Comparecencia de la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana; la ministra de Sanidad y la ministra de Igualdad

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Bueno, pues si les parece, iniciamos esta rueda de prensa agradeciéndoles un martes más su presencia en esta sala. Evidentemente, hoy, las primeras palabras de esta rueda de prensa tienen que ser también recordando la importante jornada que ayer se vivió en Egipto, un día y una jornada que, desde luego, abre un horizonte de esperanza en Gaza y que, además, tiene que llevarnos a consolidar esa paz justa y duradera en Oriente Medio. Además, ustedes conocen que, desde el primer momento, nuestro país, España, ha jugado un papel clave y también valiente en este proceso, en el que saben que España abrió camino, siendo de los primeros países que reclamó ese reconocimiento de los dos Estados. Por eso, ahora es importante, tras la liberación de los rehenes, tras el acceso de la ayuda humanitaria, seguir avanzando en ese camino fundamental para consolidar la paz, trabajar en la reconstrucción de Gaza y, como les decía, avanzar en esa solución del reconocimiento de los dos Estados.

Y respecto a los temas que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, hoy me atrevería a decir que hemos dado también un paso muy importante, casi lo calificaría como una jornada histórica, en la defensa de los derechos de las mujeres. Hoy iniciamos el proceso que permitirá blindar el derecho al aborto en nuestra Constitución, tal y como ya ha sucedido en otros países, concretamente, en el caso de Francia. Un derecho que quedará blindado en nuestra carta magna frente a los ataques de la derecha y la ultraderecha que puedan seguir ejerciendo frente o ante los derechos de las mujeres en este país.

Para darles cuenta de este asunto, que es fundamental para este Gobierno progresista, me acompañan tanto la ministra de Igualdad como también la ministra de Sanidad, que, en este caso, será la ministra García la que les explicará a ustedes las actuaciones que el Gobierno va a llevar a cabo para garantizar que se cumpla la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en lo concerniente, en este caso, al registro de médicos objetores de conciencia y el requerimiento que se va a realizar a la Comunidad de Madrid para que cumpla esta ley.

Además, también me acompaña la ministra de Vivienda para informarles de una nueva iniciativa, en este caso, orientada a poner todo el patrimonio del Estado al servicio del derecho a la vivienda, en este caso, se traspasan, lo explicará, por supuesto, ella mucho mejor y con más detalle, se traspasarán al SEPES terreno e infraestructuras, en este caso procedentes del Ministerio del Interior. Concretamente, estamos hablando de ocho instalaciones, que están repartidas prácticamente por lo ancho y largo de nuestro país, desde Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos, que corresponde, como digo, a suelos penitenciarios y que ahora pasarán a albergar en total algo más de 1.300, concretamente, 1.332 viviendas protegidas y asequibles. Un paso más que les explicará la ministra Rodríguez, que va dirigido a ese objetivo con el que llevamos trabajando este Gobierno durante esta legislatura, que es consolidar el derecho de la vivienda como ese quinto pilar del estado del bienestar.

Bien, pues estos son los temas que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, y, si les parece, le daré la palabra a la ministra de Igualdad. Así que, ministra.

Ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Muchísimas gracias, ministra portavoz. Pues sí, como bien decías, es un día importante. Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez, las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida y creo que por eso merece la pena dar este paso, hacer esta propuesta, que, lógicamente, tendrá que ser informada por el Consejo de Estado y tendrá que plantearse en las Cortes Generales, pero creo que es una iniciativa importante. Una iniciativa, sobre todo en este momento histórico, en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retrogradación de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de esos derechos, que el presidente del Gobierno dijo que no íbamos a tolerar y, por lo tanto, consideramos que hay que tomar todas las medidas, todas las medidas, para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro.

En ese sentido, presentamos esta propuesta de modificación constitucional y, si me van a permitir, me gustaría responder a cuatro preguntas, que es a lo que pretende responder esta propuesta. La primera es el qué: qué estamos proponiendo, cuál es la razón jurídica y constitucional. Proponemos el siguiente texto: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, el ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Este texto se incorpora en el artículo 43.4. Se genera, por lo tanto, un nuevo párrafo en ese artículo 43 de la Constitución.

¿Por qué lo hacemos así? Evidentemente, estamos reconociendo una garantía prestacional. Estamos garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario público, dentro del sistema de salud y, en ese sentido, creo que es donde tiene su cabida, en ese título primero de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales, y en ese capítulo tercero, que hace referencia a los principios rectores de las políticas social y económica. Es un principio, por lo tanto, interpretativo, reconoce la garantía y la prestación del derecho, y aúna toda la interpretación que sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya ha hecho el Tribunal Constitucional. Esto me parece fundamental porque el Tribunal Constitucional, precisamente, en la sentencia 44/2023 reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, conectado con el artículo 10, la dignidad de la persona, el derecho a su desarrollo efectivo, a su proyecto de vida, también lo conecta con el artículo 15, con la integridad física y moral. Lo conecta con el 139, y esta es otra clave fundamental, el 139/1 lo que se conoce es la igualdad de derechos de las mujeres, en este caso, a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, en todo el país. Y, por último, también en conexión con el artículo 9/2, que obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impiden esa igualdad efectiva y real. Por lo tanto, el derecho ya reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ley 2023, que es la actualmente vigente, que también reconoce el derecho, ahora se refuerza, se blinda, se garantiza de una manera más rotunda, más potente, con este escudo constitucional.

