistema, tras la revalorización, muy cercana a las 70.000 pesetas. Si no me equivoco, la pensión media en el mes de diciembre pasado estuvo por encima de las 67.000, muy cerca de las 68.000; luego, estaríamos hablando de una pensión media en torno a las 70.000 pesetas.

P. Quería preguntar sobre lo siguiente: esta semana se ha vuelto a plantear la polémica sobre si hay instrumentos legales suficientes o no ante determinadas declaraciones, me refiero a las del parlamentario de HB navarro, ¿no? Quería saber si, cuando alguien dice que "se plantea un futuro de mucho sufrimiento", el Gobierno considera que está haciendo una amenaza, más o menos velada, o que está haciendo una especie de análisis político; es decir, ¿hasta qué punto hay instrumentos para responder a ese tipo de declaraciones en términos legales, penales?

En segundo lugar, me gustaría saber si el hecho de que Castilla-La Mancha no haya presentado recurso el Gobierno lo interpreta como una posibilidad de acuerdo con esta Comunidad gobernada por el Partido Socialista; si hay algo a ese respecto.

Y al Ministro de Trabajo una cuestión específica, que ya le había preguntado en alguna ocasión anterior, pero parece que algo se mueve en cuanto al traspaso del INEM a Cataluña. Me parece que el señor Durán Lleida lo ha planteado esta semana en términos que podrían facilitar el acuerdo. ¿Es así?

Sr. Rodríguez.- Con respecto a la primera pregunta, no voy a hacer ningún comentario sobre unas amenazas que producen repugnancia.

Si Castilla-La Mancha presenta o no un recurso, desde luego, es un asunto del Gobierno de Castilla-La Mancha. En la medida en que en todos estos asuntos está el Partido Socialista, déjenme que llame al Partido Socialista a la responsabilidad. Desde luego, cuando el Partido Popular estuvo en la oposición, en unas circunstancias similares con respecto a la financiación autonómica dio mayores pruebas de responsabilidad de las que está dando el Partido Socialista. Pero el Gobierno, tranquilo; sabe que esa norma es constitucional y sabe que esa norma beneficia a las Comunidades Autónomas.

Sr. Arenas.- Con respecto a la pregunta que me ha hecho y que está relacionada con el INEM y con las políticas activas y las políticas pasivas, yo he visto y conozco a través de los medios de comunicación la posición que se está planteando desde la Generalitat, desde Convergència i Unió. Me parece que es una posición razonable. Entiendo de esa posición que se está demandando el traspaso de las políticas activas, lo que hace referencia básicamente a la intermediación y a la formación, y que no se hace una reivindicación directa sobre lo que son las políticas pasivas y, fundamentalmente, las prestaciones por desempleo.

El Gobierno está dispuesto a firmar ya, ya, cuando se nos diga, el traspaso de las políticas activas, y de esa forma damos cumplimiento literal al acuerdo que en su día suscribieron el Partido Popular y Convergència i Unió.

En segundo lugar, me parece que también hay una posición razonable en el tiempo en lo que ha significado esa declaración de Convergència i Unió. ¿Por qué me parece que es razonable en el tiempo? Porque, como saben ustedes, dentro del INEM en estos momentos hay un grupo de trabajo constituido con los agentes sociales que está estudiando el futuro de los servicios de empleo en España y, muy específicamente, el futuro del servicio público de empleo en España.

Me parece que la posición que conozco del señor Durán es razonable, porque entiende que hay que acompasar esas transferencias, esos traspasos de competencias, al debate sobre el servicio público de empleo en España. Por tanto, me parece que podemos avanzar y creo que esas opiniones, que conozco a través de los medios de comunicación, son razonables, se acercan a la posibilidad del acuerdo y van en buena dirección.

