Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y la ministra de Igualdad

17.5.2022

La Moncloa

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Isabel Rodríguez

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Luis Planas

MINISTRA DE IGUALDAD, Irene Montero

Portavoz.- Buenas tardes y gracias, como siempre, por acudir a esta comparecencia para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros. En esta ocasión me acompañan el ministro de Agricultura y la ministra de Igualdad, con dos anteproyectos de ley, de los que les vamos a dar cuenta.

Sin duda ha sido un consejo con mucho contenido. Les comentaré algunos de los asuntos yo misma, además de los dos proyectos de ley.

Por tanto, ha sido un Consejo de Ministros importante, por la materia que hemos abordado, pero, sin duda, es de esos consejos que recordaremos, porque en él aprobamos un nuevo avance para las mujeres, un nuevo avance para la democracia en nuestro país, cada vez que avanzamos, avanzamos todas, avanza también la democracia española, y en este Consejo de Ministros hemos tenido la ocasión de aprobar un proyecto de ley que dará cuenta la ministra de Igualdad, un proyecto de ley que nos permite continuar, como decía, ampliando los derechos que iniciamos hace 12 años, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después, otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres, es una ley con la que damos cumplimiento a los compromisos programáticos y, por tanto, a los compromisos con la ciudadanía de las dos formaciones políticas que conformamos el Gobierno de coalición.

Por tanto, estamos cumpliendo, estamos ensanchando aquella ley que fue histórica, la ley de 2010, y estamos revirtiendo esos procesos, esos retrocesos que protagonizó el gobierno del Partido Popular.

Quiero indicar también que no es el primero de los avances, hemos dado ya algunos pasos importantes a lo largo de esta legislatura, me quiero referir, especialmente, por su relación con esta materia, a que este Gobierno ya devolvió el derecho a la reproducción humana asistida al Sistema Nacional de Salud, a las mujeres sin pareja, a las mujeres lesbianas y bisexuales y a aquellas personas transexuales con capacidad de gestar, fue también un paso importante, como lo hicimos con la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, consiguiendo avanzar en igualdad en el ámbito laboral.

Les dará cuenta, como digo, de este anteproyecto la ministra de Igualdad.

Además, el ministro de Agricultura les dará cuenta de la nueva Ley de Pesca, que también actualiza un contenido importante con respecto a la ley anterior.

Y yo les paso a mencionar algunos otros asuntos antes de darles la palabra a ellos.

Junto con las mujeres, seguramente, la juventud española ha sido, sin duda, una de la gran apuesta de este Gobierno, para recuperar el tiempo perdido, para afrontar una situación que ha padecido en los últimos años, una generación que ha vivido distintas crisis consecutivas y que sigue viviéndola al día de hoy, y que ha sido un foco preferente de la atención del Gobierno.

Hemos aprobado, en el día de hoy, la Estrategia de Juventud, con el horizonte 2030, para establecer un nuevo contrato social, plasmamos en él las prioridades de este Gobierno en relación a la población más joven de nuestro país, prioridad del Gobierno que se ve traducida, de forma muy significativa, en los Presupuestos Generales del Estado.

En este año, de manera muy importante, hemos alcanzado la cifra global de 12550 millones de euros dirigidos, directamente, a las personas más jóvenes de nuestro país.

Hemos abordado una política de becas superando los 2 mil millones de euros.

Hemos hecho un esfuerzo muy importante en Formación Profesional 2075 millones, después me referiré también a ello.

En el ámbito laboral de las personas más jóvenes, hemos avanzado, alcanzando los 1000 euros de salario mínimo interprofesional.

La Reforma Laboral, sin duda, está afectando de manera muy positiva a las personas más jóvenes de nuestro país.

En definitiva, se trata de abordar con ellos las dos grandes brechas, las brechas que existen en el ámbito de la igualdad y también su protagonismo en el ámbito del liderazgo, de las nuevas políticas de defensa del medio ambiente, de atención a reducir las cuestiones del cambio climático.

Y relacionado con estas políticas de juventud, es toda una Estrategia, me detengo un momento más en la Estrategia de Juventud, es una Estrategia que muestra también el esfuerzo por la planificación de este Gobierno.

No miramos a corto plazo, no miramos sólo a esta legislatura. Estamos mirando a una década, para planificar bien las políticas dedicadas y destinadas a la juventud española. Eran temas que se habían quedado en un cajón, que habían quedado archivados.

Ha sido una Estrategia que, además, se ha elaborado con mucha participación de otras administraciones competentes, en muchos casos, de políticas directamente dirigidas a la juventud, como las comunidades autónomas, los ayuntamientos y también con la propia implicación y participación del Consejo de la Juventud de España.

Muy ligado a este acuerdo es el siguiente que quiero mencionarles y que ayer les anunciaba el presidente del Gobierno, que es una importantísima inversión de más de 1200 millones de euros, dirigidos a la Formación Profesional, que vamos a distribuir a través de las comunidades autónomas. 800 millones irán dirigidos a la formación de los trabajadores y también a mejorar la formación en las empresas, y, en torno a 400 millones, van a las aulas y a la Formación Profesional reglada, mejorando instrumentos como las aulas de emprendimiento.

Me gustaría subrayar la importancia que tiene la Formación Profesional para este Gobierno y como esto, que fue una decisión política del presidente del Gobierno, de marcar como prioridad en el ámbito educativo, la Formación Profesional, ha conseguido que esto, que era una decisión política, esta inspiración, haya también originado cambios sociales, porque ya son hoy más de 1 millón de alumnos y alumnas los que están cursando la Formación Profesional en nuestro país. Los jóvenes que se han matriculado en Formación Profesional han supuesto un incremento del 20% desde que el presidente Sánchez llegó a La Moncloa.

Subrayar también, en ese ánimo de reforzar esta Formación, que lo es para el Gobierno de manera prioritaria, que es una Formación que en los grados medios está alcanzando más del 80% de la empleabilidad. Alguno de estos grados tiene ya un 100% de empleabilidad.

Y destacar la inversión, me refería a la inversión de este acuerdo de Consejo de Ministros del día de hoy, de los 1200 millones de euros, pero indicarles que el Gobierno va a destinar a la FP más de 5500 millones de euros, a los que hay que añadir los 2200 recogidos en el Plan de Modernización del año 2020.

Es decir, en total, en estos años, vamos a destinar 7700 millones de euros.

Hemos cumplido ya con el compromiso de crear 120 mil nuevas plazas de Formación Profesional. El objetivo era crear 200 mil plazas, y se va a haber superado ese objetivo que se marcó el propio Gobierno.

El siguiente acuerdo que les comento es también de una inversión mil millonaria, 1000 millones de euros en total es lo que el Gobierno va a invertir para mejorar las infraestructuras de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Concretamente, lo que hemos aprobado en este Consejo de Ministros, es, por un importe de 400 millones de euros, son políticas dirigidas a las infraestructuras en el ámbito de la eficiencia energética, de la rehabilitación energética de los edificios, fundamentalmente cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía Nacional, que, como digo, se unen a esos 600 millones de euros, en aquel Plan especial de infraestructuras, que ha liderado el Gobierno de España, y con el que hemos conseguido esa mil millonaria inversión, en las condiciones de vida, de las infraestructuras, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Una inversión, que no quiero pasar por alto, viene unida, también, a una ampliación de las plazas y efectivos.

En los últimos años este país perdió 13000 efectivos de Guardias Civiles y Policía Nacional.

El Gobierno ha hecho un esfuerzo, ya, para recuperar 10500 de esas plazas y tenemos el objetivo de llegar a esas 13000 plazas que fueron destruidas en los anteriores Gobiernos. Por lo tanto, revirtiendo, también, la situación de Policía y Guardia Civil en nuestro país.