La segunda pregunta a la que responde la propuesta es ¿Cómo?, cuál es la razón procedimental, el cómo es evidente, a través del artículo 167 de la Constitución, que es la forma ordinaria, es la reforma utilizada para todas las reformas que se han producido con anterioridad. Como ustedes saben, hay dos tipos de reforma, la agravada, el 168, la reforma puntual, parcial del 167. Consideramos que esta es, precisamente, puesto que está la modificación incorporada al artículo 43.4, la vía, la fórmula de reforma, como sabéis, como saben ustedes, no es una reforma sencilla, es una reforma agravada que requiere mayorías cualificadas, en concreto de las 3/5 partes del Congreso, de las 3/5 partes del Senado. Si no hubiera acuerdo, iríamos a una comisión paritaria, Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto, ese texto tendría que también someterse a las mayorías de las Cámaras. Bastaría con 2/3 en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado e incluso más allá, si lo solicitara una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado, 35-26, dependiendo en el Senado del número de, en este caso, yo creo que 26, podrían solicitar el referéndum de ratificación. En todo caso, creo que es un procedimiento complejo que iniciamos y eso es lo importante. Se inicia el debate, se inicia el reconocimiento, se inicia la voluntad y, luego, lógicamente, el Consejo de Estado tendrá que, técnicamente, concretar y aclarar y, por supuesto, serán las Cortes Generales, con esas mayorías cualificadas, las que finalmente hagan el trabajo de incorporar un derecho que ya está reconocido, un derecho que está incorporado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La tercera pregunta que respondemos con esta propuesta es ¿Por qué?, ¿por qué ahora?, ¿cuál es la razón política? Bueno, creo que hay dos razones políticas fundamentales. La primera es esta ola reaccionaria que estamos sufriendo, a nivel nacional y a nivel internacional. Una ola que pretende devolver a las mujeres, porque somos el sujeto y el objeto de todos los recortes de derechos, que nos pretende devolver a situaciones pasadas, a momentos que ya hemos superado, donde la mujer tenía que ejercer determinados roles, determinados roles y determinados perjuicios que se incorporaban, como digo, a una tradición patriarcal y a una tradición machista. Con esa ola reaccionaria estamos lidiando y frente a esa ola reaccionaria necesitamos blindar los derechos de las mujeres. Como digo, a nivel nacional es muy claro. Los gobiernos del Partido Popular con Vox, desde el inicio, hicieron el campo de batalla en los derechos de las mujeres. Por recordar a García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en ese primer gobierno PP-Vox en mi tierra, en Castilla y León, ya proponía que se obligara a las mujeres a escuchar el latido fetal. Últimamente, el alcalde Almeida hablaba de ese síndrome posaborto, absolutamente falso, un bulo que no se justifica ni está fundamentado en ninguna razón de peso, razón técnica ni razón científica. Y, más últimamente, más recientemente, la propia Ayuso, la propia presidenta de la comunidad, hablaba de desobedecer directamente la ley no asumiendo la obligación legal del registro de objetores de conciencia.

Esta es la ola reaccionaria que viene. Los derechos de las mujeres están en el foco de la ola reaccionaria, son el objeto directo de los recortes y por eso es importante avanzar. Pero, como digo, no solamente esta ola reaccionaria la sufrimos en España, es una ola reaccionaria que viene a nivel global desde EE. UU. Y que obligó también o llevó al primer ministro francés a proponer la reforma de la Constitución francesa e incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en marzo de 2024. Fue precisamente una sentencia del Tribunal Supremo americano la que generó todo el debate e hizo la concreción en la Constitución francesa. Pero, como digo, también, por ejemplo, el Parlamento Europeo recientemente ha establecido una resolución para incorporar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la cartera de derechos de la Unión Europea, aunque no tiene eficacia jurídica en este momento, pero sí que se está trabajando en esa dirección y esta misma semana acudiremos también a Bruselas con esa misma línea argumental y de trabajo de incorporar a los derechos de la Unión Europea, a la carta de derechos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por lo tanto, la ola reaccionaria es uno de los motivos. Y el segundo motivo es la jibarización de la sanidad pública. Creo que todos somos conscientes de que, en determinadas comunidades autónomas, gobernadas fundamentalmente por el Partido Popular, se está produciendo una reducción, una rebaja de la calidad del servicio público de salud y se está apostando claramente por una privatización y por una externalización de servicios que, en este caso, afectan específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo y a las mujeres. Queremos garantizar, dentro de la cartera pública de servicios, la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, hacer que este derecho prestacional se preste en la sanidad pública. Esas son las razones políticas, básicamente.

Y, por último, el para quién hacemos esta propuesta de reforma constitucional. Evidentemente, la razón social son las mujeres de este país, es el movimiento feminista que, desde hace más de 40 años, lleva buscando, persiguiendo el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que hay que ser conscientes de esa lucha, acompañamos a las mujeres en esa reivindicación histórica, creo que, además, es el momento, son 50 años de España en libertad los que estamos celebrando en este año. Son 40 años de la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo, que era una ley de despenalización, recuerdan ustedes, del 85, una ley de despenalización entre supuestos a la que luego siguió la ley 1/2010, precisamente de plazos, establecía la libertad dentro de las 14 primeras semanas; y la siguiente fue la ley modificativa de la ley 2010 de 2023, que amplía el derecho y lo reconoce con mayor profusión.

Bien, en todo este camino legislativo, desde el 85, las mujeres, el movimiento feminista, las mujeres de este país han luchado por la libertad, por la libertad sobre su propio cuerpo, por la dignidad sobre su proyecto vital y por esa integridad física y moral que ahora pretendemos reconocer constitucionalmente. Por lo tanto, las reconocemos en la lucha, las acompañamos y blindamos ese derecho de futuro. Y es muy importante blindarlo en la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos viendo que mayorías absolutas en Madrid, en la comunidad, son capaces de revertir los derechos, de limitar los derechos de las mujeres, es el foco, precisamente, de los recortes y de la limitación de derechos. Y precisamente por eso, para que mayorías que pueden ser absolutas en determinadas partes del territorio no restrinjan, no vulneren, no recorten los derechos de las mujeres, nos ha parecido imprescindible este blindaje, este escudo protector que la Constitución ofrece y esperemos que finalmente vea reconocido en ese 43/4 como un derecho conectado directamente a la dignidad, directamente a la integridad física y moral de las mujeres y que, como digo, vea la luz después de un procedimiento que será complejo, por supuesto, y que ahora entra en fase de informe del Consejo de Estado. Esto es todo por mi parte. Gracias.

Portavoz. - Bien, pues muchas gracias. Ministra

Ministra de Sanidad, Mónica García. - Pues muchas gracias, ministra portavoz. Efectivamente, hoy, en el Consejo de Ministros y Ministras hemos abordado el seguimiento de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, y, en concreto, la obligación que tienen todas las comunidades autónomas de cumplir con ese registro de objetores de conciencia.