P.- Yo quería insistir sobre el tema de la crisis de la Audiencia Nacional, utilizando el argumento que ha utilizado el Fiscal General del Estado. Él ha dicho, en definitiva, que se ha cesado al Fiscal Jefe por no ejercer en su debido tiempo el principio de autoridad. La pregunta sería para el Gobierno: si cree que en el principio de la resolución de la crisis de la Audiencia Nacional es bueno reforzar el principio de autoridad, digamos, echando al jefe primero, antes que resolviendo el expediente del resto de los fiscales.

Sr. Rodríguez.- El Gobierno no tiene opinión. Lo único de lo que le puedo informar, y que le he informado, es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite la actuación que se ha hecho. Y no hay valoración política sobre el aspecto.

P.- Dos preguntas para el señor Ministro. La primera es: ¿qué opina de la propuesta de negociación o de la propuesta de reforma del mercado de trabajo que han presentado esta semana los sindicatos? Ésa es la primera.

Y la segunda, abundando un poco más en la pregunta de mi compañero Brunet, quisiera saber si el Gobierno considera posible... Yo he entendido que Durán Lleida o Convergència i Unió reivindica el derecho de la Generalitat a reconocer el derecho a la prestación; no a las gestiones exactamente de los fondos, pero sí el derecho a reconocer la prestación. Quiero saber si el Gobierno está dispuesto a eso, si el Gobierno lo considera política pasiva o no lo considera política pasiva y si está dispuesto a eso; si no hay una cierta incoherencia en admitir el derecho al reconocimiento de la prestación por una Administración y otra que maneje los fondos. ¿Me explico?

Sr. Arenas.- Yo, en mi inocencia andaluza, más concretamente de pueblo, creí que iba a terminar la rueda de prensa sin que habláramos de mercado de trabajo; pero que quede claro que la curiosidad contrastada por parte de ustedes supera mi inocencia.

Con respecto al asunto que plantea del mercado de trabajo, conozco en profundidad el documento que han presentado los sindicatos. Lo conozco a través de los medios de comunicación y también porque han tenido, como es lógico, la gentileza, que yo agradezco, de remitirlo directamente al Ministerio, y a mí me parece un documento, primero, que no es novedoso, porque es un documento que refleja las posiciones que tradicionalmente han mantenido los sindicatos en materia de trabajo y, en segundo lugar, si me lo permiten, es un documento yo creo que válido para la negociación. Me parece que es un documento que expresa la posición sindical, pero que es un documento válido para la negociación.

La visión que tengo de esas negociaciones es una visión positiva. Creo que hay que estar moderadamente optimista ante esas conversaciones y creo que para todos es mejor que se produzca el acuerdo. Yo creo que un acuerdo de mejora de mercado de trabajo es muy bueno para la sociedad española, muy bueno para los trabajadores, muy bueno para los desempleados, muy bueno para los jóvenes que están en el paro, muy bueno también para el conjunto de las fuerzas políticas. Ese acuerdo es lo mejor para todos. Si se produjera el acuerdo solamente en vía parlamentaria, ese acuerdo siempre es posible, pero no sería el mejor de los acuerdos.

Con respecto a la segunda cuestión, decirle que para nosotros el reconocimiento está en el ámbito de las políticas pasivas, y que las experiencias que puede contar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que se refieren, sobre todo, a la Seguridad Social, cuando el reconocimiento de una prestación reside en una Administración distinta a aquella que tienen la responsabilidad del pago y también de la consignación presupuestaria, las experiencias son profundamente negativas para el Ministerio, para la sociedad y para lo que significa el gasto público.

P.- Yo también quería desearle feliz año, y dos preguntas al Ministro de Trabajo; la primera, sobre el balance del paro de 1996. ¿Hasta qué punto el hecho que la disminución de empleo haya sido inferior a la del año anterior, que de los 160.000 parados menos, 120.000 se hayan producido en el primer semestre y solamente 40.000 en el segundo, y que en diciembre la disminución del desempleo haya sido menor que en el mismo año; hasta qué punto se está produciendo una ralentización en la disminución del empleo? ¿Tiene esto algo que ver con el anuncio de una reforma en el mercado laboral, que ha hecho retraer a los empresarios hasta que se aclare la situación?

