Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno; ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Moncloa

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elmaz. - Bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en esta rueda de prensa. En primer lugar, quisiera trasladar la más firme condena y la más absoluta repulsa de todo el Gobierno ante los últimos casos de violencia machista y también de violencia vicaria que han ocurrido en nuestro país. Por supuesto, mostrar el máximo apoyo, empatía y solidaridad hacia las víctimas, hacia sus familias y hacia sus entornos, 2026 está siendo un año insoportable en cuanto a la violencia machista. En poco más de mes y medio, diez mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, a las que hay que sumar los dos menores asesinados y los diez que han quedado huérfanos. Negar esta realidad cuesta vidas, es urgente una unidad y una contundencia aún mayor contra ese machismo extremo, necesitamos encontrarnos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género apelando a la unidad de todas las instituciones, de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto.

Y ahora me gustaría mandar un mensaje a los ciudadanos, a las mujeres y a los hombres de este país. El teléfono 016 opera las 24 horas del día para atender a las víctimas. Está disponible en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, aunque debe borrarse del historial de llamadas del teléfono.

Antes de detallar los acuerdos más importantes del Consejo de Ministros, quisiera también recordar que hoy se cumplen cuatro años, de la invasión de Putin a Ucrania. El Gobierno de España ha trabajado intensamente para atender la crisis humanitaria generada por el conflicto, con casi 5,3 millones de personas desplazadas a países de la Unión Europea. Desde entonces, hemos concedido protección temporal a más de 264.000 personas desplazadas desde este país, como hemos publicado hoy mismo en el balance de la ayuda que se ha ofrecido al pueblo ucraniano en estos duros años. España se mantiene como el cuarto país de la Unión Europea en concesiones de este tipo de permisos. Desde el primer momento, creamos una red de atención a los ciudadanos ucranianos a través de los Centros de Recepción, de Atención y de Derivación, más conocidos, como saben, como los CREADE, que se han convertido en todo un referente internacional al dar una respuesta rápida, eficaz e integral a estas personas. Llegaban con lo justo, llegaban aterrorizadas y exhaustas, y en estos espacios podían resolver todos los trámites más urgentes mientras eran derivados al lugar de residencia o de acogida que estuviera previsto. En apenas 24 o 48 horas, podían obtener una autorización que les habilita para residir y trabajar de forma automática en España, una protección que ha sido prorrogada hasta el 4 de marzo de 2027, pero no solo eso, en estos centros también podían obtener el número de Seguridad Social, la tarjeta sanitaria y, en caso de que tuvieran hijos, tramitar su escolarización. De hecho, y gracias a la colaboración privada con la participación de la Fundación CEOE, podían también acceder a ofertas de empleo que facilitaran su integración e independencia económica. Los resultados, de hecho, hablan por sí solos. Muchas de estas personas se han integrado en el día a día de nuestro país, en el último año, han aumentado un 26,4 % los afiliados a la Seguridad Social procedentes de Ucrania y titulares de una autorización por protección temporal. Estos son los ejemplos que nos convierten en un faro mundial en política migratoria. Seguiremos acompañando a la comunidad ucraniana y, sobre todo, exigiendo una paz justa y duradera de una vez por todas.

Y ya paso a detallarles los acuerdos más destacados adoptados hoy, empezando por la desclasificación de los documentos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando se cumplen justo 45 años. Como dijo el presidente Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave. Y como escribió Javier Cercas en "Anatomía de un instante", el pasado no es el pasado, es una dimensión del presente. Y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado, hasta el momento. Son 153 unidades documentales, que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores, y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales.

Para el franquismo en nuestro país, todo era secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado, puesto que incluso Alemania hizo públicos en 2012 documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia. Esperamos ahora que el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta, dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma. Los documentos desclasificados estarán a disposición de todas las personas interesadas a partir de mañana a mediodía en la página web oficial de Moncloa.

Como ven, me acompañan los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el ministro Pablo Bustinduy, para detallarles importantes medidas en el ámbito de sus competencias. En lo que representa al área de transformación digital, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de publicidad institucional, que permitirá adaptar la actuación de las Administraciones públicas al momento actual con un mayor protagonismo de los medios digitales. El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad, y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. El ministro López les detallará todo lo relativo a este proyecto normativo. Además, también les va a presentar una hoja de ruta para la soberanía digital, en nuestro país.

Por su parte, el ministro Bustinduy presentará un importante paquete en materia de derechos sociales, otro más que pone en marcha este Gobierno. En esta ocasión, tiene que ver con el informe de actuaciones para el despliegue del Artículo 49 de la Constitución Española, que mandata a los poderes públicos el impulso de políticas que garanticen la plena autonomía, personal y la inclusión de las personas con discapacidad.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado tanto el Marco Estratégico Estatal 2026-2030, como la creación de la Mesa Interinstitucional de las Soledades. Por último, en la reunión de hoy hemos aprobado el Estatuto Orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos, y de aviación civil. Se trata de un paso obligatorio previsto en la ley por la que se creaba esta autoridad independiente y que detalla su naturaleza jurídica, sus funciones o su estructura, entre otras cuestiones.

Y antes de darle la palabra al ministro Bustinduy, no me olvido del apunte cultural, que esta semana pasa por la gala de los Goya, que se va a celebrar este sábado en Barcelona. Si no han visto aún las películas nominadas, aprovechen, por favor, estos días para hacerlo. Disfruten de nuestro cine, y hagan sus quinielas sobre las favoritas para cada una de las categorías. Yo les aseguro que tengo las mías, no las voy a compartir, porque, desde luego, es un asunto en el que no me voy a posicionar. Pero disfruten de nuestro cine.

Muchas gracias. Pablo Bustinduy, cuando quieras, ministro.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Pues muchas gracias, portavoz. Muy buenas tardes. Hoy vengo a presentar dos asuntos de calado que se han aprobado en la mesa del Consejo de Ministros. El primero, tiene que ver con un ámbito en el que las políticas públicas no habían entrado a nivel estatal hasta ahora, que es el de las soledades, expresado en plural para intentar abordar un amplio espectro de situaciones que, de manera creciente, está viviendo una parte importante de nuestra ciudadanía. Quiero resaltar que hay muy pocos países en el mundo que hayan intervenido sobre esta materia. Japón tiene un lugar de referencia, se creó incluso un ministerio específicamente dedicado a abordar el fenómeno contemporáneo de la soledad, el Reino Unido tiene una estrategia en marcha puntera. Y, a partir de hoy, España también, el Gobierno hace de la soledad un problema que requiere de la actuación de los ámbitos públicos. ¿Por qué?, La soledad en sí misma no es algo negativo y, desde luego, no es algo que deba ser estigmatizado. Es, en muchas ocasiones, una decisión personal perfectamente respetable y probablemente un bien a proteger, pero el problema es cuando existe una incapacidad precisamente de poder decidir, sobre esta soledad. Les doy algunos datos sobre la realidad que vive nuestro país hoy en día, a partir del barómetro del observatorio soledades, del año 2024. A día de hoy, en España, una de cada cinco personas siente soledad. Casi la mitad de la población la ha experimentado en algún momento de su vida, y es una situación que tiende a cronificarse, hasta dos de cada tres personas que, en la actualidad, expresan sentir soledad la llevan sintiendo más de dos años. La soledad, especialmente cuando es una soledad no deseada, produce una serie de efectos acumulativos sobre la salud, sobre el bienestar físico y emocional, sobre la participación social, económica, política, comunitaria, que, de hecho, se ha cifrado en algunos estudios, su impacto económico hasta en un punto porcentual del PIB. Hablamos de más de 14.000 millones de euros de coste asociado a estos fenómenos de soledad no deseada. ¿Qué sabemos?, Sabemos que es una circunstancia que afecta a lo largo del ciclo vital. Existe una preconcepción que asocia el fenómeno de la soledad con las personas mayores, cuando en realidad, observamos que en nuestra sociedad se presenta un patrón en forma de U. De hecho, los valores más elevados en la percepción de la soledad, se dan entre la población joven de entre los 18 y los 24 años, hasta un 35 % de los jóvenes y las jóvenes en nuestro país, expresa sentir soledad en la actualidad. Mientras que ese porcentaje en personas mayores, de 75 años es de un 20 %. Aunque sea una experiencia que se vive de forma subjetiva, existen una serie de patrones, una serie de factores socioeconómicos que contribuyen a la producción de soledades. ¿Y cuáles son?, En primer lugar, el género. Los índices son más elevados entre las mujeres que entre los hombres. En segundo lugar, la vulnerabilidad económica. Entre las personas que expresan tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, un 47 %, casi una de cada dos personas, expresa sentir soledad. Mientras que entre las familias que llegan a final de mes, sin ninguna dificultad ese porcentaje se reduce al 11 %. Es decir, la proporción es, hasta cinco veces superior en las familias que viven una situación de mayor vulnerabilidad económica. Pero hay otros factores que afectan, por ejemplo, a los modelos urbanísticos, la rotación residencial, o la falta de espacios públicos para la participación comunitaria, para los encuentros cotidianos, los modelos de transporte, la prestación de servicios públicos, el modelo de cuidados, son todos factores como, la organización del trabajo, la organización de los cuidados, que determinan las oportunidades de participación social, y reflejan y multiplican muchas veces las desigualdades sociales.

