Comparecencia de la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno; ministra de Sanidad; ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Bueno, pues, si les parece, comenzamos esta rueda de prensa agradeciéndoles un martes más la presencia a todos ustedes y, además, estas primeras palabras de esta rueda de prensa las voy a hacer con un reconocimiento especial, en este caso, a la Unidad Militar de Emergencias, que saben que cumple 20 años, y este Consejo de Ministros de esta misma mañana ha aprobado una declaración institucional con la que queremos, por supuesto, reconocer su magnífico trabajo. Hablar de la UME, hablar de la Unidad Militar de Emergencias, es sobre todo hablar de un orgullo para toda la sociedad española. Estoy segura que cualquier persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, tiene en la memoria algún episodio en el que los hombres y las mujeres de la UME han estado en primera línea, trabajando, colaborando y ayudando. Por eso, queremos reconocer su entrega, su generosidad y también, por supuesto, su profesionalidad en estos 20 años de historia en los que se han consolidado en nuestra sociedad como un referente esencial en la respuesta ante las emergencias tanto en el ámbito nacional como también en el ámbito internacional.

Y dentro, por supuesto, del capítulo de reconocimientos, el Gobierno también hemos aprobado esta mañana conceder, a título póstumo, en este caso, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III tanto a Javier Lambán como a Guillermo Fernández Vara. Con esta distinción, desde luego, desde el Gobierno de España, queremos también rendir un homenaje a los dos presidentes cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público y siempre, por supuesto, poniendo en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades. Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos.

Y ya, dentro de los temas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, ven que tenemos hoy una mesa de rueda de prensa muy concurrida. Y por eso, en primer lugar, le daré la palabra al ministro López, que les va a explicar a todos ustedes el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta. Un texto que, en este caso, llega en primera vuelta y que avanza fundamentalmente en transparencia, en integridad, en rendición de cuentas y también en participación ciudadana en las decisiones públicas. Y también el propio ministro les explicará el IV Plan de Igualdad de Género de la Administración General del Estado.

Por otro lado, la ministra de Sanidad ha presentado hoy también el informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo entre el año 2015 y 2024 en nuestro país y les hará a todos ustedes traslado del mismo. Y también un documento, en este caso, que evalúa la evolución y la situación actual de esta prestación sanitaria en el Sistema Público de Salud y que revela un crecimiento sostenido en el número de abortos, en este caso, realizado en centros públicos, aunque es verdad, y la ministra se lo explicará a todos ustedes, existen importantes desigualdades territoriales que, como les decía, la ministra les trasladará ahora en unos minutos.

Y, por último, también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades les detallará la modificación del eal decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que tiene fundamentalmente como objetivo garantizar la calidad del sistema universitario español.

Y antes de darle la palabra, en este caso, al ministro López, sí que quería aclararles con todos ustedes, bueno, pues que la semana pasada les di a todos ustedes un dato, que era un dato erróneo, y, por tanto, quería aclararlos y lógicamente también pedirles disculpas. Saben que la semana pasada expliqué que uno de los requisitos para poder recibir una prestación era acreditar mínimo un año de residencia legal en nuestro país, en este caso, para el ingreso mínimo vital, y, sin embargo, hablé también del salario mínimo interprofesional, y eso es un error que, como digo, lo quería aclarar y reconocer. Saben que, evidentemente, para poder optar al salario mínimo interprofesional en nuestro país se tiene que establecer, tiene que haber, lógicamente, una relación contractual legal en nuestro país. Así que me parecía importante aclarar y subsanar este error. Y ahora sí que sí, ministro, tienes la palabra.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Muchas gracias, Pilar, portavoz. Comparezco para informarles de dos iniciativas muy importantes que dan buena muestra del compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y también con la democracia, con la transparencia y con la participación ciudadana.

En relación con la igualdad. Esta mañana hemos presentado al Consejo de Ministros el IV Plan de Igualdad de Género de la Administración General del Estado. Este plan es fruto del acuerdo del diálogo social y del acuerdo con las principales formaciones sindicales, las más representativas en la Administración pública, se pactó con ellos. Y también, entre otras cosas, recoge medidas que vienen recogidas en el nuevo pacto contra la violencia de género. Saben ustedes que se firmó ese pacto finalmente, y algunas medidas afectaban a la Administración General del Estado, con este cuarto plan damos cumplimiento a todo ello. Un cuarto plan que contiene seis ejes, 20 objetivos y 45 medidas concretas. Que, básicamente, pretenden transformar desde luego la organización, sensibilizar, hacer formación, mejorar también las condiciones de trabajo, apuestan por la corresponsabilidad y la conciliación también, y por reforzar la violencia contra las mujeres en el espacio de la Administración General del Estado.

Algunas medidas relevantes, destacadas, son, por ejemplo, que se va a realizar un estudio de la brecha de género y un consecuente plan de actuación para combatirla en la Administración pública se va a reforzar el protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración pública para... que la Administración sea un espacio seguro al 100 x 100 para las mujeres se va a reservar los puestos de trabajo de seis meses a un año para las servidoras públicas que hayan sido víctima de la violencia machista, o se van a fortalecer, por ejemplo, la Red de Unidades de Igualdad. Como digo, 45 medidas concretas para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres, para combatir la discriminación salarial que se pueda producir, de ahí que hagamos un estudio en primer lugar, y también para, como digo, combatir la violencia de género también en el espacio de la Administración General del Estado.

En segundo lugar, una medida, un anteproyecto de ley, lo decía la portavoz, muy importante, que demuestra el compromiso de este Gobierno con la democracia y con la transparencia. Lo hemos dicho muchas veces, España es una de las democracias más avanzadas del mundo, lo dicen todos los indicadores internacionales. De hecho, escala puestos en todos los "ranking" internacionales de democracia. Pero somos ambiciosos, queremos más. Por eso y especialmente porque la democracia española, como el resto de democracias más avanzadas del mundo, viven la amenaza de un caballo de Troya ultraderechista que lo que pretende es socavar los cimientos precisamente de la democracia, la mejor receta que hay es más democracia, más transparencia y más ejemplaridad, desde luego, en la Administración General del Estado.

Por eso, en su día, el presidente del Gobierno anunció el Plan de Acción por la Democracia, como anunció también el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Este anteproyecto de ley que vemos en primera vuelta forma parte de los dos, del Plan de Acción por la Democracia y del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que todos ustedes conocen, que contenía muchas medidas y que estamos desarrollando desde distintos ministerios.

Pues bien, este anteproyecto de ley se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del Grupo GRECO, de la Comisión Europea, de la OCDE y de la sociedad civil, que forma parte del foro que ayer aprobó el quinto plan también, del foro abierto de la sociedad civil para aumentar la transparencia. Como saben, el presidente del Gobierno se ha desplazado a la ciudad de Vitoria donde va a inaugurar esta mañana la conferencia... la Cumbre Internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, una cumbre que durará tres días en la ciudad de Vitoria y que será clausurada por su majestad el rey el jueves. Una cumbre en la que van a participar más de 2.000 representantes de decenas de países, con más de 60 representantes de alto nivel de otros Gobiernos y también con representantes de la sociedad civil de 32 países.

La Organización para el Gobierno Abierto es una organización que se creó en el año 2011, de la que forma parte España, que presidimos este año. Precisamente porque la presidimos, celebramos esta cumbre, que, como digo, se inaugura hoy en la ciudad de Vitoria. Y como aperitivo a esa cumbre, ayer mismo se aprobó el V Plan de Gobierno Abierto, que fue discutido y aprobado por las organizaciones representativas de la sociedad civil, y, además, esta ley, que, como digo, aprobamos hoy en primera vuelta. Una ley que tiene grandes novedades en relación con la transparencia, en relación con la rendición de cuentas. Saben ustedes el compromiso de este Gobierno y muy especialmente del presidente del Gobierno, que viene haciendo, desde que es presidente, un ejercicio de rendición de cuentas. Ustedes lo conocen bien porque lo hace frente a ustedes cada seis meses, el informe Cumpliendo, que explica cómo el Gobierno cumple sus compromisos de investidura o cumple los programas electorales. Pues bien, esto se lleva a la ley, la rendición de cuentas, la transparencia y, también, la participación ciudadana. La ley contiene muchas cosas, pero voy a destacar unas cuantas que me parecen importantes.

En primer lugar, se amplían las obligaciones de la huella normativa para cualquier regulación que apruebe el Estado. Saben ustedes que, en paralelo, tenemos en el Congreso la ley de "lobbies", que tiene que salir aprobada. Y esa ampliación de obligaciones de la huella normativa incluirá también la obligación de publicar las agendas oficiales, las agendas institucionales y los viajes oficiales de todos los altos cargos, incluido hasta el nivel de subdirector general.

