Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

La Moncloa

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Mis primeras palabras hoy son para trasladar mi más sentido pésame, y el de todo el Gobierno de España para la familia y amigos de la mujer asesinada en Vizcaya, concretamente en Basauri, a principios de abril. Son ya 15 las víctimas de violencia machista en 2026, cada asesinato de este tipo es un fracaso colectivo que nos interpela como país. En esta lucha, solo cabe más compromiso, más igualdad y más firmeza.

Por otro lado, antes de comenzar a repasar los acuerdos adoptados hoy, quería destacar que España, ha vuelto a ser citada como ejemplo a seguir por su apuesta por las energías renovables. "The New York Times" ha destacado que nuestro país está consiguiendo que la influencia del gas en los precios de la electricidad, esté en el umbral más bajo de toda Europa, un factor decisivo para que España se mantenga entre los Estados con los precios más bajos, por kilovatio-hora de electricidad en plena crisis por el conflicto en Oriente Medio. España, como dice la información, ha sido un alumno aventajado tras tomar medidas acertadas, durante la crisis energética derivada de la invasión de Putin en Ucrania. Decimos siempre que nuestro país apuesta por lograr una independencia eléctrica basada en el desarrollo de las renovables, y eso, como vemos, ya está dando sus frutos.

Y ahora sí, comienzo por un asunto que tiene que ver con el ámbito de mis competencias como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que para mí, es uno de los grandes hitos de esta legislatura. Se trata de la aprobación definitiva del real decreto, por el que va a dar comienzo un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir, sus obligaciones. Es una iniciativa que, como he venido repitiendo desde que anunciamos este camino, cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica. La social, porque tomamos el testigo de una iniciativa legislativa popular, que fue respaldada con más de 700.000 firmas, que apoyan más de 900 asociaciones de distinta índole, y cuenta con el respaldo de la Iglesia católica. La política, porque esta misma iniciativa se tomó en consideración con 310 votos a favor. Todos los grupos parlamentarios le dieron luz verde, salvo uno. Y la económica, por el apoyo de los agentes sociales. Es decir, la patronal y sindicatos. Porque uno de los efectos más claros de la regularización es dotar de derechos laborales a trabajadores, y de más tranquilidad a empleadores. Y aquí permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos, como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, sino años, remando a favor de esta medida histórica.

Quiero recalcar que, antes de llegar hasta aquí, este proceso ha recibido todas las garantías legales y ha contado con el aval de importantes organismos y estudios. En primer lugar, por parte del Consejo Económico y Social. Su estudio sobre la realidad migratoria en España, que les invito a leer, subrayaba que, para conseguir la integración y plena de estas personas, es clave la regularidad administrativa. El texto que hoy ve la luz ha recibido también el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. En este asunto me quiero detener en un aspecto fundamental. El informe avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria, tal y como siempre hemos defendido. Y añade que, en dicho desarrollo reglamentario, se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole. Además, el Consejo de Estado ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa.

Por último, hace escasos días conocimos un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia elaborado por prestigiosos economistas y demógrafos. En él se plantea un escenario basado en criterios científicos, de cómo sería una España con una reducción de la migración del 30 % en el año 2075. Algunos datos, nuestro PIB se reduciría un 22 %, más de 90.000 bares desaparecerían, cerrarían escuelas, habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes. Durante la presentación de este informe, se puso en valor la situación económica actual, que se debe en gran medida a la gestión migratoria y a la toma de decisiones, como esta de la regularización.

Y entro ya en el detalle sobre qué supone este proceso. A través de este procedimiento, los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. También se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso. Y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo, y cariño, que esté a la altura del reto que supone. Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder, y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos. Para lograrlo, las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial. La vía telemática, estará disponible de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el periodo de solicitud. Se podrán empezar a solicitar el próximo jueves, 16 de abril.

Esto es de manera inmediata tras la entrada en vigor del real decreto, al día siguiente de su publicación, en el Boletín Oficial del Estado. La plataforma de solicitud estará disponible a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta vía, la más rápida y sencilla, completa cuatro formas de acceso. Para los propios interesados, si disponen de certificado electrónico, en caso de disponer de DNIe, también podrán hacerlo a través de personas inscritas en el registro electrónico de apoderamientos, o con representantes que les ayuden a realizar el trámite, como abogados, graduados sociales o gestores administrativos, y por último también contarán con las entidades, más de 150, inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que seguimos ampliando día a día. Para la solicitud presencial, será imprescindible contar con cita previa. El plazo para solicitar la cita previa, comenzará el 16 de abril también, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes 20 de abril. Se podrá pedir cita previa a través de dos canales, telemática, a través de la web del Ministerio de Inclusión. Esta vía permite la selección inmediata de la cita con identificación mediante clave, o la solicitud a través de un formulario, o se podrá pedir por teléfono llamando al 060. Participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos, una en cada provincia, en horario de tarde, sucursales de Correos en capitales de provincia, y en municipios con más de 50.000 habitantes, en horario ininterrumpido, de 8:30 a 17:30. Algunas Oficinas de Extranjería, en determinadas provincias, que se especificarán en la página web y exclusivamente, en horario de tarde.

Quiero ser muy clara y muy contundente, y pedir colaboración ciudadana, y también colaboración mediática. No serán todas las oficinas, ni serán en cualquier horario. Informaremos adecuadamente, y no queremos que nadie se frustre, si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora y no le atiendan para este proceso. Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio, con personal formado y habilitado, y con personal dispuesto siempre a echar una mano.

Recapitulando fechas, mañana miércoles, 15 de abril, se publicará el texto en el Boletín Oficial del real decreto. Un día más tarde dará comienzo, la vía telemática de presentación de solicitudes, y se abrirán los canales para pedir cita previa, repito, imprescindible para que nos atiendan en la vía presencial. Esta vía, estará disponible desde el lunes 20 de abril. Las personas interesadas tendrán hasta el 30 de junio, para presentar su solicitud, por cualquiera de estas dos vías.

Recordemos ahora requisitos para participar. Encontrarse en nuestro país, antes del 1 de enero del 2026. Haber permanecido en España al menos cinco meses ininterrumpidos, en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales, y no suponer una amenaza para el orden, o la seguridad pública. Se podrá acreditar la estancia en España, con cualquier documento público, privado o combinación de ambos, que sean verificables, y que justifiquen la estancia en nuestro país. El certificado de empadronamiento, puede ser un documento acreditativo de la estancia, si bien, no es obligatorio. Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos, y especificar una fecha para resultar válidos. Para garantizar que el plazo sea suficiente, y el procedimiento ágil, hemos dimensionado un plan operativo con capacidad de respuesta. Para ello, hemos formado un equipo de personal con más de 550 profesionales extra, para atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes, solicitar subsanaciones o nuevos documentos y, por último, resolver la autorización.

También contamos con una plataforma única, llamada Mercurio a través de la cual se presentará toda la documentación, y desde la cual la UTEX, Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, que pende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, resolverá los procedimientos y realizará todas las gestiones. Como ven, es una operativa muy meditada, pero también muy trabajada, queremos que salga bien. Nos hemos dejado la piel en el proceso. La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores, se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia y en sostenibilidad social. Estamos hablando que, desde el año 1.986, seis procedimientos de regularización de gobiernos de todo signo político, que han beneficiado a casi 1,3 millones de personas. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado. Ya lo hicieron otros, antes que nosotros.

En conclusión, nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración, y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Les doy un dato, el 43 % del empleo creado en España, desde la puesta en marcha de la reforma laboral, corresponde a trabajadores extranjeros. Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza, y mantener nuestro sistema de bienestar, una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país, en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia, porque un país que concede derechos, en lugar de recortarlos es un país mejor.

Sin más, procedo a hablar del resto de asuntos aprobados por el Consejo de Ministros. Me acompaña el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el ministro Félix Bolaños, que dará cuenta de tres asuntos relevantes.