Y la última: ¿usted sigue creyendo que se puede reformar el mercado de trabajo sin cambiar el Estatuto de los Trabajadores y se puede definir el despido objetivo a través de la negociación colectiva o...?

Sr. Arenas.- Cuando me dice "sigue creyendo", ¿es porque tiene certificado que yo he dicho eso?

P.- Sí, yo creo recordar...

Sr. Arenas.- Yo, textualmente, no lo he dicho.

P.- ...que dijo algo así como...

Sr. Arenas.- "Algo así"

P.- ...reforma del mercado de trabajo no implica necesariamente una reforma de...

Sr. Arenas.- ¡Ah! Es que eso es distinto.

Sobre las dos cuestiones que me plantea, si me permite, le doy una respuesta no muy amplia sobre mercado de trabajo en 1996; no se la doy muy amplia porque teníamos previsto mortificarle la semana que viene con una rueda de prensa acerca de ese tema. Teníamos previsto informarles con mucho detalle la semana que viene sobre toda la evolución de 1996; pero tengo que ser cortés con usted y contestar mínimamente a la pregunta que me ha planteado.

Tengo que decirle que, en mi opinión, no se debe hacer un balance de empleo definitivo hasta que no tengamos los datos de la Encuesta de Población Activa. Yo creo que es muy bueno para la sociedad española, también es bueno para el Gobierno, contar con el indicador de paro registrado; pero me parece que el balance de empleo tenemos que hacerlo cuando sepamos definitivamente qué crecimiento se ha producido definitivamente, que el Gobierno mantiene las previsiones que había planteado; en segundo lugar, tenemos que hacerlo con la Encuesta de Población Activa y también tenemos que hacerlo con paro registrado. Y de esos tres datos creo que podemos hacer un balance bastante cercano a la realidad.

Con respecto a 1996, hombre, primer dato muy satisfactorio: en paro registrado, estamos en unas cotas históricas; que, cuando hablamos de cotas históricas y no ponemos mala cara, me refiero a cotas históricas en cuanto a que está bajo el paro registrado; cotas desde hace muchísimos años. En segundo lugar, ¿1996 ha sido un año bueno de contrataciones? Por supuesto que sí, muy positivo en contrataciones. En tercer lugar, ¿se ha producido una evolución positiva del conjunto de los sectores? Ciertamente. Mantenemos mucha fortaleza en lo que significa Servicios. Agricultura ha evolucionado positivamente; la climatología de hace unos meses ha ayudado, la climatología de los últimos meses no ha ayudado al empleo en la Agricultura --me refiero a los dos últimos meses--. La Construcción se ha mantenido bien, también afectada adversamente por la climatología --estoy refiriéndome a matices, ¿no?-- y la Industria se ha comportado bien. O sea, yo creo que del paro registrado no se deduce una preocupación especial por ninguno de los sectores.

¿Hay mayor participación del INEM en la contratación? También. Se ha producido un incremento muy notable del INEM en la participación de la contratación.

¿Se han cumplido las previsiones del Gobierno en paro registrado? Por supuesto. El Gobierno abrió un abanico a partir de los 160.000, como ustedes recordarán, y se han cumplido las previsiones, ¿no?