¿Qué hacemos hoy para comenzar a abordar a escala estatal este fenómeno? Adoptamos un nuevo marco, el marco estatal, para abordar desde lo público, las causas y las condiciones que generan, que cronifican, o que agravan la experiencia de la soledad y del aislamiento social. Y constituimos una mesa interinstitucional, con la representación de las Administraciones públicas, del tercer sector, de la sociedad civil, de personas expertas, de personas con experiencia en la vivencia de la soledad, para abordar una serie de ámbitos prioritarios desde los cuales podemos empezar a revertir algunas de estas causas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Esta mesa va a nacer con el mandato, por ejemplo, de desarrollar una estrategia para prevenir los fenómenos de aislamiento social, y soledad derivados, por ejemplo, de las nuevas fórmulas del teletrabajo. Para abordar, en un modelo en el que el Reino Unido ha recorrido ya..., tiene ya bastante recorrido, que es el de la prescripción social. Por ejemplo, que toda la medicina comunitaria, la atención primaria, pueda prescribir participación social, y comunitaria como uno de los mecanismos preventivos para evitar que se produzcan situaciones de aislamiento social. Para trabajar en modelos de urbanismo específicamente, por ejemplo, en el ámbito rural. Y también en mecanismos de gobernanza del entorno digital, para que la juventud que no se vea expuesta, a dinámicas de aislamiento o de presión social. Modelos de servicios públicos de proximidad con apoyos personalizados, el cambio del modelo de cuidados y, en general, todo un sistema de prevención, de detección, y de alertas tempranas para poder evitar la cronificación de estos fenómenos.

Una última reflexión en relación a este tema. El fenómeno creciente de la soledad que se está experimentando, no es natural ni gratuito, viene construido sobre décadas, de una antropología neoliberal, podríamos decir, construida a partir de una concepción de la sociedad individualista, atomizada, segmentada, sobre la cual se ha construido un imaginario, hoy en día muy en boga, que prioriza, en aras de una supuesta meritocracia, la dimensión individual de la vida social. La competición entre sujetos, el desentenderse de lo comunitario, del bien común. Incluso, lo estamos viendo hoy en día, el atacar a los agentes sociales, o a las organizaciones sociales, a las organizaciones del tercer sector, a todos aquellos mecanismos de intermediación comunitaria, que garantizan la participación social y política de la ciudadanía. Esto es una campaña, que es intencionada, que busca generar un vacío, sobre el cual pueden asentarse algunos de los imaginarios más jerárquicos, y más autoritarios, que vemos en boga hoy en día en muchos de los movimientos antidemocráticos, que se dan a lo largo y ancho del planeta. Con esta estrategia, en general con nuestra concepción de cómo debe funcionar la protección social y un estado del bienestar en el siglo XXI, buscamos hacer todo lo contrario, defender un modelo de cohesión social y de solidaridad, bueno, pues que haga realidad, los mandatos, los preceptos constitucionales referentes al Estado social, y es que los poderes públicos deben actuar para remover los obstáculos, y garantizar la igualdad y el bienestar pleno de todos y todas las ciudadanas. Es decir, un modelo de sociedad que reconoce la interdependencia, que reconoce, que nos necesitamos unos a otros y que envía un mensaje muy claro, que es que aquí no se va a abandonar a nadie, que no se va a dejar solo a nadie, independientemente de la coyuntura en la que se encuentre. Que no se va a dejar solos a los jóvenes en un entorno digital, donde rige la ley de la selva. Que no se va a dejar solas a las familias que vean vulnerado su derecho constitucional a acceder a una vivienda. A las mujeres que sufren doblemente, primero, una violencia insoportable, y, después, el negacionismo público y político de esa violencia. A las personas vulnerables, a las que parece ser que el mensaje en boga hoy en día, y el jueves se verá en la votación en el Congreso, es que lo que hay que hacer con ellas es echarlas a la calle, cortarles los suministros, la luz, el agua. A las personas mayores que demandan apoyos para poder seguir en sus viviendas, en su barrio, en sus ciudades, en sus pueblos, y vivir con bienestar y con dignidad todo el tiempo que deseen. A las personas migrantes, convertidas en chivos expiatorios, en el gran culpable de todo lo que sucede, pues este Gobierno y desde esta mesa se manda el mensaje contrario.

Vamos a defender los preceptos del Estado social, que lo que dicen que en esta sociedad, no se deja a nadie atrás y que nadie, que no lo desee va a estar solo o sola.

Y, en segundo lugar, les presento muy rápidamente un informe sobre el despliegue del Artículo 49 de la Constitución. Se han cumplido dos años desde la aprobación de este artículo, que puso a España en la vanguardia a nivel internacional en el cumplimiento de la convención de las Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, entonces dijimos una y otra vez, que no se trataba de una cuestión terminológica, no era cambiar una palabra por otra, lo que se creaba era un mandato para todos los poderes públicos, para garantizar los cuatro elementos, los cuatro vectores, de esa reforma constitucional, que son la inclusión social de las personas con discapacidad, la autonomía personal, la accesibilidad universal de todos los espacios públicos, y la protección reforzada de mujeres y niñas con discapacidad. Este informe sirve para dar cuenta de lo que hemos hecho en estos dos años. Y les hago una lista no exhaustiva, muy rápida, de algunas de las acciones que ha llevado a cabo este Gobierno.