En primer lugar, hemos aprobado un anteproyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español el denominado paquete e-evidence. Esta iniciativa actualiza el modelo de cooperación judicial europea, para permitir que jueces y fiscales, puedan recabar de manera más ágil pruebas electrónicas, en otros estados miembros. Además, hemos dado luz verde a otros dos anteproyectos, uno de ley ordinaria y otro de ley orgánica, por los que se traspone una normativa europea al ordenamiento jurídico español. Con esta medida se pretende aumentar la protección de las personas que se implican en la participación pública, frente a acciones judiciales abusivas. La última medida en el ámbito de este departamento, tiene que ver con la creación de una nueva oficina para el reconocimiento y reparación, de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Esta oficina se encargará de tramitar solicitudes de reparación que, a partir de mañana mismo, podrán presentar las víctimas gracias al acuerdo alcanzado entre el ministerio, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica.

También, como ven, me acompaña el ministro Óscar Puente para presentar el real decreto aprobado hoy, que incluye las medidas adicionales, que pactó con el sector de transporte de mercancías por carretera y vía ferroviaria para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

El último acuerdo que les quiero destacar tiene que ver con un informe, que ha presentado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En sus conclusiones destaca que, en 2025, nuestro país consiguió resolver más expedientes de homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros, que las solicitudes que recibe. Es la primera vez que esto ocurre desde el año 2014. Es una muy buena noticia que nos indica que, aunque queda trabajo por hacer, el Gobierno de España va en la buena dirección, para reconocer y homologar el talento que viene a nuestro país.

Antes de terminar, el apunte cultural de hoy, tiene que ver con el reconocimiento que ha recibido el excelente nivel de fotoperiodismo en nuestro país, y que vemos representado en esta sala, cada martes. Tres españoles, Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez, han sido distinguidos con el World Press Photo en el 2026, en diferentes categorías. Ojalá que el próximo 23 de abril, alguno de ellos pueda alzarse con el premio mencionado. Un deseo que también hago extensivo, y ya termino, a los equipos de las tres películas españolas, que este año competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una edición histórica, para nuestro cine. Ahora sí ya, ministro, cuando quieras.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Muy bien, gracias, ministra portavoz. Gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Como bien decía la ministra portavoz, voy a hacer referencia a tres leyes, tres anteproyectos de leyes, dos de ley ordinaria, una de ley orgánica, que hoy hemos aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros. El primero de ellos, es la transposición al ordenamiento español, de una normativa europea que se viene denominando las e-evidence, que son básicamente la conservación, y la entrega de pruebas digitales, en procedimientos judiciales transfronterizos. Es decir, que afectan a más de un país, dentro de la Unión Europea. Estamos transponiendo una directiva, y estamos transponiendo un reglamento, en concreto, el reglamento de 2023/1543, y la directiva también de 2023/1544. Queremos, todos los países, toda la Comisión, queremos ser, muy conscientes de que hoy las pruebas digitales, son fundamentales en cualquier procedimiento judicial. De tal manera, que la justicia ha de poder actuar con rapidez, con agilidad, con eficacia, para impedir que se pierdan, que no lleguen a buen término esas pruebas digitales, que hoy son esenciales en muchos procedimientos judiciales.

Buena parte de las investigaciones penales, sobre todo, transfronterizas, hablamos de crimen organizado, de mafias que actúan en distintos países simultáneamente, esas investigaciones judiciales, esas investigaciones penales, buena parte de ellas, dependen de pruebas digitales. Y, por supuesto, no entienden de fronteras, ni entienden de ninguna limitación que tenga que ver con el territorio de un estado. Hoy, el modelo de cooperación judicial europea, supone que un juez de un estado miembro, solicita a otro juez, de otro estado miembro la conservación o la entrega de determinadas pruebas digitales. En ocasiones, directamente, de juez a juez, y en ocasiones a través de Eurojust. Bien, somos conscientes que este modelo tiene unas limitaciones muy significativas, en materia de eficacia. Para garantizar que las órdenes dictadas, en procedimientos judiciales penales se cumplan, precisamente, para eso iniciamos hoy el camino para trasponer esta directiva, y este reglamento. El reglamento, la ley española cuando se trasponga, crea dos nuevas órdenes europeas de orden transfronterizo. La primera, la orden europea de producción, que es para entregar las pruebas digitales, que se han obtenido en un país diferente de la Unión Europea, y la segunda, la orden europea de conservación, para advertir a una tecnológica, a una compañía, que conserve esos datos, que conserve esas pruebas, a los efectos de, en su momento, entregarlas al procedimiento judicial. La novedad más significativa de esta ley, es que, por primera vez, se permite que los jueces nacionales, también los fiscales nacionales y en condiciones de extrema urgencia, también las que actúen como Policía Judicial, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, acudan y soliciten directamente a la tecnológica, al prestador de servicios digitales, la conservación o la entrega de la prueba.

Por tanto, esto cambia por completo el esquema tradicional de entrega y conservación de pruebas digitales, en el entorno europeo. La directiva, obliga a que todas las empresas prestadoras de servicios digitales, han de nombrar un representante dentro de la Unión Europea, que será a quienes se le dirijan las solicitudes tanto de conservación, como de entrega. Todas las empresas digitales, que presten servicios, me estoy refiriendo a las operadoras de telefonía, a los operadores de mensajería, también, a las redes sociales y también, a cualquier empresa que preste servicios de almacenamiento en la nube. Estos cuatro grandes bloques de empresas tecnológicas podrán ser requeridos cuando entre en vigor esta ley, directamente por jueces, fiscales e incluso Policía. Como se pueden imaginar, esta norma aplicará cuando el delito, y las pruebas se soliciten entre diferentes países de la Unión, puesto que, si es el mismo país, no es necesario, se aplica la legislación propia. Y también otra novedad importante de esta norma, es los plazos que se establecen para que las empresas prestadoras de servicios digitales cumplan la obligación de conservar, o de entregar la documentación. El plazo más amplio es de diez días, que es el plazo general para la entrega de la documentación. Pero es que ese plazo, con alguna excepción, también con carácter excepcional, se puede reducir incluso a las ocho horas. Y el plazo para que las compañías requeridas por un juez o fiscal, para conservar una prueba digital, el plazo para que cumplan es de cuatro horas. Estos son los plazos, como ven, muy ambiciosos, muy rápidos, para que se pueda conservar y, por tanto, entregar y, en su caso, utilizar en una investigación penal cualquier prueba digital que, en ocasiones, de ello depende que se pueda, que se pueda terminar la investigación, y que se pueda finalmente imputar delitos a las personas que lo están cometiendo.

Como ven, es una norma ambiciosa, es una norma que pone a todos los países de la Unión en un nuevo estadio, de cooperación a los efectos de la conservación y de la entrega de pruebas digitales, y creemos que no tendrá ninguna dificultad en ser aprobada por el Parlamento español, una vez que la enviemos, dado que, en el Parlamento Europeo, fue aprobado por una amplísima mayoría de los grandes partidos allí representados. Esto respecto a la primera de las normas que les quería explicar.

La segunda de ellas, tiene que ver con la que, seguro que habrán escuchado hablar de ella, la directiva anti-SLAPP. Es decir, la directiva que trata de evitar que aquellas personas, básicamente periodistas, pero también activistas de derechos humanos, puedan sufrir persecuciones judiciales, para evitar que sigan realizando su trabajo. Persecuciones judiciales, con demandas infundadas, con la finalidad de evitar que puedan desarrollar su tarea. También es una transposición de la directiva, la normativa europea, en este caso, de la directiva 2024/1069. Y en el caso, de la transposición al derecho español, lo tenemos que trasponer con dos leyes, una ley ordinaria que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y una ley orgánica, que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Quizás recuerden que, en el Plan de Acción por la Democracia, que aprobamos en septiembre de 2024, esta directiva anti-SLAPP era una de las medidas, de las 31 medidas que estaban incluidas. Pues bien, con este impulso que damos hoy a la aprobación de esta directiva, de las 31 medidas que se anunciaron en el Plan de Acción por la Democracia, hoy tenemos ya aprobadas, o en tramitación avanzada 27 de las 31. De esas 27, 17 aprobadas por completo, y diez en tramitación avanzada. Es decir, el grado de cumplimiento del Plan de Acción por la Democracia es del 87 %, en este momento, con este impulso que hoy le damos. Pues bien, como les decía, se trata de evitar conductas intimidatorias a periodistas, y a activistas de derechos humanos, que se materializan con la interposición infundada de demandas civiles, abocadas a la desestimación, pero que, no obstante, por el camino, tratan de restringir, de limitar, de impedir, la tarea de estos profesionales.