Un motivo que me hace recordar que hoy estamos viviendo un día importante en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde este esfuerzo se ha visto reflejado, el esfuerzo de los efectivos, hemos recuperado, en los últimos años, un 10% de los agentes con presencia en Ceuta y Melilla. Hemos alcanzado más de 1060 agentes en las dos ciudades autónomas y, concretamente, y en este momento, con la reapertura de la frontera, se ha reforzado el servicio con 220 nuevos agentes, de modo que se está produciendo esa apertura de la frontera con absoluta normalidad en estos momentos.

Indicarles también, en otro orden de cosas, una nueva inversión, en este caso para la Administración de Justicia, son inversiones dirigidas a las comunidades autónomas que tienen asumida la competencia en materia de justicia. Supera los 170 millones de euros, 179,2 millones de euros, dirigidos a la modernización, a la digitalización, de la justicia española.

Y termino con un acuerdo, marca también y señala este Gobierno, que tiene que ver con la cohesión social, con la lucha contra la pobreza, especialmente, la pobreza infantil.

Se trata de la aprobación de un Real Decreto para desplegar 18 convenios de colaboración, tanto con administraciones, como con organizaciones no gubernamentales, administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Se trata de mejorar la política del Ingreso Mínimo Vital, que ya está dando cobertura a más de 1 millón 100 mil personas en España, 450 mil hogares, en las que el 43% son menores. Se trata, como digo, de mejorar esta política, con itinerarios de inclusión, para trabajar mejores prácticas a la hora de la incorporación de la inclusión de las personas que más dificultades tienen en nuestro país.

Así que con este resumen, muy abreviado, de algunos otros asuntos del Consejo de Ministros, voy a dar la palabra, en primer lugar al ministro de Agricultura, para dar cuenta de ese anteproyecto de Ley de Pesca y después a la Ministra de Igualdad.

Ministro.

Sr. Planas.- Muchas gracias al ministra portavoz. Buenas tardes.

Efectivamente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley, que remitimos a las Cortes Generales, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.

Se trata del Proyecto de Ley más importante de esta legislatura en materia pesquera, y además viene a modificar el régimen jurídico que está vigente en España en materia de pesca desde el año 2001, más de 20 años. Por tanto, era un mecanismo y una regulación que había quedado desfasada, desfasada por los avances en la regulación europea, tengan ustedes en cuenta que la política pesquera común es una competencia exclusiva de la Unión Europea, y, por tanto, esos avances, desde el punto de vista, tanto de la sostenibilidad, como de la investigación, había quedado desfasado el texto anterior.

Un breve recuerdo de lo que supone el sector pesquero en España. Somos la primera flota pesquera de la Unión Europea. Número de buques, potencia, tonelaje, aproximadamente, unas 800 toneladas anuales de pesca extractiva, 1 millón 700 mil millones de euros, en relación con el valor de esa pesca extractiva, y, si tenemos en cuenta al conjunto de lo que gira en torno a ella, es decir, la industria agroalimentaria, básicamente conservera, estaremos hablando de 15 mil millones de euros, un empleo entre pesca extractiva y sector agroalimentario de más de 60 mil personas.

Pero, lo que es particularmente importante, es lo que supone desde el punto de vista de la presencia social y territorial. Tenemos 8 mil kilómetros de costa en nuestro país, y las comunidades pesqueras, localidades pesqueras, son evidentemente una parte fundamental de la misma.

Los dos grandes pilares de esa Ley son, efectivamente, sostenibilidad e investigación pesquera.

Sostenibilidad, en un triple aspecto.

En primer lugar, sostenibilidad de los recursos, que son limitados. Los recursos pesqueros son limitados y, por tanto, deben ser objeto de ordenación, de ordenación y de preservación.

Eso supone los Totales Admisibles de Capturas, los TACs, las cuotas fijadas cada año en las negociaciones de la Unión Europea y que son atribuidas a los armadores y a los buques para llevar a cabo su actividad.

También, la necesidad de preservación, mediante medidas técnicas adoptadas en relación con las artes de pesca, o bien con el tamaño mínimo, o el peso mínimo, de los peces, para los efectos de su comercialización, o bien, la necesidad de efectuar vedas, precisamente, para la reconstitución de los stocks biológicos dentro de la pesca.

Todo ello con el fin de dotar a nuestros mares y océanos de una mejor salud, cuestión que, evidentemente, tiene relación con el funcionamiento de la actividad pesquera, pero también con otros elementos, como el cambio climático, como lo que se puede referir a la utilización de los plásticos, que es un grave riesgo, evidentemente, en nuestros mares y océanos, o a las especies invasoras.

Por todo ello, define también la Ley una figura ya existente, pero le da el carácter y el rango normativo correspondiente, ordenando mejor el tema, lo que se refiere a las reservas marinas de interés pesquero, que son un elemento fundamental de cara a la propia actividad pesquera.

El segundo gran pilar es la investigación pesquera. Una cosa está vinculada a la otra.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene tres barcos, gestiona tres barcos de investigación pesquera, el "Emma Bardán", el "Miguel Oliver" y el "Vizconde de Eza". Son barcos que tratan de encontrar nuevos recursos, pero, sobre todo, conocer el stock, la situación de los stocks pesqueros de que disponemos, es muy importante su actividad, la efectuamos el caladero nacional, pero también en los caladeros de la UE y, en ocasiones, en cooperación con otros países, por ejemplo, en relación con muchos países africanos, particularmente de África occidental, y junto a ello, el trabajo del Instituto Oceanográfico Nacional, inserto en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Ese trabajo científico no es un trabajo complementario, es un trabajo absolutamente necesario para toda la actividad pesquera, como les decía hace un momento, desde el cambio de la política pesquera común, hace aproximadamente casi dos décadas, es un trabajo no solo de extracción, sino de preservación de los recursos pesqueros.

Y quiero mencionar, en particular, una novedad de la Ley, que es la regulación de los recursos genéticos, que tengan la consideración de recursos pesqueros. Estamos hablando, cada vez más, tanto en el marco vegetal, como en este caso, en el pesquero, de nuevas fuentes de proteína de alta calidad, y, efectivamente, en el marco de la pesca y de nuestros mares y océanos, se están efectuando nuevos descubrimientos y es muy importante que tengan una regulación correcta.

Tercer gran aspecto de esta Ley, la modificación del régimen jurídico, su clarificación.

Cualquier barco, para llevar a cabo una actividad pesquera, necesita de una licencia de pesca, de estar inserto e inscrito en un registro de buques pesqueros, antes he mencionado unas cifras globales, en España tenemos, aproximadamente, 8800 buques pesqueros inscritos en el registro de actividad, en diferentes caladeros y en diferentes segmentos y modalidades, el caladero nacional, el caladero UE o el caladero internacional, la gran mayoría están en el caladero nacional, casi 8400 de los mismos.

Decía, por tanto, licencias de pesca, registro y también modalidad y caladero donde efectúa su actividad.

Por ejemplo, caladeros del Cantábrico y Atlántico Noroeste, Golfo de Cádiz, Mediterráneo o Canarias, que son los cuatro grandes caladeros que tenemos en nuestro país.

Pues bien, la atribución de las cuotas de pesca, que es el elemento fundamental, como les digo, de cómo se organiza la pesca extractiva, aparece vinculada, siempre, a la tenencia, a un barco en concreto o grupo de barcos, y a un armador.

Este es un elemento muy importante, porque tratamos con esta Ley de dar, por una parte, flexibilidad y por otra seguridad.