Este Gobierno ha prohibido, el despido automático por incapacidad laboral permanente, el Artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que quedó derogado. Este Gobierno, ha aprobado un marco estratégico para el cambio del modelo de cuidados para promover la autonomía personal, de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Este Gobierno ha realizado una serie de intervenciones en el ámbito educativo, como por ejemplo, la ampliación del programa de becas Reina Letizia, que existe en el Real Patronato sobre Discapacidad, que cuenta ya con más de cinco millones de euros para financiar apoyos, guías, intérpretes, materiales, soportes, gracias al cual especialmente muchas mujeres con discapacidad, están pudiendo acceder a formación superior, formación profesional, en condiciones que antes no eran imaginables en España. Hace apenas unos meses, creamos un programa dotado con 20 millones de euros específicamente destinado al alumnado con trastorno del espectro autista. Hemos adoptado un marco, por primera vez de detección temprana, entre los cero y tres años, dotado también con 41 millones de euros, a nivel del conjunto del Estado con el concurso de todas las comunidades autónomas. Hemos adoptado, el primer plan estatal contra la discriminación de mujeres y niñas con discapacidad. Hemos destinado más de 100 millones de euros, de fondos europeos en el programa, España País Accesible, precisamente a obras para garantizar la accesibilidad de edificios y espacios públicos a lo largo y ancho del país. Hemos creado un protocolo inclusivo para emergencias, por primera vez, así como, el 112 inclusivo para las personas con discapacidad, para que nunca más se vean en una situación de indefensión, como la que desgraciadamente pudieron sufrir, por ejemplo, en la Dana de Valencia.

Y hoy mismo, en el índice verde del Consejo, hemos aprobado un real decreto, que incluye una disposición, que modifica el reglamento de espectáculos taurinos para prohibir expresamente, para prohibir expresamente, que se puedan producir situaciones denigratorias de personas con discapacidad, en espectáculos taurinos. Nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa, o de irrisión para ganar dinero con ello. Son muchas actuaciones, hay muchas más, pero dan cuenta del compromiso de este Gobierno, hay muy pocos lugares en el mundo donde se esté dando una serie de intervenciones tan decididas, para garantizar la plena ciudadanía, la inclusión y el bienestar de más de cuatro millones de compatriotas en este país. Y el gran hito que debe culminar este despliegue, que es la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, un cambio en profundidad, drástico, de nuestro sistema de la dependencia, una adaptación del estado del bienestar al siglo XXI, por las tendencias demográficas, por las demandas crecientes en este ámbito, entra en su última fase de tramitación parlamentaria, yo confío en que pueda ser aprobada definitivamente, antes del verano. Supondrá un antes y un después, en cómo abordamos la dependencia en España. Vendrá acompañada de un importante esfuerzo de mejora de la financiación del sistema de la dependencia por parte del Gobierno, y estoy convencido de que con toda la legitimidad adquirida, y con toda la fuerza social transversal, que hay detrás de estas reformas, esta vaya a ser muy próximamente la gran reforma social de esta legislatura. Perdón, que me he extendido, pero hemos hecho muchísimas cosas en este ámbito y es importante contarlas.

Portavoz. - Gracias, ministro. Ministro López.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Gracias, portavoz. Bueno, dos asuntos de máxima importancia. La primera, ley de publicidad del sector público. El segundo, soberanía digital.

Ley de publicidad del sector público, permítanme, antes de nada, que agradezca el trabajo de todos los ministerios, y muy especialmente el del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como de la Secretaría de Comunicación, que ha hecho un gran trabajo para este texto.

¿En qué consiste? Estamos hablando de una nueva ley, de publicidad del sector público, quiero recordar que la última ley, y la primera, fue la primera que se hizo en este país, es del año 2005, la ley de publicidad institucional, entonces el Gobierno de Zapatero. En los últimos 20 años, ha cambiado todo. Todas las plataformas digitales que han aparecido, todos los propietarios y todos los directores de medios de comunicación saben de lo que estoy hablando. Ha cambiado todo el mercado publicitario, han aparecido nuevos actores, básicamente, las plataformas digitales, que compiten hoy en el mercado publicitario con los medios de comunicación tradicionales. Un dato. El mercado publicitario español está en 13.000 millones de euros, datos del año 24. Para ser más exactos, 13.080 millones de euros de mercado publicitario en nuestro país. De esos 13.000 millones de euros, 2.700 son de inversión pública 2.700 millones de euros de todas las administraciones del Estado, todos los niveles de la Administración, en publicidad institucional. Es un dato para entender la importancia de lo que estamos hablando.

Por lo tanto, solo de la aparición de las nuevas plataformas digitales, en estos últimos 20 años, se justificaría que cambiáramos la ley, porque ha cambiado completamente el mercado. Insisto, los propietarios y directores de los medios, todos, de este país saben a lo que me refiero. Pero, además, hay un Plan de Acción por la Democracia a nivel europeo, y hay un Plan de Acción por la Democracia a nivel nacional, ustedes saben que presentamos aquí ese Plan de Acción por la Democracia, que estamos desarrollando todas las medidas, y una de ellas era, esta nueva ley de publicidad del sector público. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo, 20 años después, con la aparición de las plataformas, y también con la regulación europea, y con el marco español de ese Plan de Acción por la Democracia. ¿Y por qué? Porque la publicidad del sector público cumple un papel esencial, de información a los ciudadanos. Pero no se puede convertir nunca en un medio de compra de medios. Por lo tanto, esta es una ley importante, también para nuestra democracia, que cumple o que tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, garantizar la transparencia, de cara a los ciudadanos. Para que los ciudadanos sepan dónde van sus recursos, dónde se destina el dinero que pagan con sus impuestos, a qué campañas de información, y a qué medios de comunicación. Es garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia, a que sepan dónde se invierte, esa inversión publicitaria del sector público.

El segundo objetivo tiene que ver con garantizar la independencia de los medios de comunicación. Y por eso, y en coherencia con lo que establece el reglamento europeo de medios de comunicación, el EMFA, la EMFA, se establece un límite, luego lo explicaré, del 35 % de los ingresos provenientes de campañas de información pública o del sector público. Porque ustedes entenderán, que un medio de comunicación que tenga un 50, un 60, un 70 % de financiación del sector público, un medio privado, me refiero, no es un medio de comunicación, será otra cosa. Por lo tanto, en coherencia con el Plan de Acción por la Democracia a nivel europeo, en coherencia con el Plan de Acción por la Democracia, que aprobamos en nuestro país, se trae este anteproyecto de ley, que tiene esos dos grandes objetivos, insisto, transparencia para las Administraciones públicas, una obligación de transparencia a las Administraciones públicas para garantizar el derecho de los ciudadanos, y una apuesta por la independencia real económica de los medios de comunicación.

¿Cuáles son las medidas más destacadas de este anteproyecto de ley, que vemos en primera vuelta? En primer lugar, en coherencia con lo que dije antes, se introducen las plataformas digitales, que no estaban en la ley de 2005. Por lo tanto, ahora, cuando se regula la publicidad del sector público, ahora sí, se contemplan también las plataformas digitales, y no solo los medios de comunicación tradicionales. Dos, se establece, también en coherencia con la EMFA y con la ley de la EMFA, que tenemos en el Congreso también, el registro público de medios. Es decir, que los medios de comunicación tendrán que acudir a ese registro para inscribirse, en su día en la CNMC, para que puedan constar como medios de comunicación. En tercer lugar, ese límite del 35 %. Aclaro. ¿Qué quiere decir el 35 % de límite? Quiere decir que, en un año, un medio de comunicación no puede superar, del total de sus ingresos, el 35 % en campañas de información del sector público. Para ser claro, de todas las administraciones, imagínense que un medio recibe publicidad del ayuntamiento, de la comunidad autónoma y luego del Gobierno de España. La suma de todas las inversiones en publicidad del sector público, no puede superar el 35 %. Hemos establecido una cláusula, para salvaguardar a los medios locales, en nuestro país, porque es verdad que España tiene un tejido, tiene un ecosistema, de medios locales muy fuerte, comparado con otros países de nuestro entorno, y, por lo tanto, para que se pueda salvaguardar ese papel de los medios locales, se establece un límite de medios que facturen menos de dos millones de euros, y que estén presentes en un ámbito geográfico concreto. Una, dos, tres comunidades, por lo tanto, se ha establecido una cláusula que, insisto, preserva a los medios locales. Por lo tanto, el límite del 35 %. A continuación, y en coherencia también con lo que establece el reglamento europeo, que, por cierto, fue aprobado en el Parlamento Europeo también, un sistema transparente de medición de audiencias.

