Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Justicia, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Moncloa

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a esta comparecencia de prensa en la que les daremos cuenta de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros y Ministras, y después, como siempre, quedando a su disposición para ampliar cualquiera de estos asuntos, que además, también serán completados con la referencia que normalmente adjuntamos al finalizar esta comparecencia y que, en cualquier caso, siempre quedamos a su disposición para ampliar la información.

Me acompañan, como ven la ministra de Justicia, que les va a dar cuenta de una importante iniciativa, un paquete de iniciativas de su ministerio en el que destaca el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, que modernizá la Justicia, que entroncará todos los sistemas de la administración de Justicia en nuestro país, en definitiva, haciendo una Justicia mejor y garantizando el servicio público de la administración de Justicia.

También nos acompaña el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, además, con la buena noticia de que, por fin, y siendo los primeros, de los primeros países, tenemos ya la luz verde, la nueva regulación de la Política Agraria Común, enhorabuena, ministro, y a todo tu departamento por ese éxito, de estar, de nuevo, entre los primeros en Europa en tener este visto bueno, tan importante para un sector importantísimo también en nuestro país.

Pasaré a darles cuenta de la reunión del Consejo de Ministros del día de hoy, y de algunos asuntos a los que me quiero referir, en una semana, tras el Debate del estado de la Nación, donde el presidente del Gobierno avanzó el proyecto de trabajo para los próximos meses para el Ejecutivo, trabajos que están en marcha, y que seguimos abordando, con una agenda que no para, atendiendo las urgencias a las que me quiero referir también, en este caso, los incendios, pero sin perder de vista una hoja de ruta clara, en avances, en modernización, en recuperación de la normalidad en el ámbito institucional, las relaciones siempre leales con las comunidades autónomas…

La semana pasada había un encuentro importante aquí en La Moncloa, con el presidente de la Generalitat, y la próxima semana, también, en esta intensa agenda del presidente, el próximo jueves, el día 28, tendremos a los presidentes recién elegidos de Galicia, Castilla y León y Andalucía, y les daremos cuenta de estos encuentros al finalizar la misma.

Una agenda, la del presidente, que los próximos días se completará con una agenda internacional, en Polonia y, por lo tanto, iremos dándoles cuenta de cada uno de estos avances.

Les decía que estamos en lo urgente y la urgencia, estos días, está siendo el drama. El drama de ver arder el campo, de ver arder el monte, una verdadera tragedia medioambiental, pero, sobre todo, cuando se producen pérdidas humanas, una tragedia que es irreparable, la pérdida de estas, y permítanme que reitere, en este caso, el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas como consecuencia de estos incendios.

En el Consejo de Ministros hemos recibido un informe de balance de la situación en el día de hoy, un informe que paso a relatarles, en algunas cifras, a concentrar algunas cifras, para ver la entidad de lo que está sucediendo.

En esta segunda ola que estamos sufriendo de calor, hemos perdido 20 000 hectáreas, en lo que va de año, hemos perdido 70 000 hectáreas, el doble de la media de la última década, el doble de la media de la última década.

En estos últimos incendios han sido evacuadas hasta 8000 personas. Como les decía, han fallecido dos personas, un brigadista y un ganadero, ha habido heridos graves, algunas imágenes, que ustedes han ofrecido a través de sus medios de comunicación, realmente desoladoras.

El Comité Nacional de Seguimiento estima en estos momentos 39 los incendios, 24 de ellos activos. En 11 hay medios estatales colaborando con las tareas de extinción, en cinco de ellos está la UME, y en nueve están medios aéreos. En algunos son coincidentes, la UME y los medios aéreos.

No se ha precisado el Sistema Europeo de Protección Civil, no ha sido necesario acudir a este sistema, si bien, sí estamos colaborando nosotros, desde España, con el país vecino, con Portugal.

Estamos ante un fenómeno climatológico adverso, que desde los organismos especializados, este tipo de alertas climatológicas se entendían que iban a suceder allá por el año 2050, pero lo estamos sufriendo ya hoy, dos olas de calor en menos de un mes, cinco días consecutivos con temperaturas máximas de 40 grados durante el día y mínimas de 30 grados durante la noche. Sin duda, circunstancias muy adversas, que nos hacen reiterar nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y el trabajo que veníamos haciendo desde el Gobierno, también en las tareas de extinción y prevención de incendios.

En ese sentido, me gustaría recordarles que el 21 de junio, en Consejo de Ministros, trajimos esa campaña contra incendios, que presenté también ante ustedes, y en las que el Gobierno sigue reforzando sus medios disponibles, son 16 los aviones anfibios, tenemos ocho helicópteros, 10 aviones de carga de tierra, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, cuatro aviones de coordinación y observación, cuatro helicópteros de vigilancia operados por Guardia Civil…Estamos haciendo, en estos momentos, un proceso de licitación, precisamente, para modernizar esta flota aérea y sustituir varias unidades que están fuera de servicio. Tenemos que sumar a estos medios, siete unidades móviles de análisis y planificación sobre el terreno, cerca de 1000 efectivos entre técnicos, pilotos, mecánicos de aeronaves, personal de brigadas forestales, las bases de los medios aéreos y trabajadores de los distintos ministerios, con todos ellos coordinados por el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios.

Me detengo un minuto también en poner en valor al capital humano, el Gobierno cuenta con los efectivos humanos y materiales de la Unidad Militar de Emergencia, 1400 en intervenciones de ataque directo al fuego, y otros 1500 en funciones de apoyo logístico, y los del Grupo 43 del Ejército del Aire.

Nuestro reconocimiento a todos ellos y agradecimiento por esta tarea que se ve reforzada por otros departamentos ministeriales, como es el caso de la Justicia, con fiscales especialistas para abordar aquellos incendios que son fruto del hombre de manera intencionada, y a lo que hay que perseguir sin tregua.

También, en el ámbito de la seguridad ciudadana, hemos reforzado los recursos de SEPRONA, en este periodo de verano, en materia de infraestructuras.

También, estamos conveniando con comunidades autónomas para tareas de limpieza y cortafuegos, e incluso el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene un capítulo específico contra incendios.

Y, por supuesto, también, el Ministerio de Política Territorial, en su presencia a través de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, está haciendo una tarea excepcional.

Se trata, como les decía, de un verano trágico desde el punto de vista de los incendios, que hace que tengamos que replantearnos la respuesta que damos a los mismos, y en ese sentido, merece la pena recordar el anuncio que el presidente del Gobierno realizó esta semana pasada durante el debate del Estado de la Nación, y que se enmarca en la idea de que es necesario actuar, de que es necesario reformular los medios que en estos momentos tenemos a disposición, actualizar los protocolos en ese nuevo marco regulador del Estatuto Básico para el Personal de Prevención y Extinción de Incendios.

Son decenas de miles de personas las que en las competencias de las comunidades autónomas están cada día trabajando en la extinción de incendios y dada las circunstancias y que los incendios no delimitan los territorios por comunidades autónomas, no se para el incendio cuando llegamos al término de un territorio, de una comunidad autónoma a otra, sino que los incendios y las comunidades autónomas pegadas unas con otras se sufren de manera simultánea.

Es necesario homologar, con unas bases, ese sistema competencial que lo es de las comunidades autónomas, pero para garantizar la eficacia de todos los medios y la homogeneidad de las realidades que en este sentido tiene el personal de prevención de incendios de las comunidades autónomas, a los que también trasladamos nuestro reconocimiento.

Se hace necesaria, como decía, esa reflexión de modernización de los protocolos, de mejora de los medios que ya planteamos, también quiero recordar, en la última Conferencia de Presidentes, donde pusimos en marcha los trabajos para una nueva estrategia de actuación en emergencias, con ese horizonte 2035, pero que, sin duda, los acontecimientos hacen que tengamos que acelerarlo, como proponía el presidente en el Debate del estado de la Nación.