Flexibilidad para que puedan, de forma privada, entre barcos, entre armadores, llegar a acuerdos, para la utilización de las posibilidades de pesca en función de la situación existente y, al mismo tiempo, para que por parte de la Administración Pública, a la altura del mes de septiembre, de octubre, es una gran novedad de esta Ley, podamos, si efectivamente se comprueba que parte de la cuota pesquera no ha sido utilizada o está siendo infrautilizada, pueda ser utilizada por otros buques pesqueros del mismo caladero y modalidad correspondiente.

Este es un elemento muy importante, porque queremos eliminar cualquier tipo de especulación que se pueda hacer por parte de personas que, disponiendo de un derecho de pesca vinculado a la existencia de una cuota definida y atribuida, pueden utilizarla como un elemento de pura transacción mercantil, sin relación con la actividad pesquera.

Y no olvidemos, las cuotas pesqueras son un bien público, por tanto, este Gobierno y, evidentemente, este ministro, pretenden que las mismas sean objeto de la mejor consideración y de la mejor atribución dentro del sector.

Otro aspecto novedoso de esta Ley, la regulación de la pesca recreativa, que ha tenido una evolución espectacular en los últimos años. Necesitamos más datos de seguimiento, y lo vamos a hacer a través de esta Ley.

Y finalmente, la constitución del Foro Asesor de Pesca, para reunir, tanto a los actores del sector, particularmente CEPESCA, (Confederación Española de Pesca) la gran patronal del sector pesquero, también la Confederación Nacional de Cofradías de Pescadores, que son los dos grandes actores del sector, y que representan a la inmensa mayoría del mismo, y junto a ellos, organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades autónomas, para una mejor regulación del mismo.

Y, asimismo, se incluye en este Proyecto de Ley, es una aportación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un aspecto social muy importante, que es la modificación del régimen de protección social de las personas trabajadoras en el sector marítimo pesquero, es la ley del año 2015, en el sentido de, teniendo en cuenta la penosidad de determinados trabajos en el sector pesquero, en poder favorecer una jubilación anticipada de dos colectivos particularmente significativos:

El primero, constituido por los mariscadores, mariscadoras a pie, percebeiros y los recogedores de algas, y un segundo colectivo, compuesto por las rederas, las neskatilas, las empacadoras y los buceadores, que también tienen un trabajo, una especial dificultad, lo cual justifica, hablamos de un colectivo de aproximadamente unas 5300 personas, que se hacen merecedoras, en función de esa dificultad, de tener, efectivamente, un tratamiento más favorable desde el punto de vista de su jubilación laboral.

Y telegráficamente, ministra portavoz, hemos aprobado también hoy un decreto de modificación de la contratación en el sector lácteo, que es muy importante.

Como ustedes saben, el sector lácteo, ya lo he hecho en esta misma sala en comparecencias anteriores, es, probablemente, el más vulnerable de todos los de nuestra cadena agroalimentaria en España.

De hecho, por ello, hemos incluido en el Decreto Ley 6/2022, 169 millones de euros de ayudas directas a los productores de leche, vacuno de leche, ovino y caprino, que justamente serán transferidas este mismo mes de mayo, fueron aprobadas hace escasamente siete semanas, y en el decreto que hoy aprobamos, que hemos aprobado, se modifica el régimen de constitución de las organizaciones de productores, para hacerlo más sencillo, en un número inferior a lo solicitado inicialmente, antes se trataba de constituir las primeras organizaciones, ahora ya funcionan y están aceptadas, por tanto, dando una mayor flexibilidad.

Y un segundo aspecto que me gusta, que quisiera subrayar, que es el referente y está muy vinculado a la Ley de Cadena Alimentaria, en el supuesto de que en aquellos contratos de medio y largo plazo, contratos de seis meses o más, se haya fijado un precio de venta de la leche que esté por debajo, al menos tres meses, del precio de los costes de producción, el precio fijado por debajo de costes de producción, el vendedor podrá instar al comprador a que se produzca una remisión del contrato.

Es una novedad consecuencia de la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria, demandada, como subrayo, por el sector, y tremendamente importante, y que creo que constituye un avance muy importante de cara al cumplimiento de esta Ley.

Ley, que, por otra parte, quiero aprovechar para comentar que se está cumpliendo efectivamente, y lo hemos visto en estos momentos, la consecuencia de los incrementos energéticos, o bien del incremento de los costes de la alimentación animal, en otras situaciones habían producido una dirección clara, unilateral, hacia el sector y el eslabón más débil, es decir, agricultores y ganaderos. No está siendo así. Está repartido de una forma más equitativa en el marco de la de la cadena alimentaria, y eso nos parece un elemento positivo a subrayar.

Y finalmente, también hemos distribuido hoy 48 millones de euros, atribuido a las comunidades autónomas que, en el curso de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca, que tienen lugar el día de mañana, serán transferidas a diversos conceptos que aparecen en la nota de prensa que será difundida con posterioridad a esta comparecencia que efectuamos en este momento.

Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministro. Ministra.

Sra. Montero.- Bueno, muchas gracias, ministra portavoz, y muy buenas tardes a todas y a todos.

Lo primero, saben que hoy es el día, también, internacional contra la LGTBIfobia, tiene su origen, como saben, en el día en que la Organización Mundial de la Salud, en el año 1990, eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos o de enfermedades mentales, y hemos firmado una declaración institucional en el Consejo de Ministros y Ministras, para reiterar nuestro compromiso, con la garantía plena de todos los derechos de las personas LGTBI.

Quiero aprovechar para reiterar el mensaje, particularmente a las personas trans y a todas las personas LGTBI, de que esa ley trans y de derechos LGTBI será ley, y llegará a las Cortes Generales en este periodo de sesiones, y también recordarles que, a partir este verano, estará disponible ese teléfono 028, que va a permitir dar soporte, acompañamiento, contención emocional y todo el apoyo especializado que las personas LGTBI puedan necesitar, para la garantía de sus derechos y para la lucha contra los delitos de odio.

Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva Ley del Aborto. Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país.

El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero, además, es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una Ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos.

Quiero agradecer particularmente al Ministerio de Sanidad, con quien llevamos trabajando desde enero para poder negociar el grueso de los contenidos de esta Ley, también al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Hacienda, por supuesto, también a mi equipo, al equipo del Ministerio de Igualdad, que, les puedo asegurar, que lleva más de un año trabajando y dejándose la piel, para que esta Ley pueda llegar hoy, en primera vuelta, al Consejo de Ministros y Ministras, y, por supuesto, especialmente agradecer al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez, por su confianza y por su apuesta, porque este sea un Gobierno feminista, que se sitúa a la vanguardia internacional de reconocimiento y de ampliación de los derechos de todas las mujeres, y por demostrar algo que creo que es lo fundamental de este Gobierno de coalición, y es que este Gobierno de coalición pone al Estado cerca de las familias, cerca de las mujeres, ayudando a resolver problemas, ayudando a garantizar derechos y, por tanto, ayudando a que todas las mujeres sepan que, con este Gobierno de coalición, sus proyectos de vida van a poder desarrollarlos con la ayuda de todas las instituciones que estamos ahí, precisamente para eso, para facilitarle la vida a las mujeres, para facilitarle la vida a las familias y para garantizar que pueden desarrollar sus proyectos de vida con la plena garantía de todos sus derechos.