He informado en el Consejo de Ministros el camino de las acciones legales mediante el requerimiento formal que vamos a realizarle a la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho una negación explícita del cumplimiento de la ley, pero también a otras comunidades que no tienen este registro de objetores, como son Baleares y Aragón, por incumplir esta obligación prevista en la Ley Orgánica 1/2023. La semana pasada lo dije y esta semana también lo digo muy claro, la ley se cumple. Punto. Parece, a tenor de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que está mandando abortar a las mujeres a otro lugar, que hizo caso omiso de estas declaraciones que hicimos desde el Gobierno, y le diré una cosa también a la señora Ayuso: las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos y vamos ejercer nuestros derechos libremente, aquí y ahora.

Como saben, el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con los derechos y el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto. El Ministerio de Sanidad ha ido cumpliendo escrupulosamente todos los pasos dentro de la legalidad para que este cumplimiento de la ley se haga efectivo.

Y voy a recordar brevemente cómo hemos llegado hasta aquí. El 16 de diciembre del 2024, el pleno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas presentes, incluida, cómo no, la Comunidad de Madrid, aprobó el protocolo de registro de objetores de conciencia que desarrolla lo previsto en la ley. Un protocolo de registro de objetores de conciencia que era al que se agarraban las comunidades del Partido Popular para no cumplir la ley. El acta de esta reunión fue aprobada y firmada el 4 de abril del 2025. Y desde entonces hemos seguido haciendo un seguimiento exhaustivo de la implantación a través de la alta inspección del Sistema Nacional de Salud.

La inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación o se encuentra en trámite en la fase de trámite, salvo tres comunidades que son Madrid, Baleares y Aragón. Son tres comunidades que no han hecho nada, pero solo la Comunidad de Madrid ha sido la que ha sido explícita en su incumplimiento de la ley, por eso hoy activamos este procedimiento legal para hacer cumplir la ley. La Comunidad de Madrid, al igual que las otras dos comunidades, tienen un mes para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley. Este procedimiento está previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Si después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso-administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley.

La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres y ni una ni otra. Le recomiendo la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres, y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas. Y también al señor Feijóo recordarle que es el Tribunal Constitucional el que tiene jurisprudencia, que habla que la objeción de conciencia es un procedimiento activo e individual y que saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia.

Dicho esto, también hay que recordar que la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades, sí que cumple la ley en el registro de objetores de conciencia en la materia de eutanasia, en la ley de eutanasia, luego es un procedimiento normal dentro de nuestro sistema jurídico y dentro de nuestro sistema sanitario, un procedimiento normal que la señora Ayuso se quiere saltar.

Y, para terminar, solamente, como ya ha dicho la ministra de Igualdad, bueno, para mí, para nosotros es un orgullo estar hoy aquí, en este Consejo de Ministros, en un momento que, como ya ha dicho, es un momento histórico, el blindar en el mayor rango constitucional el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una victoria de las mujeres, es una victoria peleada y luchada desde hace muchísimos años y que queremos blindar y que vamos a blindar en la Constitución, es la primera vez que las mujeres aparecemos como sujeto de derecho en un texto constitucional, así que creo que hoy es un día para felicitarnos todos y todas. Muchas gracias.

Portavoz. - Gracias, ministra. Pues, ministra Rodríguez, cierras la rueda.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes. De manera casi telegráfica, pero apoyada también con el mapa donde se va a visualizar cada paso que vamos dando en las políticas públicas de vivienda y, en este caso, en nuestro compromiso con poner todos los recursos del Estado a disposición del derecho de la vivienda, para garantizar el derecho de la vivienda.

Nuestro objetivo, como saben ustedes, es tener cuanto antes el parque público de vivienda que garantice ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través del instrumento que también hemos puesto en marcha en esta legislatura, que es la nueva empresa o entidad estatal de vivienda, que aún mantiene su denominación como SEPES, pero por poco tiempo, también ahí estamos avanzando rápido. Y, en definitiva, con un sistema público de vivienda garantizamos el derecho y, por tanto, que el derecho nos proteja y nos asegure a todos un techo independientemente de cuál sea nuestra situación personal, económica, de cuál sea nuestro origen o cuántos sean los tropiezos que nos encontremos a lo largo de nuestra vida. Estará garantizado el derecho porque contaremos con un sistema público de vivienda, como hoy contamos con un sistema educativo o con un sistema sanitario.

Hoy hemos aprobado, decía, un nuevo paso más, que es la incorporación de estas ocho infraestructuras, que antes lo eran del Ministerio del Interior, eran terrenos penitenciarios, y ahora forman parte ya del patrimonio de la entidad estatal de vivienda.

Esta no es la primera incorporación. Recordarán ustedes que la primera, tras la transformación de la empresa, tuvo que ver con la transformación de antiguos terrenos militares en terrenos para vivienda, hemos incorporado 17 nuevos cuarteles a esta política de vivienda y, por tanto, donde antes había instalaciones de la Defensa, hoy hay proyectos de vivienda, en julio, el paquete más importante, que también comparecí ante ustedes para traerlo, fue la adscripción de las viviendas del antiguo banco malo, de la Sareb, 40.000 viviendas y 2.400 suelos para más de 55.000 viviendas.

Y este tercer paquete que hoy traemos, que tiene que ver con estos recursos de Instituciones Penitenciarias, pasando de lugares que fueron celda a lugares que serán hogares, creo que es una manera muy visual de comprender también la importancia que le damos a este acuerdo. Para hacer posible todo ese trabajo he traído también, he llevado también un acuerdo al Consejo de Ministros que tiene que ver con la tercera adenda al convenio del ministerio con SEPES para que pueda hacer todo este trabajo y ampliar las funciones que venía desarrollando cuando solo urbanizábamos suelo.

Se ha referido la ministra portavoz al número de viviendas, lo podemos traducir en número de familias, unidades de convivencia que podrán estar en estas viviendas, 1.332 familias en cinco comunidades distintas, el valor de estos terrenos son 78 millones de euros, que lo hacemos con esa pasarela que ya les comentaba en el caso de las Sareb, sin asumir ese pago por parte del ministerio, sino asumiendo que ese patrimonio se lo entregamos a la gente en forma de vida, en forma de vivienda.

Y, además, se tratan, por ser este tipo de recursos fundamentalmente centros penitenciarios, a excepción de uno de ellos, o terrenos donde hubo centros penitenciarios, se trata de algunos de ellos con carácter muy emblemático que ahora me referiré a ellos, pues que tienen también un carácter emocional para nuestro país y que queremos resignificar porque en otros momentos de nuestra historia también en ellos se produjeron situaciones de represión, de privación de libertades y de derechos, que es necesario traer a nuestro recuerdo y resignificar.