Además de eso, transparencia también en los precios publicitarios de los medios de comunicación. Por lo tanto, tiene que haber también transparencia en las tarifas publicitarias, que aplican los medios de comunicación.Se asigna la competencia, por supuesto, en coherencia con todo lo que hacemos en la EMFA, a la CNMC. Y, por último, se establece un régimen básico, por lo tanto, que afecta a las comunidades autónomas, en cuanto a las obligaciones de transparencia. Es decir, que igual que el Gobierno de España tendrá la obligación de publicar una vez al año, la inversión publicitaria para que se conozca dónde se ha destinado, también, el resto de administraciones, es legislación básica esta ley, tendrán la misma obligación. Abro paréntesis, hay una administración que ya lo aplica, que es Cataluña, donde sí se publica una vez al año la inversión que hace en la comunidad autónoma. Por lo tanto, en este punto, en el punto de la transparencia de las administraciones, y en aras a garantizar el derecho de los ciudadanos a saber de dónde van sus recursos, esta será de aplicación básica, como digo, también a las comunidades autónomas. Y, por supuesto, se hará un informe anual con toda la publicidad y con todos los datos para que los ciudadanos sepan a qué se destinan sus impuestos con, como digo, transparencia.

Segunda cuestión, y luego seguro que surgen muchas preguntas en relación con esta.

Segunda cuestión. La hoja de ruta para la soberanía digital, es un asunto que seguramente no llene portadas, pero créanme que es de una importancia crucial para nuestro país, estamos hablando del presente y del futuro de nuestro país. En los últimos cuatro años, se han creado más de medio millón de empleos vinculados precisamente a las nuevas tecnologías en nuestro país. Más de medio millón de empleos nuevos, que no existían. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante. El crecimiento del PIB en España tampoco es ajeno, a toda la digitalización que estamos haciendo en la economía. Por dar un último dato, hace 15 días, la Universidad de Stanford, publicó un informe que decía que España era el país número siete del mundo en desarrollo de la inteligencia artificial, el número siete del mundo, y el primero de la Unión Europea. Por lo tanto, esta hoja de ruta no es un plan a futuro, es una compilación, si quieren, una sistematización de todo lo que está haciendo este Gobierno, este es el informe que hemos llevado, que, por cierto, también vamos a compartir con la Comisión Europea, que tiene la máxima importancia, porque, después de todo lo que está pasando en el contexto geopolítico internacional, Europa ha decidido reforzar su soberanía digital, y España también, en coherencia con las medidas que está planteando Europa. Por eso, hemos destinado una parte muy importante de los PRTR, de los fondos europeos, a reforzar esa soberanía digital. Ese ha sido el papel esencial que viene jugando la SETT, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, con inversiones a lo largo de todo el territorio, y que vamos a darle continuidad con ese fondo, presentado por el presidente del gobierno y el ministro de Economía, llamado España Crece que, una de sus prioridades, es seguir invirtiendo en reforzar esta soberanía digital, y que les resumo en diez ejes, bueno, primero, la hoja de ruta ha tenido en cuenta dos grandes prioridades.

La primera es que España refuerce todas las infraestructuras críticas, para reforzar esa soberanía digital, y con eso me refiero a la nube, los datos, la inteligencia artificial, las infraestructuras, es decir, todo aquello que es imprescindible para reforzar esa soberanía. Y, en segundo lugar, todas aquellas tecnologías en las que España ya es fuerte, en las que España es líder, como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la biotecnología, con la neurotecnología, con las energías limpias, con la identidad digital, por la ciberseguridad, sectores en los que ya somos muy fuertes. Por lo tanto, sectores imprescindibles, y sectores donde España ya es fuerte y tiene industrias punteras. ¿Y eso en qué consiste? Eso consiste básicamente en diez puntos muy concretos, donde en todos ellos hay ejemplos, no me puedo extender en esta rueda de prensa, pero en todos ellos hay ejemplos que ya están en marcha, de inversiones que ya están en marcha, a lo largo y ancho de todo el territorio. Estoy hablando de reforzar la infraestructura pública digital, que además esté conectada plenamente a la europea. Estoy hablando de centro de datos sostenibles y verdes. Estoy hablando de gigafactoría de inteligencia artificial. Estoy hablando de la Nube Soberana Europea, un proyecto en el que también estamos participando con la Comisión Europea. Estoy hablando de la inversión en chips, y semiconductores. Quiero recordar que ya tenemos proyectos en marcha en Málaga, con IMEC, por ejemplo, en Vigo, con Sparc, en algo tan esencial para garantizar la soberanía digital, como es el diseño y la producción de chips y semiconductores. Estoy hablando de la utilización por parte de la Administración, y esto es muy importante, de software libre, o de openDesk. Estoy hablando del sistema europeo de pagos, muy importante también para no ser dependientes de otros sistemas que haya un sistema europeo de pagos, donde, por cierto, en nuestro país, hay experiencias privadas de éxito que han sido líderes internacionales, como Bizum, por ejemplo, que todos ustedes conocen. Estoy hablando de reforzar también el sector espacial, de las tecnologías cuánticas, donde recientemente presentamos un plan de tecnologías cuánticas. O del fomento de la demanda interna y, por lo tanto, de eso que la Comisión Europea llama "Buy European", que es, digamos, reforzar, promover, que en la compra pública, Europa y España tengan también una oportunidad.

Por lo tanto, les estoy hablando de algo que es esencial para el presente, y para el futuro de nuestro país, y que estamos poniendo en marcha, como digo, con el impulso de los fondos europeos, que va a tener continuidad con ese fondo, llamado España Crece, y que está transformando nuestro país y, desde luego, no está al margen de todo lo bueno que está pasando, en la economía de nuestro país.

Portavoz. - Muchísimas gracias, ministro. Si te parece...

Carlota Núñez Díaz (Cuatro). - Hola, ¿qué tal, ministros? Buenas tardes. Para la portavoz. Quería preguntarle por la desclasificación de documentos. Quería saber qué tipo de documentos vamos a encontrar, si hay audios o son todo papeles. Ha dicho también que se va a publicar todo, lo que se ha encontrado. No sé a qué se querría referir con eso, si es que falta algo, si les consta que falta algo o algo que se haya podido destruir. Y también quería preguntarles si ustedes, que entiendo que han podido acceder a una parte de ello ya, creen que va a cambiar algo del relato del 23F, lo que vamos a conocer mañana a partir de mediodía.

Al ministro Óscar López, perdón. Le quería preguntar por el régimen de sanciones previsto, en la modificación de publicidad que nos acaba de decir, porque las empresas tendrán que publicar esos datos una vez al año. Si no lo cumplen, ¿a qué régimen de sanciones pueden enfrentarse? Y, aprovechando que está aquí, preguntarle por lo que está pasando en Móstoles. El alcalde acusa al Gobierno de construir una campaña de mentiras y difamación, para acabar con él.