Por supuesto, creo que también es obligado agradecer, como Gobierno, al movimiento feminista, que saben que es el artífice de los grandes avances feministas a nivel institucional en nuestro país. El movimiento feminista, en nuestro país, desde hace décadas, ha peleado todos y cada uno de los avances en materia de derechos de las mujeres y, particularmente, los derechos sexuales y reproductivos. Nadie como el movimiento feminista ha entendido que los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, es una puerta fundamental de acceso a la garantía de los derechos de las mujeres y de nuestro derecho a una ciudadanía plena. Y, por tanto, creo que es obligado que, como Gobierno, agradezcamos al movimiento feminista todo ese trabajo que ha desarrollado en las calles, en las asociaciones, salvando vidas en nuestro país y que hace posible que hoy traigamos al Consejo de Ministros una Ley como esta.

Y quiero recordar, también, que el movimiento feminista en España, no solamente ha sido el protagonista de las principales conquistas de derechos de las mujeres, sino que, particularmente, en lo que tiene que ver con el derecho al aborto, no solamente promovió la conquista de una Ley tan importante como la Ley 2/2010, que es la que hoy modificamos, sino que cuando hubo una amenaza, por parte de un gobierno de derechas, de retroceder seriamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el movimiento feminista, con ese tren de la libertad, del año 2014, que es un precursor, indudable, de esta ola de feminismo que estamos viviendo en nuestro país, fue capaz de frenar ese retroceso de derechos y llegó a tumbar a un ministro, al ministro Gallardón, que era el protagonista, el impulsor de esa reforma.

Esta es una norma que amplía derechos, por una parte, acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obstáculos, que de forma efectiva, se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país y, además, reconoce nuevos derechos sexuales, nuevos derechos menstruales, nuevos derechos reproductivos, para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país, es decir, para el presente, para que las mujeres tengan más facilidad para desarrollar su vida y también mirando al futuro, para que todas las familias, y particularmente todas las madres y abuelas, sepan que sus hijas y sus nietas van a vivir y van a crecer en una sociedad y en un país con más derechos y convencidas también de que es desde lo público desde donde debemos atender a todas las necesidades para avanzar hacia una sociedad mejor.

Damos, por tanto, un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y asumimos, desde las instituciones, la responsabilidad de dejar atrás tabúes, estigmas, culpas, respecto a los cuerpos de las mujeres y, también, para que las maternidades sean más libres, sean decididas, sean respetadas, y cuenten, por parte de las instituciones, con el mejor acompañamiento.

Es una Ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una Ley, la Ley dos 2010, por tanto, esta nueva Ley del Aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa ley 2/2010, y quiero también, en un día como hoy, reconocer el trabajo de una ministra muy injustamente tratada por nuestro país, como es la ministra Aído, la ministra Bibiana Aído, y reconocer su valentía y su inteligencia, junto al presidente Zapatero, en un momento muy difícil, para reconocer y construir un consenso muy amplio, que permitió sacar adelante esa Ley 2/2010, que hoy ampliamos, mejoramos, pero que sin duda, como les digo, somos muy conscientes de que podemos hacer esta ampliación de derechos gracias a los pilares sólidos que se construyeron en ese momento. Así que, creo que, en nombre de todo el Gobierno, mi reconocimiento a la ministra Bibiana Aído, la primera ministra de Igualdad de la historia de nuestra democracia.

¿Cuáles son las medidas concretas de esta nueva Ley del Aborto?

En primer lugar, la educación sexual y la salud sexual formarán parte de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, a lo largo de toda la vida.

Planteamos que la educación sexual, que es un derecho de los niños, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes y de los jóvenes, ha de ser obligatoria en todas las etapas educativas, desde la primera infancia, y tiene que servir para conocer mejor nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y libres de violencias, para poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones afectivas, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual y de género, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y que la anticoncepción no es solo una responsabilidad de las mujeres, que también es una responsabilidad de los hombres, para combatir las violencias machistas o prácticas que saben que están aumentando, como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, y para hablar también de nuestra salud menstrual.

El aprendizaje sobre nuestra sexualidad se da, no estamos decidiendo entre aprender o no aprender sobre nuestra sexualidad, estamos decidiendo si queremos que los primeros aprendizajes sobre la sexualidad de nuestros hijos e hijas sean a través del acceso temprano, saben que la edad en nuestro país de acceso a pornografía violenta está en ocho años, si queremos que nuestros hijos e hijas empiecen a aprender sobre su sexualidad a través de mecanismos que no cuentan con especialización y que son, por ejemplo, el acceso a pornografía violenta, o si queremos que, desde las instituciones, acompañemos esos aprendizajes para garantizar que nuestros niños y niñas aprenden a conocer sus cuerpos y aprenden a tener, como les digo, relaciones basadas en los buenos tratos, en el consentimiento, el uso de los anticonceptivos, de los métodos barreras y, por tanto, vidas también libres de violencias.

Atenderemos también, en el ámbito de la educación no formal, a la formación a lo largo de toda la vida, no nos olvidamos de las mujeres mayores de 45 años, prestaremos atención también al climaterio, a todos los procesos que las mujeres y nuestros cuerpos vivimos desde nuestra diversidad a lo largo de toda la vida, y crearemos servicios públicos de asistencia y de atención integral especializada en materia de derechos sexuales y reproductivos, también una línea de atención telefónica, para facilitar a la ciudadanía y particularmente a las mujeres, el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos y a los derechos que les corresponden.

En segundo lugar, en materia de anticoncepción, distribuiremos, de manera gratuita, métodos anticonceptivos barrera en institutos, en centros penitenciarios, en centros de servicios sociales. Ampliaremos la financiación pública de métodos anticonceptivos, priorizando aquellos de última generación y promoveremos el desarrollo, la investigación, la financiación de la anticoncepción masculina, con la lógica que les decía de la corresponsabilidad, de que la anticoncepción no sea una responsabilidad exclusiva de las mujeres y sea también, por tanto, asumida por los hombres.

En tercer lugar, ampliación del derecho al aborto, para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres que así lo deseen a la interrupción voluntaria del embarazo.

En primer lugar, las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir sobre sus cuerpos, por tanto, también sobre sus proyectos de vida y sobre su maternidad. Eliminamos el consentimiento paterno. Por supuesto, la gran mayoría de jóvenes, de mujeres de 16 y 17 años, mujeres con discapacidad, confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Lo que el Estado les garantiza es que la decisión será suya.

No exigiremos tampoco los tres días de reflexión, ni la obligatoriedad de recibir ese sobre, que ahora obligamos a las mujeres a recibir, por tanto, lanzamos un mensaje contundente, y es que las mujeres pueden pensar y pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado respeta la decisión de las mujeres en el momento que la toman, y no duda de la decisión de las mujeres cuando esa decisión está tomada.

Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán, por supuesto, hacerlo en un centro público, en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio. De esa forma garantizamos que no tengan que desplazarse, como ocurre ahora en muchas comunidades autónomas, cientos de kilómetros, para practicar una interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, la red pública será la red de referencia para practicar interrupción voluntaria del embarazo.

Quiero aquí también hacer un reconocimiento especial a las clínicas privadas que durante décadas han sostenido la garantía del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y que, igual que las mujeres que han acudido a esas clínicas, también las profesionales sanitarias que trabajan en ellas, han tenido que soportar el acoso injustificado, la vulneración de sus derechos más fundamentales, en las puertas y a la entrada de esas clínicas.

Como les decía, regularemos también la objeción de conciencia. Siempre habrá profesionales sanitarios disponibles para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. De esta forma, lo que hacemos es hacer compatible el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia que tiene garantizado todo el personal sanitario, con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para todas las mujeres.

Las mujeres tendrán también derecho a una incapacidad temporal para recuperarse de esas intervenciones, de las intervenciones derivadas de la interrupción voluntaria del embarazo y contarán con los cuidados necesarios en ese momento.