Todas estas actuaciones, además, que ahora ya ven en el mapa, quiero poner también la atención en que están en centros urbanos y, por tanto, con este desarrollo, el Ministerio de Política, perdón, el Ministerio de Vivienda avanza también en nuestra política de consolidar la convivencia en los barrios, de que las viviendas no están aisladas, sino son espacios que después generan convivencia en la sociedad y defender el barrio, defender la ciudad, es una manera también de defender la democracia y de defender la convivencia. Por eso, todos esos trabajos, estos desarrollos, además de trabajarlos con las administraciones competentes, los trabajamos con los vecinos, con los barrios, para que, efectivamente, lo sientan como propio.

En estos desarrollos, también tienen un papel muy importante otras Administraciones públicas, esta misma mañana me he dirigido a todos los Ayuntamientos donde están enclavados estas instalaciones para agilizar lo antes posible toda la tramitación urbanística y de desarrollo para que, cuanto antes, estos terrenos, estas instalaciones puedan ser una vivienda. Tienen ustedes ahí también el conjunto de estas instalaciones, con las viviendas que caben en cada una de ellas. Y, como digo, muy importante también esa colaboración de todas las administraciones para tener una actuación inmediata en cada uno de ellos.

Me detengo quizás en el más emblemático por lo que tiene que ver con la memoria democrática de nuestro país y también porque es en el que van a poder ocupar mayor número de viviendas, es la cárcel de Carabanchel, que podrá albergar hasta 240 viviendas, son más de 5.500 m., perdón, me he ido a la de Sevilla, Carabanchel, 508 viviendas, 27.000 m² en un lugar también muy importante para el Ministerio de Vivienda porque es la continuidad de lo que ya estábamos trabajando del nuevo barrio de Campamento es, como saben, un emplazamiento que está en la Avenida de los Poblados, y, por tanto, para nosotros es completar o ampliar el proyecto del nuevo barrio Campamento. Son 27.000 m², como les decía, que hasta el año 1998 ocupó la prisión provisional. En ella se acogieron, los más mayores del lugar recordarán y los que no, lo hemos estudiado, procesos muy importantes como el 1001, donde, decía, yo creo que es un momento también de memoria y por eso vamos a trabajar con el Ministerio de Memoria Democrática, que, en este desarrollo y en estas viviendas podamos también conservar nuestra memoria democrática, la lucha por las libertades y quienes pelearon por ella, y, por tanto, trabajaremos y acompañaremos a la consolidación de estas viviendas y de este barrio, un lugar de memoria conforme a la Ley de Memoria Democrática en nuestro país.

El resto de instalaciones, pues también la de Sevilla que antes mencionaba, es la segunda en mayor número de viviendas, son 5500 m². En este caso, todavía hay edificación, como ustedes pueden ver en la fotografía, y, por tanto, nos llevará también ese tiempo de demolición. En el caso de la antigua cárcel de Córdoba, es una parte importante también de viviendas, 174 viviendas, pero, en este caso, ya no tendríamos que demoler porque nos encontramos con los terrenos y, por tanto, eso agiliza el tiempo en que veamos convertidas estas instalaciones en vivienda.

Para nosotros es un acuerdo importante, como les decía al principio, un paso más en la consolidación de ese parque público de vivienda, que siempre me gusta decir, no solamente es público, sino que estamos dignificando en base a unos estándares de calidad como pueda tener cualquier vivienda privada en nuestro país y también, aunque en el índice verde, pero comparto con ustedes por la importancia que concedemos el ministerio a la arquitectura española, que, en este caso, hemos desarrollado la Ley de Arquitectura, que fue también una ley importante aprobada la pasada legislatura, trayendo al Consejo de Ministros la composición y el funcionamiento del Consejo de Calidad de la Arquitectura, que estaba regulado en dicha ley. En definitiva, todos los recursos del Gobierno de España a disposición de nuestra prioridad, que son las políticas públicas de vivienda y garantizar el derecho.

Portavoz. - Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Y si os parece, empezamos con la ronda de preguntas.

Alba Galán Collado (TVE). - Si, quería preguntarle por este tema en relación al aborto en la Constitución. Necesitan al Partido Popular para poder hacer este plan en la Constitución. Quería saber cómo van a intentar lograrlo porque ya han dicho que no está dispuestos, no habrá negociación con ellos. He visto muchas críticas desde aquí al Partido Popular y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y no parece que haya muchos puentes para ello.

Ministra de Igualdad. - Pues muchísimas gracias, Alba. Iniciamos ahora la tramitación. Creo que la buena noticia es, precisamente, que damos un paso, que damos un paso para esa victoria de las mujeres, para ese reconocimiento de sus derechos, para ese blindaje constitucional, frente a la ola reaccionaria que realmente pretende recortarlos y lo estamos viendo. Creo que, en el Partido Popular, ahora mismo hay dos almas, un alma que probablemente se una a esa mayoría necesaria para la reforma de la Constitución y otra alma que está yo creo, que en una deriva hacia la ultraderecha muy peligrosa. Yo apelo al Partido Popular de Estado, al Partido Popular que ha gobernado este país y que sabe de la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres. No vamos a dar un paso atrás. Las mujeres ya hemos hecho ese camino y ese recorrido que tanto ha costado y en este momento creo que nos merecemos, nos merecemos, como sociedad y como mujeres luchadoras, ese reconocimiento constitucional. Espero que el Partido Popular esté a la altura de este reto y que se sume a la defensa de los derechos de las mujeres.

Noelia Hontoria de Andrés (Onda Madrid). - Gracias, buenas tardes. Primero quería preguntarle a la ministra de Vivienda, ante estas nuevas medidas de vivienda, ¿Cuándo podría ser un hecho, por ejemplo, las viviendas de la cárcel de Carabanchel? Imagino que ahora se inicia todo el proceso, pero, bueno, ¿Cuándo tienen calculado que sea posible?

Sobre el requerimiento a la Comunidad de Madrid, me gustaría preguntarles por las declaraciones de esta misma mañana de la presidenta Ayuso. No deja claro qué hará ante este requerimiento, por una parte, dice que cumplirá la ley y por otra que no va a exponer a los médicos objetores del aborto, apelando a la libertad de conciencia que está recogida en la Constitución. ¿Y qué les parece que haya criticado el tono "machito" del presidente del Gobierno con ella y que le acuse de "creerse Dios"? Gracias.