Se va a reformar también el Portal de Transparencia, teniendo mucha más información, que va a incluir incluso a los asesores, a los eventuales que trabajen para el Gobierno. Se va a aplicar un régimen de detección y prevención de conflictos, que se aplicará también al personal eventual, lo que va a incluso también una presentación de una declaración de bienes y actividades para que, como se hace en los otros casos, al finalizar la legislatura se pueda comparar y ver si ha habido alguna variación destacada. Se va a dar la posibilidad de que las empresas que concurran a licitación pública podrán ser obligadas a firmar un pacto de integridad, que luego podrá ser monitorizado a lo largo de los procesos de contratación. Se van a establecer, algo muy novedoso que debemos hacer de la mano del Ministerio de Hacienda, al que agradezco la colaboración, que es la posibilidad de establecer auditorías ciudadanas de distintos procesos de contratación de la Administración.

Y se va a hacer algo muy importante, que es establecer un régimen de infracciones y sancionador para quienes incumplan las obligaciones de transparencia, que le corresponderá aplicar, cómo no, al Consejo de Transparencia, que saben ustedes que hoy es quien vela por esto, pero no tiene la capacidad de establecer sanciones ni multas, y a partir de ahora tendrá la capacidad de sancionar a quienes incumplan la obligación de transparencia. Con lo cual, es un salto muy importante. Se empodera, para que se me entienda bien, al Consejo de Transparencia con la capacidad de sancionar a quien incumpla las obligaciones de transparencia. Creo que es un paso muy importante.

¿A quién es de aplicación? Es de ámbito de aplicación a toda la Administración General del Estado, al resto de niveles de la Administración pública, a los tres niveles, al Congreso, al Senado, a la Casa Real... a todas las instituciones públicas. La ley. El régimen sancionador, obviamente, será de aplicación a la Administración General del Estado porque el Consejo de Transparencia, en este caso, el estatal, aplica a la Administración General del Estado. Luego hay comunidades que tienen, comunidades que no tienen y otras que incluso lo desmontaron cuando llegaron gobiernos del PP y Vox. Pero el Consejo de Transparencia aplica a la Administración General del Estado. Lo que no significa que la ley sí sea de aplicación al resto de instituciones. Toda la ley y todas las obligaciones que establece, incluida la transparencia sobre las agendas institucionales o los viajes oficiales.

Por último, en el Consejo de Ministros hemos aprobado otra cuestión que es importante también, que da satisfacción a lo que venía planteando Europa. Es una ley mucho más técnica, más difícil de explicar, pero que tiene que ver con modificar parcialmente la ley de responsabilidad patrimonial del Estado y lo que se hace es tocar ciertos aspectos técnicos para facilitar la capacidad de los ciudadanos a la hora de reclamar frente a la Administración. Esta es una modificación que está en segunda vuelta y que se hace, como digo, para cumplir con los estándares europeos y para que los ciudadanos tengan más fácil reclamar frente a la Administración cuando se vean lesionados en sus derechos. Gracias.

Portavoz. - Muy bien, ministro. Ministra, por favor.

Ministra de Sanidad, Mónica García. - Pues muchas gracias, ministra portavoz. En el Ministerio de Sanidad llevamos meses elaborando un informe sobre la situación del aborto en la sanidad pública en España desde el año 2015 hasta el año 2024. Paso a resumirles un diagnóstico y los principales hallazgos que hemos tenido en el mismo.

El diagnóstico general a nivel legislativo es que en España hemos ido avanzando desde el año 1985, en lo que se inició la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de supuestos. Se pasó a la ley de plazos en el año 2010. Y, más recientemente, se hizo una reforma en el año 2023 que eliminó el periodo de reflexión, que dio autonomía a las mujeres de 16 y 17 años y que obligó a que estas interrupciones voluntarias del embarazo se realizaran en centros públicos o en centros privados acreditados. A pesar de todos estos avances legislativos, ahora tenemos delante de nosotros varios retos. Uno de los retos es el acceso, la homogenización en todo el territorio. Porque lo que sí que estamos viendo es que existen grandes desigualdades territoriales. El informe recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en nuestra sanidad pública.

En primer lugar, para evitar la doble privatización, en la que no solo las comunidades pagan a clínicas privadas para que realicen los abortos, sino que cuando a una mujer se la expulsa de nuestro sistema público, tiene que buscar fuera esta prestación, que, insisto, tenemos no solo en nuestra cartera de servicios, sino en el derecho de las mujeres a abortar desde hace varias décadas.

En segundo lugar, porque queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres. Las mujeres no solo tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra maternidad, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sino que tenemos derecho a decidir también si queremos que se nos realice en un centro público o en un privado acreditado. Y esta decisión no puede depender del territorio donde se viva o donde se tenga la residencia.

En tercer lugar, para garantizar la continuidad asistencial. Porque la mayoría de las mujeres tienen conocimiento de su embarazo en el sistema público, muchas mujeres llevan ese seguimiento en el sistema público. Y cuando reciben un diagnóstico que puede ser devastador, un diagnóstico que puede ser de una malformación fetal grave, pues se ven obligadas a interrumpirlo y, en muchos de los casos, se ven obligadas a tener que dejar su centro de referencia, su profesional de referencia, rompiendo el vínculo y rompiendo también el acompañamiento que han tenido de nuestro sistema público.

Y, en cuarto lugar, para romper esa paradoja comunicación-prestación. Y es que, como decía antes, aunque tres de cada cuatro mujeres se informan en centros públicos, cuatro de cada cinco acaban abortando en la privada.

La evolución en la última década, lo que hemos visto en el informe es que el avance ha sido muy desigual en función de las diferentes comunidades autónomas. Podemos distinguir cuatro grupos de comunidades autónomas. En el grupo uno, las que más han avanzado, que son las que parten de cifras bajas, pero que hoy superan el 75 % de los abortos en centros públicos, como pueden ser Cantabria con un 88,5 %, Galicia con un 77 %, La Rioja, 76, y Navarra, 75. En el grupo dos tenemos a las comunidades que, partiendo de niveles intermedios, han progresado moderadamente, como pueden ser Cataluña, que tiene un 55 %, y las islas Baleares, un 45 % de integración en su sistema público. En el grupo tres nos encontramos aquellas comunidades que, partiendo de unos datos bajos o de unas tasas bajas, han despegado en los últimos años, como pueden ser Canarias con un 28,6 % o Castilla y León con un 15,5 %, que han tenido crecimientos rápidos tras la reforma del año 2023. Y en el grupo cuatro, las comunidades que se quedan rezagadas, por debajo del 10 %. Y, entre ellas, las que más llaman la atención son Andalucía con un 0,2 %, Madrid con un 0,47 %, Extremadura con un 0 %. Luego están comunidades en un 4,7 %, como puede ser el País Vasco, o la Comunidad Valenciana, que está casi en un 8 %. Además de estas, están Aragón, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Ceuta y Melilla.

Yo quiero reforzar un dato muy significativo, porque, de todas estas comunidades, hay dos comunidades que son las que engloban casi el 50 % de todas las interrupciones voluntarias del embarazo, que son Madrid y Andalucía. Entre estas dos casi llegan a un 50 %. Andalucía, un 18 % del total de los abortos nacionales, y Madrid, un 25 %. Entre estas dos comunidades, la Comunidad de Madrid solo realiza un 0,2 % y Andalucía, un 0,5 %. Al revés, perdón. 0,2 % en Andalucía y 0,5 % en la sanidad pública. Lo cual significa que, juntas, suponen cuatro de cada diez abortos en nuestro territorio.

¿Esto qué quiere decir? Que si estas dos comunidades alcanzaran un nivel medio de prestación pública como el resto de comunidades, en torno al 50 %, como el de Cataluña o como el de Baleares, ya tendríamos que el porcentaje nacional prácticamente se duplicaría y superaría el 40 %. Es decir, con el cambio de apenas dos comunidades, el conjunto del país daría un salto histórico en la integración del aborto en la sanidad pública.

La situación actual tras la reforma del 2023 nos dice que, si atendemos al primer año completo bajo esta nueva ley, en el 2024, se identifica un hito. Y es que de las algo más de 106. 000 interrupciones voluntarias del embarazado realizadas en España, el 21 % se han realizado en el sistema público, frente al 14 % que se realizaban en el año 2019. O sea que ha habido un aumento del 50 % en solo cinco años. Sin embargo, aún cuatro de cada cinco abortos se siguen practicando en clínicas privadas.