Y las mujeres que lo necesiten también podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en sus centros de salud o en esos centros públicos de atención especializada a los derechos sexuales y reproductivos de los que antes les hablaba, y la píldora tendrá que estar disponible en todas las farmacias.

En cuarto lugar, acompañamiento durante el embarazo y el parto. Esta ley también reconoce y amplía derechos para las mujeres que deciden ser madres, para acompañar ese proceso de elección y de vivencia de la maternidad de una forma respetada.

Las mujeres, en concreto, que decidan ser madres, podrán tener acceso a un permiso pre-parto desde la semana 39, que no resta tiempo del posterior permiso de maternidad. Habrá un mayor acompañamiento en el embarazo y también una apuesta decidida por la promoción de las buenas prácticas gineco-obstétrica y de parto respetado, y, en concreto, pondremos en marcha un protocolo común de actuaciones, para que las directrices internacionales y también estatales, para garantizar un parto respetado, lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país.

En quinto lugar, respecto a la salud menstrual, el mensaje es muy claro, la regla va a dejar de ser un tabú. Por primera vez, reconocemos, desde las políticas públicas, desde las instituciones, el derecho a la salud menstrual como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres. Es la primera vez que esto se hace en una ley española. Regulamos, por primera vez, y es, seremos, somos, el primer país de Europa en regular, por primera vez, una incapacidad temporal, pagada íntegramente por el Estado, para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo, y tener que ocultar que, esos días, estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Todas aquellas mujeres que lo necesiten podrán hacer uso de esta incapacidad temporal para reglas, menstruaciones, con dolores incapacitantes. Y, como les digo, somos el primer país en Europa que reconoce la salud menstrual como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en una ley.

Dispensaremos, también, de forma gratuita productos vinculados a la higiene y a la gestión menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales, para combatir la pobreza menstrual.

En sexto lugar, reconocemos violencias específicamente reproductivas.

En primer lugar, la explotación reproductiva, que pasará a ser considerada como una forma de violencia contra las mujeres, y también violencias recogidas, como bien saben, en el Convenio de Estambul, que entran dentro del marco de lo específicamente reproductivo sexual, como el aborto forzado, el embarazo forzado, la esterilización forzosa o la anticoncepción forzosa.

Creo, y con esta reflexión termino, que nadie duda en nuestro país, de que prohibir o limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, nunca ha servido para reducirlo, solamente ha servido para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente, a las más vulnerables.

Hoy lanzamos, por tanto, también, un mensaje internacional, de apoyo a todas las mujeres que están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, y es, aborto libre, seguro y gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. También de reconocimiento a las mujeres chilenas, a las mujeres argentinas, a las mujeres colombianas, que están avanzando en la conquista de más derechos sexuales y reproductivos y, en concreto, del derecho al aborto, y un mensaje de apoyo a los movimientos feministas en los Estados Unidos, en Polonia, en todos esos países que están amenazando, o llevando a la práctica retrocesos graves en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que cuentan, como saben, con movimientos feministas en esos países, que están dando la batalla para recuperarlos y para ampliarlos.

Por tanto, más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y reproductivos, para vivir mejor, y como les decía al inicio, agradecer, no solamente al conjunto del Gobierno, por el apoyo para sacar adelante esta Ley, particularmente al presidente del Gobierno, esta es una Ley que habla de lo que es este Gobierno de coalición, y fundamentalmente, gracias al movimiento feminista, las decenas de asociaciones, entidades feministas, entidades profesionales que desde hace más de un año, han colaborado con el Ministerio de Igualdad para poder redactar esta Ley, porque somos muy conscientes de que sin el movimiento feminista, desde luego, esta Ley no estaría aquí.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra.

Cué.

Pregunta.- (Carlos Elordi Cué, El País) Si, muchas gracias.

A la ministra Montero, ya ha explicado en los últimos días que Hacienda no quería eliminar el IVA de los productos de higiene femenina, si ese debate está totalmente descartado, o se va a hacer más adelante, o podemos descartar, absolutamente, que se vaya a tocar ese IVA.

Si hay alguna cifra, aproximada, del cálculo económico que lleva esta Ley, de las inversiones y demás, y cómo queda, exactamente, si lo puede incluso leer, si no es mucho pedir, cómo queda, porque ha habido mucho debate, cómo queda, el permiso especial sobre la menstruación incapacitante, si hay que tener una patología previa, en fin, como queda, todo el detalle posible.

Y a la ministra portavoz, Sánchez, sobre el regreso a España del rey emérito, el presidente Sánchez dijo que el rey emérito le debe una explicación a los españoles. Qué le parece al Gobierno, si le parece bien, que vuelva a España sin que haya dado esa explicación y si se la sigue pidiendo.

Y, por último, El País está publicando estos días una serie de audios de señora Cospedal, o la señora Esperanza Aguirre con el comisario Villarejo. ¿Cree el Gobierno que deberían reabrirse algunos casos, o que qué opina, en general, de la polémica?

Sra. Montero.- Bueno, muchas gracias, Carlos por las preguntas.

Respecto a la primera, tenemos el compromiso de trabajar cara a los Presupuestos Generales del Estado y creo que eso es lo importante. Tenemos el compromiso, como Gobierno, de sacar adelante esa reducción del IVA de los productos vinculados a la gestión menstrual, a la higiene femenina, y lo trabajaremos para los Presupuestos Generales del Estado, que, dentro de unos meses, tenemos ya poquito tiempo, tenemos que empezar a debatir.

Respecto a cómo queda el permiso de reglas incapacitantes, se lo decía antes, será un permiso especial, eso quiere decir que no requerirá días previos de cotización para poder ser concedido, será asumido íntegramente y desde el primer día por el Estado, y, efectivamente, la condición es que exista un dolor incapacitante vinculado a esa regla dolorosa, que, en muchos casos, está asociado, efectivamente, a otras patologías, a patologías como ovarios poliquísticos, endometriosis, etc. Así queda.

Y había otra pregunta, que tiene que ver con el coste de las medidas. Nosotros lo estimamos en un total de 104 millones de euros. Si queréis, después, os puedo pasar el dato más actualizado, pero, por ejemplo, la incapacidad temporal preparto serán unos 57 millones de euros, la incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes unos 24, 23,8 millones de euros, y, luego, hay otras partidas que son más bajitas, la dispensa gratuita anticonceptivos en centros educativos unos 300 mil euros.

Si queréis, después, os paso el reporte más concreto, y además, tenéis que saber que esta Ley es un anteproyecto que va en primera vuelta y, por tanto, todavía, aunque irá por el trámite de urgencia, y aceleraremos los trámites todo lo posible para que esté en vigor cuanto antes, para mejorar la vida de las mujeres, pues todavía está sujeta a que haya cambios y a que haya modificaciones que alteren también las estimaciones presupuestarias.

Portavoz.- Gracias.

Carlos, en relación a la primera pregunta, nos hemos manifestado en distintas ocasiones a preguntas de todos ustedes, y les insisto en lo que ha sido el planteamiento del Gobierno desde el primer momento. Esta es una decisión que no compete al Gobierno. Es una decisión del rey emérito y no compete a nosotros pronunciarnos al respecto, es la Casa Real quien a hacerlo, en su caso.

Y en relación a la otra cuestión y a las informaciones que hemos conocido, fíjese que, no siendo nuevas, porque lamentablemente ya conocíamos estos hechos, no deja de producirnos irritación que en un momento dado, en este país, hubiera un gobierno que usara al Estado con fines partidistas, y con estos métodos.

Son absolutamente graves estos hechos que, insisto, no siendo nuevos, ponen los pelos de punta el escuchar a dirigentes políticos que hacían uso del Estado, de los medios del Estado, con fines absolutamente impurios.

