Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno y la ministra de Igualdad

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Espero que hayan podido disfrutar de unos días de descanso con ocasión de la Semana Santa.

El primer asunto que les quiero trasladar, esta mañana tiene que ver, precisamente, con mis funciones como ministra de Seguridad Social. En la reunión de esta mañana del Consejo de Ministros, he presentado un informe, de balance de afiliación con motivo de los fantásticos datos que conocimos ayer correspondientes al mes de marzo. Como ya saben, es un mes en el que se han batido todos los registros, y se consolida la gran transformación de nuestro mercado de trabajo. España ha superado por primera vez una cifra histórica, la barrera que hace años parecía una quimera, la de los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalizados. Este registro elimina la estacionalidad y los efectos del calendario, es decir, evita que el clima o que fechas claves como la Semana Santa puedan distorsionar el comportamiento del mercado laboral, y nos permite hacer un análisis global, que es el que recomiendan expertos y economistas. Y lo que muestran estas tendencias, es un crecimiento del empleo sostenido, sostenible e imparable.

Para que se hagan una idea, en España se ha creado más de medio millón de empleos en el último año. Son 2,2 millones desde la puesta en marcha de la reforma laboral y más de 3,4 millones desde el año 2018, absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia. Si nos fijamos en la serie media, también batimos récords, porque estamos ante el mejor marzo de toda la serie histórica. Hemos sumado más de 210.000 afiliados respecto a febrero, y casi 525.000 más que hace un año, rozando los 21,9 millones de trabajadores.

Esta dinámica tan positiva se refleja también en la afiliación diaria. A partir del 16 de marzo, superamos la barrera de los 21,9 millones de afiliados y la cifra fue escalando, hasta rozar los 22 millones el día 30, el nivel más alto jamás registrado, son datos que cobran más valor, si cabe, cuando miramos a nuestro entorno. Mientras que el empleo en España ha crecido más de un 10 % desde el último trimestre del año 2021, en la zona euro, este incremento se queda en un 3,5 %. Solo en 2025, el 41 % de todo el empleo creado en la Unión Europea, se generó en nuestro país, es decir, cuatro de cada diez empleos en Europa tienen su origen en España. Esta dinámica está permitiendo corregir problemas estructurales, como la baja participación histórica de la mujer en el mercado laboral. Hoy casi tenemos 10,4 millones de mujeres trabajando, otro récord absoluto, representan el 47,4 % de toda nuestra fuerza laboral y su aportación crece con fuerza, recortando brechas que aún persisten.

Esta inercia positiva, está contribuyendo a resolver problemas como la incorporación laboral de los jóvenes y de los mayores de 55 años, ambos colectivos presentan desde el año 2021 ritmos de afiliación que van por encima de la media. También hay buenas noticias para los trabajadores por cuenta propia, alcanzamos niveles máximos con más de 3,4 millones de autónomos, prueba de que el nuevo marco regulador, genera confianza. En el último año, la afiliación ha aumentado en más de 40.000 personas y el 60 %, algo muy importante, de ese incremento se centra, se queda en sectores de alto valor añadido como la informática, la consultoría o las telecomunicaciones.

Además, en marzo hemos superado por primera vez, los 3,15 millones de trabajadores y trabajadoras extranjeras en España. Representan ya el 14,4 del total de ocupados. Pero quiero destacar, que no solo importa el cuánto, importa el cómo. La calidad del empleo ha mejorado notablemente, cerca del 90 % de los contratos son indefinidos, reduciendo drásticamente la temporalidad y la precariedad. Es más, la mitad de los empleos creados en los últimos dos años y medio, pertenecen a las cinco ramas de actividad con mayores salarios. Esta mejora sustancial de la calidad del empleo se refleja en un incremento notable de las bases de cotización, especialmente, en los más jóvenes.

El informe que les acabo de presentar se titula "La gran transformación del mercado laboral" y tiene dos razones, la primera, porque el cambio es estructural y tiene implicaciones enormemente positivas para la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y la segunda es que esto no es casual, es fruto de una política económica bien orientada, de una reforma laboral audaz, consensuada, con el epicentro en el diálogo social.

En cuanto al resto de acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros de este martes, les quisiera destacar varias medidas que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad, como ven, me acompaña hoy en rueda de prensa la ministra Ana Redondo, quien les va a ofrecer todos los detalles a continuación. Para empezar, la ministra ha presentado un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Con esta reforma constitucional, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres, vamos a reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas, en todo el territorio nacional.