También, ese mismo 21 de junio, en el que les di cuenta del Plan Contraincendios del Gobierno de España, les recuerdo, que estaba incorporado entre los acuerdos de Consejo de Ministros, un plan de acción estival por parte de la Administración General del Estado. Y me refiero a él, porque también, las consecuencias de la ola de calor, está teniendo secuelas en la sanidad y en la salud humana. Y en ese sentido, como se contemplaba en este Plan, hago un llamamiento a la población en general, para que en estos momentos de altas temperaturas, vamos a tener un descanso, un sosiego, una bajada de temperaturas en estos dos próximos días, aunque se extenderán en los siguientes, hacemos un llamamiento, en general, para seguir con esos protocolos de prudencia, para evitar accidentes y, desde luego, también aprovechar ese llamamiento para trasladar nuestro pesar por aquellos que han fallecido como consecuencia de la ola de calor, no en la extinción de un incendio, sino en su puesto de trabajo.

Y en ese sentido, como ya hemos transmitido, asegurar que el Gobierno actuará con contundencia a través de la Inspección de Trabajo, como ya está haciendo, y seguiremos atentos y vigilantes a estas situaciones. Y, además, también ahondar en esa reflexión conjunta de que todas las administraciones, los empresarios, los sindicatos, tenemos que revisar las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales cuando tenemos estas temperaturas extremas.

Esto ha sido, sin duda alguna, una parte importante del Consejo, que ha tenido otras decisiones que tienen que ver también con el cambio climático y sus consecuencias, en este caso con el agua. Hemos aprobado una estrategia del agua para la transición ecológica. Se trata de poner en el lugar que merece la protección de este bien básico, no solo para la supervivencia humana, sino para también la preservación de nuestro medio ambiente.

Se trata de un plan ambicioso. donde lo que hacemos es valorar todos los a las adversidades y los retos que tenemos por delante, la dificultad de los recursos hídricos. Se da la circunstancia que estamos viviendo periodos de alta sequía al mismo tiempo que se están produciendo las mayores inundaciones de nuestra historia, y esto hay que gestionarlo también desde las administraciones públicas.

Se trata de eso, de un plan para la mejor gestión del agua en todos los sentidos, desde la sequía, pero también a las inundaciones, un plan donde el Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica, a través de distintas actuaciones, está entregado a la preservación de este bien, a su mejora en los recursos, desde los planes hidrológicos de Cuenca, que están pendientes de su aprobación, hasta el propio plan estratégico de digitalización para la mejora del uso del agua, donde vamos a poner una cantidad importante de recursos, más de 1000 millones de euros, o la modificación de las leyes y las normas relativas al agua. Un plan extenso, en que les animo a profundizar porque, sin duda, es de mucha importancia para nosotros, y donde España ejerce un liderazgo en una buena gestión del agua.

Y el último acuerdo al que me quiero referir tiene que ver con otra de las señas de identidad de este Gobierno, que son las políticas sociales, en colaboración con las comunidades autónomas, con las que compartimos la gestión, en este caso, de las políticas de atención a las personas dependientes.

Hemos aprobado en este Consejo de Ministros una propuesta de distribución territorial para las comunidades autónomas. Hemos fijado criterios de reparto, que se han trabajado, y se abordan también en la Conferencia sectorial, por casi 500 millones de euros, exactamente, 483 millones de euros, destinados a políticas de atención a las personas dependientes.

Quiero recordarles que el Gobierno ha restituido todos los recortes que en esta materia llevó a cabo el anterior Gobierno, hemos incrementado, hemos duplicado la inversión que existía en estas partidas y hoy estamos en cifras históricas de atención a las personas dependientes, con presupuesto general del Estado, que no se producían desde la aprobación de la Ley. Estamos en la mayor inversión, la mayor cifra histórica de inversión en la política de atención a las personas dependientes.

Hemos centrado este acuerdo en tres objetivos básicos, la reducción de las listas de espera, para acceder a los recursos públicos a las personas dependientes, la mejora de la calidad del empleo, a las personas que se dedican, trabajadores, y en su mayor parte trabajadoras, a los cuidados, y también la mejora en la calidad de los servicios y las prestaciones que en cada comunidad autónoma se destinan a las personas con discapacidad.

Estos son los asuntos más destacados que, como les decía, serán completados en la referencia del Consejo de Ministros y en cualquier aclaración que ustedes requieran.

A continuación, cedo la palabra a la Ministra de Justicia.

Ministra de Justicia, Pilar Llop.-Muchas gracias, ministra portavoz, buenas tardes.

Vengo hoy a presentarles, a anunciarles que el Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia, una Ley que pertenece a la tríada de leyes del Proyecto Justicia 20-30, que sustentan este proyecto modernizador y transformador de la administración de Justicia.

Esto está dentro del marco, de la hoja de ruta de fortalecimiento institucional, que lleva a cabo este Gobierno desde su inicio y, también, dentro de la hoja de ruta de este proceso transformador de los servicios públicos, un proceso de transformación digital, y hoy estamos dando, gracias a la aprobación de este proyecto, un paso crucial, un paso fundamental, para construir esos cimientos fuertes, sólidos, de un edificio de la justicia del futuro, una suerte de Justicia 5.0.

Un nuevo modelo de Justicia que se aborda, además, desde distintas dimensiones, en este caso, la dimensión digital, pero también desde la dimensión organizativa y desde la dimensión procesal.

Y por primera vez, contamos, además, con los recursos económicos suficientes para poder abordar este gran proyecto, un gran proyecto de país, que se ha venido trabajando en diálogo interterritorial, en diálogo entre las distintas administraciones territoriales, en cogobernanza con los gobiernos autonómicos, 12 de las 17 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia, y las dos ciudades autónomas, así como también, en diálogo interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y con las Administraciones Territoriales Locales, la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha venido incorporando a los instrumentos de cooperación y coordinación territorial, como son las conferencias sectoriales, desde hace ya varios meses.

Además, también, tenemos que dar las gracias a los colectivos profesionales del sector justicia, que han venido haciendo importantes aportaciones a este proyecto que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, y también, a la colaboración público privada, porque no en vano este proyecto está siendo acompañado por los importantes proyectos de digitalizadores de la Justicia, la CEOE, AMETIC, que es la patronal de las empresas de tecnologización, y otras empresas tecnológicas y de desarrollo de inteligencia artificial.

Todo ello se hace en consonancia con la Carta de Derechos Digitales, que fue aprobada por este Gobierno hace un año, una Carta de Derechos Digitales que además, lo que ha permitido es favorecer el diálogo tecnológico y la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal, hay siete en las comunidades autónomas, y hoy por hoy podemos anunciar que todos los sistemas de gestión procesal, y esto estaba pendiente desde hace muchos años, ya son completamente interoperables con el Tribunal Supremo.

Vamos, por lo tanto, hacia ese diálogo de la propia administración de Justicia hacia dentro, que hablen los distintos juzgados y tribunales, que hablen también con la Fiscalía en todo el territorio, pero también hacia fuera, que puedan hablar con la Administración General del Estado, con otras entidades, colegios profesionales y también, con otras administraciones, como las entidades locales.

Y permítanme decirles que, en materia de digitalización de Justicia, España es un referente. Así se nos ha considerado por la Comisión Europea, también por el Consejo de Europa, y hemos recibido una carta del comisario Reynders poniendo en valor todo el proceso digitalizador que venimos abordando y que gracias a este Proyecto de Ley, además, estará dotado de la necesaria seguridad jurídica y del entramado normativo fundamental para poder hacerlo sostenible y que sea una realidad.

Es un marco, por tanto, de necesaria transformación para la reactivación económica, la reestructuración económica, la protección de los derechos de los ciudadanos, de las empresas en un momento, en una coyuntura que es cuando más nos necesitan.