Creo que afortunadamente en España, esto no sucede con demasiada frecuencia, en otros países de la Unión, sí tienen este problema de manera más acusada, en España no tanto, pero existen, estos litigios transfronterizos también, igual que existen dentro del propio ámbito del país. Por tanto, lo que pretendemos ahora es que, con la aprobación definitiva de esta ley, todas las asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades representativas, puedan ser parte en los procedimientos judiciales, junto con la persona que ha sido demandada, para apoyarle, para cubrirle, para acompañarle en el proceso judicial. Segundo, se exigirán cauciones mucho más elevadas a los demandantes, para cubrir las eventuales costas que dé lugar la desestimación de la demanda. En tercero, se establecen procedimientos muy ágiles, de desestimación temprana de la demanda cuando sea manifiestamente infundada. De tal manera que, en lugar de estar durante meses sometido a una demanda judicial, que sigue abierta, en pocas semanas se pueda resolver, se pueda desestimar, se pueda infundar y se pueda condenar en costas, a la persona que interpuso la demanda.

Además, también la norma regula otras medidas correctivas como, por ejemplo, la condena en costas, sin el límite legalmente establecido. Una indemnización adicional de daños y perjuicios, para el periodista o el activista que ha sufrido la demanda, la imposición de multas disuasorias, para que no se repita, y la publicación de la resolución judicial en medios de comunicación para generar conocimiento. Forma parte de una respuesta común, que damos desde la Unión Europea para reforzar la democracia. Forma parte del Plan de Acción por la Democracia en España, también formó parte del Plan de Acción por la Democracia, en Europa. ¿Y por qué? Porque una democracia hay que defenderla también, de estos ataques intimidatorios para evitar que una persona, pueda ejercer su actividad como periodista o como activista de derechos humanos.

Y, por último, hago una referencia muy breve a otro acuerdo que adoptamos hoy en Consejo de Ministros. Hoy, hemos acordado la modificación del real decreto de estructura del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y creamos la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Como recordarán ustedes, el pasado 8 de enero, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Iglesia católica, para establecer un nuevo sistema de reparación a las víctimas de los abusos, en el entorno de la Iglesia católica. Ese acuerdo del 8 de enero, entre Gobierno y Conferencia Episcopal, y Conferencia de Religiosos también, derivó en su materialización en un protocolo con el Defensor del Pueblo, que se firmó el pasado 30 de marzo. Ese protocolo, entra en vigor mañana. A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica podrán acudir al nuevo modelo, que hemos creado y que tutela el Defensor del Pueblo.

Vamos a hacer una campaña informativa, campaña informativa, para todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, para que puedan, con toda facilidad, conocer cuáles son los trámites para acudir a este nuevo modelo. Pueden acudir, todas aquellas personas que han sufrido abusos, con independencia de que ya hayan sido reparadas, en el seno de la Iglesia católica. Como saben ustedes, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra. Es la Iglesia católica la que responderá, económicamente o con cualquier reparación, moral, psicológica, restaurativa, a la que dé lugar el proceso de reparación de la víctima, y el Defensor del Pueblo tomará la decisión, asistido por una unidad de víctimas, que estará formada por profesionales de primer nivel en el ámbito de las víctimas de delitos.

Como les decía, mañana, ya se podrán presentar reclamaciones por parte de las víctimas de abusos. Esta campaña informativa, la vamos a hacer con todas las asociaciones de víctimas de abusos, existentes en nuestro país para que puedan difundir la información a todos sus asociados, a todos sus entornos. La idea es que la oficina, empiece mañana a recibir estas reclamaciones y, como saben, el modelo estará vigente un año, prorrogable a un segundo año, para reparar a todas esas personas que, sin duda, sufrieron un abuso, que hoy no pueden acudir a los tribunales porque, o bien el delito está prescrito o bien el victimario, el pederasta falleció, y, por tanto, la única vía que tienen de reparación es esta. Creo que hacemos justicia. Y ahora es muy positivo que todas las víctimas, de estos abusos, conozcan cuál es el procedimiento y a partir de mañana, puedan hacerlo efectivo. Y por mi parte nada más, ministra portavoz.

Portavoz. - Gracias. Ministro.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Muy buenos días. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, un nuevo real decreto-ley, con el que lo que pretendemos es reforzar las medidas de apoyo al sector del transporte en España, que es un sector absolutamente esencial para el funcionamiento de nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, como social. Quiero recordarles que el 95 % del transporte interior de mercancías, en nuestro país, se realiza por carretera. Estamos hablando, además, de un tejido empresarial muy variopinto, pero que está formado mayoritariamente por pequeñas, y medianas empresas. Solo darles un dato, el 86 % del sector, son empresas que cuentan con cinco o menos vehículos para hacer el transporte. Hablamos, por tanto, de un sector muy atomizado y que da mucho empleo, y que está fundamentalmente regido por pequeños empresarios o por autónomos.

También en el caso del transporte marítimo el papel, sin duda, es esencial también para nuestros territorios extrapeninsulares. Somos un país con dos archipiélagos muy importantes. Tanto en viajeros o en mercancías, es importante también tener en cuenta su singularidad. Por tanto, también lo tenemos que contemplar.

Y, por último, el transporte ferroviario de mercancías, que, de alguna manera, quedó excluido del decreto 7/2026.

Esto significa que, detrás del sector del transporte, hay miles de profesionales, de pequeñas empresas, de operadores logísticos, que al fin del día lo que hacen es garantizar el abastecimiento de nuestros hogares, de la actividad de nuestras empresas, y, en definitiva, la normalidad de la vida económica. Por tanto, cuando hablamos de transporte, no hablamos de un sector más, hablamos de un sector básico, de un pilar de nuestro modelo productivo y de nuestra cohesión territorial.

Este real decreto-ley responde a una situación extraordinaria y que no ha sido desde luego provocada, ni querida en nuestro país, que es la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un incremento muy significativo en el precio de los combustibles. Este incremento, está teniendo efectos directos sobre los costes de las empresas de transporte, tanto por carretera, como por ferrocarril, y no siempre puede trasladarse de manera inmediata a los precios de servicio, lo que genera una situación de tensión evidente. En primer lugar, dificultades para mantener la actividad en condiciones de rentabilidad, riesgos para el empleo, y también riesgos para la estabilidad de la cadena logística, y de los suministros.

En este contexto, el Gobierno, desde luego, no ha permanecido inactivo. Ya el decreto 7/2026 supuso una primera respuesta, con medidas de carácter urgente, para aliviar el impacto de la subida de los costes energéticos, pero hoy damos un paso más. Ya dijimos desde el principio, que estaríamos permanentemente atentos a la realidad, y adoptaríamos las medidas que se fueran viendo necesarias. Este nuevo real decreto fuerza el anterior, puesto que aumenta la protección de la cadena de transporte y amplía su alcance a sectores, no cubiertos inicialmente.

Quiero, además, subrayar un elemento importante, y es que el conjunto de medidas que están contenidas en el real decreto, responde a un proceso de diálogo, y de acuerdo con el sector, nada de lo que está en este real decreto, no ha sido previamente debatido, dialogado y acordado con el sector.

Desde el inicio del conflicto mantuvimos una serie de contactos continuos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, con representantes también de las empresas ferroviarias privadas, y con los operadores marítimos y otros actores de la cadena logística. Y ese diálogo, nos ha permitido identificar con precisión dónde estaban las cuestiones, sobre las que debíamos seguir avanzando tras el primer real decreto-ley, y sobre todo localizar con precisión aquellos elementos que debíamos reforzar porque no estaban funcionando con toda la eficacia necesaria.