También avanzamos así, en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres, y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco a día de hoy, en nuestro país. En relación también con el departamento de la ministra, se han aprobado otros dos acuerdos que tienen que ver con la distribución de créditos presupuestarios, para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada a los territorios que padecieron las emergencias de protección civil, registradas entre el 10 de febrero de este mismo año y el 30 de marzo. Este periodo ha estado marcado por una fuerte inestabilidad atmosférica y una sucesión de fenómenos adversos de distinta naturaleza. La declaración afecta a la gran mayoría de las comunidades autónomas, 13 de las 17, concretamente, se incluyen zonas de Asturias, de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Murcia y el País Vasco. Nos referimos, por ejemplo, a los efectos de las borrascas Nils y Therese, o al incendio forestal de la pasada semana en Sierra Espuña, Murcia, que calcinó más de 400 hectáreas. Esta medida activa ayudas destinadas a paliar daños personales y materiales, en viviendas y enseres, asimismo, también prevé fondos para las corporaciones locales, para empresas, y otros también destinados a reparar, infraestructuras municipales, redes viarias provinciales e insulares y el resto de infraestructuras públicas.

Y antes de cederle la palabra a la ministra Ana Redondo, permítanme que les haga, como es habitual ya en mí, una recomendación cultural. Lamentablemente, la guerra ha centrado muchas de nuestras comparecencias últimamente, pero hoy no hablamos del conflicto en Oriente Medio, sino del que aún existe a las puertas de Europa en Ucrania. El Museo Thyssen de Madrid acoge la exposición "Pedagogías de guerra", en ella, dos artistas ucranianos, evitan la imagen explícita de las bombas para mostrar, a través de las fotografías y de videoinstalaciones, cómo la violencia se filtra en la vida cotidiana y reconfigura el comportamiento de quienes intentan seguir adelante, es una mirada distinta, a la tragedia que vemos a diario en medios y también en redes, una muestra que, desde luego, les aseguro que no les va a dejar impasibles. Ministra, ahora sí, cuando quieras.

Ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Muchísimas gracias, ministra portavoz. Pues hoy es un día importante para la democracia española. Es un día en el que profundizamos en el blindaje de los derechos de las mujeres, y por eso creo que es un día para reconocer esta fortaleza de la democracia española, la fortaleza de la sociedad española, siempre encaminada a mayores cuotas de derechos, y mayores reconocimientos de los derechos. En concreto, reconocemos el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, a interrumpir voluntariamente su embarazo y, por lo tanto, a un reconocimiento y blindaje de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Constitución española. Incorporamos en el artículo 43 un nuevo párrafo que ha sido validado por el Consejo de Estado, que considera que la propuesta que se hace, con algunas modificaciones que desde luego hemos acogido, es completamente constitucional.

El texto que proponemos es el siguiente, 43.4 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias". ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta propuesta?. Esta es una pregunta importante, el qué. Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional, porque la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo. No está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho, no está en riesgo la dimensión de derecho subjetivo, de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, sobre su propio cuerpo y no está en riesgo porque el Tribunal Constitucional, en repetida jurisprudencia, y más concretamente en la sentencia 44/2023, deja claro que este derecho, esta libertad, esta dimensión individual de las mujeres, está conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad y, en definitiva, con la integridad física y moral.

Por lo tanto, constituye un elemento esencial de la dignidad y, como digo, del libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en la Constitución, tanto en el Artículo 10.1, como en el Artículo 15, de nuestra carta magna. No está en riesgo, como digo, la libertad de las mujeres, pero sí está en riesgo su ejercicio, el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional. Y está en riesgo, porque así nos lo dicen los datos, un último estudio sobre la interrupción voluntaria del embarazo presentado por el Ministerio de Sanidad, reconoce que el 79 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país se practica en centros privados, solamente el 20 % se practica en centros públicos, en centros que están integrados en la sanidad pública. Además, la diversidad en torno a qué comunidades autónomas y en qué territorios se practica el aborto en la sanidad pública también es muy dispar, muy diverso.