Y al ministro Bustinduy, en los últimos días se ha hablado mucho de la reunificación de la izquierda en actos celebrados por separado, sin la asistencia de toda la izquierda. ¿Cree que hay un espacio real para poder construir alianzas de cara a unas futuras elecciones? Gracias.

Portavoz. - Empiezas, ministro.

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Sí, pues yo creo que... la semana pasada fue muy prometedora, fue un arranque muy prometedor para un proceso político de reactivación de la izquierda, y creo que hay sobradas razones para el optimismo con lo que hemos visto en estos días. Creo que entre otras cosas, ha servido para sacudirse un poco también una cierta melancolía, o un cierto pesimismo, y para reconocer que España en los últimos diez años, gracias al empuje de la movilización popular, de la organización política de la izquierda también, pues ha sido un referente para mucha gente en el mundo, y una excepción a alguna de las lógicas autoritarias, más preocupantes que vive el mundo, a día de hoy. Y que, en parte, la conversación que está teniendo lugar es, precisamente, cómo conjurarse para asegurar otra década más en la que España, siga siendo referente y resistencia, frente a quienes quieren que Europa se arrodille, ante los caprichos de Donald Trump.

Evidentemente, hay muchas cosas en las que nos gustaría hacer más e ir más rápido, especialmente, lo sabe todo el mundo, en vivienda, en pobreza infantil, trabajamos para ello. Es importante reconocer que las cosas que están sucediendo aquí, y que traemos a esta mesa del Consejo de Ministros, cada semana no suceden por casualidad. Suceden por el empuje y la fuerza social de mucha gente, que quiere que este país sea un lugar más justo. Y, por tanto, creo que lo que está sucediendo es una muy buena noticia para asegurar que cuando haya elecciones en el año 27, la izquierda siga estando a la altura, y lo va a estar, estoy convencido y creo que todos los discursos que hemos escuchado, que todas las contribuciones, todos los propósitos van en esa línea, la izquierda va a estar a la altura para asegurar que España, siga siendo una excepción a este mundo autoritario y peligroso, al que desde luego no nos resignamos. Por lo tanto, yo soy muy optimista respecto al futuro de la izquierda en este país.

Portavoz. - Gracias. ¿Ministro?

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Sí, bueno. Esta ley concretamente no va de sanciones. Esta ley va de establecer los criterios objetivos y transparentes, para el reparto de la publicidad, y el derecho de los ciudadanos de conocer esa inversión publicitaria. Otra cosa es que, en toda la regulación general sobre medios, o en la EMFA o en el reglamento europeo, por cierto, creo que hoy un juzgado de Valencia, ha admitido a trámite ya una demanda de aplicación de la EMFA en relación con... creo que la televisión pública de Valencia, de la Comunidad Valenciana, perdón, creo que un juzgado ha admitido hoy, por tanto, ya está en aplicación la EMFA, que es un reglamento europeo. Otra cosa es que de la aplicación entera de la EMFA y de las obligaciones que tienen los medios, se puedan derivar otro tipo de cuestiones, pero no es el punto de esta ley. Esta ley va no de sancionar, sino de garantizar un reparto equitativo, transparente, objetivo, y además que conozcan todos los ciudadanos.

Segunda cuestión. Móstoles. Hoy hemos vuelto a ver un espectáculo lamentable, en el ayuntamiento de Móstoles. Y yo reitero la exigencia del cese inmediato del alcalde de Móstoles. Hemos visto como durante dos años, ha estado tramitando un expediente donde, lo que se ha hecho, ha sido presionar a la denunciante para que no lo hiciera, y amparar al denunciado. Hemos visto, un montón de mentiras y de infamias durante todo este camino y, por lo tanto, como dijo el otro día una importante comunicadora de este país: "Los casos de acoso para el Partido Popular son como los pimientos de Padrón, unos sí y otros no". Pero es que, en esta ocasión, hay documentación, hay denuncias, y hay denuncias en sede judicial y, por lo tanto, es intolerable. Y, por cierto, para conocer e informar, que es importante también, de lo que está pasando, y de cómo funciona el ciclo del bulo en este país. No solamente se ha tratado de amparar al denunciado, sino que ayer varios medios de comunicación publicaron una información, falsa, para decir que este ministro tenía en el cajón, una denuncia por acoso contra un funcionario de Móstoles. Esa información es falsa, y yo espero rectificación, porque como hemos explicado, ese informe que llegó al Ministerio se volvió a mandar a la Comunidad de Madrid a las tres semanas, para decirle que pidieran, que completaran el informe, y ha pasado más de un año en el cajón de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no es como decían algunos medios, "hay una denuncia en el cajón de Óscar López", hay una denuncia en el cajón de Ayuso, que lleva más de un año sin ser tramitada. Y yo espero rectificación, y disculpas por parte de la Comunidad de Madrid, y de todos los que han informado de esa falsedad. En resumen, otra vez ayer vimos lo de siempre, y es que el señor Rodríguez y la señora Ayuso han lanzado un bumerán, y le ha vuelto a la cabeza.

Portavoz. - Bien. Se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado que estuviera clasificado, en relación al 23F. Piensen que no hay un único sitio, por eso todo de lo que tengamos constancia, es lo que se va a desclasificar. Me estoy refiriendo a informes, a transcripción de conversaciones, no sé si habrá alguna imagen. Saben que estamos trabajando ahora para su acceso para el conjunto de la ciudadanía, por supuesto, también para los medios de comunicación. Y déjeme compartir una reflexión. Como sabe, han pasado 45 años, todos los expertos consideran que es tiempo prudente y tiempo suficiente, y compartirán conmigo que el algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos y desinformación, y en lo que se refiere a este importante pasaje de nuestra historia, lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir, que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación, para difundir teorías que no merece nuestra democracia, y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor, y que van cantando el "Cara al Sol" por nuestras calles.

Noelia Gema Hontoria de Andrés (Onda Madrid). -Hola. Gracias, buenas tardes. Al ministro Óscar López, quería seguir con el asunto de Móstoles. ¿Qué le parece que el alcalde se haya comparado...? Lo que le está pasando a él con lo que pasaba en la antigua Alemania. Y sobre otro asunto de la Comunidad de Madrid, me gustaría saber qué está pasando con el Partido Socialista en Alcalá de Henares, tras la renuncia del exalcalde, Javier Rodríguez Palacios. ¿La dirección va a expulsar al secretario de Organización, al que se le acusa de dañar al partido por unas fotos de 2014 con una estríper? ¿Cree que este caso podría perjudicar las opciones del Partido Socialista de cara a las municipales de 2027?

Y al ministro Bustinduy, ayer la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, le envió una carta pidiéndole una reunión para hablar de una deuda acumulada de unos 3.000 millones de euros en dependencia, quería saber si la va a atender. Gracias.

Portavoz. - ¿Pablo, por favor?