Por tanto, convendría un pronunciamiento del principal partido de la oposición al respecto, ya que negarse a hablar de ello no va a hacer que se borre lo ocurrido. Y en este caso, la actual líder del Partido Popular sigue los caminos de su antecesor, que es negarse a hablar de lo sucedido. Pues eso no va a borrar lo sucedido. Nosotros tenemos plena confianza en la justicia, que está trabajando sobre estos asuntos, y que será quienes vayan a dirimirlo.

Y, sí que me gustaría poner en valor que, precisamente, el presidente del Gobierno llegó hasta aquí como consecuencia de una moción de censura, motivado, para acabar con estas prácticas, y, por tanto, aquello acabó, el Gobierno puso fin a esas prácticas, ahora bien, aquello sigue siendo hoy un pasado muy presente en el principal partido de la oposición, y eso no es bueno para la democracia española.

Cristina.

P.- (Cristina de la Hoz Muñoz, El Independiente) Hola, buenas tardes.

Para la ministra de Igualdad, quería preguntarle el debate sobre el tema de las bajas por reglas dolorosas, ha generado cierta controversia, pero bastante transversal, incluso por parte del sindicato UGT, la vicepresidenta primera, hablaban de la posible estigmatización de las mujeres y de las dificultades, incluso, a lo mejor, para poder acceder a un puesto laboral.

Y luego, para la ministra portavoz, quería preguntarle, también, por la vuelta del emérito este fin de semana a España. Se ha comentado que el Gobierno era reacio a que pudiera pernoctar en Zarzuela. Quería que comentara si esto es así, si ha tenido alguna intervención en esta cuestión…

Y, por último, hay pendiente una reunión entre Sánchez y Pere Aragonès. No sé si se está avanzando en este sentido, si va a haber fecha, cuál es la voluntad del Gobierno…Gracias.

Portavoz.- Ministra.

Sra. Montero.- Gracias por la pregunta.

Yo creo que lo que todas las mujeres sabemos, o por experiencia directa, o por la experiencia de amigas, de compañeras de trabajo, es que lo que es estigmatizante es, que, hasta ahora, hablar de la regla, en nuestra sociedad, pero particularmente en los centros de trabajo, no era una posibilidad real y que la menstruación se ha vivido desde la soledad, muchas veces, o hablándolo con las amigas más cercanas, desde la culpa, desde la vergüenza.

Retrasar la hora en la que te vas a cambiar un tampón o una compresa o la copa menstrual, porque no quieres interrumpir una reunión, o sientes que te va a dar vergüenza hacerlo en el contexto de trabajo, o simplemente, porque no hay un baño habilitado para para ello, y que puedas tener agua para lavar la copa, o que puedas cambiarte adecuadamente el tampón o la compresa.

Por lo tanto, lo que hemos vivido hasta ahora es un estigma, una culpa, una soledad incluso, de muchas mujeres, en función del trabajo que desarrollen, a la hora de vivir, algo que todas las mujeres vivimos una vez al mes, durante muchos años de nuestra vida.

Por tanto, precisamente, lo que hace esta Ley, y le aseguro que hay consenso en el Gobierno y creo, además, que hay consenso también en el movimiento feminista, en nuestra sociedad, para que la menstruación deje de ser algo asociado al estigma, a la vergüenza, a la culpa, para que lo podamos hablar con naturalidad, para que entendamos que la salud menstrual es parte de nuestro derecho a la salud y, por tanto, para que también podamos sentir, que es lo que creo que lanzamos como Gobierno de coalición, un mensaje muy contundente a las mujeres, sentir que las instituciones estamos ahí para garantizar los derechos asociados a la salud menstrual de las mujeres.

Somos el primer país de Europa que habla, como les decía antes, de salud menstrual como parte del derecho a la salud, que reconoce derechos, como esas bajas por reglas incapacitantes, pero no solo, también combatir la pobreza menstrual, y, por tanto, creo que estamos dando un paso adelante para acabar, precisamente, con ese estigma que ha existido hasta ahora respecto a la menstruación y a cómo las mujeres viven el día a día cuando tienen la regla.

Y, por tanto, creo que estamos dando un paso decisivo, también para las mujeres cuando se acaba la menstruación, les hablaba antes del climaterio.

Creo que todos esos procesos que vivimos las mujeres, tienen que dejar de ser un tabú, que dejar de estar asociados al estigma, y eso es precisamente lo que hace esta Ley.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Cristina, la primera respuesta es idéntica a la que le daba a su compañero.

El Gobierno no va a pronunciarse al respecto, porque es una decisión que atañe, exclusivamente, a la Casa Real. Por supuesto, respetarla.

La reunión con el president de la Generalitat queda pendiente de cerrar agenda. Saben ustedes que en el día de ayer, el presidente del Gobierno llamó al presidente de la Generalitat, como consecuencia del accidente ferroviario que ocurrió en la tarde de ayer, para trasladar la solidaridad y el acompañamiento, si fuera necesario, ante esta tragedia, del Gobierno de España al Gobierno de la Generalitat, el asunto era de absoluta gravedad y suficientemente importante, como para que en esa conversación abordaran solo esa cuestión, y quedan pendientes, como les decía hace un par de días, concretar las fechas, las agendas, son agendas importantes y les daremos buena cuenta de ello.

Ketty.

P.- (Ketty Garat Loureiro. The Objetive) Si, portavoz, buenas tardes. Gracias.

Yo le quería preguntar dos cosas, una, en relación precisamente, a la reunión con Aragonès, quería saber si el Gobierno descarta apoyar una comisión de investigación sobre Pegasus en el Congreso de los Diputados, tal y como están pidiendo sus socios de Podemos. Ha habido algunas declaraciones, en los últimos días, de portavoces socialistas, que no descartan este extremo, aunque fuera para conocer aquello que el Gobierno no sabía o de lo que no tenía constancia, al margen de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia. Esto, por una parte.

Y si el Gobierno, retomando la pregunta que le hicieron la semana pasada, pero que no contestó, al margen de las autorizaciones judiciales o de las reclamaciones judiciales, se plantea, en esa reunión con Aragonès, anunciar, precisamente, la decisión política de desclasificar los documentos que se vieron en la Comisión de Secretos Oficiales o de Gastos Reservados al Congreso.

Y a la ministra de Igualdad, le quería preguntar también dos cuestiones, ministra.

En primer lugar, utilizando sus propias palabras, porque el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es válido para la Ley del Aborto y no es válida para la gestación subrogada, de la que no hemos hablado en su exposición inicial, y que esta Ley no va a perseguir penalmente a las parejas que desean hacerlo en el extranjero, si no es contradictorio que el asunto se pueda resolver en el extranjero, en otros países, cómo se resolvía, y dónde se resolvía, precisamente el aborto, en tiempos pretéritos, ante la falta de regulación por parte de nuestro país. Gracias.

Portavoz.- Gracias. Ministra.

Sra. Montero.- Gracias por la pregunta.

Empezando por el final, la explotación reproductiva es una práctica que no está permitida en nuestro país, o es legal en nuestro país, no por la nueva Ley del Aborto, tampoco por la anterior Ley del Aborto, por la ley de 2006 de Técnicas Humanas de Reproducción Asistida, pero es una práctica que no está permitida en nuestro país.