El objetivo de este real decreto-ley, es precisamente eso, garantizar que las herramientas que ya existen funcionen, que funcionen de verdad, y completar el marco con nuevas medidas allí donde sean necesarias.

El primer eje de actuación se centra en el transporte de mercancías por carretera. El objetivo es claro: asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladan de forma efectiva, al precio del transporte. Esta obligación ya estaba contenida en la normativa desde el año 2022, sin embargo, la realidad nos ha demostrado que su aplicación ha sido generalizada. De hecho, una parte significativa del sector no ha podido trasladar los incrementos de costes, lo que ha generado una situación de desequilibrio de la relación contractual. Por ello, reforzamos el marco en tres aspectos clave.

En primer lugar, se consagra y se consolida la obligatoriedad de revisión del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible, evitando así interpretaciones del marco legal vigente, que no respetan el espíritu de la norma. A partir del 5 % del incremento del precio del combustible, automáticamente tiene que producirse la revisión de los contratos de carga de los transportistas. En segundo lugar, esta, este elemento relacionado con el precio deberá ser reflejado expresa, detallada y minuciosamente en la factura, garantizándonos así la transparencia, y facilitándonos el control del cumplimiento de esta obligación. Sin esa transparencia es imposible, que lleváramos a cabo el control del cumplimiento de la obligación. Y, por último, se introduce un sistema, un régimen sancionador específico en caso de incumplimiento puntual o reiterado de estas obligaciones.

Con este conjunto de medidas buscamos algo muy concreto, que ninguna empresa, tenga que asumir en solitario el impacto de una subida de costes que es externa a su actividad. Corríamos el riesgo, de que, si esto se produjera, se produjeran rupturas en la cadena de suministro, porque es evidente que no podemos obligar ni permitir que los transportistas, trabajen a pérdidas y que absorban exclusivamente, sobre sus espaldas, y más teniendo en cuenta ese tejido empresarial formado sobre todo por pequeñas empresas y autónomos, que absorbieran, sobre sus espaldas los incrementos del precio del transporte.

Además, se actualiza la fórmula que permite calcular la revisión del precio del transporte, en función de la variación del coste del combustible. La experiencia reciente nos había puesto de manifiesto que la fórmula, no respondía adecuadamente en contextos de alta volatilidad. Por ello, introducimos una nueva fórmula dinámica vinculada al precio real del gasóleo, en el momento en el que se realiza el transporte. Y esta es una fórmula, que tiene vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, ya no nos vamos a ver obligados, en función de las distintas coyunturas a variar la fórmula, como estamos haciendo en este momento. La fórmula, está dotada de la suficiente flexibilidad como para que, pueda adaptarse a las realidades cambiantes en materia de aplicación, de los precios del combustible al contrato de carga.

El segundo eje, de este real decreto-ley, incorpora medidas específicas para el transporte ferroviario, que había quedado, de mercancías, que había quedado excluido del primer real decreto. Es verdad, que el peso del transporte terrestre de mercancías por tren, es mucho menor, específicamente en nuestro país, rondando en torno al 4 %. Pero también es verdad, que nuestra apuesta por el ferrocarril, como transporte de mercancías para el futuro, es clave y evidentemente tenemos que mantener su competitividad, no nos podemos permitir el lujo, de que siga descendiendo su importancia en nuestro país, puesto que nuestra aspiración es llegar al 10 %, del 4 y pico que estamos ahora, antes de 2030, y más adelante equipararnos a la media europea, que en este momento está en el 17 %. Por tanto, la medida no es solo coyuntural, sino de largo recorrido. Este sector, en este momento, sufre, no solo las consecuencias del incremento de los precios del gasoil, o de la energía eléctrica, sino que también está sufriendo en sus carnes, la multitud de obras que estamos desarrollando en la red ferroviaria, precisamente, para adaptarla de cara al futuro y que pueda ser competitiva y operativa. Las ayudas, en este caso, son a fondo perdido y son por vehículo, 15.000 € por cada locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros.

Y, por último, el tercer eje es el transporte marítimo, especialmente relevante, como señalaba antes, para nuestros territorios extra peninsulares. Aquí lo que hacemos es ampliar el ámbito de las ayudas existentes, para incluir expresamente a los servicios de carga pura, entre puertos peninsulares, y los archipiélagos balear y canario, también de Ceuta y Melilla, y entre puertos de los archipiélagos a los servicios ya recogidos en el real decreto 7/2006. Esta ampliación supone 7 millones de euros adicionales, a los 30 millones de euros ya habilitados inicialmente, y con ello, lo que entendemos, es que reforzamos la conectividad y garantizamos que estos territorios puedan seguir contando con un sistema de transporte eficiente y competitivo, que, en su caso, además, es absolutamente vital.

Además de estas medidas principales, el real decreto-ley introduce algunos ajustes y clarificaciones en el marco existente como, por ejemplo, la inclusión de determinados colectivos en el sistema de ayudas, ya aprobado en el real decreto 7/2026, y la adaptación de las medidas a territorios con características específicas. Son medidas que también permiten dotarnos de una mayor seguridad jurídica, al conjunto del sistema y que facilita su aplicación práctica.

En definitiva, el real decreto-ley que hoy aprobamos tiene un objetivo claro, refuerza la protección del sector del transporte, en un contexto internacional complejo, que, además, estamos monitorizando diariamente, continuamente, en previsión de su evolución, garantizando, la viabilidad de nuestro sistema y asegurando el funcionamiento correcto de la cadena logística. Es una respuesta, como he señalado antes, basada en el diálogo con el sector, ajustada a su realidad y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas. Y con ello, hacemos, digamos, cuerpo, esa máxima que se utiliza siempre, en muchas ocasiones, que es la palabra "compromiso", compromiso con un sector, compromiso con, con una asociación, compromiso con una parte de la sociedad. Bueno, pues el compromiso se demuestra negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado. El compromiso con el sector del transporte desde el Gobierno, es absolutamente inequívoco, y creo que, además, las relaciones, que nunca desde luego han sido fáciles, atraviesan en este momento por una situación, en el contexto de una máxima dificultad, creo que atraviesan un momento dulce, las relaciones del Gobierno con el sector del transporte.

Portavoz. - Así es, gracias, ministro. Si te parece,

Leticia Arenas San Juan (RNE). - ¿Qué tal, ministros? Muy buenas tardes. A la ministra portavoz, el Partido Popular ha venido, de alguna forma, a vincular la regularización y la carta del presidente de esta mañana a la ciudadanía, con la decisión del juez Peinado ayer sobre su mujer, sobre Begoña Gómez. Decía la portavoz parlamentaria en redes sociales que esa regularización va en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles, también va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea o del Consejo de Estado, y todo por tapar la corrupción. No sé qué les parece, y a qué achacan el cambio en el Partido Popular, que llegó a votar a favor de la tramitación de la ILP sobre, precisamente, la regularización de inmigrantes y, sobre el juez Peinado, me gustaría preguntarle al ministro de Justicia. La Asociación Profesional de la Magistratura, ha calificado de inadmisibles sus palabras de ayer. No sé si las quiere matizar o rectificar o las sostiene. Y me gustaría preguntarle también, el presidente del Gobierno ha evitado responder esta mañana desde China a la pregunta de si creen que las decisiones del juez Peinado, no son casuales, que siempre se producen en un momento en el que hay un importante hito de la agenda internacional del presidente, si eso lo mantiene el Gobierno. Y ya, a modo de casi de anécdota o de curiosidad, me gustaría preguntarles cómo ha ido el primer Consejo de Ministros presidido por el nuevo vicepresidente, por Carlos Cuerpo. Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Venga. Muy bien. Pues gracias por su pregunta. Mire, respecto a la pregunta que me dirigía directamente, mis opiniones no son nuevas. Hoy las reitero, pero son unas opiniones, por cierto, absolutamente respetuosas en lo personal, no menciono a ninguna persona, y lo que hacen es, en el ejercicio de mi libertad de expresión, yo califico y opino, resoluciones judiciales. Y mi opinión, que, insisto, es muy conocida, y ayer la di, hoy la reitero, es una opinión muy compartida, por una amplísima parte de la sociedad española, pero por una muy buena parte, también, de la carrera judicial, que está preocupada, por cómo algunas resoluciones judiciales, pueden afectar al buen nombre de la justicia. Afortunadamente, hoy España es un estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho.