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Por supuesto que atenderé a la consejera de la Comunidad de Madrid, como a todas las consejerías en este ámbito en el que además trabajamos de la mano, porque tenemos un objetivo común que es, llevar adelante la reforma del Sistema de la Dependencia y la mejora de la financiación. Ahora bien, es casi irónico, porque no es la primera la Comunidad de Madrid, que lo hace, es irónico que desde el Partido Popular se esgrima la existencia de una deuda en materia de financiación al Sistema de la Dependencia, cuando, los Gobiernos de Mariano Rajoy, recortaron 5.406 millones de euros del Sistema de la Dependencia, dejándolo en una situación agonizante. Cuando el Gobierno de coalición, tomó las riendas del Sistema de la Dependencia, el coste que habían supuesto los recortes para su viabilidad, amenazaba su propia existencia, y hay muy pocos precedentes, muy pocos precedentes, en materia de políticas públicas, y especialmente de políticas sociales, del esfuerzo presupuestario y financiero que se ha hecho, desde el año 2020 en esta materia. Los fondos de la dependencia en la Administración General del Estado, han aumentado más de un 160 %, más de un 160 %, hasta alcanzar un máximo histórico este año, de más de 3.600 millones de euros, a los que hay que añadir, casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos, España ha sido el único país que ha destinado los fondos europeos, precisamente, a la transformación del modelo de cuidados, y mantenemos el compromiso político, compromiso político, que forma parte del acuerdo de coalición, de alcanzar el 50 % de la financiación por parte de la Administración General del Estado. Pero a la señora consejera de la Comunidad de Madrid, lo sabe perfectamente, como todas las demás, el 50 %, es un compromiso político que ha impulsado la izquierda, y ha acordado con el Partido Socialista para esta legislatura. No es una obligación legal calcular una supuesta deuda, contraída a partir de los recortes del mismo Partido Popular, es la manera de reconocer, de esta manera, en este juego de espejos estrambóticos en los que se ha convertido la política española, el trabajo y la credibilidad de este Gobierno para construir un Sistema de la Dependencia, como el que necesita la sociedad española. Por lo tanto, atenderé su solicitud y le contestaré, aparte de recordarle lo que ya sabe, que esto no es una obligación legal, sino que es un compromiso político que estoy impulsando yo, en concreto, y que lo vamos a conseguir, que vamos a llevar la financiación de la dependencia adonde necesita, de la par, con la transformación del modelo de cuidados, que va en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que yo espero que puedan salir por unanimidad. No se entendería lo contrario, no se entendería que nadie lo obstaculizara. Y por tanto, con mucho gusto podré tener esta conversación con la consejera.

Portavoz. - Gracias, Pablo. ¿Ministro?

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - En relación con las declaraciones comparando, el escándalo que estaba ocurriendo en Móstoles, con el Holocausto, una salvajada más, siguiendo el manual de Ayuso. Salvajadas para distraer del fondo, y el fondo es, el que es, que hay denuncia, denuncia incluso en sede judicial, que hubo una denuncia, creo que hubo hasta cinco o seis correos que llegaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tramitó el asunto, y el trámite que hizo fue escuchar al denunciado, y mandar a dos responsables, a decirle a la denunciante, que no denunciara. Por el camino luego hemos escuchado muchas más cosas truculentas, desde el borrado de los correos de denuncia, hasta no sé cuántas cosas más. Infumable, intolerable, ni un día más puede pasar el alcalde de Móstoles.

Y en relación a la segunda cuestión que me pregunta, en relación a asuntos internos del PSOE en Alcalá, por supuesto, que los órganos oportunos del Partido Socialista lo están tramitando, y le vamos a informar con puntualidad.

Portavoz. - Gracias.

Carlos Elordi Cué (País). - Sí. A la portavoz, respecto a la desclasificación. ¿Hay en estos documentos algo revelador que cambie la imagen del papel del rey o su entorno directo en lo que Cercas ha llamado "La placenta del golpe de Estado"? ¿Hay algo revelador? O el Gobierno, si me lo quiere decir así, ¿el Gobierno ha cambiado su visión sobre esta parte de la historia después de ver esos papeles? Y esta desclasificación demuestra que se puede hacer sin cambiar la ley, y por tanto, al margen de que quieran cambiar la ley, lógicamente, pero teniendo en cuenta los años que se lleva intentando y no se ha conseguido, sin esa ley, ¿se plantea el Gobierno, antes de que acabe la legislatura, desclasificar otro montón de asuntos que hay sobre los que investigadores llevan años pidiendo esa desclasificación? ¿Esta será la primera de muchas, o nos vamos a quedar aquí?

Al ministro, sobre el tema de la publicidad institucional, dice usted "no tiene sanciones", pero ¿qué pasa si un medio pasa del 35 %? ¿qué sucede ahí? No sé si hay sanciones, se cierra, se le quita la publicidad, cómo funciona, en fin. Y, sobre todo, que, mirándolo, entiendo que lo habrán mirado, qué consecuencias reales tendría esta ley, ¿estamos hablando de muchos medios que superan ese 35 %?, ¿es una cosa muy pequeñita? o ¿es un problema realmente grave?. Y al ministro Bustinduy, ¿que supondría? ¿qué va a pasar?, si como todo parece indicar, este jueves cae el escudo social, qué pasa con el escudo social, cómo van a intentar recuperarlo y cuántos miles de personas, qué puede pasar con esas miles de personas, desahucios, en fin, un horizonte a partir del jueves, si pasa lo que parece que va a pasar

Portavoz. - ¿Empiezas, ministro?

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Siempre me toca empezar, no me da tiempo a...No, no, con gusto, con gusto. Bueno, el jueves se vota, y a ver qué votan, a ver qué vota cada quién, en este momento.

Claro, porque el PP y la derecha han usado reiteradamente este argumento de los decretos leyes en los que se mezclan varias cosas. ¿Qué se va a votar el jueves? El jueves se va a votar, evitar que las familias vulnerables se queden en la calle sin alternativa habitacional, garantizar los suministros de agua y electricidad, a las familias vulnerables, entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales de 3.000 y 3.800 millones, de euros respectivamente, la autorización a la Comunitat Valenciana para obtener recursos adicionales, para tareas de recuperación de la Dana, exenciones fiscales para colectivos especialmente afectados por catástrofes recientes, como los incendios, o los afectados por la Dana, en 2024. Entonces, ¿a qué renunciamos como sociedad de esta lista?, ¿qué es lo que sobra, ¿qué es lo que está mal? ¿Cuál es el mensaje que se manda?, ¿a quién están defendiendo?

Además, ustedes me perdonarán, pero con lo que estamos conociendo sobre las VPO de Alicante, entonces, lo que está haciendo el Partido Popular es que allí donde gobiernan, las viviendas de protección oficial se las quedan ellos, y sus amiguetes, y a las familias vulnerables, hay que echarlas a la calle, porque las llaman okupas, los okupas son ellos, que se han quedado con las viviendas de protección oficial, que las devuelvan, hombre. No puede ser que con la crisis de vivienda que están viviendo las familias trabajadoras en España, la operación ideológica de la derecha española para consagrar esa alianza con la ultraderecha, sea la criminalización de quienes menos tienen en España. ¿Cuál es la alternativa que les están ofreciendo? Entonces, nosotros vamos a insistir, las veces que haga falta en el mensaje, incidía antes en él, que no vamos a dejar a nadie solo, y que esta lógica política que busca ensañarse con quienes menos tienen, enfrentar unos a otros en función de una supuesta cultura del esfuerzo. Las familias que no pueden pagar el alquiler, no pueden porque no pueden pagar el alquiler, no porque no quieran.