Lo que hacemos con esta Ley es, por una parte, reconocer que la explotación reproductiva es una forma de violencia contra las mujeres, les invito a que muestren la realidad y la vulneración de derechos en la que viven las conocidas como mujeres gestantes, les invito, de verdad, a que las entrevisten, a que hablen con ellas, a que muestren cuál es la realidad de vulneración de derechos que viven, y, por tanto, lo que hacemos es reconocer que es una forma de violencia contra las mujeres, respetar la legalidad ya vigente en nuestro país, que como le digo, hace que sea una práctica que no es legal en nuestro país, y lo que hacemos es prohibir la publicidad de esas empresas de intermediación, que están promocionando una práctica que no es legal en España. Eso es lo que hace esta Ley.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Fusiono sus dos preguntas en una única respuesta para darles cuenta de ambas cuestiones.

No les puedo adelantar el contenido de una reunión que no se ha celebrado todavía y en el mismo momento en que vaya a celebrarse, les daremos cuenta de la misma, igualmente, después de las conclusiones que se puedan alcanzar en ese encuentro.

Pero sí insistir en algo que es la evidencia de lo que ha sucedido en este tiempo en relación a esa cuestión, y es el ejercicio de transparencia por parte del Gobierno, tenemos la conciencia bien tranquila y hemos dado muestra de ello en diferentes acciones, que tienen que ver con el ámbito parlamentario, pero también con el ámbito judicial.

Me estoy refiriendo a que la fórmula que el Gobierno, o con la que el Gobierno ha dado cuentas al Parlamento, es la fórmula que contempla nuestra legislación, y es a través, primero, de la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, que es la forma en la que digo, legalmente, así está estipulado en nuestro país, y también a disposición de la justicia, además de otras fórmulas como dar y acompañar al Defensor del Pueblo, como ya les hemos expresado en tantas ocasiones, y explicaciones que se darán y que se ampliarán en la próxima comparecencia, que a finales de la semana que viene tendrá lugar en el Congreso de los Diputados.

Juan.

P.- (Juan Javier Ríos Herruzo, EFEagro) Buenas tardes.

Para el ministro de Agricultura, es sobre el proyecto de Ley de Pesca Sostenible, ha dicho que la Administración actuará en septiembre u octubre de cada año, para redistribuir si existen cuotas no usadas o infra utilizadas.

No sé qué administración será, del Gobierno central, si se sabe bien cómo se va a actuar, también en ese sentido, si esta Ley acaba con lo que una parte del sector llamaban los armadores de sofá, y, por otro lado, también, había armadores que ya en el anteproyecto, cuando se conoció, decían que les creaba una inseguridad jurídica. No sé si tienen que temer que este nuevo criterio de gestión de cuota les genera inseguridad jurídica.

También, en cuanto a la pesca, creo que el Gobierno se comprometió, en su día, a sacar otros dos proyectos de pesca. No sé si están incluidos en este o hay que esperar más.

Y ya finalmente, sobre el decreto de los contratos lácteos, hay esa posibilidad de revisar los contratos entre las relaciones, ¿son las relaciones del productor y la industria, o de todos los eslabones de la cadena? Gracias.

Portavoz.- Ministro.

Sr. Planas.- Sí, muchas gracias.

Empiezo por la parte relativa a pesca y por la observación que usted hacía. Efectivamente, en el programa legislativo del Gobierno existe este proyecto de ley que hoy enviamos a las Cortes Generales, y dos textos más, que son, por una parte, el anteproyecto de ley de Inspección y Control de la Actividad Pesquera, y el relativo a la Digitalización y Comercialización, también de los productos de la pesca.

Estamos trabajando sobre ambos, y en particular sobre el primero, que es el que va más avanzado, el relativo a la inspección y control, está vinculado, también, con la aprobación del Reglamento de Control por parte de la Unión Europea, lo cual tendrá lugar en los próximos meses, con lo cual, espero, que pueda llevar a Consejo de Ministros a primera lectura, este proyecto de ley, de Inspección y control, en el curso de este año.

Y en relación con los temas que planteaba sobre el texto que hoy ha sido aprobado, yo diría que, precisamente, esa es, la cuestión de la seguridad jurídica, como he dicho, es uno de los elementos más importantes de la regulación del tema del que estamos hablando.

Piénsese que el paso de estas dos décadas, estos 20 años, desde la aprobación del año 2001, ha hecho que en muchas ocasiones, las cuestiones relativas a las cuotas pesqueras, han sido reguladas por decreto o por orden ministerial, en muchos supuestos, de forma plenamente legal, pero evidentemente, teniendo en cuenta su importancia, sin un basamento, yo diría que suficiente, desde el punto de vista de la buena gestión de un recurso público.

Y quiero insistir en este carácter, porque efectivamente, yo creo que hay dos puntos de vista, yo creo que, afortunadamente, como consecuencia de los diálogos que hemos llevado a cabo con el sector, ha quedado claro y perfilado en este proyecto de ley, que, evidentemente, una cuota atribuida a un buque o a un grupo de buques, a un armador, constituye algo que es un bien público, que es cedido, temporalmente, a los efectos de llevar a cabo una actividad empresarial. Y de igual modo, es perfectamente legítimo que, con carácter temporal, pueda haber entre un armador y otro armador, entre buques, un intercambio, desde el punto de vista de la mejor gestión de los recursos pesqueros.

Pero en ningún caso, y lo confirmo, lo dicho en mi intervención inicial, y lo reitero ahora con su pregunta, en ningún caso podemos admitir que haya supuestos, que se han planteado en algún momento, donde haya un titular de una cuota de pesca que no la utilice y la utilice, exclusivamente, a los efectos de especulación o efectos puramente mercantiles, sin una actividad pesquera real.

Y finalmente, en relación con el mejor aprovechamiento, sobre la base de esta Ley, de las cuotas, lo que he indicado, en su momento, digo que lo desarrollaremos reglamentariamente una vez la Ley sea aprobada, que podría situarse perfectamente en el último trimestre, último cuatritrimestre del año, donde ya conociendo lo que ha sido implementado, y aquello que preste por hacer, pues sí, efectivamente, comprobamos que el nivel de ejecución es muy bajo, pueda ser aprovechado dentro del sector, por parte de otros barcos del mismo segmento de flota, respecto de su actividad.

Y en relación con el decreto del sector lácteo, estamos hablando, evidentemente, del productor primario, es decir, del ganadero, del del vaquero, del productor de leche, en relación con la industria, está es la transacción a la que se refiere, efectivamente, este decreto, y esta es la parte en que estamos regulando.

Sin perjuicio de ello, la Ley de cadena Alimentaria es aplicable al conjunto de la cadena alimentaria. Por tanto, la Ley, como tal, que está ya vigente, implica que, en ningún caso, por ejemplo, en este caso, la distribución, puede obligar a la industria a que le venda por debajo de los costes. A su vez, la industria, se ha visto obligada, en función de los costes de producción, a abonar al productor primario.

Creo que todo esto es un mecanismo que ya lo dije al momento de presentar la Ley y de su aprobación posterior, supone un cambio de 360 grados desde el punto de vista del funcionamiento de la cadena alimentaria.

Situaciones parecidas a la que se plantea hoy en España se están planteando en Francia, en relación con la ley EGAlim, que viene a ser la ley de cadena francesa, y, por tanto, yo creo que en estos momentos tenemos que asegurar abastecimiento en cantidad, en calidad y en precio razonable para los ciudadanos, pero tenemos también que asegurar que el conjunto de la cadena y en particular, el eslabón más débil, productores primarios, agricultores y ganaderos, tienen la retribución digna por su actividad.

Portavoz.- Alberto.

P.- (Alberto Dávila Prieto. El Español) Hola. Qué tal, ministros, buenas tardes. Tenía tres preguntas.

La primera quería que me la contestó la ministra portavoz. ¿Conocía el Gobierno. por favor, la condena a Ben Halima cuando fue entregado, hace dos meses, por el Ministerio del Interior al Ministerio del Interior argelino? Estaba condenado a muerte en ausencia, y fue entregado por España.