Por eso, quiero manifestar una vez más, también es una opinión muy conocida, quiero manifestar una vez más, mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores que, de hecho, en la práctica, ya han anulado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente, muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento. Por tanto, total confianza en la justicia en nuestro país, y así continuaremos.

Portavoz. - Mire, es incomprensible esa vinculación que quiere hacer el PP con la carta del presidente del Gobierno. Al PP cuesta cada vez más seguirle y entenderle. Es el Partido Popular, más desubicado de la historia. El Partido Popular, tenía que elegir. Tenía que elegir si estar al lado de la Iglesia católica, de los sectores productivos, que día sí, día también, pedían una medida como estas, o estar al lado de Vox. Y, precisamente, a eso, desde luego, atribuyo ese cambio. No solamente en política migratoria, sino en política en general del Partido Popular, que dio luz verde hace casi dos años, a esa iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, ese cambio se debe precisamente a esos pactos con la ultraderecha. Así que, le recuerdo que fueron a Europa a intentar sacarnos los colores, y los que volvieron colorados fueron ellos. Porque no solamente, el Consejo de Estado ha avalado esta regularización extraordinaria, sino que también la propia Europa reconoce que forma parte de la decisión, de la soberanía nacional, de cada uno de los países.

Y en relación a cómo se ha desarrollado el Consejo de Ministros, pues, con total normalidad, fluidez, y dentro de un ambiente absolutamente colaborativo, de trabajo, como siempre. Ah, disculpa. Sí, sí...

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. - Me vais a perdonar. Es que, claro, claro, quedarme sin opinar en esto me va a costar un poquito. Comparto plenamente lo que han dicho mis compañeros. Pero como señalaba el ministro Bolaños, es que su opinión no es exclusivamente suya, es una opinión de una parte importante de la sociedad. ¿Por qué no decirlo también?, de una parte, muy importante, si no de la totalidad del Consejo de Ministros, ¿no?. Yo creo que aquí gravita una pregunta, de cuya respuesta depende en mucho nuestra propia democracia. En una democracia sana, los espacios de impunidad, no pueden existir ni deben existir. Y eso significa que los cargos públicos, sin distinción, y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia, y al imperio de la ley, faltaría más. Pero entenderán ustedes, que tan importante como eso, no sé si más, es que ni los cargos públicos, ni sus familiares, sean perturbados o perseguidos, como consecuencia de ser cargos públicos, o de ser familiares de cargos públicos. Y esa es la pregunta que yo creo, que hay que responderse hoy, en nuestro país. ¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad?, o ¿estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política, de los representantes elegidos democráticamente? Porque de la respuesta de esa pregunta depende, en buena medida, el presente y el futuro de nuestra democracia.

Yo no voy a decirles, cuál es mi respuesta a esta pregunta, aunque probablemente ustedes, puedan deducir perfectamente lo que pienso, pero sí creo que es bueno que esta pregunta, nos la respondamos todos. Medios de comunicación, por supuesto, los órganos judiciales que tienen que resolver en vía de recurso, las decisiones que estamos viendo. Yo creo que es vital, para nuestra democracia que todos, y cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estamos ante decisiones judiciales que refuerzan nuestra democracia, es decir, que persiguen la impunidad, o ¿estamos ante decisiones judiciales que la debilitan? Esa, para mí, es la clave.

Javier Portillo Suarez (La Razón). - Gracias, buenas tardes. A la ministra Saiz, ya se están colapsando las oficinas de transporte público de comunidades como Madrid, donde se piden los certificados de uso como vía para la regularización. ¿Qué puede hacer el Gobierno para aliviar esta situación?

Al ministro Bolaños, más allá de su opinión, ¿le preocupa como ministro de Justicia, que haya una parte de la judicatura, que considere inadmisible su opinión sobre el auto de procesamiento de la señora Begoña Gómez?

Y al ministro Puente, hace poco ha manifestado su sorpresa, porque no se hayan aceptado las llamadas que se hicieron al 112 en la investigación del accidente de Adamuz, pero ¿en qué medida cree usted que esas llamadas podían contribuir a esclarecer las causas del siniestro? Gracias.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - ¿Yo?

Portavoz. - Sí.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. - Eh, Vale. Vamos a ver. Las llamadas al 112, no es una obsesión mía, ni es un deseo mío. Lo han expresado las víctimas, la propia semana pasada, por escrito, las víctimas denunciaron públicamente que el servicio 112, el día del accidente de Adamuz funcionó, algunos integrantes del servicio funcionaron con lápiz y papel. Me parece una denuncia gravísima. Es decir, que lejos, de ese día tan importante contar con sistemas, los sistemas habituales de apoyo y tecnológicos, con los que cuenta un servicio de este tipo, prácticamente tuvieron que hacerlo de manera rudimentaria. ¿Esto puede servir para esclarecer la causa del accidente? No, pero es que aquí hay una investigación del fallecimiento de personas, cuya causa está aún por esclarecer. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra, y las víctimas lo señalan en su escrito, que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas.

Quiero recordar, que aquí hubo una polémica tremenda desde el primer día, de que, si ADIF sabía o no, o Renfe sabía o no que había dos trenes, dónde estaban, etc. Bueno, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Había información ingente, desde el minuto, uno del accidente de que había dos trenes, de que no estaban en la misma localización, que había una distancia entre ellos y además de eso, con los sistemas de detección, y geolocalización del 112 era perfectamente determinable. Se habla de que hay más de 200 llamadas por parte de las víctimas en esas horas, en esos minutos, a los servicios de emergencia. Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si, precisamente, una negligencia del modo que sea, en la prestación del servicio 112, pudo conducir a que hubiera personas que fallecieron como consecuencia de esa prestación de atención tardía.

Y eso, por tanto, tiene que ser esclarecido, porque llevamos camino de tres meses ya desde que se produjo el accidente, y sabemos muchas cosas, que no sé si tienen, el tiempo lo dirá, mucha relevancia para la investigación. Sabemos que ADIF sustituyó un carril a 1500 m del lugar del accidente, que se llevó cachos de carril que la propia Guardia Civil y la CIAF, descartaron tras realizar sus inspecciones oculares. En fin, hemos estado tremendamente distraídos con eso, pero a mí, esto en concreto, no a mí, a las víctimas también, me parece de una importancia, capital. Saber qué pasó con los servicios del 112, y también digo, hay un contraste tremendo porque mientras el ministro, y los miembros de su Ministerio ayer, el presidente de ADIF, hemos comparecido en innumerables ocasiones a dar explicaciones concretas y detalladas, de cuál ha sido la actuación del Ministerio en todo este asunto, está por la primera explicación de los responsables del servicio 112, fundamentalmente de Andalucía. Por la primera, y yo creo que es hora de que empiecen a explicarse. Y no lo digo yo, insisto, lo dicen las propias víctimas.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí, muy bien. Mire, yo creo que cuando uno ejerce su derecho fundamental a la libertad de expresión, lo ha de hacer en los términos que constitucionalmente se admiten. Es decir, por supuesto, con absoluto respeto a las personas, pero ese derecho a la libertad de expresión sobre resoluciones judiciales, es un derecho que no solo ejercemos y defendemos, sino que es un derecho reconocido por el Consejo General del Poder Judicial, por la presidenta del CGPJ, por la Comisión Europea, por las propias asociaciones profesionales, y asociaciones judiciales. Es decir, claro que se puede opinar, evidentemente, en un sistema democrático, claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales, como lo hago yo, con todo el respeto a las personas que las están llevando a cabo, pero calificando las resoluciones judiciales, y la instrucción con la opinión que uno tiene, y con argumentos jurídicos, con resoluciones que contienen manifestaciones que, bueno, que son inciertas, no se ajustan a derecho, claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. Y por supuesto que puedo opinar, claro que puedo opinar.