Así, por ejemplo, tenemos que en torno al 60 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Cantabria o en Galicia, o en La Rioja, o en Navarra, se producen dentro, como digo, de la sanidad pública. En torno al 55 % en Cataluña. Y en torno al 15 % en comunidades como Castilla y León, siendo derivadas muchas de estas interrupciones del embarazo a centros de otras comunidades. Pero sorprende especialmente el dato de que apenas el 1 %, no llegan al 1 % de las interrupciones voluntarias del embarazo, que se producen en la sanidad pública, lo hacen en Madrid o en Andalucía. Esto, por lo tanto, está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda, en torno a sus derechos sexuales y reproductivos dependiendo, de dónde residan y esto es lo que afecta también definitivamente al Artículo 139.1 de la Constitución, que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, en el territorio español. Por lo tanto, para dar cumplimiento y hacer una valoración sistemática de la Constitución, creo que esta es una decisión y es un proyecto necesario. Necesario porque, como digo, los datos así lo demuestran.

¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Dónde residimos esta modificación constitucional? Planteamos la propuesta en el Artículo 43, en el apartado cuarto, dentro de lo que es el capítulo tercero del título primero de la Constitución, es decir, el referido a los principios rectores de la política social y económica. Por lo tanto, creo que, derivándose de dónde se localiza la reforma, el procedimiento de reforma es el establecido en el Artículo 167 de la Constitución. El procedimiento de reforma ordinario, el seguido para todas y cada una de las modificaciones constitucionales que ha sufrido nuestra Constitución hasta la fecha, las constituciones, evidentemente, necesitan adaptarse a las sociedades que pretenden reglar, y, en ese sentido, ya se han producido cuatro modificaciones, esta sería la quinta modificación puntual, de la Constitución, como digo, para adaptar y para en este caso blindar derechos fundamentales de las mujeres.

Esta modificación, como saben ustedes, exige mayorías cualificadas, exige grandes consensos, exige mucho diálogo y un procedimiento que implica las tres quintas partes de votación positiva en el Congreso, tres quintas partes de las votaciones positivas en el Senado y si no se llega a esa mayoría tan importante, se procederá a la configuración de una comisión paritaria, Congreso y Senado, que volvería a redactar y a proponer un texto, que sería votado nuevamente, siendo suficiente, en este caso, con los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.

Por último, el 167 de la Constitución, también establece la posibilidad de que una décima parte de los congresistas o de los senadores puedan solicitar el referéndum de ratificación de la propuesta. El para qué lo hacemos, yo creo que esto es quizá la cuestión más importante, para qué esta propuesta de modificación constitucional, para qué este proyecto de incorporación de un nuevo apartado cuarto al Artículo 43. Yo diría que son fundamentalmente tres razones, la primera, a nadie se le escapa, este movimiento ultrarreaccionario que ha puesto en la diana precisamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a nivel global, a nivel mundial también en nuestro país. La semana pasada teníamos noticia de que, en Elche, el ayuntamiento solicita la derogación de la Ley 1/2023 de reforma de la Ley 2010 de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, tenemos ya un movimiento institucionalizado en contra de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, y eso nos preocupa enormemente, como también nos preocupan algunas actitudes como, por ejemplo, en Madrid, de desobediencia a la ley actual, por lo tanto, creo que hay un riesgo real, hay un riesgo cierto, que pone en peligro los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre su libertad reproductiva,, y en ese sentido, creo que como sociedad tenemos que actuar.

Por otra parte, la inmensa mayoría de la sociedad española, según las últimas encuestas, en torno al 70-80 % de la población española, es favorable a este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, creo que es importante acompasar, acompañar, a la sociedad española en sus reivindicaciones y en su exigencia de blindar los derechos. En segundo lugar, también se refuerza, y creo que es importante, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reconociendo y avalando esa dimensión subjetiva del derecho y de la libertad, de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Al incorporar el texto constitucional, le damos mayor motivo, mayores razones jurídicas al Tribunal Constitucional, para seguir manteniendo y reforzando esta jurisprudencia.