También en el informe viene reflejada la distribución según las semanas de gestación. En esta distribución, lo que observamos es que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, el 77 %, se realizan antes de la semana ocho. Y es precisamente ahí donde las comunidades que han apostado por la red pública son las que han conseguido asumir la mayor parte de la atención, como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, que hacen más del 80 % de sus abortos en la red pública. En el extremo contrario tenemos las interrupciones voluntarias del embarazo más complejas, que son aquellas que superan la semana 22, la semana 23. Y se realizan, estas sí, mayoritariamente en la pública, el 63 %, lo cual garantiza la continuidad asistencial de estos casos clínicos, que son los más graves y complejos. Y también hay un dato destacable, y es que tanto Asturias como el País Vasco y Murcia, que, aunque tienen niveles bajos globales de prestación pública, sí que han conseguido garantizar que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las 23 semanas se realice en la pública casi al cien por cien.

En el informe también se muestra una correlación clara en función del método que se ha utilizado para esta interrupción voluntaria del embarazo y es que en aquellos lugares donde el aborto se integra en un sistema público predomina el método farmacológico, más indicado en abortos tempranos y más fácil de extender también fuera del entorno hospitalario, más en entornos extrahospitalarios. Por ejemplo, Cantabria practica el 86 % de los abortos farmacológicos; Navarra, el 76 %; mientras que Madrid apenas llega al 4 %, que apuesta más por el método quirúrgico.

Y dentro de los modelos organizativos, el informe analiza dos tipos de modelos organizativos en función de cómo han organizado las diferentes comunidades sus servicios. Primero, si se hace todo en un centro centralizado, como en Cantabria, o si se reparte en varios centros, como en Cataluña o Navarra. Centralizar garantiza que haya protocolos homogéneos, pero también es verdad que obliga a desplazarse a las mujeres. Y descentralizar acerca la atención, pero, a veces, cuesta mantener el mismo estándar y los mismos protocolos. En segundo lugar, si se hace en centros generalistas, que están integrados en la atención general o atención habitual, o si se hace en centros especializados. Los generalistas reducen el estigma y el acoso, pero pueden necesitar derivaciones en los casos más complejos, y los especializados concentran experiencia y sortean mejor la objeción de conciencia, pero, al ser más visibles, están más expuestos al acoso de los fanáticos.

En conclusión, no existe un único modelo para ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo en nuestra sanidad pública. No se trata tampoco de escoger uno perfecto, porque cada uno de los territorios ha elegido, pero sí de garantizar que, en esta diversidad de modelos, tenemos que encontrar esa garantía de que las mujeres tengan un acceso más fácil y más equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo.

También el informe señala buenas prácticas clínicas. Primero, gestionar bien los registros de objetores de conciencia, repartir el personal de forma equilibrada para que no falten profesionales en ningún centro. Segundo, usar el método farmacológico en los abortos tempranos. Y que haya, esto es muy importante, libertad de elección también para las mujeres para elegir qué método quieren utilizar. Tercero, organizar redes de centros repartidos en todo el territorio, que no solo se concentren en los grandes hospitales, para que la atención pueda ser más cercana y que pueda haber una atención continuada. Y, cuarto, asegurar que los abortos en gestaciones avanzadas se realizan en nuestro sistema público, en nuestros hospitales públicos, porque son los abortos más complejos y los que requieren, además, una continuidad asistencial.

En conclusión, el informe demuestra que integrar el aborto en la sanidad pública no solo es posible, sino que además funciona. Así lo han demostrado Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, que han pasado en muy pocos años de cifras mínimas a más del 75 % integrado dentro de su red pública. También demuestra que hay todavía desigualdad territorial, que sigue siendo enorme. Cuatro de cada cinco abortos en España se siguen haciendo en la privada. Y basta con que Madrid y Andalucía alcancen el nivel de las comunidades más avanzadas para que nuestro país dé un salto histórico cuantitativo.

Las buenas prácticas ya están identificadas, gestionar bien la objeción de conciencia, acercar el servicio al territorio, usar el método farmacológico en las fases tempranas, garantizar la libertad de elección y también garantizar que los casos avanzados se atiendan en la red pública. En definitiva, este reto ahora mismo es extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos, para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad, para proteger el derecho a la salud y para normalizar algo que las mujeres tenemos normalizado desde hace décadas en nuestro país.

Y aquí sí que quería hacer dos avisos, dos advertencias. Uno, al señor Almeida. Al señor Almeida y a todos los negacionistas expendedores de bulos y fanáticos profesionales. Y es que no vamos a permitir coacciones ni vamos a permitir tampoco desinformación a las mujeres. Y también a la señora Ayuso. Muy sencillo: la ley se cumple. Punto. No hay más. Ayer decía que no sabía lo que iba a responder y nosotros ya le damos la respuesta: la ley en nuestro país se cumple. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz-Gallardón y tuvo que hacer las maletas. Que se atengan quienes quieren jugar con los derechos conquistados de las mujeres.

Por otro lado, y muy brevemente, quería pasar a comentarles otros tres asuntos aprobados hoy. En primer lugar, hemos dado luz verde al Plan Veo, que introduce por primera vez una ayuda directa de 100 € para la compra de gafas y lentillas para menores de 16 años. Se trata, cómo no, de una medida universal. Porque siempre que hablamos de derechos y siempre que hablamos de derechos en materia de salud, siempre hablamos de medidas universales, porque son derechos básicos y porque creemos que ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia, como tampoco lo hace para el acceso a una vacuna, el tratamiento de un hospital...cualquier tratamiento a los que tienen acceso todos los ciudadanos de nuestro país.

La universalidad es lo que convierte a las políticas públicas en herramientas, que además son herramientas de justicia y de equidad. Sabemos que los problemas de refracción que afectan a los menores, como la miopía o el astigmatismo, afectan hasta a un tercio de la población escolar y que, sin esta corrección, nos podemos encontrar en un gran impacto en el aprendizaje, en el bienestar y en el desarrollo. Esta medida contará con 47,7 millones de euros y se aplicará a las compras realizadas hasta diciembre de 2026 en colaboración con el Consejo General de Ópticos-Optometristas y las ópticas adheridas.

En segundo lugar, también hemos aprobado un real decreto para destinar 26,7 millones de euros a las universidades públicas para financiar 1.548 plazas de medicina en el curso 2025-2026. Posteriormente, la ministra de Ciencia y Universidades va a dar una buena cuenta de cuál es la situación en la que están las universidades públicas españolas. Por eso, el Gobierno de España pone una vez más su granito de arena y su esfuerzo y su ayuda a las universidades públicas en este caso para que podamos tener más estudiantes de medicina. Para garantizar el relevo generacional y para garantizar en un futuro la falta de profesionales. Con este impulso económico, le damos oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas públicas sin perder calidad, porque sabemos que la formación de hoy es la excelencia de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Queremos, además, y así se lo hemos trasladado a las comunidades autónomas, que este esfuerzo no solo sea del Gobierno de España. Que el esfuerzo de financiar nuevas plazas, tanto de medicina como de enfermería, no sea solo del Gobierno de España, toda vez que las competencias de la financiación de las universidades públicas son de las comunidades. Así se lo trasladamos en el último Consejo Interterritorial y así esperemos que sea y que las comunidades autónomas pongan también su parte para poder garantizar la calidad de nuestra universidad pública.

Y, en tercer lugar, el Consejo ha aprobado el real decreto que regula el uso medicinal de los preparados estandarizados del cannabis. Es una demanda largamente esperada por el Congreso de los Diputados, por los profesionales y también por los pacientes. Esta regulación va a permitir que, cuando los tratamientos convencionales no funcionen, tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, por supuesto, con toda la seguridad, para que se pueda recurrir a preparados de cannabis estandarizados con la dosis precisa y la máxima garantía.

Hablamos de situaciones muy concretas en las que este abanico terapéutico se amplía, como puede ser en casos de pacientes que puedan tener dolor crónico, que puedan tener espasticidad o algunos casos de epilepsia, o también personas que sufren náuseas y vómitos posteriores a la quimioterapia. Pero, en un futuro, creemos y consideramos que seguramente estas indicaciones se amplíen según la evidencia científica se vaya ampliando.

Todo esto se va a realizar en el entorno hospitalario bajo prescripción, con seguimiento clínico individualizado, por supuesto, y vamos a asegurar la eficacia, la eficiencia y la seguridad de los tratamientos. Será la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la AEMPS, la encargada de registrar y de supervisar estos preparados, como hace con todos los medicamentos de nuestro país. Y también, por supuesto, se pondrá encima una vigilancia clínica para ver cuál es el seguimiento de estos preparados. En definitiva, se trata de ofrecer respuesta a un sufrimiento real mediante una alternativa terapéutica que sea eficaz, rigurosa y que tenga la mayor evidencia disponible. Muchas gracias.