¿Es verdad que en el mes de diciembre hemos tenido un descenso un poquito inferior al año pasado, de 35.000 a 40.000? Es cierto; no me parece que sea el dato significativo. Y, en segundo lugar, usted que conoce incluso mejor que yo la evolución de la estacionalidad del paro, yo creo que la referencia que ha hecho usted al segundo semestre mucho tiene que ver con la bondad de los primeros ocho meses. Desgraciadamente, nuestra economía sigue marcadísima por el sector servicios, y usted y yo haríamos una apuesta conjunta, y seguro que la ganamos, en la que pensaríamos que, si analizamos los segundos semestres, tienen mucho que ver con la bondad del primer semestre, porque es donde más se nota la caída del sector servicios, ¿no? Y, realmente, el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre no han supuesto ninguna alegría para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Con respecto a la segunda cuestión que plantea, si sigo pensando que la reforma laboral se puede hacer sin tocar el Estatuto de los Trabajadores, yo nunca he pensado eso, nunca. Lo que sí he pensado es que una modificación en el mercado de trabajo no necesariamente significa modificar el Estatuto de los Trabajadores; eso lo he pensado siempre y lo pienso ahora, que no necesariamente. ¿De qué depende? De la dimensión, del calado y de la profundidad de los asuntos que se traten; de esos tres asuntos depende. ¿Que creo que debe fortalecerse la negociación colectiva? Lo creo, antes de la reforma del mercado de trabajo, después y siempre.

Un país que quiere que funcione y que haya confianza trabajadores-empresarios --y cada día tenemos que distinguir más lo que es un empresario de lo que es un rentista o de lo que es un especulador, que son cosas distintas--, un país que quiere confianza y quiere fortaleza en las relaciones laborales, es un país que siempre tiene que apostar por la negociación colectiva frente a otras cuestiones que son distintas: la permanente intervención del Estado o la confrontación, el fortalecimiento en la negociación colectiva.

E insisto en lo que he contestado anteriormente: yo todavía estoy optimista y el Gobierno ha hecho una clarísima apuesta por el acuerdo.

Y luego me preguntaba una cosa que es muy sutil. Al final, cuando uno anuncia una mejora del mercado de trabajo, ¿el efecto anuncio paraliza algo las contrataciones? Pues mire, yo estoy convencido de que el efecto anuncio algo paraliza las contrataciones, sin que eso me lleve a renunciar a lo que he dicho anteriormente: que el año 1996, en contrataciones, ha sido muy bueno. No diría yo lo mismo si usted me pregunta: ¿qué tipo de contrataciones? Ya no puedo contestar con ese optimismo, pero el número de contrataciones es muy bueno.

¿Se ha producido un cierto retraimiento de las contrataciones por el efecto anuncio? Yo creo que algo sí. De ahí también a que el Gobierno insista en que no puede eternizarse --que ya sabe usted que es mi respuesta siempre a su pregunta-- el diálogo porque se puede estar perjudicando algo el nivel de contratación.

P.- Para el Portavoz del Gobierno. Quería preguntarle, al hilo de la discusión que ha habido hoy en el Gabinete sobre la plataforma digital y la autorización a Televisión Española, si se ha producido alguna novedad, después de los avatares sucedidos estas Navidades en torno a esta plataforma, y, si no hay ausencia de novedades, esto implica que tampoco va a haber recurso ante el Tribunal de la Competencia sobre el acuerdo de fútbol televisado suscrito entre Antena-3 y Canal Plus, tal y como se ha sugerido desde algún medio de comunicación.

Sr. Rodríguez.- Perdóneme que le matice la palabra "discusión". En el Consejo de Ministros no se ha producido ninguna discusión, ni siquiera ha habido debate en el Consejo de Ministros sobre este asunto. Ha habido una explicación por parte del Vicepresidente Primero, que era el encargado de tramitar este asunto ante el Consejo de Ministros, y se ha producido la aprobación.

No estoy de acuerdo tampoco con usted en que tenga que haber consecuencias por parte del Gobierno por nada de lo que ha pasado de nada. Quiero decirle: por la información que tengo, la plataforma formada básicamente por Televisión Española y Telefónica, más otras sociedades, estará formada antes de final de este mes y anteayer todas las sociedades que formalizaron el protocolo del día 29 de noviembre han asegurado que seguirán en la sociedad; ésta es la información que tengo. A partir de ahí, desde luego, el Gobierno no tiene nada más que decir y no lo va a decir.

Muchas gracias.

Sr. Arenas.- Muchísimas gracias.