Y por último, y creo que lo más importante, por coherencia. Somos una ciudadanía que abraza la democracia. Somos una ciudadanía que abraza los derechos de las mujeres, que abraza la igualdad y, en este sentido, tenemos que blindarla también en la Constitución cuando está en riesgo, cuando está en peligro. Somos coherentes con la posición que tiene España a nivel internacional, a nivel global, como un país de referencia en materia de igualdad y, en este caso, seguimos también a países avanzados como Francia o Luxemburgo, que ya han dado estos pasos para blindar el derecho en la Constitución, también el Parlamento Europeo en una resolución de hace dos años, de abril de 2024, incorporó la propuesta de integrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, dentro de la carta de derechos de la Unión Europea, y creo que reconocemos también el valor del movimiento feminista, hace ahora aproximadamente 10 años que cientos, miles, de mujeres se presentaron en Madrid, exigiendo y reivindicando en ese tren de la libertad el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, toda la tradición de las legislaciones ha sido una tradición progresista, ha sido una tradición que ha ido avanzando en este derecho, desde la ley de 1985 de despenalización de determinados supuestos del aborto hasta la última modificación del pasado año 2023, la Ley 1/2023, han ido avanzando, reforzando, el derecho de las mujeres sobre su propia vida, sobre su propio proyecto vital y, por lo tanto, sobre los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, por coherencia, por el mantenimiento de la posición que le corresponde a España, por la responsabilidad de nuestro país en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, creo que este proyecto de ley tiene que empezar, iniciar, su recorrido parlamentario.

Y la otra cuestión que traíamos también, por pura coherencia con lo que acabo de comentar, es el refuerzo del pacto de Estado. El refuerzo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con una propuesta de acuerdo que se llevará a la próxima conferencia sectorial del 15 de abril, con una cuantía importante de 160 millones de euros que serán repartidos entre las comunidades autónomas para el mantenimiento de todos los servicios, y todas las investigaciones que profundizan en torno a la violencia de género. Y otro fondo, que también será trasladado a las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial, de 19.800.000 euros, para la prevención y el acompañamiento de víctimas de violencias sexuales, creo que nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno, es indiscutible, es firme, es completo, con los derechos de las mujeres, y contra las violencias de todo tipo: violencia de género y violencias sexuales, en definitiva, contra las violencias machistas. Por mi parte, nada más.

Portavoz. - Muy bien. Gracias, ministra.

Carlota Núñez Díaz (Cuatro). - Hola, buenas tardes, ministras. A la ministra de Igualdad quería preguntarle, porque usted decía que hacen falta grandes mayorías para aprobar esta reforma de la Constitución, teniendo en cuenta que la mayoría de comunidades autónomas las gobierna el PP ¿Ha hablado usted ya con ellos? ¿Se va a reunir con ellos para intentar convencerles para que apoyen esta nueva reforma? Y a la ministra portavoz le quería preguntar por el juicio de las mascarillas, que empieza hoy, ¿Les preocupa que salgan nuevas informaciones que puedan afectar al Gobierno o al Partido Socialista, teniendo en cuenta que las elecciones andaluzas están aquí al lado? Gracias.

Ministra de Igualdad. - Sí. Muchísimas gracias, Carlota. Efectivamente, todo lo que atañe a la Constitución requiere grandes mayorías. En esta legislatura, se ha modificado dos veces la Constitución, por lo tanto, yo creo que tenemos un aval. También el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha sido apoyado por una inmensa mayoría y, por supuesto, también por el Partido Popular y yo creo que damos hoy el primer paso, el primer paso, era presentar un texto que fuera validado por el Consejo de Estado, que fuera declarado constitucional, dentro del texto de nuestra ley fundamental y una vez que pasamos este Rubicón, evidentemente hablaremos con el Partido Popular, hablaremos con las distintas comunidades autónomas y buscaremos, como siempre lo hacemos, el mayor consenso posible, porque yo creo que la ciudadanía lo requiere, como digo, hay una inmensa mayoría de ciudadanía que avala la interrupción voluntaria del embarazo, que avala los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y, por lo tanto, creo que los distintos partidos políticos tenemos que estar a la altura de las personas a las que representamos.

Portavoz. - Y en relación a su pregunta. Mire, con total tranquilidad, es el momento de la justicia, somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad, que se diriman todas las responsabilidades, y que la justicia haga su trabajo, y que se llegue hasta el final.