También tengo que, dentro de los avances que se estamos logrando con este proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital, querría destacar tres ejes fundamentales:

La inmediación digital, es decir, la posibilidad de que se celebren juicios y visitas telemáticas. Ya tenemos una primera experiencia con la pandemia y desde que se declaró la pandemia se han celebrado más de 1 millón de visitas telemáticas, por lo tanto, con presencia virtual y con gran éxito.

La carpeta Justicia, que va a funcionar como una carpeta ciudadana, conectada con ella, que va además a facilitar la identificación segura de todas las personas, poniendo la justicia a mano del ciudadano, podrán hacer identificaciones y determinadas actuaciones procesales desde su propio móvil, desde su smartphone, o incluso a través de los elementos tecnológicos con que estarán dotadas las oficinas judiciales municipales, en todos y cada uno de los pequeños municipios, habrá una oficina judicial municipal para eliminar cualquier tipo de brecha generacional, territorial, de vulnerabilidad, de cualquier tipo económica, de manera que, en términos de cohesión social y territorial, no hay nada tan cohesionador social y territorialmente, a través de la cohesión digital, como permitir que cualquier persona, en cualquier lugar en que se encuentre, pueda acudir a estos recursos de Justicia en cualquier lugar, por tanto, del territorio. Además, para ello se han modificado normas procesales de todas las jurisdicciones jurisdicción penal, jurisdicción civil, contencioso-administrativa, social…

Y, por último, otro de los ejes que quisiera destacar, otro de los elementos importantes de esta Ley de Eficiencia Digital, es la orientación al dato. Manejar datos, no imágenes a través de PDF, sino la posibilidad de poder manejar los datos, abriendo importantes líneas de trabajo, que es llegar a todos los tribunales de España, interoperando todos los sistemas y también, mejorando la eficiencia, y automatizando servicios.

Con esto me estoy refiriendo a elementos muy importantes, como, por ejemplo, en los juicios por desahucio, se automatizada para la notificación que se tiene que hacer a los servicios sociales, de manera que no habrá ningún tipo de olvido, y se protegerá a las personas más vulnerables.

Mejoramos así también en transparencia y mejoramos también en información de la administración de Justicia.

Voy a dar unos datos sobre la reducción de tiempo de los trámites. Es evidente que va a haber una reducción de los tiempos, pero la reducción en los recursos que invertimos en la administración de Justicia, por ejemplo, en desplazamientos que tienen que hacer los profesionales y las propias personas, los ciudadanos, para realizar gestiones en los juzgados y tribunales, de este millón de juicios virtuales que les he dicho, ha supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19 millones de euros.

Y en cuanto al impacto ambiental, también ha supuesto un impacto muy positivo, porque se ha evitado, con este millón de juicios virtuales, la emisión de 9000 toneladas de CO2, que equivalen a 1382 vueltas al mundo.

Por lo tanto, cuidamos a las personas, cuidamos a los ciudadanos, a los profesionales que podrán también conciliar con su vida personal, su vida familiar, y cuidamos también el medio ambiente.

Mejoramos la accesibilidad de la ciudadanía al servicio público de Justicia, la eficiencia del trabajo de los profesionales, jueces, juezas, letrados, letradas de la Administración de Justicia, fiscales, todos los colaboradores de la Administración de Justicia, abogados, abogadas, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, los propios funcionarios y se van a optimizar, por lo tanto, los recursos.

Mejoramos los procesos y la organización, y lo que estamos haciendo es, sin duda, afrontar un desafío tecnológico a través de las herramientas de inteligencia artificial, con un marco referencial, ético y de derechos humanos, derivado de la aprobación de esta Carta de Derechos Digitales que les he comentado, y también contemplamos la ciberseguridad en justicia.

Por lo tanto, este proyecto de Justicia 20-30, y con esta Ley, que es la tercera de las otras dos que ya están en trámite parlamentario, ya empezará a rodar en el Parlamento, en las Cortes Generales, ponemos en manos de los ciudadanos y las ciudadanas un servicio público de calidad y un servicio público eficiente y transformador.

En segundo lugar, si me permites, ministra portavoz, también quiero anunciar que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita. Se trata, únicamente, de la modificación de dos normas, pero es muy importante lo que hemos traído hoy en el Consejo de Ministros, porque se trata de garantizar que las víctimas de violencia de género van a ser asistidas por letrados del turno de oficio, especializados en esta área, con un asesoramiento de calidad, de manera que lo que se hace es prohibir que quien tenga antecedentes penales, quien haya sido condenado por un delito de violencia sobre la mujer, de violencia de género, no podrá pertenecer al turno de oficio de víctimas de violencia de género.

La motivación de este Real Decreto tiene su origen en una recomendación del Defensor del Pueblo del año 2021, pero, sobre todo, tiene su origen en las reivindicaciones de las organizaciones y asociaciones de mujeres que venían reclamándolo desde hacía mucho tiempo, y siendo conscientes, además de la existencia de otras víctimas también vulnerables, como son víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos, víctimas menores y víctimas con discapacidad, esta norma se va a hacer extensiva a otros casos, para no permitir la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que haya sido condenado el letrado o el procurador de oficio.

Y, por último, tengo que anunciarles que en el día de hoy he recibido la renuncia de la Fiscal General del Estado a su cargo. Ha sido una comunicación escrita. La renuncia, el motivo de la renuncia se debe, exclusivamente, a razones médicas y razones de salud.

Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Fue sometida a una operación exitosa, pero una operación muy complicada, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto entre las vértebras L2 L3 del lado derecho, y la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, porque tenía la columna en un estado de degeneración.

La Fiscal General del Estado tiene, como ella misma me ha manifestado, la espalda rota y, además, tiene dos hernias discales.

Los médicos le han recomendado tranquilidad, evitarse tensiones y le han advertido de que su salud está en riesgo.

Se valora como un ejercicio de responsabilidad, por parte de la Fiscal General del Estado, esta renuncia. Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado, tanto por las propias funciones de la Fiscalía, como también por las funciones institucionales que debe realizar, y ella misma entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta, que ahora mismo es incapaz de asumir.

Por lo tanto, se produce y se aprueba por el Consejo de Ministros su cese, a petición propia, y por motivos exclusivamente de salud, por la enfermedad que padece.

Asimismo, se ha propuesto en el Consejo de Ministros, y ha sido aprobada la candidatura del nuevo Fiscal General del Estado, es el Fiscal de la Fiscalía Técnica del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Técnica y Fiscal de Sala, Álvaro García Ortiz.

El candidato es un perfecto conocedor de la Fiscalía General del Estado, además, también es conocedor de los proyectos que están ahora en marcha en la Fiscalía y de las relaciones institucionales.

Tiene una dilatada trayectoria como fiscal de carrera. Conoce la estructura y el funcionamiento de la institución. Ha estado más de 20 años en el territorio, y conoce las problemáticas cotidianas de la Fiscalía, de los ciudadanos, y tiene muy claro el horizonte de soluciones.

Es un especialista en medio ambiente. Ha sido el fiscal del caso Prestige, el procedimiento medioambiental más importante que hemos tenido en nuestro país, y también el más complejo, y en un momento, además de emergencia climática, en un momento en el que el Gobierno de España tiene un compromiso absoluto con el medio ambiente, el compromiso profesional del fiscal Ortiz supone poner el foco en la protección del medio ambiente y en el reto que nos está planteando el cambio climático.

Además, el fiscal Ortiz es el más conocido especialista y un referente nacional e internacional en la lucha contra los incendios forestales, que está ocupando, como saben, una enorme preocupación a todas las personas, a todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, como ha dicho la ministra portavoz, y también al Gobierno de España. Y además ha pertenecido a la Unión Progresista de Fiscales durante cinco años.

Muchas gracias.