El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión, al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor por el buen nombre, y la reputación de la justicia en nuestro país. Y tendrá una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y por eso esa preocupación, que yo expreso y que, por cierto, es una preocupación, de gran parte de la carrera judicial. Ustedes, que son periodistas, pueden preguntar a jueces y magistrados, en nuestro país. Esa preocupación, por resoluciones judiciales, que afectan o pueden afectar al buen nombre de la justicia, es una preocupación muy generalizada. Y yo, con todo el respeto y en el ejercicio de mi derecho, lo digo y lo manifiesto públicamente.

Portavoz. - Miren, yo, como portavoz del Gobierno, también quiero decir algo. Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez. Es una mujer, de una trayectoria personal y profesional intachable y, desde luego, enfrente, hay un auto que, a mis ojos de jurista, como jurista que soy, tiene trámites, párrafos, aspectos, desde luego, que son inéditos, que van más allá de lo jurídico. Y evidentemente, yo también confío y respeto la justicia, confío en que la justicia, haga justicia, pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos. Afortunadamente, los menos que la desprestigian profundamente.

Y en relación con la pregunta que me hacía, concretamente en el procedimiento, mire, este procedimiento, está diseñado para dar respuesta, y está a la altura de la esperanza y las ilusiones, de miles de ciudadanos y ciudadanas a pesar, concretamente, de la señora Ayuso. Si la señora Ayuso elige boicotear, no boicotea al Gobierno, boicotea a miles de ciudadanos, a sus derechos, y a sus esperanzas por un futuro mejor en nuestro país.

Pol Marsa Dot (TV3). - Hola, buenos días. A la ministra de Migración le quería pedir alguna puntualización en relación, con la cuestión de los antecedentes. Los ha citado usted, como uno de los requisitos para poderse acoger. Si podía explicar un poco cómo quedaba esta cuestión, sobre todo, si la declaración responsable, continuará existiendo. Es decir, si la persona, cuando solicite la documentación, para acreditar que no tiene antecedentes en origen, si no lo consigue, si tiene que presentarla, si a partir de ahí es donde el Ministerio de Justicia, vía diplomática, hace esta gestión. Y mi pregunta es, si terminados los tres meses, ni la persona ni el Ministerio han recibido respuesta, es decir, no tienen la acreditación de antecedentes, ¿qué pasa con esa solicitud de regularización?

Al ministro Óscar Puente, le quería preguntar, ha estado usted recientemente en Cataluña. Ha hablado ahora de ayudas al sector logístico también de mercancías por tren. El sector logístico habla de catástrofe en Cataluña, por las consecuencias del cierre del túnel de Rubí. ¿Comparte usted esta valoración, de que es una situación catastrófica, lo que está pasando con las mercancías en tren en Cataluña? ¿Qué afectación calculan que puede tener todavía en el tiempo ese cierre? Y por la parte de Rodalies, si nos podría explicar, después de haber estado en Cataluña, no a nosotros, sino a los ciudadanos, ¿cuándo puede volver la normalidad en Rodalies? ¿Y cuánto tiempo le quedan todavía a este centenar, creo que son, de limitaciones de velocidad temporal que hay ahora mismo?

Y al ministro Bolaños, en relación con el proceso que se abre a partir de mañana con la Iglesia, usted ha hablado de proceso histórico. Ha dicho: "Es una situación en la cual el Defensor del Pueblo decide y la Iglesia paga". Si la Iglesia no paga, ¿el Gobierno español tiene estudiado algún tipo de medida para que la Iglesia pague? Ahora estamos en la renta, no sé si a través de la casilla del 0,7, por ejemplo, en ejercicios que tengan que venir a futuro. Gracias.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. - Bueno, empezando por la cuestión de Rodalies, efectivamente he estado en Cataluña la semana pasada, y he tenido la oportunidad también de conocer algunas cuestiones sobre el terreno. Bueno, voy a ser reiterativo, pero tampoco sobran las explicaciones. Rodalies, y lo he dicho muchas veces, tiene un triple problema. Tiene un problema de diseño, es la red más antigua, ferroviaria, de España, diseñada en tiempos en que los parámetros no tienen nada que ver con los actuales. Tenemos una R-1 por la costa, tenemos un trazado en trinchera, en una parte muy importante del recorrido, lo cual le hace muy vulnerable sobre todo, a los cambios climáticos. Hemos pasado en Cataluña de cinco años de sequía, y de estrés hídrico, a una saturación hídrica del 100 % en las cuatro provincias catalanas, en apenas unos meses, y eso ha producido un montón de derrumbamientos y de colapsos en el trazado en trinchera en una parte importante de la red. Y luego tiene un problema de gobernanza. Y en los tres, estamos atacando y estamos actuando. En el problema del diseño, como saben, estamos haciendo obras de ampliación y renovación de la infraestructura que, en parte, son responsables de una menor eficiencia, en el funcionamiento. Mucha obra, en la red compatibilizada con la prestación del servicio, allá donde se puede, es una fuente de incidencias. En segundo lugar, estamos abordando una mayor inversión en los últimos dos años en Rodalies. Hemos invertido 1.200 millones de euros, que es la inversión más importante, diría, de la historia de la red, pero, aun así, es evidente que necesitamos seguir invirtiendo más. Y en cuanto a la gobernanza, como saben, hemos constituido una nueva sociedad con la Generalitat de Catalunya, que es la que se va a encargar de gestionar el funcionamiento de la infraestructura, desde la proximidad, desde el propio territorio y con criterios de mayor proximidad. Por tanto, esto tienen que tenerlo en cuenta los usuarios. Estamos trabajando en todos los ámbitos, obras en todas las estaciones. Como he dicho, obras de desdoblamiento.

El problema coyuntural del que salimos, en relación con enero, ha sido la borrasca Harry, que ha producido una situación de emergencias en la red, que nos han producido en torno a cien limitaciones temporales de velocidad, que había que añadir a las estructurales, es decir, a las que teníamos en marcha como consecuencia de las obras de mejora.

Nuestro horizonte temporal, es decir, el encontrarnos ya en una situación previa a la borrasca Harry, lo ciframos entre los meses de mayo y junio. A principios de junio, para ese momento, tendremos ya la red en las mismas condiciones en las que estaba antes de la borrasca, lo único que, obviamente, con parámetros de seguridad y de fiabilidad mejorados puesto que hemos intervenido en trincheras, en zonas arboladas, etc., que causaron los problemas. Decirle que ahora mismo estamos en el 95 % en cuanto a número de trenes en circulación, 95 % del que teníamos antes de la borrasca Harry. Es decir, nos faltan solo un 5 % de los trenes. Es verdad, que ese 5 % se corresponde, sobre todo con las obras de emergencia que tenemos que realizar, y que en algunos casos han provocado cortes del servicio. Pero en fin, no estamos lejos.

También decirles que, en el core, digamos, del servicio de Rodalies, las dos líneas que acumulan el mayor porcentaje de pasajeros, estamos en porcentajes ya de puntualidad, de más del 80 %. Creo que estamos, poco a poco, recuperando la normalidad, normalidad que, por cierto, en el caso de Rodalies, no es una palabra que tampoco al usuario le guste, porque la normalidad en Rodalies son las incidencias, pero, en fin, estamos recuperando una situación de prestación del servicio mucho mejor. Pasado ya el momento coyuntural, ¿cuánto vamos a tardar en tener Rodalies como nos gustaría? Bueno, yo creo que, a lo largo de este año, y en el que viene, veremos mejoras sustanciales en la prestación del servicio. Vamos a acabar algunas obras, importantes, empiezan a llegar los nuevos trenes o espero que empiecen a llegar. Es verdad que los nuevos trenes, al principio, dan algunos problemas, pero vamos a tratar de anticiparnos a ello, pero sí que lo que vemos es un horizonte temporal, en torno al año, año y medio, en el que la mejora va a ser progresiva, y vamos a ir a una prestación del servicio mucho más ajustada, a la que merecen los usuarios de Rodalies.