Sandra Gallardo Tasias (RNE). - Sí. Buenas tardes, ministras. A la ministra portavoz quería insistirle con el tema del juicio de las mascarillas, quería saber cómo recibe el Gobierno esa imagen de ver a un exministro sentado en el banquillo. También quería preguntarle por el tema del traslado del "Guernica", que hay una guerra abierta entre el Partido Nacionalista Vasco y la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre si es conveniente o no su traslado, quería saber si el Gobierno está abierto a estudiar ese traslado temporal del "Guernica" de Picasso, al museo Guggenheim de Bilbao. Y a la ministra de Igualdad, sobre esta reforma constitucional, si cree que el momento electoral en Andalucía puede mermar las posibilidades de consenso, porque esta reforma entiendo que, en el trámite parlamentario, va a ir prácticamente en paralelo a la campaña electoral, si eso puede dificultar el consenso y conseguir, digamos, arrastrar al Partido Popular a esa reforma. Gracias.

Ministra de Igualdad. - Muchas gracias, Sandra. Son demasiadas las campañas electorales que se van enlazando. Por lo tanto, no podemos condicionar la acción de gobierno a esta permanente campaña electoral, por lo tanto, hemos presentado en primera ronda, hace ya unos meses, fue en octubre de 2025, esta propuesta, este anteproyecto de ley, hoy ya es un proyecto de ley, después de que el Consejo de Estado validara la constitucionalidad, lo ha hecho hace un mes, lo ha hecho el 9 de marzo. Y, por lo tanto, nuestro objetivo es culminar esta reforma constitucional, y no nos podemos demorar. Creo que hay que diferenciar claramente lo que es la acción de gobierno, de lo que son las elecciones en distintas comunidades autónomas. Esta ya sería la cuarta, creo, la cuarta, tercera, cuarta, bueno, pues no podemos estar constantemente al albur de las campañas electorales.

Portavoz. - Como le he dicho a su compañera, afrontamos la semana no con preocupación, con tranquilidad, con que la justicia haga su trabajo y llegue hasta el final, y me va a permitir que yo comparta que esta semana está siendo una semana especialmente dura, para la ciudadanía en su conjunto, porque la corrupción hace daño al conjunto de la ciudadanía, y yo empatizo con el ciudadano que ve dos casos importantes, quiero recordar también el caso más importante de corrupción del Partido Popular, que se está juzgando, que es la Kitchen, y desde esa empatía con la preocupación, con el enfado de la ciudadanía, y, evidentemente, compartiendo que la corrupción nos hace daño a todos como sociedad, así que la justicia haga su trabajo, que el que la haga la pague, y que se llegue hasta el final de las responsabilidades.

En relación a la segunda cuestión, como sabe, todo lo que tiene que ver con obras de arte de este importante valor son criterios técnicos, profesionales, quienes tienen que analizar esta situación, y lo que sí, que yo me pregunto es por qué la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez que hace una declaración tiene que insultar, y faltar al respeto a una parte de la población ¿Por qué? Yo creo que la ciudadanía agradecería que no utilizara el insulto y la descalificación, cada vez que hace una intervención hablemos de lo que hablemos.

Fernando Garea (El Español). - Sí, buenos días. Primero, a la ministra de Igualdad, un tema técnico respecto a esta reforma. No solo el PP o la derecha está en contra, sino que también otros socios del Gobierno, si no recuerdo mal, Podemos, Junts, PNV, han puesto objeciones por un asunto técnico, y es que consideran que se queda corta porque, al ir a una reforma suave, no convierte al aborto en un derecho fundamental, sino, como ha dicho usted, un principio rector, teniendo en cuenta que ya el Tribunal Constitucional, y la exposición de motivos de la ley en vigor hablan ya del aborto como derecho fundamental, y puede entenderse, o ellos entienden, que eso supone un retroceso a la situación actual. Mi pregunta es si puede explicar esta situación, y cuál es el argumento del Gobierno. Y a la ministra portavoz, insistiendo también en el juicio, nadie ha pagado, digamos, responsabilidad política por esos hechos, que llevan ahora a juicio, por el nombramiento o por no haber vigilado que eso no se produjera, eso que se juzga ahora. Mi pregunta es: si hubiera una sentencia condenatoria, ¿alguien asumiría responsabilidades por esos hechos, políticas?. Gracias.