Portavoz.- A continuación, tiene la palabra el Ministro de Agricultura.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.-Muchas gracias, ministra, me permitirás que mis primeras palabras sean para sumarme al pésame por las víctimas de los incendios que se han producido en los últimos días, y me permitirán, también, como ministro de Agricultura, que lo personifique en la persona de don Victoriano Antón, ganadero de ovino de Escober de Tábara, en la provincia de Zamora, que falleció mientras estaba pastoreando con su rebaño. Vaya aquí ese reconocimiento y la memoria del ministro por alguien que ha dado su vida por su trabajo y el trabajo en pro de todos.

Este es un Gobierno comprometido con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, con el sector agroalimentario, y en un momento que estamos atravesando difícil, donde la guerra de Putin tiene una dimensión evidente, desde el punto de vista militar, lo tiene también, y se ha hablado mucho de ello y de sus consecuencias, desde el punto de vista energético, pero, evidentemente, lo tiene también desde el punto de vista alimentario. Y esta dimensión es cada día más evidente, dentro y fuera de la Unión Europea, y yo diría que especialmente fuera de la Unión Europea, en aquellos países que se encuentran, desde el punto de vista de la obtención de materias primas fundamentales, como pueden ser cereales, oleaginosas o fertilizantes, en una situación más vulnerable.

Pero, evidentemente, también tiene consecuencias dentro de la Unión Europea y por ello el Gobierno de España adoptamos medidas en el pasado mes de marzo, un paquete de 430 millones de euros, que han sido ya desembolsado en su práctica totalidad, destinados al sector primario y al sector agroalimentario, como un elemento de apoyo a eso que denomino habitualmente en mis comparecencias, la inmensa clase media del mundo rural español, de nuestros agricultores y ganaderos, que son los destinatarios evidentes de la acción de Gobierno.

Pues bien, hoy he traído al Consejo de Ministros dos iniciativas que suponen, en definitiva, un mecanismo adicional de apoyo a esa situación para el sector primario, para los agricultores y ganaderos.

La primera de ellas, en materia de seguros agrarios.

Los seguros agrarios en España constituyen un elemento de gestión de riesgos absolutamente fundamental por parte de nuestras exportaciones agroalimentarias. Es un sistema inédito, creado en el año 78, donde sólo otro país miembro de la Unión Europea, Austria, tiene un sistema de las características del español.

Hay 400 000 pólizas que aseguran una superficie de, aproximadamente, 6 millones de hectáreas, y un elevado número de cabezas de ganado, en algunos casos llegando al 100% de la producción, por ejemplo, en el caso del plátano canario, de un 70% de la producción, en el caso de la fruta, o una mucho más baja, de un 7%, en el caso del olivar.

Por ello, esta financiación adicional por parte del Gobierno supone una subvención para elevar la subvención a la prima del seguro agrario, como media de un 32 a un 40%, y de esta forma, incentivar la suscripción de seguros agrarios, esta medida entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, de cara a las nuevas campañas agrarias que se lleven a cabo, y esta importancia, es incluso mayor en el caso de los jóvenes agricultores o agricultoras, que verán elevada esa prima de apoyo hasta un 65%, el máximo que nos permite el techo de ayudas de la Comisión Europea respecto de este tipo de actuaciones.

Creemos que es una medida muy eficaz, que sin duda, será un elemento que permitirá dar mayor tranquilidad en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la renta, del conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. Piensen ustedes que el año pasado se abonaron 722 millones de euros, como consecuencia de las indemnizaciones por los daños producidos en el sector primario, por las alteraciones climáticas a que se hacía referencia hace un momento, a fecha 30 de junio de este año, es decir, primer semestre, estamos ya en una cifra de 514 millones de euros, por tanto, este es un sistema que funciona bien, pero que debemos apoyar de cara al futuro del funcionamiento de nuestro sector primario.

Y la segunda buena noticia, como decía la ministra portavoz, es el fruto de un trabajo de más de cuatro años, en el que el Gobierno de España y el ministro que les habla se ha visto implicado personalmente, el pasado martes, en el discurso del estado de la Nación que pronunció presidente del Gobierno, se refirió a una nueva y renovada PAC. Pues bien, esa nueva y renovada PAC está aquí.

En el día de ayer, en el Consejo de Ministros, celebrado en Bruselas, el comisario de Agricultura señaló a España, junto a Francia, Portugal, Polonia y Dinamarca, como los cinco primeros países que habían superado el listón de la aprobación política del Plan Estratégico Nacional, en este caso de España, de la próxima Política Agrícola Común 2023-2027.

Es una excelente noticia. Excelente noticia porque da certidumbre, da seguridad de apoyo, piensen ustedes que la PAC constituye, en la media de nuestro sector, entre un 20 y un 30%, según las exportaciones de los ingresos de agricultores y ganaderos, y, por tanto, creo que es un elemento de certidumbre en un momento de volatilidad como el que nos encontramos actualmente.

Eso supone un total, por año, de 7200 millones de euros, 4800 millones de euros, una cantidad tremendamente importante, para ayudas directas agricultores y ganaderos, 1800 millones de euros para las medidas de desarrollo rural, más la cofinanciación que suman, como les decía, hasta 7200 millones de euros.

Por tanto, un elemento de apoyo sustantivo para esos próximos cinco años, 2023-2027, y, además, con unas características que quisiera subrayar; hemos pretendido que este Plan Estratégico suponga un mecanismo de distribución del apoyo a la renta más justo, y para ello, hemos incluido, por primera vez, medidas tales como un pago redistributivo que implica el 10% de esos 4800 millones, que irán básicamente destinados a los agricultores y ganaderos profesionales y también a los pequeños ganaderos y agricultores.

En segundo lugar, el establecimiento de unos límites máximos de percepción de ayudas, una degresividad, a partir de la percepción de 60 000 euros anuales, un tope máximo de 100 000 euros, que se eleva a 200 000 euros, teniendo en cuenta la compensación por gastos de naturaleza laboral y de seguridad social. Por tanto, una mejor distribución de los fondos.

También una PAC más social, desde el punto de vista de la incorporación del relevo generacional. Incluimos en el Plan Estratégico 230 millones de euros anuales para los pagos suplementarios a jóvenes agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, y también 135 millones de euros para las nuevas incorporaciones, y, además, quiero subrayar aquí una medida original, hemos sido el primer país miembro de la Unión Europea en introducirlo, un bonus, una prima suplementaria de un 15%, en el caso de la incorporación de agricultoras o de ganaderas a la actividad del sector primario. Ello se une a las medidas de carácter agroambiental, de desarrollo rural del segundo pilar, que también muchas de ellas contienen medidas de discriminación positiva, que nos parecen muy importantes de cara a conseguir que también la igualdad de género sea una realidad en nuestro mundo rural.

Entre paréntesis, el pasado viernes presentaba en el Ministerio un excelente informe sobre la igualdad en el mundo rural. Hemos progresado de forma muy clara en los últimos diez años, pero queda mucha tarea por hacer, por ejemplo, el número de titulares efectivas de una explotación agraria ha pasado del 21 al 28%, lo cual es ciertamente un gran progreso, pero también hay instituciones fundamentales en el mundo rural, como son nuestras cooperativas agroalimentarias, donde el peso específico sociológico de la mujer es muy importante, 30% de las socias de cooperativas, pero no lo es tanto a nivel de órganos rectores o de la presidencia de las mismas. Por lo tanto, un trabajo que queremos impulsar de una forma muy clara.

Tercer aspecto, todo lo que se refiere a la innovación y digitalización, y especialmente, a todo lo que se refiere a la modernización de nuestras explotaciones. Esta es una década de cambio, es una nueva revolución verde la que estamos afrontando, también orientada a una producción sostenible, que es el cuarto aspecto al que quisiera referir, de mitigación y lucha contra el cambio climático, y de preservación del medio natural, hoy más necesario que nunca, de preservación del suelo y de su productividad, de preservación del agua, de preservación del aire, de preservación de la biodiversidad y del paisaje.