En cuanto a la situación de las mercancías, como saben, estamos ahora mismo, acometiendo una obra en el túnel de Rubí, que no es caprichosa. Hay que hacerla, porque el túnel tenía problemas de seguridad, que no podíamos de ninguna manera, permitirnos. Yo no calificaría de catastrófica la situación, de hecho, se están buscando algunas alternativas y, desde luego, no tengo yo ese "feedback" del sector de manera directa. Lo que sí le digo, es que las obras que en este momento tienen cerrado el túnel de Rubí, ya están próximas a su finalización y, por tanto, iremos ya a una situación de normalidad en el tráfico de mercancías por tren, en Cataluña en un periodo de tiempo muy corto. Espero que ya, muy pronto, tengamos terminada esa obra y podamos ya recuperar esa normalidad.

Portavoz. - ¿Empiezas tú?

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí. Gracias por la pregunta. La Iglesia va a pagar. Va a pagar. Primero, porque tiene voluntad de hacerlo. Segundo, porque hemos llegado a un acuerdo donde se establece. Tercero, porque van a pagar las diócesis, o bien las congregaciones religiosas. Y cuarto, para el caso de que no tengan fondos, las diócesis o las congregaciones religiosas específicas, son responsables en última instancia, la Conferencia Episcopal y también la Conferencia Religiosos. Por tanto, creo que hay una suficiente red de garantías, para que la Iglesia repare a las víctimas de abusos, que se han cometido en el seno de la Iglesia católica, que, además, insisto, es la voluntad de la Iglesia. Por eso hemos alcanzado este acuerdo, y no ha sido necesaria otra medida, porque ha habido un acuerdo con la Iglesia católica, en la que ellos manifiestan su voluntad de pagar, de reparar, esas indemnizaciones a los abusados, que ya no pueden acudir a los tribunales.

Portavoz. - Bien, como saben, estamos modificando el reglamento de la Ley de Extranjería. La exigencia de antecedentes penales siempre, es un requisito en toda la normativa de la ley de extranjería, la exigencia de inexistencia, en referentes penales, así que, en ese sentido, todo en la misma línea. De manera excepcional, en casos puntuales, cuando la situación en el país de origen, sea difícil, a través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo, para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito "sine qua non".

Juan de Dios Colmenero Ávila (Onda Cero). - Sí, buenas tardes, una pregunta muy concreta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando dice que la inmensa mayoría de los jueces y magistrados apoyan esa opinión que tiene, o esa crítica a un determinado juez, al juez Peinado, ¿a quién se refiere exactamente?, ¿la asociación mayoritaria, la asociación profesional de la magistratura, la asociación Francisco de Vitoria? Ya han hecho público un contundente comunicado, no precisamente en la línea en la que usted está diciendo, no sé si se refiere al resto de los jueces, a los asociados, o si ha podido hablar con todos para concretar si, efectivamente, la inmensa mayoría está de acuerdo con críticas concretas, o lo que algunos consideran una intromisión en la independencia del poder judicial.

Y otra pregunta, muy concreta para el ministro Puente. Ha dicho, acaba de decir, que hay causas judiciales que intentan violentar la acción democrática. Cuando eso lo haga una instancia superior, ¿podrá pensar lo mismo? Es decir, ¿eso se refiere a un juez en concreto, o si eso es respaldado luego por otros jueces u otras instancias superiores, seguirá pensando lo mismo en este mismo caso? Muchas gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Sí, gracias por su pregunta. Pues, mire, me refiero a la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los jueces y magistrados con los que yo he hablado, de esta instrucción, que me han manifestado su opinión bastante crítica, con las resoluciones judiciales que se han ido adoptando en este procedimiento. Opinión bastante crítica, que se ha visto posteriormente ratificada, porque la Audiencia Provincial de Madrid, ha anulado multitud de resoluciones judiciales, y ha revocado parcialmente también buena parte de ellos. Eso es lo que yo he tenido conocimiento, por eso, cuando emito mi opinión, lo hago, pero les invito a que hagan ustedes lo propio, les invito a que ustedes también pregunten a jueces, a magistrados de este país, cuál es su opinión sobre esta instrucción, y estoy convencido de que no llegarán a una conclusión muy diferente a la que he llegado yo.

Portavoz. - Gracias, ministro.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. - Sí, yo creo que no me has entendido muy bien. Yo he lanzado una pregunta en voz alta, no he hablado de ninguna causa concreta, cada uno puede entender lo que quiera. Pero sí me sorprende la pregunta en los términos en que se formula, por qué dices: "cuando haya una autoridad judicial superior que ratifique las decisiones del juez concreto, ¿pensarás lo mismo o pensará usted lo mismo?", pero ¿ya sabemos que las va a ratificar, la instancia superior concreta? Cuando llegue esa circunstancia la valoraremos. Generalmente, a mí me gusta valorar, las decisiones en función de los elementos, digamos, que uno puede apreciar, ¿no? Yo me he leído ayer los 39 folios del auto. Fíjese, que yo he ejercido el Derecho 20 años como abogado, 20 años en tribunales, y a mí hay algunas cosas que me cuesta muchísimo entender y soy jurista. Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez, no lo entiendo, y si alguien que lo ha leído lo puede entender y me lo puede explicar, yo se lo agradezco. Fíjese, que este asunto, si sigue el curso que el juez Peinado pretende imprimirle, acabará en un tribunal del Jurado, no sé si el tribunal del Jurado, se va a enterar de lo que está en juego, si los que hemos ejercido el Derecho, no somos capaces de entenderlo. No entiendo cuál es el ilícito en su comportamiento. No veo por ningún lado el ánimo de lucro, ¿nadie se ha preguntado a estas alturas en qué consiste el lucro que ha obtenido la señora Begoña Gómez de estas actividades? Porque eso debería estar consignado en el auto, ¿dónde está? No lo veo

En fin, podría decir tantas cosas. Una causa iniciada como consecuencia de una querella, o denuncia de una organización política, de extrema derecha, que además se inicia, contraviniendo abiertamente la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que las causas no pueden abrirse, exclusivamente, a base de recortes de prensa. Una asociación, que reconoce al poco de presentar la denuncia, que puede que haya bulos entre los hechos que se consignan en la denuncia. Una denuncia, que expone una serie de hechos, y de conductas que acaban teniendo muy poco que ver con el auto que pone fin al procedimiento, porque la asesora no existía cuando se presentó la denuncia, y resulta que ahora es un elemento central, y se acaba, digamos, poniendo en marcha un procedimiento, vamos, si eso no es prospectivo que baje Dios y lo vea. Es decir, que a uno lo acaben juzgando por hechos que no estaban consignados en la denuncia ni se apuntaba, claro, como eran recortes de prensa, pues, en fin, no sé, yo trato de valorar eso.

Y luego los "timings", no sé quién preguntaba antes esto de: "¿Piensan que tiene algo que ver las decisiones judiciales?". Pues, oiga, cojan ustedes el histórico, en fin. Es que no hay viaje que no tenga su correspondiente resolución, y si ya es Begoña Gómez la que va en el viaje, ahí ya está garantizado. Que cada uno extraiga sus propias conclusiones. Yo, líbreme Dios a mí, de calificar la actuación de un juez o de nadie en términos, que me parecen que son gravemente preocupantes, si no hubiera una panoplia, de elementos de prueba, como para, como mínimo, cuestionar la apariencia de imparcialidad en la toma de decisiones. Las decisiones de un juez, y esto es algo que le preocupa muchísimo a todo el poder judicial, no solamente tienen que ser decisiones imparciales, independientes, sino que tienen que parecerlo, y aquí, desde luego, ese afán por aparentar imparcialidad, no ha existido en ningún caso. Hemos visto cosas insólitas. Esto de un juez que se traslada a la Moncloa, a tomar declaración, que pide una tarima para estar por encima del señor Félix Bolaños, pues, en fin, no sé si fue por encima del señor Félix Bolaños, que intenta procesar a un ministro, imputar a un ministro, y le dice el órgano superior, le dice: "Es que no hay por dónde cogerlo". Es que eso lo dijo la Audiencia Provincial de Madrid, o no sé quién, no sé quién fue, el Supremo. Hombre, quiere usted imputar a este señor, pues, hombre, tendría usted que haber hecho al menos un mínimo esfuerzo que parece que no ha hecho, fin.