Portavoz. - Muy bien, ministra. Ministra, por favor.

Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Gracias, ministra. Buenos días. Esta mañana, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto para endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios en nuestro país. Este real decreto responde al compromiso del Gobierno para defender la calidad, la equidad y el prestigio del sistema universitario español, como ya anunció el presidente Pedro Sánchez.

Voy a ofrecerles algunos datos de contexto para que se entienda mejor la necesidad de este real decreto. Los datos oficiales revelan que en España se ha producido un crecimiento sin precedentes de las universidades privadas. En los últimos 20 años, desde el año 2005, se han creado 24 nuevas universidades privadas y ninguna pública. 20 años, 24 universidades privadas más, ninguna pública más. El resultado de este crecimiento es que, en la actualidad, tenemos 50 universidades públicas y 46 privadas. Y, desde luego, no paran de llegar nuevos proyectos para la creación de nuevas universidades privadas. Pero, más allá del número de universidades, lo más llamativo es el aumento del estudiantado en la universidad privada y el estancamiento en la pública.

En el curso 2025-2026, hemos alcanzado un récord histórico con cerca de 1,9 millones de estudiantes en nuestra universidad. Una gran noticia. Es un 3 % más del estudiantado que el curso pasado y un 21 % más que hace diez años. Como digo, es muy buena noticia, pero ese aumento lo están absorbiendo prácticamente en exclusiva las universidades privadas. Como pueden ver, en la última década la universidad pública apenas ha crecido un 2 % en su estudiantado. La privada, un 129 %. Como resultado, hoy, ya el 30 % del estudiantado universitario español estudia en una universidad privada. Hace diez años era solo el 15 %. Hace 20, el 10 %. Por tener una referencia internacional, hoy, en Alemania, el estudiantado matriculado en universidades privadas es un 15 %. Eso supone la mitad de a día de hoy en España.

Pero, además, el crecimiento del estudiantado en la universidad privada es especialmente intenso en titulaciones de alta demanda o de carácter habilitante. Es decir, que, sin ese título, el máster habilitante, no se puede trabajar, no se puede ejercer la profesión y pongo un ejemplo muy esclarecedor, que es el de las ciencias de la salud, además muy relacionado con lo que ha comentado la ministra de Sanidad. Un tercio de los títulos ofertados de los grados relacionados en Ciencias de la Salud, un tercio, uno de cada tres, se presta por la universidad privada. Y el 62 %, dos de cada tres, de los másteres en Ciencias de la Salud se realiza en la privada.

El diagnóstico es muy claro. Batimos récord de estudiantado, pero este récord, esta incorporación de estudiantado, lo absorben casi en exclusiva las universidades privadas. Y esto ocurre no porque los estudiantes prefieran ir a la privada. La primera opción del estudiantado en nuestro país sigue siendo la universidad pública. Pero las universidades públicas no tienen suficientes plazas que ofrecer debido a la infrafinanciación autonómica. Nuestros jóvenes piden una plaza en una universidad pública, las universidades solo pueden ofrecer un número limitado de plazas, lo que les permite la financiación que reciben por parte de su comunidad autónoma. Esto hace que las notas de corte cada vez sean más elevadas. Se percibe a la universidad pública como una universidad elitista. Porque estamos cortando, por ejemplo, para ejercer Medicina, en un 13. Por supuesto, son los más excelentes estudiantes, pero por debajo del 13 también hay excelentes estudiantes que merecen estudiar Medicina y no lo pueden hacer, simplemente, con expedientes brillantes, porque las universidades no tienen capacidad de ofrecer suficientes plazas.

Lo ha comentado la ministra de Sanidad, cómo el Gobierno de España, a pesar de no ser nuestra competencia, estamos entrando, por ejemplo, creando, financiando, plazas de universidad pública precisamente para Medicina. Pero estamos muy preocupados porque, en un futuro, vamos a volver a esa España en la que se podrá estudiar o no en función de si tu familia te lo puede pagar. El 14 % de los créditos personales que se suscriben con las entidades bancarias a día de hoy en nuestro país ya es para pagar los estudios universitarios.

En otras palabras, el sistema de igualdad de oportunidades y de ascensor social que supone la universidad pública en nuestro país se está gripando. En esencia, aumentar la financiación de las universidades públicas para que estas puedan ofrecer más plazas y garantizar ese ascensor social y la igualdad de oportunidades es lo que se está quebrando. Y por eso, de nuevo, insto a las comunidades autónomas a financiar de manera adecuada a sus universidades públicas.

Quiero recordar que las comunidades autónomas están recibiendo, desde que Pedro Sánchez es presidente, un 50 % más de financiación por parte del Gobierno de España. Quiero que pongan como prioridad la financiación en la universidad pública de las comunidades autónomas para romper esta tendencia.

Fíjense, la Comunidad de Madrid acaba de presentar una nueva ley. Una propuesta de ley autonómica de ciencia y de universidades. Siendo una de las comunidades que peor financia a sus universidades públicas, 25 puntos por debajo de la media española de financiación a la universidad por estudiante, además, pretende ahora exigir a las universidades públicas que capten esos fondos que necesitan de manera externa y con un volumen no menor el 30 % por obligación de fondos externos. Insisto. Estamos hablando de algunas de las mejores universidades de España, que están aquí, en la Comunidad de Madrid, y están siendo absolutamente maltratadas. Así que esta nueva ley es una última estocada del Gobierno madrileño. Y empieza a resonar aquí, en Madrid, lo que está pasando con la administración de Trump con universidades tan prestigiosas e importantes como Harvard o Columbia.

Ante esta situación, el Gobierno de España actúa. Consideramos imprescindible asegurar y exigir la calidad de las universidades y especialmente de aquellos proyectos privados que están surgiendo para aprovechar la oportunidad de negocio que supone la asfixia en la universidad pública. Ejercemos nuestras competencias, las competencias del Estado, en regulación y ordenación del sistema universitario. Nos corresponde y estamos decididos a actuar. Ejercemos, por tanto, las competencias estatales a través de este real decreto, con el que protegemos la calidad del sistema universitario.

Con este real decreto, reforzamos los requisitos de calidad que deben cumplir las universidades que operan en España. Y, además, vamos a mejorar también los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de supervisión y de control del cumplimiento de estos requisitos de calidad. En el centro de esta reforma está, de una manera muy concreta, la protección de nuestro estudiantado ante el riesgo de universidades con una calidad insuficiente, pero también queremos asegurarle a la sociedad que quienes van a obtener títulos universitarios en nuestro país han recibido la formación exigible y capacitante para desempeñar las funciones de sus profesiones.

Antes hablábamos de Medicina y estamos hablando de que la nota de corte que se exige para la plaza universitaria en una universidad pública es un 13. Pero, después, para una privada ya no se exige ninguna nota de corte. De manera que se trabaja en una desigualdad también a la hora de garantizar, en definitiva, la capacitación de los profesionales que en un futuro van a ser nuestros médicos y médicas, nuestros maestros y maestras, nuestros arquitectos, arquitectas, o nuestros ingenieros e ingenieras.

A través de este real decreto, establecemos criterios de calidad que determinan si una institución puede llamarse universidad o no, o es otra cosa. Por tanto, definimos qué funciones son exigibles para ser una universidad. Las tres misiones que deben cumplir las universidades en España y en cualquier lugar del mundo son: la formación, la investigación y la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Sin estas tres misiones, no hay universidad. Habrá otra cosa, pero no universidad.

La investigación, ya lo sabemos todos, es esencial para que podamos afrontar los grandes retos de nuestro país, también del mundo. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, mejorar la vida de la ciudadanía española, la lucha contra el cáncer... La investigación es la esperanza en el futuro. Y debe saberse que más del 70 % de la investigación que se hace en nuestro país se hace en las universidades y el 92 % de esa investigación que se hace en las universidades se hace en la universidad pública.

Por ello, en el real decreto, en primer lugar, exigimos a las universidades que investiguen. Establecemos que las universidades deberán invertir al menos el 5 % de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2 %. No mezclen esto con lo que está diciendo Ayuso. Es decir, que haya grupos de investigación con capacidad para concurrir a las ofertas y a las convocatorias en concurrencia competitiva, y que tengan esa capacidad para hacerlo, decimos, solo y al menos el 2 % del presupuesto.