Ministra de Igualdad. - Sí, bueno. Muchísimas gracias, Fernando. Es evidente que iniciamos la tramitación parlamentaria, que se presenta compleja, pero yo creo que hemos ya demostrado nuestra capacidad de acuerdo, hemos alcanzado importantísimos acuerdos, repito, hace casi un año, un poquito más de un año, un acuerdo para aprobar 461 medidas, en torno a la violencia de género, quiero recordar también que, por ejemplo, en Francia, cuando se planteó la modificación constitucional para incorporar el derecho al aborto, hasta Marine Le Pen aprobó, y votó a favor, quiero decir que el diálogo, la negociación, será la cuestión fundamental para llegar a un buen acuerdo.

Lo importante es que el Consejo de Estado, ha validado este texto, y lo ha validado en el Artículo 43, apartado cuatro, y nos ha dicho que es constitucional y plenamente constitucional lo que se propone, y que dentro de la Constitución cabe este blindaje en la dimensión objetiva, en la dimensión prestacional del derecho, puesto que, y también lo viene a reconocer, la dimensión subjetiva ya está incorporada como una parte inescindible de la dignidad de las mujeres, del libre desarrollo de su personalidad y de su integridad física y moral, por lo tanto, lo que importa y lo que al Gobierno le importa fundamentalmente es blindar lo que está en riesgo, y lo que está en riesgo precisamente es el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, en buena parte de España. Cuando una mujer acude a una clínica privada, se expone a las amenazas, a los insultos, al hostigamiento, de grupos antiabortistas, que se sitúan precisamente en el entorno de estas clínicas. Cuando una mujer va a interrumpir voluntariamente su embarazo a un hospital público, nadie sabe a lo que va y, por lo tanto, su libertad es absoluta, completa, es una garantía, en definitiva. Y eso es lo que pretendemos, blindar lo que está en riesgo, y lo que está en riesgo es la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera de servicios de la sanidad pública, como he demostrado con datos, por lo tanto, creo que se inicia este debate, es un debate importante, es un debate fundamental, es un debate que necesita grandes consensos pero hemos demostrado que somos capaces de conseguirlos y, desde luego, vamos a dar la batalla por lograr que los derechos de las mujeres, no estén en riesgo y no se vean afectados.

Portavoz. - Mire, las relaciones personales se basan en la confianza, ese es el punto de partida, y si la confianza se rompe, es cuando hay que actúa, el PSOE lo hizo. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean, insisto, el PSOE lo hizo, ahora es el momento de la justicia, quien tiene que hacer su trabajo. Y, desde luego, esperar a que ese trabajo se produzca y que se hagan las sentencias que tengan que dictarse.

Daniel Blanco (Europa Press). - Buenas tardes. Para la portavoz, insistiendo con el tema del juicio de las mascarillas, quería saber qué espera el Gobierno de este juicio y si creen que el exministro Ábalos terminará siendo condenado. Y también, en la misma línea de los compañeros, si temen alguna consecuencia para el Gobierno derivada de los testimonios, tanto de Ábalos, como de Koldo, como de otros procesados. Y, por otro lado, quería preguntarle sobre la relación con Esquerra, esta mañana, Junqueras ha dicho que ha insistido en la cesión del IRPF para poder apoyar presupuestos, tanto en el Congreso como en Cataluña. Quería saber cómo está esta negociación, si ven alguna posibilidad de que haya un acuerdo. Gracias.

Portavoz. - Mire, lo que queda ahora es confiar en la justicia, ya les he dicho que con total tranquilidad, somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad, y, con esa tranquilidad, esperamos que la justicia haga su trabajo hasta el final y que se dé luz, y que se conozca toda la verdad. Y en relación con la otra cuestión, no tengo novedades desde la última vez que me preguntaron por ello, lo que saben es que este Gobierno lleva por bandera el diálogo, el encontrar puntos comunes, puntos de encuentro, con las diferentes fuerzas políticas. Indudablemente, con un objetivo siempre, que es el de mejorar la vida de la ciudadanía.