Ministra de Sanidad. - Bien, volvemos a insistirle a la señora Ayuso: la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios solo se puede ver avalada si hay un registro de objetores de conciencia porque así lo avala también el Tribunal Constitucional. Con respecto a lo de machito, machito es decirles a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio, eso es machito. Todo lo demás es, como ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, intentar desviar el foco.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - En cada uno de las actuaciones nos encontramos ante una situación distinta de planeamiento, por eso les decía de la importancia, no solamente de construir rápido, que es algo que estamos implementando en el Ministerio a través de las políticas de industrialización de la construcción que nos permiten levantar bloques enteros en apenas un año, sino avanzar también en tramitación administrativa. Lo bueno es que todos estos desarrollos, todas estas localizaciones, todos tienen ya aprobado su planeamiento, que es la fase de desarrollo urbanístico.

En cuanto a la situación de tres de ellas, que serían Huesca, Segovia y Burgos, estamos en un momento de actuación inmediata y, por tanto, de licitar próximamente estos terrenos para la construcción de la vivienda, entraríamos ya en fase de licitación de obra, por entendernos. En el resto estamos en trámites o pendientes de actualización o de relación del producto de urbanización. Y en el caso concreto de Carabanchel hemos de aprobar el proyecto de urbanización que está en trámite y tan pronto como sea aprobado, licitaremos la obra de urbanización que, como en el caso del nuevo barrio de Campamento, haremos compatible ir urbanizando e ir construyendo. Para los que no estáis día a día relacionados con la materia, significa ir trabajando el suelo para ir levantando las viviendas. Lo vamos a compaginar para que, de esta manera estas viviendas puedan estar cuanto antes.

Lucía Fernández Fernández (Antena 3 Noticias). - Hola, ¿qué tal?, buenas tardes. Volviendo sobre el tema del aborto e incidiendo un poco en la pregunta de mi compañera Alba, les quería preguntar si han hablado ya con el resto de grupos para saber con qué apoyos cuentan, si han hablado con ellos sobre esa modificación, y qué garantías tienen de sacarlo adelante en el Congreso.

Y luego, a la ministra portavoz, sobre los presupuestos, hoy el presidente, en esa entrevista en la Cadena SER, ha dicho que los van a presentar antes de que acabe el año, varias veces han dicho ustedes que los van a presentar con o sin apoyos. Entonces, quería saber por qué no los han presentado ya y qué les impide hacerlo. Gracias.

Ministra de Igualdad. - Pues muchísimas gracias, Lucía. Evidentemente lo que hace este Gobierno es asumir sus competencias y nosotros lo que hacemos es proponer, hacer una propuesta de modificación constitucional, que es lo que corresponde al Gobierno. A partir de aquí, lógicamente, muchos otros actores tienen que concurrir en esta modificación, empezando por el Consejo de Estado, que tendrá que puntualizar, técnicamente, esta propuesta y, luego, lógicamente, con el debate parlamentario.

Vamos a hablar con todos los grupos. Haremos una labor realmente pedagógica, también, de informar, de explicar el proyecto. Nos reuniremos con todo el arco parlamentario, sin ningún género de dudas, y lo que buscamos es la aprobación de esta reforma constitucional, que es esencial, que nos blinda a las mujeres, que reconoce ese derecho imprescindible para tener un futuro, para generar un proyecto de vida, para decidir libremente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad y sobre nuestro proyecto profesional también, por ejemplo. En ese sentido creo que una inmensa mayoría de la ciudadanía española está por esta reforma constitucional y lo que pretendemos es trasladar esa mayoría amplia social a la mayoría institucional, a la mayoría parlamentaria, que es la que tiene que avalar esta reforma.

Vamos a trabajar sin tregua, sin pausa, merece la pena el reto, es importante este reconocimiento, porque lo que nos viene es durísimo. Viene un recorte drástico de nuestros derechos, viene el devolvernos a casa con la pata quebrada, lo digo sistemáticamente, pero es que creo que hay una voluntad clarísima de recortar los derechos de las mujeres, lo hemos visto. En el momento en que la extrema derecha llega a los gobiernos, es lo primero a lo que se dedica, a intentar limitar, reducir y recortar los derechos. No lo podemos consentir, creo que nuestra sociedad no se merece un recorte de derechos feminista y por eso vamos a hablar con todo el mundo, a intentar convencer de que este es el camino.

Portavoz. - Bueno, sobre la pregunta de los presupuestos, esta mañana han escuchado al presidente del Gobierno. Vamos a cumplir con esa voluntad y con ese compromiso de traer y presentar esos presupuestos antes de que finalice el año y, como explicaba el propio presidente, es que no puedo añadir ninguna palabra nueva, tendremos que sudar la camiseta, lógicamente, para poder aprobar esos presupuestos, pero, en fin, es que, además, como seguramente todos han podido escuchar sus palabras, la voluntad de este Gobierno es presentarlos antes de que finalice este año.

Ana Isabel Martín Almaraz (El Debate). - Gracias, ministra de Igualdad empiezo por usted porque acaba de decir que la ola reaccionaria quiere devolver a las mujeres con la pata quebrada a casa, usted se refiere varias veces al caso de Castilla y León, que es un caso que conoce bien. Pero quería preguntarle, en concreto, qué derechos se han visto recortados para las mujeres en Castilla y León en esta legislatura.

En segundo lugar, para la ministra de Vivienda, quería pedirle una valoración sobre el plan de intervención que presentaron ayer los ministros de Sumar.

Y luego, a la portavoz, por último, el presidente del Gobierno ha reconocido esta mañana que él, en alguna ocasión, ha recibido dinero en efectivo en condición de secretario general del PSOE. Quería preguntarle si usted, el tiempo que fue portavoz del partido, también recibió, en alguna ocasión, algún tipo de dieta en efectivo. Gracias.