En segundo lugar, para garantizar una formación de calidad, debemos exigir criterios de calidad también al profesor docente e investigador. En concreto, al menos el 50 % del profesorado contratado debe ser doctor, debe ser científico. Y al menos el 60 % de estos debe tener experiencia acreditada en investigación, que quiere decir que tenga al menos un sexenio de investigación.

Además, requerimos que el equipo directivo de una universidad debe tener experiencia contrastada en gestión universitaria. Garantizamos el carácter integral y multidisciplinar de las universidades. Por eso, deberán ofrecer un mínimo de titulaciones. Diez en grado, seis en máster y tres en doctorado de al menos tres ramas del conocimiento y eso implicará también contar con un número mínimo de 4.500 estudiantes.

Además, no queremos tampoco que ningún estudiante que se matricule en ninguna universidad en nuestro país se quede tirado por falta de viabilidad económica de las empresas promotoras. Por eso, la cuarta línea de actuación de este real decreto es exigir a las universidades que, a la hora de crearse, demuestren solvencia económica mediante un aval. No olvidemos que la educación está blindada por la Constitución como derecho y la educación universitaria es un bien de interés general. Toda universidad ofrece un servicio de interés general y tiene que estar sujeto a ese interés y no a la especulación económica.

También nos parece oportuno y somos conscientes del problema que tiene de vivienda la sociedad española y también los estudiantes, así que vamos a introducir también la obligación de que cada universidad que se cree a partir de la aprobación de este real decreto debe construir unas plazas de alojamiento equivalentes al 10 % de su alumnado.

Para asegurarnos el cumplimiento de todos estos requisitos, establecemos un sistema transparente de rendición de cuentas. Las universidades deberán aportar anualmente al Sistema Integrado de Formación Universitaria toda la información detallada sobre el grado de cumplimiento. Estos indicadores se harán públicos y van a permitir hacer un seguimiento eficaz. Y también introducimos cambios al inicio del procedimiento de creación de una universidad.

Hasta ahora, no sé si ustedes lo saben, existe un informe de calidad que elaboran los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que era preceptivo, pero no vinculante. Eso, en la práctica, ha permitido que algunas comunidades autónomas hayan autorizado, es decir, hayan creado por ley proyectos de nuevas universidades, aun contando con informe de calidad negativo por parte de los técnicos del ministerio. Con este nuevo informe vinculante, de la ANECA o de las agencias autonómicas de calidad, damos un paso crucial para evitar que eso continúe pasando.

Miren, desde el año 2018, el Ministerio de Ciencia y el Consejo General de Política Universitaria ha emitido 25 informes. 13 de ellos, desfavorables. De esos desfavorables, cuatro han sido autorizados por ley autonómica. Es decir, esas cuatro universidades han sido creadas. Una en Madrid, una en Andalucía y dos en las Islas Canarias. Al menos otros cinco están, ahora mismo, en tramitación por las comunidades autónomas. Tres en Extremadura, otra en Madrid y otra en Galicia. Repito. Con informes desfavorables de calidad que no han querido trasladar a la decisión de creación o de no creación. Además, en los últimos cuatro informes, que fueron aprobados el 8 de septiembre, hay tres desfavorables y uno favorable, pero con... desfavorable, pero con condiciones, que puede pasar a ser favorable. Este condicionado es una petición de Extremadura. Pero, de nuevo, dos con criterio desfavorable en la Comunidad de Madrid y una en las Islas Canarias.

Como digo, a partir de ahora, la autorización de nuevas universidades requerirá un informe vinculante de las agencias de calidad que acrediten la calidad de ese proyecto universitario. Todas estas exigencias valen también para las universidades "online". Las universidades "online" de nueva creación pasarán a ser universidades estatales, porque su impacto no es en una comunidad autónoma, es en todo el territorio español. Por tanto, su informe de calidad será evaluado por la ANECA y tendrán que ser aprobadas por las Cortes Generales. Esto no aplica a las universidades "online" ya creadas. Tampoco aplica a aquellas universidades "online" en los territorios que reciben, al menos, el 20 % de la financiación de origen público ni a aquellas en las que, al menos, el 50 % de la docencia se imparta en una lengua propia cooficial de nuestro país.

Este real decreto lleva tiempo trabajándose. Ha requerido la participación y, por supuesto, el enriquecimiento de la comunidad estudiantil, de la comunidad universitaria, de los rectores y rectoras de las universidades, tanto públicas como privadas, que desde el principio han compartido con nosotros la preocupación por la calidad del sistema y la necesidad de esta reforma. Todas las aportaciones recibidas durante el trámite de audiencia pública han enriquecido este texto. Quiero destacar que, además, aprobamos este real decreto de acuerdo con el Consejo de Estado.

Y, para terminar, quiero destacar que los criterios de este real decreto se aplican a todas las universidades, tanto las privadas como las públicas. Se aplican también a las que ya existen. Tendrán unos plazos de adaptación suficientemente amplios como para que todas las universidades que ya existen puedan garantizar esa calidad en los próximos años. Así que con este real decreto cumplimos con los y las estudiantes, cumplimos con las familias, cumplimos con nuestro país, ejercemos nuestras competencias, las que tenemos, pero lo hacemos por el futuro de España.

Y también quiero destacarles que hoy hemos aprobado, en el Consejo de Ministros, el real decreto, ordinario, el de todos los años, de subvenciones, por valor de 1,8 millones de euros para las academias de cinco comunidades autónomas, que promueven el espíritu científico y cultural, diverso, que tiene nuestro país, a través de estas academias.

Como novedad y por primera vez, hemos incluido una aportación directa a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, por 198. 000 €, para que pueda seguir desarrollando sus actividades. Coincide esta aprobación con que los valencianos y las valencianas esta semana vamos a celebrar nuestra fiesta, "el nou d'octubre, la festa dels valencians i les valencianes". Y lo hacemos con el convencimiento de la necesidad de defender nuestra lengua, la "llengua valenciana", frente a la asfixia económica y los recortes a los que se está viendo sometida la Acadèmia Valenciana de la Llengua por parte de su Gobierno competente, que es el Govern de la Generalitat Valenciana. Así que sí, el Gobierno de España sale al rescate de la academia, de la ciencia, en este caso, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. "Moltes gràcies".

Portavoz. - Muchas gracias a los tres. Y empezamos ahora, por favor.

Ignacio Aguado Amilburu (Telecinco). - Sí. Buenas tardes, ministros. Ministra portavoz, sobre la votación, mañana, finalmente, del decreto de embargo de armas a Israel, me gustaría preguntarle qué previsión tienen. Acabamos de escuchar a Podemos decir que es un embargo "fake" y que no ataja la compra de armas a empresas filiales y el transporte a través de puertos de barcos cargados de armas a Israel. ¿Qué previsión tienen respecto a esta votación mañana?

Y un segundo tema, sobre los asesores de esposas de presidentes. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido los datos y las funciones de anteriores asesores de las parejas de los presidentes. Me gustaría saber qué importancia tiene para el Gobierno conocer esta información, a qué conclusiones creen que debería llegar con este proceso, con esta información, y si no la conocen ustedes ya.

Portavoz. - Bueno, por partes. Sobre la votación de mañana. Evidentemente, nosotros, como saben, estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto. Sobre todo, porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Y, además, creo que todos ustedes han podido ver y escuchar todos los pasos que este país ha dado con esa firme voluntad de alcanzar esa paz justa y duradera, con ese reconocimiento del Estado de Palestina y de Israel, con la liberación, por supuesto, de todos los rehenes, con la ayuda, que llegue toda la ayuda humanitaria y, por supuesto, también con este decreto de embargo de armas. Y, evidentemente, yo creo que lo importante en este caso es que pueda salir adelante y que pueda ser aprobado en la votación de mañana.

Y sobre la segunda pregunta que usted me realiza. Yo lo que le pueda trasladar es que, efectivamente, uno de los abogados ha solicitado, en este caso, al juez, que pida al Gobierno de España la relación de los distintos asistentes que han tenido otras parejas de otros presidentes del Gobierno. Y, lógicamente, si esa petición llega al Gobierno de España, nosotros, por supuesto, responderemos. Claro, también, se lo decía la semana pasada y se lo vuelvo a recordar hoy, no deja de ser llamativo y curioso que, habiendo existido esta figura de asistentes para todas las parejas de los presidentes del Gobierno, en este caso, mujeres, asistentes para las esposas de los distintos presidentes del Gobierno, es la primera vez de la historia que conocemos el nombre y apellidos del asistente. La primera vez. Pero ya le digo, esa decisión corresponde, en este caso, al juez instructor. Y si el juez traslada al Gobierno de España que enviemos esa información, el Gobierno de España responderá.