En España el 40 % de los inquilinos está destinando más del 40 % de sus ingresos a pagar las rentas del alquiler. Entonces, ¿qué tipo de mensaje, qué proyecto de sociedad está proyectando la derecha y la extrema derecha, cuando dicen que lo que hay que hacer es a las familias más vulnerables, ensañarse con ellas, echarlas a la calle? Y el jueves, se va a votar también la convalidación del decreto ley, de control de precios para situaciones de emergencia que lleva este Ministerio, y todo el mundo lo ha visto, desgraciadamente, por la reiteración de situaciones catastróficas asociadas a la crisis climática en los últimos años, porque sucedió con la Dana, con los incendios, ahora con las inundaciones en Grazalema, también con el devastador accidente de Adamuz, también con el apagón. Se han visto situaciones en las que toda la ciudadanía ha visto cómo, sin mediar una causa objetiva, los precios por ejemplo, de los transportes alternativos se han multiplicado por cuatro, por cinco o por seis. Y esto pasó con las VTC, con los coches de alquiler, con los aviones, con alojamientos, y la ciudadanía, de izquierdas, de derechas, se vio en una situación de indefensión y pidió al Gobierno que actuara, y creamos este mecanismo para controlar los precios, que hemos puesto en marcha en Grazalema, y otras 13 localidades después de las inundaciones la semana pasada, va a estar en vigor hasta mañana, este control de precios, y mañana podremos hacer un análisis y una evaluación, de la situación, pero nuestra valoración es muy positiva, ha servido para evitar que se vuelvan a producir estas situaciones.

Yo no he escuchado todavía a la derecha, ni a la extrema derecha, de la que no espero nada, por supuesto, posicionarse sobre esta materia. Pero me cuesta creer que vayan a querer, hacerse responsables de que, si en el futuro sucede una situación similar, y la ciudadanía, ve cómo hay operadores económicos que intentan lucrarse a costa de su situación de vulnerabilidad, me cuesta creer que quieran asumir la responsabilidad de que haya sido por su culpa. Entonces, yo espero que, tanto en un tema como en el otro, la derecha española recapacite, y pues se ponga del lado del interés general, que se ponga del lado del interés general.

Último mensaje, quisiera agradecer, especialmente a los hoteleros y a los responsables de alojamientos en Grazalema, y en las otras 13 localidades donde esta limitación de precios, ha estado en vigor, su absoluta colaboración y la solidaridad, con la que han ido a ayudar a sus vecinos y vecinas. Y aclarar, por alguna manifestación que se hizo en la última semana, que esta medida no iba destinada a corregir las conductas de estos establecimientos, que han estado arrimando el hombro para ayudar a sus vecinos, sino de las plataformas digitales, que lo que hacen es aprovechar, por medio de algoritmos opacos, y en situaciones de necesidad o vulnerabilidad, como las que se dan, en emergencias como esta, lo que hacen es disparar los precios, sin que haya nadie para dar explicaciones, ni para explicar los parámetros que aplican. El objetivo, no eran los responsables de los alojamientos, sino las plataformas, y eso es lo que hemos conseguido evitar, en esta semana, así que yo espero, que salga adelante esta votación y que la derecha recapacite y, no eche a la calle a las familias vulnerables en España.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Bueno, esta es una pregunta lógica, ¿por qué el 35 % y a quién afecta? ¿Por qué el 35 %?

Bueno, en primer lugar, hemos analizado los informes de la Unesco, Reuters y WAN IFRA sobre el porcentaje de financiación pública a los medios de comunicación, con lo cual, la cifra surge de ver, distintos informes internacionales que hablan sobre esta cuestión. Segundo, es una cifra que se ha consensuado bastante con el sector, se ha hablado bastante con el sector para la elaboración de esta ley. ¿A quién afecta concretamente ahora mismo? No lo podemos saber, porque precisamente falta transparencia para saber hasta dónde llega. Ahora bien, además de los informes internacionales, además de haber hablado con el sector, hay una tercera razón, que se llama sentido común, y ustedes entenderán que un tercio, algo más de un tercio, ya está bien. No sé yo si un medio que tiene más de la mitad de financiación de una administración pública, qué nivel de independencia puede tener, parece de sentido común. Pero, además de sentido común, insisto, es algo que se ha hablado con el sector y, dos, que está en todos los informes internacionales que hablan de estas cifras, por lo tanto, creo que es una cifra establecida con bastante criterio. Dos, no se trata de sancionar, insisto, no va de sanciones, va de establecer las condiciones para acceder a las campañas de publicidad del sector público, donde obviamente hay que tener una serie de requisitos. Ustedes lo entenderán, no cualquiera puede acceder a una campaña de información del sector público, por tanto, hay que tener una serie de requisitos. Uno de ellos, que no supere el 75 %, cuando tengamos los mecanismos y tengamos la transparencia, no es que se ponga una sanción, es que sencillamente, imagínense, voy a dar un ejemplo, como siempre para que se entienda. Imagínense que existe un digital que el 60 % de sus ingresos vienen de una comunidad autónoma, pues, obviamente, no es que vaya a tener una sanción, es que no puede acceder a la publicidad institucional de la Administración General del Estado, quedará excluido de las campañas de publicidad, automáticamente, porque ya tiene el 60 % de sus ingresos garantizados, por encima de lo que establecerá la ley, por tanto, quedará excluida de esas campañas de información. No se trata de sanciones, insisto, se trata de las condiciones para acceder a la publicidad institucional.

Y cuando me hablan de sanciones, le puedo dar un ejemplo concreto, de sanciones que podrían derivarse de, que me preguntaba otra compañera antes. Imagínense, que una comunidad autónoma, una vez que se apruebe la ley, se niega a publicar con transparencia su publicidad institucional, en ese caso, sería la propia Comisión Europea, la que iniciaría un expediente contra España por incumplir un reglamento europeo, insisto y subrayo, europeo, europeo, votado además en el Parlamento Europeo, por todos, que establece lo que establece, y que es que las Administraciones públicas tienen la obligación de ser transparentes, y de contar a los ciudadanos dónde va su dinero, dónde van sus impuestos, y, por lo tanto, si alguna administración incumpliera no solo esta ley, sino el reglamento europeo, habría un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España, que automáticamente repercutiría al incumplidor, que es la comunidad autónoma que lo haga. Por lo tanto, claro que hay obligaciones, y claro que habría sanciones de incumplimiento, pero no por la ley española, por el propio reglamento europeo.

Portavoz. - ¿Ya está?

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Sí.

¿Te parece poco?

Portavoz. - No, no, no, no.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Ah, bueno.

Portavoz. - Me ha parecido que querías rematar.

Bueno, la desclasificación es formal. Efectivamente, saben que ahora estamos trabajando para que, en pocas horas puedan, tener acceso a toda la información el conjunto de la ciudadanía, por supuesto, también, los medios de comunicación, así que pido paciencia, porque van a poder ustedes, ver hoy mismo, toda la información. Lo que estaba viviendo España era una anomalía democrática. Si miramos países de nuestro entorno, vemos como Alemania, por ejemplo, Italia, en 2016, ya descalificó 13.000 páginas, que narraban crímenes de tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, o Grecia lo hizo en 2024, en relación al golpe de Estado de Chipre en el 74, por eso este gobierno hace dos cosas muy claras. Primero, corrobora el compromiso firme, con la memoria democrática de nuestro país. Y, en segundo lugar, este gobierno ha llegado hasta dónde podía llegar, ha impulsado una ley de información clasificada, cumpliendo con su trabajo, en aras de la transparencia y ese compromiso, con la transparencia, y lo importante que es en democracia. Así que, viendo la acogida que ha tenido esta noticia, yo confío, y apelo a los grupos políticos, para que esa Ley de Información Desclasificada, sea una realidad, para lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sino que sea la norma.

Carlos Elordi Cué (País). - Pero ¿en caso de que no?

Portavoz. - Bueno, yo creo que vamos a... Insisto, es importante ese impulso, esa tarea que ha hecho el Gobierno de impulsar una ley tan importante, es el único gobierno que lo ha hecho, y, a partir de ahí, vamos a buscar los consensos para que esta importantísima ley en nuestro país, pueda ver la luz.