También le quería preguntar a usted, el ministro Bolaños, hace dos semanas, se comprometió, aquí, delante de todos nosotros, a desclasificar todos los papeles que hicieran falta y que se le pidieran, respecto al Caso Pegasus, ya los han pedido, al menos una parte de las personas afectadas, los políticos independentistas, de hecho, el presidente de la Generalitat lo ha exigido. ¿Por qué no se ha hecho todavía?

Y a la ministra de Igualdad, perdone, yo no quiero abrir un debate, pero me he quedado con la duda en la respuesta a Ketty. Igual que prohibir el aborto no lo evita, como he dicho usted, también acababa de admitir que pasa igual con la gestación subrogada, cuando nos ha pedido que entrevistemos a las mujeres que están siendo explotadas en otros países. Le quería preguntar por qué el criterio en este caso es distinto, porque de verdad, en este caso, yo soy una persona absolutamente incapaz de entender porque las mujeres no son dueñas de su cuerpo en un caso sí y en el otro no. Gracias.

Sra. Montero.- Gracias. Voy a ver si ahora lo explico mejor.

Precisamente, lo que entendemos es que ninguna mujer puede renunciar a decidir sobre su propio cuerpo a través de ningún contrato. No hay contrato que pueda hacer que una mujer deje de decidir sobre su propio cuerpo, en un proceso tan importante, tan cambiante como es un pre-embarazo, un embarazo, un parto y un postparto. Y por supuesto, por tanto, reconocer que la explotación reproductiva es una forma de violencia y de vulneración de los derechos de las mujeres.

Y a partir de ahí, como le digo, además de ese reconocimiento, lo que hacemos es, simplemente, prohibir la publicidad de aquellas agencias o empresas de intermediación que están promocionando una actividad que ya no es legal en España, como es la explotación reproductiva. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Alberto, me va a disculpar, no tengo información acerca de la primera pregunta que me plantea, pero preguntaré al Ministerio del Interior e intentaré aclarárselo a lo largo de la jornada.

Y realmente, el ministro de la Presidencia, lo que comentó ante todos ustedes es lo mismo que llevo sosteniendo yo misma y el Gobierno en su conjunto, y es que, en todas esas iniciativas en aras a la transparencia, en relación a los asuntos que comentaba, desde las comparecencias en Cortes, la Comisión de Secretos Oficiales, la disponibilidad de colaborar con el Defensor del Pueblo, está también, desde el primer momento, y así lo ha manifestado en sede parlamentaria también el presidente del Gobierno, si fuera necesario, en el ámbito judicial, pues, por supuesto, conceder la desclasificación de esos documentos.

Por tanto, no nos hemos movido ni un ápice de lo que, desde el primer momento, hemos sostenido.

Les recuerdo, además, que el Gobierno ha hecho y ha iniciado acciones legales, ha puesto a disposición de la justicia, en este caso de la Audiencia Nacional, estas investigaciones que, además, están sometidas a secreto.

Irene, y terminamos.

P.- (Irene Castro Ramírez. El Diario) ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo tres preguntas para la ministra de Igualdad.

La primera, vinculada a los vientres de alquiler. Van a prohibir la publicidad de estas agencias, pero ¿van a perseguir a estas agencias? y la pregunta es por qué se ha dejado eso fuera de la ley.

Luego, la Ley pretende que los abortos se realicen en la sanidad pública, pero es una cuestión que va a depender de las comunidades autónomas. ¿Cómo van a garantizar que las comunidades autónomas cumplan?

Y sobre las bajas para las mujeres con reglas dolorosas, le quería preguntar si va a tener que haber una patología diagnosticada o no, no me ha quedado claro. Hay mujeres que sufren dolores fuertes, pero que no tienen una patología, ¿van a estar incluidas en el catálogo, o va a ser como hasta ahora?

Y a la ministra portavoz le quería preguntar en qué está participando exactamente el Gobierno respecto al regreso del rey emérito, me imagino que tienen constancia oficial de su vuelta, y que tendrán que organizar algo vinculado con la seguridad, si saben algo de cómo se va a producir el vuelo de vuelta.

Y el presidente dijo, creo recordar que, en esta sala, que el rey emérito debería dar explicaciones. ¿Considera el Gobierno que ha llegado ese momento y que tiene que ser en el marco de este regreso temporal, y cuál sería la fórmula que les gustaría? Gracias.

Sra. Montero.- Gracias. Vale, pues muchas gracias por las tres preguntas.

La primera, como saben, una ley siempre se negocia en el ámbito de los diferentes ministros competentes y del Gobierno, y aunque en los borradores iniciales había más medidas, finalmente, lo que les he explicado son las medidas que esta Ley toma respecto a la explotación reproductiva.

En segundo lugar, respecto a la garantía de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, yo creo que hay dos criterios fundamentales para garantizar la prestación del servicio.

Una es la garantía de que las mujeres podrán acudir al centro hospitalario más cercano a su domicilio. Eso es una cosa que hemos trabajado mucho con el Ministerio de Sanidad, que mujeres que puedan vivir en municipios limítrofes, por ejemplo, puedan acudir a un hospital que está en otra comunidad autónoma pero que le pilla más cerca de su casa, para ser muy coloquial en la explicación, que a lo mejor, su centro de referencia, o que un centro hospitalario dentro de su propia comunidad autónoma.

Y por otra parte, como les decía, la regulación de la objeción de conciencia, es decir, la garantía de que siempre habrá personal sanitario en los centros hospitalarios disponible para realizar interrupciones voluntarias del embarazo y que, por tanto, hacemos compatible el derecho individual de todo el personal sanitario a la objeción de conciencia, que podrán, por supuesto, objetar, es un derecho constitucional que tienen reconocido de forma individual todo el personal sanitario, pero hacerlo compatible con que, en la organización de los servicios, siempre haya personal sanitario que no es objetor, y que puede garantizar, por tanto, el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

Y respecto al permiso por reglas dolorosas incapacitantes, efectivamente, la mayoría de veces que esas reglas son dolorosas o incapacitantes para el trabajo está vinculado a patologías previas y de muy diverso tipo. Lo que hemos hecho ha sido glosar también esas patologías y, como digo, reconocer a través de ese permiso, primero, que la salud menstrual forma parte de la salud y del derecho a la salud de las mujeres, y, por otra, que el Estado está ahí para acompañar y para que deje de ser un estigma y para que deje de ser una vulneración de derechos, y para que, dicho también en términos muy claros, las mujeres dejen de ir al trabajo con dolor derivado de una regla que provocan dolor incapacitante.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Irene, insistir en la respuesta que di a sus compañeros, esta decisión es una decisión personal del rey emérito. Sus relaciones lo son con la Casa Real, y en el respeto a la institución que para nosotros tiene la Casa Real, nuestras relaciones con el rey Felipe VI, no vamos a hacer ninguna consideración acerca de una cuestión que nada tiene que ver con el Gobierno. Y como digo, que es una decisión del rey, y una cuestión ante quien solo puede manifestarse es la Casa Real.

Insistir en la puesta en valor del ejercicio que ha hecho la Casa Real en transparencia, en ejemplaridad, y recordarles que hace apenas un par de semanas el Gobierno también dio un paso adelante en ese Real Decreto hacia la conformación de la transparencia, de la ejemplaridad y la adecuación de la Casa Real a otras administraciones públicas. Ese es el camino, esa es la senda, y, por supuesto, el presidente hizo esas consideraciones que tienen la misma vigencia hoy que ayer.

Muy bien. Muchas gracias. Buena tarde.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)