José Miguel Blanco (Agencia EFE). - Gracias. Buenas tardes. Para la ministra de Sanidad. Lanzaba una advertencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid en caso de que no cumpliera la ley. Comentaba que preveían todas las herramientas posibles. No sé si nos podría concretar si tienen prevista alguna medida, alguna iniciativa, pues eso, concreta, en caso de que esto ocurra.

Y para la portavoz. El presidente del Gobierno comentaba la semana pasada que estudiarían la posibilidad de que Israel hubiera violado la legalidad internacional al interceptar la flotilla. Después de las denuncias sobre el trato que ha habido por parte de algunos de sus integrantes, si van a tomar alguna iniciativa en ese sentido. Y respecto al aplazamiento de la votación del real decreto, si van a intentar aprovechar este tiempo, precisamente, para tener algún contacto con Podemos e intentar convencerles de que no voten en contra. Gracias.

Ministra Sanidad. -Bien, ante una presidenta de la comunidad que lo que está haciendo es una amenaza explícita a no cumplir la ley, pues, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad, en un asunto tan importante como es el derecho al aborto... por cierto, en un tema, que es el tema del registro de los objetores, en el que la Comunidad de Madrid votó a favor en el Consejo Interterritorial. No hubo ni un solo voto en contra cuando lo presentamos, este registro, en el Consejo Interterritorial. No solo no hubo ningún voto en contra, sino no hubo ni una sola declaración en contra. ¿Vale? Entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solamente está negando la acción de su propio Consejo de Gobierno, sino también de los técnicos de la Consejería de Sanidad. Dicho esto, por supuesto, tenemos que..., o sea, que garantizar el cumplimiento de la ley. En caso de que haya incumplimiento, vuelvo a repetirlo, vamos a poner todas las herramientas jurídicas, legales, normativas, administrativas que tengamos en nuestra mano para que no sea así.

Portavoz. - Bueno, sobre el aplazamiento de la votación, conocen ustedes que esta es una decisión que corresponde, en este caso, a la Mesa del Congreso, a los grupos parlamentarios, y aquí no le puedo... Y yo, respondiendo también o cogiendo parte de la respuesta que le daba a su compañero, desde luego, la voluntad y lo importante, lo verdaderamente importante es dar un paso más en ese camino que ha emprendido España ya desde hace mucho tiempo con esa dirección. Y creo que es un decreto, de verdad, que recoge un clamor, me atrevería a calificarlo como un clamor, y una posición más que mayoritaria en nuestra sociedad de seguir avanzando, como digo, en esos pasos que España ya ha dado.

Y sobre la segunda pregunta que usted me trasladaba. Conocen perfectamente que el Gobierno de España, desde el primer momento, ha trabajado, además, sin descanso, para garantizar, por supuesto, la libertad, la seguridad y el regreso de inmediato de todas las personas, todos los españoles que estaban en Israel. Además, estaban retenidos en Israel. De hecho, han llegado ya 48 de los 49. Desde el primer momento, además, han contado con esa protección consular y diplomática. Y ahora, la prioridad, lógicamente, es que pueda regresar la última española que está allí. Ya le digo que, además, cuenta con esa protección diplomática y consular. Y, además, está siendo visitada todos los días por nuestro cónsul allí. Y, lógicamente, solicitando, como no puede ser de otra manera, que se cumplan y se respeten los derechos humanos, en este caso.

A partir de ahí, ¿qué le puedo decir? Saben que la propia Fiscalía ya ha abierto una investigación. De hecho, ayer, cuando regresaban, eran 27 ciudadanos españoles, había, incluso, un médico forense para hacer esas primeras valoraciones voluntarias a quienes quisieran. Y, además, sí que también le puedo indicar, le puedo trasladar que nosotros ya nos hemos dirigido también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para velar por ese interés del respeto de los derechos humanos y también hemos instado a esta misma cuestión a la alta representante de la Unión Europea.

En estas últimas horas, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores está hablando y teniendo conversación con los 47 miembros de esta flotilla, y los pasos que tengamos que ir dando los daremos a conocer posteriormente. Pero, ya de entrada, la Fiscalía ha abierto una investigación y nosotros nos hemos puesto en contacto tanto con la alta representante de la Unión Europea como, por supuesto, con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Fernando Garea (El Español). - Sí. Buenos días. A la ministra portavoz le quería pedir una valoración del Gobierno sobre el informe de la UCO respecto a las actividades del que fue número dos del Gobierno y del Partido Socialista, y que, según indica ese informe, parece que manejaba dinero en metálico. Si cree que hacen falta mecanismos, o que fallaron en este caso, para detectar lo que ocurrió, o, al menos, si hay autocrítica de que no se detectara esta situación.

Y al ministro de Transformación Digital le quería preguntar si en el anteproyecto de transparencia que se ha pasado hoy por el Consejo de Ministros o en alguna de las normas previstas en este plan de regeneración va a haber algún tipo de regulación sobre los cónyuges o las cónyuges de los presidentes del Gobierno, en cuanto a conflicto de intereses, incompatibilidades o transparencia y también a las personas asignadas a los cónyuges o parejas. Muchas gracias.

Portavoz. - Ministro, cuando quieras.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Bueno, toda la regulación, obviamente, afecta a los cargos públicos, a los funcionarios públicos y a los servidores públicos. Obviamente. Por lo tanto, todas las normas que se están haciendo afectan a quien se puede exigir, que es aquel que ostenta un cargo público o, como digo, una... o es funcionario público, un cargo político. Por lo tanto, lo que me pregunta usted es una pregunta que ya viene de lejos, que no está en los planes que se han presentado, que sería la regulación de esa figura como tal, la figura de la pareja de... eso no está en ninguno de los planes que se han hecho hasta el momento. Y, desde luego, insisto, todos los esfuerzos que hacemos de reforzar la transparencia, de reforzar los controles, afectan, obviamente, a los cargos públicos, a los cargos políticos y a los funcionarios administrativos.

Portavoz. - Y sobre el informe de la UCO, lo más importante, y es que deja claro y demostrado que en el Partido Socialista no hay financiación irregular. Que todo el dinero del Partido Socialista tiene origen legal, está contabilizado y, sobre todo, está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y aquí, una cuestión que me parece también importante, pagar en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal. Ni es irregular. Y no se hace solamente en los distintos partidos políticos. Ustedes lo conocen. En el Senado, por ejemplo, si un senador o una senadora tiene que hacer un desplazamiento, por su cargo, al extranjero, esa dieta, el Senado se la paga en metálico. Lógicamente, aportando tu factura o tu tique. Y esto es una práctica habitual que se hace, como digo, en empresas, en instituciones, y que, evidentemente, siempre tienen registro contable. Es un dinero que sale de las cuentas corrientes. Cuentas corrientes que están auditadas, en este caso, las del Partido Socialista, lógicamente, por el Tribunal de Cuentas.

Lo digo porque... discúlpeme, Fernando, que aproveche su pregunta para explicarle esto. Es que estamos escuchando también estos días al Partido Popular hablar de sobres y de financiación irregular... ¡Hombre! Es como... El símil que me viene a la cabeza es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques. Ya le digo, para mí, lo verdaderamente importante, para mí, desde luego, y para todos los ciudadanos, es que lo que deja claro y demostrado... tengo aquí... En fin, les evito a ustedes, pero lo podría hacer. Tengo aquí el propio informe de la UCO. Lo que queda claro y registrado es que no hay financiación irregular. No hay, no existe financiación irregular. Y, desde luego, todo el dinero, todo el dinero del Partido Socialista tiene origen legal, está contabilizado y, lo que es también muy importante, fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y, como saben ustedes, porque así se lo ha explicado en otras ocasiones el propio secretario general del partido, con dos auditorías externas, que llevan, también, trabajando para las cuentas del Partido Socialista en estos últimos años.

Carlos Elordi Cué (El País). - Sí, ministra portavoz. Se ha retrasado la votación a mañana, precisamente, por los dos años del atentado de Hamás. Quería saber si el Gobierno quería hacer algún comentario sobre esos dos años, cómo hemos llegado a estos dos años y cómo han cambiado las cosas en estos dos años. Pero, sobre todo, le quería preguntar qué pasa con la relación con Podemos. En sentido más general. Porque no es solo la votación esta, también el de movilidad sostenible es bastante probable que lo puedan tumbar. ¿Qué está pasando con la rela...? ¿Qué análisis hace el Gobierno de cómo se ha ido deteriorando la relación con Podemos? Y dónde estamos y si se puede solucionar.