Ministra de Igualdad. - Sí, muchísimas gracias, Ana. Efectivamente, el primer gobierno PP-Vox de la historia en España, se produce en la comunidad de Castilla y León y, efectivamente, desde el primer momento, ya vimos que los derechos de las mujeres iban a ser la moneda de cambio, la moneda para llegar a acuerdos de todo tipo, desde acuerdos legislativos hasta acuerdos presupuestarios. Y quiero recordar cómo, efectivamente, la sociedad castellanoleonesa se levantó contra esa propuesta de escuchar el latido fetal a las mujeres que decidían libremente ejercer su interrupción voluntaria del embarazo. Aquello generó, desde luego, una polémica importante, una reacción muy potente tanto de las instituciones como de la sociedad y del movimiento feminista y quiero recordar también que la ruptura de ese Gobierno permitió poner freno a lo que podía haber sido una deriva de recortes de derechos de las mujeres muy importante pero, evidentemente, no vemos un progreso y cuando no se progresa, se reduce y se vuelve atrás, por eso este es un elemento esencial, porque no solamente estamos dispuestas a no dar un paso atrás, es que queremos un gran salto adelante, queremos un impulso, un avance, no basta con no moverse, no basta con no generar ninguna propuesta, no basta con defender lo que hay, hay que seguir avanzando. Eso yo creo que en Castilla y León ha sido también una política clara, de no mover, de no avanzar, de no seguir avanzando.

Hay una ley que no ha sido posible todavía y es increíble, por ejemplo, la ley de violencia de género. La ley de violencia de género tenía que haberse reformado, sigue en el cajón, sigue sin avances y, por lo tanto, yo creo que, efectivamente, que esa ley no haya salido adelante en esta legislatura en Castilla y León tiene mucho que ver con los primeros años de gobierno de PP-Vox, eso fue clarísimo y, como digo, es una excepción lamentable en el panorama de comunidades autónomas de este país.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí, gracias por su pregunta. Por supuesto que todas las propuestas son bienvenidas y se estudian, pero mucho más cuando son coincidentes con la tarea en la que lleva trabajando todo este tiempo el Ministerio de Vivienda, concretamente a lo largo de estos años y el presidente del Gobierno, como decía, también esta mañana en esta entrevista radiofónica, nuestra máxima es la de impedir lo que está ocurriendo en estos momentos en España y que es también una tendencia en los países de nuestro entorno y es que el mercado se coma los salarios en forma de rentas o pagos de las hipotecas. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, lo estamos haciendo con distintas iniciativas desde la prohibición de las "golden visa" antes, poniendo coto a los alojamientos turísticos o al abuso de alquiler de temporada, con iniciativas como ese 100 % de gravamen a impuestos a inversores extranjeros no residentes en nuestro país que ya hemos llevado al Congreso de los Diputados.

Por tanto, en la línea del trabajo que está realizando el Ministerio en un momento, además, de participación, porque en estos momentos estoy compartiendo, no solamente con los grupos políticos, que lo haré mañana en el Congreso de los Diputados, sino también con la sociedad civil, el planteamiento que hemos hecho del nuevo Plan Estatal de Vivienda que tengo también que compartir con todos ustedes, que cuenta con un amplio consenso social. Por lo tanto, esto que está haciendo el Ministerio, es con un gran apoyo de la mayoría social de nuestro país, está siendo avalado por la mayoría social de nuestro país, en línea con el planteamiento de instituciones europeas, también quiero subrayarlo, con un consenso amplio desde la Academia, en la línea, además, que mandata también la Constitución Española y quien a esto le llama poco menos que comunismo radical, yo lo llamo mandato constitucional. Intervenir el mercado es cumplir con el mandato de la Constitución de evitar la especulación, por ejemplo, en el caso del suelo, que expresamente así lo mandata la Constitución.

Y lo que no se entiende ante un mercado voraz, como digo, que devora las rentas de las familias en forma de alquileres o de pago de hipotecas es que haya dirigentes autonómicos, con competencias amplias en la materia, que en lugar de intervenir, como estamos haciendo en otras autonomías, poniendo tope y, por tanto, bajando, efectivamente el precio del alquiler, pues se dediquen a irse a Miami a buscar inversores que no que se compran una casa, sino 2, 3, 4 o 5 o el edificio entero, como plantea el alcalde de Madrid, para hacer pisos turísticos, o que se reúna con grandes fondos para decirle que barra libre, que se pueden quedar con Madrid entero, que se lo vende entero, y ya que se busquen también la vida los madrileños, como las mujeres que tengan que abortar.

Portavoz. - Sobre la pregunta que me realizaba, es verdad que la semana pasada hablamos sobre esta cuestión en la rueda de prensa, no tan directamente sobre mi persona, cuando fui portavoz del Partido Socialista, le aseguraría que no. Ahora bien, si en algún momento se produjo, le puedo asegurar que sería previa presentación de algún gasto de taxi o de alguna comida o cena de trabajo. En todo caso, si se llegó a producir, que yo no lo recuerdo, estará perfectamente imputado en la contabilidad del Partido Socialista. Esto es lo verdaderamente importante. Lo decíamos la semana pasada y se lo vuelvo a recordar, el uso de dinero efectivo no es irregular. No es irregular, es una práctica que ustedes conocen que opera en distintas empresas, incluso les explicaba la semana pasada que el propio Senado. Cuando los senadores tienen que salir algún viaje al extranjero, reciben un dinero en metálico adelantado por parte del Senado para poder sufragar sus gastos. Es verdad que luego, lógicamente, como es habitual, tienes que justificar ese tipo de gastos, como no puede ser de otra manera.

Ahora, aquí, lo verdaderamente importante es que ustedes saben que las cuentas del Partido Socialista son las cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, sin ninguna tacha. Y no solamente por el Tribunal de Cuentas, sino también, no por una auditoría externa, sino por dos. Y lo hemos podido también comprobar en el propio informe de la Guardia Civil, que no se atisba en ningún caso financiación irregular por parte del Partido Socialista. También le digo una cosa. Aquí, hablando de tickets y facturas, el ticket que necesitamos ver y que echa de menos todo el mundo conocer, es el ticket del Ventorro. Y, por cierto, le añadiré más, desde el año 2022, el Partido Popular lleva sin cumplir la ley de Transparencia. Porque tampoco conocemos cuál es el soporte de los gastos de representación del Partido Popular, porque aquí también hay mucha tela que cortar.

José Marcos García (El País). - Buenos días, ministras. Yo quería preguntarle a la portavoz del Gobierno acerca de la presentación de la propuesta migratoria que ha hecho el líder de la oposición, el señor Feijóo, que propone elevar el nivel de exigencia cultural y lingüístico para obtener la nacionalidad española, el señor Feijóo también ha dicho: "Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles de nuestro país".