Ana Isabel Martín Almaraz (El Debate). - Buenas tardes. Gracias a ambas. Empiezo por la ministra de Igualdad. Primero quería saber si después del informe del dictamen del Consejo de Estado, hubo dos, e incluso un voto particular en el segundo, este proyecto introduce algún cambio respecto al anteproyecto que vino en primera vuelta al Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, usted misma hacía alusión a las mayorías reforzadas que se necesitan, puesto que el Partido Popular anunció que de ninguna manera apoyaría esta reforma el mismo día que se anunció la intención del Gobierno, ¿qué sentido tiene seguir adelante con ella? Y para la ministra portavoz, insistir en la pregunta de Fernando, este presidente llegó al Gobierno con una moción de censura después de una sentencia por corrupción, contra el partido del anterior gobierno, si hay una sentencia condenatoria contra el exministro de Transportes, si va a haber alguna responsabilidad política. Y en segundo lugar, respecto al traslado temporal del "Guernica", que se refería usted a la opinión de los técnicos, el Museo Reina Sofía se opone precisamente esgrimiendo criterios técnicos. ¿Entiendo entonces que esa es la postura del Gobierno? ¿O no? Gracias.

Ministra de Igualdad. - Bueno, muchísimas gracias, Ana. Efectivamente, sí que hay modificaciones en el texto, el texto del anteproyecto de ley era un texto más farragoso, que incorporaba referencias que se han limpiado, en el dictamen del Consejo de Estado, creo que está más ajustado el informe, el texto que se plantea en el informe, es mucho más claro, mucho más diáfano, que el planteado en primera vuelta aunque el contenido es el mismo, quiero decir, no hay una diferencia sustancial en cuanto al contenido, lo que se pretende es el blindaje del derecho al aborto, en su dimensión prestacional, y eso se ha mantenido intacto, pero es verdad que, formalmente, el texto está mejorado, y el Consejo de Estado ha mejorado ese texto. En segundo lugar, yo creo, repito lo que antes decía, lo importante, y por responsabilidad, es atajar los riesgos, los riesgos reales de una involución, y los riesgos a un derecho que en este momento se está cuestionando, se ha cuestionado en Madrid, se ha cuestionado en ayuntamientos de nuestro país, se ha cuestionado en comunidades autónomas como Castilla y León, donde las primeras propuestas que se hicieron en el anterior gobierno, con Vox en la vicepresidencia, eran precisamente en torno a la escucha del latido fetal, etc., quiero decir, el riesgo es cierto, por otra parte, en la sanidad pública no está garantizado, no está garantizado, como acabo de demostrar con datos y eso es lo que un Gobierno responsable, y que atiende a las demandas de la ciudadanía, tiene que articular, y creo que la mejor manera de articularlo es en el Artículo 43.4, como el Consejo de Estado nos recomienda.

Portavoz. - Mire, en lo que se refiere al traslado del "Guernica", la postura del Gobierno es siempre respetar y analizar los criterios técnicos y profesionales, es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, y desde luego, nunca va a ser la posición del Gobierno el recurrir a insultos, y a descalificaciones a ciudadanos y ciudadanas de una comunidad autónoma, como sí que hemos visto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese nunca va a ser el "modus operandi" del Gobierno, así que el ministro de Cultura tendrá encima de la mesa los diferentes criterios técnicos y profesionales, y en ese sentido el Gobierno actuará. Y yo insisto y les comparto la reflexión, yo entiendo, entiendo la indignación y la semana dura que está viviendo la ciudadanía de nuestro país, que está viendo dos casos graves de corrupción que se están juzgando. Entiendo esa desafección, y además quiero ser muy contundente, hay un momento, ahora es el momento de la justicia, y la justicia tiene que hacer su trabajo, pero en un momento anterior, evidentemente, hay una actitud por parte del Partido Socialista de tolerancia cero con la corrupción, de actuar de manera inmediata, de colaborar con la justicia, son actuaciones bien distintas, estamos viendo que en otras fuerzas políticas en lugar de colaborar con la justicia, se destruían pruebas a martillazos, destruyendo ordenadores. Es el momento de la justicia, que dirima todas las responsabilidades y que llegue hasta el final, insisto, la corrupción nos hace daño al conjunto de la sociedad, así que esa es la actitud por mi parte, y esperando a que la justicia haga su trabajo.