A la ministra, sobre el tema de Ayuso, ¿qué puede hacer Madrid no solo por el tema del registro, sino qué puede hacer el Gobierno para que Madrid pase de ese 0,4 a un 50 % o Andalucía para que suba al 50 %? ¿Puede hacer algo el Gobierno para que realmente haya aborto público en Madrid y en Andalucía, que parecen ser alguna de las peores?

Al ministro, le quería preguntar sobre lo que ha dicho Fernando. No está en los planes. ¿Por qué no está en los planes? ¿Todo lo que ha pasado no hace pensar que a lo mejor sería el momento de regular la actividad de la pareja del presidente? Y, en general, ¿vamos a un gobierno más abierto? ¿No podríamos empezar por la agenda? Porque no conocemos la agenda de, prácticamente... del presidente y los ministros conocemos una entrada al día. El día que más, dos. Los ciudadanos no saben con quién se reúne... Entendemos que el presidente del Gobierno se reúne con mucha gente todos los días. La mayoría de la gente que se reúne con el presidente del Gobierno no está en agenda. La mayoría de la gente que se reúne con los min... Mire la agenda cualquier día de la semana pasada y es imposible que el presidente del Gobierno tenga tan poca agenda. Con lo cual, ¿van a hacer algo con eso?

Y a la ministra Morant, en sentido general, porque ya se ha hablado de este tema, incluso hubo una ley. El ministro anterior hizo una ley diciendo que iban a intentar frenar el tema. Les llamaron los chiringuitos universitarios. ¿Qué ha pasado para que en siete años y pico un gobierno progresista no haya sido capaz de frenar ese gráfico? ¿Realmente no tienen competencias o no se ha hecho hasta ahora? ¿Pueden cambiarlo o realmente es imposible? Gracias.

Portavoz. - Muy bien. Esto sí que ha sido una pregunta repartida.

Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. - Lo que hicimos fue un real decreto en el año 2021 y hoy estamos reformando ese real decreto del año 2021 con otro real decreto en el que... por eso lo que decimos nosotros, es que incrementamos las exigencias. Y el factor fundamental es el informe vinculante porque, además, le he hecho el listado de lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, había un real decreto que establecía cuáles eran los requisitos para las universidades, pero, si me permite la expresión, las comunidades autónomas se lo han saltado a la torera.

De manera que podemos estar discutiendo cuáles son los requisitos de calidad exigibles del real decreto anterior o de este real decreto, que la cuestión es que, si después no obligamos a las comunidades autónomas a que tengan en cuenta esa acreditación de calidad y, por tanto, se acaba ahí el trámite... Si una agencia de calidad considera y emite un informe desfavorable de calidad, ahí se acabó el trámite. Ahora mismo, el informe era preceptivo. Lo emitía el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los técnicos. Se sometía al Consejo General de Política Universitaria y aun siendo desfavorable, las comunidades autónomas se acogían a ese informe, lo tiraban al cajón y aprobaban la universidad igualmente. De esa manera, se ha ido degradando. Hemos visto nuevos parámetros que se han ido degradando y por eso necesitamos establecer nuevos criterios de calidad, pero fundamentalmente lo que hace esta norma es hacer vinculante un informe de calidad.

Pero, además, es que es una cuestión, a mí me parece, de Perogrullo. Si cuando vamos a un hospital, queremos que ese hospital tenga..., puede ser público o privado, una clínica, que tenga acreditada la solvencia y la calidad para prestar el servicio, ¿por qué en las universidades no tenemos que tener esa acreditación garantizada? Porque después, a la hora de generar grados universitarios, a la hora de acreditar a los profesores y a las profesoras, tenemos a las agencias de calidad, a la ANECA y a las agencias regionales, pero en el momento inicial, en el momento de partida, de creación de una universidad, cuando a un centro le vamos a poner la categoría y el nombre de institución "universidad".

En este momento, en este país, no se estaba exigiendo que la calidad fuera un principio fundamental para iniciar la actividad, pero, vuelvo a decir, aquí hay un doble debate. Está este, pero, sobre todo, lo que estamos viendo es la infrafinanciación de la universidad pública, que está haciendo y está abocando a nuestros jóvenes a o bien ser excelentísimos o bien que su padre o su madre saquen un crédito para poderle pagar la universidad. Y eso es un despropósito en este país.

Y se lo dice, lo he dicho muchas veces, yo soy la primera universitaria de mi familia. Soy nieta de una mujer que no sabía ni leer ni escribir. El acceso a la universidad de mi generación ha dependido de la construcción de un sistema de universidad público y universal. Y con los esfuerzos, también lo quiero señalar, de los distintos gobiernos progresistas. El gobierno de Felipe González, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el gobierno progresista de Pedro Sánchez. Y, por tanto, vamos a seguir trabajando para garantizar ese ascensor social que permite que no solo heredemos aquellos que no tenemos que heredar nada de nuestros abuelos más que los grandes valores que nos han transmitido, que podamos tener oportunidades y que superemos las herencias de clase en este país. Y eso es lo que la señora Ayuso, el señor Juanma Moreno Bonilla, el presidente.... la presidenta de Extremadura van a socavar con esta aprobación y creación de universidades privadas. Al final, la excusa es que hay oferta suficiente, pero lo cierto es que la oferta pasa por tener que ir al banco y que te hagan un préstamo.

Ministra Sanidad. -Sí, ante la pregunta de ¿qué puede hacer el Gobierno de España cuando hay una comunidad que no cumple la ley? Pues aquí se abren muchas respuestas. Yo vuelvo a insistir. Todas las herramientas jurídicas, administrativas, todas las que tengamos en nuestra mano, que van, por supuesto, en la parte de Sanidad, desde la alta inspección hasta el inicio de cualquier elemento sancionador, o elemento, en el que podamos poner en solfa que hay una presidenta que no solamente se quiere saltar la ley, sino que hace una declaración explícita y yo quiero recordar lo que significan las leyes en nuestro país. Las leyes son la herramienta con la que nos hemos dotado para vehiculizar nuestra democracia, ¿no? Son las leyes con las que tenemos que jugar en este juego de la democracia al que, parece ser, que la señora Ayuso no quiere jugar.

Y vuelvo a recordar dos cifras que me parecen importantes. No solamente la Comunidad de Madrid no cumple el registro de objetores, que vuelvo a insistir, fue votado por la Comunidad de Madrid en el Consejo Interterritorial de manera favorable y positiva, sino que, además, está privando a las mujeres madrileñas de su derecho a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en lo que dice la Ley 1/2023 de hacerlo preferentemente en los hospitales públicos con un 0,4 %. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid? Copiar a otras comunidades del Partido Popular, por ejemplo, se me ocurre. Por eso, en nuestro informe también ponemos unas buenas prácticas identificadas, que la señora Ayuso no tiene que inventarse nada. Tiene que dejar de atacar un derecho que tenemos conquistado desde hace décadas y lo que puede hacer es copiar las buenas prácticas que han hecho en otras comunidades para garantizar que ese derecho al aborto se realice y se produce en nuestra red sanitaria pública.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Bueno, por cierto, no se incumple solo la ley del aborto, se incumple la ley de vivienda y la ley de memoria también en la Comunidad de Madrid. Todas ellas recurridas por el Gobierno de España.

En relación con la pregunta que me hace, señor Cué, vamos a ver. Sabe que cuando me provoca me gusta reflexionar sobre ello y darle argumentos. Mire, la figura de la pareja del presidente del Gobierno, sea quien sea, en el momento que sea, en el pasado o en el futuro, no es un cargo público. No es un funcionario público. No tiene un sueldo público. No tiene firma para resolver contratos o resoluciones. Sin embargo, sí se ve sometido al escrutinio que se ve en los políticos, por ejemplo. ¿Debería tener regulada también la transparencia en su agenda? Lo que preguntaba usted, por ejemplo.

Es verdad que esta ley refuerza las obligaciones de publicación de agenda de todos los cargos públicos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿es exigible a una persona que ni es representante político ni es cargo público, ni ha sacado una plaza de funcionario que le da la capacidad de tener firma en la resolución de un expediente administrativo, de un concurso, le es exigible lo mismo que a esas personas que han tomado la decisión de entrar en política, que sí que tienen firma, que tienen capacidad, que sí tienen capacidad de resolución, capacidad de decisión sobre decisiones de la Administración Pública? Obviamente, no. ¿Quiere eso decir que no haya ningún tipo de control? Lo hay.