Y a la ministra de Vivienda le quería preguntar por qué motivo, o qué les explican en el Ministerio de Vivienda, para que haya comunidades gobernadas por el Partido Popular que sí que permitan que se aplique la ley, por ejemplo, con la aprobación de zonas tensionadas, como ha sucedido en Galicia con el Ayuntamiento de A Coruña, que tiene una alcaldesa socialista. Es decir, qué argumentos da la Xunta de Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, y qué argumentos dan, si es que los dan, en otras comunidades como sucede en Madrid, donde hay ciudades del cinturón sur, del "cinturón rojo", llamado así, que piden su aplicación pero no se les da ese permiso por parte del Gobierno regional. Gracias.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. -¿Cómo es esto que ha dicho Feijóo de que hay barrios en España que ya no se les conoce?, es que me interesa esto mucho.

José Marcos García (El País). - "Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles de nuestro país".

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Pues está sucediendo, pero a él no le preocupan tanto cuando en esos barrios lo que sucede es que ricos de otros países vienen a comprarse esos bloques enteros y ya resulta que en esos barrios no pueden vivir los madrileños que quieren trabajar en su ciudad y que quieren que sus críos se críen en sus barrios y que jueguen en sus parques. Eso está pasando hoy en España. El problema es que el señor Feijóo utiliza la migración como su socio, el señor Abascal, de manera populista, para generar esos miedos en la sociedad española. Pero le aseguro a Feijóo que esos barrios ya están cambiando como consecuencia de la entrada de esos fondos a comprarse bloques enteros que impiden que los vecinos y vecinas tradicionales de estos barrios puedan vivir junto a sus familiares y amigos y que eso no lo veo entre sus puntos de prioridad. Y, sinceramente, creo que es una preocupación compartida, no solo por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sino por muchos conciudadanos, incluso por muchos votantes del Partido Popular.

Y esto me lleva a la segunda pregunta, o realmente a la pregunta que usted me hacía, pero no me he podido resistir, que es las comunidades autónomas del Partido Popular que están asumiendo que es necesario intervenir los precios del alquiler para poner un torniquete, para parar esas subidas, porque ya hemos demostrado, hay un año de vigencia de la ley, y hemos demostrado que hemos conseguido bajar los precios del alquiler. Ustedes podrán buscar testimonios en Barcelona, recientemente, en un medio de comunicación lo veía este fin de semana, de personas que ante la firma de un contrato, han visto como no han podido subirle el alquiler 200, 300 o 500 €, sino que han tenido que acogerse al índice de precios marcado por el Ministerio y acordado con la Comunidad Autónoma y que, por tanto, donde iba a haber una subida de 500 €, al final el contrato se ha quedado con el precio del contrato anterior. Eso implica que no hay ningún incentivo al querer renovar los contratos de alquiler, y por tanto, expulsar a los inquilinos y eso se traduce en tranquilidad en la vida de la gente, que en ocasiones no le queda más remedio que vivir de alquiler, y que vive con el alma en vilo ante la renovación del contrato. Ese vivir con el alma en vilo hoy sucede en Madrid, en Málaga, pero ya no está sucediendo en ciudades como Barcelona, como A Coruña o como algunas ciudades vascas o navarras, donde se está aplicando la ley, porque allí el propietario no puede subirte el alquiler más que el contrato anterior, y siempre ajustándose al índice de precios. Es decir, la ley está resultando efectiva, y yo valoro en este caso a la Xunta de Galicia, que se haya avenido a lo que habían solicitado los Ayuntamientos, en este caso de La Coruña, espero que pronto también para Santiago de Compostela, espero también lo mismo del Gobierno de Canarias a solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no entiendo por qué aquí no se atiende la solicitud de alcaldes y alcaldesas que quieren que sus vecinos no paguen más alquiler, que quieren que sus vecinos se le ponga tope a ese alquiler, que no quieren que sigan subiendo los precios del alquiler. Es lo que en la pasada reunión con las comunidades autónomas también pude compartir con ellas, yo no les pido que la apliquen, ahora, si alguien quiere aplicarla, que no lo impidan, ese es el principio que utiliza el consejero vasco, y que me gusta, de "no impedir, pero tampoco imponer", es decir, yo no las obligo a que impongan, pero si hay Ayuntamientos que quieren dar respuesta a sus vecinos, yo les pediría que la pongan en marcha ante la evidencia.

Y espero que, si no lo hacen, en un futuro más cercano, la ciudadanía pueda manifestarse de la mejor manera en que sabe hacerlo la ciudadanía, que es en las urnas y entre tanto, lo que estamos haciendo en el Ministerio es ayudar a aquellas Administraciones que está trabajando en esta dirección, porque también es un mandato de la ley, no es una decisión de la ministra, la ley claramente nos dice que cuando se declara zona tensionada, que no es hacer una fiesta, que es reconocer un problema, cuando se declara zona tensionada, tenemos que revertir esa situación lo antes posible, y que deje de representar esa sobrecarga del esfuerzo de las familias para pagar su casa y eso implica que tengamos que tomar decisiones más rápidas, decisiones con más intensidad, y es lo que estamos haciendo a través de la Empresa Estatal de Vivienda, a través de inversión directa del Ministerio en estas ciudades, o a través también del Plan Estatal de Vivienda, que en estos momentos estamos trabajando. Igual me he extendido mucho, pero como no me escuchan todos los días hablar de vivienda, y es el principal problema de los españoles, merece la pena la reflexión.

Portavoz. - Bueno, la verdad que esta mañana en la presentación de la propuesta de inmigración por parte del Partido Popular, hemos escuchado frases tan huecas como preocupantes, y falaces, añadiría. Y, sobre todo, que rezuman un tufo xenófobo muy preocupante. Primero, porque cuando una escucha hablar de esa manera sobre la inmigración al líder del principal partido de la oposición, al señor Feijóo, lo primero que hay que decirle y explicarle es que se olvida en el país que vivimos y que se olvida de la historia de nuestro país. ¿Acaso nuestros padres, y sobre todo nuestros abuelos, muchos de ellos no tuvieron que salir de nuestro país para labrarse un futuro mejor para ellos y para sus familias? ¿Acaso al señor Feijóo se le olvida que en estos años han llegado a España más de dos millones de personas migrantes, que claramente han mejorado la posición económica y laboral de nuestro país? Oiga, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos a familiares nuestros en residencias?, seguro que muchos de los que están aquí y cuando vemos a ver nuestros familiares, ¿quién les atiende?, mayoritariamente mujeres que han llegado de fuera de nuestro país. O cuando vamos a un restaurante, muchas de las personas que nos atienden son también personas que han llegado a nuestro país a trabajar, a labrarse un mejor futuro. En el sector de los servicios, en numerosos ámbitos, como digo, han llegado más de dos millones de personas fuera de nuestras fronteras, que han mejorado y que siguen mejorando la fortaleza de nuestra economía y de nuestro mercado laboral.