Por tanto, elementos que son clave, a los que dedicamos estos 7200 millones de euros anuales, que suponen, yo creo, un elemento fundamental para el conjunto de nuestro sector.

Y quisiera hacer una pequeña reflexión, que es una reflexión política sobre cómo hemos concebido este Plan Estratégico y cómo hemos llegado aquí.

Hemos llevado a cabo una discusión, la semana que tome posesión, en junio del año 2018, la Comisión Europea presentaba sus propuestas de reforma de la PAC. Es la mayor reforma desde la realizada en el año 1992. La PAC tiene ya a 60 años, es joven, pero tiene 60 años y, efectivamente, el año 92 se efectuó una gran reforma. Esta de ahora es la segunda gran reforma de la PAC, y nos da a los Estados miembros una gran capacidad para determinar nuestros objetivos y la articulación de las medidas, y ahí hemos llevado a cabo una discusión en Bruselas, para los tres reglamentos. Una discusión en Madrid, de coordinación con las 17 comunidades autónomas, en las que quiero subrayar el excelente trabajo de cooperación que entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas ha existido al respecto, estoy muy satisfecho por ello, demuestra, una vez más, que cuando queremos, podemos, y se puede llevar acuerdos políticos en nuestro país que sean importantes, en este caso, para un conjunto de un sector tan diverso, desde el punto de vista agronómico, como es evidentemente el sector en España, con diferencias tan importantes y ahora en relación con la aplicación.

Por tanto, lo que la noticia que ayer recibimos por parte de la Comisión Europea supone la elevación definitiva, cosa que hemos hecho ya, del contenido del Plan, y ahora, un proceso legislativo muy complejo, está ya en las Cortes Generales por un trámite de urgencia, el Proyecto de Ley de Articulación de la nueva PAC y aprobaremos entre septiembre y diciembre de este mismo año, hasta 18 reales decretos, que serán los elementos de aplicación de la nueva PAC.

Todo ello para apoyar al sector, a los agricultores y ganaderos, y para lograr una certidumbre en cuanto a las siembras y a las cosechas de este otoño invierno, y a la percepción de las ayudas a partir del 1 de enero del año 2023.

Creo que todo esto es evidentemente un gran trabajo, me cabe el honor como ministro de dirigir un gran equipo, y me gustaría que mis palabras en este punto finales, fueran de un reconocimiento público a los más de 200 funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ingenieros agrónomos, veterinarios, economistas, técnicos de Administración Civil del Estado, que han elaborado este Plan, coordinados por el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, cuyo equipo ha sido el que ha impulsado este Plan y que realmente son una excelente demostración de los servidores públicos y del servicio público que tenemos en España.

En la página web del Ministerio pueden ustedes consultar hasta 6000 páginas de estudios que hemos realizado como soporte a este Plan, los numerosos documentos, en total transparencia, que hemos ido colgando sobre los sucesivos debates que hemos tenido.

Creo que, si me permites, ministra portavoz, se van a escribir muchas tesis doctorales y trabajos de investigación sobre este Plan Estratégico, que es sin duda un antes y un después, y del cual nos podemos sentir orgullosos como Gobierno, sobre todo, porque supone, como digo, un compromiso con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, con el sector agroalimentario y, en definitiva, con el futuro de nuestro país.

Portavoz.- Es verdad, ministro, un orgullo

Virginia.

Pregunta.- (Virginia Mayoral Moñibas, Mediaset) Buenas tardes.

Yo les quería hacer varias preguntas sobre varios temas.

Le quería preguntar, en primer lugar, por la dimisión de la Fiscal General del Estado. Ustedes han calificado, valorado, esta división como algo ejemplar, yo les quería preguntar si podrían, perdón, ejemplar, no, disculparme, no, exactamente ha sido, que la dimisión es un ejercicio de responsabilidad, discúlpeme. La dimisión es un ejercicio de responsabilidad, ha dicho usted.

Aparte de esta valoración, les quería preguntar cuál es la evaluación que hacen de los dos años y medio de trabajo de la Fiscal General del Estado, y también, la posibilidad de que la dimisión de Dolores Delgado pueda beneficiar o flexibilizar las relaciones con el Partido Popular en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

También le quería preguntar sobre los incendios, si el Gobierno se está planteando algunas medidas, como, por ejemplo, una conferencia de presidentes específica sobre incendios, que es algo que ha pedido, por ejemplo, también el presidente Mañueco, o, como piden sus socios en el Gobierno, Podemos, que se desbloqueen algunas normativas que están ahora mismo en el Congreso, como es una normativa específica para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

Y por último, lugar, les quería preguntar sobre el CIS. Hoy, por primera vez, el Partido Popular está por encima del Partido Socialista. Les quería preguntar si les preocupa. Gracias.

Sra. Llop.- Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.

Mire, en primer lugar, el Gobierno agradece a la fiscal Delgado, evidentemente, su compromiso con la institución de la Fiscalía, con el fortalecimiento de la institución como un elemento clave del Poder Judicial. La Fiscalía pertenece al Poder Judicial, como dice nuestra Constitución, y por su inequívoca vocación de servicio público demostrada a lo largo de estos dos años y medio que ha estado ejerciendo la labor en la alta responsabilidad de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal Delgado ha presentado su renuncia. Lo que yo he dicho ha sido que ha renunciado en un ejercicio de responsabilidad, porque ella misma ha valorado, y también por recomendaciones médicas, que su estado actual de salud, debido a esos problemas que padece en la espalda, le hacen imposible poder dedicarse plenamente a la función institucional, que requiere la exigencia de un cargo como el de la Fiscalía General del Estado.

Y respecto a lo que me plantea sobre los hitos que la Fiscalía General del Estado, la Fiscal, ha logrado a lo largo de estos dos años y medio, algunos de propia iniciativa y otros también en cooperación con el Ministerio de Justicia, porque no podemos olvidar que nos relacionamos con lealtad institucional y cooperamos con la Fiscalía General del Estado, desde el Ministerio de Justicia le puedo decir que se ha aprobado, bajo su mandato, un código ético en la Fiscalía, también, el Gobierno de España, en mayo de este año, de 2022, aprobó el Reglamento de la carrera fiscal, una norma que necesitaba ser actualizada, porque la que estaba vigente era de antes de la Constitución, imagínese si era importante modernizar la carrera fiscal en esos términos.

También se han incrementado por petición y por impulso de la Fiscalía General del Estado el número de plazas de fiscales en los últimos años, se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, de Prevención de Riesgos Laborales, que era algo que tampoco existía en el ámbito de la Fiscalía, algo también muy importante, se ha reorganizado la Fiscalía, se ha logrado prácticamente la paridad en puestos directivos de la Fiscalía, se ha colaborado en la elaboración, en los informes, de los proyectos de ley, se ha ascendido a segunda categoría, a un elevado número de fiscales… Es decir, que muchas son los logros que se han conseguido con Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

Y respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mire, el Partido Popular ha demostrado que no tiene intención de renovar al Consejo General del Poder Judicial, pero lo más grave es que no tiene intención de cumplir con la Constitución.

El informe del Estado de Derecho, el comisario europeo, la vicepresidenta Věra Jourová, han estado aquí hace más de un mes, y han pedido a las fuerzas políticas que renueven el Consejo General del Poder Judicial como una prioridad política de la política judicial, y el Partido Popular ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

No cumple con la Constitución, y si piensan que están haciendo oposición al Gobierno, lo que están haciendo es oposición a los ciudadanos y ciudadanas de este país que necesitan la renovación del Consejo urgentemente, porque se está produciendo un retraso en las sentencias que tiene que pronunciar el Tribunal Supremo, debido a la gran existencia de vacantes que no se pueden nombrar al estar el Consejo en funciones y, por lo tanto, sin plenas competencias.