Todos ustedes saben que, no en este caso, en el caso de todos los representantes políticos, nuestros familiares están todos sometidos a un escrutinio. Le pongo ejemplos concretos. Si... la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo que hacer una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses porque su marido, si no recuerdo mal, trabajaba en Telefónica. Y había decisiones del Gobierno que afectaban a Telefónica y la Oficina de Conflicto de Intereses tuvo que pronunciarse sobre eso. Hay regulación al respecto. Hay regulación de incompatibilidades, que ya existe, que afecta a los familiares del presidente del Gobierno, a todos nosotros. Ya les afecta.

Usted sabe que el Partido Popular ha llevado una denuncia en dos ocasiones a la Oficina de Conflicto de Intereses precisamente contra la mujer del presidente del Gobierno. Denuncias que eran ridículas y absurdas porque versaban sobre decisiones de la administración con las empresas, o en empresas de las que no formaba parte la mujer del presidente del Gobierno. Luego, la propia denuncia era absurda. Luego, ya hay un cierto control. Ya estamos sometidos, todos nuestros familiares están sometidos a un cierto control. Ya hay un régimen de incompatibilidades que afecta a nuestros familiares porque, lógicamente, tomamos decisiones que pueden afectar a empresas y, por lo tanto, ya tenemos un régimen, tienen, sin haber tomado la decisión de dar un paso en la política. Las personas de nuestras familias ya están sometidas a un régimen de incompatibilidades. Ya se pueden ver, permítanme que fuerce el ejemplo, se pueden ver incluso perjudicadas en sus intereses porque como su familia son políticos, ministro o cualquier cargo público ya se ven perjudicados sin haber tomado la decisión, insisto, de ser cargo público ni político ni funcionario. Eso ya está.

Ahora, yo pregunto: ¿En este país se quiere regular, se quiere hacer que la pareja, sea hombre, mujer, del presidente del gobierno y de otros cargos públicos sea un cargo público con un sueldo público con las mismas obligaciones que un cargo público? Ya les digo. Mi opinión no es esa. Insisto, esta ley y el resto de legislación que estamos haciendo fortalece los controles de transparencia democrática sobre quién debe fortalecerlo, que son los políticos, los cargos públicos, el Gobierno, la administración, la Administración General del Estado y el resto de instituciones de quién sí tiene una capacidad política y toma decisiones.

Portavoz. - Y sobre las dos preguntas, Carlos, que me hacía. Sobre la relación con Podemos. Usted sabe, este gobierno está formado por el Partido Socialista y por Sumar. Si lo llevamos a apoyo parlamentario, estamos hablando, si no me falla el cálculo, de 152 diputados y diputadas. Evidentemente, para llegar a esos 176 votos necesarios para alcanzar esa mayoría, pues es exigible diálogo, mucho trabajo, sudar mucho la camiseta con el resto de las fuerzas políticas y distintos grupos parlamentarios. Porque es lógico que cada grupo parlamentario, que cada partido político que está representado en el Congreso defienda sus intereses y defienda sus propuestas. Oiga, lo que nos corresponde también a nosotros es trabajar con todos ellos y hablar mucho, dedicarle muchas horas de nuestro trabajo a convencer a esos grupos para poder aprobar las distintas leyes o las distintas propuestas que llegan al Congreso de los Diputados, pero sea la votación de mañana o sea cualquier otra.

Tenemos el parlamento que tenemos. El parlamento que han votado los españoles y españolas. Un parlamento complejo, con una importante representación de distintas fuerzas políticas y aquí no hay ninguna varita mágica. O, mejor dicho, la varita mágica pasa por el diálogo y el trabajo continuado con las distintas fuerzas políticas. Y sus frutos ha tenido. Y sus frutos ha tenido porque, aunque tengamos ese Congreso de los Diputados con una amplia representación de distintas fuerzas políticas y nosotros y este gobierno en minoría parlamentaria, hemos aprobado 44 leyes en esta legislatura. Yo también les invitaría, podrán hacer ustedes un repaso de las leyes que se han aprobado, por ejemplo. ¿Son muchas, son pocas? Podemos comprobar o podemos mirar cuántas leyes han aprobado en distintos parlamentos. Incluso en parlamentos con mayorías absolutas. Entonces...

Sobre la otra pregunta que me hacía, efectivamente, hoy es una fecha muy señalada porque se cumplen, como conocen perfectamente, los terribles atentados perpetrados por Hamás y, desde luego, creo que es un día también para mostrar una vez más el rechazo del Gobierno, nuestra condena más rotunda al terrorismo en todas sus formas. Y, como le decía anteriormente también a su compañero, pedir también, por otro lado, a Netanyahu que pare ese genocidio contra el pueblo de Palestina, que abra esa vía humanitaria que, por supuesto, también se liberen todos los rehenes y que sigamos intentando alcanzar esa paz duradera que será muy difícil que lleguemos a ella si no se establece ese reconocimiento y ese diálogo entre los dos estados.

Irene Castro (ElDiario.es). - Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy un poco como coche escoba. A la portavoz le quería preguntar qué es exactamente lo que está negociando con Podemos y si están ustedes dispuestos a hacer cambios en el decreto que aprobó el Consejo de Ministros. Y si nos puede dar algún detalle de la situación de la integrante de la flotilla que sigue todavía retenida en Israel.

Y al ministro López, le quería preguntar un poco ¿cuál es el detalle de lo que van a tener que publicar en las agendas? Por ejemplo, con la nueva ley, ¿Mazón habría estado obligado a publicar la comida que tuvo el día de la DANA? O, por ejemplo, ¿se tendrían que haber publicado las reuniones que algunos ministros han tenido con empresarios? Es decir, lo que le preguntaba mi compañero Carlos, ¿las reuniones que ustedes como ministros o que el presidente tenga con empresarios se van a tener que publicar en las agendas con esta ley? Gracias.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Evidentemente, la ley recoge obligaciones y refuerzo de la publicación de las agendas oficiales y de los viajes institucionales. ¿La comida del señor Mazón era oficial, era institucional? ¿Estaba hablando con esta periodista sobre si podía ser directora de la televisión valenciana? No lo sé. ¿Estaba hablando en calidad de presidente? No lo sé. Tengo más preguntas que respuestas.

Portavoz. - Perdón.

Irene Castro (ElDiario.es). -Las reuniones de los ministros con empresarios.

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. - Bueno, insisto, todo lo que son reuniones oficiales. Es más, no solamente estamos haciendo esto. Estamos haciendo también, que es muy importante, que este país no olvida, la ley de "lobbies", que está en el Congreso de los Diputados. Y reforzar la huella legislativa y, por lo tanto, no solamente en los procedimientos de contratación del Estado, también en los procedimientos de elaboración de leyes, ahora sí, habrá, cuando esté aprobada esta ley, y esté aprobada la ley de "lobbies", lo que no había en este país hasta ahora, que es saber si un diputado o un ministro se ha reunido con un sector afectado. Con lo cual, por cierto, en la mayoría de las veces es lo lógico y es público muchas veces. Todos los ministros nos reunimos con sindicatos, con el sector que nos toca. La señora García con el sector farmacéutico. Yo me reúno con las nuevas tecnologías, con las plataformas digitales todos los días. La señora Morant se reúne con las universidades todos los días y la agenda es pública. Y es bueno que los ciudadanos conozcan cómo los representantes políticos hablan con los sectores y en qué medida. Es más, incluso las reivindicaciones que hacen los sectores las conocen ustedes porque cuando nos ven, hacen nota de prensa: "He visto al ministro para pedirle que la ley incluya esto, haga esto". Cuanta más transparencia, mejor. Y, desde luego, este Gobierno va a aplicar la máxima de cuanta más transparencia, más democracia y mejor para todos.

Portavoz. - Sobre la pregunta que me hacía, en parte le he contestado a alguno de sus compañeros, pero la única ciudadana española que queda en estos momentos detenida, que, además se llama Reyes Rigo, lo decía anteriormente, cuenta, como no puede ser de otra manera, con protección consular, protección diplomática. El propio cónsul, además, desde el primer momento está allí presente, en el propio centro de detención y, desde luego, que no le quepa ninguna duda, no vamos a escatimar, como no hemos hecho hasta ahora, ningún esfuerzo ni ningún recurso hasta que esta española, esta ciudadana, pueda volver de nuevo a su país.

Y sobre las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios y distintos partidos políticos, pues es que son constantes. Si es que son prácticamente diarias. No me pida que le cuente de qué versan cada uno de los diálogos y las negociaciones que tenemos con los distintos partidos políticos, pero que esa es nuestra realidad. Que la realidad de mantener diálogo abierto con todas las fuerzas políticas es nuestro día a día. Y como decía anteriormente a su compañero, un trabajo que yo creo que ha sido fructífero porque ahí están esas 44 propuestas legislativas que se han aprobado ya en esta legislatura.

Muy bien. Pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)