Pero es que además de producirse esa realidad, de llegar dos millones de personas, que han permitido que hoy tengamos más de 22 millones de personas trabajando en España, además de esa realidad, es que hemos dado pasos muy importantes para reducir esa llegada de inmigración irregular, lo explicaba esta mañana el presidente del Gobierno: más del 40 % a nivel global, el 50 % en Canarias. Por tanto, por favor, ya está bien de señalar y de criminalizar y de generar esa imagen tan injusta sobre esas personas que vienen a nuestro país a labrarse un mejor futuro para ellos y para sus familias, y que además están permitiendo que España avance y mejore.

Y, por cierto, hablando también de frases de esta mañana del señor Feijóo, ha vuelto a recordarnos esa máxima de que mentir no es ilegal, en este caso él ha matizado, "si esto no se produce en la esfera pública", creo que he añadido él, hombre, dos años ha tardado el Partido Popular en explicarnos cuál es su único programa político: que mentir no es ilegal. Hombre, yo también diré que, con este arranque, ¿verdad?, de sinceridad, que ha tenido el Partido Popular, al menos los ciudadanos hoy ya entienden mucho mejores cosas que han pasado en nuestro país y que siguen pasando.

Ana Fernández Vila (SER). -¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, sobre el tema del aborto y las dificultades que plantea esta reforma a la hora de recabar apoyos, quería saber si creen que la figura del referéndum, que se puede reclamar en este tipo de reformas, podría ser una vía para lograr que el PP cambiara de opinión, y si los partidos que conforman el Gobierno están dispuestos a impulsar este referéndum.

Luego, sobre otro asunto que ha comentado esta mañana el presidente en la entrevista en la SER, quería preguntarle si sobre el envío de tropas de paz a Gaza, sobre esta posibilidad, cómo creen que se tendría que canalizar esto, aunque es prematuro, él ha afirmado que vería bien esta posibilidad, no sé si creen que podría hacerse o que debería hacerse, por ejemplo, a través de la ONU.

Y luego, por último, sobre otro asunto que se ha comentado también esta mañana, sobre el tema del Premio Nobel a María Corina Machado, el presidente ha argumentado que no la felicitaba porque no suele hacerlo, cuando sí que hay veces, en otras ocasiones anteriores, en las que ha felicitado a otros premios nobeles. Entonces, quería insistir con esta pregunta, quería saber si creen que esta persona, María Corina Machado, no reúne los requisitos para recibir un galardón que premia, en este caso, el trabajo por la paz, o qué opinan de esto. Gracias.

Ministra de Igualdad. - Sí, muchas gracias, muchas gracias, Ana. Yo creo que lo importante hoy es resaltar que abrimos un debate, un debate sobre derechos, un debate que le importa a la ciudadanía, un debate que nos importa a las mujeres. Y aquí me gustaría también apelar a la complicidad de los medios de comunicación. Creo que muchas veces nos enzarzamos en la crispación y la confrontación, pero creo que tenemos oportunidad de ahondar, de profundizar sobre un asunto que nos interesa como sociedad, que nos interesa a las mujeres, pero que interesa fundamentalmente a la democracia española. Creo que se inicia el debate, y en ese inicio tendremos que ser muy pedagógicos, muy insistentes, muy analizadores de lo que pasa y el texto que proponemos y el que puede variar. Pero como digo, el artículo 167 nos obliga a mayorías cualificadas y vamos a buscar esas mayorías cualificadas con el diálogo, con los consensos, con la búsqueda de una confluencia de voluntades, eso es lo que vamos a hacer.

La posibilidad del referéndum de ratificación que establece el 167 es posterior, ¿de acuerdo? Una vez que ya se hayan votado en las Cortes con esas mayorías que, en segunda vuelta, por decirlo de alguna manera, podrán ser una mayoría de dos tercios en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado, si finalmente llegamos a ese momento, sí que hay una posibilidad, si lo pide una décima parte del Congreso, es decir, 35 diputados, o una décima parte del Senado, en torno a 26 senadores, que se plantee un referéndum de ratificación, pero es de ratificación de lo ya votado en Congreso y Senado.

Por lo tanto, ahora se inicia ese debate, que me parece intenso, que me parece profundo, que me parece necesario, de posicionamiento de las mujeres en la Constitución, de reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución, de ser sujetos de derecho constitucional. Me parece que ese es el debate, y a ese debate invitamos abiertamente a la sociedad española y por supuesto, a sus representantes. Creo que estamos en ese momento y ya probablemente llegaremos a unas votaciones que definirán si finalmente ese artículo 43 se modifica.

Portavoz. - Poco más que añadir que lo que ha explicado esta mañana el propio presidente del Gobierno, porque además son dos cuestiones que le han preguntado. Sobre la primera, ustedes saben que en este momento sí que tenemos presencia de seguridad, lógicamente, en la misión por parte de la Unión Europea en Rafah, pero sobre la pregunta concreta, que usted me hablaba sobre un posible envío de tropas a Gaza, poco le puedo añadir a lo que ha explicado esta mañana el presidente del Gobierno. No tenemos claro cuál va a ser la materialización, lo que sí le puedo garantizar es que, en ese proceso de reconstrucción, en ese proceso de paz, España va a estar siempre ahí, trabajando, como venimos haciendo, como digo, en estos dos últimos años.

Y sobre el caso de, sobre la otra pregunta, ¿no?, de Marina también, de María Corina, también le han preguntado esta mañana al presidente del Gobierno y me remito a sus palabras. Trasladar el máximo respeto y reconocimiento a la labor y al trabajo en este caso de María Corina. Lo decía el propio presidente del Gobierno, es verdad, y ustedes también lo han podido comprobar, en estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos nobeles, y desde luego, no todos ellos se comentan o se explican.

Muy bien, pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)