Otra anomalía que hay por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Llevamos ya más de un año esperando el informe sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y si no tenemos ese informe, no se puede dar curso, no se puede elevar al Consejo de Estado, y no se podrá mandar a las Cortes Generales.

Es urgente que el Consejo General del Poder Judicial, y yo se lo ha reclamado en varias ocasiones al presidente Lesmes, elabore ese informe para poder también cumplir con recomendaciones que se nos hacen en el informe del Estado de Derecho.

Es decir, que el Partido Popular debe entender que tiene que cumplir con la Constitución y que tiene que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial.

Portavoz.- Gracias, ministra.

En relación a los incendios y a la necesaria coordinación administrativa, me permiten que insista en algo que les transmití antes y es el orgullo de país.

En el ámbito de los recursos, de la experiencia que acumula España en la prevención y en la extinción de incendios, y que se ha visto, lamentablemente, en estos últimos años, cuando también estos incendios han afectado a países vecinos de nuestro entorno.

Fue esto ya objeto de trabajo y tratamiento en la última Conferencia de Presidentes, como les indicaba, que celebramos en la Isla de La Palma, en el mes de marzo, donde lo que se hizo fue un balance de esa coordinación entre distintos departamentos, entre distintas administraciones, en la tarea de gestión de emergencias y, desde luego, una de las emergencias más habituales a las que tenemos que dar respuesta en nuestro país, como estamos viendo en estos días, sin duda, es la extinción de incendios.

En ese sentido, también un recordatorio, en esa coordinación entre las administraciones, y es que la competencia en materia forestal y de extinción de incendios, es una materia reservada a las comunidades autónomas, donde el Gobierno lo que hace es un refuerzo de apoyo, dependiendo de los niveles, igual que también nos sentimos apoyados por el sistema de emergencias europeo, al que antes también me refería.

Y en ese sentido, lo que el presidente del Gobierno trasladó en el Debate del estado de la Nación es que, dada las circunstancias, dado ese cambio en la climatología, que sin duda está cambiando el tiempo y el momento en que se producen estos incendios, y la magnitud de los mismos, es necesario hacer un análisis, una revisión, e incluso un reforzamiento de los medios materiales y humanos.

El Gobierno ya lo está haciendo. Les daba cuenta y les recordaba ese acuerdo de Consejo de Ministros del día 21 de junio de este año, hace justo un mes, donde ya les avanzábamos el reto en algunos medios materiales y todos los dispositivos humanos que poníamos a disposición del estado de las comunidades autónomas.

De hecho, la comunidad autónoma, se ha referido a ustedes al señor Mañueco, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha tenido un refuerzo muy importante por parte del Estado y también de las comunidades autónomas vecinas, tanto en estos incendios, de esta segunda ola de calor, como en la primera.

Y claro que sí, que hay que replantearse, que hay que abrir un debate, que fue lo que planteaba el presidente del Gobierno. Fíjense, las competencias en materia forestal corresponden a la Junta de Castilla y León desde el año 84, como al resto de comunidades autónomas, pero han cambiado las circunstancias, tendríamos que revisar cuándo comienzan, realmente, esas campañas, cuál es la continuidad de ese personal…

Creo que es importante que sintiéndonos orgullosos del sistema que tenemos de protección, insisto, de prevención, tan importante es la extinción como la prevención, en estos momentos y dado los cambios climáticos que les decía, tenían una proyección hacia el año 2050, los estamos viendo hoy, en el año 2022, todas las administraciones hagamos una revisión, con el absoluto respeto a las competencias autonómicas, pero sí una reflexión acerca de cómo mejoramos estas circunstancias, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos.

Tendrá ocasión, además, el presidente Mañueco de compartir esta inquietud con el presidente del Gobierno la próxima semana, como les decía, también.

Las encuestas de intención de voto…

Fíjense, queda un año y medio hasta que se pongan las urnas para las próximas elecciones generales. Hace menos de medio año, al comienzo de este año, quien hoy es el jefe de la oposición era presidente de una comunidad autónoma, y quien era jefe de la oposición, ya no aparece los papeles.

Por tanto, cambia tanto la situación que creo que, en estos momentos, lo que piden de nosotros los ciudadanos y, desde luego, a lo que se debe este Gobierno es atender estas situaciones, las de emergencia, atender las consecuencias económicas que la guerra está teniendo en las familias españolas y a proyectar nuestro país para el futuro.

A eso es a lo que está entregado el Gobierno. Eso es lo que expresó el presidente del Gobierno la semana pasada en el Debate del estado de la Nación, con medidas, por cierto, muy valoradas también por los ciudadanos, medidas que tienen que ver a un reparto más justo de las cargas, con el esfuerzo del Estado, sí, pero también con el esfuerzo y la responsabilidad de las empresas, como son esos nuevos impuestos a la banca o a las empresas energéticas, como es también esa apuesta por acercar y cambiar la movilidad y facilitarle la vida a los trabajadores y a los estudiantes, con los bonos en cercanías, o incluso esa política distinta, absolutamente distinta a la de otras administraciones, con un apoyo a los estudiantes, con especial dificultad, con ese refuerzo de las becas hasta en 400 euros.

Por tanto, lo que sentimos es que la ciudadanía valora la acción del Gobierno, la que expresó el presidente la semana pasada. Lo que tenemos claro es que no contamos con nadie al otro lado, me refiero en la oposición, que se está negando a apoyar todas estas medidas, que se dirigen a una mayoría de españoles y españolas, a la clase media y trabajadora de nuestro país, y que queda mucho tiempo hasta las próximas elecciones.

Lo he dicho en alguna ocasión y lo reitero, este Gobierno no trabaja en el día a día con una perspectiva electoral, de rentabilidad electoral, lo hacemos pensando en la rentabilidad social. En este sentido, sí les puedo asegurar que estamos muy tranquilos de todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando, en momentos de dificultad, dando respuesta a los españoles, a las españolas, a las familias, a los autónomos, a los empresarios, proyectando nuestro país al futuro. No podemos estar solo en la emergencia, sino que hay que proyectar y trabajar en el futuro de nuestro país, y en ese sentido sentimos que nuestras medidas tienen una alta rentabilidad social y que serán valoradas en su momento por los ciudadanos.

Fernando.

P.- (Fernando Garea Baragaño, El Español) Si, hola, buenos días.

Le quería preguntar primero, insistir, en lo del Consejo General del Poder Judicial, ya hemos oído lo que le parece la posición del PP, pero quería saber si el Gobierno va a hacer algo para facilitar ese acuerdo, va a dar algún paso y, concretamente, si va a nombrar a los magistrados del Constitucional al margen de lo que haga el Poder Judicial.

En segundo lugar, quería saber qué fue de la reunión, que hace dos semanas era urgente, de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición, si se va a hacer esa reunión, o si sigue siendo urgente, como era hace dos semanas.

Y, en tercer lugar, se ha anunciado un comité federal para el sábado, que se supone que es para hacer cambios en el Partido Socialista. Quería saber si prevé que afecten al Gobierno.

Portavoz.- ¿Respondes a la primera?

Sra. Llop.- Bueno, vamos a ver.

Este Gobierno lo que hace es moverse en el marco del Estado de Derecho, quien no se mueve en el marco del Estado de Derecho es quien está bloqueando la renovación de las instituciones, porque está incumpliendo con la Constitución, está incumpliendo con los plazos constitucionales, y ya sabemos que quien tiene la llave, quien tiene la clave para proceder a esta renovación, es el Partido Popular, que es quien lo ha bloqueado siempre que ha estado en la oposición, lo ha bloqueado casi dos años en la 5.ª legislatura, casi un año en la 8.ª legislatura, y ya vamos para cuatro años en estas últimas legislaturas, porque el proceso de renovación se abrió en julio de 2018. Casi se va a doblar el mandato del Consejo General del Poder Judicial.