Yo creo que el Gobierno, no tiene por costumbre cuestionar las causas judiciales por sistema, ni el sistema judicial por sistema, ahora, en este caso concreto, hombre, es que, yo creo que la propia carrera judicial, más allá de lo que expresen, las asociaciones profesionales de la magistratura, de Francisco de Vitoria y tal, deberían, a mi juicio, está preocupada por la imagen de la justicia, que generan este tipo de causas. Debería. Debería, porque, lo que nosotros opinemos tiene importancia, pero lo que opine la sociedad lo tiene más aún, y si a mí alguien pretende convencerme, de que en la sociedad, no se instala, a partir de este tipo de situaciones, la convicción de que hay una justicia, que actúa en función del color político del justiciable, pues, hombre, será que yo estoy viviendo, no en otro país, sino en otro planeta. Creo que eso está ahí, y que es terrible, para la justicia de nuestro país y, por tanto, para nuestra democracia. Así que como digo antes, reitero la pregunta, reflexionemos si esto son causas que refuerzan, o que debilitan nuestra democracia, porque creo que nuestra democracia es muy importante, que la protejamos, muy importante, y que no permitamos, en fin, que en nada la debilite por intereses espurios.

Ana Fernández Vila (Cadena SER). - ¿Qué tal? Buenas tardes. Al ministro de Justicia, también, bueno, a quien considere oportuno responder. A las críticas de las asociaciones judiciales, se ha sumado también ahora el Consejo General del Poder Judicial, que ha acordado por unanimidad ratificar que se deben respetar las decisiones judiciales. Es una respuesta, a este cuestionamiento que hace el Gobierno, de estas resoluciones que han comentado que les preocupan. En relación a esto, quería saber también si se plantea el Gobierno algún tipo de medida, o creen que hay margen para tomar, para iniciar algún tipo de movimiento, para pedir que se investigue, o que se persiga esta posible parcialidad del juez Peinado, en esta causa, más allá de las quejas que ya ha planteado usted, ante el Consejo General del Poder Judicial y que se están estudiando. Eso, por un lado.

Por otro lado, respecto al mecanismo para resarcir a las víctimas de los abusos de la Iglesia, usted ha dicho que la Iglesia va a pagar, pero no sé si se plantea aun así el Gobierno la posibilidad de algún fondo estatal, o alguna vía unilateral,, para estas indemnizaciones, teniendo en cuenta que hay casos ya, por ejemplo, en Irlanda, que la Iglesia se comprometió, se estableció que debía hacer frente a estas indemnizaciones, y no se hizo cargo.

Y luego, por otro lado, al ministro Puente quería preguntarle dos cuestiones. Saber si ya tienen, a la persona elegida para estar al frente de, perdón, del organismo que va a investigar los accidentes. Y luego sobre la denuncia que han presentado varias organizaciones contra CAV, contra la empresa CAV, por sus obras de mantenimiento, de construcción del tranvía de Jerusalén, al considerar que está favoreciendo la ocupación en asentamientos ilegales. Si el Gobierno tiene previsto tomar algún tipo de medida contra esta empresa, en términos de embargo o algo, gracias.

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. - Respecto a esto último no le puedo contestar, porque no tenemos una posición, ni una decisión tomada. No tenemos todavía a la persona, que vamos a proponer para hacerse cargo de la autoridad, de hecho, vamos a promover una prórroga del plazo que nos habíamos dado, para intentar encontrar esta persona, y ya le aseguro, que, en el contexto actual, no es fácil. En un contexto, en el que hay una investigación en marcha, y cada día desde que se produjo el accidente, la presión sobre la investigación, o a veces desde la propia investigación es inmensa, pues encontrar a una persona que quiera hacerse cargo de esto no es fácil. Nos estamos encontrando con dificultades. Sí le digo, que estamos tratando de buscar un perfil eminentemente técnico, por encima de cualquier otra consideración e, indudablemente, en el contexto actual, nos gustaría que esta persona estuviera vinculada al ámbito ferroviario. Ya sabe, que la autoridad tiene tres ámbitos, marítimo, aéreo y terrestre, y dentro del terrestre, el ferroviario, y nos gustaría que se hiciera cargo como presidente, o presidenta de la autoridad independiente, alguien del sector ferroviario, por circunstancias obvias, pero no está resultando sencillo y por eso nos vamos a dotar de un mayor plazo para intentar dar con el perfil y la persona adecuada.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, pues mire, respecto a la pregunta que me formulaba a mí, y tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Yo presenté diferentes escritos, denunciando irregularidades del señor Peinado. Y no lo hice público nunca. Y no lo hice público, ¿sabe por qué? para dejar que trabajara con tranquilidad el Consejo General del Poder Judicial, y por lealtad con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sabe quién hizo público, esas denuncias e irregularidades que yo presenté? El propio juez investigado. Por tanto, creo que esto es importante ponerlo de manifiesto, porque yo jamás he hecho público, ninguna de las irregularidades, que estoy denunciando a este señor, ante el Consejo General del Poder Judicial. Hoy el Consejo General del Poder Judicial se ha reunido, y no sé si entre los temas que han tratado, es que yo estas denuncias las presenté, el 4 de junio de 2025, casi 11 meses después, se siguen investigando estas irregularidades. Irregularidades, que constan por escrito, o que están grabadas en un vídeo que ha visto toda España. Pues, quizás, el Consejo General del Poder Judicial, debiera ser consciente, que once meses después, estas irregularidades, que se están investigando, pues, deberían ir resolviéndose. Y respecto a la segunda pregunta que me formula, pues vuelvo también a la respuesta que le he daba antes a un compañero suyo. Mire, la Iglesia ha asumido por escrito que va a asumir el coste. Las indemnizaciones económicas, la reparación psicológica, la reparación moral, la reparación restaurativa de todas las víctimas de abusos, cometidos en los entornos religiosos, en los entornos de la Iglesia católica. Allí donde ya no es posible iniciar una acción judicial, porque está prescrita la acción, o bien porque el victimario ha fallecido, y lo ha asumido por escrito. Insisto, hay una red de garantías que es tan mullida, que primero, son las diócesis o las congregaciones religiosas, pero si no responden, habrán de responder la Conferencia Episcopal, de manera subsidiaria, o la Confederación de Religiosos.

Por tanto, yo creo que mañana se inicia el plazo, no creo que sea el momento de que nos formulemos estas cuestiones, estoy convencido que nunca será el momento de que se formulen, porque la Iglesia católica asumirá los compromisos que por escrito ha firmado. Estoy absolutamente convencido de ellos, porque además es su voluntad. Ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas, que durante décadas fueron olvidadas, durante décadas fueron humilladas, durante décadas fueron orilladas, que en ocasiones ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso, y ahora la Iglesia está comprometida gracias al acuerdo al que ha llegado este Gobierno con ellos, en reparar esas indemnizaciones, si es necesario, de manera económica, y, por tanto, el modelo empieza a andar mañana. Es fundamental que las víctimas, acudan al modelo, porque incluso aquellas que han sido reparadas anteriormente por la Iglesia católica, tanto en el Plan PRIVA, como en otros foros, también pueden acudir al nuevo modelo que es un modelo, que cumple con todos los requerimientos del informe del Defensor del Pueblo, que emitió ante las Cortes Generales. Un modelo donde, por supuesto, las víctimas tienen participación, donde el Estado tiene la última palabra, y donde la Iglesia asume el coste y la reparación de las víctimas.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)