Carlos Elordi Cúe (El País). - Sí. Sobre el tema del aborto, si el PP cumple con lo que dijo y por tanto la vía de la reforma constitucional es inviable porque el PP la rechaza, ¿qué va a hacer el Gobierno para garantizar que en esas comunidades, hay algunas también gobernadas por el PSOE que tienen un índice bajísimo de abortos en sanidad pública, qué piensa hacer el Gobierno para garantizar que vamos en todas las comunidades a los datos de las que están mejor? Sobre el caso de corrupción, usted insiste en la empatía, pero va a ser una semana, efectivamente, con muchas noticias, que los ciudadanos van a escuchar muchas cosas muy duras, en los dos casos, y yo quería preguntarle si además de la empatía, qué le puede ofrecer el Gobierno a esos ciudadanos que van a escuchar todas estas cosas durísimas, y sobre todo, qué puede ofrecer el Gobierno, lo han preguntado dos compañeros, creo que ha quedado sin respuesta, en el caso de que, como todo parece indicar, pudiera haber una condena, qué responsabilidades políticas va a asumir el Gobierno en el caso de que eso suceda. Y por último, qué le parece al Gobierno el premio que en la Asamblea Nacional francesa va a recibir el rey Juan Carlos, si el Ejecutivo está de acuerdo, o va a trasladar algún tipo de protesta, porque es muy distinto a lo que está pasando en España, o si cree que debe ser rehabilitado.

Ministra de Igualdad. - Gracias, Carlos. Evidentemente, una cosa es hablar en hipótesis, y sin tener delante un texto, y otra cosa muy diferente es tener que seguir un procedimiento legislativo con un proyecto de ley encima de la mesa que modifica, concretamente, un apartado del artículo 43 y ahí está el dilema del Partido Popular, el Partido Popular no es ajeno a la mayoría de este país, el Partido Popular también tiene en sus filas a muchas mujeres que habrán pasado por situaciones de interrupción voluntaria del embarazo, el Partido Popular tiene que valorar a quién se debe, si se debe a una idea sin más, o si se debe a sus propias mujeres, a sus votantes, y en definitiva, a mejorar y avalar y a garantizar los derechos de las mujeres, de eso se trata. Yo estoy convencida de que el Partido Popular, que ha sido un partido de Gobierno, que ha sido un partido de Estado, tendrá muy presente lo que se juega en esta modificación constitucional y, como digo, es una cuestión de debatir, de dialogar, de llegar a acuerdos, de buscar los puntos en común y de ser responsables con la ciudadanía, a la que nos debemos, y como digo, la inmensa mayoría de la ciudadanía está en la defensa de los derechos de las mujeres sobre su propia vida, sobre su propia libertad y sobre su proyecto y, en ese sentido vamos a continuar, y en ese sentido, también les digo que el desarrollo de la Ley 1/2023 se está produciendo, pero que lamentablemente, las comunidades autónomas tienen la competencia en la cartera de servicios sanitarios, y como en tantos otros temas, necesitamos esa corresponsabilidad, necesitamos una responsabilidad compartida, y no atrincheramientos ideológicos, que no solucionan los problemas de las personas, y que desde luego, dejan a muchas mujeres a los pies de los caballos, yo creo que no se trata de una cuestión ideológica, como digo, en Francia hasta la extrema derecha votó a favor, de esta modificación constitucional para blindar el derecho al aborto, yo creo que en España vamos a trabajar precisamente en esas dos direcciones para que este derecho esté garantizado en todo el territorio español, como también indica la Constitución, como muchas veces se apela a la Constitución, pues la Constitución, en el 139.1, garantiza los derechos de todas las personas en todo el territorio, así que si creemos en la Constitución, estoy convencida de que el Partido Popular, es un partido constitucionalista, si creemos en la Constitución, lógicamente, daremos la respuesta oportuna en este caso.

Portavoz. - Empiezo por la segunda pregunta. Yo manifiesto el respeto a la Casa Real actual por parte del Gobierno, y desde luego, nada que decir a un premio que se da fuera de nuestras fronteras. El emérito es un ciudadano libre, nada que decir en relación a una decisión que toma la Asamblea Nacional en Francia. Y lo que le ofrecemos a la ciudadanía son certezas, es tolerancia cero contra la corrupción, es colaboración con la justicia, y es una actitud absolutamente contundente, las responsabilidades se tomaron, y eso es lo que ofrecemos a la ciudadanía, además de la empatía y saber que, precisamente, este tipo de semanas tan duras para la ciudadanía son, y generan desafección, y el Gobierno cree firmemente en la importancia de la política con mayúsculas, para mejorar la vida de la gente, y lo estamos viendo en una semana con estas cifras tan espectaculares del mercado laboral, que incide directamente en mejorar la vida de la ciudadanía, eso es lo que le tengo que decir.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)