Esto es muy grave, por lo que he manifestado, es muy grave porque se está produciendo un funcionamiento anormal de la institución. Se están retrasando la elaboración de los informes preceptivos a proyectos de ley del Gobierno, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es algo trascendente para cambiar el modelo de instrucción de nuestro país, para situarnos a nivel de parámetros de otros países europeos en materia de investigación criminal, para ser mucho más eficiente a la hora de luchar contra el crimen organizado y contra las mafias. Yo creo que esto es gravísimo.

Y por otra parte, también los retrasos que se están produciendo en el Tribunal Supremo debido a las vacantes que hay, por la imposibilidad de hacer los nombramientos.

Y hay que diferenciar lo que es Poder Judicial de lo que es Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, el Tribunal Constitucional es un órgano de naturaleza política, pero fíjese, tan política, que lo nombran los tres poderes del Estado, lo nombra, ocho en las Cortes Generales, cuatro el Senado y cuatro el Congreso, dos los nombra el Gobierno y dos los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez, lo nombra el Senado y el Congreso de los Diputados.

Fíjese si tiene naturaleza política, no tiene nada que ver con el Poder Judicial, no es Poder Judicial, es un órgano que interpreta y aplica un instrumento de carácter jurídico, pero también político, que es la Constitución, que es el elemento, el documento que regula la convivencia en nuestro Estado, y el bloquear el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, lógicamente, tampoco es posible. Tenemos que cumplir con la Constitución, y si el Partido Popular hubiera renovado ya el Consejo General del Poder Judicial, no se habría producido ese bloqueo para la renovación del Tribunal Constitucional.

Ante ese bloqueo, que es actuar fuera de los márgenes del Estado de Derecho, ¿qué hace este Gobierno? Este Gobierno actúa, actúa, abriendo los canales de consenso y de acuerdo, para que a través de los grupos parlamentarios, de las fuerzas políticas, que son quienes tienen que hacer estos proyectos de ley sobre el Poder Judicial, porque el Gobierno, el Ejecutivo no tiene ninguna influencia sobre el Poder Judicial, no presenta proyectos de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial, pero sí denuncia las situaciones y si abre esos cauces de diálogo y, desde luego, comparte que el Legislativo haya presentado esa proposición de ley para que se pueda desbloquear esa situación y nombrar así a los dos magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, y a los otros dos, lógicamente, por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Portavoz.- Gracias, ministra. Gracias Fernando, por sus preguntas.

La relacionada con el Comité del Partido Socialista, saben ustedes que no hago valoraciones de mi partido en esta mesa, cuando les estoy dando cuenta de la gestión del del Gobierno.

La situación del Gobierno, y también del Gobierno de coalición, creo que se vio claramente la semana pasada en el Parlamento, en un Debate del estado de la Nación, que hacía tiempo que no se celebraba, que el presidente hizo propuestas determinadas a dar respuesta a la crisis que estamos viviendo, sus consecuencias económicas, muy apegado a la realidad de nuestro país, y creo que fue, además, un discurso en el que ambas formaciones políticas que conformamos el Gobierno de coalición, nos sentimos muy cómodos en esa respuesta de un Gobierno progresista, un Gobierno que sabe muy bien que se dirige a una mayoría social, a una clase media y trabajadora, que necesita de la acción de lo público, estamos determinados en ese trabajo y, ciertamente, esa reunión no se ha producido, no tiene fecha, pero es cierto también las agendas intensivas que llevamos todos los miembros del Gobierno, de las que ustedes participan y conocen, y el Gobierno de coalición y sus relaciones está siempre vivo, como en alguna ocasión les he dicho, las relaciones son continuas, nos vemos siempre, en distintos foros, en este mismo día, nos hemos visto esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros, pero, previamente, hemos analizado la evolución del Plan del Reto Demográfico, les doy el ejemplo de esta misma mañana.

Por lo tanto, los contactos son permanentes y, sin duda, creo que hay un punto muy importante de estos días, que ha sido el discurso del presidente a la Nación, en la que, insisto, ambas formaciones políticas nos sentimos perfectamente representadas, cómodas, con ganas de llevarlo a cabo e ir culminando cada una de esas decisiones.

Hoy el ministro Planas le está dando cuenta de uno de esos compromisos que asumía el presidente, que es una nueva PAC dirigida a agricultores y ganaderos, que ya hoy tiene el visto bueno y que, por lo tanto, seguimos en eso, en esos trabajos.

Juan.

P.- (Juan Javier Ríos Herruzo, EFEAGRO) Buenas tardes.

Para el ministro de la Agricultura, en primer lugar, en el tema de incendios, la ministra portavoz ha dicho que se han arrasado unas 20 000 hectáreas en esta segunda ola de incendios que tenemos activos, no sé si sabe el número de hectáreas que son de terreno agrícola, que tipo de cosechas se han visto afectadas y, también, si los seguros agrarios, que hoy, precisamente, es un tema de actualidad aquí en el Consejo de Ministros, si los seguros agrarios de incendios cubren ese terreno agrícola que haya podido ser afectado.

En cuanto a la aprobación política de la Política Agrícola Común, Andalucía ha lamentado que el Gobierno no haya atenido sus alegaciones al plan de la PAC, la semana pasada tuvo una reunión con las autonomías, no sé qué feedback le transmitieron.

Y también, como que no los ajustes, estos últimos que ha tenido que hacer España, para aplicar la ayuda que le había pedido la Comisión Europea. Eran ajustes, creó, en ayuda acoplada al girasol, colza, olivar… ¿cómo queda eso? Gracias.

Portavoz.- Gracias.

Sr. Planas.- Sí, sobre la primera pregunta. Muchas gracias, Juan.

Sobre la primera pregunta, en relación con el desglose del número de hectáreas, aún es muy pronto, por desgracia, pero no tenemos el desglose exacto de lo que corresponde a actividad agrícola o ganadera, o puede suponer bosque o bien arbustos. No disponemos de esos datos.

Lo que sí que puedo confirmar es que, efectivamente, el seguro agrario, tanto en lo que se refiere a cosechas como a pastos, como ganado, lo cubre, en el caso de que sea destruido y, efectivamente, se haya suscrito la correspondiente póliza de seguro agrario.

En relación con la aprobación política del Plan, yo creo que es una excelente noticia. Excelente noticia en el sentido de que, como ha indicado en mi intervención inicial, fue objeto de un amplísimo consenso por parte del Gobierno de España y todas las comunidades autónomas.

Desde julio del año pasado, cuando coloque sobre la mesa el esquema del Plan, no hubo ninguna comunidad autónoma que se opuso al contenido del mismo, otra cosa es que hubiera opiniones en tal o cual aspecto técnico, de lo cual es perfectamente legítimo.

Me gusta subrayar lo que nos une y, lógicamente, lo que nos une es lo fundamental. Después hay detalles, aquí y allá, pero me permitirá que barra hacia casa, que diga, como he dicho en mi intervención inicial, y lo quiero decir claramente, que la cooperación con las comunidades autónomas ha sido magnífica, pero el grueso del trabajo llevado a cabo por el Gobierno de España y por el Ministerio de Agricultura ha sido absolutamente determinante. Hemos intentado conciliar las posturas de unos o de otros, le digo más, la aprobación del Plan Estratégico supone, no sólo la aprobación de todos los mecanismos de apoyo en relación con las ayudas directas o las medidas de mercado del primer pilar, sino que supone, en materia de desarrollo rural, que los 17 programas de desarrollo rural que constituían la antigua PAC 14-20, han sido aprobadas en un solo acto administrativo, por la Comisión Europea. En el año 14, las ayudas directas entraron en vigor el 1 de enero, en el anterior período. Los planes de desarrollo rural de cada una de las comunidades autónomas, se llegaron a aprobar hasta diciembre del año 2015, es decir, se perdió mucho tiempo en su aprobación. Este trabajo, que hemos coordinados del Ministerio, permite ahora, que todas las intervenciones aparezcan coordinadas.