Ana Fernández Vila (Cadena SER). - ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería insistir, aunque entiendo que no nos puedan dar muchos detalles, pero saber si creen que en los documentos de mañana puede, relevarse algo comprometido respecto al papel que jugó el rey, en este episodio, en el 23F. Luego, también..., preguntarle por las negociaciones que están... que han retomado el PP y Vox en Extremadura. Quería saber qué le parece que Génova haya tomado el control de las negociaciones, qué lectura hacen, qué les parece ese documento en el que el PP asume algunos de... vuelve a asumir algunos de los postulados de Vox, por ejemplo, en relación al clima o a migración, y saber también, si creen que el hecho de... el líder de Vox ya haya rechazado este documento, si creen que esto acerca a una repetición electoral en Extremadura.

Y, luego, por otro lado, al ministro Bustinduy, me gustaría preguntarle, qué le parece que... la Audiencia de... se haya ordenado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra, a pesar de que el criterio del juez instructor era no abrir juicio. Y, luego, una última solo. En respecto a los decretos del jueves, que usted mencionaba ya el de topar precios, quería saber, cómo están ahora mismo los apoyos de esos decretos, si creen que van a salir adelante, sobre todo, en el del caso del escudo social, si ha habido algún avance con Junts, y si tienen los apoyos garantizados, por ejemplo, para este que hablaba de topar precios. Gracias.

Portavoz. - Si no te importa...

Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - No, no, ya estaba preparado. Bueno, pues empiezo... Empiezo con toda la seriedad también desde esta mesa para enviar todo mi apoyo cerrado a Mónica Oltra, una década de ensañamiento y de persecución, por haber servido el interés de la gente trabajadora, y de la gente común, en la Comunidad Valenciana, es una persecución insoportable, insoportable, así que una vez más enviarle todo el apoyo. Desgraciadamente, no es el único caso. La izquierda en este país, ha sufrido una persecución constante, permanente, que se lo digan a Ada Colau, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Vicky Rosell, a Mónica Oltra, una vez más, ni una condena. Una década trabajando desde el ayuntamiento más pequeño hasta el gobierno del Estado, ni una condena. Las manos limpias, la cabeza bien alta. La diferencia entre Mónica Oltra y quienes la persiguen, es que ella se irá a su casa, con la cabeza bien alta, y quienes la están persiguiendo quedarán relegados a la infamia.

Y, sobre los decretos, pues ya lo he dicho, yo confío en que puedan salir adelante, en que prime el interés general, y para eso vamos a trabajar hasta el último minuto. Y si alguien vota en contra, tendrá que explicar por qué, y quedará claro cuál es su proyecto, para el país, que es lo mismo de siempre, arrodillados y genuflexos ante los poderosos, y ensañándose con los débiles. Desde luego, nosotros no vamos a tirar la toalla, y no vamos a dejar a nadie solo.

Portavoz. - Bien, en relación a la desclasificación, mire yo no los he visto los documentos, yo, he puesto el acento en alguna pregunta que he contestado a sus compañeros, en lo importante de evitar manipulaciones y conspiraciones, que algunos usan para escribir alguna realidad paralela, yo creo que eso es muy importante, y le voy a mencionar, he hecho antes una referencia a lo que hizo Grecia, en relación al golpe de Estado de Chipre, y, mire, es una filosofía que España comparte, y le voy a decir una frase que en ese momento Grecia expuso: "Mirar atrás con rigor, constituye un ejercicio de autoconciencia nacional". Con esa filosofía es con la que está actuando también el Gobierno de España.

Y, en relación a los acuerdos del Partido Popular con Vox, yo creo que es la rendición del Partido Popular ante Vox. El Partido Popular ha pasado de blanquear a la ultraderecha, a ser la ultraderecha. Y, fíjese, por comentar algunos de los aspectos, me ha preguntado por el contenido del acuerdo, fíjese en lo que se refiere a la defensa de la meritocracia, y a la cultura del esfuerzo. Mire, el año 2026 va a concluir con un dato aterrador, escalofriante, y es que vamos a terminar el año con más universidades privadas que públicas, fundamentalmente, porque es el modelo que propugna la señora Ayuso en Madrid, y del que se sienten orgullosos, por ejemplo, el líder del PP en Aragón, Azcón, o Moreno Bonilla, en Andalucía. Es dramático cómo las familias se asfixian, para que sus hijos vayan a estudiar a centros privados, porque el Partido Popular se está cargando el ascensor social, que supone la educación pública, así que, insisto, es una absoluta claudicación del Partido Popular a Vox, y ahora cualquier retroceso en derechos, cualquier recorte, que quieran llevar allí donde pretendan gobernar, va a llevar la firma del señor Feijóo.

Amaya Inés García Alegría Gracias (Canal SUR TV). - Yo quería preguntarle por la información que hemos conocido de que la Guardia Civil envió un oficio al Juzgado de Montoro, porque, es el que dirige la investigación del accidente de Adamuz, criticando que se retirara por parte de Adif materiales de soldaduras, que no hubo ni aviso, ni solicitud formal, que se realizaron en base a pruebas antes de que terminara la inspección judicial. De hecho, la jueza ya ha exigido a Adif que se abstenga de realizar cualquier extracción, o traslado en un futuro, le ha lanzado una reprimenda. La Junta de Andalucía, ha exigido transparencia al respecto, que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, y que espera que esto no se repita. Y yo no sé si también apoyan, qué tienen que decir al respecto y se apoyan a Óscar Puente, que ha destacado que Adif lo que hizo fue recuperar los restos y preservarlos, porque no estaban precintados, y ha acusado a la "fachobuloesfera" de intoxicar. No sé si respaldan esas palabras y si también creen que se haya podido romper la cadena de custodia, si esto puede tener algún efecto en la investigación, y de esta reprimenda de la jueza.

Y también les quería preguntar por el tema del 23F. Les están acusando desde la oposición de que hay una intencionalidad política, porque ni ustedes mismos, aseguran que no hay un terremoto histórico, que no son datos que no se conozcan ya. No sé qué valoración o qué opinión piensan de esto. Dicen que es una cortina de humo del Gobierno para tapar la incompetencia con Adamuz, por ejemplo, o los temas de posible corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Muchas gracias.

Portavoz. - Bueno, en primer lugar, me va a permitir que me remita a la rueda de prensa que el propio secretario de Estado de Transportes, Santano, comenzaba a las doce, no sé si todavía está desarrollándola o ya habrá concluido, pero, bueno, les aseguro que todo en orden, y absoluto respaldo al ministro Puente y, por supuesto, desde luego, no voy a dejar de trasladar, como siempre, mi solidaridad y mi absoluta empatía, con las víctimas del accidente ferroviario, todo el apoyo por parte del Gobierno de España.

En segundo lugar, yo creo que es importante, que, como siempre, en este tipo de cuestiones, cuando estamos hablando de transparencia, de hacer a nuestro país que corrija una anomalía democrática, hay quienes automáticamente, se colocan en frente e intentan, no solamente no posicionarse, si no, bueno, pues, fíjese, conocer un acuerdo del Partido Popular y Vox, que básicamente lo que hacen es intentar, en todos los aspectos que van ustedes detallando, desde defensa de lo público, hasta el discurso migratorio, el trasladar y hacer retroceder a nuestro país 20, 30 o 40 años. Así que son dos modelos, el modelo de gobierno de coalición progresista, que trabaja por la transparencia, por la calidad democrática, y por poner en el centro a los ciudadanos, o, en este caso, el Partido Popular y Vox, que lo que abogan es por una España en blanco y negro.

Muy bien.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)