En relación con los ajustes técnicos a que usted se refería, en primer lugar, en relación con el tema del olivar tradicional, efectivamente, va a existir una ayuda acoplada en las condiciones que hemos descrito y hemos transmitido a Bruselas, y que fueron comunicadas a las comunidades autónomas hace varias semanas.

Habíamos pretendido un programa específico, pero la Comisión Europea consideró que este era un instrumento técnico mejor. Bien, esta es una discusión que se ha solventado favorablemente. Esta propuesta partió del Gobierno de España, y me siento muy orgullosa de ella, porque efectivamente, la rentabilidad del olivar tradicional, como ustedes saben, es inferior a la del olivar intensivo, o súper intensivo y en cambio es absolutamente necesario, desde un punto de vista social y territorial.

Y en relación con el tema del girasol, originalmente, habíamos pensado que se podría incluir, porque así nos lo había indicado la Comisión, informalmente, dentro del campo de las proteaginosas, es evidentemente una oleaginosa. No quisimos modificar el paquete de las ayudas acopladas, para no perjudicar a los sectores ganaderos y otros, remolacha, arroz, tomate de transformación, afectados por las ayudas acopladas, y por tanto, lo que hemos hecho, ha sido que la cantidad que habíamos previsto la hemos incluido en las ayudas a la renta de aquellas regiones de pago que están, lógicamente, más sustanciales o más orientadas de cara al cultivo de oleaginosas, particularmente de girasol y de colza en secano.

Perdón por la tecnicidad de la explicación, este es un foro, habitualmente, de periodistas y políticos, pero como la pregunta era muy técnica, me permito así indicarlo, espero que también haya sido entendido por todos, comemos de esto es trigo, y por lo tanto, comemos y hacemos pan con todo lo que producimos, todos los días, por lo tanto, también me parece un elemento políticamente significativo. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro.

Al fondo.

P.- (Eva Pelegri Bobet, TV3) A la ministra portavoz, quería preguntar si hay fecha para la mesa de diálogo, quién la va a formar, y si nos podía avanzar algunas de las cuestiones más avanzadas, si nos lo podía adelantar.

Por otro lado, también quisiera saber si se va a hablar de la reforma del Código Penal, para modificar el delito de sedición, y cómo ven el hecho que Junts haya dicho que no participará en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias.

No existe fecha, está pendiente de cuadrar agendas. También les comentaba antes la intensidad de las agendas y, sin duda, es un final de mes bastante intenso para todos los departamentos. Será la última semana de julio, en la que comienza el 25 de julio, como ya les comentábamos tras esa reunión la semana pasada.

El delito de sedición no fue objeto del encuentro entre los presidentes, como también les trasladé en aquella ocasión, y la valoración acerca de la no concurrencia de Junts, pues también creo que en esa valoración que hicimos al finalizar esta reunión, quedaba reflejada cuál es la opinión del Gobierno, y es que en este escenario, donde Cataluña avanza en normalización, donde el diálogo se ha demostrado, la única herramienta capaz de reconducir esa situación siempre es mucho más importante un diálogo más amplio, de forma transversal y de amplias mayorías, como recordábamos en ese método de trabajo que nos hemos impuesto y, por tanto, hubiéramos deseado que estuvieran en la mesa. Pero si ellos deciden no estar, serán ellos quien tenga que dar explicaciones a los catalanes, no al Gobierno.

Alonso.

P.- (Alonso Soto Joya, Bloomberg) Buenas tardes. Un par de preguntas para la ministra portavoz.

Quería saber si ustedes han discutido el impuesto a la banca en esta reunión del Consejo y si el Gobierno ha tendido un diálogo y ha comenzado un diálogo con la banca. Y además de eso, algunos economistas indican que el impuesto puede ser contraproducente, podría enfriar la economía, mientras las tasas suben, entonces quería saber cómo ustedes han analizado esos potenciales efectos secundarios de las medidas.

Portavoz.- Muchas gracias.

Se están manteniendo reuniones con los sectores afectados, la ministra de Transición la tuvo la semana pasada, la vicepresidenta primera la tendrá esta misma semana, no sé si en el día de hoy, la he visto en agenda, no sé si es, el viernes, el viernes y por tanto se están manteniendo, como siempre.

Hablaba del diálogo en relación a Cataluña, pero creo que este ha demostrado ser un Gobierno que siempre ha trabajado desde el diálogo, con la ambición de llegar a acuerdos, de hecho, podemos celebrar muchos acuerdos que han mejorado la vida de la gente en este país, en momentos de mucha dificultad, especialmente los acuerdos en el ámbito de las relaciones con los sindicatos y los empresarios. También hemos conformado amplias mayorías en el Parlamento, que han dado lugar a leyes de las que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, y que permiten avances para nuestro país. Por tanto, el diálogo siempre es una herramienta de trabajo para este Gobierno.

Claro que se ha valorado esta medida, y están perfilando los detalles de rigor técnico y jurídico, y fíjense, yo creo que la evaluación más importante que ha hecho el Gobierno en este caso, es una reflexión que comparto con ustedes y que aprovecho, también, para compartir con los españoles y las españolas, y es que este es un Gobierno que tiene muy claro para qué está aquí, que es para cambiar la realidad social de nuestro país, para mejorarla y desde luego, ha tenido que gestionar momentos de crisis, y lo ha hecho teniendo claro que la salida a la anterior crisis y a esta que ahora vivimos, iba a ser diametralmente opuesta a la que hiciera el Partido Popular.

Y cuando digo diametralmente opuesta, me refiero a que en su momento, el Partido Popular en el Gobierno y en relación a la anterior crisis, lo que hizo fue entregar el dinero de todos a la banca, hasta 60 000 millones de euros, y, en esta ocasión, lo que el Gobierno le pide a la banca es que sea responsable con su país, que en un momento de nuevos tipos, de incremento de tipos y, por tanto, de beneficios, contribuya con ese esfuerzo, para que podamos hacer una redistribución más justas de las cargas y, por tanto, mejorar la vida de la inmensa mayoría de los españoles y españolas, que por cierto, todos, o la gran mayoría, somos clientes y clientas de la banca.

Javier, y es la última.

P.- (Javier Portillo Suarez, Vozpopuli.com) Con respecto a la comisión de seguimiento de la coalición, usted acaba de decir que los contactos son permanentes, pero en ese caso, porque la vicepresidenta segunda llegó al Congreso y dijo que no sabía nada de las medidas que va a anunciar el presidente.

Gracias.

Portavoz.- Todo el Gobierno ha participado del discurso del presidente, que es la acción del Gobierno en una parte de balance, y, como digo, y creo que fue muy evidente, el Gobierno, en su conjunto, las distintas formaciones políticas, estamos muy satisfechos con una iniciativa del presidente que está en la línea en la que hemos trabajado durante todo este tiempo, de especialmente dificultad, de la cercanía ante las dificultades, del apoyo a la inmensa mayoría, del liderazgo a la hora de proponer iniciativas, que dan una respuesta justa, de justicia social, por condensarlo en una expresión.

Este es un Gobierno progresista, que se siente muy cómodo con todas las medidas que trasladó el presidente, pero, sobre todo, lo que más nos importa, que sabemos que son medidas que van a mejorar, que van a cambiar la vida de muchas personas, que es nuestra vocación, para lo que estamos aquí, por lo que nos sentimos orgullosos de poder contribuir a nuestro país de esta forma.

Hemos terminado. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)